Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez más reducido, el partido colorao luce incapaz de concertar para renovarse y sobrevivir a la atracción conservadora de Leonel Fernández. Hay quienes creen que a pesar de las energías y voluntades en juego, el PRSC podría desaparecer.

El aplazamiento de la asamblea nacional que este mes debió renovar la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) prolonga la agonía de la organización que no ha podido hacer la transición a la democracia interna tras la desaparición del caudillo que le dio vida durante casi cuatro décadas.

 El partido colorado requiere con suma urgencia de una reingeniería política que le permita recuperar su propia identidad y superar la imagen de cantera de negociantes que no pueden vivir sin depender del presupuesto de la nación, lo que lo ha llevado casi a la extinción.

Aunque quedan energías y voluntades para mantener al PRSC, hay quienes creen que está destinado a morir absorbido por el nuevo liderazgo conservador y pragmático que representa el presidente Leonel Fernández, señalado como sucesor por el propio caudillo que no quiso legar una sólida organización política.

 En capilla ardiente.  El PRSC quedó en capilla ardiente con el resultado de los comicios presidenciales de este año cuando apenas obtuvo el 4 por ciento de los sufragios, que lo redujo a partido minoritario, perdiendo gran parte del financiamiento estatal, víctima de la absorción de una alta proporción de sus dirigentes y militantes atraídos por el poder y el liderazgo del presidente Leonel Fernández, cada vez más parecido al de su caudillo Joaquín Balaguer.

 Las tres últimas elecciones presidenciales marcan una caída en picada del reformismo, que del 24 por ciento en las del 2000, cuando Balaguer fue candidato por última vez, al 9 por ciento cuatro años después cuando postuló al ingeniero Eduardo Estrella, para reducirse a la mitad en mayo pasado con la candidatura de Amable Aristy Castro, quedando en la sexta parte del electorado en sólo 8 años.

 Al no obtener el mínimo del 5 por ciento de los votos válidos, el PRSC perdió el privilegio de participar en partes iguales junto a los otros dos partidos mayoritarios en la repartición del financiamiento estatal instituido por la Ley Electoral 275 de 1997.

 Gracias al esfuerzo de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano por atraerse al partido colorado, en las últimas dos elecciones presidenciales se le otorgó la misma proporción del 80 por ciento del financiamiento estatal a las tres organizaciones políticas. Este año cada uno recibió 282 millones de pesos del total de 1060 millones que se destinó a los partidos.

 Con la votación obtenida este año el financiamiento del PRSC se reducirá en cerca de las dos terceras partes, del 27 por ciento del total otorgado cada año como parte del presupuesto nacional, lo que aumentará las dificultades de subsistencia de sus dirigentes y sus posibilidades de competir en las campañas electorales.

Parar la hemorragia.  Para cualquier observador es obvio que la salvación del partido colorado depende en forma prioritaria de que puedan colocarle un torniquete que detenga la hemorragia de dirigentes y militantes hacia los dos partidos mayoritarios, sobre todo hacia el polo de atracción que representa el presidente Leonel Fernández, generoso distribuidor de favores gubernamentales y heredero del conservadurismo y pragmatismo en que el desaparecido caudillo reformista sentó su predominio de tres décadas.

 Después de 22 años detentando el poder de forma omnímoda y otros 8 años en forma parcial, muchos dirigentes y militantes del PRSC se acostumbraron a vivir a la sombra del Estado. No obtuvieron lo que creían merecer en el primer período presidencial del presidente Fernández, por lo que se entendieron con Hipólito Mejía del 2000 al 2004, y a partir de este año han encontrado amplia acogida en el gobierno peledeista que “asimilando experiencia” dejó atrás lo de “come solo” para atraerse  a todos los que quisieran un cargo gubernamental, una contrata o cualquier otro privilegio.

   El pasado proceso electoral marcó una profunda hemorragia de reformistas atraídos también por las públicas confesiones de receptividad de la herencia balaguerista por parte del presidente Fernández, quien habría superado al viejo caudillo en capacidad de negociación y repartición en aras del continuismo en el poder.

 Las luchas y zancadillas internas y la progresiva falta de fe en las posibilidades de volver a constituir una fuerza política dominante han contribuido también a la hemorragia reformista. Se perdieron así las tres figuras que pudieron encarnar el relevo de Balaguer, como fueron los dos ex candidatos presidenciales Jacinto Peynado (antes de su muerte) y Eduardo Estrella, y el actual canciller de la República Carlos Morales Troncoso.

 Seis fraccionamientos reformistas han ido a fortalecer al presidente Fernández y su partido, tres de ellos significativos. En la pasada campaña electoral dos de los cuatro senadores que obtuvo el PRSC aliado al PRD en las elecciones del 2006 desertaron en apoyo a la reelección, lo mismo que varios diputados, síndicos y regidores.

Recuperar identidad

Numerosos dirigentes reformistas reconocen que su prioridad para no terminar siendo absorbido por el leonelismo es recuperar la identidad, dejando de ser comodín de los dos partidos mayoritarios, papel en que lo sumergió su propio líder cuando en 1996 traicionó la candidatura de Peynado en aras de impedir la ascensión al poder de José Francisco Peña Gómez y su partido.

 El Frente Patriótico que llevó al PLD al poder sumió al reformismo en la tercera fuerza política, y desde entonces en cada coyuntura electoral se ha debatido entre el apoyo a uno de los dos mayoritarios, pactando con el PRD para las congresionales y municipales del 2006. Aunque llevó candidato propio en las últimas dos elecciones presidenciales, en cada caso hubo emigraciones hacia el peledeismo.

 La mayoría de los reformistas añoran a Balaguer y tratan de obviar que él no quiso preparar su partido para que pudiera trascenderlo, como lo prueba el hecho de que lo dejó en manos de sus íntimos, desplazando a los que tenían mayores posibilidades de darle continuidad y que insistiera en repostularse casi muriéndose a los 94 años.

 No obstante haber sido víctimas del continuismo del presidente Fernández en los comicios de este año, la disponibilidad a reunirse y negociar con éste sigue viva, como lo prueban las reuniones particulares con el mandatario, primero de Rafaela Alburquerque y Rogelio Genao, presidente en funciones y vicepresidente, y luego del secretario general  Víctor Gómez Casanova en agosto y septiembre.

Se atribuye a otros dirigentes haber sostenido encuentros secretos con Fernández.

Y a mediados de octubre la dirección en pleno sostuvo una reunión formal con el presidente de la nación, de donde salió un apresurado apoyo a su proyecto de nueva Constitución.

 Detrás de esos conciliábulos se advierten los primeros pasos de cara a las próximas elecciones congresionales y municipales para las que se teme muchos pudieran perder sus posiciones en el Congreso y los municipios, lo que desde ya genera nuevas tensiones en altos y medios niveles directivos.

Nueva oportunidad

 Tras la última debacle electoral, muchos dirigentes reformistas plantearon que debían dar un salto a la renovación y la recuperación de la identidad partidaria, pero las divisiones internas alentadas desde el poder siguen consumiéndolos.

Un elemento de contradicción ha sido si deben regresar quienes se fueron tras cargos y prebendas gubernamentales.

 Conscientes de la necesidad de transitar un camino paralelo al gobierno de Fernández, una Asamblea Nacional el 31 de agosto rechazó acoger a los tránsfugas. No obstante algunos han insistido en esa “reunificación”, ahora incluyendo al presidente del partido, Federico Antún, quien esta semana sorprendió al replantear la apertura.

 Para dirigentes como Guillermo Caram, la nueva posición de Antún obedece “a que se está agarrando del clavo caliente del gobierno para recuperar el espacio que ha perdido en el partido”.

 Le responsabilizan de la instancia elevada ante la Junta Central Electoral que determinó el aplazamiento hasta marzo de la Asamblea Nacional que este mes debió renovar la dirección del partido, lo que extiende el declive y facilita nuevas negociaciones y deserciones que alejarían más las posibilidades de recuperación.

 Mientras algunos postulan el retorno del ingeniero Carlos Morales Troncoso, ratificado como canciller del gobierno, desde dentro ganaban terrenos los que plantean una directiva de consenso, señalándose a Joaquín Ricardo para la presidencia, con Ito Bisonó de secretario general, con Caram, Osiris de León, José Enrique Sued,  José Osvaldo Leger, Rafaela Alburquerque en los otros cargos fundamentales.

 Hay consenso en que tras una reorientación del partido se abra las puertas a los que se fueron por disidencias como Eduardo Estrella y los que le siguieron, pero condicionan el retorno de otros que consideran valiosos, como Morales Troncoso, a que previamente renuncien a los cargos gubernamentales para no constituirse en caballos de Troya del PLD. Estiman que cerca del gobierno el PRSC seguirá en la pendiente de la desaparición por absorción.

Por Juan Bolívar Díaz

En medio de un crítico panorama económico, social e institucional que genera un amplio disgusto de la ciudadanía, el principal partido de oposición parece empeñado en iniciar una disputa por la candidatura presidencial para los comicios del 2012 a tres años y medio de su realización.

 La renovación de los principales cargos directivos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), programada para junio del 2009 está desatando una lucha interna que, independientemente de su potencial divisionista, reafirma una imagen caótica y desvincula a esa organización de las expectativas de la sociedad.

En el fondo de la situación subyace la dificultad de los perredeístas y gran parte del pueblo dominicano, de aceptar las consecuencias del juego democrático y atenerse a los mecanismos institucionales.

Lucha sin tregua.  Es obvio que los perredeistas no se han dado tregua para iniciar la lucha por la candidatura presidencial del 2012.  Pocas semanas después de los comicios de mayo pasado ya quedaron configurados tres aspirantes. El derrotado candidato Miguel Vargas Maldonado consideró que habiendo obtenido el 40 por ciento de los votos, merece una segunda oportunidad. El Comité del PRD en Puerto Rico ya lo proclamó su candidato.

Por su parte, el doctor Luis  Abinader hizo pública su decisión de optar por la nominación y comenzó a crear su propia estructura, mientras el ex presidente Hipólito Mejía iniciaba una reestructuración de sus seguidores relanzándose en competencia con Vargas Maldonado y desde luego con los dirigentes y organismos del partido.

Desde ya se advierte que dirigentes y cuadros perredeístas empiezan a actuar en función del grupismo, dificultando las decisiones en la Comisión Política, de por sí un pesado organismo hipertrofiado con una matrícula de 292 miembros.  Lo del Comité Ejecutivo Nacional es historia patria con dos mil 87 integrantes. Llevan varias semanas tratando de designar una comisión organizadora de la convención que el 12 de junio del 2009 debe renovar los principales cuadros directivos.

Aunque el PRD presentó un proyecto de reforma constitucional sólo para establecer la elección de una Asamblea Constituyente como mecanismo para una reforma de fondo de la carta magna, no ha fijado posición sobre el proyecto de nueva Constitución del presidente Leonel Fernández,  pese a que la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las cámaras legislativas se apresta a aprobar una convocatoria de  la Asamblea Revisora que se reuniría en el corto plazo de 15 días después de promulgada la ley correspondiente.

Falta de un líder.  Uno de los problemas que confronta el PRD es la ausencia de un líder con proyecciones nacionales, después de haberse acostumbrado a un liderazgo fuerte como el que ejercieron tanto Bosch como Peña Gómez, lo que exacerba la lucha de grupos y le impide proyectarse como real alternativa encarnando ilusiones de cambio.

Hipólito Mejía malversó las posibilidades  de constituirse en ese líder tras su elección presidencial en el 2000, no sólo por los desaciertos gubernamentales que se le atribuyen, sino también por haber desconocido el anti reeleccionismo que su partido había enarbolado históricamente. Recuérdese que el PRD perdió la primacía en el electorado con su frustratoria reforma constitucional del 2002,  como lo demostró la encuesta Penn & Shoen un mes después. Desde entonces ocupa el segundo lugar.

Vargas Maldonado fue candidato presidencial por los recursos económicos de que dispone, parte de los cuales fueron objeto de fuerte cuestionamiento, sin antes haberse constituido en un líder nacional ni haber reivindicado los principios programáticos del perredeísmo. Mejoró su discurso en la campaña electoral pero cometió el error de haber dejado en segundo plano hasta los símbolos de su partido y no logró impactar en el segmento fundamental de los que carecen de militancia partidista.

En una reciente carta pública el comunicador perredeista Nelson Marte cita al consultor Jeddu Mascoretto, quien tras una encuesta en 1999 habría concluido en que “más que candidaturas, los perredeístas ansiaban un nuevo liderazgo”. Para lograrlo se requiere no sólo dinero, sino, y sobre todo, discursos y propuestas inspiradoras, capacidad para unir, carisma y vínculos con la sociedad.

Partido autodestructivo.  Peña Gómez solía decir que “sólo el PRD destruye al PRD” tratando de enfrentar la debilidad histórica de ese partido de vivir en continua confrontación interna, como expresión de las dificultades de la sociedad dominicana para acogerse a los principios democráticos y respetar sus instituciones.

El artículo 187 del estatuto dice que “queda prohibido terminantemente, so pena de severas sanciones, la promoción de candidaturas para cargos dentro del partido y de elección popular con más de tres meses de anticipación a la convención que habrá de elegir”. Faltan 7 meses para la convención que elegirá los dirigentes y ya están en campaña. Y deben faltar más de dos años para que elijan candidato presidencial y hace meses que empezaron la promoción.

Algunos se conforman con señalar que no es un mal particular de ellos, puesto que aquí ni la Constitución se respeta, mucho menos el paquete de reformas legales e institucionales aprobadas en las últimas dos décadas.  Ignoran que una parte cualitativa de la sociedad espera el respeto de las normas siquiera cuando se está en la oposición.

En particular a los perredeistas se les ha revestido de una imagen de anárquicos, sumatoria de grupos que desafían sus propias normas y se combaten como enemigos a través de los medios de comunicación. Cuando lograron unirse en la oposición, ganaron las elecciones, como ocurrió en 1963, en 1978 y en el 2000, pero una vez en el poder reprodujeron las luchas grupales.

Después de una tercera derrota electoral consecutiva, en vez de canalizar las insatisfacciones sociales, se lanzan sin miramiento a la lucha interna, lo que sin duda es otro elemento negativo en medio de la descomposición y la enorme corrupción, del auge del narcotráfico y la delincuencia, de las crecientes dificultades económicas y la crisis energética, y del irrespeto a la institucionalidad democrática que se advierte en el país.

Los desvaríos del perredeísmo le impedirán aprovechar las debilidades y el desgaste del peledeísmo gobernante para restaurar la sintonía con la sociedad que malversaron en su última gestión de gobierno sobre todo a partir de su oportunista reforma constitucional de 2002.

Controlar el partido en una convención

La primera meta en el camino hacia la candidatura presidencial parece ser el lograr el control del partido en la convención de junio próximo, para lo cual ya se mencionan al menos cuatro candidatos: Enmanuel Esquea, Julio Maríñez, Tomás Hernández Alberto y Juan Carlos Guerra, mientras el actual titular, Ramón Alburquerque, se ha reservado la decisión de volver a optar. Para la secretaría general ya hacen campaña Guido Gómez Mazara y Jesús Vásquez.

Lo último e inesperado es la carta de 55 de los 66 legisladores perredeistas reclamando que Vargas Maldonado se postule para presidente del partido,  respaldada posteriormente por 45 de los 52 síndicos, según HOY del jueves 13.

La petición  desconoce que el artículo 185 del Estatuto del PRD establece que “El Presidente, el Secretario General, y los secretarios de Organización y de Asuntos Electorales no podrán aspirar a las candidaturas para Presidente y Vicepresidente de la República y demás cargos electivos, antes del término del mandato para el cual fueron elegidos, aunque renuncien”. El mandato es por cuatro años, según el artículo 172.

 Esos aprestos ya han agitado a los otros que aspiran a la candidatura presidencial y la guerra sería total si Vargas Maldonado incurre en el error táctico de aceptar su nominación a la presidencia del PRD, lo que galvanizará la lucha grupal abierta para consumir las energías de ese partido y hacer conflictiva la convención de junio.

  Si Vargas Maldonado tiene tan amplio respaldo debería ser el último en desafiar el estatuto orgánico de su partido y en  desatar con tanta anticipación la lucha por la candidatura presidencial. Lo lógico sería tratar de auspiciar una presidencia de consenso que relance y mantenga la unidad partidaria.

El argumento de que Juan Bosch y Peña Gómez fueron presidentes del partido y candidatos a la vez no fundamenta el caso de Vargas Maldonado por dos razones básicas: que aquellos eran líderes no solo del perredeismo, sino nacionales, y que los estatutos entonces no lo prohibían.

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de nueva Constitución de la República sometido al Congreso Nacional por el presidente Leonel Fernández contiene unos 25 planteamientos que han figurado en los consensos sobre la materia de las últimas dos décadas.

En la formulación de los derechos de  la personalidad, de la igualdad, en los sociales  y del medio ambiente se formulan múltiples planteamientos considerados avanzados y que no figuran en la actual carta magna.

Los más relevantes son los institucionales y políticos, en particular los referentes a  las garantías e instituciones judiciales y en materia electoral donde se separan las funciones de la Junta Central Electoral y se instituye representación de las minorías políticas y de los residentes en el exterior.

Estado de derechos sociales

El artículo 6 del proyecto define a la nación como “un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria y descentralizada, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes”

Ese concepto, considerado esencial en el ordenamiento moderno del Estado, y que ha figurado en los anteproyectos de reforma constitucional de los últimos años,  se complementa en el artículo 7: “El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

El artículo 29 consagra la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y prohíbe todo menoscabo de las condiciones de igualdad y la promoción de medidas para erradicar desigualdades y discriminación de género. Así mismo se establece que el Estado debe garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control. Más adelante el 51-1 garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. También se condena la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas, especialmente la ejercida contra la mujer.

Entre los derechos de la personalidad (art. 31) se consagra que toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos, que tiene derecho a comunicarse con sus familiares, abogado o persona de confianza, y éstos tienen derecho a ser informados del lugar de detención. Así mismo que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro.

Otros derechos novedosos

El proyecto consagra otras novedades en la Constitución dominicana, como el que establece que toda unión estable entre hombre y mujer que forman un hogar genera derechos y comunidad de bienes (art. 44), y al declarar de alto interés la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato a niños, niñas y adolescentes, los que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia y explotación sexual, (art.45).

Novedades son también la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas y el derecho a réplica y rectificación de quien se sienta perjudicado por informaciones difundidas (art. 40), indicando (en el 42) que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana, y que el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática.

Así mismo los artículos 55-56 consagran derechos colectivos a la paz, al desarrollo, la conservación del  equilibrio ecológico, de la fauna y la flora, y la protección del Medioambiente, la preservación del patrimonio cultural, valores históricos, urbanísticos y artísticos,  y plantea que las áreas naturaleza protegidas no podrán ser reducidas en su extensión, lo que ha sido objeto de tráfico de influencia.

Entre los derechos colectivos se establecen también los del consumidor y del usuario de servicios públicos, el fomento del uso de energía y tecnologías limpias y la promoción de políticas para la protección de los recursos acuíferos.

Del orden político

En los aspectos políticos y electorales el proyecto también atiende consensos al establecer la representación de los residentes en el exterior, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al instituir 5 diputados por acumulación de votos a nivel nacional para la representación de los partidos minoritarios (art. 66 y 69), al reducir de las tres cuartas partes a dos tercios la mayoría precisa para destituir a funcionarios electos, y al elevar a dos tercios de los presentes la mayoría para que el Senado pueda elegir a los titulares de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (art. 68).

Se establece en el artículo 187 el presupuesto participativo en los gobiernos locales, propiciando la integración y responsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local, y se instituye  (art. l89) el referendo local y la iniciativa normativa municipal, indicando en el 190 que la administración local estará sometida a un control político, financiero y ciudadano, bajo los principios de participación, representación y transparencia. Se echa  de menos que estos enunciados no se formulan para la gestión de los poderes nacionales.

El proyecto de Constitución incluye otro consenso, al crear un Tribunal Superior Electoral y  un Procurador Electoral encargado de la investigación y persecución de las infracciones y delitos de carácter electoral, independientes de la Junta Central Electoral que queda con las funciones administrativas (artículos 240 y 242).

Otra novedad política está contenida en el artículo 24-5 en el que se proclama que “La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones que defienda los  intereses de la Región”.

Reformas institucionales

En el orden institucional se plantean también numerosas reformas positivas como el artículo 216, que  establece que las cámaras podrán modificar las partidas presupuestarias con la mayoría absoluta si el Presidente no le somete el proyecto de presupuesto a más tardar el 1 de octubre, como se indica en el 108-15.

Los artículos 119 y 120 instituyen el Estatuto de la Función Pública para una gestión eficiente y el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado, avalando mediante la ley la profesionalización de la Administración Pública. También se establece la responsabilidad solidaria del Estado y del Ejecutivo por los daños ocasionados por un acto antijurídico de la Administración Pública.

Se confirma el retiro obligatorio de los jueces de la Suprema Corte a los 75 años (art. 128-2) y en el 129 se incorpora al Consejo Nacional de la Magistratura a representantes del Colegio de Abogados, las escuelas de Derecho y un ex juez de la Suprema Corte.

Hay otras reformas al sistema judicial, como el Consejo del Poder Judicial como órgano de gobierno de este (art. 139), y  la que fortalece la carrera judicial con la inamovilidad de los jueces (art. 128) y del Ministerio Público (art. 159-3), además de la creación de un Consejo General de Procuradores (art. 161).

Otras reformas importantes en el ámbito judicial son el Tribunal Superior Administrativo (art. 152) y una Sala Constitucional que conocería de violaciones de la Constitución por  leyes, decretos, reglamentos y resoluciones (art. 136-137) ambas instancias separadas de la Suprema Corte. En los consensos sobre reformas constitucionales se ha postulado un Tribunal de Garantías Constitucionales. Al servicio de la Defensa Pública se le otorga rango constitucional en el artículo 156, dotándosele de autonomía administrativa.

El artículo 164 prohíbe la reintegración de miembros retirados de las Fuerzas Armadas, excepto si el retiro ha sido en violación de su Ley Orgánica, y se otorga rango constitucional al Defensor del Pueblo (art. 192-193) creado por ley de 2001 que ha sido incumplida por los mismos legisladores. Otra novedad institucional es la inamovilidad del gobernador y vicegobernador del Banco Central y de los miembros de la Junta Monetaria en su período de seis años y la profesionalización de estos últimos que tendrán que dedicarse exclusivamente a sus funciones.