Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar

febrero 22, 2020febrero 22, 2020 by Juan Bolívar Diaz Santana

Al sexto día del sabotaje a las elecciones municipales, con el crecimiento exponencial de las protestas y el anuncio de una marcha de todos los partidos opositores, el gobierno pareció admitir la crisis y dispuso suspender su ofensiva judicial y planteó tregua

Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento exponencial de las protestas por lo que se entiende como sabotaje de las elecciones municipales el pasado domingo, y la convocatoria para mañana de una marcha de los 14 partidos de oposición y grupos sociales parece haber convencido al gobierno de que el país afronta una fuerte crisis política e institucional y a disponerse a buscar solución.

El presidente Danilo Medina dispuso ayer suspender la “pantomima de investigación” de su Ministerio Público que implicaba a un escolta del candidato presidencial opositor Luis Abinader, mientras la Junta Central Electoral (JCE) suspendía a su director de informática y la embajada de Estados Unidos informaba que espera elecciones libres, justas y transparentes.

Múltiples acontecimientos

Al caer la semana y en la sexta jornada tras lo que ha parecido como sabotaje a las elecciones municipales, el gobierno pareció ayer admitir que el país afronta una seria crisis político-institucional y se abrió a una negociación con la oposición, disponiendo de inmediato la suspensión de la “investigación” que llevaba a cabo la Procuraduría General de la República, incluyendo torturas, enfocada en inculpar del colapso electoral al coronel Antonio Guzmán Peralta, escolta del candidato presidencial de 7 partidos, Luis Abinader, y al técnico de telecomunicaciones Manuel Regalado, libertados de inmediato. Mientras el Comité de Derechos Humanos declaraba que ambos han sido utilizados como “chivos expiatorios” para tapar a los autores y responsables del intento de fraude electoral”.

Por otro lado el pleno de la JCE solicitó ayer el apoyo a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para conformar un equipo de técnicos que puedan auditar los equipos del Sistema de Voto Automatizado que se utilizaría en las elecciones municipales, dando “respuesta a la ciudadanía que demanda, legítimamente, una explicación de lo acontecido”, y anunció la suspensión de su director de informática, Miguel Ángel García, hasta que se realice la investigación internacional para establecer las causas que impidieron el voto automático y determinaron la suspensión de los comicios municipales.

Al mismo tiempo el consejero de asuntos públicos de la embajada de Estados Unidos, Chase Beamer, informó que “Estados Unidos sigue de cerca los acontecimientos electorales en la República Dominicana” y reiteró su “apoyo a los procesos electorales, con elecciones libres, justas y transparentes”.

Y Participación Ciudadana acusó al Procurador Jean Alain Rodríguez de intento de desplazar gran parte de los fiscales para garantizar control e impunidad desde el Ministerio Público.

Como si no pasara nada

La crisis electoral empezó a trascender la noche del sábado por denuncias de la oposición de que estaban manipulando las computadoras a utilizarse en las elecciones del día 16 y estallaría temprano del domingo cuando fue generalizado que las boletas electrónicas aparecían incompletas. Luego se informó que los técnicos de la JCE supieron del problema desde el mediodía sabatino, y por eso concurrieron a los centros de votación tratando, inútilmente, de corregir la anomalía, sin haber informado a los delegados de los partidos ni a los asesores y observadores.

La JCE repitió el error al reconvocar las elecciones, ahora para el 15 de marzo, sin previa consulta con los partidos, que desde el domingo se acusaban unos a otros. El PLD y aliados dijeron en comunicado que lo ocurrido había sido “un sabotaje” y culpaban a “diferentes sectores de la oposición”. Los partidos opositores culpaban a los oficialistas del colapso del sistema automatizado “para evitar una aplastante derrota”.

Con la convocatoria a nuevos comicios y un discurso del presidente Danilo Medina en la jornada del lunes, llamando a la moderación y la prudencia, con discreto pedido de investigación, tanto la JCE como el gobierno actuaban “como si no pasara nada”, y el partido de gobierno guardaba silencio, aunque toda la oposición los responsabilizaba del colapso sin precedente y se generalizaba la percepción de una grave crisis.

El miércoles la JCE celebró una maratónica audiencia con los delegados técnicos de los partidos y el jueves se informó que se dispuso otorgar otros 1,506 millones de pesos a los partidos para “compensar sus gastos perdidos” y ayer en la mañana el candidato oficialista, Gonzalo Castillo, reanudaba la publicación de páginas de promoción en los diarios y propaganda en los medios electrónicos, en violación de la ley electoral que la prohíbe hasta que se proclame el inicio de la campaña presidencial, lo que ha hecho por meses sin intervención de la abrumada JCE.

“Justicia o esto se va a jodé”

De repente apareció un actor inesperado, cuando grupos de jóvenes sin militancia partidista y miembros del partido Alianza País comenzaron a concurrir a la Plaza de la Bandera, frente a la JCE a demandar explicaciones sobre por qué les impidieron ejercer su derecho al voto. El lunes aparecieron apenas dos o trescientos, que se multiplicarían exponencialmente cada noche, hasta sumar de 8 a 10 mil el jueves. Pero las convocatorias se reproducían y en Santiago también se hicieron diarias y masivas.

Las protestas se extenderían por otras ciudades grandes como Puerto plata, La Vega, San Cristóbal y hasta en pequeñas como Villa Altagracia y Verón, y en el exterior a Nueva York, París, Londres, Madrid, Barcelona, Amsterdam, Zurich y Florida. Por todas partes se incorporaban artistas y comunicadores que llenaban las redes con afiches y expresiones artísticas. El poeta callejero Rosado montó una canción en el escenario de la Plaza de la Bandera, con fuertes expresiones de apoyo incluyendo un estribillo de “justicia o esto se va a jodé”, que se reproducía por todas las redes y en periódicos digitales.

La rapidísima condena de la JCE y del gobierno a las bombas lacrimógenas lanzadas contra los jóvenes de la plaza la noche del martes, no impidió la multiplicación de las protestas y la indignación que desde entonces dominan las redes sociales, mientras los analistas vinculan el estallido con los protagonismos de los jóvenes en las crisis de los últimos años en Egipto, Grecia, España, Nueva York y Chile. La característica común es que los protagonistas iniciales han sido jóvenes de las clases medias sin militancia partidista.

El gobierno se preocupa

El estallido de las protestas comenzó a preocupar al gobierno desde el miércoles, cuando ministros acudieron a los medios de comunicación y a entidades empresariales expresando disposición a respaldar la investigación internacional que desde el comienzo reclamaba la oposición y los manifestantes. Desde ese día se generalizó la convicción de que hay una crisis político institucional, después que fuera admitida por el presidente de la JCE, quien concedió que tenía su credibilidad en suspenso, pidió excusa a la población, y llegó a proclamar que “la Junta tiene que nacer de nuevo”.

El anuncio de los 14 partidos de la oposición, respaldados por grupos sociales, de una “Gran Marcha por la Democracia” para mañana domingo por la avenida 27 de febrero, hasta la plaza de la Bandera, facilitaría que el gobierno aceptara una mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada para promover algún acuerdo. Los partidos adelantaron que en su manifestación presentarán demandas de garantías para elecciones libres con equidad y sin irrupción del Estado, tanto en marzo como en las presidenciales y congresuales de mayo.

En la mañana de ayer el presidente del CONEP, Pedro Brache, hacía contactos con líderes de oposición, con una propuesta de tregua hasta que se realice la investigación por parte de la OEA o de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), como demandaba la oposición, que había pedido la permanencia en el país de personal de esas instituciones hasta las elecciones presidenciales.

La proclama opositora

Dirigentes de los 14 partidos opositores, que incluyen las dos coaliciones que postulan a Luis Abinader y a Leonel Fernández, de 7 y 6 partidos respectivamente, y Alianza País que sustenta la candidatura de Guillermo Moreno, establecían las demandas que formularán al gobierno y a la coalición que postula a Gonzalo Castillo, las cuales serán proclamadas en la marcha de mañana, cuando les llegó información sobre la disposición del gobierno

La República no merece volver a la iniquidad electoral del 2016

mayo 4, 2019 by Juan Bolívar Diaz Santana

Con cualquiera que sea su candidato el PLD se encamina a repetir las iniquidades e iniquidades de las elecciones del 2016, mientas la oposición no acaba de comprender que sólo con una gran coalición podrían cambiar el curso político de la nación

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto continuista del presidente Danilo Medina, con todos los pujos autoritarios que hacen temer una dictadura, y los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al poder, ambicionando un cuarto período de gobierno, configuran otro proceso electoral tan inequitativo y abusivo como el del 2016, cuyos resultados nunca fueron admitidos por los opositores.

Pero como si hubiese pasado mucho tiempo, la oposición política parece haberlo olvidado y una vez más se encamina al “matadero electoral”, sin entender que la dominación política impuesta por el partido gobernante impide la competencia y garantiza su eternización en el poder, aunque la sociedad está dando muestras de fatiga peledeísta.

Indicios de repetición

Las denuncias de los principales partidos opositores de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está copando las reestructuraciones de las juntas electorales municipales, sumadas a los recientes escándalos en el control de la justicia y las presiones sin precedentes sobre jueces del Tribunal Superior Electoral, despiertan temores de que se pueda reproducir un proceso electoral como el del 2016, tan abominable que ninguno de los partidos de oposición le reconoció legitimidad.

Esta vez hay una diferencia importante, ya que las presiones política y sociales impidieron que la dominación peledeísta mantuviera al frente de la Junta Central Electoral (JCE) a un dirigente partidista de la categoría de Roberto Rosario o a un incondicional como Mariano Rodríguez en el TSE, los dos ahora en abierta campaña junto a su jefe político Leonel Fernández. En ambos organismos los presidentes y otros dos miembros son considerados independientes, pero los dos restantes, de cinco en cada uno, son cuadros políticos de la alianza gubernamental.

Pero las descomunales presiones, amenazas e intentos de chantajes hechos públicos por la reciente sentencia del TSE indican la disposición a utilizar todos los recursos del poder para amedrentar y conseguir objetivos políticos, o por lo menos mediatizar decisiones como, por ejemplo, que la JCE desconozca los cuatro niveles de elección establecidos en la nueva Ley del Régimen Electoral, para mantener el arrastre de los senadores que reclama el PLD.

Claros signos de riqueza

Si algo es evidente en la actual lucha por las candidaturas del PLD para el próximo año es que le sobran los recursos económicos a los grupos danilistas y leonelistas, pero también a varios de los que llevan meses en campaña por la nominación presidencial, aunque las encuestas no les favorezcan. Ninguno de ellos tenía fortuna, ni pasaban de profesionales de clase media cuando llegaron al gobierno.

Temístocles Montás, precandidato presidencial, denunció esta semana que el expresidente Leonel Fernández estaba gastando 25 millones de pesos en el espectáculo de mañana para su gran lanzamiento en el Estadio Olímpico, donde actuarán diez grupos artísticos, encabezados por algunos de la categoría de Sergio Vargas, Fernando Villalona y el Alfa.

El ex ministro de Economía no incluyó el costo de recoger durante más de un año las dos millones de firmas que según se anuncia respaldarían la candidatura de Fernández. Pero fue unilaterales, pues no se refirió a los cuatro grupos artísticos que amenizarán hoy sábado un acto de promoción del presidente Danilo Medina en el teatro United Palace del alto Manhattan, Nueva York, encabezados por Mozart la Para y Toño Rosario. Sobre los 25 millones de pesos se estimó el costo de la reciente manifestación reeleccionista de Santiago, como parte de un festival provincial que se vienen repitiendo por todo el paísy que este fin de semana abarcara cuatro.

Les sobran los recursos

Es obvio que al PLD le sobre los recursos económicos y logísticos, en gran proporción derivados del Estado, no sólo por lo que sus dirigentes han acumulado personalmente, sino también por su capacidad para recaudar, mediante el tráfico de influencia y el reparto de contrataciones y compras. Y tanto Medina como Fernández tienen miles de activistas y comunicadores en las nóminas públicas y cualquiera que predomine será candidato con enormes ventajas frente a los de oposición, sobre todo si logra imponerse el actual presidente, para lo cual tendrá que pagar un costo económico y en ruptura institucional infinito. Ya en el primer trimestre del año el glasto publicitario del gobierno pasó de los 10 millones de pesos diarios que mantuvo en el 2018 a 11.6 millones, con una inversión de $1,042 millones.

Hay en la oposición quienes cifran expectativas en una posible división del PLD, por el nivel de encono y arrebato que alcanza la confrontación, no sólo entre las cabezas, sino también en el territorio, llegando a ser insostenible en muchas localidades. Pero los peledeístas han demostrado un amor al poder por encima de lo normal y al final podrían terminar pactando, como en ocasiones anteriores, conscientes de que lo necesitan para mantener el poder. Se recuerda el pacto del anterior proceso electoral, pero no tanto l de l 2012 cuando, como ahora, Leonel Fernández reunió más de dos millones de firmes para su continuidad en la presidencia, que le entregaron “los ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista, Díaz Rúa y Freddy Pérez, en el Palacio de los Deportes. Pretendían que él podía ser repostulado en contradicción con su propia Constitución del 2010 y la anterior del 2002, una prohibía la reelección seguida y la otra establecía dos períodos y “nunca más”.

Aquella vez Fernández logró entender que los vientos no le favorecían, entregó las carretillas de firmas al partido y se dedicó en cuerpo y alma a llevar al poder a su contradictor Danilo Medina. A final del 2011 prometió en Nueva York que gastaría 40 mil millones de pesos para que su partido siguiera en el poder, y terminó gastando más de 150 mil millones, con un déficit fiscal sin precedente, hasta llevar a Medina al Palacio Nacional en el 2012.

El matadero electoral 2016

Fue el profesor Juan Bosch, fundador del PLD, quien acuñó la especia de “matadero electoral” refiriéndose a los comicios en los que Joaquín Balaguer lograba reelegirse al comienzo de los setenta. Y eso fue justo lo que ocurrió en el 2016, pero escenificado por su PLD quince años después de su muerte. En el cuadro anexo se sintetizan las inequidades e iniquidades de ese proceso electoral, extraídas de los seis informes de la observación electoral del movimiento Participación Ciudadana, fechados entre noviembre del 2015 y julio del 2016.

Son documentos fundamentados en estadísticas del Sistema Informativo de la Gestión Financiera del Estado, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y de monitoreo del propio movimiento cívico y de una entidad privada que cuantifica la inversión publicitaria general. Los informes de finales de la campaña fueron tan impactantes que en algunos casos conllevaron moderación, por ejemplo, en el gasto publicitario.

Un análisis minucioso, como el realizado por el experto fiscal José Rijo acerca a los niveles del abuso de los recursos públicos en esa última campaña electoral, indica, por ejemplo, que en mayo del 2016 el Ministerio de Educación multiplicó por 13 el promedio mensual de sus pagos en viáticos, elevándolo a $23.5 millones: que triplicó el gasto en combustible de $9,9 a $26.4 millones, y que su partida de ayudas y donaciones a personas fuera incrementada en 79%. Mientras el gobierno triplicaba su gasto en asfaltado de calles y carreteras para alcanzar a $77 millones por día, durante los primeros cuatro meses del 2016, cuando su déficit fiscal montó sobre $34 mil millones de pesos, aunque en el mismo período del año anterior había registrado superávit de $3,500 millones.

Desafío a la oposición

El monopolio del poder y los enormes recursos acumulados por el PLD constituyen un desafío a la oposición política, que ésta vez no debería esperar a dos semanas antes de los comicios, como ocurrió en el 2016, para darse cuenta de que por separado no tienen ninguna posibilidad de cambiar los abusos de la campaña electoral ni mucho menos vencer la maquinaria de dominación peledeísta, y ni siquiera obtener importante representación congresual o municipal.

Persisten los intentos de volver con multiplicidad de candidaturas nacionales, algunos intentando una tercera y hasta cuarta opción con unos cuantos miles de pesos y desconociendo que el electorado muestra una fatiga del PLD, por lo que ahora, más que nunca, tenderá a refugiarse en la bipolarización, con quien tenga mayor posibilidad de contrapeso, y rechazará los llaneros solitarios.

No es que falten candidatos meritorios en la oposición, sino que sobra poder de dominación que les cierra el paso y los excluye, sembrando una imagen de invencibilidad que a su vez promueve el pesimismo, la resignación, la inmovilidad y el descreimiento en las alternativas por parte de las mayorías, no sólo en los dependientes de los favores y manipulaciones gubernamentales, sino también dela ciudadanía más consciente, deseosas de cambio y pulcritud política.-

———————————————————————————————————-

Resumen de las iniquidades electorales del 2016

El Estado irrumpió con toda su fuerza y recursos en la campaña electoral
“Conquistaron” el bloque de legisladores del PRD y los leonelistas para reformar la Constitución y poder repostular a Danilo Medina.
La repostulación incluyó el 90% de los senadores, 80% de los diputados y 60% de los alcaldes del PLD, por simple resolución de la directiva
Dirigentes del PLD dirigieron y parcializaron la JCE, el TSE y las juntas electorales municipales
El presidente de la JCE llegó al extremo de negarse a recibir a los 6 candidatos de oposición que visitaron el organismo días antes de la votación
La JCE impuso la automatización del cómputo sin las mínimas previsiones, con total fracaso y graves irregularidades
El TSE llegó al extremo de proclamar candidato a alcalde del DN por el PRM a Rafael Suberví, pero ni éste lo asumió
39 ministros y altos funcionarios del gobierno dirigieron la campaña electoral del PLD en todas las provincias y el DN
Múltiples inauguraciones de obras públicas fueron convertidas en campaña electoral con documentado abuso de recursos públicos
En abril 2016 DM “puso en servicio” la segunda línea del metro capitalino, que operó en realidad en agosto del 2018
El gobierno desbordó el déficit fiscal a $34 mil millones en enero-abril del 2016, cuando en igual período del 2015 tuvo superávit de $3,500 millones
Enero-febrero la publicidad gubernamental sube 100% en relación a ese período del 15, y gasta $1,136 millones en el primer trimestre
Sólo el Poder Ejecutivo gasta en publicidad (enero-febrero) $840 millones $ 14 millones por día
Todos los ministerios colocan anuncios políticos en diarios, radio y tv, especialmente en los programas de cientos de “bocinas”
Desde el 2015 el gobierno encabeza los diez mayores anunciantes del país, por encima de telecomunicaciones, comercios y bebidas, y el PLD es el décimo
El PLD y sus aliados reciben el 60% del subsidio estatal a los partidos.
Dirigentes de entidades estatales organizan comidas y cocteles donde recaudan cientos de millones de pesos entre empresarios, suplidores y contratistas
Monitoreo de PC en febrero: el PLD 70% de las vallas, 79.3% de la publicidad en prensa, radio y tv, con los aliados el 81.5%, el PRM 16.8%
Desde enero se pagan $27 millones por día a 33 mil empleados transitorios y en nominillas. OISOE lo incrementa en 677%, Educación en 211% y MOPC 68%
En mayo M. de Educación multiplica por 13 el gasto en viáticos y aumenta 79% las “ayudas y donaciones” a personas

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

diciembre 13, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ El País12 A

Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

TC: Otra ratificación del relajo institucional

diciembre 6, 2015diciembre 6, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 1 Comment

Por Juan Bolívar Díaz

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) anunciada esta semana que anula el Código Penal promulgado hace un año es una nueva certificación del relajo institucional que se ha impuesto en el país y que mantiene en capilla ardiente al sistema judicial, subordinado a los intereses coyunturales y las luchas grupales del poder político.

No han podido encontrar una brecha para salir del escándalo en que está sumida la justicia y el Ministerio Público, cuando se certifica que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo promulgaron el Código Penal sin la aprobación definitiva del Senado, violando flagrantemente la Constitución de la República, a pesar de oportunas advertencias.

Anulado el Código Penal. La mayoría de los medios y comentaristas se han quedado en la superficialidad ante el Comunicado del 2 de diciembre de que el TC acogió las acciones de inconstitucionalidad de tres entidades sociales contra la ley 550-14 de diciembre del 2014 que instituyó un nuevo Código Penal, discutido durante dos décadas y objeto de incontables sesiones y consensos dentro y fuera del Congreso Nacional.

La anulación del nuevo Código Penal y el restablecimiento del de 1884, no pudo ser por los cuatro artículos objetados, del 107 al 110, sobre casos de despenalización del aborto, que podían haber dejado sin efecto salvando los otros 391 de los 395 artículos de una de las piezas legislativas más complejas, que deroga 47 leyes, un decreto-ley, una orden ejecutiva y una resolución emitidas a lo largo de 130 años, entre el 1884 y el 2014.

El comunicado 61/15 del TC es muy parco en la información referente al Código Penal, dejando pendiente la publicación del texto de la sentencia, pero es obvio que se han acogido los argumentos de los recurrentes que también fundamentaban su pedido de nulidad por la forma en que fue aprobada la ley, sin la ratificación del Senado, tras unas observaciones presidenciales al proyecto original, solo conocidas por la Cámara de Diputados, y que instituciones, juristas y analistas, calificaron de absurdo inexplicable.

Al respecto búsquese el “Tema de Hoy” del 21 de diciembre del 2014, titulado “Una chapucería legislativa de los diputados y el PLD”, cuyo resumen advertía: “El procedimiento para aprobar las observaciones presidenciales que establecen excepciones en la penalización del aborto y su promulgación sin conocerlas el Senado, exponen la legislación a una declaratoria de inconstitucionalidad”.

Insólita maroma ejecutiva. El 28 de noviembre del 2014 el presidente Danilo Medina observó la ley del Código Penal que había aprobado el Congreso penalizando por completo el aborto, y la devolvió a la Cámara de Diputados, acogiendo un clamor nacional acorde con la legislación de casi todos los países del mundo, para despenalizarlo en tres casos: cuando peligre la vida de la madre, por malformación del feto incompatible con la vida, y si hay violación o incesto.

Cadena de violaciones a los procedimientos: El presidente de la Cámara, Abel Martínez no somete a votación el texto del Ejecutivo, sino una reformulación propia, la que solo acoge la primera causal y remite las otras dos a una “futura legislación especial”. Violenta el reglamento interno, pasando por encima de la Comisión de Justicia que debía conocerlo, ignora otras propuestas y no permite debate. La aprueban por mayoría simple, cuando la ley original había sido sancionada como Orgánica, con dos tercios de los votos.

Lo más absurdo es que Martínez remite el proyecto al Poder Ejecutivo, proclamando que no necesita pasar por el Senado, a pesar de que contenía reformas a lo que esta cámara había aprobado originalmente, en clara violación de los artículos 76 y 93 de la Constitución que establecen que el Poder Legislativo lo integran dos cámaras y que a ambas corresponde “Conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”.

Lo peor de todo es que pese a numerosas advertencias de legisladores, expertos constitucionalistas e instituciones, el Poder Ejecutivo se apresuró a promulgar la ley sin la aprobación senatorial, el 19 de diciembre. El viernes 4, HOY, (página 4-A) informa que el Consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo que la anulación del código “era una situación que se podía esperar”, informando que disintió de la decisión de los diputados, pero que el presidente lo dejó al Tribunal Constitucional.

La lucha interna en el PLD. El presidente Medina tenía una solución institucional fácil ante el conflicto, que era remitir el proyecto al Senado para que este decidiera si tenía que refrendarlo o no. Con el control total de esa cámara legislativa el trámite era un “flay al cátcher”, cuestión de par de días. El Tema de HOY citado indicó que Abel Martínez “no reveló el origen de su proyecto ni si lo había consensuado con su partido o con el Poder Ejecutivo, pero en fuentes políticas se sostiene que fue fruto de acuerdo para superar la división de los dos sectores que se disputan el predominio en el Partido de la Liberación Dominicana”.

Por lo que se supo, los seguidores del presidente del PLD, Leonel Fernández, entre los cuales resaltaba Martínez, maniobraron contra las observaciones de Danilo Medina para dejarlo como “auspiciador del aborto” ante los sectores eclesiásticos más retardatarios. Y transaron con estos para violar los procedimientos, garantizándoles de esa forma que su Tribunal Constitucional se encargaría liquidar la ley. Asesores políticos habrían recomendado al Presidente salirse del conflicto dejando correr la bola.

De esa forma, todo un Código Penal fruto de 20 años de discusiones y que actualizaría otro que data de 130 años, queda sin efecto, víctima de la lucha interna y las maniobras politiqueras en contubernio con poderes tradicionales que frenan la actualización de la sociedad dominicana. Por eso hay sectores que solo resaltan la anulación de los cuatro artículos que racionalizan y humanizan la penalización del aborto. Será bien difícil que la ley sea conocida antes de las elecciones, pues reeditaría la polémica sobre el aborto.

Temen salida política. La lucha de poderes en el PLD se advierte también en la crisis judicial, que envuelve a figuras como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y el exprocurador General Radhamés Jiménez, vinculados al doctor Leonel Fernández, a quienes casi se les ha responsabilizado de las operaciones de la banda denunciada por Francisco Domínguez Brito, también dirigente del partido oficial.

Las diligencias para ventilar el escándalo se centraban esta semana en la jueza Awilda Reyes, por las escandalosas sentencias relacionadas con el narcotraficante Arturo del Tiempo, con la quiebra del Banco Peravia, y la libertad del regidor Ericcson de los Santos, acusado de crímenes mediante sicariato. Los dos últimos vinculados al presidente del PRD, que pactó para apoyar la reelección del presidente Medina.

Se allanó la residencia de la jueza Reyes, pero el viernes se desmintió que se hubiese hecho lo mismo con la del renunciante juez Francisco Arias Valera, aunque este fue señalado como cabecilla de la banda judicial en su calidad de miembro del Consejo del Poder Judicial y ella denuncia como quien “le transmitía órdenes superiores”. No faltan quienes expresan temor de que todo quede en otra reducción del poder del expresidente Fernández, ahora en los partidarizados órganos judiciales, en beneficio del nuevo líder peledeísta Danilo Medina. Se confía que el bullicio navideño relegue la crisis al olvido.

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

noviembre 22, 2015diciembre 2, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

La oposición sigue desafiada a algún grado de concertación

noviembre 15, 2015noviembre 15, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 3 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

A seis meses de las elecciones generales para muchos observadores sigue siendo imperativo algún grado de concertación en una oposición política dispersa y con pocos recursos, si en realidad quieren enfrentar la inmensa maquinaria electoral que se monta para empujar, con todos los poderes del Estado, la reelección del presidente Danilo Medina.

Ya los opositores han proclamado cuatro candidaturas presidenciales, pero todavía podrían alcanzar algún grado de concertación para garantizarse por lo menos una mejor representación congresual y municipal y apoyo en una eventual segunda vuelta a la que alcance mayor votación en la primera.

Cuatro candidatos opositores. A medio año ya de las elecciones presidenciales, la oposición política al Gobierno del presidente Danilo Medina aparece dividida con cuatro candidaturas presidenciales y las expectativas de unificación lanzadas hace año y medio cuando se propuso la “Convergencia por un Mejor País”, se van diluyendo.

El primero en ser postulado fue Luis Abinader, cuando en abril ganó la elección primaria del Partido Revolucionario Moderno (PRD). Ya antes lo había proclamado el Partido Humanista Dominicano y luego el Frente Amplio y Dominicanos por el Cambio. En septiembre Alianza País proclamó al doctor Guillermo Moreno, y en octubre Alianza por la Democracia y el Partido Revolucionario Social Demócrata escogieron a Minou Tavárez Mirabal y a Hatuey de Camps, respectivamente.

Hasta ahora los demás candidatos a la presidencia son el presidente Medina, proclamado por su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), y desde fines de mayo trata de asegurarse también el apoyo del Reformista Social Cristiano (PRSC) en un regateo público que no acaba de concluir, por lo que Federico Antún fue proclamado candidato presidencial. Un séptimo aspirante es el discreto Juan Cohén, escogido por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana.

Si finalmente Medina logra ser candidato de los tres partidos tradicionales, tendrían el 80 por ciento del financiamiento estatal que para el 2016 ascendería a unos 1,700 millones de pesos. Con 15 pequeños partidos que se proyectan en el frente reeleccionista acapararían el 90 por ciento, unos 1,530 millones, dejando a la oposición RD$170 millones y la cara de Medina, aparecería 18 veces en una boleta que tendrá 26 cuadros de elección.

Una competencia desigual. La oposición se ha alentado en los últimos meses por la división que sigue afectando al partido de Gobierno y las dificultades para curar las heridas de la imposición casi total de candidatos y cerrar acuerdo con el PRSC, más los escándalos y agravamiento de problemas que le afectan. La percepción y algunas encuestas muestra declive, lógico en las actuales circunstancias, de las preferencias por Medina, pero las ventajas del usufructo del poder y el abuso que en el país le acompaña, le permitirán superar las adversidades.

Hasta los más optimistas de la oposición aceptan que será muy difícil desplazar la maquinaria de poder del PLD y aliados con su candidato presidente promoviéndose con todo el poder del Estado y monopolizando el financiamiento público. Más de seis meses después de ser candidato, Luis Abinader todavía no despliega campaña publicitaria y su proyección ha estado en sus propuestas y en un vigoroso equipo técnico-profesional.

Los cuatro partidos que lo postulan suman apenas 2.2 millones de pesos del financiamiento estatal de este año, que se duplicarían en el 2016. En cambio el PRD recibe 18 millones mensuales este año, y el doble desde enero, al igual que el PLD y el PRSC.

El financiamiento es mucho peor para las demás candidaturas de oposición. sustentadas cada una por un solo partido reconocido. Como su partido acaba de ser reconocido, será a partir de enero que Guillermo Moreno recibirá financiamiento público, y le tocaría por mes alrededor de 1.2 millones de pesos, lo mismo que Hatuey de Camps y Minou Tavárez, cuyos partidos han estado recibiendo este año 540 mil pesos mensuales.

Solo el PRM ha logrado hasta ahora una estructura nacional, en un esfuerzo de año y medio, porque se llevó la mayor parte en la división del PRD. Las otras tres opciones opositoras tendrán dificultades hasta para completar y registrar en marzo sus candidatos congresuales y municipales, y mucho más para colocar delegados en cada uno de los 15,986 colegios electorales.

Todos hablan de unidad. Un observador extranjero preguntaba por qué la oposición no logra unificarse, cuando todos hablan de la necesidad de hacerlo, para enfrentar el acorazado de poder que representa la candidatura reeleccionista. Desde antes de constituirse, el PRM ha promovido la “Convergencia por un Mejor País”, a la que ha concurrido un decena de grupos, incluyendo los cuatro partidos que sustentan a Abinader, pero no ha podido concertar con los otros tres que llevan candidatos.

Moreno y Tavárez Mirabal han coincidido en la conveniencia de la unidad, ambos enfatizando que tiene que darse sobre la base de un programa, no una simple repartición de cargos, pero aunque tienen un origen y posiciones políticas similares enla centroizquierda, no han logrado unificarse ni ellos mismos.

En agosto el PRM les invitó a considerar sus lineamientos básicos para un programa de gobierno, y no ha recibido respuesta.

Moreno insiste en una mesa de diálogo, más como discurso que como esfuerzo concreto, quedando en pequeños núcleos de izquierda que le apoyan.

Hatuey de Camps luce el más abierto a concertar y mantiene conversaciones con Abinader. En el 2012 apoyó su candidatura vicepresidencial con Hipólito Mejía para presidente, entonces por el PRD. Su fuerza política se ha estancado en la medida en que él ha concentrado esfuerzo en sobrevivir a las adversidades de salud. Esta vez tras ser proclamado candidato se definió diciendo que “no soy puente roto, soy facilitador de las unidad, por lo que mi candidatura no es un obstáculo a la misma”.

Para una segunda vuelta. La generalidad de los candidatos dejan abierta la posibilidad de concertar en una eventual segunda vuelta, pero aún manteniendo las candidaturas presidenciales, podrían comenzar a hacerlo ahora en los niveles congresual y municipal, donde se elige en una sola votación. Podrían así todos cosechar un mejor resultado y muchos electores les agradecerían darle una oportunidad de por lo menos garantizarle mayor equilibrio a la democracia dominicana.

En un escenario de bipolarización, los partidos alternativos tendrían graves dificultades para alcanzar representación congresual y ganar en municipios significativos.

La concertación desde ahora podría incluir la adopción de un programa mínimo que aborde los problemas fundamentales, progresista pero realista, de amplitud para convocar no solo a las clases medias, sino también a los sectores populares, para una coyuntura nacional donde domina el conservadurismo con franjas de frustración, indiferencia y desesperanza. Sobre base programática podría conllevar el compromiso de apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial de oposición que quede en competencia.

Es obvio que son muchos los factores que dificultan la unidad de la oposición, que para la generalidad de los analistas y observadores y para muchos electores sigue siendo fundamental para afrontar las desventajas competitivas. La concertación, aún limitada, desataría ilusiones competitivas, aumentaría los aportes financieros a la oposición y generaría una nueva perspectiva electoral.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

noviembre 8, 2015noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 2 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

noviembre 1, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana | 10 Comments

Por Juan Bolívar Díaz

01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ El País12 A

La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

septiembre 20, 2015septiembre 21, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

La capitulación del PRD en aras de la reelección

septiembre 13, 2015septiembre 17, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Sin el menor rubor y en un acto público el empresario Miguel Vargas Maldonado entregó esta semana el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más tradicional organización política de la historia nacional, en un nebuloso y precipitado pacto electoral con el gobierno, cuyos alcances no han podido definirse tras meses de negociaciones.

Es relevante que el partido más votado todavía en la última elección presidencial, capitula y se entrega en aras del reeleccionismo presidencial, contradiciendo uno de sus planteamientos fundamentales, y contribuyendo a la concentración del poder que encarna la principal negación de sí mismo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Corbatas azules, parte 2

La capitulación la firmó el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, mucho más empresario que líder político, el lunes 7 de septiembre, tan precipitada como su renuncia tres meses antes a una candidatura presidencial que se auto atribuyó con el concurso del secuestrado Tribunal Superior Electoral que le avaló repetidas violaciones a los principios democráticos consagrados en la Constitución, en la ley electoral y en los estatutos del PRD.

Fue la culminación de un proceso iniciado el 14 de mayo del 2009, cuando Vargas Maldonado firmó con el presidente Leonel Fernández un pacto para viabilizar la constitución del 2010. No tenía cargo directivo en el partido blanco ni procuró autorización previa de ninguno de sus organismos, firmó en su calidad de excandidato presidencial, que lo fue en el 2008 cuando perdió las elecciones a manos precisamente de Fernández con votación de 53,8 a 40,4 por ciento.

Desde entonces Vargas había justificado el pacto aduciendo que reivindicó el histórico compromiso perredeísta de no reelección promovido por su líder José Francisco Peña Gómez en la constitución de 1994 y violentado por el presidente Hipólito Mejía con la reforma del 2002. Y en efecto la Constitución del 2010 prohibió la reelección presidencial inmediata, pero ahora Vargas volvió a pactar con un presidente del PLD no sólo para restablecer el reeleccionbismo, sino que también le suma los votos del PRD.

El pacto fue firmado en el mismo escenario del 2009, el hotel Jaragua, y para no dejar duda de la continuidad, los protagonistas volvieron a vestir corbatas azules, aunque esta vez el gran ausente fue el doctor Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, sustituido por el mandatario de turno Danilo Medina, para reafirmar que el poder lo ostenta quien reparte los sobrecitos y parcelas del Estado.

Sin siquiera los 10 cheles

Si poco táctico fue que Vargas renunciara a su candidatura sin precisar las condiciones y términos del pacto que anunciaba, más absurdo es que lo firmara sin haber cerrado las negociaciones tres meses después, quedando a expensas de lo que quiera desembolsar el PLD de los “diez cheles” en que su histórico dirigente Euclides Gutiérrez Félix tasara el valor del apoyo del PRD a la reelección de Danilo Medina.

En el pacto del Comité Político del PLD a fines de mayo para salvar su unidad y viabilizar la reforma constitucional reeleccionista quedó consignada la repostulación total de sus legisladores. En el caso de los alcaldes se estableció que habría encuestas en los municipios donde la gestión no garantizara el triunfo. Voceros perredeistas anunciaban nuevas provincias para buscar senadores, pero tropezaron con la ley electoral.

Los actuales diputados perredeístas, unos 40, podrán ser repostulados, pero por el voto preferencial tendrán que valerse por sí mismos, pues los peledeístas escogerán a sus compañeros de partido. Todavía esta semana voceros de la categoría del secretario general del PLD, Reinaldo Pared, han repetido que no cederán las candidaturas a alcaldes en los grandes municipios que ganó el PRD en la anterior elección, como Santo Domingo Norte, Santiago y San Cristóbal, lo que conllevaría candidaturas separadas en los mismos, donde los perredeistas defienden miles de empleos en un penoso regateo público.

Es contradictorio que un negociante de la categoría de Vargas Maldonado haya ignorado un principio fundamental de toda transacción, asegurar los términos antes de la firma, razón por la cual muchos preguntan si no hay compensaciones impublicables en el pacto, como en la negociación del bloque de diputados perredeistas, quienes saben que el voto preferencial impide garantizarles sus puestos. Las generalidades de los 15 propósitos del “Acuerdo de un Gobierno Compartido de Unidad Nacional” firmado el lunes no justifican tanto desprendimiento en una política tan mercantil.

Una expresión macondiana

La capitulación del mayor partido del intento democrático nacional bajo términos tan vagos, en apoyo casi incondicional al partido gobernante es una ocurrencia extraña en la política, expresión del macondismo latinoamericano que certificó García Márquez. Hasta dirigentes fieles al PRD, como Fiquito Vásquez, han explicado la precipitación en que tenían que contener la hemorragia de los perredeístas hacia el PRM, lo que será difícil si no les garantizan siquiera las alcaldías con miles de plazas para militantes. Pero nadie entiende que hayan sido tan malos negociadores, exponiéndose a la humillación de los diez cheles.

Mientras tanto, el partido que desde su fundación encarnó las luchas democráticas de tres cuartos de siglo dominicano, se encamina a su autoliquidación. Deja atrás las luchas contra la tiranía de Trujillo y sus batallas por instaurar la democracia, desde su triunfo electoral de 1962 a la revolución constitucionalista y su resistencia a la invasión militar norteamericana de 1965 y a la cuasi dictadura de los 12 años de Balaguer. También el triunfo electoral de 1978 que abrió la democratización del país y su confrontación con el PLD que nació como negación absoluta del perredeísmo y lo hostilizó al máximo.

Todavía en la anterior elección presidencial, la del 2012, con Hipólito Mejía de candidato presidencial, el PRD obtuvo la mayor votación, un millón 911 mil 341 sufragios, 200 mil más que el millón 711 mil 737 que consiguió el PLD, lo que representó 42.13 a 37.73 por ciento. Aunque con el voto de los respectivos aliados, el presidente Medina ganó la elección por 51.21 a 46.95 por ciento. Pero a pocos queda claro que el PLD ha incentivado el desguañangue del PRD, tras haber absorbido en gran proporción a lo que dejó Balaguer como partido, y las garatas y divisionismos de los perredeístas han determinado el proceso de involución de la democracia dominicana, donde un grupo político que ya no se somete a elección de sus militantes, lo mercantiliza todo en aras del control total de las instituciones estatales y sociales.-

Juan Bolívar Diaz Santana

juanbolivardiaz.com

Category Archives: Política

Bajo protestas y ante la marcha opositora, el gobierno admite crisis y busca negociar

La República no merece volver a la iniquidad electoral del 2016

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

TC: Otra ratificación del relajo institucional

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

La capitulación del PRD en aras de la reelección