Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

La peligrosa pretensión absolutista del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

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Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

 

Proyecto de ley establecería un minifundismo municipal

Por Juan Bolívar Díaz
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La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada

Un proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado establecería un minifundismo municipal al declarar autónomos los 234 distritos municipales lo que les daría la misma categoría de los 156 municipios para un total de 390 ayuntamientos, de los cuales 117 tienen menos de 4 mil habitantes.

Se trata de una contra reforma que establece nuevos criterios para el gasto municipal, en lo que se configura como un festín clientelista, y que desconoce sin preaviso, en la forma y el fondo, el consenso de diez años de discusiones que concluyó en la actual ley municipal 176-07.

Autonomía a los distritos. Tras el informe favorable de su Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos el Senado aprobó en primera lectura un proyecto sometido por los senadores Rafael Calderón, de Azua, y Charles Mariotti de Monte Plata, que reformaría la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, a fin de otorgarle plena autonomía administrativa y presupuestaria a los distritos municipales hasta ahora concebidos como subdivisión territorial dependiente del ayuntamiento municipal.

Los proponentes se basan en que “en ninguna de sus partes la Constitución de la República consigna que las funciones y actuaciones de los distritos municipales están sujetas a la autoridad del municipio al que corresponden, y que contrariamente le establece el derecho a patrimonio propio, autonomía presupuestaria, potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

Otra consideración estima “justo el reclamo de los distritos municipales de eliminar el vínculo de dependencia administrativa entre el municipio y el distrito municipal en virtud de que constitucionalmente son territorios con la misma capacidad jurídica y sin subordinación entre uno y otro”.

El proyecto también modificaría la proporción en que la ley 176-07 distribuye el uso de los fondos de los municipios, hasta ahora 40 por ciento para infraestructuras, 31 para servicios, 25 para pago de personal, y el restante 4 por ciento para salud, educación y género. Se unifican las proporciones destinadas a servicios y personal en un global 56 por ciento, lo que permitiría mayores partidas para nóminas y nominillas de por sí ya abultadas en muchos de los ayuntamientos que no cumplen la ley.

Serían 390 ayuntamientos. La propuesta de ley abonaría el progresivo mini fraccionamiento del territorio nacional que se ha criticado hace décadas. En la actualidad rigen 155 municipios y hay otro por constituir y 232 distritos y 2 por ser establecidos para un total de 390 entidades que operarían todas con la misma categoría, como ayuntamientos autónomos y con presupuestos independientes y sin fiscalización del municipio, aunque con distintas denominaciones que solo se justifican en la concepción del distrito como subdivisión municipal. Si fueran entidades con igual rango, no habría explicación para que la Constitución mantenga las dos categorías.

Es relevante que hay 12 distritos con población menor de 2 mil personas, 40 con menos de 3 mil, 88 con menos de 4 mil y 117, justo la mitad, con población menor de 5 mil personas, y apenas 48, el 21 por ciento, pasan de los 10 mil habitantes. El Distrito Palo Alto, el menor de todos, apenas tiene 958 personas. Si se aprueba el proyecto de ley todos tendrían la misma autonomía que el Distrito Nacional, cuya población es de 965 mil habitantes, que Santiago con 983 mil, o Santo Domingo Este que registra 787 mil habitantes.

Redondeando la población nacional en 10 millones, si se divide entre 156 municipios, arroja un promedio de 64 mil 102, lo que ya se considera una fragmentación excesiva. Entre 390 ayuntamientos se reduciría a un promedio de 25 mil 641 personas.

La provincia de Azua, cuyo senador es uno de los proponentes de la reforma, es ejemplo del minifundismo territorial, pues es líder nacional en municipios con 10, uno más que Santiago que es 6 veces más poblada, y también en distritos municipales con 22. La provincia Santo Domingo, la más poblada del país, con casi dos millones de habitantes, solo tiene 7 municipios y 8 distritos.

Contra sentencia del TC. Domingo Matías, uno de los más reputados expertos municipalistas, sostiene que el proyecto choca con dos sentencias del Tribunal Constitucional sobre actos de la Junta del Distrito Municipal de Verón, la 67-13 que declaró nulo el establecimiento de impuestos y la 152-13 que le restó potestad de crear su propia Oficina de Planeamiento Urbano. “Los Distritos Municipales son órganos descentralizados y extensiones de los ayuntamientos, es la conclusión de la sentencia 67-13” especificó.

Matías no niega que el nuevo marco constitucional demande una revisión de la Ley de Municipios, pero también la Estrategia Nacional de Desarrollo, convertida en ley, así como la Ley de Regionalización y Plan Nacional de Reordenamiento Territorial y el Pacto Municipal en discusión con el presidente Danilo Medina.

Reivindicando la participación social, reclama “avanzar hacia una reforma municipal que sea viable, que conlleve más consecuencias para los actos de corrupción y promueva la cultura de la transparencia”.

Si la mayoría de los 155 municipios no cumplen las más elementales normas de contabilidad y contraloría, como ha certificado la Cámara de Cuentas, la más que duplicación al convertir los distritos en ayuntamientos autónomos auspiciará un mayor dispendio de los recursos municipales. Los vocales de los distritos querrán tener la remuneración que ya se da a los regidores de los municipios. Y serán 390 unidades reclamando un “palacio municipal” y el derecho a repartir entre su clientela política una proporción del presupuesto público.

La mezcla de la flexibilización de la proporción del presupuesto municipal destinado a pagos de personal y de servicios, englobándolos, con la homologación de los distritos con los municipios, tiene una clara marca de intención clientelar. En distritos de mil personas podrían distribuirse el presupuesto y alcanzar a más de la mitad y hasta a la totalidad de sus habitantes.

Contrarreforma municipal

El proyecto sometido al Senado sin previa discusión con nadie, constituye una contrarreforma, que desconoce en aspectos fundamentales el largo proceso de consenso que precedió la aprobación de la Ley 176 del 2007 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, la cual se debatió durante una década con amplia participación de la Federación de Municipios, entidades gubernamentales, de las organizaciones sociales y expertos nacionales e internacionales. En todo el proceso hubo auspicios y financiamiento de organismos internacionales.

Aunque no se ha explicitado públicamente, se tiene entendido que el proyecto cuenta con apoyo de la Asociación Dominicana de Distritos Municipales. Tampoco ha fijado posición la Federación Dominicana de Municipios, pero se da por hecho que no auspiciará la reforma, al menos en cuanto al desprendimiento de los distritos.

El Foro de Municipalistas, que integra numerosas organizaciones de la sociedad civil y unos 300 alcaldes, alcaldesas y regidores, así como expertos en la materia, fue la que en los últimos días denunció el proyecto como una “contrarreforma regresiva” y se dirigió al Congreso el viernes reclamando consenso sobre la ley de los municipios.

Domingo Matías, vocero del Foro, adelantó “serias objeciones” al contenido del proyecto y al procedimiento: “tratar de pasar casi en secreto una reforma que abriría el riesgo de que los presupuestos municipales sean utilizado para incrementar la nómina de los gobiernos locales sin establecer criterios contraviene el proceso de reforma de la administración pública que viene impulsando el Poder Ejecutivo a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

Previo a la aprobación de la Ley 176-07 ya existía la alarma por el minifraccionamiento territorial impulsado por el clientelismo político, por lo que se estableció que los nuevos municipios deberían tener por lo menos 15 mil habitantes, cifra a la que no llegaba la tercera parte de los ya establecidos. Todavía después se aprobaron algunos sin esa proporción poblacional.

 

País de increíbles absurdos

Por Juan Bolívar Díaz

Apenas se había apagado el ruido creado por la apropiación por los diputados de decenas de millones de pesos para financiar habichuelas con dulce en Semana Santa, cuando estalla el escándalo del Día de las Madres: se atribuyeron 176.9 millones de pesos para repartir electrodomésticos, a través de empresas vinculadas, en su mayoría creadas en los últimos años para traficar ventas al Estado, sin locales ni almacenes ni mucho menos récord comercial significativo. Con órdenes de compra sin especificaciones fundamentales.

Traficando con la pobreza, alimentando clientelas a costa del erario público, al igual que los senadores que se han apropiado de 1,839 millones de pesos en ocho años que lleva el denominado barrilito, iniciado en agosto del 2006, aparte de sus sueldos, gastos de representación, dietas y pago de alojamiento, y de dos oficinas con una docena de empleados cada uno también pagados por el Estado. Ya en HOY, 4 de agosto del 2007, denunciamos esa iniquidad bajo el título “El barrilito carece de fundamento”.

No hay resquicio constitucional o legal para justificar esas apropiaciones del patrimonio público, ni para convertir la función legislativa en actividad de asistencia social en beneficio de partidarios, familiares y otros relacionados. Y peor cuando la mayoría de los 32 senadores se repostulen en los comicios del 2016, acumularán una ventaja enorme sobre otros competidores, incluso compañeros de partidos, convirtiendo la democracia en una cínica caricatura. Los senadores de las mayores jurisdicciones nacionales que reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, habrán repartido cada uno 64 millones de pesos en este período de seis años.

Mientras se informaba del último reparto de los diputados, en medio de una epidemia que afecta a decenas de miles de personas, el Colegio Médico y gerentes hospitalarios denunciaban el virtual colapso de múltiples hospitales públicos, declarándolos en emergencia porque escasean medicamentos y materiales básicos, con equipos fuera de servicio. En el hospital de San Cristóbal áreas de emergencia sin electricidad, en el Luis Aybar de esta capital celebraban que les había llegado agua. En el infantil Roberto Reid tenían que partir en dos las paletas para el examen bucal de los niños o utilizaban para eso partes de las geringillas desechables.

Se ha informado que los atrasos en la entrega de fondos reponibles de los hospitales por parte del Ministerio de Salud alcanzan ya los tres mil millones de pesos, con el Seguro Nacional de Salud al borde de la quiebra. Cientos de becarios en el exterior pasan trabajo porque el Ministerio de Educación Superior se atrasa.

Cuesta trabajo entender el reparto dispendioso de los legisladores mientras el presidente Danilo Medina y el Ministro Administrativo de la Presidencia se quejan de que el Estado apenas dispone para gastos fijos y para pagar su deuda externa como interna, que ya alcanza al 50 por ciento del producto bruto interno y al 46 por ciento de los ingresos tributarios ordinarios.

El primer mandatario advierte lo que vienen denunciando economistas y dirigentes políticos y sociales, que la economía dominicana es insostenible con el nivel de endeudamiento que acumula, ya sobre 30 mil millones de dólares, incluyendo el sector financiero. Con el Gobierno arrastrando un déficit sobre 600 mil millones de pesos en los últimos 6 años. Según la Cámara de Cuentas, la deuda del Estado creció un 28 por ciento en el 2013. En los primeros cuatro meses de este año el gasto público totaliza 190 mil millones de pesos, de los cuales apenas el 4 por ciento ha ido a obras públicas y el 1 por ciento a bienes muebles e inmuebles, mientras el 34 por ciento se destinó al pago de deuda e intereses.

Se configura desestabilidad, ya que la pista del endeudamiento se está acabando. Aunque las quejas de los altos funcionarios pueden ser el inicio del camino para otro parche fiscal. Con esto habría de tenerse cuidado, porque la ciudadanía empieza a mostrar cansancio del cínico abuso de los recursos públicos que sacrifica inversiones y servicios prioritarios.

 

Corrupción y clientelismo: doctrina política de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Leonel Fernández hace un “strip tease”  para desnudar su doctrina política fundada en el clientelismo y la corrupción, que si bien es milenaria, ha sido condenada y sancionada en la democracia y la sociedad del conocimiento

El expresidente de la República Leonel Fernández incurrió en un impúdico “strip tease” desnudando la concepción del poder que puso en vigencia en sus tres períodos de gobierno, fundada en el reparto del patrimonio público y en las dádivas que degradan la dignidad humana y mantienen la subordinación de las masas.

Sin duda que Fernández no creó esa doctrina, tan antigua como la humanidad, pero proscrita, condenada y sancionada por la democracia en la era de la información y la sociedad del conocimiento, y cuyo rechazo fue fundamento de su Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch.

La confesión del líder Leonel. El artículo “El poder y el liderazgo: Entre puestos y sobrecitos”, publicado por el doctor Leonel Fernández el lunes 10 en el Listín Diario, es una confesión, casi una autoincriminación, de la concepción política en que el autor ha fundado su liderazgo nacional, sin que deba restársele méritos a su carisma y condiciones intelectuales.

Tras un rápido repaso a los teóricos del poder y el liderazgo, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo y Weber hasta llegar al dominicano Leonte Brea, Fernández refiere dos ejemplos específicos, para concluir en que, aparte de ideología y de conciencia, el poder “hace referencia a otros dos factores: al poder de coacción o represión y al poder compensatorio, que es la capacidad para dar o distribuir”.

El primer ejemplo es el poder que confirió al dirigente reformista Modesto Guzmán, al designarlo director del Instituto Postal Dominicano en 1996, “cargo en que vivía como en el paraíso”, pese a ser una pequeña entidad estatal, cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar personal. Pero el expresidente pondera que le otorgó un gran poder ante sus compatriotas y hasta en la casa del caudillo Balaguer porque “podía nombrar algunos compatriotas, repartir de vez en cuando, algún dinerito, y satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes”. Leonel Fernández sabía que el sueldito de Modesto era bien modesto y no le alcanzaba para repartir, lo que implica sustracción.

El segundo ejemplo fue la distribución de sobrecitos, con dinero, en una de sus jornadas de cajitas navideñas en Dajabón. Cuando su chofer le señaló cómo las multitudes seguían al repartidor “convertido de repente en un gran líder”, el mandatario dispuso que encargaran el reparto a otro para demostrar cómo hacia éste se movería “la eufórica muchedumbre”. Pondera aquellos momentos de grandes experiencias junto al pueblo”. Y agrega que en ambos ejemplos “se pone de relieve una gran enseñanza de las ciencias políticas acerca del liderazgo y la teoría del poder”.

Bonos acumulados de Leonel. La experiencia de Medina debe hacerle consciente que, contrario a lo que algunos creen, Leonel tiene suficientes bonos acumulados para no subestimar sus posibilidades de alzarse con la candidatura presidencial, y dada la crisis de los partidos opositores, volver a repartir puestos y sobrecitos. Aunque no hay dudas que pasa por una coyuntura bien difícil.

Es que el exmandatario montó una inmensa pirámide de bonos para prolongar su liderazgo político, al viejo estilo de los caudillos dominicanos, como su nuevo maestro inspirador, Joaquín Balaguer, modelo de político que supo erigir un pedestal para reinar durante más de cuatro décadas, y hasta postularse a la presidencia ciego y a los 94 años.

El doctor Fernández comenzó a gobernar en 1996 con fidelidad a los postulados originales de su partido y de su líder fundador, pero a mitad de período empezó su Programa de Empleo (PEME) que defendió bajo el postulado de que “prefería pagar a pegar”, las nominillas de su segundo período las justificó en “que si no repartimos se cae el Gobierno” y en el 2011 dijo en Nueva York que, liberado de la tutela del FMI, invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo del PLD el año siguiente. E invirtió como 80 mil entre enero y mayo, y otros tantos en los tres meses de transición con cargo al 2016.

La concepción del poder de Fernández descansa en un inmenso entramado: más de dos millones de tarjetas, en diversos “programas sociales” la mayoría con montos que sólo sirven para mantener la pobreza, degradando y subordinando a las más ignorantes que agradecen esas migajas. En las clases medias invirtió cientos de miles de empleos sobre remunerados, miles de pensiones privilegiadas y de becas en el exterior. Y se entendió con sectores de poder económico y políticos a los cuales complació. Dio curso a un rentismo que alentó nuevos capitales. A los aliados políticos y figuras intocables de su partido les entregó parcelas de poder para que las administraran como el Inposdom (Modesto lleva 13 años ahí), la Cancillería, el Banco de la Vivienda, Bienes Nacionales, Inespre, Migración, Consejo de Frontera, Lotería Nacional, Desarrollo de la Comunidad, el IDSS, Superintendencia de Seguros, ministerios y otras.

La respuesta de Danilo. La respuesta pública de Danilo se produjo el jueves, cuando dijo que no busca hacerse líder, que no intentará reelegirse y que “lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga gracias Danilo porque en su gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

El artículo de Fernández provocó el público rechazo del Presidente a la degradación de los repartos, y se dice que la respuesta privada sería alentar precandidatos que compiten por la nominación presidencial del PLD para el 2016, como el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, por demás hermano del ministro de las Fuerzas Armadas y asistente clave del actual mandatario, quien esta semana lanzará formalmente su proyecto.

No sólo en esta respuesta, sino en su gestión, el presidente Medina ha tomado distancia de la doctrina del poder y corruptiva de Leonel, lo que explica en parte la alta aprobación que sigue teniendo. Pero no ha intentado desmontar la pirámide clientelista, temeroso de afectar intereses y alentar enemigos internos y entre sus aliados políticos.

La ley de partidos. Es obvio que Medina lleva sobre la cabeza, sin sustituirlos, a funcionarios como el director de Migración, José Ricardo Taveras, a quien le han bajado el protagonismo y de otros que le enmendaron sus planteamientos sobre la desnacionalización, o del embajador en España, César Medina, quien hasta le ha formulado advertencias en sus columnas periodísticas diarias.

Un ejemplo dramático es lo ocurrido con el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, y sus dos graves traspiés diplomáticos, cuando envió y publicó una carta al Papa, denunciando una “conspiración” del embajador de Estados Unidos ante el gobierno dominicano, y luego con otra carta pública rechazando el llamado de atención privado que le había hecho un vicecanciller. La respuesta oficial ha sido una desautorización diciendo que sus “desafortunadas declaraciones” fueron a título personal y no comprometen al gobierno. Pero no fue una “declaración”, sino una carta denuncia enviada al jefe del Estado donde está acreditado, que en cualquier caso debió cursarse al Gobierno dominicano. En términos diplomáticos la denuncia y rebelión de Grimaldi amerita despido ipso facto, pero ese puesto es parte del entramado intocable.

Una advertencia a Danilo

Por los recientes acontecimientos a lo interior de su partido, donde ha perdido poder ante el altar del presidente Danilo Medina, es obvio que Leonel disparó una advertencia al mandatario, diciéndole que los liderazgos están directamente proporcionados a la capacidad de distribuir “puestos y sobrecitos”. El metamensaje es que como Medina no podrá reelegirse, como lo hizo él, su liderazgo puede ser efímero.

Fernández pudo haber incurrido en un error costoso al ignorar el factor coercitivo del poder, que aludió, aunque el mismo no fue suficiente para impedir que Medina alcanzara la candidatura presidencial de su partido, como se intentó desde las posiciones de mayores repartos que encabezaban los “ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista y Díaz Rúa.

El artículo se inscribe en una larga serie de errores tácticos a los que ha sido inducido Fernández por el machismo político de sus financiadores, algunos disgustados porque los danilistas les cortaron lucrativas contrataciones, el mayor de los cuales ha sido el inicio demasiado prematuro de una campaña para el retorno en el 2016, apenas el Gobierno cumplió su primer año, lo que ha incentivado luchas internas.

Aunque Leonel lo ha negado, los danilistas le atribuyen responsabilidad en el escándalo internacional y crisis diplomática derivada de la sentencia que desnacionaliza decenas de miles de dominicanos, que ha consumido demasiado durante cinco meses, poniendo al Estado a la defensiva en el mundo globalizado y dejándolo en riesgo de una vergonzosa condena internacional por violación de derechos humanos.

El expresidente no necesitaba esa campaña precipitada, que ha reactivado sus rechazos, ya que tiene ventajas de liderazgo, posición de mando, deudas y lealtades en el PLD y de recursos multimillonarios que sólo una frontal y decidida acción del presidente Medina podría neutralizar, si apoyara contundentemente alguna opción o, menos viable, intentando abrir camino a la reelección.

Hay quienes todavía esperan que el Presidente desligue más claramente su gobierno de un clientelismo y rentismo clientelares que los códigos democráticos condenan y persiguen como malversación de fondos y tráfico de influencia, sobre todo en la sociedad del conocimiento de la que tanto ha teorizado el doctor Fernández. Una forma de comenzar podría ser que el Presidente aproveche su auge y promueva la aprobación del proyecto de ley de partidos con sanciones al abuso del patrimonio público en las actividades políticas.

 

Las pobres cuentas municipales

Por Juan Bolívar Díaz

Ningún impacto en la opinión pública tuvo la revelación esta semana de un estudio de la Cámara de Cuentas de la República sobre la administración de los recursos nacionales en los 155 municipios y 230 distritos municipales en los que se ha mini fragmentado el territorio nacional para que el reparto de lo público alcance a un mayor número de clientes, aunque sea con un pedacito del pastel.

Las violaciones a la ley 176-07 que debe regir las entidades municipales, y a las más elementales normas de administración y control de ingresos y gastos son como para que se dispusiera la intervención de una alta proporción de los cabildos. Pero aparentemente no hay autoridad preocupada por sancionar la malversación de los fondos públicos. Al fin y al cabo a los ayuntamientos y distritos municipales sólo llegó el 4.7 por ciento del total del gasto gubernamental en el esplendoroso año 2012, aunque la ley establece que deberían recibir el 10 por ciento.

No faltarán algunos cínicos que pretendan justificar el arrebato de la mitad de lo que corresponde a los municipios, bajo el argumento de que ellos no llevan cuentas claras de ingresos y mucho menos de los gastos. Pero entonces la ciudadanía debería negarse a pagar impuestos, habida cuenta que el país encabeza las 144 naciones incluidas en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en malversación de los fondos y en favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se expresa en gran medida en el gobierno central y la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado.

Ante todo hay que resaltar la fragmentación territorial y poblacional patente en el estudio. Menos de la tercera parte de los municipios, cuarentiocho, cumplen el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y de generar ingresos propios de al menos el 10 por ciento de su asignación del presupuesto nacional. De los distritos municipales apenas 11cumplen con el requisito de más de 10 mil habitantes y generar ingresos propios del 10 por ciento, y de los 230 sólo 47, el 20 por ciento, alcanzan la población mínima legal.

Los ayuntamientos administraron el año pasado 19 mil 165 millones de pesos y los distritos 16 mil 174 millones, la mayoría sin cumplir las normas de los registros contables y financieros y los procedimientos de control de gastos, compras y pagos, lo que, según el informe de la Cámara de Cuentas, imposibilita el debido monitoreo. Desde luego, como se trata de parcelas del Estado que se utilizan para mantener maquinarias políticas clientelistas y familiares, se detectan serias discrepancias en sus nóminas de empleados y las registradas por la Contraloría General de la República. Hasta en distritos municipales con ínfimos presupuestos se pueden encontrar nominillas paralelas. Y la cantidad de empleados no guarda relación con los servicios municipales.

Según el estudio, el 85 por ciento de las entidades municipales no cumplen el mandato legal que limita el gasto de personal al 25 por ciento de los ingresos y en el 98 por ciento se gasta menos del 40 por ciento que según la ley deberían destinar a obras de infraestructura.

El presupuesto participativo que hace unos años creó tantas ilusiones ha venido en retroceso y sólo 53 municipios y 36 distritos municipales lo mantienen, sin que la investigación arrojara evidencias de que se le da seguimiento a los compromisos contraídos con la comunidad.

Lo que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas es que las entidades municipales se administran a la conveniencia de sus autoridades, que se han afiliado al pragmatismo político de las nominillas, del nepotismo, y de la malversación sin escrúpulos de los fondos públicos. Todo ello al amparo de la impunidad prevaleciente en el país, donde no se sancionan ni los peores escándalos.

Lo peor es que la conciencia nacional parece anestesiada con tantas irregularidades y violaciones de las leyes fundamentales. Por eso llamó poco la atención el informe de la Cámara de Cuentas. No se ve razón alguna para que no prosiga la fiesta nacional de la malversación.-

Diagnóstico de deterioro político e institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.

 

La Navidad es solidaridad

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy probable que estas festividades navideñas sean “más frías” de lo que nos habíamos acostumbrado, debido al programa de austeridad impuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina tras el desguañangue de las finanzas que heredó de su antecesor. La querella se escucha por diversos medios, con nostalgia del enorme reparto de canastas de bebidas y alimentos por miles de millones de pesos a que nos había acostumbrado el despilfarro de los fondos públicos.

Hay que dar crédito al gobierno por la considerable reducción de un gasto que beneficiaba a los funcionarios mismos y sus familiares y relacionados, a comunicadores y líderes políticos y sociales que no necesitan esas ofrendas para celebrar la Navidad, aunque se reconoce que una parte se redistribuía a personas de ingresos medios y bajos.

Se justifica que se haya mantenido el reparto de cajas navideñas a los sectores más pobres, aunque muchos quisiéramos ver llegado el día en que estas boronas no sean necesarias. Debemos celebrar que el presidente Medina no haya utilizado estos repartos como mecanismo clientelista y que dispusiera un gran esfuerzo organizativo para evitar las humillaciones y hasta atropellos del pasado.

El programa de austeridad de este año debe tener efectos positivos como, por ejemplo, que nos permita asumir la Navidad con menos despilfarro, con una reducción de las bebentinas y comilonas que dejan al desnudo las tremendas disparidades y exclusiones de la sociedad dominicana.

Las circunstancias lucen propicias para reivindicar el origen de la celebración  de la Navidad, que no es otro que el nacimiento del profeta de profetas, Jesús, el Cristo, el hijo de Dios, o el humilde rabit de Galilea, nacido entre los pobres, quien vivió en la pobreza y se rodeó de gente sencilla para predicar un evangelio de solidaridad.

Para los que tuvimos la suerte de nacer en un batey azucarero dominicano  resulta muy fácil entender el espíritu de la Navidad, que siempre ha sido reafirmación de la fraternidad, búsqueda de los más desamparados, compromiso en la lucha por la justicia y el plátano para todos.

En esta Navidad nuestra solidaridad vuela a juntarse con Elena Lorac, encantadora muchacha de 23 años que lucha porque le expidan una copia de su acta de nacimiento para estudiar educación en una Universidad, o con Luis Felipe Fortiñez,   a quien ahora se le niega su condición de dominicano después de 47 años  de haber nacido en esta tierra, donde descansa su abuela, una inmigrante haitiana de principios del siglo pasado. En esos dos excluidos encarnamos la solidaridad con miles de hombres y mujeres, de todas las edades, condenados por simple decisión administrativa a vivir en un nuevo apartheid.

La solidaridad de la Navidad se extiende también a millares de obreros cañeros que durante años han reclamado el derecho a la jubilación para la que cotizaron durante décadas, regando con sangre, sudor y lágrimas los campos cañeros en los que se fundó durante un siglo el progreso dominicano.

Llegue también nuestra solidaridad a los cientos de miles de muchachos y muchachas a quienes esta sociedad negó el derecho a una educación y un empleo que les permita desarrollarse como persona, constituir una familia en ambiente sano y ser parte del progreso y la modernidad que pregonamos en los cenáculos del bienestar.

Sí, esta celebración, esta Navidad es para la reflexión, para los encuentros y reencuentros, para la solidaridad y la fraternidad. Que la paz de la Navidad nos alcance a todos y se reproduzca con generosidad. Amén.

 

Un país en retroceso

Por Juan Bolívar Díaz

Importantes reformas democráticas han sido aniquiladas. Primero  se  puso fin a la separación de las elecciones, lo que augura el fortalecimiento del clientelismo y el arrastre. Luego sobrevino la repentina e inconsulta resolución de la JCE que elimina el  voto preferencial y reduce el poder de los votantes.

La repentina e inconsulta resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que elimina el voto preferencial en la elección de los diputados se inscribe en un proceso de revocación de las reformas democráticas que se dio la sociedad dominicana en las últimas dos décadas.

La decisión contradice el artículo 79 de la Ley Electoral, que en 1997 instituyó las circunscripciones electorales fruto de consensos entre el sistema partidista y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el sistema de representación al otorgar al ciudadano la facultad de escoger a sus representantes.

Golpe sorpresivo.  A diferencia de cuando fue instituido el voto preferencial con una resolución del 2001, esta vez la JCE no realizó ninguna consulta ni vista pública previa. Fue la primera decisión adoptada por los cinco recién designados  integrantes  del organismo rector del sistema electoral que por efecto de la nueva Constitución de la República ya no tiene funciones contenciosas.

 Es obvio que los funcionarios electorales contaban con el beneplácito de las cúpulas dirigenciales de los partidos, pero parecieron asumir que la revocación no contaría con las simpatías de las instituciones sociales que defienden los derechos de la ciudadanía, en este caso a elegir sus representantes en el Congreso Nacional. No dieron oportunidad ni tiempo a que se formularan objeciones.

Hace varios años que diversos dirigentes políticos venían  reclamando la eliminación del voto preferencial aduciendo que el mismo lesionaba la unidad de los partidos porque sus candidatos competían entre sí por obtener el voto ciudadano. Adoptada la decisión, los  dos partidos mayoritarios expresaron su satisfacción a través de sus delegados políticos ante la JCE.

Los integrantes de la JCE anunciaron su resolución poco después de adoptarla en una reunión efectuada el viernes 29 de octubre, aduciendo que “el voto preferencial “afecta la democracia interna y pone en riesgo el sistema de partidos políticos”, sin la menor consideración por el derecho ciudadano a elegir. Dijeron que si algún sector político o legisladores estaban interesados en mantener el sistema podían introducir un proyecto de ley. A la ciudadanía no le reservaron ningún recurso para reivindicar  un derecho que estuvo vigente en las tres últimas elecciones legislativas.

Logro democrático.  El voto preferencial por los diputados quedó establecido en el 2001, aunque fue una consecuencia de la reforma a la Ley Electoral de 1997, que instituyó las circunscripciones buscando “acercar los electores a sus representantes”. Pero como la JCE adujo que no había tiempo para implementarlo en los comicios de 1998, se dispuso que entraría en vigor a partir de 2002.

 Fue parte de una oleada democrática que se inició en 1993 con la concertación de la Fundación Siglo 21, auspiciada por el Proyecto Iniciativas Democráticas con participación de todos los partidos reconocidos y consultas a la sociedad civil, y que un año después culminó en un consenso para reformas políticas e  institucionales.

Como consecuencia de la crisis política en que devinieron las elecciones de 1994 se produjo una reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones  congresionales y municipales de las presidenciales e instituyó la  mayoría absoluta en la elección presidencial, la doble nacionalidad, el voto de los residentes en el exterior y el Consejo Nacional de la Magistratura.

En los escenarios de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, luego rebautizada como Consejo Nacional para la Reforma del Estado, incluyendo el diálogo nacional celebrado en 1997-98, se insistió en ampliar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes al Congreso Nacional.

La reforma de 1997 estableció en el artículo 79 de la Ley Electoral que “Las elecciones nacionales para elegir diputados y regidores se harán mediante circunscripciones electorales con el objeto de garantizar que los ciudadanos que  resulten electos en las elecciones generales del 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen”.

Aunque en principio se dijo que también habría voto preferencial para la elección de los regidores, la JCE nunca lo implementó. Los partidos que lo aceptaron con renuencia en el caso de los diputados primero sostuvieron que “el pueblo no sabría utilizar la preferencia. Después comenzaron a descubrir que la competencia interna por las postulaciones creaba tensiones.

El poder a las cúpulas
Al protestar la eliminación del voto preferencial esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, que fue de sus promotores, adujo que esa decisión “violenta el espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral” y reduce la participación democrática de la ciudadanía. Durante años esa organización  y otros sectores de la sociedad civil han reclamado que el derecho al voto se amplíe para permitir que los electores no solo tuvieran opción a elegir su diputado preferido, sino también para eliminar el arrastre del senador, separándolo de los diputados.

La eliminación del voto preferencial por los diputados devuelve a las cúpulas dirigenciales de los partidos el poder de determinar quiénes pueden salir diputados en sus respectivas boletas, por el orden en que son inscritos, lo que es una fuente de privilegios y fomento del clientelismo que hasta el 2002 generaba conflictos.

De esa forma los que encabezan las listas en las circunscripciones pueden darse por electos desde que son inscritos en la JCE mientras los relegados a los últimos puestos “quedan de adorno”.

La reapertura de esa fuente de poder de las cúpulas dirigenciales atenta contra el derecho de la ciudadanía a elegir, y de los candidatos a recibir un trato igualitario, pues su suerte queda en manos de quienes establecen el orden de las propuestas de candidaturas.

No hay dudas de que la competencia se desbordó entre candidatos a diputados de los mismos partidos y que los que disponen de mayores recursos tendían a imponerse. Pero eso se controla en las democracias avanzadas limitando la inversión de cada candidato y la extensión de las campañas. Hay países donde sólo se les permite la promoción directa entre sus  electores, vetando la propaganda a través de los medios de comunicación masiva, como prensa, radio y televisión, para impedir la imposición del dinero, bien o mal habido.

Una cadena de retrocesos

La eliminación del voto preferencial por los diputados se inscribe en un proceso de revocación de los avances democráticos que se habían registrado en el país en las  últimas dos décadas, que ha incluido la reunificación en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales dispuesta en la nueva Constitución a partir del 2016.

Ambas regresiones están llamadas a reflejarse en fortalecimiento del clientelismo y del arrastre por parte de los candidatos presidenciales y, por consiguiente, en reducción de la pluralidad del Congreso,  en subordinación de los legisladores ante el Poder Ejecutivo y en incremento del presidencialismo.

En el proceso de reducción de la democracia se inscribe el hecho de que la mayoría de los candidatos al Congreso y los municipios en las elecciones de mayo pasado fueron señalados por las cúpulas partidarias, en detrimento del derecho de los militantes a elegir y ser elegidos, ya fuere por convenciones locales, o mediante la votación primaria que había ganado terreno en los últimos torneos electorales.

Si a ello se une la reciente decisión del Comité Central del partido de Gobierno de auto prorrogarse, ¡y por 5 años!, el mandato que recibieron de sus militantes, parece haber razones para sostener que está en marcha una regresión democrática.

Por lo pronto la última resolución de la JCE reduce la competitividad democrática y el derecho a disentir de las cúpulas partidarias que inscriben las candidaturas. Tras el registro de las candidaturas para los comicios de mayo pasado hubo decenas de denuncias de alteraciones de derechos obtenidos en los casos en que hubo convenciones o votación de las bases. Y la Cámara Contenciosa de la JCE tuvo que disponer numerosas enmiendas para hacer respetar la democracia interna de los partidos, lo que terminó de colmar la paciencia de las cúpulas dirigenciales y selló la suerte que acaba de correr el voto preferencial. Muerto el perro se acabó la rabia.