Francisco: el hombre del año

Por Juan Bolívar Díaz

No hay la menor duda. El papa Francisco es el hombre del año 2013, como lo acaba de proclamar la revista Time, no solo por los aires de renovación que ha significado en una institución tan anquilosada como la Iglesia Católica, sino también por su discurso de inclusión, amor, tolerancia y mansedumbre, después de cuatro décadas de pontificados absolutos, de unanimidad que silenció a más de un centenar de teólogos y de un discurso excluyente que planteaba que fuera de la catolicidad no hay salvación.

La elección del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, como sumo pontífice de la Iglesia Católica, fue lo mejor que le pudo pasar al mundo del 2013, urgido de nuevos liderazgos inspiradores y renovadores de las fuerzas espirituales generadoras de progreso en la convivencia humana.

Desde el primer día de su asunción en marzo, el nuevo Pontífice sorprendió al mundo optando por el nombre de Francisco de Asís, referente de un pastor sencillo, que dedicó su vida a los más pobres, encarnando un evangelio de amor y humildad. Como el que predicó Jesucristo. Sacó el papado de los palacios para llevarlo a las calles y ubicarse en el centro de las discusiones de su época, como planteó la editora de Time.

La llegada de Bergoglio al papado, justamente a 50 años de la partida de Angelo Giuseppe Roncalli, mejor conocido como Juan XXIII, el papa bueno, es lo mejor que podría haberle ocurrido a una iglesia triunfalista, excluyente y centralizadora como la que encarnaron Juan Pablo II y Benedicto XVI, que renegaron del aggiornamento y la renovación del Concilio Vaticano II.

Negado a habitar en los palacios vaticanos, el nuevo papa ha evadido la tentación del rey para estar cerca de la gente, sin filtros intermediarios, renunciando al oropel y a los signos tradicionales de poder, para acercarse al humilde rabit de Galilea. Y como este ha predicado y practicado la mansedumbre, la compasión y la fraternidad.

El primer papa latinoamericano ha sorprendido no solamente por sus declaraciones espontáneas y entrevistas, sino también por la profundidad de sus homilías y especialmente por su exhortación apostólica Evangelli Gaudium, o la Alegría del Evangelio, donde plantea una ”conversión del papado” para dar paso a una iglesia más colegial, más abierta a la pluralidad y la diversidad, más cercana de los excluidos y necesitados de solidaridad, con mayor participación de los laicos y, entre ellos, de las mujeres y los jóvenes.

Las líneas fundamentales del Papa Francisco se pueden leer en la carta que envió recientemente al Arzobispo de Santo Domingo para presentar a su nuevo Nuncio en la cual plantea que “La Iglesia no quiere privilegios, no tiene intereses políticos, no busca alianzas estratégicas. Quiere servir, servir a todos, y por eso trabaja por el bien común, la paz, el progreso, la libertad, la justicia, la solidaridad y el desarrollo integral de los dominicanos. Allí donde se promuevan estas iniciativas, allí se encuentra la Iglesia, dispuesta a ofrecer lo mejor que ella tiene: la gracia y la paz que nacen del corazón de Cristo crucificado”.

Ampliando su exhortación, el papa decía que “La experiencia nos enseña que cuesta cumplir los ideales. Siempre existe el peligro de la “mundanidad”, de dejarse llevar por el espíritu de este mundo, de actuar por el propio interés y no por la gloria de Dios. Y esto nos expone no pocas veces al ridículo, sobre todo a los pastores. Por eso, es necesaria la permanente conversión personal, que solo se puede lograr con una relación constante con Jesús, ayudados en este propósito por la fuerza interior de la oración. Rezando, siendo humildes, reconociendo que todos cometemos fallos y meditando la Palabra de Cristo nos será más fácil mantenernos en una fidelidad cotidiana a su llamada y llevar a cabo muchas obras de caridad, expresión elocuente del amor de Dios entre los hombres”.

Francisco ha despertado una nueva primavera, una gran ilusión de cambio en la vetusta Iglesia Católica y en un mundo necesitado de nuevos paradigmas que den coherencias a los valores espirituales, éticos y morales.

Al concluir este 2013 que nos apagó a Nelson Mandela, tenemos que celebrar que nos trajera al Papa Francisco, y con él la memoria de quien predicó el mandato de amar al prójimo como a uno mismo.

Mandela no ha muerto “na”

Por Juan Bolívar Díaz

Por todo el mundo andan diciendo que Nelson Mandela, el estadista más grande de nuestra época, el símbolo de la grandeza política, ha muerto. Pero están equivocados. Mandela no ha muerto “na”. Se ha transmutado, su cuerpo se apagó, pero su espíritu sobreviviente de mil tempestades ha trascendido a la inmortalidad, convertido en un símbolo universal de la nobleza humana y la grandeza política.

Por eso en la Sudáfrica negra y blanca se realiza este fin de semana un “funeral festivo” con llanto colectivo emocionado, pero también celebrando su legado, su trascendencia universal en un mundo hoy tan huérfano de referentes de ética y coherencia humana y política.

Madiba fue inmenso desde su juventud, cuando a los 24 años decidió dedicar su vida a la lucha contra la discriminación racial y el apartheid de que era víctima el 90 por ciento de la población sudafricana. Tuvo que poner su vida en riesgo y apostar a una lucha que sabía sería prolongada. Fue sabio y grande en los 27 años y medio de cárcel política, condenado a cadena perpetua, como líder del Consejo Nacional Africano, como primer presidente de la Sudáfrica libre, y luego que optó por el retiro.

Su autobiografía publicada bajo el sugerente título de “El Largo Camino hacia la Libertad”, compendia una de las vidas más potentes y fructíferas de todas las épocas, una lectura apasionante, reveladora de una infinita cantidad de detalles sobre la forma en que se constituyó lo que algunos llaman la leyenda Mandela.

Es que este hombre estaba dotado de un espíritu invencible. Sus primeros 18 años en la cárcel de la Isla Robben transcurrieron en condiciones impresionantemente inhumanas, alejado de todo contacto con sus familiares, a los que podía ver una hora cada seis meses, picando piedras en el clima extrema tanto del verano como del invierno, sufrió los peores intentos de humillación. Luego tendría que transcurrir casi otra década para que alcanzara la libertad.

Aquellos padecimientos infinitos en vez de doblegar su espíritu, lo fueron fortaleciendo. No permitió que el odio se anidara en su alma y cuando alcanzó el poder en 1994, en las primeras elecciones libres, fue refractario a todo sentimiento de venganza. Su norte sería gobernar para unificar a su pueblo, negándose a practicar la discriminación de que fue víctima por tanto tiempo. No cargó con una sola retaliación y su generosidad y grandeza vencieron las resistencias de partidarios y contradictores economizando a Sudáfrica lo que pudo haber sido una sangrienta guerra civil.

Ya en el poder, fue un gobernante extremadamente humilde, consciente de la infinita levedad de la condición humana. No se creyó un ser sobrenatural imprescindible y se negó a buscar la reelección, proclamando que el progreso institucional y socio-económico no podía ser la obra de un solo hombre, sino de un gran conglomerado de líderes políticos.

Tras su retiro, Nelson Mandela, quien tuvo pocos disfrutes en sus 95 años de existencia, no pretendió tutelar a sus sucesores y dedicó sus últimos 14 años a pasear su grandeza por el mundo, convertido ya en un símbolo del continente más pobre y explotado por siglos de esclavitud y colonialismo. Vencedor de tinieblas, gran estratega político, que practicó la coherencia, la persistencia y la fidelidad a los principios por los que luchó.

Gracias Mandela por habernos ayudado a mantener la fe en que es posible la grandeza política en un mundo saturado de líderes mediocres que sólo persiguen su gloria personal, apegados a concepciones de la política como el arte del pragmatismo y la permanencia en el poder. Vale concluir citando a William Ernest Henley en su célebre poema “Invictus”:

“En medio de la noche que me cubre,

Negra como el abismo de polo a polo,

Agradezco a cualquier dios que pudiera existir Por mi alma inconquistable.

En las feroces garras de las circunstancias No me he lamentado ni he llorado.

Bajo los golpes del azar Mi cabeza sangra, pero no se doblega.

Más allá de este lugar de ira y lágrimas

Se acerca inminente el Horror de la sombra, Y aun así la amenaza de los años

Me encuentra y me encontrará sin miedo.

No importa cuán estrecha sea la puerta,

Cuán cargada de castigos la sentencia.

Soy el amo de mi destino:

Soy el capitán de mi alma.”

 

La Comisión de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque parezca innecesario, conviene comenzar señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un organismo privado, de las no gubernamentales fruto de la iniciativa ciudadana, nacional o internacional, sino un órgano intergubernamental, de lo que se conoce como Sistema Interamericano.

También conviene advertir que la visita oficial que inicia mañana, no es la primera, sino la sexta que ese organismo realiza al país, la primera en 1961 tras la caída de la tiranía de Trujillo, después en 1963, luego en 1965 tras la guerra civil y la intervención militar norteamericana, cuando se extendió por más de un mes, siendo la más larga en su historia. Volvió en 1991 y por última vez en 1997. La de ahora tiene la particularidad de ser la más nutrida, ya que vienen 6 de sus 7 titulares y un amplio equipo ejecutivo.

Creada por los estados americanos en 1959 antecede incluso a la Convención Americana de los Derechos Humanos aprobada en 1969, aunque entró en vigencia a partir de 1978, año en que fue ratificada por el Estado dominicano. Hoy día la CIDH es un órgano fundamental de la Organización de Estados Americanos, y al igual que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene régimen propio de autonomía. Ambas entidades están instituidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión es un órgano consultivo de la OEA y tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente y está integrada por siete miembros independientes, electos a título personal por la Asamblea General de la entidad que agrupa a 34 estados americanos.

Con sede en Washington, algunos la confunden con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, ratificada por el gobierno del presidente Leonel Fernández en 1999, en virtud de lo cual sus dictámenes son vinculantes para la nación, al igual que para otros 23 países de la región que han reconocido su jurisdicción, lo que no ha hecho Estados Unidos, pero sí todos los de América Latina. Pero ambos organismos están vinculados en el propósito de proteger los derechos consagrados por la Convención Americana. De hecho la Comisión es como la procuraduría fiscal de la Corte, la que decide los casos que tienen los méritos necesarios para ser conocidos por el máximo órgano judicial de las Américas.

Con todo lo apuntado nadie debe sorprenderse de que la Comisión visite el país en medio de la grave crisis de derechos humanos determinada por la decisión administrativa de la Junta Central Electoral que desde 2007 despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que la justifica y amplía a decenas de miles de personas.

De hecho hace más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias de 48 de las primeras víctimas de la desnacionalización, y ha realizado ya dos audiencias públicas sobre sus casos, teniendo pendiente decidir si los remite a la Corte.

No hay duda que esta visita puede ser crucial para la suerte de los dominicanos de ascendencia haitiana principalmente, condenados a constituir un guetto en la República Dominicana. Y como tal debemos saludarla, con el mismo respeto y consideración que tenemos por los órganos del Estado dominicano. Porque ella es parte del bloque de constitucionalidad nacional.

No hay que olvidar que en la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA que conoció la sentencia del Constitucional dominicano se anunció esta visita como un esfuerzo para abrir senderos que solucionen el conflicto partiendo del principio fundamental de que a nadie se le puede despojar de su nacionalidad, como planteó allí el Secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza. Bienvenida la comisión.

Educación sexual escolar

Por Juan Bolívar Díaz

Ya sabíamos por las evaluaciones de diversos organismos internacionales que la República Dominicana estaba entre los países latinoamericanos y del mundo que lideran ese renglón de la ignorancia que es el embarazo en las adolescentes, pero el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) nos acaba de ubicar entre las seis naciones líderes universales en tasas de infecciones de transmisión sexual en niñas de 15 a 19 años de edad.

Según el Estado de la Situación Mundial que acaba de publicar el UNFPA, el 21 por ciento de las niñas dominicanas de entre 15 y 19 años de edad han registrado infecciones de transmisión sexual, tasa que nos otorga el liderazgo mundial junto a Nicaragua, República del Congo, Ghana, Guinea y Costa de Marfil, países todos de los más pobres del mundo, entre otras razones por su bajísimo nivel educativo.

El informe aborda las consecuencias de orden personal, familiar, social, en el sistema de salud y económico del embarazo en adolescentes, que en el caso dominicano hace años que se sitúa por encima del 20 por ciento y que casi se duplica en la región sur, con alta concentración de pobreza. La provincia de Azua encabeza con un promedio de 37 por ciento de embarazo en las niñas entre 15 y 19 años. Los estudios llaman la atención de que en esa jurisdicción se registra analfabetismo en el 22 por ciento de la población, más del doble del promedio nacional de 10 por ciento.

Por donde quiera que se le observe, el problema se relaciona con los bajos niveles educativos. Casi la mitad de las niñas que quedan embarazadas no han pasado de la educación primaria. Son responsables de la alta tasa de mortalidad materno-infantil que registra el país, primera causa de muerte en mujeres entre 15 y 19 años, pese a la amplia cobertura hospitalaria que casi ha eliminado los nacimientos por comadronas.

Precisa el informe de la UNFPA que las adolescentes dominicanas “con nivel de instrucción básico presentan un porcentaje de embarazos siete veces mayor la de las que tienen nivel universitario”. Y que la “epidemia” afecta a las más pobres, sin educación y de las áreas rurales.

Todo lo indicado lleva directamente a la conclusión de que es urgente impartir educción sexual en el nivel primario de la escuela dominicana, sobre todo en las públicas, donde prevalece la pobreza. Se estima que apenas un 8 por ciento de los escolares dominicanos de ese nivel reciben educación sexual.

El UNFPA cita resultados preliminares de un estudio que cuantifica en 2 mil 100 millones de pesos anuales el costo de los embarazos en adolescentes “33 veces mayor a la inversión estimada anual del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes”.

Hace muchos años que se discute la pertinencia de la educación sexual en las escuelas, pero las políticas estatales se han doblegado ante los prejuicios religiosos que alegan que la información y formación sexual en los primeros niveles induciría la población infantil a la actividad sexual. Aunque los estudios muestran que la sexualidad comienza muy temprano en el país.

He ahí un absurdo, uno de los casos en los que la educación tendría efectos perversos según los fundamentalistas moralistas, aunque a nivel mundial está sobradamente demostrado que el embarazo temprano, las enfermedades sexuales y muertes en niñas son proporcionales a la falta de conocimientos.

Todos los indicadores obligan a un cambio drástico de política educativa en el país para que niños y niñas tengan oportunidad de un ejercicio de mayor responsabilidad con sus cuerpos y sentimientos. Es cuestión de derecho humano. Ya es tiempo de que el salvaje pragmatismo político que cede al chantaje dé paso a política fundadas en la racionalidad.

 

Las campanas doblan por todos

Por Juan Bolívar Díaz

Muchos asociarán el título de este artículo con la obra del inmortal Ernest Hemingway “Por quién doblan las campanas” que tiene como escenario la guerra civil española (1936-39) , pero él solo rescató el nombre de un poema escrito más de tres siglos antes por el británico John Donne: Las campanas doblan por ti.

“Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”.

Cuando junto a Huchi Lora decidimos denunciar ante la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional la impresión de tres millones de panfletos “Boletín aéreo No. 1” por el cual se estaba pagando 390 mil pesos, no estábamos movidos por el temor sino por una preocupación sobre la suerte de esta nación, donde grupos organizados se dedican a pedir la muerte en el altar de la República y en plazas públicas, para quienes consideran traidores a su muy particular concepción de patria y nacionalidad.

Según la información que reunimos, la llamada Red Nacional por la Defensa de la Soberanía se proponía inundar las ciudades del país, lanzando desde avionetas los tres millones de panfletos en los que nos presentaban como traidores a la patria. Dado que acababan de promover una marcha en Santiago con gritos de muerte a los traidores, no hay que hacer mucho esfuerzo para entender que se estaba promoviendo nuestro asesinato, lo que en teoría está penalizado por nuestros códigos, aunque para algunos eso carezca de importancia.

Huchi y yo tenemos muchas cosas en común, entre ellas habernos iniciado juntos en el periodismo en 1968, y haber pasado por períodos de amenazas y muertes por el ejercicio de la libertad de expresión y el combate de la opresión. Somos sobrevivientes de atentados y encarcelamientos, y no porque guardáramos silencio, porque nacimos para la libertad.

También tenemos en común el nunca haber andado con guardaespaldas, ni siquiera de esos que se ofrecen al por mayor pagados por el Estado, especialmente a quienes hacen profesión de la extorsión, el odio, la infamia y la mentira. Porque vivimos de cara al sol, no conocemos el miedo.

Pero la denuncia corresponde porque creemos firmemente que las campanas están doblando por todos los que queremos una sociedad democrática y plural, con la inmensa riqueza derivada de la diversidad.

Esas amenazas pretenden infundir miedo, pero no a quienes hemos demostrado que no somos silenciables, sino a la mayoría, al resto de los que no se han afiliado a la concepción de uniformidad que promueven grupos minoritarios, pero de alta capacidad de chantaje e intimidación, que de ello derivan su poder, con la complicidad y la satisfacción de los otros que los utilizan para hacer el trabajo sucio que sus pruritos les impiden materializar con sus propias identidades.

Hace tiempo que venimos denunciando la progresiva intolerancia y los esfuerzos por uniformar la sociedad dominicana. Lamentablemente hay muchos que guardan silencio porque creen que las campanas no doblan por ellos. Ojalá que no les pese después no haber advertido un tañido fúnebre.

Si es por Huchi y por mí están perdiendo el tiempo y su dinero los empeñados en esta campaña. Y lo mismo se puede decir de los otros ciudadanos y ciudadanas que han sido identificados como traidores a la patria por este grupo desafiante.

Y nos sentimos satisfechos de que nadie nos pueda acusar de promover exclusiones y mucho menos la muerte. Porque hemos sido, somos y seremos siempre promotores y defensores de vida. Por eso nos empeñamos en defender las de las decenas de miles de personas, en su gran mayoría pobres y sin posibilidades de defenderse, a quienes algunos se empeñan en suspenderles la vida.

Que nos perdonen la vida

Por Juan Bolívar Díaz

Los gritos necrófilos que se han escuchado en el país en los últimos días traen a la memoria uno de los discursos más impresionantes y valientes de la historia, el pronunciado por el ilustre rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, ante el general Millán de Astray, la esposa de Francisco Franco y sus legionarios, cuando apenas comenzaba el baño de sangre española que conmovió el mundo a partir de 1939.

El historiador británico Hugh Thomas recoge el incidente y el discurso en su excelente Historia de la Guerra Civil Española, una de las mejores crónicas interpretativas de ese capítulo de la historia contemporánea.

Los gritos de viva la muerte y muerte a los intelectuales que caracterizaban la legión franquista retumbaron en el acto solemne con que Salamanca conmemoraba el llamado Día de la Raza, el 12 de octubre. El ejército nacionalista rebelado contra la República ya había ocupado parte del territorio y tenía su cuartel general allí en Salamanca. Nadie podía esperar lo que ocurrió a continuación.

Unamuno se paró lívido y ocupó el podio para rechazar firmemente aquella profanación del templo de la inteligencia que para él era la universidad. Y mirando de frente al agitado Astray le recordó que él era un mutilado de la guerra, había perdido un ojo, pero que no debería esperarse que convirtieran el país en un campo de mutilados. Ante el atrevimiento, poco faltó para que el rector fuera descuartizado allí mismo y cuentan que lo impidió Carmen Polo de Franco.

El intelectual vasco pronunció palabras que quedaron esculpidas para siempre. “venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.

Aquello ocurrió en medio de una guerra de enorme dimensión, cuando la fuerza y la brutalidad campeaban en todos los sectores y el ultranacionalismo preparaba en Europa el más grande derrame de sangre de la historia. No creo que aquí estemos ni remotamente cerca de una situación parecida. Razón suficiente para que nos resulte más grotesco e inaceptable que intelectuales y personas que acceden a medios de comunicación utilicen el altar de la patria para pedir muerte a quienes ellos consideran traidores a su concepción de patria.

Con el agravante de que una de las oradoras identificó con nombres y apellidos a esos traidores, y un pasquín distribuido allí traía las fotografías de varios de ellos. Me otorgaron la distinción de encabezar el “Álbum de la Traición”, como “jefe mediático de la trama contra la patria”. Y me sentí bien acompañado en esas páginas del horror, con las fotos de abogados como Cristóbal Rodríguez y Guillermo Moreno, del sociólogo y economista Javier Cabreja, de la diputada Guadalupe Valdez y de colegas de la categoría de Fausto Rosario y Ramón Colombo. El ilustre director de HOY, Bienvenido Álvarez Vega, fue incluido por el verbo incendiario de una de las supremas sacerdotisas de la secta convocante.

La ocurrencia es más grave porque ha sido silenciada por la gran mayoría de los medios que han perdido la capacidad para rechazar semejante profanación del Altar de la Patria, expresión del odio y del fanatismo de quienes carecen de razón y derecho en la lucha de la ideas.

No pretendo compararme con el rector de Salamanca, pero no puedo aceptar en silencio ese último recurso de grupos que hace tiempo descalifican y quieren silenciar a quienes defienden públicamente principios fundamentales de la convivencia social sin pretender excluir ni aplastar ni uniformar.

La razón por la que se produce esta última ofensiva es el rechazo casi universal, a la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la desnacionalización de miles de personas. Por eso las dos juezas que tuvieron el valor de disentir de la sentencia, las doctoras Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla, fueron incluidas en la lista de los traidores merecedores de la muerte.

Cosas preocupantes están ocurriendo cuando el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, tiene que salir él solo a “precisar” una sentencia colectiva para concluir con esta cita de Juan Pablo Duarte totalmente fuera de contexto y de razonamiento jurídico: “Los enemigos de la Patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera”.

Espero que mi viejo amigo Ray Guevara tenga piedad y pida públicamente que nos perdonen la vida.

Gratitud por reconocimientos

Por Juan Bolívar Díaz

Me siento en el deber de expresar mi gratitud a la Fundación Corripio por haberme otorgado su premio anual de estímulo a las comunicaciones sociales, esta vez en la categoría Periodismo, que recibí el martes 29. Celebro haber compartido el rconocimiento con las dirigentes del Instituto Oncológico Heriberto Pieter, el jurista Rafael Alburquerque y el actor Iván García. Agradezco a la familia Corripio que mantiene estos premios anuales, como al jurado que me hizo objeto del galardón.

Nunca me he autopromovido para ningún reconocimiento. Más bien durante dos o tres décadas, he sido jurado de premios periodísticos administrados o auspiciados por instituciones académicas, como la Universidad Católica Santo Domingo o el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, o internacionales como Unicef o Visión Mundial, y hasta de empresas industriales y de seguros.

Los reconocimientos son estímulo para la superación y el compromiso con la sociedad, y más cuando reafirman la hipoteca social del periodismo, que conlleva la obligación de perseguir la realidad, investigarla, descubrirla y exponerla, aunque los resultados no se correspondan con nuestras expectativas, o cuando van contra el sentir de amplios conglomerados o importantes intereses empresariales o políticos. Por simple ejemplo, soy militante en la denuncia de las ejecuciones policiales de muchachos pobres en los barrios, sean supuestos o reales delincuentes.

Durante más de dos décadas inculqué a mis alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en múltiples charlas, que la objetividad es una meta a perseguir, colocando la realidad por encima de lo que hay en nosotros. Pero nunca para cruzarnos de brazos, sino para buscar transformarla en beneficio de la sociedad.

Nunca he predicado la neutralidad ni la independencia, sino la objetividad, como capacidad para percibir la realidad y exponerla sin manipulaciones, sin tratar de acomodarla a nuestros intereses o anhelos, por más sublimes que estos sean. Para luego luchar por transformaciones acordes con los sueños de la sociedad, que es plural por naturaleza. Los neutrales y los independientes viven al margen de la justicia social, no utilizan el poder de la comunicación para mejorar la repartición de los panes y los peces ni para crear instituciones que soporten la libertad, la democracia y la inclusión social.

Yo soy miembro de la generación de los sesenta, de los jóvenes que nos propusimos cambiar esta sociedad, que trataba de superar la tiranía trujillista de tres décadas, y un legado autocrático, de exclusión que fue siempre caldo de cultivo de la dictadura o de la anarquía. La guerra fría y la invasión norteamericana de 1965 frenaron el proceso, prolongando la autocracia y la exclusión en otras dimensiones.

Fui de los primeros dominicanos graduados de periodistas y luché por el reconocimiento de la profesión, por la defensa de los intereses de los periodistas, por la plena libertad de expresión y difusión, por el establecimiento de un código de ética por parte de los mismos periodistas.

Gran parte de esos anhelos están aún pendientes de materialización. Otros, como el código de ética, lucen casi imposible dada la perversión bastante generalizada de la comunicación y el periodismo nacional, pero hay que seguir enarbolándolos, por principio y a la espera de coyunturas más propicias para el mejoramiento social.

Por eso, cuando me entregan un reconocimiento como el de la Fundación Corripio, lo recibo con alegría y gratitud. Si me premian por un ejercicio profesional de calidad, comprometido con la sociedad, por la promoción de la democracia, y por labor docente, están reconociendo a cuantos desde el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Periodistas Profesionales proclamamos y defendimos la hipoteca social de la comunicación. Agradezco también el acto de solidaridad del que fui objeto por cientos de colegas y amigos el 21 de agosto, tres días antes del accidente automovilístico del que aún lucho por recuperarme.

En defensa del turismo

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez con mayor frecuencia se subestima el aporte del turismo a la economía nacional y se señala al sector como parásito de los incentivos y poco contribuyente al presupuesto nacional, e incluso se llega a afirmar que es muy limitado su aporte al desarrollo de las comunidades circundantes de los grandes polos turísticos. Cuando se habla de subsidios o de elevar la presión fiscal son muchos los que de inmediato señalan a la industria turística.

Se comete una grave injusticia con el sector turístico, sin cuyos aportes la pobreza nacional sería mucho mayor al 42 por ciento de la población que estima la Comisión Económica para América Latina. Siempre será posible que haga algún aporte adicional, incluyendo mayor redistribución en el territorio, pero en relación al resto de los sectores económicos, el turístico pasa la prueba y con buena puntuación.

Las estadísticas fundamentan al turismo como el gran motor de la economía nacional de las últimas décadas. En el 2012 los 4 millones 562 mil 606 visitantes no residentes, de ellos 3 millones 923 mil 693 extranjeros, generaron 4 mil 736 millones de dólares, la mitad de todas las exportaciones de bienes del país. Otros sectores, como el industrial y el agropecuario se han beneficiado considerablemente del consumo de los visitantes.

Unos 70 mil empleos directos y otros tantos indirectos dependen de la actividad hotelera y el sector aportó al fisco 35 mil 595 millones de pesos en el 2010, aproximadamente el 15 por ciento de los ingresos totales, 1.9 por ciento del producto interno bruto.

El turismo sólo representa el 1.2 por ciento del gasto tributario del Gobierno, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda. La Asociación de Hoteles, ASONAHORES, sostiene que los incentivos al turismo han sido la mejor inversión del Estado, ya que por cada dólar desgravado devolvieron unos 20 dólares entre el 2008 y el 2012.

Ciertamente hubo más incentivos en la etapa inicial con la Ley 153 de 1971, sustituida en el 2001 por la Ley 158-01, pero fue precisamente en esas tres décadas cuando el turismo tomó el impulso que le ha permitido suplir la caída de las exportaciones tradicionales y sobrepasar su importancia. En términos fiscales el Estado no sacrificó nada, sino que contribuyó a la creación de empleo y a la generación de divisas. Ningún otro sector de la economía ha devuelto tanto por los incentivos recibidos. Es también una actividad poco expoliadora de los recursos naturales, en relación a la minera y la industrial.

Con marcadas desventajas en cuanto al servicio energético, el desastroso transporte interno y condiciones medio ambientales en el entorno de los polos turísticos y en las ciudades, los empresarios turísticos se han mantenido en la dura competencia internacional de esa industria.

Sin embargo en los últimos años la tendencia ha sido a la reducción del crecimiento, no sólo en el número de visitantes, sino también en el promedio de duración, lo que se está reflejando también en estancamiento de la inversión.

Por eso deberíamos convenir con el sector que en vez de estarle “sacaliñando” los incentivos recibidos y pretendiendo apretarle la tuerca, lo que se impone es extenderlos de nuevo, sin importar la ubicación de la inversión, como en la primera etapa del gran crecimiento para promover su reactivación.

Será fundamental si el Gobierno del presidente Danilo Medina mantiene su pregonado compromiso de promover el sector para alcanzar la meta de diez millones de visitantes, es decir duplicar el total del año pasado. Si los incentivos se traducen de nuevo en inversión y crecimiento, nada pierde y mucho gana el Estado y la sociedad dominicana.

 

Se impone la solidaridad

Por Juan Bolívar Díaz

Desde la primera lectura a la penosa sentencia con que el Tribunal Constitucional decreta un apartheid o gueto que conformarían cientos de miles de dominicanos y dominicanas de diversas ascendencias, especialmente haitiana, consideré que terminará resolviendo a corto plazo la situación que desde hace seis años afecta a miles de personas.

El dictamen viola tantos preceptos de la Constitución dominicana, como de los códigos del derecho internacional, que no dejará espacio a la indiferencia. Toda persona con un mínimo de sensibilidad tendrá que reaccionar y muchos militarán en la solidaridad que ha comenzado a manifestarse con las víctimas de esta “limpieza étnica”, que afectaría también a descendientes de chinos, árabes, judíos y de muchas otras nacionalidades, que hace tiempo son parte de la dominicanidad.

Un cable de la agencia española Efe daba cuenta de cómo la sentencia de marras ha dividido a los dominicanos desatando amplias manifestaciones de solidaridad. Ha sido relevante que casi todos los expertos en derecho constitucional, como destacados juristas han coincidido en señalar que el dictamen viola principios constitucionales y universales fundamentales que la hacen insostenible, por lo que está destinada a ser revertida tan pronto sea dilucidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado Dominicano desde que en 1978 suscribió, con aprobación congresual, la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Como esa corte es parte de la Convención, bastaba con una declaración posterior que la reconociera, por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo, que fue lo que hizo en 1999 el presidente Leonel Fernández. Si alguien quería redundancia, se puede encontrar en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde se ratifica que sus decisiones quedan subordinadas a la CIDH.

Al disponer una limpieza del registro civil retroactiva al 1929 para excluir de la ciudadanía a todos los hijos de extranjeros que estuvieran indocumentados al momento en que nacieron, dando cuenta la sentencia misma que podrían ser cientos de miles, quedó desafiada la sensibilidad de quienes creen en principios fundamentales, como la irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 110 de nuestra Constitución, la que, por demás, en su artículo 18.2 proclama dominicanos y dominicanas a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

La inmensa mayoría de la opinión pública sensata reconoce que sería ignominioso crear un apartheid de cientos de miles de personas nacidas y con décadas de vida en el país, que no se irán para ninguna parte, ni pueden irse sin pasaporte, en base a los prejuicios y sentimientos de odio que destilan algunos defensores a ultranza de la “pureza de la dominicanidad”, ignorando que este es un país de inmigrantes, donde los colonizadores no dejaron vivo uno solo de los nativos, y que al mismo tiempo somos una nación de emigrantes que ha mandado millón y medio de sus hijos al exterior, en su inmensa mayoría sin previa autorización para permanecer en múltiples países del mundo, en algunos con una saturación que crea tensiones.

Lo bueno del dictamen del Constitucional es que despeja las dudas: Ya no es si los hijos de indocumentados que nacen ahora en el país tienen derecho a la nacionalidad, cosa que niega claramente la Constitución del 2010, sino que se pretende despojar a cientos de miles que ya la tenían.

Hay que saludar la sensibilidad mostrada por el presidente Danilo Medina ante el grito desgarrante de los jóvenes descendientes de haitianos, que son los más afectados, y esperar que no se deje enmendar la plana ni chantajear. El prestigio de la nación está en juego y es preciso enmendar el despojo antes que nos lo imponga la CIDH, cuya sentencia del 2005 a favor de dos niñas de ascendencia haitiana no deja dudas. Mientras más rápido rectifiquemos mejor, porque el escándalo seguirá expandiéndose y quedará como el mayor despojo después del que decretó Hitler contra judíos, gitanos y otras minorías, en vísperas de la mayor matanza de la historia.

 

Las pobres cuentas municipales

Por Juan Bolívar Díaz

Ningún impacto en la opinión pública tuvo la revelación esta semana de un estudio de la Cámara de Cuentas de la República sobre la administración de los recursos nacionales en los 155 municipios y 230 distritos municipales en los que se ha mini fragmentado el territorio nacional para que el reparto de lo público alcance a un mayor número de clientes, aunque sea con un pedacito del pastel.

Las violaciones a la ley 176-07 que debe regir las entidades municipales, y a las más elementales normas de administración y control de ingresos y gastos son como para que se dispusiera la intervención de una alta proporción de los cabildos. Pero aparentemente no hay autoridad preocupada por sancionar la malversación de los fondos públicos. Al fin y al cabo a los ayuntamientos y distritos municipales sólo llegó el 4.7 por ciento del total del gasto gubernamental en el esplendoroso año 2012, aunque la ley establece que deberían recibir el 10 por ciento.

No faltarán algunos cínicos que pretendan justificar el arrebato de la mitad de lo que corresponde a los municipios, bajo el argumento de que ellos no llevan cuentas claras de ingresos y mucho menos de los gastos. Pero entonces la ciudadanía debería negarse a pagar impuestos, habida cuenta que el país encabeza las 144 naciones incluidas en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en malversación de los fondos y en favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se expresa en gran medida en el gobierno central y la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado.

Ante todo hay que resaltar la fragmentación territorial y poblacional patente en el estudio. Menos de la tercera parte de los municipios, cuarentiocho, cumplen el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y de generar ingresos propios de al menos el 10 por ciento de su asignación del presupuesto nacional. De los distritos municipales apenas 11cumplen con el requisito de más de 10 mil habitantes y generar ingresos propios del 10 por ciento, y de los 230 sólo 47, el 20 por ciento, alcanzan la población mínima legal.

Los ayuntamientos administraron el año pasado 19 mil 165 millones de pesos y los distritos 16 mil 174 millones, la mayoría sin cumplir las normas de los registros contables y financieros y los procedimientos de control de gastos, compras y pagos, lo que, según el informe de la Cámara de Cuentas, imposibilita el debido monitoreo. Desde luego, como se trata de parcelas del Estado que se utilizan para mantener maquinarias políticas clientelistas y familiares, se detectan serias discrepancias en sus nóminas de empleados y las registradas por la Contraloría General de la República. Hasta en distritos municipales con ínfimos presupuestos se pueden encontrar nominillas paralelas. Y la cantidad de empleados no guarda relación con los servicios municipales.

Según el estudio, el 85 por ciento de las entidades municipales no cumplen el mandato legal que limita el gasto de personal al 25 por ciento de los ingresos y en el 98 por ciento se gasta menos del 40 por ciento que según la ley deberían destinar a obras de infraestructura.

El presupuesto participativo que hace unos años creó tantas ilusiones ha venido en retroceso y sólo 53 municipios y 36 distritos municipales lo mantienen, sin que la investigación arrojara evidencias de que se le da seguimiento a los compromisos contraídos con la comunidad.

Lo que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas es que las entidades municipales se administran a la conveniencia de sus autoridades, que se han afiliado al pragmatismo político de las nominillas, del nepotismo, y de la malversación sin escrúpulos de los fondos públicos. Todo ello al amparo de la impunidad prevaleciente en el país, donde no se sancionan ni los peores escándalos.

Lo peor es que la conciencia nacional parece anestesiada con tantas irregularidades y violaciones de las leyes fundamentales. Por eso llamó poco la atención el informe de la Cámara de Cuentas. No se ve razón alguna para que no prosiga la fiesta nacional de la malversación.-