Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

diciembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

TC: Otra ratificación del relajo institucional

diciembre 6, 2015diciembre 6, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el Ministerio Público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el Código Penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal. La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, solo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones, juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el “Tema de Hoy” del 21 de diciembre del 2014, titulado “Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD”, cuyo resumen advertía: “El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad”.

Insólita maroma ejecutiva. El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que solo acoge la primera causal y remite las otras dos a una “futura legislación especial”. Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones, el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código “era una situación que se podía esperar”, informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD. El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que este decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un “flay al cátcher”, cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez “no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana”.

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como “auspiciador del aborto” ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con estos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al Presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que solo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Temen salida política. La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el exprocurador General Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Francisco Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Valera, aunque este fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien “le transmitía órdenes superiores”. No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

noviembre 8, 2015noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

noviembre 1, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 10 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ El País12 A

La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

Más déficits que logros en 15 años de gobiernos del PLD

agosto 16, 2015septiembre 21, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El principal mérito de los 15 años de gobierno, 11 de ellos consecutivos, que acumula el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el crecimiento económico y el mejoramiento de la edificación gubernamental y vial a costa de déficits fiscales y de un desproporcionado endeudamiento que ha triplicado la deuda pública.

El balance es negativo en relación a la pobreza, los deficitarios servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua potable, seguridad, vivienda y transporte, así como por alta corrupción e impunidad, con acaparamiento del poder debilitando la institucionalidad democrática y las instituciones políticas y sociales.

Las luces más notables. Quince de los últimos 19 años de gobierno es un período suficiente para pasar balance a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, los primeros 12 con la presidencia de Leonel Fernández, y los tres que cumple hoy Danilo Medina, resaltando como su gran mérito el haber mantenido altas tasas de crecimiento económico, con promedio alrededor del 7 por ciento, lo que ha permitido mejorar significativamente la infraestructura del país.

El conjunto de edificios gubernamentales, carreteras y elevados, hospitales y escuelas constituye lo que para una gran proporción de la población es “la modernidad”, concentrada en los grandes centros urbanos y zonas turísticas, lo que deja a Santo Domingo en ventaja material con relación a las capitales regionales.

La inversión infraestructural se concentra excesivamente en transporte por más de 100 mil millones de pesos destinados a un improvisado metro que con dos líneas apenas sirve al 6 por ciento de los que usan transporte público en la gran urbe capitalina. Las remodelaciones y ampliaciones de edificios gubernamentales inscriben a Leonel Fernández en la línea de los grandes constructores, desde Ovando hasta Trujillo y Balaguer.

En sus primeros 8 años. el gobierno de Fernández favoreció importantes reformas jurídicas, administrativas e institucionales que luego, sobre todo a partir de la nueva Constitución del 2010, trocó por un armazón de concentración del poder sin precedente en la incipiente democracia nacional, dejando de ejecutar un amplio conjunto de sus propias leyes y negándose a dar paso a otras que como las del sistema electoral, están llamadas a afianzar la institucionalidad democrática, la administración estatal y la transparencia.

Los más graves déficits. Sin incidir significativamente en la productividad, la competitividad, la reducción de la pobreza o la equidad salarial, el crecimiento económico peledeísta se ha fundado en un alto endeudamiento que casi cuadruplica la deuda estatal, llevándola a cerca de 35 mil millones de dólares, incluyendo 23 mil 493 millones no financiera, 8 mil millones del sector financiero estatal, más la oculta o no registrada, que sólo a los generadores eléctricos alcanza casi mil millones de dólares, (la deuda per cápita anda por los 3 mil 500 dólares, no millones, como se nos coló la semana pasada). Su servicio ya representa casi la mitad de los ingresos del gobierno. En los últimos 3 años sólo la pública no financiera registrada pasó de 18.7 a 23.5, incremento del 26 por ciento, 1,595 millones de dólares por año, 133 millones por mes. Organismos internacionales y economistas nacionales advierten que bordea la insostenibilidad. Mientras el país lidera la región en desigualdad y con tasa de pobreza sobre el 40 por ciento, muy superior al 28 por ciento promedio latinoamericano.

A pesar de cinco reformas tributarias, el derroche del gasto, la corrupción, sobrevaluaciones, malversaciones, casi duplicación de la nómina estatal y una amplia red clientelar, arrojan déficits fiscales por 640 mil millones de pesos en los últimos 7 años.

En el 2014 el gasto corriente, 85 por ciento del total, superó los ingresos fiscales en dos mil millones de pesos, resalta el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram.

Un conjunto de leyes han sido dejadas de lado, comenzando por la de Estrategia Nacional de Desarrollo y el fracaso ha sido absoluto en concretar los pactos fiscales y eléctrico, en controlar la delincuencia que incluso arropa a los aparatos de seguridad del Estado. El acusado enriquecimiento de la cúpula peledeísta, con absoluta impunidad, y el reparto del Estado en todos sus niveles, en beneficio de los propios, aliados y asociados, así como la cooptación de entidades y dirigentes sociales han contribuido al fortalecimiento del presidencialismo, subordinando los demás poderes del Estado.

La mejoría de Medina. Es de general convicción que la gestión del presidente Danilo Medina ha registrado mejorías en la gestión pública, con reducción de la corrupción, y sobre todo en el acato a la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, concentrando el esfuerzo en saldar la escasez de aulas, que podría ser el único de los grandes déficits superados por los gobiernos del PLD. Se le acredita también la tanda educativa extendida con alimentación escolar y la construcción de estancias infantiles, y mejora del salario magisterial, aunque se le critica la pobre inversión en renglones básicos para mejorar la calidad educativa, como apenas 2 por ciento del presupuesto sectorial en formación de maestros.

Con una pequeña inversión de 6 mil millones de pesos en tres años para pequeños productores, el presidente Medina ha ganado gran crédito por sus “visitas sorpresas”, pero también por promover mayor atención a las pequeñas y medianas empresas y situarse en austeridad personal y más cercanía de la gente.

Pero este gobierno ha mantenido y se ha beneficiado del andamiaje clientelar, del reparto de parcelas estatales, de la malversación y el sistemático incremento del empleo púbico, y de la miseria institucional que ignora impunemente sus propias leyes y normas, como la de Salario del Sector Público, la Ley Orgánica de administración Púbica y la de Función Pública, la de declaración jurada de bienes o el Código de Pautas Éticas, sin ningún esfuerzo por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En lo que los peledeístas han sentado cátedras es en sus capacidades políticas y propagandísticas con alta inversión publicitaria y control de miles de comunicadores, para mantener altas tasas de aprobación y prolongarse en el poder, aún relegando al líder que los encumbró, promoviendo con los poderes y recursos estatales el desguañangue del partidismo político, y hasta para comprar una reforma constitucional y mantener alta aprobación.

La peligrosa pretensión absolutista del PLD

agosto 9, 2015septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

Danilo y Miguel abren espacio a la oposición

junio 21, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Tres discursos en apenas cuatro días delinearon el curso de la prematura campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año configurando la posibilidad de una bipolarización de nuevas fuerzas contra los tres partidos que han dominado la política dominicana en más de medio siglo.

Sólo las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección pueden explicar la celeridad del presidente Danilo Medina en lanzar su candidatura, dadas las ventajas con que ha partido, y la claudicación de Miguel Vargas que entierra al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a 11 meses de los comicios.

Una semana de Abinader. La semana estaba pintada para Luis Abinader al iniciarse con el acto de proclama de su candidatura presidencial el domingo 14, pero seguramente él y los suyos no pensaron que el presidente Danilo Medina y el presidente del PRD lo iban a ayudar a afianzarse como primera opción alternativa para las presidenciales del 2012. Su proclamación era un desafío y lo pasó en sus principales dimensiones: congregó más de 10 mil personas, llenando el auditorio de entusiasmo y demostraciones de unidad, produjo un vibrante discurso de oposición centrado en cuestionar la gestión y el propósito continuista del presidente Medina y delineó los ejes básicos de un gobierno de amplio espectro político y social, llamando a constituir un frente de renovación nacional.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sacó ventajas de la percepción generalizada de que se negociaron los votos de decenas de diputados y varios senadores para viabilizar la repostulación presidencial, preguntando “de dónde se sacaron señor Presidente, los millones y millones para la reforma constitucional”, aludiendo a las numerosas denuncias de legisladores que llevaron a los del PRM a pedir formalmente una investigación de la Procuraduría General.

Abinader asumió los cuestionamientos directamente a la imagen del presidente Medina, recordando que cuando se oponía al continuismo de Leonel Fernández sostuvo que en el país “para hacer posible la reelección había que tragarse un tiburón podrido y tirar los escrúpulos al zafacón”. Entonces le preguntó directamente “de qué tamaño es el tiburón que usted se tragó” y “en qué zafacón tiró usted los escrúpulos”. Lo del tiburón se convirtió en la frase de la semana en las redes sociales y los programas de radio y televisión, incluidas unas celebradas décimas de Huchi Lora.

La capitulación de Miguel. Lo patético de la semana fue el discurso con que Miguel Vargas renunció el lunes 15 a la candidatura presidencial del PRD, proclamada en septiembre del año pasado. A once meses de los comicios, el candidato declina y anuncia que apoyará la reelección del presidente Medina, en base a una participación, que no definió, en cargos legislativos, municipales y gubernamentales. Y llegó a anunciar un programa de gobierno que el candidato oficialista no ha presentado.

El desencaje de Vargas y de sus acompañantes quedó evidente en la transmisión televisiva, cuando convertían al partido de mayor vigencia de la historia nacional, en comodín de uno de sus adversarios, en una retirada sin dar batalla, tan anticipada a la cita del 15 de mayo del 2016, alegando que el PRM no había querido negociar con ellos.

Vargas no explicó su cambió tras años defendiendo su pacto con Leonel Fernández en el 2009 porque había prohibido la reelección presidencial, y todavía cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución dijo que él y sus legisladores rechazaban “la pretensión de prolongar el continuismo peledeísta caracterizado por endeudamiento desenfrenado, excesivos impuestos y ausencia de plan nacional”.

La explicación la dio por escrito el 9 de junio el secretario de Asuntos Legales del PRD, Salim Ibarra, cuando se mostró “asombrado de que 40 diputados de su organización hayan sido convencidos para apoyar el actual proceso de reforma constitucional”. Resignado agregó su esperanza de que en ese nuevo escenario Vargas “logrará concretizar un acuerdo electoral que vaya en beneficio de las bases y dirigencia del PRD”. Varios diputados perredeístas dijeron que habían negociado el respaldo a la reelección por garantías de mantener sus puestos, cosa imposible con el voto preferencial.

Súbita salida de Danilo. A las 48 horas, el miércoles, llegó la sorpresa de Danilo, con un discurso triunfalista que repite los argumentos con que todos los presidentes dominicanos reeleccionistas han tratado de justificar su aspiración de continuar al frente del Estado: su excelente obra y la necesidad de culminarla.

Después de tanto tiempo de silencio, la salida de Danilo pareció inoportuna la noche en que concluía el plan de Regularización de Extranjeros, con el país en ascuas y bajo la atención de la prensa y dirigentes de instituciones y organismos internacionales, por lo que se creyó vanamente que se referiría a tan importante asunto de Estado.

A 11 meses de los comicios, no había justificación para romper el silencio tan inoportunamente, a no ser que -como se alega en corrillos- tuviera necesidad de contener el deterioro de su imagen y aprobación, tras la crisis de su partido y el reparto antidemocrático que la saldó, la imposición de la reforma constitucional y el fortalecimiento de la candidatura de Abinader. No logró disipar la ingestión del “tiburón podrido de la reelección”.

El mayor vacío fue no haber aludido al pacto para un gobierno de unidad nacional con que los perredeístas han justificado su apoyo a la reelección y que ha constituido el principal argumento para rebatir la percepción generalizada de que ese apoyo fue comprado en efectivo y con reparto del Estado, tan vergonzoso que sólo los diputados se atrevieron a detallar: nuevas provincias, cargos públicos y garantías de reelección total.

El semblante de Danilo durante su alocución no reflejaba convicción sobre su nueva concepción de que en sus tres años las instituciones se habían fortalecido para soportar la reelección, lo que pudo reforzar comprometiéndose con la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos, llamados a garantizar mayor equidad electoral. El mercadólogo Melvin Peña lo describió: “lucía como una imagen flotante, lejano, como si estuviera hablando por skype”.

Tempranas definiciones. La claudicación de Miguel Vargas era previsible a la luz de las pobres preferencias que registra en las encuestas, que reconocen al PRM y Abinader como primera opción opositora. Incluso fue sobrepasado en las últimas Gallup-HOY y Penn /Schoen por Guillermo Moreno. Pero no se esperaba una definición tan precipitada, dada la tradición de las alianzas en los procesos electorales dominicanos. La ley electoral obliga a registrarlas al menos 75 días antes de las elecciones y generalmente se efectúan en los límites, al igual que las definiciones reeleccionistas de los presidentes. El plazo de inscripción de candidaturas es de 60 días antes de los comicios.

Las inequidades y abusos de las campañas reeleccionistas sobrepasan con mucho las garantías competitivas de la Constitución y las leyes, y han comenzado a registrarse con varias inauguraciones por semana que son convertidas en actos de exaltación del mandatario como figura providencial insustituible, con páginas diarias en los periódicos y encabezando la excesiva publicidad institucional de los organismos estatales.

La opinión pública le otorga inmensa ventaja a Danilo, partiendo de la aprobación que ha registrado en las encuestas, aunque todavía ninguna se ha publicado después que impusiera su proyecto reeleccionista casi dividiendo su propio partido, doblegando el Poder Legislativo y acabando la obra iniciada por su antecesor Leonel Fernández de asimilación de los partidos tradicionales, todo en base al reparto del Estado.

Sin una legislación que límite el abuso del Estado, con el control de los organismos electorales y la concentración de la mayoría de los partidos con derecho a postular candidatos, lo que le da el 90 por ciento del financiamiento estatal, la candidatura del presidente Medina no debería utilizar un centavo adicional del presupuesto nacional. PLD-PRD-PRSC reciben este año unos 55 millones de pesos mensuales del presupuesto nacional, que se duplican en el año electoral.

El desafío es demasiado grande para Abinader y Moreno ya como principales opciones de la oposición y para el resto del liderazgo político y social que sólo unidos podrían apostar a la tendencia regional a relegar la partidocracia tradicional.-

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

junio 7, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

Otra vez venció el Estado, con reparto antidemocrático

mayo 31, 2015septiembre 7, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El pacto que salvó la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene precedente en cuanto a reparto del Estado por una cúpula directiva al implicar no solo la repostulación del presidente Danilo Medina, sino también de los legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas, dejando atrás principios democráticos y constitucionales.

Aunque desde el principio se vaticinaba que los peledeístas no se dividirían y predominaría el poder presidencial, fue sorprendente la forma en que Leonel Fernández fue humillado y obligado a capitular, al tercer día de haber plantado pelea con un discurso de confrontación, pero los danilistas lograron derribarlo como se habían propuesto.

Un dramático desenlace. Aunque siempre se esperó que el poder presidencial y el “camino más seguro” de la repostulación del presidente Danilo Medina predominarían sobre los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al Gobierno, fue dramático el desenlace de la confrontación, después que el gran líder de las últimas dos décadas plantara pelea frontal con su discurso del lunes 25 de mayo, transmitido por casi toda la televisión y la radio.

Leonel cantó como un gallo, proclamándose guardián de la Constitución, que a su juicio no podía reformarse para posibilitar la repostulación y posible reelección de Medina, sin que la convocatoria fuera aprobada por los dos tercios de las leyes orgánicas y sin un referendo aprobatorio, para huir como gallina antes que transcurrieran tres días, forzado hasta por muchos de sus más cercanos seguidores.

El discurso del lunes auguraba una prolongación de la confrontación, que no es solo por la candidatura presidencial, sino también por el liderazgo definitivo entre los dos peledeístas que han ejercido el poder en ya casi 15 de los últimos 19 años. Se presentó un Leonel furibundo, en actitud de pelea, denunciando a Danilo como un hipócrita que no se atreve a decir lo que piensa.

Tras analizar el proyecto de reforma constitucional ya en manos del Congreso, Leonel lo calificó de “sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo” y que sería “nefasto y catastrófico”, llegando a advertir la posibilidad de que abriera las puertas para la reelección indefinida, al extremo de que “Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo”.

El desplome del león. El radical discurso de Leonel marcó su abrupto desplome, pues acabó de convencer a la mayoría peledeísta de que corrían el riesgo de la división y la pérdida de los privilegios de que han disfrutado con un sistema de reparto y corrupción sin precedente.

Figuras del leonelismo fueron clave para la capitulación del líder, algunos con razones muy convincentes para no correr riesgos, como el senador Félix Bautista, símbolo perseguido de la corrupción del PLD, a quien se atribuye la iniciativa de la transacción convenciendo a su jefe político de que no había alternativa.

En la opinión pública no hubo piedad con los planteamientos de quien se pintó sin ambiciones, cuando intentaba un cuarto período de Gobierno zarandeado por graves acusaciones de corrupción, y hasta de financiamiento del narcotráfico, con obvio rechazo de los poderes fácticos más cómodos ahora con Danilo.

Ya su multitud de voceríos y escribidores habían dado el salto al danilismo para preservar sus privilegios, y varios de los principales llegaron a acosarlo. La publicación de una encuesta Penn/Schoen realizada dos semanas antes disparó al máximo las alarmas cuando indicó que Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, ganaría a Leonel en una segunda vuelta en el 2016.

Ya en minoría en los organismos directivos, sobre todo en el poderoso Comité Político, y en el Senado, le quedaba una proporción de los diputados que impedían la reforma constitucional, los que empezaron a ser atraídos por el poder del Estado.

El martes trascendió entre los legisladores que se ofrecían de 7 a 10 millones de pesos y respaldo para repostulaciones y financiamiento de campañas.

Leonel quedó casi solo, refugiado en el extremismo de “Los Vincho”, vencido por el Estado, por el que ahora reparte los sobrecitos, que en el sistema en que fundó su liderazgo, es el que predomina.

Los danilistas se propusieron derribarlo, y lo lograron. Le arrebataron la antorcha al Leonidas y al Moisés del Siglo XXI, que llegó a compararse con Buda y Jesucristo.

Desastre institucional. El pacto implicó la sepultura de los mecanismos democráticos en el principal partido del país, que mantiene una precaria unidad, con agravios y malquerencias entre los dos grupos del reparto, lo que determina mutua desconfianza y peligros.

Los líderes no se juntaron y muy simbólicamente cada grupo lo firmó por separado, uno en el Palacio Nacional y el otro en la costosa Fundación Global.

Falta precisar si incluye la composición de las altas cortes en manos de Leonel, de las que seguirá dependiendo que no le caiga un proceso judicial y que condenen o absuelvan a sus alcancías Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, pendientes de decisiones en la Suprema Corte. Pronto se podrá saber si el pacto es también de impunidad. Que prosiga el aplastamiento de Leonel, en aras del nuevo líder, debe descartarse hasta que pasen las próximas elecciones, porque implicaría al presidente, al secretario de Organización y al Tesorero del PLD. Alguna promesa de garantía de impunidad habrá merecido el papel protagónico del multimillonario Félix Bautista en el acuerdo.

El costo económico, democrático e institucional de la reelección apenas comienza y de inmediato cobrará en los partidos de oposición para obtener la veintena de votos que faltan para aprobar la reforma constitucional. Se da por hecho que los lograrán entre los 9 diputados reformistas, ya sus dos senadores la aprobaron, y entre unos 44 que son la fortaleza de ese extraordinario empresario de la política que es Miguel Vargas. Se adelanta que, para no vaciarse, dejará en libertad de votar a sus partidarios, aunque lo único que él reivindica de su pacto personal con Leonel Fernández para viabilizar la Constitución del 2010, aparte de representación minoritaria en las altas cortes, es haber reivindicado la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

Desafío para la oposición. La colaboración de los legisladores para una reforma constitucional se puede obtener mediante el voto positivo y con la ausencia, y en último caso con la abstención. No se descarta que incluya algunos de los diputados del PRM, como advertencia de que no son inmunes al poder del Estado, los cuales serían expulsados, según se ratificó el viernes.

Mientras se consuma la reforma constitucional, el presidente Medina sigue el patrón del silencio que caracterizó a Balaguer y a Leonel en coyunturas similares, sin explicar propósitos ni objetivos, lo que podría afectar su alto nivel de aprobación tras ratificar lo que siempre se ha hecho desde la presidencia de la República. Cuenta con la adolescencia democrática nacional, aunque hay quienes se aferran a los sacudimientos políticos que se vienen produciendo en la democracia hispanoamericana.

El desafío es para lo que quede de oposición, particularmente para el PRM y su candidato Abinader, que han emergido como principal alternativa y plantean una Convergencia opositora, para el ascendente Guillermo Moreno y el liderazgo de partidos y de grupos sociales alternativos, que confrontan la corporación que monopoliza el poder.

Un impúdico reparto

Los peledeístas pueden, una vez más, celebrar su capacidad para defender su poder, pero esta vez no solo a costa de quien encarnó sus éxitos y prosperidad colectiva, sino también sepultando los principios democráticos y constitucionales básicos, la Ley Electoral y sus propios estatutos, cuando 35 personas deciden y pactan la repostulación no solo del Presidente (se dice que también de la vicepresidenta y esposa de Leonel), sino también de los senadores y diputados, y sus respectivos bufetes directivos, de los alcaldes y directores de los municipios y distritos municipales de todo el país.

Los actuales miembros del Comité Central, que ya se autoprolongaron en el 2012 y que el año próximo debían someterse al escrutinio de sus bases, reciben una nueva prórroga hasta el 2020, ya que se pactó aplazar el Congreso del PLD para finales de ese año.

El sanedrín peledeísta no solo dispuso modificar ahora la Constitución para posibilitar la repostulación de Danilo Medina, sino que se comprometió a “iniciar oportunamente” otra reforma para “blindar la Constitución”.

El pacto sepulta las aspiraciones de miles de peledeístas que ya habían iniciado campañas buscando las 4,200 candidaturas a disputarse el año próximo, muchos de los cuales han derrochado millones de pesos.

Por la unidad partidaria tendrán que resignarse a una promesa o al mantenimiento de cargos gubernamentales, si no quieren terminar como regidores y vocales municipales, que son más de dos tercios de los cargos electivos.

La crisis no es sólo judicial, también del sistema político

abril 12, 2015septiembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

La declaración del miércoles 8 del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Poder Judicial, Mariano Germán, es una expresión de la profunda crisis generada por el secuestro de ese estamento del Estado, de la crisis del sistema político y de la intensa lucha en el seno del partido gobernante de cara a las elecciones generales del próximo año.

Pretendiendo defender procedimientos, el más alto funcionario judicial enjuició y condenó personalmente al Procurador General de la República (PGR) Francisco Domínguez Brito y de paso estigmatizó a los amplios sectores sociales y políticos que expresan alarma por el nivel de impunidad y la complicidad con la corrupción.

No una simple reacción. Para contextualizar y analizar la declaración del doctor Mariano Germán, hay que advertir que fue previamente escrita y posteriormente distribuida a los medios informativos, lo que hace inexplicable que personalizara un conflicto inexistente entre él y el procurador Domínguez con términos descalificativos, impropios de quien por su investidura debe ser ejemplo de ponderación y serenidad.

Desde el inicio Germán monta un entramado para impugnar a Domínguez, al plantear que quienes ocupan altos puestos judiciales “sólo alcanzan niveles aceptables de éxito, si tienen fe, conocimiento y madurez, expresada esta última en actos de prudencia y sabiduría”. Sostiene que “Sólo quien no tiene fe en ella (la justicia) es capaz de ocasionarle daños, como lo ha hecho el Procurador General”. Sube de tono al sostener que el PGR “ha llegado al extremo de llamar a una desobediencia civil contra el Poder Judicial”, lo acusa de promover “el exacerbamiento social”, y concluye en que su actitud “ha sido inmadura, irreflexiva, irrespetuosa y propia del populismo judicial que lo caracteriza”.

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

Category Archives: Corrupción, Etica

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