Se afianza la oposición al Gobierno del PLD

Por Juan Bolívar Díaz
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La ofensiva opositora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se afianzó esta semana con un documento en el que sustenta cuestionamientos a una de las esencias propagandísticas del Gobierno del presidente Danilo Medina, las “visitas sorpresa”, con un cumplimiento de apenas 11 por ciento de los compromisos contraídos para la región Sur.

El PRM encara el desafío de elegir gran proporción de sus candidaturas de forma democrática, como hizo con la presidencial, y seguir conformando su Convergencia en base a acuerdos programáticos, en contraposición al reparto antidemocrático y las pujas por ventajas individuales que caracterizan el amplio frente oficialista.

Gran desafío al Gobierno

La evaluación del resultado de las visitas sorpresa del presidente Medina a las diez provincias de la región Sur, presentada esta semana por el Frente Agropecuario del PRM constituye un desafío al Gobierno que ha explotado propagandísticamente al máximo ese programa desde su comienzo, por los datos en que está fundamentada y el pobre resultado registrado, con un cumplimiento de promesas de apenas 11 por ciento.

A partir de San Cristóbal y Peravia, y abarcando todas las provincias del Sur-Suroeste, el documento identifica cada visita presidencial, fecha, las comunidades y entidades beneficiarias, las instituciones oficiales responsabilizadas, los montos y objetivos comprometidos y luego indica el nivel de cumplimiento, que en 51 casos es cero, aunque en 38 alcanza el cien por ciento. La mayoría con ejecución parcial en proporciones que van del 1 al 98 por ciento. Llama la atención que en algunos casos se asegura que se hicieron erogaciones, pero los beneficiarios niegan haber recibido las partidas.

El resumen general establece que el presidente Medina se comprometió a apoyar pequeños proyectos de desarrollo agropecuario sureños con un total de 166 promesas, de las cuales apenas 18 han sido cumplidas, para un 10.84 por ciento.

 De 22,371 millones de pesos comprometidos, apenas se han erogado 3,030 millones, para un 13.55 por ciento, quedando pendientes 19,340 millones de pesos.

La investigación fue realizada del 1 al 15 de agosto. El agrónomo Leonardo Faña, director de la campaña del sector agropecuario del PRM, sostiene que el Gobierno instrumenta los órganos agropecuarios del Estado y que redujo el presupuesto al Ministerio de Agricultura de 11,500 millones en el 2013 a 8 mil millones de pesos en el 2015.

Sobre los combustibles

En las dos últimas semanas de agosto el PRM realizó ruedas de prensa para denunciar que el Gobierno no aplica los precios de paridad de los combustibles en el mercado local en relación al costo del petróleo en el mercado internacional, acusándolo de estar cobrando impuestos ilegales.

La Comisión Económica perremeísta sostuvo que el Gobierno sobrecargó los precios de los combustibles recaudando en exceso 1,084 millones de pesos entre el 22 y el 28 de agosto, y 892 millones de pesos para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre.

Presentó los cálculos de lo que deberían costar los diversos combustibles, en relación a los que predominaban en el 2008 con cotizaciones similares a las de ahora tanto del petróleo como de los productos refinados en el mercado internacional.

Encabezada por el economista Arturo Martínez Moya, quien fuera secretario de Industria y Comercio, en el último Gobierno de Balaguer y presidente de la Refinería de Petróleo en el de Hipólito Mejía, la Comisión Económica del PRM debe saber de lo que habla. Sostiene que mientras en Centroamérica las gasolinas cuestan 156 y 170 pesos el galón, en el país 184 y 202 pesos, lo que representa un 20 por ciento más cara. Resaltan las dificultades de competencia de las empresas dominicanas y reclaman precio justo en beneficio de empresarios, transportistas y usuarios.

Muchos dominicanos no entienden por qué la gasolina premium costaba 100 pesos el galón, según la resolución de la Secretaría de Industria del 27 de agosto del 2004, cuando el precio del petróleo de referencia para el país promedió 41.51 dólares el barril, y en agosto del 2015 se vendía a 202 pesos, con el petróleo alrededor de 45 dólares, como estaba el viernes. La tasa de cambio en agosto 2004 estaba en 39.54 pesos, y ahora en 45.20. Las diferencias alrededor del 10 por ciento, no justifican la duplicación del precio.

El tema del endeudamiento

El sostenido endeudamiento externo e interno es otro de los temas con que la oposición está enfrentando al Gobierno. Y ahí han entrado en escena economistas tan reconocidos como Miguel Ceara Hatton, quien dirige la Comisión de Políticas Públicas del PRM; Eduardo Tejera, y el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram, y Jimmy García Saviñón, provenientes de la disensión del Partido Reformista. Caram sostiene que el endeudamiento del Gobierno es ya insostenible. García Saviñón escribió que Medina tomó prestados 5,342.9 millones de pesos en sus primeros 29 meses, a un ritmo de 184.24 millones de dólares mensuales y 6.14 por día.

La Comisión Económica del PRM sostuvo a finales de julio que “el pueblo ha pagado la enorme deuda pública acumulada por los gobiernos del PLD con seis reformas tributarias, recursos que en su mayor parte destinaron al financiamiento de gastos corrientes y campañas electorales”. Que aumentaron el endeudamiento público en 15 mil millones de dólares en los últimos diez años, con un incremento del 232 por ciento, de 6,822 millones en el 2005 a 22,635 millones de dólares en marzo pasado.

Cuando le suman las deudas del Banco Central, Banco Agrícola, Banco de la Vivienda, con los generadores eléctricos de casi mil millones de dólares, y mediante financiamiento a constructores gubernamentales, los perremeístas llevan el total de la deuda estatal a 36,672 millones de dólares, alrededor del 55 por ciento del producto bruto interno.

Si se divide esa suma entre 10 millones de dominicanos, significa que cada uno, incluso los más pobres, deben actualmente 3,667 dólares, es decir 165,391 pesos.

Respuesta del Gobierno

Hasta ahora la estrategia gubernamental parece ser ignorar las persistentes denuncias y demandas de la oposición, especialmente del PRM, con perspectivas de encabezar un frente electoral bipolarizador y que esta semana concurrió ante el Ministerio de Obras Públicas para reclamar, amparándose en la ley de libre acceso a la información, todo lo concerniente al escandaloso contrato de concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, con costos de peaje desproporcionados y subsidio estatal, donde se denuncia corrupción.

La tendencia ha sido atribuir cada denuncia al simple interés de la campaña electoral, lo que no deja de ser cierto, pero resulta insuficiente cuando la ofensiva es sistemática y documentada.

 Se deja la respuesta al inmenso aparato comunicativo del Gobierno y a la propaganda, o se incentiva a terceros a responder, como ocurrió esta semana con un directivo de la Asociación de Distribuidores de Gas que salió a justificar los precios de los combustibles.

Para los estrategas del Gobierno, responder al PRM es importantizarlo, investirlo como interlocutor. El PLD ha navegado en los últimos años con una pobre oposición, desde que en el 2009 comenzaron las negociaciones que han subordinado el Partido Revolucionario Dominicano al interés gubernamental.

Con escandalosa influencia sobre los medios de comunicación y una alta proporción de los periodistas y comentaristas, la propaganda oficial es la mejor respuesta a los cuestionamientos.

Importante reto del PRM

Colocado en las encuestas y la percepción general como principal opción de oposición, el PRM enfrenta un escenario muy difícil, pues a pesar de sus documentadas denuncias, tiene poco espacio en los medios de comunicación. Por lo menos está demostrando que reúne profesionales y técnicos capaces de cuestionar las políticas gubernamentales y dirigentes políticos decididos a enfrentar al PLD.

El candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ha tomado un discurso bien fundamentado, coherente con sus técnicos, pero se cree que le falta impactar más en la emocionalidad social. Su discurso de aceptación de la candidatura en junio, y las respuestas que ha dado a los planteamientos del presidente Danilo Medina, lo han proyectado en el debate. A mediados de agosto presentó los lineamientos básicos de su programa de Gobierno, sometiéndolos a consideración de la sociedad política y civil. Y se trata de un documento ponderado.

Abinader y el PRM avanzan cerrando acuerdos para fortalecer su Convergencia, hace dos semanas con Dominicanos por el Cambio que preside Eduardo Estrella, y este domingo con el Frente Amplio que postulaba a Fidel Santana, con el mérito de basarlos en planteamientos programáticos, evadiendo la discusión de simple reparto que caracteriza el proyecto reeleccionista del presidente Medina. Les falta pasar la prueba de la elección de las candidaturas provinciales y municipales. Se dicen conscientes de que si utilizan consultas y mecanismos democráticos, y renuevan la oferta, se anotarán importantes éxitos.

 

RD lidera en derechismo y clientelismo en América

Por Juan Bolívar Díaz

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Los dominicanos son los que en más alta proporción, 60%, se definen como de derecha entre 28 países americanos incluidos en la encuesta de cultura política Barómetro de las Américas, publicada esta semana, en la que el país encabeza también en las políticas clientelistas, con alta corrupción y baja confianza en las instituciones públicas.

Se ratifica la inseguridad ciudadana como la mayor preocupación nacional, baja apreciación de la Policía, la justicia y los partidos políticos, aunque alta al presidente de la República y a la eficiencia gubernamental a pesar de una pobre percepción de la situación económica.

Derechistas conservadores. Los dominicanos son los que más se definen como afines a las posiciones de derecha entre 28 países incluidos en la encuesta Barómetro de las Américas presentada esta semana, que incluyó más de 50 mil entrevistados. El 60% de los 1,520 dominicanos encuestados se define como de ideología derechista, seguidos por los paraguayos y los hondureños, 59 y 58%. Los más inclinados a la izquierda son los haitianos, beliceños, bolivianos y chilenos, con tasas oscilantes del 33 al 42 por ciento.

No es la primera vez que los dominicanos registran alta proporción de derecha, pues en el Barómetro del 2006 habían sido 69 por ciento, pero se fueron reduciendo hasta 55 por ciento en 2012. Un 54 por ciento simpatiza con algún partido, 41 por ciento con el de la Liberación Dominicana, que junto al Reformista Social Cristiano encabeza la posición derechista, ambos con 69 por ciento. Es significativo que los dominicanos sin identificación partidista, tienen menor inclinación a la derecha, el 51.5 por ciento. El género, la riqueza y la residencia no determinan la posición ideológica, según el Barómetro. En cambio los de mayor nivel educativo, los jóvenes y las personas “con tono de piel más clara” se inclinan más a la izquierda. Expresión de conservadurismo sería que el 35 por ciento cree que los homosexuales no deben postularse a cargos públicos, que apenas 22 por ciento acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y solo 31 por ciento el aborto en casos de violación o incesto; 59 por ciento si peligra la vida de la madre.

Esta investigación ratifica la confusión racial de la mayoría de los dominicanos, ya que el 58 por ciento se cree indio o mestizo, que es la mezcla de blanco e indígena, mientras solo el 12 por ciento se define como mulato, fusión de negro y blanco; el 16 por ciento se considera negro y 14 por ciento blanco. El 52 por ciento considera dominicanos a los descendientes de haitianos nacidos en el país, pero 2.4% menor que en 2012.

Liderazgo en clientelismo. El otro renglón de la encuesta de cultura política en que los dominicanos son líderes es en el clientelismo, tanto en ofertas como en recepción de ayuda y transferencias económicas gubernamentales. El 37 por ciento dice haber recibido alguna oferta, en Belice el 32 por ciento y en México y Honduras el 26 por ciento. En Chile y Costa Rica apenas el 4 por ciento. El 29 por ciento de los dominicanos dijo haber recibido alguna ayuda y el 38 por ciento transferencias económicas. Les siguen los colombianos, con 23 y 30 por ciento.

Los brasileños y mexicanos reciben transferencias en menor proporción, 25 y 23 por ciento, pero los montos son significativamente mayores, hasta tres y cuatro veces más que el promedio de mil pesos que según estimados reciben las familias dominicanas incorporadas a los llamados programas sociales, lo que sería indicativo del alto nivel clientelista que prevalece en el país. A eso se puede relacionar la alta proporción, del 61 por ciento, que considera que el Gobierno combate la pobreza.

Los dominicanos aparecen en quinto lugar del continente en porcentaje de los que se quieren ir a vivir o trabajar en otro país, con 29 por ciento. El 50% expresa apoyo al sistema político, situándose en la media y registran un 73 por ciento de apoyo a la democracia, el noveno más alto, lo mismo que en confianza en las elecciones, pero en este renglón solo 43%.

Confianza en instituciones. El análisis de los resultados dominicanos de este estudio, realizado por la socióloga Rosario Espinal, junto a Jana Morgan y Elizabeth Zechmeister, llama la atención sobre los niveles de deterioro de la confianza en las instituciones básicas del Estado, con la excepción de la presidencia, con 78 por ciento evaluando positivamente el desempeño del presidente Danilo Medina. El aprecio de la eficacia del Gobierno, que entre el 2010 y el 12 había caído 9 puntos, del 48 al 39 por ciento, se recuperó significativamente al 53%. Contrasta con la apreciación del resto de las instituciones estatales; aunque las Fuerzas Armadas alcanzan aprobación del 55 por ciento, el Congreso Nacional queda en 43, la municipalidad 42%, el sistema de justicia 39, la Policía 36 y los partidos políticos apenas 29 por ciento.

Se manifiesta la agravante de que la confianza en esas instituciones viene en niveles descendentes en las cuatro encuestas a partir del 2008. Las que mantienen alta confianza de la población son las instituciones sociales, desde las empresariales, con 50 por ciento, las iglesias evangélicas con 59, las juntas de vecinos 60 y la Iglesia Católica 63 por ciento.

Los resultados “muestran claramente que la delincuencia y la corrupción socavan la legitimidad de las instituciones democráticas, como la confianza en el sistema de justicia y el Estado de derecho. En general, el crimen y la corrupción continúan creciendo, plantean un reto para el sistema dominicano por el debilitamiento del cumplimiento de la ley, y erosionan la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, la transparencia del Gobierno y el trato justo bajo la ley”, plantea el análisis.

Contrastes persistentes. El agudo presidencialismo registrado en la serie de encuestas Demos sobre Cultura Política desde 1994 al 2004 y en otras investigaciones sigue presente en la sociedad dominicana, lo que explica en parte la elevada aprobación del Presidente, pese a la insatisfacción con los servicios básicos, la seguridad, la corrupción y el funcionamiento de instituciones del Estado, en cuyo rumbo interviene el primer mandatario.

Como en las encuestas nacionales, en este estudio pareciera que lo económico no es tan determinante de las opiniones políticas, pues apenas el 36 por ciento percibe bien la situación económica del hogar, el tercero peor del continente, solo por encima de Honduras y Haití. El 45 por ciento cree que la situación económica nacional está peor al año anterior, 39 por ciento la siente igual y solo 16 por ciento la aprecia mejor. A pesar de una caída de 6 puntos en la percepción de bienestar económico en relación al 2012, pasando de 41 a 35 por ciento, subió el aprecio por la eficacia gubernamental.

Otra persistencia es el alto porcentaje, 54 por ciento, que simpatiza por algún partido, y hasta el 50 por ciento de apoyo al sistema político, de los más altos del continente, cuando la confianza en los partidos registra apenas 30%.

El balance del estudio es de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la satisfacción ciudadana, quedando en pie la presidencia, sea por los méritos del presidente Danilo Medina, por el contraste con la gestión anterior, por el enorme gasto publicitario y amplio dominio sobre la comunicación, por el presidencialismo cultural, o por una combinación de todos esos y otros factores. Y de nuevo el país queda a la cola en muchos renglones de evaluación internacional.

Las mayores preocupaciones

En percepción de inseguridad, los dominicanos ocupan el tercer lugar en el continente, detrás de Perú y Venezuela, en proporción de 56%, pasa al segundo lugar con 47% en inseguridad del vecindario.
El 39 por ciento señala la inseguridad ciudadana como el problema más grave. Solo 36 por ciento manifiesta confianza en la policía, la tercera proporción más baja, después de los nativos de Venezuela y Guyana.

El 36% de los dominicanos dijo haber sido víctima de la delincuencia en los hogares, el séptimo peor de los 28 evaluados, pero en el renglón de robos en el vecindario, RD ocupa el segundo lugar con tasa del 72% y en venta de drogas en el vecindario, tercer lugar continental, con 56%.

El Barómetro de las Américas coincide con las encuestas nacionales en registrar una altísima tasa de percepción de corrupción en el país, del 76 por ciento, dos puntos menos que en la anterior encuesta, del 2012. El 53 por ciento la estima muy generalizada, y otro 29 por ciento algo generalizada, para totalizar 82 por ciento.

El 23% manifiesta haber sido víctima de reclamos de soborno, el 16 por ciento por parte de la Policía, muy superior al promedio continental del 10 por ciento. Una expresión de la cultura política dominicana es que el 22 por ciento justifica los sobornos.

 

Más déficits que logros en 15 años de gobiernos del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

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El principal mérito de los 15 años de gobierno, 11 de ellos consecutivos, que acumula el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el crecimiento económico y el mejoramiento de la edificación gubernamental y vial a costa de déficits fiscales y de un desproporcionado endeudamiento que ha triplicado la deuda pública.

El balance es negativo en relación a la pobreza, los deficitarios servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua potable, seguridad, vivienda y transporte, así como por alta corrupción e impunidad, con acaparamiento del poder debilitando la institucionalidad democrática y las instituciones políticas y sociales.

Las luces más notables. Quince de los últimos 19 años de gobierno es un período suficiente para pasar balance a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, los primeros 12 con la presidencia de Leonel Fernández, y los tres que cumple hoy Danilo Medina, resaltando como su gran mérito el haber mantenido altas tasas de crecimiento económico, con promedio alrededor del 7 por ciento, lo que ha permitido mejorar significativamente la infraestructura del país.

El conjunto de edificios gubernamentales, carreteras y elevados, hospitales y escuelas constituye lo que para una gran proporción de la población es “la modernidad”, concentrada en los grandes centros urbanos y zonas turísticas, lo que deja a Santo Domingo en ventaja material con relación a las capitales regionales.

La inversión infraestructural se concentra excesivamente en transporte por más de 100 mil millones de pesos destinados a un improvisado metro que con dos líneas apenas sirve al 6 por ciento de los que usan transporte público en la gran urbe capitalina. Las remodelaciones y ampliaciones de edificios gubernamentales inscriben a Leonel Fernández en la línea de los grandes constructores, desde Ovando hasta Trujillo y Balaguer.

En sus primeros 8 años. el gobierno de Fernández favoreció importantes reformas jurídicas, administrativas e institucionales que luego, sobre todo a partir de la nueva Constitución del 2010, trocó por un armazón de concentración del poder sin precedente en la incipiente democracia nacional, dejando de ejecutar un amplio conjunto de sus propias leyes y negándose a dar paso a otras que como las del sistema electoral, están llamadas a afianzar la institucionalidad democrática, la administración estatal y la transparencia.

Los más graves déficits. Sin incidir significativamente en la productividad, la competitividad, la reducción de la pobreza o la equidad salarial, el crecimiento económico peledeísta se ha fundado en un alto endeudamiento que casi cuadruplica la deuda estatal, llevándola a cerca de 35 mil millones de dólares, incluyendo 23 mil 493 millones no financiera, 8 mil millones del sector financiero estatal, más la oculta o no registrada, que sólo a los generadores eléctricos alcanza casi mil millones de dólares, (la deuda per cápita anda por los 3 mil 500 dólares, no millones, como se nos coló la semana pasada). Su servicio ya representa casi la mitad de los ingresos del gobierno. En los últimos 3 años sólo la pública no financiera registrada pasó de 18.7 a 23.5, incremento del 26 por ciento, 1,595 millones de dólares por año, 133 millones por mes. Organismos internacionales y economistas nacionales advierten que bordea la insostenibilidad. Mientras el país lidera la región en desigualdad y con tasa de pobreza sobre el 40 por ciento, muy superior al 28 por ciento promedio latinoamericano.

A pesar de cinco reformas tributarias, el derroche del gasto, la corrupción, sobrevaluaciones, malversaciones, casi duplicación de la nómina estatal y una amplia red clientelar, arrojan déficits fiscales por 640 mil millones de pesos en los últimos 7 años.

En el 2014 el gasto corriente, 85 por ciento del total, superó los ingresos fiscales en dos mil millones de pesos, resalta el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram.

Un conjunto de leyes han sido dejadas de lado, comenzando por la de Estrategia Nacional de Desarrollo y el fracaso ha sido absoluto en concretar los pactos fiscales y eléctrico, en controlar la delincuencia que incluso arropa a los aparatos de seguridad del Estado. El acusado enriquecimiento de la cúpula peledeísta, con absoluta impunidad, y el reparto del Estado en todos sus niveles, en beneficio de los propios, aliados y asociados, así como la cooptación de entidades y dirigentes sociales han contribuido al fortalecimiento del presidencialismo, subordinando los demás poderes del Estado.

La mejoría de Medina. Es de general convicción que la gestión del presidente Danilo Medina ha registrado mejorías en la gestión pública, con reducción de la corrupción, y sobre todo en el acato a la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, concentrando el esfuerzo en saldar la escasez de aulas, que podría ser el único de los grandes déficits superados por los gobiernos del PLD. Se le acredita también la tanda educativa extendida con alimentación escolar y la construcción de estancias infantiles, y mejora del salario magisterial, aunque se le critica la pobre inversión en renglones básicos para mejorar la calidad educativa, como apenas 2 por ciento del presupuesto sectorial en formación de maestros.

Con una pequeña inversión de 6 mil millones de pesos en tres años para pequeños productores, el presidente Medina ha ganado gran crédito por sus “visitas sorpresas”, pero también por promover mayor atención a las pequeñas y medianas empresas y situarse en austeridad personal y más cercanía de la gente.

Pero este gobierno ha mantenido y se ha beneficiado del andamiaje clientelar, del reparto de parcelas estatales, de la malversación y el sistemático incremento del empleo púbico, y de la miseria institucional que ignora impunemente sus propias leyes y normas, como la de Salario del Sector Público, la Ley Orgánica de administración Púbica y la de Función Pública, la de declaración jurada de bienes o el Código de Pautas Éticas, sin ningún esfuerzo por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En lo que los peledeístas han sentado cátedras es en sus capacidades políticas y propagandísticas con alta inversión publicitaria y control de miles de comunicadores, para mantener altas tasas de aprobación y prolongarse en el poder, aún relegando al líder que los encumbró, promoviendo con los poderes y recursos estatales el desguañangue del partidismo político, y hasta para comprar una reforma constitucional y mantener alta aprobación.

 

 

 

La peligrosa pretensión absolutista del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

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Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

 

Estudio sobre la reelección y constitucionalismo en RD

Por Juan Bolívar Díaz

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En un libro de 544 páginas, puesto a circular esta semana, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Franklin García Fermín, realiza uno de los más amplios compendios y reflexiones sobre el crónico continuismo que ha castrado el proceso democrático en 171 años de la historia dominicana.

Se remonta a la conquista y colonización para mostrar el legado de imposición, autoritarismo caudillista y presidencialismo continuista que todavía caracterizan la sociedad dominicana con una democracia en ciernes y grandes precariedades institucionales.

Herencia de la España feudal

La obra comienza por la violenta imposición de la conquista y colonia de la España feudal de los siglos 15 y 16 que arraiga el autoritarismo y sumisión, que serían la base para el desarrollo del presidencialismo y el continuismo crónico, acomodando sistemáticamente la Constitución a los intereses de cada gobernante. Para llegar a los antecedentes históricos del Estado Dominicano considera necesario un estudio de los tres siglos de colonización, del 1,500 al 1,800.

“Aquí el hombre europeo ensayó todos los métodos de dominación que mente humana conocía: encomiendas, repartimientos, reducciones, mitas, esclavitud, trata negrera y factorías colombinas”. Luego agrega que “El Estado dominicano está cimentado, desde su nacimiento, sobre una estructura autoritaria y una cultura caudillista que como fenómeno político tiene sus raíces en una estructura de poder colonial española y 22 años de dominación haitiana, así como en una legislación constitucional que ha perpetuado el predominio personal por encima de las instituciones”.

La imposición de un sistema basado en el exterminio de una raza, en la explotación de las riquezas y la esclavitud, no puede dejar como herencia ideológica, menos que conductas autoritarias y caudillezcas, sostiene.

Fracaso de los Trinitarios

El libro conformó la tesis doctoral de García Fermín en la Universidad del País Vasco, aprobada a unanimidad y cum laude en el 2003, con un adéndum de actualización. Conduce por los vericuetos de la conformación del ser dominicano, con unos sectores dominantes sumisos a la corona, que no asumen el ideal independentista, ni se resignan al abandono de la madre patria y originan una España Boba, y que tras dos décadas de la creación del Estado independiente, se decantan por una reanexión.

García Fermín plantea que las relaciones de producción esclavista feudal del hato, determinan que Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, expresión de la liberalidad pequeño burguesa, fueran descartados como jefes de la naciente República, que quedaría bajo control de los hateros atrasados, movidos más por el rechazo a los haitianos que por sentimiento patriótico, que persistirían en buscar un protectorado, fuere francés, inglés o norteamericano, y que finalmente retornarían a los brazos de la madre patria irresponsable.

“Los inspiradores de la gesta liberadora dominicana estaban imbuidos por las ideas más avanzadas del liberalismo que pregonaban los principios igualitarios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; sin embargo se impuso el autoritarismo sostenido por los sectores más atrasados y conservadores, encabezados por el sector de los hateros”.

Las 39 constituciones

El capítulo 2 compendia las constituciones dominicanas, que ya suman 39, comenzando por resaltar que desde la fundacional los poderes militares y caudillistas, reclaman y obtienen poderes que limitan la democracia y la participación, citando el artículo 210 de la Constitución del 1844, fruto de la “persuasión” de los constituyentes por las tropas del general Pedro Santana.

Ahí nació también el continuismo, indicando que Santana y Buenaventura Báez gobernaron cada uno en cinco ocasiones aunque la reelección no fue instituida hasta 1972, en lo que denomina como “caudillismo constitucional” mantenido hasta el presente.

García Fermín repasa todas las constituciones dominicanas, por lo menos una por cada gobernante que logró mantenerse en el poder siquiera un año. Hubo reformas en marzo de 1874 y de 1875, y en mayo de 1877 y 1878, y 9 meses después, en febrero de 1879, así como en mayo de 1880. En años consecutivos se instituyeron constituciones también en 1907 y 1908. Entre 1874 y 1887 cuenta 18 gobiernos y 8 reformas constitucionales. A 11 días de publicada la Constitución de 1907, Ramón Cáceres convocó la del 1908 que extendió el periodo presidencial a 6 años. No los disfrutó porque lo mataron en el 1911, y volvieron los gobiernos efímeros, siete hasta el 2014.

El legado norteamericano

García Fermín documenta que las luchas de caudillos, el relajo constitucional y la inestabilidad, condujeron a la ocupación norteamericana de 1916-24, que en vez de legar instituciones democráticas, dejaría a Rafael Trujillo como jefe militar del país, para hacerse con el poder en 1930, ayudado por la ambición continuista de Horacio Vásquez, y tiranizar la sociedad durante 31 años.

Durante la dictadura de Trujillo hubo 7 reformas constitucionales, tres en sus últimos tres años, dos de ellas en cinco meses del 1960. Resalta como Trujillo comenzó rechazando la reelección presidencial, para quedarse en dominio del poder durante tres décadas. Así comenzarían también Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, siendo éste el único de los gobernantes dominicanos que fracasó en el intento reeleccionista. Todas las reelecciones en base a la corrupción y al atropello de los valores democráticos. La transición democrática registró tres constituciones en años seguidos, de 1961 al 63, ésta última considerada la más avanzada de nuestra historia, lo que decretó el derrocamiento del presidente Juan Bosch, y tras la segunda ocupación militar norteamericana y su legado Joaquín Balaguer se registra la Constitución de más extensa vigencia del 1966 al 1994.

El dominio conservador

A lo largo de su extensa obra, García Fermín documenta el predominio del caudillismo, del autoritarismo y del conservadurismo como base del continuismo reeleccionista, lo que explica que entre Santana, Báez, Heureaux, Vásquez, Trujillo, Balaguer y Leonel Fernández hayan gobernado dos tercios de la historia de la República y los dos últimos dos terceras partes de la “etapa democrática” tras el ajusticiamiento de Trujillo.

En cambio los gobernantes que más han encarnado el liberalismo democrático de los trinitarios fundadores, como Ulises Francisco Espaillat y Gregorio Luperón en el siglo 19 y Juan Bosch en el 20, fueron efímeros en el poder.

La obra registra las frustraciones originadas en los gobiernos del PRD que no avanzaron en las reformas constitucionales para afianzar la democracia, y en los del PLD que han montado un dominio de todas las instituciones del Estado en base a la corrupción y la absorción de los partidos.

 

 

La Gallup-HOY registra resultados contradictorios

Por Juan Bolívar Díaz

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La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana presenta una población contradictoria, que da alta aprobación a una reforma constitucional que la mayoría cree comprada, y a la reelección presidencial y la gestión del Gobierno, a pesar de expresar que la corrupción lo abarca todo y que le agobian la delincuencia, la inflación y el desempleo.

Con 63 por ciento de preferencias electorales el presidente Danilo Medina corre cómodo a su reelección, favorecido por una cultura presidencialista y continuista, fortalecida por el clientelismo y el reparto del Estado y por un enorme aparato mediático, todo lo cual obliga a los opositores a unificarse por lo menos para evitar la insignificancia.

Alta aprobación de Danilo. El nivel de aprobación que arrojó la encuesta Gallup-HOY a la reforma constitucional y el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina sorprendió hasta a sectores progubernamentales que temían un mayor costo político derivado de la forma en que se consiguió modificar la Constitución y por los antidemocráticos pactos de reparto que la viabilizaron.

La preferencia del 62.6 por ciento registrada por Medina, con apenas 17.4 por ciento para Luis Abinader, 3.6 por Guillermo Moreno y 1.2 para Quique Antún, arroja un desnivel sin precedente a 10 meses de una elección presidencial. En la historia de las encuestas electorales dominicanas nunca se había registrado una diferencia tan alta, muy superior a la ventaja de 54.4 a 34.5 por ciento que a la misma distancia de los comicios del 2012 obtuvo Hipólito Mejía frente a Medina, entre los que estaban habilitados para votar y de 47.9 a 33.4 por ciento en el universo de la encuesta Gaallup-HOY publicada en agosto del 2011. Al final Medina pudo remontar la diferencia y obtener victoria en primera vuelta con 51 por ciento del sufragio, aunque con la ayuda de todo el poder del Estado, que no dispondrán ahora sus opositores.

En relación a la anterior Gallup-HOY, publicada en febrero, Medina redujo sus preferencias en 6.4 por ciento y Abinader las elevó en 4, mientras Moreno caía 5 por ciento. En la oposición se esperaba un resultado menos desfavorable, como el arrojado por una encuesta telefónica de Newlink publicada esta misma semana por el periódico El Dinero que marcaba 54 a Medina, 37 para Abinader, 7 a Moreno y 2 para Antún.

Muy bajo costo de la reforma. Analistas y articulistas, incluyendo a progubernamentales, esperaban un mayor costo político de la forma en que se aprobó la reforma de la Constitución para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Resalta que el 52 por ciento de los encuestados por Gallup entienden que corrió el dinero, contra sólo 26 por ciento que no lo cree, y otro 22 por ciento que no responde, y también que 67 por ciento, dos tercios, desaprobara el pacto Danilo-Leonel para seleccionar las candidaturas para los comicios del próximo año.

Esas altas tasas de rechazo no impidieron que el 64 por ciento manifestara aprobación por la reforma constitucional, lo que podría explicarse en la cultura presidencialista y la histórica adscripción de los dominicanos al continuismo en el poder, así como en la laxitud frente a la corrupción, que muchos ven como cosa normal en la política a pesar de que, en correspondencia con lo que ocurre en el mundo de hoy, crece en el país su rechazo.

Esa laxitud es contradictoria con el 88 por ciento que en la misma encuesta considera que la corrupción en los gobiernos y la política dominicana es un problema muy grave y que se manifiesta principalmente en la policía, los políticos, funcionarios del Gobierno, los abogados y los militares. Otra contradicción es que aunque el 60 por ciento estima que en este Gobierno hay igual o mayor corrupción que antes, 62 por ciento piensa que el Gobierno está interesado en enfrentarla. Pero el 60 por ciento considera que se requieren sanciones drásticas, incluso de cárcel para combatirla, en uno de los pocos países del mundo democrático que no tiene un solo político preso por corrupción.

Mayores contradicciones. En esta encuesta se repite una contradicción fuerte entre los niveles de aprobación del presidente Medina y las insatisfacciones con los resultados de un Gobierno próximo a entrar en su cuarto año. Resalta que 82 por ciento apruebe la gestión del mandatario, aunque apenas cuatro de sus renglones fundamentales reciben más del 50 por ciento de reconocimiento, especialmente educación, con 87 por ciento, construcciones con 62 y turismo y salud, con 55 y 53 por ciento.

La insatisfacción se expresa a partir de los renglones de deportes, transporte, control fronterizo y medio ambiente, con notas por debajo del 40 por ciento. Pero electricidad, reforma policial, manejo de conflictos, pobreza, economía y seguridad ciudadana quedan con menos del 30 por ciento. En materia de inflación, empleo y delincuencia la aprobación queda entre 17 y 14 por ciento.

Más aún, a la pregunta sobre cuáles son los principales problemas del país, los mayores señalamientos son para la delincuencia, que abarca dos tercios, y le siguen alza del costo de la vida, desempleo, falta de electricidad, agua potable y corrupción administrativa.

Una mina que está explotando el reeleccionismo es la del nacionalismo, maximizando hasta niveles irresponsables una supuesta conspiración de todo el mundo contra la nación dominicana, de la cual el presidente Medina es su nuevo salvador, promoviendo un inconcebible aislamiento del país.

Unificarse o morir. Con el nivel de preferencias que registra el reeleccionismo en la encuesta más acreditada del mercado, más las ventajas del control absoluto del Estado, el desafío es muy grande para una oposición que todavía trata de reconfigurarse tras el virtual entierro del Partido Revolucionario Dominicano, que habiendo obtenido 47 por ciento contra ese poder estatal en la última elección, absurdamente renunció a llevar candidaturas propias cuando faltaban 11 meses para los próximos comicios, quedando a expensas de una alianza aún indefinida, con el partido gobernante.

Los números de Gallup-HOY y las perspectivas nacionales indican la urgencia de una total convergencia de quienes pretendan enfrentar la maquinaria de poder absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, que tendría que configurarse en torno a las candidaturas de Abinader y Moreno, por lo menos para aspirar a un mejor balance congresual y municipal.

Hay todavía amplios espacios para ganar apoyo de los sectores insatisfechos por razones socioeconómicas que multiplican sus protestas y demandas, de los preocupados por la institucionalidad y el equilibrio democrático, y de los más de 700 mil jóvenes que llegan a la edad de votar, en su mayoría con escasas oportunidades de desarrollo.

Como todos han adelantado, un amplio frente electoral que gane credibilidad tiene que conformarse a partir de un programa mínimo de cambios sociales, económicos e institucionales, compromiso real para reducir la corrupción y malversación en todos los estamentos del Estado, y con candidaturas que generen ilusión de renovación. Pero tienen que lograrlo en breve plazo antes de que se afiance la sensación de invencibilidad que ya proyecta la reelección. La permanencia de la dispersión tendría un costo devastador para la sociedad dominicana y para quienes persistan en ignorar la realidad.-

 

 

 

El primer reto de la oposición es concertar programa mínimo

Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque advierten que el panorama político carga muchos elementos de incertidumbre, tras los bruscos cambios de las últimas semanas, los dirigentes de oposición reconocen que resultará muy difícil derrotar la reelección del presidente Danilo Medina, montada sobre el poder del Estado y unos quince partidos, incluidos los tres tradicionales.

Sólo una conjunción del liderazgo de oposición en torno a un proyecto de nación que responda a las graves insatisfacciones nacionales podría generar energías e ilusiones para por lo menos contener la concentración del poder que ha venido protagonizando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en base al reparto del Estado y el clientelismo.

Múltiples incertidumbres. Los bruscos cambios políticos de las últimas diez semanas arrojan incertidumbres que permiten a los analistas políticos sostener que no está definido el escenario para las elecciones del 2016, aunque se reconocen las amplias ventajas del presidente Danilo Medina para conseguir la reelección con todo el poder del Estado, reparto y clientelismo incluidos, montado sobre unos 15 partidos políticos, entre ellos los tres tradicionales.

El panorama político se complicó a partir del 19 de abril cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución para viabilizar la reelección del presidente Medina, sepultando las expectativas de retorno del expresidente Leonel Fernández. Una semana después Luis Abinader consolidó su emergencia de los últimos años, al vencer abrumadoramente en una ordenada elección primaria al expresidente Hipólito Mejía.

No pasaron tres días para que Leonel se viera abandonado por sus legisladores después de proclamarse guardián que evitaría la reforma de la Constitución y en mayo Danilo le conquistó casi todos sus legisladores, sumó de inmediato a los de los otros dos partidos tradicionales, el Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para ejecutar una “casi mágica” reforma constitucional que a la vista de toda la sociedad conllevó un costo económico e institucional invaluable.

La “conquista” reeleccionista de unos 40 diputados, que eran el patrimonio político que le quedaba al presidente del PRD Miguel Vargas, obligó a éste a precipitar la renuncia a su candidatura presidencial, en junio, a 11 meses de los comicios, anunciando un brumoso pacto con el partido de gobierno que el presidente Medina ni ningún dirigente del PLD ha definido.

Cambios muy abruptos. En apenas dos meses la caída del liderazgo de Leonel arrastró a Vincho Castillo, reducido al romper con Danilo y su gobierno, la fuerte emergencia de Abinader dejó fuera de juego a Hipólito, quien sin embargo quedó mejor parado al aceptar el dictamen democrático, lo que a su vez precipitó a Vargas. Sólo después de todo eso y aparentemente compelido por el costo político de la imposición de la reforma constitucional, fue que el presidente Medina abrió la boca para tratar de justificar su cambio de criterio sobre lo nefasta de la reelección en la historia nacional.

De repente el país se encontró con un acontecimiento sin precedente: la anunciada alianza de los tres partidos tradicionales, rivales de medio siglo, precipitada con tanta anticipación a las elecciones, sin que el candidato común (Danilo) los haya convocado públicamente y sin definir sus bases ni objetivos.

El tres en uno confronta aún muchas incertidumbres: aunque los legisladores del PRSC respaldaron la reelección de Medina, su candidato presidencial, Quique Antún, funcionario del gobierno, dice que aún no hay nada definido, mientras al interior del PLD se teme el incumplimiento de lo pactado entre danilistas y leonelistas y toma fuerza el rechazo al reparto y reservas de las candidaturas congresuales y a las alcaldías. En tanto en lo que queda del desangrado PRD, se disputan el favor de los peledeístas esperando que les garanticen mantener posiciones, difícil en el caso de los diputados por el voto preferencial.

Remotas posibilidades. Nadie puede pretender que será fácil estructurar una opción electoral que en diez meses pueda desplazar el inmenso poder de la plataforma reeleccionista, aunque también con debilidades y rechazo. Está de por medio el desgaste del PLD tras 12 años de gobierno, por lo que algunos prevén la posibilidad de un escenario de cambio como el que se montó en 1978 tras los también 12 años del gobierno de Balaguer, derrotado pese al abuso de todo el poder del Estado, incluyendo un consorcio empresarial que ya no existe y la superada participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ya en las elecciones del 2012 el PLD redujo su votación al 38 por ciento, perdiendo como partido 199 mil votos en relación a las del 2008, y dependió de sus aliados para alcanzar el 51 por ciento, pese a haber gastado más de 150 mil millones de pesos, más de un tercio de excedente por encima del presupuesto nacional.

Una alternativa tendría que apostar a reducir al PRD al 1 por ciento que obtuvo el PLD con Juan Bosch en 1978, a conquistar gran parte de los 700 mil nuevos votantes, y a capitalizar las insatisfacciones con una gestión de 16 de los últimos 20 años, que no ha reducido la pobreza ni resuelto las deficiencias de los servicios básicos, ni garantizado seguridad ciudadana y que ha sido catalogada con un nivel de corrupción sin precedente.

La difícil concertación. Todos aceptan que para ganar credibilidad tienen que superar el simple sorteo de candidaturas, con firme compromiso de un plan de nación que cambie el modelo de desarrollo, el reparto del Estado y la corrupción y que cree la ilusión de un cambio de rumbo de la sociedad dominicana. Tanto los que promueven la “Convergencia por un Mejor País”, encabezada por el PRM, como Guillermo Moreno, Max Puig, Eduardo Estrella, y Minou Tavárez han planteado la necesidad de dar fundamento programático a una nueva opción. Pero ninguno ha convocado formalmente al resto, sea a una concertación, convergencia o mesa de diálogo que vienen postulando hace más de un año.

Es obvio que todos han invertido gran parte del tiempo en constituir o reactivar sus propias plataformas partidarias, y algunos, como el PRM, trabajan en sus bases programáticas, pero el tiempo se les agota para iniciar una batalla tan cuesta arriba contra una maquinaria de poder encarnada en una corporación política absolutista. Están los grupos progresistas que han fracasado en numerosos intentos de concertación electoral.

No faltan quienes conciben el frente opositor como un simple apoyo a las aspiraciones individuales, y el otro extremo de los que quisieran un programa revolucionario irrealista en un escenario dominado por el conservadurismo y la desmovilización popular que podría conducir al aislamiento y de nuevo a la insustancialidad del 1 por ciento de los votos. Pero no hay dudas que requerirían un programa mínimo que los vincule a las amplias capas sociales insatisfechas.-

 

Danilo y Miguel abren espacio a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres discursos en apenas cuatro días delinearon el curso de la prematura campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año configurando la posibilidad de una bipolarización de nuevas fuerzas contra los tres partidos que han dominado la política dominicana en más de medio siglo.

Sólo las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección pueden explicar la celeridad del presidente Danilo Medina en lanzar su candidatura, dadas las ventajas con que ha partido, y la claudicación de Miguel Vargas que entierra al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a 11 meses de los comicios.

Una semana de Abinader. La semana estaba pintada para Luis Abinader al iniciarse con el acto de proclama de su candidatura presidencial el domingo 14, pero seguramente él y los suyos no pensaron que el presidente Danilo Medina y el presidente del PRD lo iban a ayudar a afianzarse como primera opción alternativa para las presidenciales del 2012. Su proclamación era un desafío y lo pasó en sus principales dimensiones: congregó más de 10 mil personas, llenando el auditorio de entusiasmo y demostraciones de unidad, produjo un vibrante discurso de oposición centrado en cuestionar la gestión y el propósito continuista del presidente Medina y delineó los ejes básicos de un gobierno de amplio espectro político y social, llamando a constituir un frente de renovación nacional.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sacó ventajas de la percepción generalizada de que se negociaron los votos de decenas de diputados y varios senadores para viabilizar la repostulación presidencial, preguntando “de dónde se sacaron señor Presidente, los millones y millones para la reforma constitucional”, aludiendo a las numerosas denuncias de legisladores que llevaron a los del PRM a pedir formalmente una investigación de la Procuraduría General.

Abinader asumió los cuestionamientos directamente a la imagen del presidente Medina, recordando que cuando se oponía al continuismo de Leonel Fernández sostuvo que en el país “para hacer posible la reelección había que tragarse un tiburón podrido y tirar los escrúpulos al zafacón”. Entonces le preguntó directamente “de qué tamaño es el tiburón que usted se tragó” y “en qué zafacón tiró usted los escrúpulos”. Lo del tiburón se convirtió en la frase de la semana en las redes sociales y los programas de radio y televisión, incluidas unas celebradas décimas de Huchi Lora.

La capitulación de Miguel. Lo patético de la semana fue el discurso con que Miguel Vargas renunció el lunes 15 a la candidatura presidencial del PRD, proclamada en septiembre del año pasado. A once meses de los comicios, el candidato declina y anuncia que apoyará la reelección del presidente Medina, en base a una participación, que no definió, en cargos legislativos, municipales y gubernamentales. Y llegó a anunciar un programa de gobierno que el candidato oficialista no ha presentado.

El desencaje de Vargas y de sus acompañantes quedó evidente en la transmisión televisiva, cuando convertían al partido de mayor vigencia de la historia nacional, en comodín de uno de sus adversarios, en una retirada sin dar batalla, tan anticipada a la cita del 15 de mayo del 2016, alegando que el PRM no había querido negociar con ellos.

Vargas no explicó su cambió tras años defendiendo su pacto con Leonel Fernández en el 2009 porque había prohibido la reelección presidencial, y todavía cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución dijo que él y sus legisladores rechazaban “la pretensión de prolongar el continuismo peledeísta caracterizado por endeudamiento desenfrenado, excesivos impuestos y ausencia de plan nacional”.

La explicación la dio por escrito el 9 de junio el secretario de Asuntos Legales del PRD, Salim Ibarra, cuando se mostró “asombrado de que 40 diputados de su organización hayan sido convencidos para apoyar el actual proceso de reforma constitucional”. Resignado agregó su esperanza de que en ese nuevo escenario Vargas “logrará concretizar un acuerdo electoral que vaya en beneficio de las bases y dirigencia del PRD”. Varios diputados perredeístas dijeron que habían negociado el respaldo a la reelección por garantías de mantener sus puestos, cosa imposible con el voto preferencial.

Súbita salida de Danilo. A las 48 horas, el miércoles, llegó la sorpresa de Danilo, con un discurso triunfalista que repite los argumentos con que todos los presidentes dominicanos reeleccionistas han tratado de justificar su aspiración de continuar al frente del Estado: su excelente obra y la necesidad de culminarla.

Después de tanto tiempo de silencio, la salida de Danilo pareció inoportuna la noche en que concluía el plan de Regularización de Extranjeros, con el país en ascuas y bajo la atención de la prensa y dirigentes de instituciones y organismos internacionales, por lo que se creyó vanamente que se referiría a tan importante asunto de Estado.

A 11 meses de los comicios, no había justificación para romper el silencio tan inoportunamente, a no ser que -como se alega en corrillos- tuviera necesidad de contener el deterioro de su imagen y aprobación, tras la crisis de su partido y el reparto antidemocrático que la saldó, la imposición de la reforma constitucional y el fortalecimiento de la candidatura de Abinader. No logró disipar la ingestión del “tiburón podrido de la reelección”.

El mayor vacío fue no haber aludido al pacto para un gobierno de unidad nacional con que los perredeístas han justificado su apoyo a la reelección y que ha constituido el principal argumento para rebatir la percepción generalizada de que ese apoyo fue comprado en efectivo y con reparto del Estado, tan vergonzoso que sólo los diputados se atrevieron a detallar: nuevas provincias, cargos públicos y garantías de reelección total.

El semblante de Danilo durante su alocución no reflejaba convicción sobre su nueva concepción de que en sus tres años las instituciones se habían fortalecido para soportar la reelección, lo que pudo reforzar comprometiéndose con la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos, llamados a garantizar mayor equidad electoral. El mercadólogo Melvin Peña lo describió: “lucía como una imagen flotante, lejano, como si estuviera hablando por skype”.

Tempranas definiciones. La claudicación de Miguel Vargas era previsible a la luz de las pobres preferencias que registra en las encuestas, que reconocen al PRM y Abinader como primera opción opositora. Incluso fue sobrepasado en las últimas Gallup-HOY y Penn /Schoen por Guillermo Moreno. Pero no se esperaba una definición tan precipitada, dada la tradición de las alianzas en los procesos electorales dominicanos. La ley electoral obliga a registrarlas al menos 75 días antes de las elecciones y generalmente se efectúan en los límites, al igual que las definiciones reeleccionistas de los presidentes. El plazo de inscripción de candidaturas es de 60 días antes de los comicios.

Las inequidades y abusos de las campañas reeleccionistas sobrepasan con mucho las garantías competitivas de la Constitución y las leyes, y han comenzado a registrarse con varias inauguraciones por semana que son convertidas en actos de exaltación del mandatario como figura providencial insustituible, con páginas diarias en los periódicos y encabezando la excesiva publicidad institucional de los organismos estatales.

La opinión pública le otorga inmensa ventaja a Danilo, partiendo de la aprobación que ha registrado en las encuestas, aunque todavía ninguna se ha publicado después que impusiera su proyecto reeleccionista casi dividiendo su propio partido, doblegando el Poder Legislativo y acabando la obra iniciada por su antecesor Leonel Fernández de asimilación de los partidos tradicionales, todo en base al reparto del Estado.

Sin una legislación que límite el abuso del Estado, con el control de los organismos electorales y la concentración de la mayoría de los partidos con derecho a postular candidatos, lo que le da el 90 por ciento del financiamiento estatal, la candidatura del presidente Medina no debería utilizar un centavo adicional del presupuesto nacional. PLD-PRD-PRSC reciben este año unos 55 millones de pesos mensuales del presupuesto nacional, que se duplican en el año electoral.

El desafío es demasiado grande para Abinader y Moreno ya como principales opciones de la oposición y para el resto del liderazgo político y social que sólo unidos podrían apostar a la tendencia regional a relegar la partidocracia tradicional.-

 

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

Por Juan Bolívar Díaz

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La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

 

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.