La peligrosa pretensión absolutista del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

09_08_2015 HOY_DOMINGO_090815_ El País13 A

Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

 

La veeduría en el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando me invitaron a formar parte de una Comisión de Veeduría de las compras y contrataciones del Ministerio de la Presidencia del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuve el menor titubeo, aunque  puse una condición: que los demás integrantes fueran personas de convicciones éticas, preocupadas por el mejoramiento de la gestión pública.

 Tres razones fundamentales me obligaban a aceptar esa responsabilidad. La primera es que no podía negar esa colaboración a un ministerio encabezado por un político de la integridad demostrada de Gustavo Montalvo, y de un gobierno que hace esfuerzo por reducir los altos índices de corrupción que corroe la función pública y  por mejorar la transparencia en su gestión.

 La segunda es que quienes luchamos por el mejoramiento de la gestión gubernamental estamos en el deber de incentivar y respaldar cualquier esfuerzo en esa dirección, aún a costa de echarnos encima nuevas responsabilidades que consumen el tiempo de descanso o del esparcimiento.

 Tercera, porque las experiencias en seguimiento a contrataciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL) habían sido gratificantes, pues demostraron que la transparencia y la honestidad en concursos y licitaciones  generan inmensos beneficios. Entre el 2005 y el año pasado, Promese se economizó cientos de millones de pesos por reducción hasta la quinta o décima parte del costo original de sus compras.

 El concurso de Indotel para la portabilidad numérica demandó a los veedores decenas de horas de trabajo en múltiples sesiones, con el agravante de que hubo que repetirlo, pues junto a sus técnicos y ejecutivos acordamos una segunda convocatoria cuando las primeras ofertas resultaron insatisfactorias.

 Los titulares de esos organismos, Elena Fernández y José Rafael Vargas, y sus respectivos equipos técnicos, se graduaron en la transparencia. No tuvieron que darnos nada, como tampoco nos pidieron incondicionalidad ni que dejáramos de ser críticos con la gestión del gobierno del presidente Leonel Fernández al que servían. En ambos casos dejamos constancia pública del éxito.

 Con mucho orgullo me cuento entre los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que arriba a su vigésimo aniversario, colaborando con decenas de instituciones estatales en un esfuerzo, no siempre exitoso, por mejorar la gestión pública, por reducir la discrecionalidad y la corrupción.

 PC ha firmado convenios y ejecutado programas junto a ministerios como el de Función Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Salud Pública, con la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, con el Congreso Nacional, Junta Central Electoral, Consejo Nacional de Reforma del Estado, con múltiples ayuntamientos y otras entidades públicas, además de los mismos partidos políticos. Ha habido resultados exitosos y aceptables, como también verdaderos fracasos, pero eso no nos ha impedido seguir luchando con los políticos y ejecutivos que tenemos. Aunque a decir verdad con momentos de desaliento.

 Lo que no podía prever es que la integración de esta comisión de veedores, despertaría tantos demonios y generaría tantos cuestionamientos a sus auspiciadores. Tampoco que motivaría una nueva tanda de infamias, insultos y descalificaciones, que ya se extienden a mi familia, de parte de fanáticos que pretenden la eliminación de la disensión, la crítica y la promoción de principios y valores consubstanciales al buen periodismo que me enseñaron en las aulas universitarias.

 Como hay tanta ignorancia y algunos quieren generalizar sus propias mezquindades  debo advertir que no hemos pasado a ser funcionarios gubernamentales y que la misión es gratuita, un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad social.

Espero que el esfuerzo fructifique, pero si no resultara así, prometo no suicidarme ni frustrarme ni declararme indiferente. Hasta la batalla final.