Urge contener la repartición

julio 11, 2009noviembre 2, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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El comunicado con que el titular de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se defiende de las escandalosas denuncias que le han afectado es una auto incriminación que se pagaría penalmente en cualquier democracia de mediana intensidad y demuestra hasta qué punto está llegando el abuso del patrimonio público en el país.

Hay una sensación de desbordamiento tan grande que demanda una urgente intervención legislativa y ejecutiva para imponer transparencia en el manejo de los recursos públicos en el gobierno central y las instituciones autónomas del Estado y para limitar las donaciones, repartición de cargos y contratos que alimentan el clientelismo político.

A confesión de parte Llamó la atención que en el comunicado publicado en los diarios esta semana a nombre y cargo de la CDEEE, su vicepresidente ejecutivo Radhamés Segura admite parte considerable de las denuncias de la periodista Nuria Piera sobre alegre repartición del patrimonio de esta institución pública, aunque él sostiene que no viola ninguna ley.

Acepta que la corporación realiza donaciones a la Iglesia Católica, a las iglesias cristianas evangélicas, a personas enfermas, a clubes y asociaciones deportivas, así como a ONGs de congresistas. Sobre ello Segura asume la total responsabilidad, parapetándose en un reglamento del presidente Hipólito Mejía, garantizando que todas estas acciones son legales y por tanto pueden ser recurridas a los tribunales

Las admisiones son más graves por cuanto están acompañadas de un informe que revela un déficit operativo de 699 millones de dólares para este año en el conjunto de las entidades que conforman esa corporación, sin contar el costo del órgano central, que por cierto no se hace explícito.

Todo ello al mismo tiempo que el país está sumido en una nueva tanda de apagones que afectan las actividades productivas, sociales y familiares, con un costo enorme que dificulta la competitividad internacional y cuando la población no acaba de asimilar las dos elevaciones de la tarifa energética recién impuestas.

El ingeniero Segura no refuta que tenga empleados unos 40 familiares, como se denunció, sólo que considera que al no ser directos no caerían en los límites legales, llegando a justificarlo en que esto representa menos de la mitad del uno por ciento (0.39%) del total de empleados. Tampoco niega los altos estipendios que paga la deficitaria CDEEE, argumentando que no se corresponden con los sueldos del Gobierno Central, sino con los de las empresas del sector privado, como se establece en la ley General de Electricidad, lo que estaría por ser comprobado.

De ilegal e ilegítimo

Puede ser que la repartición de donaciones a entidades y personas particulares, el empleo con altos sueldos de decenas de familiares no directos y de cientos de relacionados políticos, hasta el punto de haber llevado la nómina de 80 a 400 millones de pesos en cuatro años no sea ilegal, pero cae en la categoría de lo ilegítimo.

Ciertamente la ilegalidad tendría que dictaminarla un tribunal, pero por lo menos hay un principio establecido en el artículo 102 de la Constitución vigente, que después de plantear sanciones para todo el que sustraiga fondos públicos, proclama que serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.

Como cualquiera puede comprobar el precepto constitucional no se limita a los familiares directos. Pero es que además esas prácticas contravienen los más elementales principios de la ética y se constituyen en ilegítimas, aunque no estén expresamente penalizadas en un texto específico.

Es obvio que la ausencia de ética se generaliza entre los políticos y funcionarios públicos. La falta de expresa prohibición fue lo mismo que argumentaron en diciembre pasado los titulares de la Cámara de Cuentas para tratar de justificar que decidieran pagarse dos salarios adicionales en Navidad, menos de tres meses después de haber asumido el cargo, lo que fue totalmente ilegítimo y abusivo.

En términos éticos, racionales y de legitimidad y muy difícil explicar que una institución con tan alto déficit, que sólo para el año en curso está estimado en más de 25 mil millones de pesos, esté realizando donaciones por cientos de millones de pesos. Seguro que no aparecerá en el mundo entero una sola empresa o institución privada que con un déficit siquiera parecido esté haciendo donaciones. Tampoco será fácil encontrar una corporación de electricidad pública que se dedique a financiar las actividades de ONGs, sean o no de legisladores, ni la de clubes y de personas enfermas. Para esto último el Estado tiene los organismos correspondientes.

Reparto generalizado

Lo recién denunciado en la CEDEEE ya lo fue antes en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuyo titular mantiene cientos de activistas de su grupo político pagados con recursos de la institución. También se le ha acusado de nepotismo, como en el Programa de Reducción de Apagones, cuyo titular hubo de ser suspendido y luego relevado por el mismo Radhamés Segura, cuando una investigación ratificó denuncias periodísticas.

La Lotería Nacional, la Liga Municipal y otras entidades autónomas y del gobierno central también han sido objeto de similares denuncias. La mejor prueba de la generalización del reparto fue nuestra publicación de la nominilla de los 42 mil 434 presidentes de los comités de base a quienes se pagaba 143 millones 120 mil pesos mensuales (HOY, 5 de abril del 2008) a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, del propio INDRHI, del Instituto Nacional de Aguas Potables, la Corporación del Acueducto de Santo Domingo, la Comisión para el Desarrollo Barrial, el Instituto Agrario Dominicano y la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

Posteriormente denunciamos (HOY, 11 de mayo del 2008) la Nómina pago de inspectores del Instituto Agrario, que comprendía a 1,209 personas con salarios de entre 15 y 25 mil pesos que totalizaban 18 millones 355 mil pesos al mes. Con los números de cédulas pudimos comprobar que no figuraban como empleados de ese organismo en los registros de la seguridad social, aunque muchos aparecían en otras entidades del Estado. Quienes suministraron la nómina aseguran que correspondía a dirigentes de comités intermedios del partido de gobierno.

Como se ve, se trata de una política oficial de reparto que se extiende más lejos aún. No hay que olvidar que el veterano abogado y dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez justificó las nominillas diciendo que él también tenía una en la Superintendencia de Seguros que él dirige. Y el propio presidente Leonel Fernández la justificó en el Palacio Nacional cuando le entregamos una copia de la de los comités de base de su partido, indicando que era una práctica imprescindible para mantener el gobierno.

Todo tiene límites

Las denuncias de las nominillas llegaron hasta la Junta Central Electoral que ordenó suspenderlas en la campaña para las elecciones presidenciales del 2008. Luego se supo que la práctica continuaba con mayor discreción y que muchos de los beneficiarios fueron pasados a las nóminas normales mientras a otros se les dotó de tarjetas electrónicas para evitar la confección de cheques que provocan aglomeraciones y dejan evidencias.

Ya nadie puede precisar cuántas personas cobran mensualmente del Estado sin trabajar, a través de las nominillas y los programas sociales como Comer es primero y el Bonogás y de los incentivos escolares y asistencia a ancianos. En el primero hay 450 mil personas cobrando 700 pesos mensuales. En el escolar 237 mil pagos de 150 pesos, 52 mil ancianos con 400 pesos al mes, y el bonogás todavía está en desarrollo, pero se ha dicho que incluirá a 800 mil hogares y choferes.

En los programas oficiales de asistencia social se trata de sumas que apenas palian la extrema pobreza o la indigencia, pero en conjunto suponen este año cerca de 10 mil millones de pesos, mientras el financiamiento de la educación, la salud, los acueductos y la vivienda sigue siendo por debajo de lo necesario para incidir en la reducción de la pobreza.

Pero la peor distribución es la de carácter estrictamente político, el sostenimiento de dirigentes y activistas con los recursos del Estado, que se practica también en los ayuntamientos y que en el caso del Congreso Nacional llega a los extremos del auspicio de barrilitos y cofrecitos para supuestos programas sociales de los legisladores, que no es otra cosa que una forma de promoverse políticamente.

La sociedad en general debería levantarse para reclamar límites a la repartición del Estado, aunque se advierte que resultará muy difícil ya que desde el Poder Ejecutivo hasta el Legislativo la utilizan como mecanismo clientelista. Por eso hay quienes sostienen que el mayor reclamo debe dirigirse al presidente de la República Leonel Fernández que con un solo decreto y voluntad política puede poner límites al abuso de los recursos estatales.

El 2008: Un año devastador

diciembre 26, 2008noviembre 9, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La nación pagó un costo elevado por la reelección del presidente Fernández, tanto en términos institucionales como económicos, y la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia sembraron pesimismo

Este año que se despide marcó un claro retroceso institucional que se anota como costo de la reelección del presidente Leonel Fernández, fundamentada en un reparto sin precedente del patrimonio público y la configuración de un nuevo liderazgo mesiánico que no respeta ni su propio partido.

El desbordamiento del gasto público durante la campaña electoral generó un déficit que obligó a un recesivo constreñimiento monetario en perjuicio de las actividades productivas, iniciando una ruptura de la estabilidad macroeconómica que había sido el mayor galardón de la gestión gubernativa peledeista.

Mientras el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, la criminalidad policial y el narcotráfico acentuaron el pesimismo nacional con incremento de las huidas clandestinas en las que cientos de personas perdieron la vida en numerosos naufragios.

Deprimente final. El debilitamiento institucional tuvo amplia expresión en este último mes del año, con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los pagarés internacionales con la Sunland, la autodistribución del patrimonio público por los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, los indultos presidenciales a condenados por actos de corrupción y la falta de transparencia denunciada en la remodelación del Palacio de Bellas Artes.

La mayoría de los jueces de la SCJ capituló ante el Poder Ejecutivo revocando su propia jurisprudencia para negar a cualquier parte interesada el derecho a incoar recursos de inconstitucionalidad, motivando una declaración de su presidente que invoca la necesidad de un nuevo liderazgo en esa entidad, mientras los integrantes de la Cámara de Cuentas, a sólo dos meses de su designación, se declararon por encima de la ley y el reglamento interno para justificarse tres sueldos en diciembre. Ambas cuestiones han reducido el crédito de esas dos instituciones fundamentales del Estado.

El presidente Fernández pasó por encima de la Comisión de Indultos, provocando la renuncia de casi todos sus integrantes, al indultar a la señora Vivian Lubrano, condenada por el fraude del Banco Intercontinental y a cuatro de los condenados por la distribución patrimonial del Plan Renove. En todos los casos ignorando la norma que condiciona los indultos al cumplimiento de la mitad de la pena.

Como muestra del dispendio y la falta de transparencia y de prioridades en la inversión pública, quedan los reportajes de la periodista Alicia Ortega, quien ha demostrado que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más de 1,600 millones de pesos y no los 700 millones que se informó en el acto de reinauguración y en la página electrónica de la Presidencia de la República. Haber invertido 784 millones de pesos en un parqueo subterráneo para 600 vehículos es una escandalosa desproporción.

Corrupción y criminalidad. La percepción de que campea la corrupción generó denuncias hasta de dirigentes del partido oficialista, mientras el senador peledeista por Peravia, Wilton Guerrero, puso en picota la complicidad de oficiales militares y policiales y del ministerio público con el narcotráfico, a raíz de la masacre de Paya. La persistencia del legislador y el escándalo nacional lograron que se avanzara en el desentrañamiento de una red mafiosa que ha involucrado a una decena de oficiales de la Marina de Guerra y la Policía Nacional.

Pero al mismo tiempo quedaba manifiesta la inutilidad de la Comisión Nacional de Ética y del Departamento de Prevención y lucha contra la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, sobrepasadas no sólo por los indultos de diciembre, sino también porque el ministerio público renunció a la continuación de los procesos judiciales de funcionarios gubernamentales acusados de malversar recursos del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), de los cupones de gas, en los dos anteriores períodos de gobierno, mientras la pérdida del expediente dejaba impune un escándalo aduanal de hace 14 años.

Este año quedó al desnudo la escandalosa proporción de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada, no obstante que miles de policías, militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas han sido despedidos en los últimos años.

La inseguridad ciudadana siguió en incremento con la proliferación de crímenes y asaltos de todas las categorías, incluyendo secuestros. Las estadísticas de los homicidios en los primeros tres trimestres del año arrojan un incremento del 20% en relación al mismo período de 2007, pasando la tasa del 20.7 al 25.3 por cada 100 mil habitantes.

No menos alarmantes han sido los muertos a manos de agentes policiales, que a septiembre sumaban 343, unos 38 por mes, con un incremento de casi 50% en relación al año anterior, proyectándose para fin del año a 457. En la mayoría de los casos se trata de ejecuciones de delincuentes y presuntos delincuentes tras ser capturados o sorprendidos. Esa política de exterminio es de las peores expresiones del desprecio a los procedimientos institucionales y a los derechos constitucionales.

Desequilibrio fiscal. El esfuerzo reeleccionista generó un enorme déficit fiscal que obligó al Banco Central a reducir las reservas de divisas en cientos de millones de dólares y a elevar las tasas de interés para mantener la estabilidad macroeconómica con el peso sobrevaluado en perjuicio de los sectores productivos y exportadores.

Los subsidios a la electricidad y los combustibles, al empleo en zonas francas y a productos alimenticios, lo mismo que los programas de asistencia social alcanzaron niveles sin precedentes, contribuyendo a un déficit fiscal superior al 4% del producto interno bruto, cuya cuantía no se ha precisado debido a un clandestino endeudamiento interno con la banca estatal, productores agropecuarios y medios de comunicación.

El gasto fiscal que en los primeros seis meses del año se elevó en 32% cuando los ingresos sólo crecieron en 5%, criticado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, más los altos precios del petróleo y los alimentos importados, contribuyeron al desequilibrio económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos cierra el año con un déficit de US$5,000 millones, haciendo depender la estabilidad de la inversión extranjera. En un escenario de grave crisis financiera y recesión internacional, los desequilibrios internos se magnifican y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento que han sido los galardones más reconocidos de la gestión gubernativa del presidente Fernández.

Las repercusiones de la crisis internacional en el turismo, zonas francas y remesas originan previsiones de dificultades económicas en el país. Esta semana, la agencia Standard & Poors bajó la calificación a la deuda dominicana reflejando un deterioro de las previsiones económicas para el país, debido a la crisis internacional y lo que llamaron como resbalón fiscal.

Lo que predomina al final del año es un generalizado pesimismo, lo que podría explicar el incremento de los viajes en yola hacia Puerto Rico y Miami que en la segunda mitad del año ocasionaron unos cinco naufragios con la muerte de unas 300 personas.

Institucionalidad debilitada

La institucionalidad democrática quedó destrozada en la campaña electoral cuando el presidente de la nación y el candidato a la reelección se fundieron en un uso sin precedente de los recursos del Estado, sin que la Junta Central Electoral pudiera siquiera formular un pronunciamiento de censura. El clientelismo, el transfuguismo y el reparto del Estado alcanzaron niveles históricos. Al iniciarse el nuevo período de gobierno fueron designados 53 secretarios y 320 subsecretarios de Estado, en su mayoría inorgánicos.

Desde la campaña electoral se inició una repartición de cargos por designación presidencial para incentivar y premiar el transfuguismo y ampliar el respaldo a la reelección que involucró una docena de partidos y más de 600 grupos de apoyo. La documentación de nóminas de pagos de sueldos mensuales a los presidentes de los comités de base e intermedios del partido gobernante marcó un uso sin precedente de los recursos estatales en campañas electorales.

Desechando aspectos básicos de una consulta popular y de las recomendaciones de una comisión de expertos, el Presidente envió al Congreso un proyecto de nueva Constitución presidencialista y conservadora que no fue consensuado ni discutido siquiera con el máximo organismo de su propio partido, cada vez más desmembrado y marginado de las decisiones fundamentales del gobierno.

Este año, de nuevo el gobierno siguió ignorando una serie de leyes recientes como la de Contrataciones Públicas, la de Presupuesto, la de Función Pública, la que penaliza el robo de energía y la de Migración, mientras cientos de funcionarios y legisladores evadían la ley que obliga a la declaración jurada de sus bienes, tanto al principio como al final de sus funciones. También siguió la violación de leyes que asignan proporciones del Presupuesto nacional o del producto bruto interno a la educación, los municipios y la justicia.

Leonel: entre sueño y realidad

diciembre 12, 2008noviembre 6, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Fernández avanzó en el reconocimiento de la realidad y prometió concertar, pero se quedó a mitad de camino ocultando el déficit fiscal, evadiendo la austeridad y los límites al gasto que impone la crisis.

Con su discurso del pasado lunes 8, el presidente Leonel Fernández reconoció definitivamente la gravedad de la crisis económica internacional y sus repercusiones sobre el país y prometió concertar con las fuerzas vivas de la nación para definir un curso de acción frente a las adversidades.

Sin embargo, el mandatario persistió en un optimismo desproporcionado a la realidad fundando sus sueños de megaproyectos en un nivel de endeudamiento externo que no se corresponde con el contexto de escasez de crédito derivado de la grave crisis financiera internacional.

Mientras, los altos ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) vinieron al país para insistir en la necesidad de reequilibrar la política macroeconómica mediante la disminución del déficit fiscal que permita la reducción de las tasas de interés para estimular la inversión y el empleo y evitar que se agrave la desaceleración económica.

Elementos positivos. Lo más celebrado del discurso del presidente Fernández fue que esta vez evadió la disertación y trató de ir más directamente a las cuestiones que preocupan a la sociedad dominicana, aceptando definitivamente que estamos frente a una grave crisis económica internacional, cuyas consecuencias son aún impredecibles.

Aunque quedó atrapado entre los sueños y la realidad, el mandatario reconoció que el país será afectado significativamente por la recesión internacional, razón por la cual concluyó en que hace falta actuar unidos como nación para salir airosos de los desafíos. En consecuencia prometió que en enero convocará un gran encuentro de todas las fuerzas vivas del país, para que entre todos podamos definir el curso de acción que como sociedad debemos seguir en estos momentos de adversidades, infortunios e incertidumbres.

Esa fue la principal concesión que hizo Fernández Reyna a los sectores políticos, económicos y sociales que le han venido solicitando que convoque un concierto nacional para enfrentar no sólo la crisis económica y financiera, sino también la creciente inseguridad y la crisis energética así como para definir prioridades de inversión.

El polémico proyecto de nueva Constitución sometido al Congreso ignorando consensos en aspectos fundamentales, llamado a ser conocido a partir de enero, tendría que ser relegado si se quiere dar espacio a ese encuentro de concertación, que bien podría iniciar un proceso que incluyera también la misma Carta Magna.

En los sectores empresariales hubo manifiesto respiro porque la alocución presidencial reafirmó declaraciones de su equipo económico en el sentido de que en las conversaciones con el FMI no se ha tratado sobre una nueva reforma tributaria el año próximo, precisando que el ajuste fiscal a que se refirió ese organismo es en base al gasto público y no a un aumento de impuestos.

Déficit fiscal y presupuesto. El Presidente de la República sigue sin admitir el exceso de gasto en que incurrió este año en la carrera por la reelección. Pero la misma noche de su discurso el Director Gerente del FMI divulgó un comunicado dando cuenta de las conversaciones que sostuvo con él y su equipo económico, donde le plantearon la necesidad de retornar a una situación fiscal financiable en un contexto de escasez de crédito en los mercados pero cuidando de que las políticas macroeconómicas no agraven la desaceleración de la actividad económica.

El comunicado agregó que Estamos de acuerdo en la necesidad de reequilibrar la política macroeconómica mediante la disminución del déficit fiscal y así permitir una cierta relajación de la política monetaria y reducir las tasas de interés para ayudar a estimular la actividad en el sector privado. El FMI consideró que a mediano plazo el mejoramiento económico dependerá de la aceleración en la creación de empleos y el crecimiento del ingreso, a lo que contribuirán nuevas reducciones graduales pero constantes de los coeficientes de la deuda pública.

En su discurso, el primer mandatario sostuvo que hasta julio el desempeño económico obedeció a lo proyectado, pero que al sentirse los efectos del alza del precio del petróleo y los alimentos y de la crisis financiera global el gobierno se vio obligado a aumentar los subsidios para proteger a la población. Pero en realidad los subsidios que citó, a la energía, el gas, el gasoil, arroz, habichuelas, pan, pollo y al empleo de zonas francas se incrementaron o comenzaron desde principios del año, por la campaña electoral y a contrapelo de críticas generalizadas.

El presidente Fernández defendió su proyecto de presupuesto para el próximo año deficitario en 31 mil millones de pesos y que contempla un endeudamiento de 77 mil 94 millones de pesos (más de 2 mil millones de dólares), equivalentes a un 24 por ciento de su monto de 329 mil millones de pesos, contradiciendo el compromiso con la misión del FMI de noviembre, de presentar un presupuesto basado en una proyección realista de los ingresos y un nivel de financiamiento creíble e identificado.

Pese a la actual estrechez del crédito internacional, el proyecto contempla préstamos de la banca extranjera por hasta mil 500 millones de dólares, difíciles de lograr en los próximos meses, lo que indica una propensión al desbordamiento del endeudamiento, con tal de no ajustar el gasto a la realidad financiera.

Zoom

Notables vacíos

Aunque el discurso presidencial insistió en mantener niveles insostenibles de inversión, fue notable que ni siquiera mencionara la austeridad y que siguiera subordinando el gasto social, evadiendo la petición general de blindar a los pobres. No hubo tampoco la menor mención al dispendio ni a la corrupción.

Cuando se refirió a la crisis energética, el mandatario anunció su propósito de plantear a una misión de los Emiratos Arabes Unidos que visitaría el país para inversiones para una planta de 500 megavatios, sin referirse a las dos plantas de energía a base de carbón que generarían mil 200 megavatios, en que basó el aumento de la oferta en los últimos tres años.

Aunque las dos plantas fueron concesionadas a empresas extranjeras en cuestionados concursos de poca transparencia, y pese a que luego el gobierno comprometió garantía a la inversión, no ha aparecido el primer dólar para iniciarlas. Aparentemente han sido abandonadas, pero sin la menor explicación a la sociedad.

El discurso tampoco mostró preocupación por la reactivación y competitividad del sector industrial, el financiamiento a la agropecuaria ni el incentivo a las exportaciones.

En cuanto al FMI, el presidente señaló que expresó a su director gerente Dominique Straus-Khan su aspiración de implementar un acuerdo de monitoreo del desempeño de la economía dominicana en el más breve plazo, sin dar cuenta de la respuesta recibida. En el comunicado emitido por el organismo tras la visita de sus tres más altos ejecutivos no asoma ningún acuerdo pero sí varias contradicciones.

Los cuestionamientos

El mayor cuestionamiento al discurso presidencial fue que ignoró el reclamo general y del Fondo Monetrio Internacional (FMI) de un ajuste fiscal. Ni siquiera asomó un plan de austeridad como el enunciado en julio pasado cuando anunció la paralización de las obras que no estuvieran a punto de conclusión.

Hay incongruencia entre la admisión de la crisis internacional y la persistencia en megaproyectos como la segunda línea del Metro y el tren entre Haina y Santiago, proyectados en base a concesiones a inversionistas extranjeros, pese a las condiciones más estrechas del crédito global, como señaló la misión del FMI que visitó el país en noviembre.

Economistas y agentes empresariales consideran que el optimismo del presidente Fernández sigue por encima de la realidad. Se aventuró a sostener que el turismo y las remesas crecerán en el 2009 en proporciones superiores, en términos absolutos, a las registradas este año, y que los resultados serán positivos en la balanza de pagos global, aunque todos los informes y pronósticos internacionales indican que la crisis económica internacional impactará duramente en el país.

Otra manifestación de optimismo se manifestó en su afirmación de que tres proyectos de inversión turística, aún por iniciarse, generarían hasta 35 mil empleos y en la idea de una terminal de gas natural en la costa norte para consumo interno y hasta para exportación al mercado de Estados Unidos.

El mayor cuestionamiento se lo ha ganado su anuncio de un proyecto de ley para acceder a los 68 mil millones de pesos que acumulan los fondos de pensiones para desarrollar proyectos de viviendas y varios proyectos de infraestructura. En su artículo 97, la Ley de Seguridad Social contempla que esos fondos pueden ser invertidos en Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de la Vivienda, para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas, pero no para proyectos de infraestructura a ser construidos por el gobierno.

El Presidente debe afrontar la crisis

diciembre 6, 2008noviembre 6, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Con su discurso anunciado para la próxima semana, la sociedad dominicana espera que el presidente Leonel Fernández evada la disertación teorética y afronte la realidad de que el país, como casi todo el mundo, está ya en una crisis económica que obliga a un serio ajuste fiscal.

Lo primero que se puede esperar es que el mandatario presente con total transparencia la situación del país y escoja el camino de la concertación con los diversos sectores buscando apoyo para un programa de emergencia que impida la desestabilización económica y social.

Aunque Fernández por fin ha reconocido que el país está abocado a una grave crisis, su proyecto de presupuesto no lo refleja y en vez de atender el clamor nacional e internacional de que ajuste el gasto, escoge un mayúsculo endeudamiento y persiste en el déficit fiscal que caracterizó su gestión del año que concluye.

Semana crucial. Con un discurso anunciado y la visita de las más altas autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) la próxima semana será crucial para determinar el rumbo que ha de transitar el gobierno de cara a la crisis económica nacional e internacional cuyos efectos se tornan cada día más claros y amenazantes para la nación.

Aunque el presidente Fernández tenía el compromiso de hablar el miércoles 10 ante el auditorio de la Cámara Americana de Comercio, el miércoles su director de prensa, Rafael Núñez, anunció un discurso para el lunes 8 en la noche. Al día siguiente correspondió al Banco Central informar que el mismo lunes llegará al país una misión del más alto nivel del FMI encabezada por su director gerente Dominique Strauss-Kahn; el director del departamento del Hemisferio Occidental, Nicolás Eyzaguirre, y su director ejecutivo, Paolo Nogueira.

Llama la atención que los más altos ejecutivos de ese organismo vengan juntos al país, apenas tres semanas después que lo hiciera una misión rutinaria, la cual concluyó recomendando al gobierno un ajuste fiscal y la reducción de las tasas de interés.

En un comunicado publicado al final de esa visita de una semana, el FMI elogiaba la prudente política monetaria del Banco Central, que contribuyó a contraer la demanda interna y sirvió de ancla para mantener la estabilidad macroeconómica, lo que sumado a la recomendación de que se concretice un ajuste fiscal en el 2009, implica una desaprobación del desbordamiento del gasto del gobierno en este año.

Los indicadores. En los sectores empresariales el grito es generalizado por la caída de las ventas como consecuencia de la contracción monetaria y el encarecimiento del crédito impuestos para contener los efectos de los desbordamientos del gasto gubernamental. Reconocen que la inflación socava el poder adquisitivo de las clases medias sin que el sector privado pueda responder las expectativas de reajuste salarial, lo que genera crecientes y preocupantes protestas sociales.

En una reunión empresarial se llegó a sostener que han bajado hasta las ventas de alimentos populares como pollos y huevos, mientras el sector de la construcción se ha declarado en emergencia y la Falconbridge anuncia el despido de 900 empleados informando que no prevé cuando podrá reanudar sus operaciones.

En el sector turístico ya no se ocultan las preocupaciones luego que las estadísticas mostraran una caída sobre el 10 por ciento en la llegada de visitantes entre septiembre y octubre pasados en relación a los mismos meses de 2007, previéndose un mayor descenso para los próximos meses.

Con los niveles de la crisis económica de Estados Unidos y Europa que genera la pérdida de cientos de miles de empleos por mes, no sorprende que descienda el crecimiento de las remesas de los dominicanos, que el año pasado aportaron tres mil 32 millones de dólares. Con base en las estadísticas del Banco Central, el economista Henri Hebrard mostró esta semana que su crecimiento se redujo al 7.9 por ciento en el primer trimestre de este año, habiendo sido del 17.2 por ciento en el mismo período del 2007. En el segundo trimestre 5.3 por ciento y en el tercero creció apenas 1.8 por ciento.

Los signos son más ominosos aún para el sector zona franca, que ha perdido 80 mil empleos en los últimos años y si no fue peor en este 2008 fue gracias a un subsidio de 2 mil pesos mensuales por empleado, el cual formó parte del desbordamiento que incrementó el gasto gubernamental en 32 por ciento en la primera mitad del año.

Pese al alivio que representa la caída de los precios del petróleo y de alimentos, la cuenta corriente de la balanza de pagos dominicana cerrará el año con un déficit superior a los 5 mil millones de dólares.

Proyecto contradictorio. Las esperanzas de que el reconocimiento de la crisis por parte del gobierno produciría una nueva política fiscal han sufrido un tropieza con el proyecto de presupuesto para el 2009 sometido al Congreso Nacional, el cual contempla un déficit fiscal de 31 mil millones de pesos y un desproporcionado endeudamiento de unos 2 mil millones de dólares, que aumentará la deuda externa en un tercio del total en un solo año, indicativos de que no se contempla ninguna reducción del gasto ni austeridad.

Para colmo legisladores oficialistas acaban de someter al Congreso un proyecto de ley para emitir bonos por otros 2 mil millones de dólares para financiar las dos plantas de energía a base de carbón que desde hace tres años promueve el gobierno con inversión privada ya concesionadas a dos empresas extranjeras.

Diversos economistas cuestionaron esta semana la viabilidad de altos créditos con la banca privada, organismos internacionales y Venezuela, incluyendo la colocación de bonos con tasas de interés de hasta 25 por ciento en pesos y 10 por ciento en dólares, lo que se traduciría en un insostenible déficit fiscal.

Esa expectativa de endeudamiento externo y la persistencia en proyectos de altos costos como una segunda línea del Metro y el tren Haina-Santiago, que no respaldan ni los empresarios cibaeños, contrastan con la advertencia del FMI de condiciones más estrechas del crédito global, y con el compromiso ante el organismo de que elaborarían un presupuesto basado en una proyección realista de los ingresos y un nivel de financiamiento creíble e identificado.

Con su discurso de la próxima semana, el presidente Fernández tendría oportunidad de explicar la viabilidad de obras de esa magnitud que ha dicho serían con financiamiento internacional, y de sustentar la reducción de las tasas de interés que ha anunciado el gobernador del Banco Central, sin el ajuste del gasto fiscal que no asoma en su proyecto de presupuesto.

Los más optimistas observadores todavía esperan que el mandatario concentre toda la atención en la contención de la crisis económica, que implemente políticas de incentivo a la producción, que sustituya la distribución del patrimonio nacional por más inversión social, sobre todo en educación y salud, y que busque concertar con los sectores económicos y políticos. Incluso que aplace su proyecto de imponer una nueva Constitución que no ha concertado ni siquiera con su propio partido.

No quieren teorías

La visita del FMI y el discurso del Presidente han creado expectativas en los círculos empresariales y en la opinión pública con esperanzas de que el doctor Fernández anuncie políticas efectivas para afrontar la crisis económica cada día más evidente.

La afición del mandatario por el discurso teorético, los seminarios y los escenarios internacionales es objeto de las más ácidas críticas de sus opositores. También se expresa en los medios empresariales y hasta en los diplomáticos, donde no cabían más sorpresas por el desbordado optimismo que lo llevó a sostener en septiembre que lo peor de la crisis económica internacional había pasado y que no veía que pudiera poner en peligro el país.

Fue en esos días que en una reunión del Consejo Nacional de la Empresa Privada con ejecutivos periodísticos se produjo una carcajada general cuando el presidente de esa entidad dijo que, al presentarle un plan para el desarrollo energético, el mandatario había reaccionado con la propuesta de un seminario para debatirlo, y uno de los participantes exclamó ¿pero otro seminario?

Sin embargo, hace dos semanas, y durante un seminario en La Romana, que pretendió ser una cumbre regional el presidente Fernández finalmente aceptó que la crisis internacional no está cerca de revertirse y que tendrá serias consecuencias sobre la economía nacional, lo que fue recibido con alivio por la opinión pública.

A partir de esa rectificación altos funcionarios del área económica que secundaban el optimismo presidencial han empezado a cambiar el discurso y a aceptar que las piedras angulares de la economía nacional, como el turismo, zonas francas, exportaciones nacionales y remesas están ya sufriendo el impacto de la crisis internacional que sorprendió al gobierno con un déficit fiscal que ha obligado a desembolsar divisas y casi duplicar las tasas de interés para evitar la desestabilización.

Buscan rescatar la concertación

noviembre 2, 2008noviembre 9, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente que salió a la palestra esta semana es un esfuerzo de decenas de instituciones sociales y académicas que pretenden rescatar los reiterados planteamientos de amplia concertación para un plan de nación, puestos en jaque por el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández.

La aprobación de una nueva Constitución sin previo consenso ni siquiera en el mismo partido de gobierno frustraría los consensos nacionales de la última década, el mayor de los cuales ha sido la reivindicación del poder constituyente como amplia expresión de una democracia participativa.

La dispersión e inconsistencia de los partidos de oposición y el adormecimiento en que ha caído una parte significativa de la sociedad civil son caldo de cultivo de un proyecto de exclusión e imposición que reafirma el presidencialismo y otros valores conservadores de la sociedad dominicana.

Esfuerzo de rescate

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente, lanzado esta semana por varias decenas de organizaciones sociales y académicas pretende el rescate de la concertación nacional para un plan de nación que debería comenzar con una nueva Constitución de la República fruto de una amplia participación democrática, que deje atrás una historia de imposiciones del poder constituido.

Denunciando que el proyecto del presidente Fernández ha desconocido todos los consensos de las últimas dos décadas para una Constitución moderna que abra curso a un plan de nación democrática y participativa, dirigentes sociales y académicos proclamaron formalmente el jueves su decisión de luchar por reivindicar la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental de la nación.

El objetivo primario del foro fue expuesto en un acto celebrado en el Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo encabeza junto a académicos de otras universidades, de la Academia de Ciencias y de organizaciones de diversos ámbitos sociales, como el movimiento Participación Ciudadana, el Foro Social Alternativo, la Asociación Dominicana de Profesores y un amplio consorcio de entidades femeninas. Confluyen también agrupaciones políticas de izquierda y núcleos del Partido Revolucionario Dominicano.

“Levantemos la voz, unamos nuestros sueños y demandemos una nueva Constitución de la República que sea fruto de una Asamblea Constituyente por elección popular y con amplia participación social. Esta nueva Constitución, que será el marco del gran proyecto de país para este siglo, debe ser el fruto del más amplio consenso entre los sectores políticos y sociales”, indica la proclama leída en el acto.

Misión cuesta arriba

La misión que se ha impuesto el Foro Participativo es bien cuesta arriba si se tiene en cuenta la decisión del gobierno y su mayoría legislativa que alcanzaría los dos tercios de los votos necesarios para cualquier reforma constitucional contando con los senadores y diputados del Partido Reformista Social Cristiano.

Aunque los promotores de la Constituyente confían en ampliar el espectro de organizaciones que favorecen ese mecanismo, tropiezan con una “inexplicable ausencia y denso silencio” de muchas de las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas que en el pasado abogaban por una Constitución de amplia participación que diera origen a un “plan de nación” de cara al siglo 21.

El sociólogo Wilfredo Lozano expresaba esta semana su preocupación por el creciente abandono del discurso sobre concertación como base del desarrollo social, institucional y económico de la nación que durante las últimas dos décadas predominó en los más diversos ámbitos dominicanos, considerándolo como expresión de un retroceso en las aspiraciones democráticas.

Analistas sociales atribuyen esa indiferencia a la frustración que ha dejado el sistema político al desconocer el amplio paquete de reformas institucionales y legales aprobadas en las últimas dos décadas y a la regresiva y mezquina modificación constitucional del 2002. También se atribuye a que muchos dirigentes de todos los sectores, incluyendo los intelectuales, han sido cooptados por las políticas gubernamentales de reparto de empleos, contratos y privilegios.

El liderazgo político

En todos los sectores sociales se expresa inconformidad y hasta temores por las consecuencias de una Constitución que no sería el fruto de consenso ni siquiera en el mismo partido de gobierno, cuyos dirigentes y legisladores no han participado en su definición. Sólo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue informado por el presidente de las líneas generales de su proyecto, sin siquiera haberle entregado una copia antes de enviarlo al Congreso Nacional, pero forzándolo a darle su respaldo.

Dirigentes del PLD expresan en privado su desilusión con un proyecto que, afirman, es fruto en última instancia del propio presidente Fernández y dos asesores españoles contratados al efecto. Convienen en que, casi medio siglo después, es más atrasado y presidencialista que la carta magna que auspició en 1963 el fundador del partido, el expresidente Juan Bosch.

Si algo es asombroso es el fatalismo con que muchos aceptan el proceso que rompe con las promesas de concertación nacional, lo que a juicio de algunos está determinado por la pobreza del liderazgo político nacional, especialmente el de la oposición. Hay quienes ven al presidente Fernández como el único líder político.

Ya pocos cuentan con lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano víctima de la dispersión y en proceso de extinción, ratificando su vocación por la subordinación al gobierno de turno, cuyos dirigentes se disputan los rastros de un poder malversado.

Como mayoritario de oposición el Partido Revolucionario Dominicano luce incapaz de potenciar el 40 por ciento de los votos que obtuvo en las elecciones de mayo pasado. Aunque han reivindicado la Asamblea Constituyente, tras el oportunismo suicida del 2002, los dirigentes perredeistas están demasiado ocupados disputándose los principales mandos del partido ocho meses antes de su renovación y otros amarrando para las candidaturas del 2010 y hasta del 2012. –

Un poder usurpado

La proclama del Foro Participativo resalta que el proyecto de Constitución del gobierno ha dejado de lado todos los consensos de la última década que fueron unánimes en postular la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental. Señalan el Diálogo Nacional del 1997-98 auspiciado por el primer gobierno del presidente Fernández, y los anteproyectos consensuados por la Comisión para Reforma del Estado y la Comisión Especial del 2001 que integró a los partidos reconocidos, una veintena de organizaciones sociales y una decena de personalidades.

Recuerdan también el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y los anteproyectos de Constitución elaborados tras amplias consultas por las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, Cristóbal Rodríguez Gómez, resaltó que en esos consensos hay diversidad en los contenidos pero una coincidencia absoluta en el mecanismo de la Asamblea Constituyente, imperante también en la última ola de reformas constitucionales del continente, comenzando por la de Colombia en 1991, e incluyendo las más recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La proclama del Foro Participativo afirma que “el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno dominicano reedita los mecanismos tradicionales de manipulación de la Constitución para acomodarla a su medida, como ya antes lo han hecho la mayoría de los gobernantes del país”.

Agrega que “el poder constituido usurpa el poder constituyente”, tras sostener que “la no existencia de un Poder Constituyente, que sintetice la diversidad cultural, social, económica, ambiental, geográfica, política, religiosa, etc. ha impedido la configuración de un sujeto político-social nacional, quedando relegadas las mayorías nacionales a una condición pasiva de objeto político”.

El vocero del Foro Participativo, doctor Luis Gómez, quien fue miembro de la Comisión que redactó el anteproyecto que dio origen al proyecto sometido al Congreso, insistió en denunciar que esta terminó desechando unas 25 propuestas de consenso, seis de ellas fundamentales, y que a su vez el presidente Fernández dejó de lado 32, lo que a su juicio constituyó una manipulación de la consulta popular que inició el proceso lein.

El presidencialismo seguiría campante

octubre 18, 2008noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la reducción de los poderes presidenciales ha sido una de las razones por las cuales se ha reclamado una reforma constitucional en las últimas décadas, en el proyecto sometido al Congreso Nacional por el presidente Leonel Fernández estos se mantienen intactos.

El presidencialismo contenido en el artículo 55 de la actual Constitución referente al Poder Ejecutivo invade los ámbitos de los demás poderes del Estado, incluyendo los municipios, y se mantiene en la designación del organismo básico de control que es la Cámara de Cuentas.

Al proponer la reunificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, se restauraría el arrastre presidencial que se eliminó en la reforma de 1994, restando independencia a los legisladores y las autoridades municipales.

De la monarquía. Las 27 facultades que el histórico artículo 55 otorga al Presidente de la República se reducen a 17 en el artículo 108 del proyecto, pero un número 18 refiere a “las demás previstas en la Constitución y las leyes” y aparecerán numerosas dispersas en el resto del texto.

Entre las facultades que elimina están llenar vacantes de jueces del Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas cuando esté en receso el Congreso, expedir patentes de navegación, reglamentar sobre las aduanas y prohibir entrada de extranjeros.

Ha llamado particularmente la atención que ese artículo comienza proclamando que “El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente de la República, símbolo de unidad nacional y de la permanencia del Estado”, concepto que podría aplicarse por igual a los demás poderes estatales y que se queda lejos de la tradición política dominicana.

El historiador y abogado especialista en constitucionalismo Hugo Tolentino sostuvo en artículo del jueves 16 en el Listín Diario que esa concepción fue copiada de la Constitución del Reino de España, que en su artículo 56, Título II, “De la Corona”, proclama que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia”.

El reunificar la elección presidencial con las legislativas y municipales, el proyecto restaura el arrastre que tanto se criticaba hasta la reforma de 1994. Consolidaría el presidencialismo porque tradicionalmente quien gana la presidencia, se lleva también el control del Congreso y los ayuntamientos, afianzando la subordinación de legisladores y munícipes ante el Poder Ejecutivo.

Sello presidencial. El proyecto de Constitución trae el sello presidencial desde sus orígenes. Aunque precedido de una consulta y encargado a una comisión de expertos, aspectos fundamentales de ambas instancias fueron dejados de lado por el doctor Leonel Fernández, incluyendo cuestiones fundamentales como la Asamblea Constituyente, la prohibición de la postulación presidencial después de dos períodos de gobierno, el referendo y la revocación de mandatos y los tres niveles de elección separados.

Ningún organismo ni dirigente del partido de gobierno participó ni en la comisión de expertos ni en la redacción final, y entre ellos hay quejas de que fueron sustituidos incluso por asesores extranjeros.

Al abrir las posibilidades de nuevas postulaciones por quienes ejerzan la presidencia en dos períodos seguidos, tras un interregno, se sustenta el presidencialismo y se dificulta el relevo definitivo tanto en las candidaturas presidenciales como en los liderazgos partidarios, en un país donde los políticos no admiten retiro. Perjudica la institucionalidad democrática porque la gestión se basa en “amarrar para volver”.

Es significativo que el proyecto establece el referendo aprobatorio para futuras reformas parciales de la Constitución (art. 247), con la participación de un mínimo del 30 por ciento del registro electoral, pero no así para la que está en curso, aunque se trata de una nueva carta magna. También hace más difícil su posterior reforma al requerir las dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa para aprobar la ley de convocatoria, cuando la Constitución actual sólo establece la mayoría de los presentes.

En el artículo 114 se otorga facultad al Presidente de la República para designar cuantos subsecretarios de Estado crea convenientes, lo que refrenda el clientelismo que tanto rechaza la sociedad dominicana. El 121 consagra a favor del Ejecutivo “la iniciativa exclusiva para fijar, modificar, unificar, aumentar y suprimir remuneraciones”.

En el artículo 218 del proyecto de Constitución se autoriza a “reorientar” las proporciones del presupuesto nacional establecidas por ley para instituciones o fines específicos, como la educación, los municipios, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso.

Justicia y otros órganos. El Poder Judicial también resulta disminuido en algunas disposiciones del proyecto de Constitución del presidente Fernández, particularmente al instituir un Tribunal Superior Administrativo y una Sala Constitucional (arts. 152-156 y 130), al margen de la Suprema Corte, por designación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde por su participación personal el primer mandatario tendría fuerte influjo.

El Tribunal Superior fue definido por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, como “paralelo a la jurisdicción ordinaria, con superpoderes administrativos y de gobierno, los cuales serían sustraídos a la Suprema Corte”.

La Sala Constitucional no está concebida en el marco de las demás salas de la Suprema Corte y operaría absolutamente independiente de esta. En tal caso algunos juristas preferirían un Tribunal de Garantías Constitucionales, como se planteó en varios de los proyectos de reforma a la carta magna de las últimas dos décadas.

Frustrando persistentes reclamos de autonomía del Ministerio Público, el proyecto mantiene la designación del Procurador General y sus demás integrantes en manos del Poder Ejecutivo (art. 160), a pesar de que crea un Consejo General de Procuradores, como “órgano de gobierno” al que se le podría traspasar esa función.

La Cámara de Cuentas es otro organismo que sigue supeditado al Presidente de la República, quien retiene la iniciativa para designarla sometiendo ternas al Senado (art. 232), siendo el órgano encargado de control y auditoría de la administración pública, con una tradición de supeditación al Poder Ejecutivo. En diversos proyectos de reformas constitucionales se ha planteado que sus integrantes sean designados por el Congreso o por el Consejo Nacional de la Magistratura.

En el proyecto, el Presidente de la República mantiene la facultad de otorgar indultos (no. 17, art. 108), lo que en pura separación de poderes debería corresponder a la Suprema Corte de Justicia.

Otro rasgo persistente del presidencialismo (en el mismo art. 108, no.16) es que el Ejecutivo queda autorizado a “anular por decreto motivado arbitrios establecidos por los ayuntamientos” facultad que debería corresponder al Tribunal Contencioso Administrativo.

Aunque el proyecto de Constitución contiene muchas reformas positivas en sentido amplio ratifica el presidencialismo que tanto ha castrado el desarrollo democrático de la nación dominicana.

Detrimento del Congreso.

En reafirmación del presidencialismo y detrimento del Congreso, el proyecto contiene numerosas disposiciones, resaltando la que autoriza al Ejecutivo a disponer por decreto transferencias del Presupuesto Nacional y erogarlas cuando el Congreso esté en receso (Art. 223), para someterlas en la siguiente legislatura. Dado que se establecen dos legislaturas de tres meses por año, ya el ejecutivo no tendría que convocar una extraordinaria y los legisladores quedarían ante el hecho cumplido.

El proyecto dificulta la acusación ante el Senado de los funcionarios públicos, al establecer (art…71) también la proporción de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, que es la facultada para tomar la iniciativa.

Igualmente se persigue (Art. 219) hacer casi imposible que el Congreso pueda “incluir nuevas partidas ni modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Presupuesto General del Estado, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara”. Hasta ahora puede hacerlo por mayoría del quórum.

Es difícil encontrar en el proyecto de Constitución algún artículo que aumente el papel de supervisor y moderador del Poder Ejecutivo que corresponde al Congreso Nacional en el régimen de los tres poderes del Estado.

Promese sigue dando ejemplo

octubre 10, 2008noviembre 9, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si todas las instituciones del Estado que adquieren medicinas lo hicieran a través de Promese-Cal como ordena un decreto se habrían ahorrado más de mil millones de pesos cada año. Las farmacias privadas venden en promedio a más de diez veces del precio de compra de la central estatal de acopio.

Aunque la Central de Apoyo Logístico del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE-CAL) ha demostrado que comprando medicinas mediante concursos se pueden obtener ahorros multimillonarios, la mayor parte de las instituciones estatales del sector salud lo hacen por su cuenta violando un decreto.

Once instituciones del Estado invirtieron 3 mil 319 millones de pesos durante el 2007, de los cuales apenas mil 36 millones, equivalentes al 31 por ciento, se canalizaron a través de los concursos de PROMESE, según estadísticas incompletas de la secretaría de Salud Publica. Además de los mejores precios, que podrían extenderse relativamente a las farmacias privadas, las compras por concursos del organismo garantizan calidad de los productos, transparencia, libre competencia y equidad, y desalientan el contrabando y la falsificación de medicinas.

Concurso ejemplar. El 22 de Septiembre pasado PROMESE convocó para culminar públicamente un concurso para la compra de medicamentos y materiales clínicos para el próximo año, que suman mil 796 millones de pesos. El 70 por ciento era de medicamentos y el 30 en materiales gastables. A la vista de periodistas y de decenas de representantes de firmas farmacéuticas competidoras, se fueron abriendo las ofertas para escoger las mejores.

Presentes estaban representantes del Comité Ejecutivo del organismo, y un Comité Técnico del que forman parte los principales funcionarios del sector salud, y un Comité de Licitaciones, presidido por la directora de PROMESE, doctora Elena Fernández Núñez. El mecanismo utilizado y la multitud de testigos no dejaban duda de la transparencia del proceso. Participaron 58 empresas farmacéuticas, después que 12 fueron descalificadas. En cada oferta se preguntaba a los presentes si tenían alguna observación. No las hubo.

Hace muchos años que PROMESE comenzó a comprar por concurso, al principio parcialmente. Pero en el período 2004-08, bajo la dirección de la doctora Fernández, todas las adquisiciones, montantes a tres mil 600 millones de pesos, se acogieron al mecanismo de ley.

La mayoría por la libre. A pesar de que el decreto 991 del 2000 que convierte a Promese en Central de Apoyo Logístico, establece en su artículo tres que todas las instituciones públicas deberán canalizar sus compras a través de “un sistema único y global de suministro”, 8 años después la gran mayoría sigue comprando por la libre y sin licitaciones.

La propia secretaría de Salud Pública realiza aún la mayor parte de sus compras por cuenta propia. El Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el Plan Social de la Presidencia, el Despacho de la Primera Dama, la Lotería Nacional, Copresida.y los hospitales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional compran por su cuenta. Senasa viene aumentando sus compras a través de la central estatal.

La devoción por las compras es tan grande que hasta los hospitales públicos se reservan el derecho de adquirir directamente en el mercado, sin concurso y a precios mucho mayores, una proporción de los medicamentos y materiales que precisan, apelando a las llamadas “cuotas de recuperación” que cobran a los pacientes, o sacrificando parte de sus limitados subsidios.

Cada vez que se nombra un nuevo secretario de Salud Pública promete canalizar sus compras a través de Promese, pero el proceso ha sido muy lento. Se ignora si algún funcionario público ha impartido órdenes para que se cumpla el decreto 991 y la ley 340-06.

Las compras públicas. Las once instituciones estatales que adquieren medicamentos invirtieron en ese renglón 3 mil 319 millones 974 mil pesos en el 2007, un crecimiento del 35 por ciento en relación a los 2 mil 455 millones 041 mil pesos que sumaron sus compras en el 2006, según las estadísticas de la Unidad de Cuentas Nacionales de Salud de la secretaría de Salud Pública.

Esas sumas no eran el total, puesto que la Unidad de Cuentas no disponía del gasto de Senasa ni del despacho de la Primera Dama en el 2007.

El gasto directo de los hospitales públicos tampoco está cuantificado.

En el 2007 la mayor compradora fue la propia Secretaría de Salud Pública, por un monto de mil 884 millones 610 mil pesos, para un 56.8 por ciento del total, superando a Promese que adquirió medicinas por mil 36 millones 660 mil pesos para un 31.2 por ciento. El tercer gran comprador fue el hospital de las Fuerzas Armadas por la suma de 136 millones 832 mil pesos, un 4 por ciento.

Es notable que la secretaría de Salud adquiere más de la mitad de los medicamentos, superando ampliamente a Promese que debería ser su canal de compra. Y durante el año que transcurre las proporciones no han variado significativamente, de acuerdo a estimados extraoficiales.

El día en que todas las compras estatales de medicinas se realicen por concurso se multiplicará el rendimiento de su presupuesto y se economizarán miles de millones de pesos, y presionarán una reducción de los altísimos precios a que la mayor parte de la población tiene que comprar en las farmacias privadas.-

La cifra

69% Es el porcentaje de la economía que ha logrado PROMESE en este año al adquirir medicamentos esenciales mediante concursos, en comparación con los precios que tenía que pagar por medicamentos en el año 2004.

Notable economía

La central de acopio ha demostrado que las licitaciones públicas pueden implicar economías de precios en altas proporciones, además de calidad de la oferta, por un seguimiento estricto con análisis periódicos y aleatorios de los suministros. El sistema se apega a los principios de transparencia, libre competencia y equidad que preconiza la

Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Concesiones del Estado. También al decreto que dio origen a PROMESE, el 2265 del presidente Salvador Jorge Blanco en 1984, actualizado por el decreto 991-00 del presidente Hipólito Mejía en el 2000. Pero es en el gobierno del doctor Leonel Fernández cuando finalmente se hacen todas las compras del organismo por concurso.

Cuando se revisa el historial de compras de la central de acopio se puede comprobar que en el 2008 se están obteniendo precios menores hasta en 69 por ciento en medicamentos esenciales, en relación a los del 2004, reducción mucho más significativa si se considera la inflación de cuatro años. Por ejemplo en insulina intermedia el ahorro es del 60 por ciento y en metronidazol del 69 por ciento.

Un cuadro anexo proporcionado por Promese que incluye productos de gran uso, demuestra las enormes diferencias de precios entre sus compras por licitación y los de las farmacias privadas, en general más de diezveces menores y en algunos casos más de veinte veces. Por ejemplo el analgésico acetaminofén lo compran a 3 pesos y en las farmacias cuesta 59.80 pesos, una diferencia de 1893 por ciento. El antiparasitario

Albendazol comprado a 3.89 pesos cuesta 75 en farmacias, 1828 por ciento más.

Los ahorros son enormes para los que compran en las 450 farmacias populares de Promese. Allí la insulina intermedia la venden a 175 pesos, pero en las farmacias privadas cuesta 779 pesos. Una amlodipina 10mg.comprada a 25 centavos se vende a 5 pesos, pero en las farmacias cuesta hasta 80 pesos. Las diferencias develan los altísimos niveles de ganancia en el negocio privado de las medicinas.

Es una nueva Constitución

octubre 4, 2008noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

El proyecto sometido al Congreso Nacional no es de reforma, sino para una nueva constitución de la República, duplicando en artículos el texto vigente, razón fundamental para que fuera aprobada por una Asamblea Constituyente convocada al efecto y con amplia participación social como ha sido consenso de los últimos años.

La propuesta del presidente Leonel Fernández recoge muchas de las reformas que han sido reclamadas, pero desconoce numerosos planteamientos del consenso, incluso importantes aspectos de los resultados de la consulta popular que la precedió, y del trabajo de la comisión de expertos que él mismo designó.

El debate del proyecto se concentrará en una decena de temas particularmente el referente a la reelección presidencial que vuelve a ser central con potencial para generar conflictos ya que se discute si el actual mandatario podría repostularse con la interpretación de que la nueva constitución regirá sólo a partir de su promulgación.

La más extensa y profunda. De ser aprobado el proyecto presentado por el presidente Fernández la nación tendría la constitución más extensa en toda su historia, con 254 artículos, poco más del doble que la que rige desde 1966, incluidas las ligeras reformas de 1994 y el 2002, que consta de 122 artículos. La primera constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844, tuvo 211 artículos. Superaría también la de 1963 que con 186 artículos rigió entre el 29 de abril y el golpe de Estado que la proscribió el 25 de septiembre del mismo año.

Sería también la reforma constitucional más profunda de la historia nacional, incluyendo la proclamada en Moca en 1858 y la de 1963 consideradas por los historiadores como nuevas constituciones. Ambas figuran también como las más avanzadas en sus contenidos sociales y garantías individuales, especialmente la última.

La nueva constitución consagraría “toda una categoría ampliada de derechos económicos, sociales y culturales, así como la inclusión de los nuevos derechos colectivos y del medio ambiente”, según el experto en derecho constitucional Eduardo Jorge Prats, integrante de la comisión que elaboró el anteproyecto por encargo del presidente Fernández.

El proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora introducido al Congreso señala 117 objetivos pero evade darle la categoría de nueva constitución.

La historia constitucional dominicana registra 35 reformas a la constitución que dio origen a la nación, más el Acta Institucional que puso fin a la guerra civil de 1965 y que rigió entre el 3 de septiembre de ese año y el 28 de noviembre de 1966. En tres ocasiones, 1854, en 1929 y 1960 se realizaron dos reformas en el mismo año.

La mayoría de esas reformas tuvieron como objeto fundamental el consagrar o eliminar la reelección presidencial, incluyendo las dos últimas realizadas en 1994 y el 2002.

Aspectos conflictivos
El texto en manos del Congreso contiene muchas de las reformas reclamadas en las últimas décadas, cuando se elaboraron varios anteproyectos, como los de las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña, del Consejo Nacional de Reforma del Estado y el de la comisión instituida en el 2001 por el presidente Hipólito Mejía.

Predomina el de la comisión de 13 expertos constituida en el 2006, que incluyó una consulta popular. Aunque el 62 por ciento de los participantes en la consulta favoreció que se hiciera mediante una Asamblea Constituyente, tanto la comisión como el mandatario prefirieron la Asamblea Revisora.

Además de esa diferencia, el profesor Luis Gómez, integrante de la comisión, estima que el proyecto contradice otros diez planteamientos importantes fruto de la consulta y del trabajo de los expertos. Resalta que no consagra la Constituyente ni siquiera para el futuro, y que se limita la institución del referendo sólo para reformas constitucionales amplias en el porvenir, sin incluir la aprobación de la nueva constitución.

También al dejar al Senado la elección de los titulares de la Junta Central Electoral, al eliminar la posibilidad de revocación de los mandatos populares, evadir la creación del tribunal de garantías constitucionales y al unificar en un mismo día las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.

La institución de una Sala Constitucional al margen de la Suprema Corte de Justicia, y escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura, ya ha despertado objeciones del máximo jerarca de la justicia. Será también objeto de conflicto la elección de un Tribunal Superior Administrativo por parte del Consejo y al margen de la Suprema Corte. También se cuestionaría que el ministerio público siga dependiendo del poder Ejecutivo, pese a crearse un Consejo General de Procuradores como órgano de gobierno.

La Consagración de la inviolabilidad de la vida “desde la concepción”, que asimila el predicamento religioso en contra de todo género de aborto, aún los terapéuticos legalizados en gran parte del mundo, y la negación de comunidad de bienes de las parejas del mismo sexo, también son elementos llamados a generar debates y conflictos.

Varios artículos podrían ser objetados al considerarse que ratifican el presidencialismo, como la letra g del 108 que atribuye al presidente la facultad de anular arbitrios de los ayuntamientos, que correspondería a la justicia o al Tribunal Superior Administrativo; el 218 que le autoriza a modificar proporciones presupuestarias establecidas por ley; el 223 que le permite transferencias presupuestarias por decreto cuando el Congreso esté en receso; o el 232 que deja al poder Ejecutivo la presentación de ternas para integrar la Cámara de Cuentas que debe vigilar sus gastos.

Para algunos, como el jurista Francisco Alvarez Valdez, la propuesta constitucional ratifica el clientelismo y la repartición del patrimonio público al llevar hasta a 250 el número de diputados, que otros anteproyectos reducían a 150, al mantener excesivos números de integrantes de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y hasta la nueva Cámara Constitucional.

Asamblea Constituyente

El método de modificación de la Constitución seguirá siendo objeto de conflicto, pues el principal partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD), entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana, Centro Juan Montalvo y Foro Ciudadano han reiterado que mantendrán la defensa de la Asamblea Constituyente. El profesor Luis Gómez, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no se da por vencido y está colgando en Internet proyectos consensuados que involucran a otras universidades y hasta a la CONARE.

La Asamblea Constituyente ha sido consenso en todos los anteproyectos elaborados en las últimas dos décadas. Fue aprobada en el Diálogo Nacional que auspició el presidente Fernández entre 1997 y 1998. También en la propuesta de la amplia comisión del 2001. Se estableció en el Pacto para la Reforma Constitucional firmado el 27 de septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Ha figurado en los programas de gobierno del PRD y del PLD.

El método de la Constituyente ha predominado desde la primera constitución y prevaleció en 1858 y 1963 cuando se formularon nuevos textos constitucionales. También en una parte de las reformas parciales.

Aunque lo dejó de lado para la reforma que auspició en el 2002, ahora el PRD reivindica el consenso del 2001 que no sólo instituía la Constituyente, sino que establecía boletas separadas para elegir representantes de los partidos y de las organizaciones sociales. Esta semana sometió un proyecto de ley para una reforma simple de los artículos 116-118 a fin de convocar la elección de constituyentes.-

La reelección

La reelección presidencial volverá a ser tema dominante del debate constitucional. El proyecto del presidente Fernández ignoró el resultado de su consulta popular y la recomendación de su comisión para mantener la fórmula actual de sólo dos períodos de gobierno y jamás postularse. Propone que puedan volver después de un período fuera.

Hasta en el partido de gobierno hay quienes temen que en los debates se proponga –como ya se ha planteado- que se elimine toda restricción a la reelección, lo que podría desatar una “entusiástica avalancha” al momento de las decisiones, pero también crear una crisis aún en el Partido de la Liberación Dominicana, donde seguidores de Danilo Medina se proclaman “vigilantes” para no quedar con la carabina al hombro.

También hay incertidumbre porque algunos ya plantean que el presidente Fernández podría repostularse en el 2012, bajo la interpretación de que hay que comenzar a contar los períodos otra vez porque una nueva constitución predomina sobre la anterior, como se entendió en 1994 cuando la reforma prohibió la repostulación de Joaquín Balaguer aunque él había sido electo con un texto que la permitía. Más aún cuando el proyecto presentado concluye: “Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Constitución”, la que “entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial”.

A juicio de un destacado danilista la dudas se esclarecen agregando una décima disposición transitoria al listado de nueve con que concluye la propuesta y que no dejan a interpretación el final de los períodos de los actuales legisladores, de los jueces electorales y de los miembros de la Junta Monetaria.

El optimismo ante la crisis

septiembre 27, 2008noviembre 9, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El desbordado optimismo que muestra el presidente Leonel Fernández ante la crisis económica internacional y sus posibles incidencias en el país sólo tiene explicación en su negativa a adoptar un ajuste fiscal que todos los sectores económicos y sociales vienen demandando.

Esa actitud implica un grave riesgo, pero de aceptar la realidad no se podría justificar el festival de designaciones de altos cargos que se ha extendido por cinco semanas ni el extenso programa de obras públicas que anunció en su discurso de juramentación del pasado 16 de agosto, ni la prioridad de una reforma constitucional.

No hay manera de entender que la República Dominicana esté blindada ante la crisis de la economía de Estados Unidos que pone en jaque hasta los demás países desarrollados cuando esta nación depende de la inversión extranjera, del turismo, las exportaciones y las remesas del exterior.

Sorprendente optimismo. Era comprensible que en plena campaña por su reelección el presidente Leonel Fernández sostuviera que el país está blindado frente al desbordamiento del precio del petróleo y los alimentos y lo que entonces eran temores de una crisis financiera de Estados Unidos con repercusiones internacionales, pero pocos entienden el optimismo que desbordó esta semana mientras el gobierno norteamericano se declaraba en emergencia.

Contradiciendo los discursos del presidente George Bush, las previsiones de los gobiernos de las naciones desarrolladas y de los expertos internacionales, el mandatario dominicano llegó a sostener que «lo peor del huracán financiero está pasando» añadiendo que no ve cómo la crisis internacional podría perjudicar el país.

Es relevante que Fernández formulara esos planteamientos ante representantes de la revista The Economist y en la ciudad de Nueva York en momentos en que el gobierno de Estados Unidos luchaba por convencer al Congreso para que autorizara US$700 mil millones, adicionales a los 300 mil ya invertidos, para enfrentar lo que todo el mundo señala como la peor crisis financiera en 79 años.

El mismo día que el país conocía los pronunciamientos del líder dominicano, el presidente Bush pronunciaba un discurso afirmando que «estamos en medio de una grave crisis financiera» y advirtiendo que se enfrentan a una «larga y dolorosa recesión», y convocaba a los principales candidatos presidenciales a la Casa Blanca para discutir con ellos la situación, mientras el aspirante republicano a sucederle suspendía su campaña electoral aduciendo la necesidad de concentrarse en la búsqueda de soluciones.

En naciones desarrolladas como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia y España los gobiernos vienen adoptando previsiones para reducir los efectos de la crisis financiera de Estados Unidos. Hace dos semanas el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero fue zarandeado por la oposición en el Congreso, que lo acusa de no enfrentar la situación, pese a que allí, como en toda la Unión Europea, se adoptan reales políticas de austeridad.

Funcionarios de organismos internacionales, funcionarios gubernamentales y analistas financieros convienen en advertir sobre serios riesgos internacionales.

El ministro de Economía de Alemania y el premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz entienden que la crisis está aún en sus inicios, vaticinando una fuerte desaceleración económica.

Dependencia nacional. La crisis financiera norteamericana podrá ser contenida, pero en la generalidad de los análisis internacionales se advierte que los efectos de la misma abarcarán por lo menos el próximo año, y más allá del desbordado optimismo no hay manera de prever que no se reflejen en la economía nacional, ya afectada por desequilibrios fiscales y el intercambio comercial. Para este año ya se prevé que las exportaciones de ferroníquel caerán a la mitad de los 1,100 millones de dólares a que ascendieron en el 2007.

Entre los analistas económicos dominicanos es generalizado el consenso de que la crisis internacional afectará al país en términos que obligarán a una rigurosa austeridad en el desbordado gasto gubernamental que en el primer semestre creció sobre el 33 por ciento en relación al mismo período del año pasado.

No es nada nuevo el criterio de que la economía nacional depende en grado extremo de la norteamericana y la europea. Turismo y zonas francas fueron afectados por última vez tras los acontecimientos terroristas que sacudieron a Estados Unidos en el 2001. Ya en julio pasado se registró una reducción del flujo turístico y el presidente de la Asociación de Remesadores, Freddy Ortiz, advirtió un reflujo del monto de las remesas que envían los residentes en el exterior, en su mayoría desde Estados Unidos. Los informes revelan un incremento del 2.5 por ciento este año del desempleo entre los latinos residentes en territorio norteamericano.

En el actual escenario internacional también se pueden esperar mayores dificultades para las inversiones en planes como una segunda línea del Metro capitalino y un tren Haina-Santiago basado en concesiones. Baste recordar que, en mejores perspectivas, hace tres años se iniciaron las gestiones para las concesiones para dos mega plantas eléctricas de carbón y todavía no ha aparecido el primer dólar para iniciarlas.

Aliento del petróleo

El presidente Fernández ha apostado a una reducción del precio del petróleo y se vio alentado cuando cayó alrededor de 90 dólares el barril, que él había vaticinado cuando sobrepasaba los 140 dólares. Pero la alegría duró poco y el hidrocarburo ha vuelto a cotizarse entre 100 y 120 dólares con saltos estrepitosos que confirman fuertes niveles de especulación e incertidumbres en los mercados.

Pero aún a 90 dólares el petróleo seguiría penalizando la economía nacional, lo que advirtió el mismo mandatario en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el miércoles, cuando señaló que la factura petrolera del país pasó de 1,667 a 6,500 millones de dólares entres el 2004 y este año.

Es cierto que eso no impidió que la economía nacional siguiera creciendo, pero acumulando un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que los economistas vaticinan que podría alcanzar los 4 mil millones de dólares este mismo año.

En lo que tiene razón el presidente Fernández es en su reiterada queja sobre la especulación que caracteriza el mercado del petróleo, que en última instancia no es novedoso, sobre todo en las últimas décadas cuando las desregulaciones y el libre comercio se han impuesto en el mundo.

También fue válida su queja sobre el incumplimiento de los países desarrollados de su compromiso de aportar el 0.7 por ciento de su producto bruto para ayudar a las metas del milenio acordadas en el foro de las Naciones Unidas. Esa falta de solidaridad tampoco es nueva, puesto que apenas un puñado de naciones cumplieron compromisos similares adoptados en los años setenta en las conferencias de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNCTAD).

Tiempo al tiempo

El relevante optimismo del presidente Leonel Fernández expresa su decisión de «darle tiempo al tiempo» en una peligrosa apuesta política que podría resultar costosa para el país, al proseguir un nivel de gasto que incrementa los desequilibrios económicos, mientras se genera una inflación de dos dígitos llamada a aumentar las tensiones sociales y a repercutir sobre las empresas y el empleo.

Si el gobierno reconoce los peligros que acechan sería mucho más difícil justificar el festival de designaciones de altos cargos durante las últimas cinco semanas y la negligencia en ejecutar los planes de austeridad enunciados en el discurso presidencial del 17 de julio.

También sería más difícil evadir, como hasta ahora, las recomendaciones de muy diversos sectores empresariales y de los economistas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ayude a contener el gasto público e infunda confianza en el mantenimiento del equilibrio macroeconómico.

En un escenario de reconocimiento de las repercusiones de la crisis económica internacional y de los desequilibrios nacionales también sería menos justificable embarcar el país ahora en un debate constitucional con proyecciones de elevar las crispaciones políticas. Y con un proyecto de Constitución que permitiría llevar los diputados hasta 250 y crear nuevas instancias burocráticas, al menos en la justicia.

En el telón de fondo de este solitario optimismo del presidente Fernández, quien ha iniciado su tercer período de gobierno aumentando el clientelismo en contradicción con la opinión general, se advierten nuevamente el peso del presidencialismo y las debilidades institucionales que impiden subordinar la ambición política de los gobernantes al interés supremo de la nación.

La oportunidad del presidente LF

agosto 22, 2008noviembre 8, 2015 by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El primer reto que tiene el presidente Leonel Fernández para su tercer período de gobierno es aceptar la realidad de la crisis económica y asumir una gestión de suprema austeridad y racionalidad en el gasto que preserven la estabilidad macro-económica que ha sido su mayor galardón.

Esta gestión podría pasar a la historia si el líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vuelve por sus orígenes y auspicia la revolución democrática y moral que anunció, dedicando sus mayores energías al fortalecimiento institucional con un gran concierto nacional.

Para alcanzar esos objetivos es fundamental desalentar las expectativas de continuidad en el poder que de aflorar en la reforma constitucional, como muchos vaticinan, sacudiría hasta su propio partido y crearía un clima de desasosiego similar al que determinó el fracaso reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

Sorpresivo discurso. La opinión pública nacional ha reaccionado con sorpresa ante el discurso de juramentación para su tercer período del presidente Leonel Fernández, abiertamente contradictorio del que pronunció un mes antes, el 17 de julio, cuando anunció un período de austeridad y límites del gasto público.

Es cierto que lo planteado el mes anterior fue un Plan Integral de Acción hasta el 2009, pero se le criticó el optimismo de que las medidas restrictivas fueran de tan corto plazo y alcance, cuando las repercusiones de la crisis económica, tanto de origen internacional como nacional, superarán el lapso de cinco meses, ya reducido a cuatro, que restan del año en curso.

Las decenas de grandes proyectos de inversión que anunció para el nuevo período gubernamental no serían realizables ni siquiera en un período de auge económico, por lo que algunos analistas lo han inscrito dentro de una perspectiva de continuidad en el poder más allá de los próximos cuatro años, aún con concesiones de obras al sector privado.

Las experiencias de las concesiones para las carreteras San Cristóbal-Baní, y San Pedro-La Romana, y los contratos para el Malecón de Santo Domingo y las dos plantas para generar electricidad con carbón, que llevan de dos a tres años, indican la lentitud y limitaciones de esas inversiones.

Lo que más ha llamado la atención del discurso de juramentación ha sido el programa de obras públicas, mientras se advierte que no incluyera la menor referencia a la austeridad y el control del gasto público que demandan los sectores empresariales, economistas y la oposición política.

Eso sin que se haya puesto en vigencia una sola disposición concreta para reducir el dispendio ni para desmontar los subsidios generalizados incrementados durante la campaña electoral hasta haber consumido 51 mil millones de pesos, 31 por ciento del gasto entre el primero de enero y el 8 de agosto, según un informe de la secretaría de Hacienda publicado el jueves por el diario El Caribe.

Cuando la tasa cambiaria superaba los 35 pesos por dólar y se advertía de las consecuencias previsibles del incremento de las tasas de interés, el gobierno hizo aprobar un presupuesto complementario de 31 mil millones de pesos que incluye 5 mil millones de pesos que estaban destinados a cubrir parte del déficit de este año del Banco Central.

El mejor de los caminos. Dejar la reelección sin límites tendría un costo político muy elevado, incluyendo la posibilidad de mayores dificultades económicas y de gobernabilidad que generen un sentimiento nacional anticontinuista y se repita el fracaso de Hipólito Mejía, por lo que algunos consideran que el doctor Fernández no se aventurará, aunque esté atrapado por el mesianismo balaguerista.

Para el actual mandatario el mejor de los caminos sería fortalecer su partido y auspiciar un gobierno con algún nivel de concierto nacional que le permita sortear la crisis económica. Más aún si se anota éxitos en el fortalecimiento institucional y mejoramiento de la democracia.

Una revolución democrática, como la planteada en su juramentación por el presidente Fernández sería transar una Constitución de amplio consenso, modificaciones políticas-electorales y la puesta en vigencia del gran paquete de reformas institucionales aprobadas en las últimas dos décadas, la mayoría de las cuales han quedado en los papeles o se cumplen a medias.

Si le suman la revolución moral a la que también aludió, restringiendo la corrupción y el dispendio y concentra su atención en buscar respaldo para controlar la descomposición social y la delincuencia, el presidente Fernández podría concluir su nuevo período con razonable éxito, reduciendo el impacto de la crisis económica que pone en jaque hasta las economías de Estados Unidos y la Unión Europea.

En tal caso mantendría su liderazgo en el PLD y hasta podría pensar en repostularse en el 2020, en caso de que otro peledeísta gane en el 2012 y se repostule para el 2016. De cualquier manera podría reivindicar el legado histórico del partido que fundara el profesor Juan Bosch en 1973.

¿Proyecto continuista?

No han faltado quienes catalogan el del 16 de agosto como discurso de campaña continuista. Para algunos fue una pieza ilusionista destinada a crear nuevas esperanzas en un liderazgo mesiánico al estilo Balaguer y alentar las expectativas de sus seguidores más incondicionales que acarician la idea de una reforma constitucional que deje sin límites la reelección presidencial.

Una prueba definitoria será la reforma constitucional que Fernández promete iniciar próximamente con el envío al Congreso de su proyecto. Ya el Comité Político del PLD aprobó que se elimine la prohibición de la repostulación después de dos períodos de gobierno posibilitando volver después de un intermedio.

En la ocasión se adujo que de esa forma el doctor Fernández Reyna podría ser postulado nuevamente en el 2016. Eso sería viable en el caso de que su partido pierda las elecciones del 2012, porque no podrían descartar que en caso de ganar, cualquiera que sea el electo desee optar por la segunda oportunidad, ya que también decidieron que si un presidente peledeísta desea repostularse nadie pueda disputarle la candidatura.

Entre los líderes del PLD los que han aspirado a la candidatura presidencial y la buscarían para el 2012 son Danilo Medina, Jaime Fernández Mirabal y José Tomás Pérez. Los dos últimos declinaron para apoyar a Leonel Fernández en la pasada contienda interna. También se menciona a Radhamés Segura.

Al que más posibilidades se le atribuyen es a Medina, quien ha logrado mantener una fuerte influencia en los niveles de dirección, entre los legisladores y síndicos y en la militancia peledeísta. La designación de Jaime Fernández como secretario de Medio Ambiente, que él no ha aceptado, no indica una preferencia por parte del presidente Fernández, que de tenerla lo habría colocado en un cargo de mayor proyección política.

La lógica del poder

En la teoría nacional de la lógica del poder se establece que nadie declina a seguir en la Presidencia de la República a menos que se vea obligado, por lo que tanto dentro como fuera del PLD todavía no se descarta que al modificar el artículo 49 de la Constitución algunos legisladores no planteen dejar la reelección sin restricción.

Aunque no se descarta que esa posibilidad salga adelante, tendría un costo político muy elevado en los próximos meses, dentro de un panorama económico complicado, no sólo porque la fórmula encontraría resistencia en la oposición política y parte de la opinión pública, sino también dentro del mismo partido de gobierno.

No se puede olvidar que en la campaña electoral el presidente Fernández disertó en torno a las diversas fórmulas constitucionales sobre la reelección para concluir en que aceptaría lo que decida la mayoría. La asamblea revisora de la Constitución será integrada por 210 miembros, 178 diputados y 32 senadores. Las dos terceras partes que garantizan cualquier reforma serían 141.

Los legisladores peledeístas suman 120, a los que se adicionan 4 de los reformistas aliados en los recientes comicios. Los 17 restantes se conseguirían en el Partido Reformista, donde ya algunos piensan aliarse al PLD para mantener sus cargos en el 2010. No se descarta buscar votos en el Partido Revolucionario Dominicano. Los ejecutores de la reforma del 2002 para que Hipólito Mejía pudiera repostularse contaron con 12 diputados peledeístas, a quienes se suponía más difícil de conquistar. Pero ese camino no está de ninguna manera allanado, si se toma en cuenta la influencia que mantiene Danilo Medina sobre cerca de la mitad de los legisladores de su partido. Se afirma que unos 50 diputados y 12 senadores. A Jaime David se le atribuye una docena de fieles entre los diputados. Nadie descarta que muchos puedan ser convencidos sobre algo que interese al presidente de la República y líder del partido. En el 2002 de los diputados perredeístas 36 suscribieron una oposición a la reelección, pero el día de la votación sólo 9 se manifestaron en contra.