Ofensiva de radicales haitianos abona el odio y la confrontación

Por Juan Bolívar Díaz
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Las autoridades e instituciones nacionales y haitianas tienen que esforzarse en reducir el clima de confrontación que se viene incubando en la isla y que podría agravarse en las campañas electorales que ya tienen curso en las dos naciones donde históricamente caudillos y grupos políticos medran con la estigmatización del vecino.

En el país hace tiempo que se viene advirtiendo que el discurso del odio y la exclusión contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, que ya incluye a autoridades y comunicadores, generará violencia que hará imposible la cooperación a que están condenados dos países que comparten una pequeña isla.

Condena unánime y rápida. Como era de esperarse, la sociedad dominicana ha condenado rápida y unánimemente la agresiva y provocativa acción del núcleo vandálico que violó la jurisdicción del consulado dominicano en Puerto Príncipe, trepando a su techo y arriando la bandera nacional, que también fue quemada. Tal acción no sólo fue una ofensa a la nación dominicana, sino también un atropello al derecho internacional.

Por fortuna, las autoridades, el principal diario haitiano y los organizadores de una marcha pacífica que había precedido el vandalismo, condenaron de inmediato la acción, sin buscar ningún pretexto. Aunque queda establecer por qué no se previó mayor protección al consulado como se hizo con la embajada, en la circunstancia de una marcha que protestaba acciones dominicanas en perjuicio de haitianos. Esa escena de cuatro individuos, posando para fotógrafos sobre el techo del consulado, como si hubiesen escalado el monte Everest, parece una acción premeditada para agravar las relaciones bilaterales.

La marcha fue convocada por grupos de la sociedad civil haitiana que abogan por el entendimiento, y proclamaba la paz entre los dos pueblos, incluyendo el grupo 4 de diciembre, último esfuerzo en que se involucró el exembajador Guy Alexandre, poco antes de morir hace un año, en su papel de pregonero de la cooperación y la amistad en la isla. Entre los convocantes había personalidades reconocidas que fueron recibidas por el embajador dominicano Rubén Silié, con quien tuvieron un diálogo respetuoso y constructivo. Fue después de dispersada la marcha que un pequeño grupo montó la provocación en el consulado, como a un kilómetro de distancia.

El caso Henry Claude Jean. Lo ocurrido en Puerto Príncipe el 16 de febrero no sorprendió a quienes venían advirtiendo que el discurso del odio germinaría en grupos anti dominicanos del otro lado de la frontera. La marcha a la embajada dominicana era para pedir explicación sobre acontecimientos que les ofendían como el presumible linchamiento del joven haitiano Henry Claude Jean, ocurrida en Santiago el 11 de febrero, al día siguiente de que un grupo de encapuchados, entre gritos de guerra, quemara allí la bandera haitiana, lo que no fue condenado por ninguna autoridad. Allí también fue que un grupúsculo proclamó la necesidad de matar a 4 periodistas que consideran traidores a la patria por defender derechos de inmigrantes y sus descendientes.

El caso del limpiabotas Henry se convirtió en paradigmático, por las características de un crimen de odio y terror. Lo amarraron de pies y manos, le dieron muerte a palos y lo llevaron al parque Ercilia Pepín, donde lo colgaron de un árbol, frente al principal hospital regional y por donde pasa una ruta de transporte, lo que implica también un atrevido desafío. Por ello 150 personalidades haitianas escribieron al presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, considerándolo principal beneficiario del anti haitianismo, pidiéndole que condenara el presunto linchamiento. Y 62 académicos y activistas dominicanos residentes en el exterior pidieron lo mismo al presidente de la República.

Desde el primer día la policía de Santiago “descubrió”, sin la menor evidencia, que Henry había sido víctima de otros dos haitianos para robarle, porque se había ganado dos mil pesos en una banca de apuestas, sin identificación ni testigo. Con eso la policía y varios periódicos pretendieron cerrar el caso, pero como eso era insostenible y hubo muchas repercusiones internacionales, la siguiente semana el Jefe de la Policía Nacional se trasladó a Santiago para asumir personalmente la investigación, de la que 18 días después no se publican resultados. No ha habido un rechazo firme de las autoridades al discurso del odio, la estigmatización y amenazas de muerte.

Ofensiva de año nuevo. Ha habido toda una ofensiva anti haitiana desde que arrancó el 2015, que incluye otro crimen por aclararse, el de Lujis Jhoset el 18 de febrero en Comendador, Elías Piña, y para colmo los dos policías, un militar y dos civiles que asaltaron la residencia del embajador de Haití en Santo Domingo el 5 de febrero, fueron libertados de inmediato por decisión de una jueza, pese a los agravantes de uso fraudulento de uniformes de una empresa estatal, porte de armas de fuego, golpes y amarre del único guardián, amordazamiento de la empleada doméstica y robo de dos cajas fuertes, luego incautadas por la policía, sin los 18 mil dólares que contenía. Ese hecho desbordó el ánimo del embajador Fritz Cineas y determinó su dimisión, sintiéndose acosado.

En enero hubo un grave incidente cuando pescadores haitianos desbordados apedrearon el consulado dominicano en Anse-APitre, cerca de Pedernales, después que militares dominicanos le incautaran embarcaciones, lo que se denunció como secuestro del personal dominicano, porque este cerró las puertas hasta que intervinieron autoridades. El Gobierno supo que no hubo secuestro y que el incidente fue en aguas haitianas, según confidencia de un funcionario y del senador por Pedernales. Esos pescadores denuncian frecuente extorsión por autoridades nacionales que les incautan hasta los motores de sus botes. Eso dejó claro que se aproximaban agresiones del otro lado de la frontera.

La vocería anti haitiana creció con la versión de que se habían construido viviendas para “un asentamiento de inmigrantes haitianos” en Sosúa, Puerto Plata, pero a más de un mes todavía se espera el informe de la Comisión del ministerio de Interior y del Congreso que fue a investigar el infundio. La realidad es que desde los años ochenta un ministerio evangélico ha construido 1,200 casitas para sustituir las barracas de los bateyes azucareros, en beneficio de los que allí vivían por décadas, dominicanos, dominico-haitianos y haitianos. Durante semanas estos inventos generaron un incremento de la prédica anti haitiana en los medios de comunicación, donde se pedía energía al Gobierno.

Hubo pruebas de deportaciones masivas de haitianos que buscaban acogerse a la regularización, en violación del decreto que la instituyó, como el centenar que eran llevados por monjas al centro de registro de San Juan de la Maguana. La valentía de las religiosas y del obispo Sergio Grullón, determinaron que al día siguiente se les dejara volver al país.

Chantajean al gobierno. Los grupos ultranacionalistas, que han ganado cada vez más espacio como aliados del PLD, no solo estigmatizan a los comunicadores que los contradicen, sino hasta al propio presidente Danilo Medina, a quien colocaron en la galería de “traidores a la patria” exhibida el viernes, Día de la Independencia, en el Altar de la Patria, donde acosaron y empujaron a defensores de derechos humanos. Ya el Día de Duarte, 26 de enero, se habían escuchado allí mismo gritos de “Danilo traidor”.

Es significativo que esos gritos salen de grupos en los que abundan empleados públicos, como en Santiago, y desde un grupo político aliado que acusa a funcionarios del Gobierno de servir al interés extranjero. Los ataques han sido más virulentos contra el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y su equipo técnico, después que éste proclamara en una reunión bilateral con Haití el 10 de julio pasado, el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales, considerando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.-

Fue positivo que el presidente Medina no buscara beneficio político con lo del consulado en su discurso del viernes, pero tendrá que hacer esfuerzos para frenar “lo que se aproxima”. Por ejemplo, impidiendo que en medio del vendaval su ministro de Interior y Policía piropeara a los vecinos diciendo que Haití es un estado fallido. Aunque lo fuera.

A ese esfuerzo tendrán que concurrir los periódicos y empresarios dominicanos que deben abandonar hipocresías y reconocer que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana, aunque bajo regulaciones, y que los últimos datos disponibles indican que en la primera mitad del 2014 sus exportaciones formales hacia Haití sumaron 560 millones de dólares, y las importaciones 68.7 millones de dólares.-

Un llamado a parar la siembra de odios

Por Juan Bolívar Díaz
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Más que por temor a perder la vida, la denuncia de cuatro periodistas sobre incitaciones a matarlos, expresadas en plazas públicas y por medios de comunicación, es una apelación al Gobierno y a los sectores responsables para concertar un esfuerzo que detenga la siembra de odios y estigmatizaciones que podría generar una gran tragedia.

Es alentadora la respuesta de innumerables instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han enfrentado a minorías fanatizadas, planteando que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a los principios básicos del orden democrático, pero preocupa el silencio de las autoridades.

Ofensiva sin precedente. El periódico HOY lo planteó en su editorial del martes: “Nunca en este país, ni siquiera en épocas de oscurantismo, el fanatismo había llegado al extremo de llamar pública y abiertamente a matar periodistas por estos defender sus criterios con el derecho y la libertad que les garantiza la Constitución”.

La incitación a matar a “los Huchi Lora, Roberto Cavada y Juan Bolívar Díaz”, pronunciada ante cámaras de televisión y en un acto público en ocasión de la festividad del natalicio del fundador de la República, fue una expresión más del fanatismo que se está cultivando a nombre de un extremo nacionalismo, que podría llevar a personas desequilibradas a actos que pueden desembocar no solo en agresiones y asesinatos sino en tragedia de graves repercusiones internacionales.

La agresiva campaña comenzó para la festividad de la Restauración de la República en 2013, cuando ante el Altar de la Patria un grupo encabezado por el escritor Manuel Núñez y la comentarista Consuelo Despradel gritó la consigna de “muerte a los traidores”, identificando a varios de los periodistas que han defendido derechos humanos.

Tres meses después se ordenó la impresión de tres millones de volantes en los que se caricaturizaba a Lora y Díaz, como supuestos traidores a la patria, los que una editora se negó a imprimir.

Se presentó a las autoridades judiciales copias de los volantes que serían lanzados desde el aire y la orden de impresión por 390 mil pesos de la empresa RB Publicidad.

Lo que motivó la denuncia del lunes 2 fue el paso que dieron los promotores de muerte al acosar a los periodistas Amelia Deschamps y Roberto Cavada, a quienes individuos siguieron en dos supermercados diferentes, insultándolos y advirtiéndole que los matarían lo mismo que a Huchi y Juan Bolívar.

Los verdaderos ideólogos. El principal ideólogo de la campaña de muerte es la Fuerza Nacional Progresista, un partido aliado al Gobierno que en la última elección le aportó 0.62 por ciento de los votos, en especial su diputado por herencia Vinicio Castillo Semán, quien a través de un programa diario de televisión, en un periódico digital y por las redes electrónicas difunde calumnias y estigmas contra los que consideran traidores a la patria.

Los Castillo son promotores de una denominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional y una Fundación por la Soberanía, cuyo fervor nacionalista se ha reproducido en algunos núcleos en el interior del país, como el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), que convocó la manifestación del 25 de enero en un parque de Santiago a la que asistió una veintena de personas.

En un volante distribuido el viernes en Santiago cuando la procuradora fiscal interrogaba a Díaz Estrella, se sostiene que “la nación está siendo agredida con la complicidad del Gobierno traidor, cobarde y boschista de Danilo Medina”.

Formulan una mezcolanza, afirmando que el Gobierno está “guiado por los imperialismos yanqui y europeo, por la Iglesia Católica-Vaticano y demás sectas religiosas, y los gobiernos cubano, venezolano y argentino”, junto a los comunicadores dominicanos traidores a la patria.

También ante el Altar de la Patria el Día de Duarte, se escucharon gritos de “Danilo traidor a la patria” y de “muerte a los traidores”.

Díaz Estrella, quien arrastra una condena por homicidio involuntario en ejercicio de la medicina, es un viejo militante del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) al igual que uno de sus abogados, Jorge Mora, y varios de sus miembros. Ese grupo político generó confrontaciones con otros de la izquierda con balance de varios muertos en la década del setenta.

Pero es significativo y preocupante que jerarcas de la categoría del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el arzobispo cardenal López Rodríguez coincidan con los núcleos nacionalistas en denunciar una supuesta conspiración contra la soberanía nacional, como hicieron el Día de Duarte.

No al discurso del odio. Decenas de organismos nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, de periodistas, de derechos humanos, sindicales, religiosas y sociales de todo género se han manifestado en solidaridad con los periodistas amenazados, pero llama la atención el silencio de las autoridades y del partido de Gobierno y sus dirigentes.

El presidente Medina instruyó al Jefe de la Policía Nacional para investigar la denuncia y envió al ministro de Interior y policía y al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones a ofrecer protección a los denunciantes.

El periodista Díaz agradeció ambos gestos, pero dijo que prefería ver al Presidente desautorizando y condenando las incitaciones públicas a matar y el discurso del odio, como han hecho recientemente la premier alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Francois Hollande, antes y después del grave atentado terrorista de enero en París, rechazando firmemente los discursos del odio tanto de los fundamentalistas como de grupos ultranacionalistas que promueven la xenofobia.

Al igual que el Papa Francisco, esos mandatarios han defendido los derechos de los inmigrantes y sus descendientes y los aportes que hacen a sus economías. Merkel fue tan lejos como encabezar, junto al presidente alemán, Joachim Gauck, una manifestación contra los odios y exclusiones en la histórica Puerta de Brandeburgo el 13 de enero.

Enlutado por la docena de muertos en París, Hollande, empero, proclamó que “los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo”, desligándolos de responsabilidad en el terrorismo yihadista.

Entre las múltiples muestras de condenas a la incitación a matar periodistas dominicanos, resalta la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que gastó cientos de miles de pesos para publicar un enérgico comunicado en todos los diarios nacionales dándose por conmocionado por las incitaciones a matar periodistas.

Formuló un “llamado de alerta a las autoridades y la clase política para que pongan en marcha acciones que promuevan la concordia, la unión, la tolerancia y la fraternidad en nuestra sociedad, así como a interponer sus buenos oficios para que se depongan actitudes extremas”.

La fobia antihaitiana

La denuncia de los cuatro periodistas, Deschamps, Lora, Cavada y Díaz advierte de una ofensiva encaminada a callarlos y contra la libertad de prensa, promovida por un grupo político cuyos intereses y negocios ellos han afectado con denuncias como la frustrada estafa de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, los fraudes bancarios y el oneroso contrato de los rayos X para los puertos.

Pero no hay dudas que la fobia antihaitiana es una de sus más fuertes motivaciones, y de ahí los ataques a todos los periodistas, articulistas y dirigentes sociales que han rechazado la desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares que habían sido registrados como dominicanos. En las últimas semanas han puesto en Internet una “galería de mercenarios”, con las fotografías de diez de los dirigentes del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Ahí también aparece Díaz y la antropóloga y comentarista de televisión Ana Selman, el director del Centro Bonó, Roque Félix, los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa, el sacerdote Mario Serrano, el artista Víctor Víctor, la sindicalista Eulogia Familia, el sociólogo Wilfredo Lozano y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez.

En un artículo publicado esta semana titulado “El masacre se pasa a pie; la masacre no”, Melvin Mañón rememora la matanza dominicana de haitianos en 1937 y sostiene que la fobia antihaitiana está promoviendo otra con una serie de acciones y saturación de odio a través de medios de comunicación. Y justo esta misma semana un guardián disparó hiriendo a seis haitianos que reclamaban salarios vencidos en una construcción estatal.

 

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

Por Juan Bolívar Díaz
nacionalista jce

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

 La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

 

Toca al PLD revocar el “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz
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Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.

En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.

El cerco internacional. Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El Gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.

La más grave violación. Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.

Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”

Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional, que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.

El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.

Entre Danilo y Leonel. El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al Gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente, tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.

Los que dentro del Gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.

Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del Gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.

Ley de Convalidación

El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.

El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-

Divisiones al granel.

La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.

La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez, aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos, que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.

En el Gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.

Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se le atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.

 

Regular la inmigración requiere voluntad política

Por Juan Bolívar Díaz

Compelido por el escándalo internacional generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de personas, el Gobierno del presidente Danilo Medina comienza a mostrar la voluntad política que faltó a sus predecesores para regular y controlar la intensa inmigración haitiana.

La suspensión temporal de las deportaciones es una demostración de valentía, que los ultra nacionalistas no entienden, para crear un clima de confianza que abra espacio al Plan Nacional de Regularización de los Inmigrantes que se trata de implementar con muchos años de retraso.

Varios pasos adelante. Tras el escándalo internacional producido por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que en septiembre avaló el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, el Gobierno parece encaminado a afrontar el plan regulador de inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y demandado por decenas de entidades sociales.

En apenas un trimestre se han emprendido acciones fundamentales como el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, se puso en vigencia el Consejo Nacional de Migración, se dio curso al Instituto Nacional de Migración, y se nombró como su directora a la doctora Flor Rojas Rodríguez, con vasta experiencia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, y se dispuso la suspensión temporal de las deportaciones.

Al mismo tiempo el Gobierno ha procurado la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, al tiempo que abrió un diálogo con las autoridades de Haití que incluye los desafíos migratorios, además del comercio bilateral, la seguridad fronteriza y medio ambiente.

Los organismos recién implementados están contemplados en la Ley General de Migración promulgada en agosto de 2004 por el presidente Hipólito Mejía, cuyo reglamento debió ser adoptado a los seis meses, pero el Gobierno del presidente Leonel Fernández lo dilató por más de siete años, hasta octubre de 2011.

También los contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fueron incluidos en el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones” de mayo de 2013 asumido por 140 instituciones sociales y no gubernamentales, empresariales, sindicales, religiosas, académicas y comunitarias.

De la algarabía a la eficiencia. La voluntad política manifiesta por los voceros oficiales indica el propósito de rebasar la algarabía y la denuncia antihaitiana para concentrarse en un trabajo eficiente en dos direcciones, primero regularizar los extranjeros indocumentados que ya residen en el país, y segundo controlar y racionalizar el flujo, reduciéndolo a lo que demande el desarrollo nacional.

Tanto el presidente Danilo Medina como sus principales ejecutivos saben que no es fácil cambiar la tradicional política frente a la inmigración, 87 por ciento de haitianos, primero porque se trata de una frontera terrestre, permeable por múltiples recovecos, pero sobre todo por los intereses económicos que la han alentado durante un siglo, especialmente de los empresarios agrícolas y del propio Estado que han preferido disponer de una abundante mano de obra barata en incapacidad de reclamar, a la cual no se le reconoce ningún aporte al desarrollo dominicano. A ello se suma los beneficios del tráfico de personas, obtenidos por militares, policías, políticos y autoridades locales.

Sin embargo, el mandatario parece convencido de que urge pasar del discurso y la algarabía antihaitiana a las realizaciones positivas, que den fruto, lo que no ha ocurrido en la última década cuando no solo la dirección de Migración, sino también el Consejo Nacional de Frontera, dirigido por Norberto Rondón, han estado en manos del partido que encarna el ultranacionalismo, como lo resaltó el historiador Bernardo Vega en su artículo “Es Culpa Nuestra”, HOY del 17 de enero.

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, el 38.6 por ciento de los 524 mil 632 ingresadas al país habían llegado entre 2010 y el 2012, cuando se hizo la investigación. Como el 23.6 por ciento dijo haber inmigrado en el período 2006-09, y el 18.5 por ciento entre el 2000 y 2005, hay que convenir que dos terceras partes ingresaron en los 8 años consecutivos del gobierno de Leonel Fernández, cuando los ultranacionalistas dirigieron los organismos claves de control migratorio y protagonizaron el antihaitianismo. Y los siguen dirigiendo, aunque en las últimas semanas parecen relegados.

Un discurso hipócrita. En principio se traficó y alentó la inmigración haitiana para la agroindustria azucarera, que luego se fue desplazando a la agricultura en general y a la industria de la construcción, mientras los dominicanos se iban en yola a Puerto Rico para encabezar allí el trabajo en esos mismos sectores. Pero en los últimos años ha invadido la informalidad de los chiriperos, el trabajo doméstico y de vigilancia y comienza a ser visibles hasta en los hoteles turísticos.

Con un discurso hipócrita, muchos de los explotadores de esa mano de obra figuran entre los que denuncian “la invasión pacífica haitiana”, incluyendo familias de clase media que los tienen dentro de sus propias casas, como trabajadores sin horario, seguridad social ni vacaciones. En un almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio hace varios años un empresario denunció la documentación ilegal de haitianos, y cuando se le preguntó cómo lo había determinado, él mismo dijo que por uno de sus trabajadores haitianos. En una reunión de profesionales un religioso proclamó que los haitianos odian a los dominicanos, pero no pudo explicar cómo, con esa convicción, él tenía una haitiana dentro de su casa y preparándole la comida.

Solo la complicidad gubernamental explica que el presidente Fernández casi agotara sus últimos 8 años de gobierno para promulgar el reglamento a la Ley de Migración y que no diera vida a los organismos que instituye, como ahora hace su sucesor. Su ministro de Agricultura Salvador Jiménez aceptaba que ya más del 80 por ciento de la mano de obra rural es de origen haitiano. Y el constructor del tren subterráneo de Santo Domingo, Diandino Peña, proclamó que no había forma de construir esa obra sin emplear haitianos.

Más allá del Plan de Regularización, las autoridades tendrán que rescatar la disposición del código laboral que limita a 20 por ciento la contratación de trabajadores extranjeros, por lo menos en las obras públicas, para dar ejemplo y reducir a mediano plazo la inmigración y verificar por qué crece el empleo de haitianos en los servicios turísticos, y si es que también en esos ámbitos los dominicanos son renuentes al trabajo.

Mientras tanto, es un pecado capital confundir la regularización de inmigrantes irregulares, con la desnacionalización de los descendientes de extranjeros que nacieron en el país desde 1929, como dispuso el Tribunal Constitucional. Según la Encuesta de Inmigrantes serían 244,151, de los que 209,912 descienden de haitianos. El 55 por ciento dicen poseer acta de nacimiento dominicana.

Pretender cambiarle el estatus por una naturalización puede reducir el escándalo internacional, pero como ya advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no librará al país de condenas por violentar un derecho tan fundamental como el de la nacionalidad.

 Prioridad del Gobierno

La importancia que el Gobierno confiere a la regulación de la inmigración queda de manifiesto en el hecho de que la política al respecto ha sido asumida desde el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular Gustavo Montalvo no ha vacilado en defender la suspensión de las deportaciones, fundamental para crear el clima de confianza para que los extranjeros indocumentados respondan la convocatoria a regularizar su estatus.

Es lo que se ha hecho en múltiples países para regular la inmigración en aras del interés nacional, porque se asume que si están deportando indocumentados, estos no tendrán confianza en presentarse ante las autoridades, lo que no implica que siga el flujo de inmigrantes, por lo que al mismo tiempo se ha dispuesto multiplicar la vigilancia para impedir que siga su curso.

El protagonismo en la aplicación del plan correspondería a la Dirección General de Migración, cuyo titular José Ricardo Taveras es dirigente del pequeño partido (0.73 por ciento en la elección presidencial del 2012) que encarna la ideología ultranacionalista, la Fuerza Nacional Progresista, y fue responsable de un intento de regularización que en el último año y medio apenas logró registrar a 200 inmigrantes, en gran medida por conferirle un carácter más recaudador que regulador.

Solo por la emisión del carné Migración estableció una tasa de 15 mil pesos que hubo de reducir a 12 y luego a 7 mil 500 pesos, como para que nadie se regulara.. Empresarios agrícolas y de la construcción estimaron que el costo total de regular un trabajador extranjero pasaba de 34 mil pesos (más de 700 dólares), haciéndolo inviable.

El proyecto de regulación elaborado originalmente por Migración fue modificado fundamentalmente por iniciativa de la Presidencia de la República para hacerlo viable, privilegiando el interés nacional en regularizar a más de medio millón de extranjeros inmigrantes que habría en el país de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada el año pasado por el Gobierno.

 

La veeduría en el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando me invitaron a formar parte de una Comisión de Veeduría de las compras y contrataciones del Ministerio de la Presidencia del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuve el menor titubeo, aunque  puse una condición: que los demás integrantes fueran personas de convicciones éticas, preocupadas por el mejoramiento de la gestión pública.

 Tres razones fundamentales me obligaban a aceptar esa responsabilidad. La primera es que no podía negar esa colaboración a un ministerio encabezado por un político de la integridad demostrada de Gustavo Montalvo, y de un gobierno que hace esfuerzo por reducir los altos índices de corrupción que corroe la función pública y  por mejorar la transparencia en su gestión.

 La segunda es que quienes luchamos por el mejoramiento de la gestión gubernamental estamos en el deber de incentivar y respaldar cualquier esfuerzo en esa dirección, aún a costa de echarnos encima nuevas responsabilidades que consumen el tiempo de descanso o del esparcimiento.

 Tercera, porque las experiencias en seguimiento a contrataciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL) habían sido gratificantes, pues demostraron que la transparencia y la honestidad en concursos y licitaciones  generan inmensos beneficios. Entre el 2005 y el año pasado, Promese se economizó cientos de millones de pesos por reducción hasta la quinta o décima parte del costo original de sus compras.

 El concurso de Indotel para la portabilidad numérica demandó a los veedores decenas de horas de trabajo en múltiples sesiones, con el agravante de que hubo que repetirlo, pues junto a sus técnicos y ejecutivos acordamos una segunda convocatoria cuando las primeras ofertas resultaron insatisfactorias.

 Los titulares de esos organismos, Elena Fernández y José Rafael Vargas, y sus respectivos equipos técnicos, se graduaron en la transparencia. No tuvieron que darnos nada, como tampoco nos pidieron incondicionalidad ni que dejáramos de ser críticos con la gestión del gobierno del presidente Leonel Fernández al que servían. En ambos casos dejamos constancia pública del éxito.

 Con mucho orgullo me cuento entre los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que arriba a su vigésimo aniversario, colaborando con decenas de instituciones estatales en un esfuerzo, no siempre exitoso, por mejorar la gestión pública, por reducir la discrecionalidad y la corrupción.

 PC ha firmado convenios y ejecutado programas junto a ministerios como el de Función Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Salud Pública, con la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, con el Congreso Nacional, Junta Central Electoral, Consejo Nacional de Reforma del Estado, con múltiples ayuntamientos y otras entidades públicas, además de los mismos partidos políticos. Ha habido resultados exitosos y aceptables, como también verdaderos fracasos, pero eso no nos ha impedido seguir luchando con los políticos y ejecutivos que tenemos. Aunque a decir verdad con momentos de desaliento.

 Lo que no podía prever es que la integración de esta comisión de veedores, despertaría tantos demonios y generaría tantos cuestionamientos a sus auspiciadores. Tampoco que motivaría una nueva tanda de infamias, insultos y descalificaciones, que ya se extienden a mi familia, de parte de fanáticos que pretenden la eliminación de la disensión, la crítica y la promoción de principios y valores consubstanciales al buen periodismo que me enseñaron en las aulas universitarias.

 Como hay tanta ignorancia y algunos quieren generalizar sus propias mezquindades  debo advertir que no hemos pasado a ser funcionarios gubernamentales y que la misión es gratuita, un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad social.

Espero que el esfuerzo fructifique, pero si no resultara así, prometo no suicidarme ni frustrarme ni declararme indiferente. Hasta la batalla final.

El congreso del PLD agudiza las tensiones

Por Juan Bolívar Díaz
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La proximidad del inicio del Octavo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha agudizado las tensiones entre quienes aspiran a una renovación dirigencial con miras a la candidatura presidencial del 2016 y los leonelistas que entienden que debe volver quien les ha permitido disfrutar del poder durante 12 años.

Entre seguidores y voceadores del expresidente Leonel Fernández no se oculta la inconformidad con la gestión de Danilo Medina y su sello de austeridad y moderación y buscan mediatizar una renovación pendiente de cargos gubernamentales que daría más independencia y protagonismo partidario al actual mandatario.

Almeyda lanza dardos

Cinco días después Franklin Almeyda, también fundador del PLD, cuestionó a Jiménez por haber descalificado a Fernández, y reivindicó al expresidente como virtual candidato, al sostener que la unidad alrededor de éste y de Medina es lo que les garantiza retener el poder en 2016. El exministro de Interior y Policía del pasado Gobierno, y uno de los pocos altos dirigentes sin cargo gubernamental ahora, atacó directamente al ministro de la Presidencia de Medina, Gustavo Montalvo, a quien acusó de pretender reducir la presencia del PLD en el Gobierno y de rodearse de gente de la sociedad civil, advirtiendo que los peledeístas pelearán para no dejarse desplazar.

También se quejó de que gente del gobierno asume que en el pasado régimen no se hizo nada, afirmando que el programa de seguridad ciudadana anunciado por el actual gobierno es el mismo que él impulsó en el pasado. Según Almeyda elementos que rodean a Montalvo forman parte de una especie de conjura para debilitar al PLD, en la que incluyó al Consejo Nacional de la Empresa Privada, el movimiento Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los “infiltrados” de la sociedad civil a que alude Almeyda son viceministros, asesores y directores que como Antonio Isa Conde, Ramón Tejada Holguín, Luis Henry Molina y Pedro Luis Castellanos integraron el equipo técnico del sector externo que apoyó a Danilo Medina en la campaña electoral y del que formaron parte también varios empresarios, pero ninguno dirigente del CONEP, entre ellos el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Ya en el gobierno Medina integró como asesores económicos a Nelson Suárez e Isidoro Santana. Una dirigente peledeísta confió que estos dos “han causado irritación porque fueron muy críticos de la política económica del gobierno de Leonel e ideólogos  del Foro Ciudadano y del Centro Juan Montalvo de los jesuitas”.

Amarante dispara la alarma

La rapidez y contundencia con que Carlos Amarante Baret, uno de los peledeistas que apoyó a Medina cuando los leonelistas le cerraron el paso para el 2008 y también cuando lo intentaron para el 2012, respondió al día siguiente a Almeyda, disparó la alarma en el partido. No se anduvo con diplomacia ni medias tintas en una declaración escrita de 14 párrafos que él mismo distribuyó a los medios informativos.

Amarante, actual director del Instituto Dominicano de  Telecomunicaciones, no se limitó a defender a Montalvo, sino que acusó a Almeyda de “confrontar al Presidente de la República”, emplazándolo a dar la cara en la reunión que esa noche sostendría el Comité Político del partido. Y, más aún, advirtió que si Franklin decide llevar a cabo una línea de denuncias contra el régimen, “vamos a movilizar a las bases para defender el gobierno de Danilo Medina, que es del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados”.

Temístocles, Felucho, Almeyda y Amarante tienen en común que son de los 26 integrantes del Comité Político, que en su reunión del martes 16 pidió un alto al fuego y hasta decidió reunirse cada quincena para que se puedan debatir allí, en familia, las diferencias que han creado tensiones.

Irrumpen otros actores

Por primera vez se reportó que hubo peledeístas con carteles al frente del local donde sesionaba el máximo organismo ejecutivo. Y desde las bases partidarias saltaron  al escenario público otros protagonistas, cuando 53 presidentes de comités intermedios, miembros y exmiembros del Comité Central anunciaron una propuesta conjunta de reformas estatutarias, luego de haber sopesado la Constitución, varias leyes adjetivas y los anteproyectos de leyes de partido que reposan en el Congreso Nacional.

Dijeron que también sopesaron los estatutos, la declaración de principios del partido, y que luego de haber “estudiado la teoría boschista” decidieron formular su propuesta de reformas “retomando los principios que nos dieron origen”. Expresaron esperanzas de que la mayoría de los delegados aprueben sus propuestas y que luego no se repitan “las flagrantes violaciones” de que fueron objeto resoluciones de anteriores congresos.

El grupo que tuvo como vocero público al secretario de Medio Ambiente del PLD, Paíno Abréu, plantea que no se abulte la matrícula del Comité Central como se ha propuesto al Congreso. En cambio el dirigente intermedio Jimmy García se quejó de que no se propone elegir los integrantes del Comité Político y el Comité Central, que se auto prolongaron su período apelando a la ratificación de un plebiscito en el 2011, junto a la elección del candidato presidencial, reprobado por el 30 por ciento.

No han dado tregua

Las tensiones en el PLD se originan en que Leonel Fernández y sus seguidores no han dado tregua y se han mantenido moviéndose para garantizarse el retorno al poder en el 2016, mediatizando los esfuerzos de Danilo Medina por imprimir su propio sello al gobierno, y porque seguidores del mandatario no han olvidado las afrentas e intentos de aniquilamiento que sufrieron.

A diferencia de lo que es normal, ejemplos de México y Brasil, donde los presidentes salientes, aún del mismo partido, se inhiben algún tiempo, Leonel Fernández parece haber seguido el camino de su amigo Alvaro Uribe, cuyo prolongado protagonismo lo ha llevado a confrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. El dominicano se ha mantenido pronunciando discursos, incluso en vísperas de los de Medina, como ocurrió a los cien días y antes del informe presidencial del 27 de febrero cuando en una asamblea de dirigentes del PLD y en mítin ante el Altar de la Patria, pronunció discursos de corte electoral adelantando que su partido “gobernará durante 20 años” y después que “será una fábrica de presidentes”.

Eso mientras el 25 de febrero, Diario Libre recogía el anuncio del alcalde capitalino Roberto Salcedo, de que “estoy trabajando para que Leonel vuelva a la Presidencia en el 2016”. Y la inmensa maquinaria mediática montada por Fernández no ha cesado de promoverlo y darlo como candidato seguro en el 16, sin economizar críticas abiertas y sutiles e intentos de chantaje al gobierno de Medina.

Hasta se burlan de Danilo

Los leonelistas se han burlado “de la austeridad de Danilo”. Se quejaron de que transparentara el inmenso hoyo fiscal que le heredaron, de que no reprimieran las manifestaciones y “juicios populares” contra Leonel, de su rectificación del reparto de Bahía de las Aguilas, de su denuncia del infame contrato con la Barrick Gold, de que no reprimieran las manifestaciones y hasta de que recibiera en el Palacio Nacional a Hipólito Mejía, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos en mayo pasado. Además del Ministro de la Presidencia, también han denunciado agriamente la gestión del  Procurador General y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y hasta la del ministro de Economía, a quien algunos tratan de “traidor”.

Ese protagonismo y abiertas provocaciones han causado escozor entre danilistas e independientes, algunos incluso se quejan “de la paciencia” con que el presidente se ha conducido, otros reclaman las remociones de funcionarios ejecutivos, diplomáticos, militares y policiales que esperaban al inicio del gobierno y que luego se voceaba que vendría el 27 de febrero. La incesante promoción de Fernández, a quien atribuyen “buscarse distinciones en el exterior para reafirmarse en el interior”, es lo que ha movilizado a quienes creen en la renovación del liderazgo y los candidato.

Un excelente observador cercano al presidente sintetizó la situación, expresando su convicción de que “la sangre no llegará al río, porque todos los sectores se necesitan”, pero también advirtió que las tensiones aumentan en la medida en que los peledeístas perciben que ningún partido amenaza su reinado. “La falta de oposición externa desplaza las luchas a lo interno del PLD”.

Tensa negociación Gobierno-Barrick

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno y la minera Barrick Gold han seguido negociando tras el enérgico reclamo del presidente Danilo Medina de una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata provenientes de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, aunque la oferta empresarial parece muy distante de la expectativa.

En un clima de exacerbación nacionalista el Gobierno elevó su ofensiva con la retención del último embarque de oro y plata, buscando forzar un “acuerdo amigable”, consciente de que los términos del contrato no le son favorables en el escenario de un arbitraje internacional que podría resultar de la imposición legislativa planteada.

La “solución amigable”.  Tras el virtual ultimátum público contenido en el  discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero reclamando una mayor participación inmediata en los beneficios de las exportaciones de oro y plata, las conversaciones entre el Gobierno y la minera Barrick Gold han proseguido, como antes,  bajo rigurosa confidencialidad, con ofertas de transacción sin modificar el contrato, pero hasta ahora lejanas de las expectativas gubernamentales.

Apenas horas después del reclamo presidencial, la Barrick emitió un documento en el que confirmaba que “hemos sostenido acercamientos amigables con el Estado dominicano”. El presidente Medina había reclamado una renegociación del contrato, y dijo que tras decenas de reuniones se estaba llegando al límite de la paciencia.

En una carta del presidente de la minera, el exdiplomático estadounidense Manuel Rocha, precisó que en once reuniones “nuestra empresa propuso varias fórmulas fiscales al Estado”, pero todas fueron descartadas. Fragmentos de esa carta fueron publicados esta semana por el periodista Marino Zapete y reproducidos por Acento.com. La Barrick confirmó luego la misiva, aunque rechazando que contuviera términos ofensivos para el primer mandatario, como se había comentado.

La empresa prefiere hablar en términos de acuerdo amigable, lo que quedó de manifiesto cuando el 4 de marzo su gerente de Comunicaciones, Jorge Esteva, dijo a la periodista Alicia Ortega que la renegociación del contrato “no está sobre la mesa”, reiterando la disposición al diálogo para “buscar alternativas para contribuir a paliar el déficit del Estado”, señalando que “no entendemos la necesidad de una renegociación”, llegando a expresar esperanzas de que “estén considerando las consecuencias” de la imposición del impuesto adicional que había planteado el presidente Medina apenas cinco días antes.

La fórmula de Balaguer.  El Gobierno sigue buscando el acuerdo amigable poniendo la máxima presión a la Barrick en un ambiente de exacerbación de sentimientos nacionalistas estimulados entre legisladores, dirigentes políticos y sociales y a través de la inmensa maquinaria mediática progubernamental.

El presidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez se expresa en términos radicales, asegurando que no permitirán afrentas; el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas habló de “tumbar guaraguaos y halcones”; el diputado Luis Jiménez pidió militarizar la mina, y el diputado Juan Hubieres, auto denominado “comandante rebelde”, reclama nacionalizarla.

Comentaristas han hablado de comprar la empresa, sin considerar su valor, aparte de los cuatro mil millones de dólares invertidos.

Por su parte, una comisión de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el contrato con la Barrick ya “pudo identificar violaciones a varias disposiciones constitucionales, a la Ley 146 sobre Minería y a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00”, que lo invalidarían.

En tanto 161 intelectuales y artistas daban pleno apoyo al Presidente de la nación y, sin la menor alusión a los responsables nacionales, denuncian “inmorales manipulaciones utilizadas por las voraces empresas multinacionales para acordar los abusivos y lesivos contratos que les permiten explotar los recursos naturales…cuyos términos resultan manifiestamente ilegales”.

En ese contexto, que sectores empresariales empiezan a temer como expresión de “populismo político”, fue que decidieron desempolvar “el librito de Balaguer”, quien en su momento instruyó a su director de Aduanas para que dificultara las exportaciones de ferroníquel de la Falconbridge, presionando una revisión del contrato que las amparaba, y logró el objetivo.  Para el lunes 18 estaba programada una reunión bilateral, pero poco antes Aduanas retuvo el embarque 20 de la Barrick desde el miércoles 13 hasta el mismo lunes 18 y adujo irregularidades en el manifiesto de exportación y el viernes 22 hizo un registro minucioso del siguiente.

Una carta de la Barrick al director de Aduanas sostiene que el embarque retenido, valorado en 11.6 millones de dólares, siguió el procedimiento normal y que el “error” contenido en el manifiesto que señalaba una procedencia de Estados Unidos fue generado por un nuevo código arancelario que le había proporcionado el organismo estatal. Con despliegue de prensa se verificó el cargamento y se llegó a acusar a la empresa de violaciones a las leyes aduanales y se informó que sería multada con 972 millones de pesos, el doble del valor del embarque. Eso alimentó el clima de rechazo a la empresa, a la que, sin embargo, le autorizaron el embarque sin formalizarle violación ni multa.

Tras mostrar públicamente sus cartas respectivas, ambas partes continuaron las exploraciones de fórmulas, conscientes de que no les conviene jugar a la confrontación de facto. Pero en fuentes gubernamentales se dice que las propuestas de la empresa han seguido “muy lejos” de las expectativas del Gobierno que quiere multiplicar más de diez veces los 56 millones de dólares anuales que según dijo el presidente Medina recibiría en los primeros tres años de exportaciones, hasta que la Barrick recupere su inversión de 4 mil millones de dólares, pero solo habría recibido oferta de una duplicación.

Ofertas insatisfactorias

Se trata de versiones extraoficiales por el nivel de confidencia de las conversaciones y lo delicada de la situación.

 Por el Gobierno preside las negociaciones el ministro de la Presidencia y hombre de total confianza del Presidente, Gustavo Montalvo, renuente a las entrevistas y confidencias periodísticas y Rocha se manifiesta más aferrado a la prudencia diplomática que cuando representaba en el país los intereses de Estados Unidos como ministro consejero de su embajada.

Montalvo rompió su silencio el jueves 21 de este mes, informando que el Gobierno aceptó la mediación del exembajador en Estados Unidos Derek Hudson Burney, enviado por el Gobierno de Canadá, sembrando la expectativa de que “muy pronto” pudiera haber anuncios acerca de las conversaciones.

El problema de la oferta de Barrick es que no solo se queda corta en las expectativas gubernamentales. Medina dijo en su discurso que había rechazado la oferta de “adelantar el pago de impuestos futuros”, que corresponderían a próximas administraciones. Luego habló de establecer por ley un impuesto al excedente de precios de los metales en relación a los que predominaban cuando se contrató con la Barrick. Pero a continuación añadió que ese impuesto “operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas (PUN) de 28.75 por ciento”, lo que vendría a ser lo mismo.

La diferencia parece ser que la oferta de la empresa incluye cobrar intereses, es decir que solo garantizaría un préstamo.

Las ventajas de Barrick

   Es obvio que el Gobierno trata de arrinconar a la Barick Gold para obtener mucho mayores recursos que los pactados en un contrato excesivamente generoso que contiene un rosario de exenciones impositivas y condiciona el pago del impuesto sobre la renta y de participación en las utilidades a que la empresa recupere la inversión y obtenga rentabilidad mayor del 10 por ciento.

Pero como la Barrick tiene  contratos de operaciones mineras en múltiples países tratará a toda costa de evadir “concesiones forzadas” que puedan replicarse en otras partes.

Un exceso de presión puede generar un clima de perturbación grande que implique más de lo que la empresa pueda conceder y se convierta en un boomerang si al final lo logrado no se corresponde con el escándalo. Eso es relevante porque para el Gobierno no es un trillo seguro la imposición por ley del impuesto al precio tope, que con- llevaría el riesgo de que la empresa apele al arbitraje internacional.

El mismo contrato en su acápite 16.5 prevé que cualquier disputa entre las partes será “irrevocablemente” resuelta y “de manera definitiva” mediante el “Arbitraje bajo las Reglas de la Cámara de Comercio Internacional”, estableciendo que la decisión será “final y definitiva”. Al extremo de especificar que “Los árbitros no tendrán poderes de un amigable componedor o la autoridad para decidir el caso basado en el principio de equidad, sino que deberán basar su decisión en la Ley que rige este Acuerdo”.

El acápite 8 es redundante en plantear exenciones impositivas en beneficio de la empresa minera, excepto el 25 por ciento de la renta,  la participación del 28.75 por ciento de las utilidades netas de las operaciones, y el 3.2 por ciento del retorno neto de fundición que es lo que empieza a pagar desde la primera exportación. Indica que “serán los únicos gravámenes, tributos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos y aranceles de cualquier tipo, incluyendo contribuciones municipales los cuales deberá pagar”.

El 8.3% le viene como anillo al dedo, al establecer que “no se pagará ningún impuesto mínimo”, que “no realizará pagos de anticipos de Impuesto sobre la Renta u otros impuestos, como tampoco impuestos por importaciones. Indica que a excepción de los impuestos relacionados con la nómina “no estará sujeta a otros tributos, incluyendo nuevos impuestos, tasas, contribuciones, derechos aranceles, tarifas, entre otros”.

Más complaciente no podía ser el contrato negociado por el Gobierno del líder del partido en el poder  y aprobado por casi los mismos congresistas que ahora buscan modificarlo cuando apenas comienzan las exportaciones. Esta semana circuló en Internet el discurso del presidente Leonel Fernández cuando visitó la mina en febrero del 2012 y ponderó el contrato definiéndolo como “modélico a nivel internacional”.

 

Danilo en el discurso y el PLD en los decretos

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Danilo Medina constituye un esfuerzo  por poner sello propio a su gestión gubernamental, con importantes rectificaciones a la política de su antecesor y logró satisfacer a una ciudadanía que se aferra a las expectativas de cambios.

Pero los decretos que designan a los principales funcionarios expresan los compromisos que lo atan a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, cuya matrícula dirigencial ha sido ratificada en los principales cargos gubernamentales aunque con intercambios de funciones.

Convocará pactos sociales.  El nuevo mandatario ratificó su planteamiento de un triple pacto con la sociedad, por la educación, la electricidad y fiscal, definiendo ampliamente el primero como “nuevo nombre de la libertad” y ratificando su compromiso de cumplir la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria. Fue más parco en definir el pacto eléctrico pero lo declaró de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”.

Lo que definitivamente aplazó fue la identificación de las líneas maestras de su propuesta de Pacto Fiscal y, tal vez para no mencionar la soga delante del ahorcado, evadió toda referencia al grave déficit fiscal en que recibe el Gobierno y que lo obligará a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Medina subordinó el Pacto Fiscal a una próxima convocatoria a todos los sectores “para que juntos acordemos soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”. Planteó entonces “una reforma fiscal integral, que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En ese punto el nuevo presidente advirtió que no haría la convocatoria “sin antes dar ejemplos ante toda la sociedad”, lo que parece anunciar una batida al despilfarro y la malversación de recursos que caracterizó la pasada gestión y que llevó el país a los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre transparencia y corrupción. “Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos  firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, proclamó.

Logró impacto emocional. Un somero análisis cualitativo del discurso presidencial evidencia la presencia de múltiples elementos emocionales que sintonizaron con las expectativas nacionales  de cambios de paradigmas sociales, de transparencia, de seguridad pública e imperio de la ley, de sinceridad y sencillez, y en todo eso logró impactar el orador, alcanzando altos niveles de aprobación expresados en el liderazgo social y en las reacciones populares.

Más allá de toda consideración política, e incluso de las divisiones y lesiones dejadas por una elección con rasgos de imposición del poder, en diversos sectores se manifestó simpatía con los planteamientos. La gente parece aferrarse a la esperanza de que son posibles cambios, aún dentro de una misma comunidad dirigencial.

Obviamente hay muchos precavidos que conocen la distancia que hay entre el discurso y la acción política. Se recuerda el magnífico discurso con que el presidente Leonel Fernández retornó al poder hace 8 años, proclamando la sociedad del conocimiento y la hora de la escuela para luego empecinarse en relegar la inversión a que lo obligaba la ley y hasta su nueva Constitución. El discurso del 16 de agosto del 2008 está lleno de planteamientos éticos y de combate a la corrupción y el despilfarro y hasta prometió suprimir cargos innecesarios y reducir el gasto corriente en “por lo menos 20 por ciento”, pero la gestión gubernamental decidió lo contrario y  construir un metro y otras prioridades sacadas de una caja de sorpresas.

Un análisis cuantitativo del discurso hecho por el profesor de la materia Manuel Quiterio Cedeño indica que de 8,013 palabras del discurso, sin contar las protocolares, el 20.3 por ciento (1,627)  fueron de contenido motivacional. Le siguió el tema educación con 10.2 por ciento (814 palabras), salud con el 8 por ciento (648 palabras), casi lo mismo para la temática de la transparencia-ética-corrupción con 634 palabras, 6.4 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 5.9 por ciento a mujer y género, mientras la seguridad pública y la energía alcanzaron cada una el 5.2 por ciento de las palabras.

Emerge el realismo político.  Así como fue claro el entusiasmo por el discurso, se manifestaron decepciones en las redes sociales y en los comentarios en los medios electrónicos por las designaciones del gabinete y los demás altos cargos, dos tercios de los cuales correspondieron al máximo liderazgo del PLD y los partidos aliados, una parte ratificados en sus mismas funciones y otros intercambiados.

Medina podía tener un mayor deseo de renovación, pero no puede ignorar los compromisos adquiridos con quienes le llevaron al poder, y con los que “se fajaron” en la campaña electoral, hasta apelando a prácticas de dudosa legitimidad para mantenerse en el poder. Tampoco podría abrirse temprano un frente interno dejando en la vagancia a gente acostumbrada al disfrute del poder, teniendo desde ya al nuevo caudillo Leonel Fernández a la expectativa de retornar al poder en la próxima elección.

Hubo algunas claras dicotomías entre el discurso y los decretos. Por ejemplo, el énfasis puesto en la igualdad de género, pero en los tres decretos emitidos hasta la noche del viernes, de un total de 67 funcionarios civiles designados, sólo 9 (el 13 por ciento) eran mujeres, seis repitientes. Los 19 oficiales militares y el jefe de la Policía escogidos para altos cargos eran todos hombres.

Otro ejemplo es que se anunció una “reforma integral de la Policía Nacional” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía” y se ratifican los titulares de ambas entidades que no se han distinguido en la promoción de esa demanda general. Se anuncia una reestructuración de las relaciones exteriores y se ratifica al ministro que  ha encabezado el Ministerio en los últimos 8 años.

Aún el sector externo y el equipo técnico que dirigió la campaña y elaboró el programa de gobierno de Medina está poco representado en los altos cargos, aunque resaltan el coordinador Gustavo Montalvo y el joven empresario José Ramón Peralta, designados en los estratégicos ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. También Rubén Bichara, administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas y el joven José del Castillo Saviñón al frente del Ministerio de Industria y Comercio.

Sería precipitado sacar conclusiones sobre el rumbo del nuevo gobierno y lo más indicado y justo parece ser dar oportunidad a que Medina pueda empezar a traducir su magnífico discurso en acciones de gobierno. Tal vez comience con el ejemplo que prometió dar antes de convocar a los diversos sectores para buscar el pacto fiscal. Y eso no podrá dilatar dadas las precariedades financieras heredadas y la necesidad de preparar el presupuesto para el 2013 y pedir la asistencia del FMI.

 Un discurso esperanzador

Desde sus primeros acordes, el discurso de casi hora y media con que Danilo Medina inició su período de gobierno fue un intento bien concebido para forjarse su propia ruta y poner sello propio con una gestión más plural y participativa, situándose “en el camino de la justicia, del amor, de la humildad, de la compasión y del equilibrio”, mientras imploraba a Dios para que “nunca me deje llevar por la soberbia, el odio, la frialdad, la insensibilidad, la vanidad, la arrogancia y la prepotencia”.

Medina dejó claro que realizará “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público” para privilegiar la educación y la salud, orientándose a un nuevo modelo de desarrollo “colocando a las personas en el centro de todas las políticas”, al extremo de no haber mencionado una sola obra física, centrando su atención en convocar a la sociedad para una acción colectiva contra la pobreza y las exclusiones sociales.

Reivindicó la herencia del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, de quien se confesó discípulo y a quien proclamó como “paradigma de liderazgo ético y moral, luchador incansable por liberar a nuestra patria del atraso, la miseria y la desigualdad social”, haciendo a muchos recordar los valores que marcaron el peledeísmo antes de su ascenso al poder.

Medina fue reiterativo en responder los reclamos nacionales contra la corrupción al plantear “un país ético y transparente basado en la meritocracia y en el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad”, al definirse “implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios” y al reafirmarse como “intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro”, fortaleciendo la prevención, corrección y sanción. Luego se manifestó “decidido a ponerle fin a la impunidad”, luchando contra la criminalidad y la corrupción. Anunció que obligará a los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas” y casi al final proclamó  “no voy a negociar con los deshonestos”.

 

Tope salarial de $400 mil supera el promedio de AL

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión el viernes del presidente  de la Comisión de Transición de  Danilo Medina, Gustavo Montalvo, con la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos alienta su aprobación antes que se instale el nuevo gobierno

Trascendió esta semana que algunos senadores alientan la aprobación del proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, para lo cual esperan la convocatoria de una legislatura extraordinaria antes del cambio de gobierno para que se aplique plenamente a los nuevos funcionarios.

Mientras cobra fuerza en el Congreso la fijación del salario del presidente de la República en unos 400 mil pesos (10 mil 230 dólares), ligeramente por encima del promedio en América Latina, el cual sería el máximo a ser percibido por los funcionarios del Estado dominicano.

Se fortalece el proyecto.  Alentado por las medidas de austeridad adoptadas en Italia y España en la primera mitad del mes, y tras una vista pública donde sólo una institución formuló reparos, tomó fuerza esta semana el proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el Sector Público, aunque el presidente de la comisión que lo estudia dijo que reciben “presiones asfixiantes” de organismos estatales que reclaman quedar fuera de la regulación.

Alarmados por los niveles del déficit fiscal, economistas de todas las tendencias, dirigentes empresariales y políticos siguieron reconociendo que el nuevo gobierno tendrá que abrir una etapa de austeridad y reordenamiento fiscal. El empresario Ignacio Méndez, del sector externo del presidente electo, adelantó que “se están revisando las prioridades y el volumen de los gastos”

Aunque se ha dicho que decenas de organismos públicos han formulado objeciones al proyecto, sólo representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las presentaron en la vista pública celebrada el martes 17 por la comisión senatorial que lo estudia. Una delegación del Banco Central dijo que éste no tiene objeciones, ya que el proyecto de ley lo exceptúa, lo mismo a todas las entidades estatales de naturaleza financiera. La DGII reclamó la misma exclusión en virtud de su importancia como organismo recaudador que ya tiene un sistema salarial especial de incentivos técnicos, pero los defensores del proyecto aducen que el mismo prevé un régimen de incentivos “por resultados” y una escala salarial “sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”.

Contrario a lo que se esperaba, en la vista pública no hubo muchas intervenciones y al parecer los objetores prefirieron mantenerse tras bastidores. Se señala la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte. El proyecto recibió apoyo de representantes del movimiento Participación Ciudadana, entidad que lo ha respaldado  con varios estudios y en las consultas previas a su elaboración. También lo apoyaron asociaciones de empleados públicos y la Central Unitaria de Trabajadores, ésta última reclama un salario mínimo de 10 mil pesos para el sector público, el doble del vigente.

Para el nuevo gobierno.  Entre los senadores cobró fuerza un núcleo que promueve el proyecto y que proclama la necesidad de aprobarlo antes que se instale el nuevo gobierno para que tenga aplicación plena sin que nadie pueda alegar irretroactividad, ya que se establecería un salario tope, el del presidente de la República, y los de los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte de Justicia en sus respectivas jurisdicciones. También porque limitaría los gastos de representación al 15 por ciento del salario, el pago de combustibles al 10 por ciento, y suprimiría las tarjetas de crédito, excepto a los titulares de los poderes del Estado y al vicepresidente de la nación.

El influyente senador Charles Mariotti, muy cercano al presidente electo Danilo Medina, dijo públicamente el jueves que la ley debe regir para los nuevos funcionarios a ser designados a partir del 16 de agosto y que esa iniciativa “es clave para una reestructuración más racional y equilibrada del Estado”.  El senador Adriano Sánchez Roa insistió en que más de 60 instituciones reclaman ser excluidas de la ley, y dijo que si les hacen caso, la iniciativa carecería de valor.

Como la legislatura ordinaria concluye el próximo jueves, varios legisladores cuentan con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una extraordinaria para conocer varios proyectos pendientes, lo que permitiría aprobar la ley salarial antes que se instale el nuevo gobierno. La expectativa aumentó con una reunión el viernes de Gustavo Montalvo con el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reynaldo Pared Pérez, y la Comisión senatorial que estudia el proyecto, en la cual se habrían consensuado algunas enmiendas, que serían discutidas este lunes con el Ministro de Administración Pública. Aunque fuera aprobado  por el Senado antes del jueves, no habría tiempo para que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, donde tendría que volver el proyecto por los cambios que se le introducirán.

El tope de 400 mil pesos.  El proyecto de ley salarial no establece montos específicos pero en su artículo 11 faculta al Ministerio de Administración Pública “para que someta anualmente a la Dirección General de Presupuesto las escalas salariales correspondientes a los distintos cargos que conforman la administración pública”.

Pedro Germosén recogió en su crónica del jueves en HOY que en el Senado se contempla un salario tope de 400 mil pesos mensuales para el presidente de la República, al parecer derivado de una consultoría del ministerio, lo que a la tasa actual de 39.10 pesos por dólar equivaldría a 10 mil 230 dólares. El salario del presidente dominicano sería superior en 1,957 dólares al promedio de lo que reciben los mandatarios de América Latina que es de 8 mil 273 mensuales, y en 2 mil 130 dólares el promedio de 8,100 dólares de los de Centroamérica.

De acuerdo con un informe de este mismo mes de julio del consultor Enrique París, del Ministerio de la Administración Pública, los presidentes de 15 de los 20 países latinoamericanos tienen sueldos inferiores a los 10 mil dólares mensuales y los otros 5 hasta 18 mil 657 dólares que recibe el de Guatemala, uno de los más pobres del continente. El menor es el de Bolivia con 1,900 dólares, seguido por Haití con 2,000 y Nicaragua con 3,200 dólares. El dominicano en cuarto lugar con 3,354 dólares, ahora equivalentes a 131,000 pesos.

Entre los cinco mandatarios latinoamericanos  mejor pagados se encuentran los de los países más grandes y ricos, Argentina, México, Brasil y Chile, que oscilan entre 10 mil 793 y 16 mil 165 dólares mensuales.

Con un salario equivalente a 10 mil 230 dólares, el presidente dominicano se situaría entre  los 9 mil 968 que gana el de Colombia, y los 10 mil 793 de la presidenta de Argentina. Entre los criterios para definir el sueldo presidencial el consultor París señala que “el indicador cuantitativo de desarrollo económico y bienestar es el PIB per-cápita ajustado por paridad de poder de compra”, indicando que República Dominicana “se ubica en el promedio de América Latina”. Sugiere que el dominicano “se ubica entre El Salvador y Costa Rica”, en el primero el sueldo presidencial es de  7 mil 746 dólares y en el segundo 12 mil 425.

En la generalidad de los países latinoamericanos los sueldos del presidente fijan tope al resto de la administración pública, aunque en varios hay excepciones como la de los bancos centrales. El informe de París indica que en América Latina se observa una tendencia “a acortar las distancias entre las remuneraciones de los niveles jerárquicos del Poder Ejecutivo”.

El desorden salarial del Estado dominicano quedó documentado en el análisis titulado “Urge la aprobación de la Ley de Salarios” que publicamos en HOY el 17 de junio en base a un estudio de Participación Ciudadana.

  Buscan ayudar a Danilo.

De lo que tratan algunos legisladores es de facilitarle a Danilo Medina la adopción de algunas racionalidades y una política de austeridad que en todos los sectores se considera imprescindible para plantear mayores tributos, concebidos dentro de una “reforma fiscal integral”.

Medina ha adelantado que no hará reducción masiva del número de empleados del Estado, razón por la cual tendría que ejemplificar reduciendo gastos de representación, y abusos con tarjetas de crédito, transparentando el gasto público e imponiendo racionalidad en los salarios de los altos cargos.

Es obvio que el Presidente podría establecer todas esas medidas mediante un decreto previo a la designación de sus altos funcionarios, lo cual no sólo es legítimo, sino que ninguno se atreverá a impugnar. Medina designará una alta proporción de nuevos altos funcionarios, pero también ratificará a muchos de los actuales.

La ley ayudaría sobre todo al partir del principio de una escala salarial por jerarquía, ya que el sueldo actual del presidente de la República, estimado en 130 mil pesos, considerado un eufemismo, tendría que ser sincerado en proporción considerable, lo que Medina no querrá hacer por su propia iniciativa para no aparecer como si se estuviera elevando el salario en momentos en que se reclama austeridad.

El tope presidencial haría caer algunas decenas de salarios desproporcionados, que pasan de 500 mil y llegan hasta 900 mil pesos mensuales, como los de varios superintendentes, directores y administradores, especialmente de organismos autónomos y descentralizados.