Cuando me invitaron a formar parte de una Comisión de Veeduría de las compras y contrataciones del Ministerio de la Presidencia del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuve el menor titubeo, aunque puse una condición: que los demás integrantes fueran personas de convicciones éticas, preocupadas por el mejoramiento de la gestión pública.
Tres razones fundamentales me obligaban a aceptar esa responsabilidad. La primera es que no podía negar esa colaboración a un ministerio encabezado por un político de la integridad demostrada de Gustavo Montalvo, y de un gobierno que hace esfuerzo por reducir los altos índices de corrupción que corroe la función pública y por mejorar la transparencia en su gestión.
La segunda es que quienes luchamos por el mejoramiento de la gestión gubernamental estamos en el deber de incentivar y respaldar cualquier esfuerzo en esa dirección, aún a costa de echarnos encima nuevas responsabilidades que consumen el tiempo de descanso o del esparcimiento.
Tercera, porque las experiencias en seguimiento a contrataciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL) habían sido gratificantes, pues demostraron que la transparencia y la honestidad en concursos y licitaciones generan inmensos beneficios. Entre el 2005 y el año pasado, Promese se economizó cientos de millones de pesos por reducción hasta la quinta o décima parte del costo original de sus compras.
El concurso de Indotel para la portabilidad numérica demandó a los veedores decenas de horas de trabajo en múltiples sesiones, con el agravante de que hubo que repetirlo, pues junto a sus técnicos y ejecutivos acordamos una segunda convocatoria cuando las primeras ofertas resultaron insatisfactorias.
Los titulares de esos organismos, Elena Fernández y José Rafael Vargas, y sus respectivos equipos técnicos, se graduaron en la transparencia. No tuvieron que darnos nada, como tampoco nos pidieron incondicionalidad ni que dejáramos de ser críticos con la gestión del gobierno del presidente Leonel Fernández al que servían. En ambos casos dejamos constancia pública del éxito.
Con mucho orgullo me cuento entre los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que arriba a su vigésimo aniversario, colaborando con decenas de instituciones estatales en un esfuerzo, no siempre exitoso, por mejorar la gestión pública, por reducir la discrecionalidad y la corrupción.
PC ha firmado convenios y ejecutado programas junto a ministerios como el de Función Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Salud Pública, con la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, con el Congreso Nacional, Junta Central Electoral, Consejo Nacional de Reforma del Estado, con múltiples ayuntamientos y otras entidades públicas, además de los mismos partidos políticos. Ha habido resultados exitosos y aceptables, como también verdaderos fracasos, pero eso no nos ha impedido seguir luchando con los políticos y ejecutivos que tenemos. Aunque a decir verdad con momentos de desaliento.
Lo que no podía prever es que la integración de esta comisión de veedores, despertaría tantos demonios y generaría tantos cuestionamientos a sus auspiciadores. Tampoco que motivaría una nueva tanda de infamias, insultos y descalificaciones, que ya se extienden a mi familia, de parte de fanáticos que pretenden la eliminación de la disensión, la crítica y la promoción de principios y valores consubstanciales al buen periodismo que me enseñaron en las aulas universitarias.
Como hay tanta ignorancia y algunos quieren generalizar sus propias mezquindades debo advertir que no hemos pasado a ser funcionarios gubernamentales y que la misión es gratuita, un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad social.
Espero que el esfuerzo fructifique, pero si no resultara así, prometo no suicidarme ni frustrarme ni declararme indiferente. Hasta la batalla final.