Urge contener la repartición

Por Juan Bolívar Díaz
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El comunicado con que el titular de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se defiende de las escandalosas denuncias que le han afectado es una auto incriminación que se pagaría penalmente en cualquier democracia de mediana intensidad y demuestra hasta qué punto está llegando el abuso del patrimonio público en el país.

Hay una sensación de desbordamiento tan grande que demanda una  urgente intervención legislativa y ejecutiva para imponer transparencia en el manejo de los recursos públicos en el gobierno central y las instituciones autónomas del Estado y para limitar las donaciones, repartición de cargos y contratos que alimentan el clientelismo político.

A confesión de parte…    Llamó la atención que en el comunicado publicado en los diarios esta semana a nombre y cargo de la CDEEE, su vicepresidente ejecutivo Radhamés Segura admite parte considerable de las denuncias de la periodista Nuria Piera sobre alegre repartición del patrimonio de esta institución pública, aunque él sostiene que no viola ninguna ley.

Acepta que  la corporación realiza “donaciones a la Iglesia Católica, a las iglesias cristianas evangélicas, a personas enfermas, a clubes y asociaciones deportivas, así como a ONGs de congresistas”. Sobre ello Segura “asume la total responsabilidad”, parapetándose en un reglamento del presidente Hipólito Mejía, garantizando que todas estas acciones son legales y por tanto pueden ser recurridas a los tribunales”…

Las admisiones son más graves por cuanto están acompañadas de un informe que revela un déficit operativo de 699 millones de dólares para este año en el conjunto de las entidades que conforman esa corporación, sin contar el costo del órgano central, que por cierto no se hace explícito.

Todo ello al mismo tiempo que el país está sumido en una nueva tanda de apagones que afectan las actividades productivas, sociales y familiares, con un costo enorme que dificulta la competitividad internacional y cuando la población no acaba de asimilar las dos elevaciones de la tarifa energética recién impuestas.

El ingeniero Segura no refuta que tenga empleados unos 40 familiares, como se denunció, sólo que considera que al no ser “directos” no caerían en los límites legales, llegando a justificarlo en que “esto representa menos de la mitad del uno por ciento (0.39%) del total de empleados”. Tampoco niega los altos estipendios que paga la deficitaria CDEEE, argumentando que “no se corresponden con los sueldos del Gobierno Central, sino con los de las empresas del sector privado, como se establece en la ley General de Electricidad”, lo que estaría por ser comprobado.

De ilegal e ilegítimo

Puede ser que la repartición de donaciones a entidades y personas particulares, el empleo con altos sueldos de decenas de “familiares no directos” y de cientos de relacionados políticos, hasta el punto de haber llevado la nómina de 80  a 400 millones de pesos en cuatro años no sea ilegal, pero cae en la categoría de lo ilegítimo.

Ciertamente la ilegalidad tendría que dictaminarla un tribunal, pero por lo menos hay un principio establecido en el artículo 102 de la Constitución vigente, que después de plantear sanciones para todo el que sustraiga fondos públicos, proclama que “serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

Como cualquiera puede comprobar el precepto constitucional no se limita a los familiares directos. Pero es que además esas prácticas contravienen los más elementales principios de la ética y se constituyen en ilegítimas, aunque no estén expresamente penalizadas en un texto específico.

Es obvio que la ausencia de ética se generaliza entre los políticos y funcionarios públicos. La falta de expresa prohibición fue lo mismo que argumentaron en diciembre pasado los titulares de la Cámara de Cuentas para tratar de justificar que decidieran pagarse dos salarios adicionales en Navidad, menos de tres meses después de haber asumido el cargo, lo que fue totalmente ilegítimo y abusivo.

En términos éticos, racionales y de legitimidad y muy difícil explicar que una institución con tan alto déficit, que sólo para el año en curso está estimado en más de 25 mil millones de pesos, esté realizando donaciones por cientos de millones de pesos. Seguro que no aparecerá en el mundo entero una sola empresa o institución privada que con un déficit siquiera parecido esté haciendo donaciones. Tampoco será fácil encontrar una corporación de electricidad pública que se dedique a financiar las actividades de ONGs, sean o no de legisladores, ni la de clubes y de personas enfermas. Para esto último el Estado tiene los organismos correspondientes.

Reparto generalizado

Lo recién denunciado en la CEDEEE ya lo fue antes en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuyo titular mantiene cientos de activistas de su grupo político pagados con recursos de la institución. También se le ha acusado de nepotismo, como en el Programa de Reducción de Apagones, cuyo titular hubo de ser suspendido y luego relevado por el mismo Radhamés Segura, cuando una investigación ratificó denuncias periodísticas.

La Lotería Nacional, la Liga Municipal y otras entidades autónomas y del gobierno  central  también han sido objeto de similares denuncias. La mejor prueba de la generalización del reparto fue nuestra publicación de la “nominilla” de los 42 mil 434 presidentes de los comités de base a quienes se pagaba 143 millones 120 mil pesos mensuales (HOY, 5 de abril del 2008) a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, del propio INDRHI, del Instituto Nacional de Aguas Potables, la Corporación del Acueducto de Santo Domingo, la Comisión para el Desarrollo Barrial, el Instituto Agrario Dominicano y la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

Posteriormente denunciamos (HOY, 11 de mayo del 2008) la “Nómina pago de inspectores” del Instituto Agrario, que comprendía a 1,209 personas con salarios de entre 15 y 25 mil pesos que totalizaban 18 millones 355 mil pesos al mes. Con los números de cédulas pudimos comprobar que no figuraban como empleados de ese organismo en los registros de la seguridad social, aunque muchos aparecían en otras entidades del Estado. Quienes suministraron la nómina aseguran que correspondía a dirigentes de comités intermedios del partido de gobierno.

Como se ve, se trata de una política oficial de reparto que se extiende más lejos aún. No hay que olvidar que el veterano abogado y dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez justificó las nominillas diciendo que él también tenía una en la Superintendencia de Seguros que él dirige. Y el propio presidente Leonel Fernández la justificó en el Palacio Nacional cuando le entregamos una copia de la de los comités de base de su partido, indicando que era una práctica imprescindible para mantener el gobierno.

Todo tiene límites

Las denuncias de las nominillas llegaron hasta la Junta Central Electoral que ordenó suspenderlas en la campaña para las elecciones presidenciales del 2008. Luego se supo que la práctica continuaba con mayor discreción y que muchos de los beneficiarios fueron pasados a las nóminas normales mientras a otros se les dotó de tarjetas electrónicas para evitar la confección de cheques que provocan aglomeraciones y dejan evidencias.

Ya nadie puede precisar cuántas personas cobran mensualmente del Estado sin trabajar, a través de las nominillas y los programas sociales como “Comer es primero”  y el “Bonogás” y de los incentivos escolares y asistencia a ancianos. En el primero hay 450 mil personas cobrando 700 pesos mensuales. En el escolar  237 mil pagos de 150 pesos, 52 mil ancianos con 400 pesos al mes, y el bonogás todavía está en desarrollo, pero se ha dicho que incluirá a 800 mil hogares y choferes.

En los programas oficiales de asistencia social se trata de sumas que apenas palian la extrema pobreza o la indigencia, pero en conjunto suponen este año cerca de 10 mil millones de pesos, mientras el financiamiento de la educación, la salud, los acueductos y la vivienda sigue siendo por debajo de lo necesario para incidir en la reducción de la pobreza.

Pero la peor distribución es la de carácter estrictamente político, el sostenimiento de dirigentes y activistas con los recursos del Estado, que se practica también en los ayuntamientos y que en el caso del Congreso Nacional llega a los extremos del auspicio de barrilitos y cofrecitos para supuestos “programas sociales” de los legisladores, que no es otra cosa que una forma de promoverse políticamente.

La sociedad en general debería levantarse para reclamar límites a la repartición del Estado, aunque se advierte que resultará muy difícil ya que desde el Poder Ejecutivo hasta el Legislativo la utilizan como mecanismo clientelista. Por eso hay quienes sostienen que el mayor reclamo debe dirigirse al presidente de la República Leonel Fernández que con un solo decreto y voluntad política puede poner límites al abuso de los recursos estatales.

 

El 2008: Un año devastador

Por Juan Bolívar Díaz

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La nación pagó un costo elevado por la reelección del presidente Fernández,  tanto en términos institucionales como económicos, y la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia sembraron pesimismo

Este año que se despide  marcó un claro retroceso institucional que se anota como costo de la reelección del presidente Leonel Fernández, fundamentada en un reparto sin precedente del patrimonio público y la configuración de un nuevo liderazgo mesiánico que no respeta ni su propio partido.

 El desbordamiento del gasto público durante la campaña electoral generó un déficit que obligó a un recesivo constreñimiento monetario en perjuicio de las actividades productivas, iniciando una ruptura de la estabilidad macroeconómica que había sido el mayor galardón de la gestión gubernativa peledeista.

 Mientras el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, la criminalidad policial y el narcotráfico acentuaron el pesimismo nacional con incremento de las huidas  clandestinas en las que  cientos de personas perdieron la vida en numerosos naufragios.

Deprimente final.  El debilitamiento institucional tuvo amplia expresión en este último mes del año, con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los pagarés internacionales con la Sunland, la autodistribución del patrimonio público por los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, los indultos presidenciales a condenados por actos de corrupción y la falta de transparencia denunciada en la remodelación del Palacio de Bellas Artes.

 La mayoría de los jueces de la SCJ capituló ante el Poder Ejecutivo revocando su propia jurisprudencia para negar a cualquier “parte interesada” el derecho a incoar recursos de inconstitucionalidad, motivando una declaración de su presidente que invoca la necesidad de un nuevo liderazgo en esa entidad, mientras los integrantes de la Cámara de Cuentas, a sólo dos meses de su designación, se declararon por encima de la ley y el reglamento interno para justificarse tres sueldos en diciembre. Ambas cuestiones han reducido el crédito de esas dos instituciones fundamentales del Estado.

 El presidente Fernández  pasó por encima de la Comisión de Indultos, provocando la renuncia de casi todos sus integrantes, al indultar a la señora Vivian Lubrano, condenada por el fraude del Banco Intercontinental  y a cuatro de los  condenados por la distribución patrimonial del Plan Renove. En todos los casos ignorando la norma que condiciona los indultos al cumplimiento de la mitad de la pena.

 Como muestra del dispendio y la falta de transparencia y de prioridades en la inversión pública, quedan los reportajes de la periodista Alicia Ortega, quien ha demostrado que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más de 1,600 millones de pesos y no los 700 millones que se informó en el acto de reinauguración y en la página electrónica de la Presidencia de la República. Haber invertido 784 millones de pesos en un parqueo subterráneo para 600 vehículos es una escandalosa desproporción.

Corrupción y criminalidad.  La percepción de que campea la corrupción generó denuncias hasta de dirigentes del partido oficialista, mientras el senador peledeista por Peravia, Wilton Guerrero, puso en picota la complicidad de oficiales militares y policiales y del ministerio público con el narcotráfico, a raíz de la masacre de Paya. La persistencia del legislador y el escándalo nacional lograron que se avanzara en el desentrañamiento de una red mafiosa que ha involucrado a una decena de oficiales de la Marina de Guerra y la Policía Nacional.

 Pero al mismo tiempo quedaba manifiesta la inutilidad de la Comisión Nacional de Ética y del Departamento de Prevención y lucha contra la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, sobrepasadas no sólo por los indultos de diciembre, sino también porque el ministerio público renunció a la continuación de los procesos judiciales de funcionarios gubernamentales acusados de malversar recursos del Programa Eventual  Mínimo de Empleo (PEME), de los cupones de gas, en los dos anteriores períodos de gobierno, mientras “la pérdida” del expediente dejaba impune un escándalo aduanal de hace 14 años.

 Este año quedó al desnudo la escandalosa proporción de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada, no obstante que miles de policías, militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas han sido despedidos en los últimos años.

 La inseguridad ciudadana siguió en incremento con la proliferación de crímenes y asaltos de todas las categorías, incluyendo secuestros. Las estadísticas de los homicidios en los primeros tres trimestres del año arrojan un incremento del 20% en relación al mismo período de 2007, pasando la tasa del 20.7 al 25.3 por cada 100 mil habitantes.

 No menos alarmantes han sido los muertos a manos de agentes policiales, que a septiembre sumaban 343, unos 38 por mes,  con un incremento de casi 50% en relación al año anterior, proyectándose para fin del año a 457. En la mayoría de los casos se trata de ejecuciones de delincuentes y presuntos delincuentes tras ser capturados o sorprendidos. Esa política de exterminio es de las peores expresiones del desprecio a los procedimientos institucionales y a los derechos constitucionales.

Desequilibrio fiscal.  El esfuerzo reeleccionista generó un enorme déficit fiscal que obligó al Banco Central a reducir las reservas de divisas en cientos de millones de dólares y a elevar las tasas de interés para mantener la estabilidad macroeconómica con el peso sobrevaluado en perjuicio de los sectores productivos y exportadores.

 Los subsidios a la electricidad y los combustibles, al empleo en zonas francas y a productos alimenticios, lo mismo que los programas de asistencia social alcanzaron niveles sin precedentes, contribuyendo a un déficit fiscal superior al 4% del producto interno bruto, cuya cuantía no se ha precisado debido a un clandestino endeudamiento interno con la banca estatal, productores agropecuarios y medios de comunicación.

 El gasto fiscal que en los primeros seis meses del año se elevó en 32% cuando los ingresos sólo crecieron en 5%, criticado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, más los altos precios del petróleo y los alimentos importados, contribuyeron al desequilibrio económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos cierra el año con un déficit de US$5,000 millones, haciendo depender la estabilidad de la inversión extranjera. En un escenario de grave crisis financiera y recesión internacional, los desequilibrios internos se magnifican y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento que han sido los galardones más reconocidos de la gestión gubernativa del presidente Fernández.

 Las repercusiones de la crisis internacional en el turismo, zonas francas y remesas originan previsiones de dificultades económicas en el país. Esta semana, la agencia Standard & Poors bajó la calificación a la deuda dominicana reflejando un deterioro de las previsiones económicas para el país, debido a la crisis internacional y lo que llamaron como “resbalón fiscal”.

 Lo que predomina al final del año es un generalizado pesimismo, lo que podría explicar el incremento de los viajes en yola hacia Puerto Rico y Miami que  en la segunda mitad del año ocasionaron unos cinco naufragios con la muerte de unas 300 personas.

Institucionalidad debilitada

  La institucionalidad democrática quedó destrozada en la campaña electoral cuando el presidente de la nación y el candidato a la reelección se fundieron en un uso sin precedente de los recursos del Estado, sin que la Junta Central Electoral pudiera siquiera formular un pronunciamiento de censura. El clientelismo, el transfuguismo y el reparto del Estado alcanzaron niveles históricos. Al iniciarse el nuevo período de gobierno fueron designados 53 secretarios y 320 subsecretarios de Estado, en su mayoría inorgánicos.

 Desde la campaña electoral se inició una repartición de cargos por designación presidencial para incentivar y premiar el transfuguismo y ampliar el respaldo a la reelección que involucró una docena de partidos y más de 600 grupos de apoyo. La documentación de nóminas de pagos de sueldos mensuales a los presidentes de los comités de base e intermedios del partido gobernante marcó un uso sin precedente de los recursos estatales en campañas electorales.

 Desechando aspectos básicos de una consulta popular y de las recomendaciones de una comisión de expertos, el Presidente envió al Congreso un proyecto de nueva Constitución presidencialista y conservadora que no fue consensuado ni discutido siquiera con el máximo organismo de su propio partido, cada vez más desmembrado y marginado de las decisiones fundamentales del gobierno.

 Este año, de nuevo el gobierno siguió ignorando una serie de leyes recientes como la de Contrataciones Públicas, la de Presupuesto, la de Función Pública, la que penaliza el robo de energía y la de Migración, mientras cientos de funcionarios y legisladores evadían la ley que obliga a la declaración jurada de sus bienes, tanto al principio como al final de sus funciones. También siguió la violación de leyes que asignan proporciones del Presupuesto nacional o del producto bruto interno a la educación, los municipios y la justicia.

 

Leonel: entre sueño y realidad

Por Juan Bolívar Díaz

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El presidente Fernández  avanzó en el reconocimiento de la realidad y prometió concertar, pero se quedó a mitad de camino ocultando el déficit  fiscal, evadiendo la austeridad y los límites al gasto que impone la crisis.

Con su discurso del pasado lunes 8, el presidente Leonel Fernández reconoció definitivamente  la gravedad de la crisis económica internacional y sus repercusiones sobre el país y prometió concertar con las “fuerzas vivas de la nación” para definir un curso de acción frente a las adversidades.

 Sin embargo, el mandatario persistió en un optimismo desproporcionado a la realidad fundando sus sueños de megaproyectos en un nivel de endeudamiento externo que no se corresponde con el contexto de escasez de crédito derivado de la grave crisis financiera internacional.

 Mientras, los altos ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) vinieron al país para insistir en “la necesidad de reequilibrar la política macroeconómica mediante la disminución del déficit fiscal” que permita la reducción de las tasas de interés para estimular la inversión y el empleo y evitar que se agrave la desaceleración económica.

Elementos positivos.  Lo más celebrado del discurso del presidente Fernández fue que esta vez evadió la disertación y trató de ir más directamente a las cuestiones que preocupan a la sociedad dominicana, aceptando definitivamente que estamos frente a una grave crisis económica  internacional, cuyas consecuencias son aún impredecibles.

 Aunque quedó atrapado entre los sueños y la realidad, el mandatario reconoció que el país será afectado significativamente por la recesión internacional, razón por  la cual concluyó en que hace falta actuar unidos como nación para salir airosos de los desafíos. En consecuencia  prometió que en enero convocará “un gran encuentro de todas las fuerzas vivas del país, para que entre todos podamos definir el curso  de acción que como sociedad debemos seguir en estos momentos de adversidades, infortunios e incertidumbres”.

 Esa fue la principal concesión que hizo Fernández Reyna a los sectores políticos, económicos y sociales que le han venido solicitando que convoque  un concierto nacional para enfrentar no sólo la crisis económica y financiera, sino también la creciente inseguridad y la crisis energética así como para definir prioridades de inversión.

 El polémico proyecto de nueva Constitución sometido al Congreso ignorando consensos en aspectos fundamentales, llamado a ser conocido a partir de enero, tendría que ser relegado si se quiere dar espacio a ese encuentro de concertación, que bien podría iniciar un proceso que incluyera también la misma Carta Magna.

 En los sectores empresariales hubo manifiesto respiro porque la alocución presidencial reafirmó declaraciones de su equipo económico en el sentido de que en las conversaciones con el FMI no se ha tratado sobre una nueva reforma tributaria el año próximo, precisando que el ajuste fiscal a que se refirió ese organismo es en base al gasto público y no a un aumento de impuestos.

Déficit fiscal y presupuesto.  El Presidente de la República sigue sin admitir el exceso de gasto en que incurrió este año en la carrera por la reelección. Pero la misma noche de su discurso el Director Gerente del FMI divulgó un comunicado dando cuenta de las conversaciones que sostuvo con él y su equipo económico, donde le plantearon “la necesidad de retornar a una situación fiscal financiable en un contexto de escasez de crédito en los mercados pero cuidando de que las políticas macroeconómicas no agraven la desaceleración de la actividad económica”.

El comunicado agregó que “Estamos de acuerdo en la necesidad de reequilibrar la política macroeconómica mediante la disminución del déficit fiscal y así permitir una cierta relajación de la política monetaria y reducir las tasas de interés para ayudar a estimular la actividad en el sector privado”. El FMI consideró que a mediano plazo el mejoramiento económico dependerá de la aceleración en la creación de empleos y el crecimiento del ingreso, a lo que contribuirán “nuevas reducciones graduales pero constantes de los coeficientes de la deuda pública”.

En su discurso, el primer mandatario sostuvo que hasta julio el desempeño económico obedeció a lo proyectado, pero que al sentirse los efectos del alza del precio del petróleo y los alimentos y de la crisis financiera global el gobierno se vio obligado a aumentar los subsidios para proteger a la población. Pero en realidad los subsidios que citó, a la energía, el gas, el gasoil, arroz, habichuelas, pan, pollo y al empleo de zonas francas se incrementaron o comenzaron desde principios del año, por la campaña electoral y a contrapelo de críticas generalizadas.

 El presidente Fernández defendió su proyecto de presupuesto para el próximo año deficitario en 31 mil millones de pesos y que contempla un endeudamiento de 77 mil 94 millones de pesos (más de 2 mil millones de dólares), equivalentes a un 24 por ciento de su monto de 329 mil millones de pesos, contradiciendo el compromiso con la misión del FMI de noviembre, de presentar “un presupuesto basado en una proyección realista de los ingresos y un nivel de financiamiento creíble e identificado”.

Pese a la actual estrechez del crédito internacional, el proyecto contempla préstamos de la banca extranjera  por hasta mil 500 millones de dólares, difíciles de lograr en los próximos meses, lo que indica una propensión al desbordamiento del endeudamiento, con tal de no ajustar el gasto a la realidad financiera.

Zoom

Notables vacíos

Aunque el discurso presidencial insistió en mantener niveles insostenibles de inversión, fue notable que ni siquiera mencionara la austeridad y que siguiera subordinando el gasto social, evadiendo la petición general de “blindar a los pobres”. No hubo tampoco la menor mención al dispendio ni a la corrupción.

 Cuando se refirió a la crisis energética, el mandatario anunció su propósito de  plantear a una misión de los Emiratos Arabes Unidos que visitaría el país para inversiones para una planta de 500 megavatios, sin referirse a las dos plantas de energía a base de carbón que generarían mil 200 megavatios, en que basó el aumento de la oferta en los últimos tres años.

 Aunque las dos plantas fueron concesionadas a empresas extranjeras en cuestionados concursos de poca transparencia, y pese a que luego el gobierno comprometió garantía a la inversión, no ha aparecido el primer dólar para iniciarlas. Aparentemente han sido abandonadas, pero sin la menor explicación a la sociedad.

 El discurso tampoco mostró preocupación por la reactivación y competitividad del sector industrial, el financiamiento a la agropecuaria  ni el incentivo a las exportaciones.

 En cuanto al FMI, el presidente señaló que expresó a su director gerente Dominique Straus-Khan su aspiración de implementar un “acuerdo de monitoreo del desempeño de la economía dominicana” en el más breve plazo, sin dar cuenta de la respuesta recibida. En el comunicado emitido por el organismo tras la visita de sus tres más altos ejecutivos no asoma ningún acuerdo pero sí varias contradicciones.

Los cuestionamientos

El mayor cuestionamiento al discurso presidencial fue que ignoró el reclamo general y del Fondo Monetrio Internacional (FMI) de un ajuste fiscal. Ni siquiera asomó un plan de austeridad como el enunciado en julio pasado cuando anunció la paralización de las obras que no estuvieran a punto de conclusión.

Hay incongruencia entre la admisión de la crisis internacional y la persistencia en megaproyectos como la segunda línea del Metro y el tren entre Haina y Santiago, proyectados en base a concesiones a inversionistas extranjeros, pese a las condiciones más estrechas del crédito global, como señaló la misión del FMI que visitó el país en noviembre.

Economistas y agentes empresariales consideran que el optimismo del presidente  Fernández sigue por encima de la realidad. Se aventuró a sostener que el turismo y las remesas crecerán en el 2009 en proporciones superiores, en términos absolutos, a las registradas este año, y que los resultados serán positivos en la balanza de pagos global, aunque todos los informes y pronósticos internacionales indican que la crisis económica internacional impactará duramente en el país.

Otra manifestación de optimismo se manifestó en su afirmación de que tres proyectos de inversión turística, aún por iniciarse, generarían hasta 35 mil empleos y en la idea de una  terminal de gas natural en la costa norte para consumo interno y hasta “para exportación al mercado de Estados Unidos”.

El mayor cuestionamiento se lo ha ganado su anuncio de un proyecto de ley para acceder a los 68 mil millones de pesos que acumulan los fondos de pensiones para desarrollar  proyectos de viviendas y “varios proyectos de infraestructura”. En su artículo 97, la Ley de Seguridad Social contempla que esos fondos pueden ser invertidos en “Títulos y valores emitidos por el Banco Nacional de la Vivienda, para el desarrollo de un mercado secundario de hipotecas”, pero no para proyectos de infraestructura a ser construidos por el gobierno.

 

El Presidente debe afrontar la crisis

Por Juan Bolívar Díaz

Con su  discurso anunciado para la próxima semana, la sociedad dominicana espera que el presidente Leonel Fernández evada la disertación teorética y afronte la realidad de que el país, como casi todo el mundo, está ya en una crisis económica que obliga a un serio ajuste fiscal.

Lo primero que se puede esperar es que el mandatario presente con total transparencia la situación del país y escoja el camino de la concertación con los diversos sectores buscando apoyo para un programa de emergencia que impida la desestabilización económica y social.

Aunque Fernández por fin ha reconocido que el país está abocado a una grave crisis, su proyecto de presupuesto no lo refleja y en vez de atender el clamor nacional e internacional de que ajuste el gasto, escoge un mayúsculo endeudamiento y persiste en el déficit fiscal que caracterizó su gestión del año que concluye.

Semana crucial. Con un discurso anunciado y la visita de las más altas autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) la próxima semana será crucial para determinar el rumbo que ha de transitar el gobierno de cara a la crisis económica nacional e internacional cuyos efectos se tornan cada día más claros y amenazantes para la nación.

Aunque el presidente Fernández  tenía el compromiso de hablar el miércoles 10 ante el auditorio de la Cámara Americana de Comercio, el miércoles su director de prensa, Rafael Núñez, anunció un discurso para el lunes 8 en la noche. Al día siguiente correspondió al Banco Central informar que el mismo lunes llegará al país una misión del más alto nivel del FMI encabezada por su director gerente Dominique Strauss-Kahn; el director del departamento del Hemisferio Occidental, Nicolás Eyzaguirre, y su director ejecutivo, Paolo Nogueira.

Llama la atención que los más altos ejecutivos de ese organismo vengan juntos al país, apenas tres semanas después que lo hiciera una misión rutinaria, la cual concluyó recomendando al gobierno un ajuste fiscal y la reducción de las tasas de interés.

En un comunicado publicado al final de esa visita de una semana, el FMI elogiaba “la prudente política monetaria” del Banco Central, que “contribuyó a contraer la demanda interna y sirvió de ancla para mantener la estabilidad macroeconómica, lo que sumado a la recomendación de que se concretice un ajuste fiscal en el 2009, implica una desaprobación del desbordamiento del gasto del gobierno en este año.

Los indicadores. En los sectores empresariales el grito es generalizado por la caída de las ventas como consecuencia de la contracción monetaria y el encarecimiento del crédito  impuestos para contener los efectos de los desbordamientos del gasto gubernamental. Reconocen que la inflación socava el poder adquisitivo de las clases medias sin que el sector privado pueda responder las expectativas de reajuste salarial, lo que genera crecientes y preocupantes protestas sociales.

En una reunión empresarial se llegó a sostener que han bajado hasta las ventas de alimentos populares como pollos y huevos, mientras el sector de la construcción se ha declarado en emergencia y la Falconbridge anuncia el despido de 900 empleados informando que no prevé cuando podrá reanudar sus operaciones.

En el sector turístico ya no se ocultan las preocupaciones luego que las estadísticas mostraran una caída sobre el 10 por ciento en la llegada de visitantes entre septiembre y octubre pasados en relación a los mismos meses de 2007, previéndose un mayor descenso para los próximos meses.

Con los niveles de la crisis económica de Estados Unidos y Europa que genera la pérdida de cientos de miles de empleos por mes, no sorprende que descienda el crecimiento de las remesas de los dominicanos, que el año pasado aportaron tres mil 32 millones de dólares. Con base en las estadísticas del Banco Central, el economista Henri Hebrard mostró esta semana que su crecimiento se redujo al 7.9 por ciento en el primer trimestre de este año, habiendo sido del 17.2 por ciento en el mismo período del 2007. En el segundo trimestre 5.3 por ciento y en el tercero creció apenas 1.8 por ciento.

Los signos son más ominosos aún para el sector zona franca, que ha perdido 80 mil empleos en los últimos años y si no fue peor en este 2008 fue gracias a un subsidio de 2 mil pesos mensuales por empleado, el cual formó parte del desbordamiento que incrementó el gasto gubernamental en 32 por ciento en la primera mitad del año.

Pese al alivio que representa la caída de los precios del petróleo y de alimentos, la cuenta corriente de la balanza de pagos dominicana cerrará el año con un déficit superior a los 5 mil millones de dólares.

Proyecto contradictorio.         Las esperanzas de que el reconocimiento de la crisis por parte del gobierno produciría una nueva política fiscal han sufrido un tropieza con el proyecto de presupuesto para el 2009 sometido al Congreso Nacional, el cual contempla un déficit fiscal de 31 mil millones de pesos y un desproporcionado endeudamiento de unos 2 mil millones de dólares, que aumentará la deuda externa en un tercio del total en un solo año, indicativos de que no se contempla ninguna reducción del gasto ni austeridad.

Para colmo legisladores oficialistas acaban de someter al Congreso un proyecto de ley para emitir bonos por otros 2 mil millones de dólares para financiar las dos plantas de energía a base de carbón que desde hace tres años promueve el gobierno con inversión privada ya concesionadas a dos empresas extranjeras.

Diversos economistas cuestionaron esta semana la viabilidad de altos créditos con la banca privada, organismos internacionales y Venezuela, incluyendo la colocación de bonos con tasas de interés de hasta 25 por ciento en pesos y 10 por ciento en dólares, lo que se traduciría en un insostenible déficit fiscal.

Esa expectativa de endeudamiento externo y la persistencia en proyectos de altos costos como una segunda línea del Metro y el tren Haina-Santiago, que no respaldan ni los empresarios cibaeños, contrastan con la advertencia del FMI de “condiciones más estrechas del crédito global”, y con el compromiso ante el organismo de que elaborarían un presupuesto “basado en una proyección realista de los ingresos y un nivel de financiamiento creíble e identificado”.

Con su  discurso de la próxima semana, el presidente Fernández tendría oportunidad de explicar la viabilidad de obras de esa magnitud que ha dicho serían con financiamiento internacional,  y de sustentar la reducción de las tasas de interés que ha anunciado el gobernador del Banco Central, sin el ajuste del gasto fiscal que no asoma en su proyecto de presupuesto.

Los más optimistas observadores todavía esperan que el mandatario concentre toda la atención en la contención de la crisis económica, que implemente políticas de incentivo a la producción, que sustituya la distribución del patrimonio nacional por más inversión social, sobre todo en educación y salud, y que busque concertar con los sectores económicos y políticos. Incluso que aplace su proyecto de imponer una nueva Constitución que no ha concertado ni siquiera con su propio partido.

No quieren teorías

La visita del FMI y el  discurso   del Presidente han creado expectativas en los círculos empresariales y en la opinión pública con esperanzas de que el doctor Fernández anuncie políticas efectivas para afrontar la crisis económica cada día más evidente.

La afición del mandatario por el discurso teorético, los seminarios  y los escenarios internacionales es objeto de las más ácidas críticas de sus opositores. También se expresa en los medios empresariales y hasta en los diplomáticos, donde no cabían más sorpresas por el desbordado optimismo que lo llevó a sostener en septiembre  que lo peor de la crisis económica internacional había pasado y que no veía que pudiera poner en peligro el país.

Fue en esos días que en una reunión del Consejo Nacional de la Empresa Privada con ejecutivos periodísticos se produjo una carcajada general cuando el presidente de esa entidad dijo que, al presentarle un plan para el desarrollo energético, el mandatario había reaccionado con la propuesta de un seminario para debatirlo, y uno de los participantes exclamó “¿pero otro seminario?”

Sin embargo, hace dos semanas, y durante un seminario en La Romana, que pretendió ser una “cumbre regional” el presidente Fernández finalmente aceptó que la crisis internacional no está cerca de revertirse y que tendrá serias consecuencias sobre la economía nacional, lo que fue recibido con alivio por la opinión pública.

A partir de esa rectificación altos funcionarios del área económica que secundaban el optimismo presidencial han empezado a cambiar el discurso y a aceptar que las piedras angulares de la economía nacional, como el turismo, zonas francas, exportaciones nacionales y remesas están ya sufriendo el impacto de la crisis internacional que sorprendió  al gobierno con un déficit fiscal que ha obligado a desembolsar divisas y casi duplicar las tasas de interés para evitar la desestabilización.

¿Se salvará el PRSC?

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez más reducido, el partido colorao luce incapaz de concertar para renovarse y sobrevivir a la atracción conservadora de Leonel Fernández. Hay quienes creen que a pesar de las energías y voluntades en juego, el PRSC podría desaparecer.

El aplazamiento de la asamblea nacional que este mes debió renovar la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) prolonga la agonía de la organización que no ha podido hacer la transición a la democracia interna tras la desaparición del caudillo que le dio vida durante casi cuatro décadas.

 El partido colorado requiere con suma urgencia de una reingeniería política que le permita recuperar su propia identidad y superar la imagen de cantera de negociantes que no pueden vivir sin depender del presupuesto de la nación, lo que lo ha llevado casi a la extinción.

Aunque quedan energías y voluntades para mantener al PRSC, hay quienes creen que está destinado a morir absorbido por el nuevo liderazgo conservador y pragmático que representa el presidente Leonel Fernández, señalado como sucesor por el propio caudillo que no quiso legar una sólida organización política.

 En capilla ardiente.  El PRSC quedó en capilla ardiente con el resultado de los comicios presidenciales de este año cuando apenas obtuvo el 4 por ciento de los sufragios, que lo redujo a partido minoritario, perdiendo gran parte del financiamiento estatal, víctima de la absorción de una alta proporción de sus dirigentes y militantes atraídos por el poder y el liderazgo del presidente Leonel Fernández, cada vez más parecido al de su caudillo Joaquín Balaguer.

 Las tres últimas elecciones presidenciales marcan una caída en picada del reformismo, que del 24 por ciento en las del 2000, cuando Balaguer fue candidato por última vez, al 9 por ciento cuatro años después cuando postuló al ingeniero Eduardo Estrella, para reducirse a la mitad en mayo pasado con la candidatura de Amable Aristy Castro, quedando en la sexta parte del electorado en sólo 8 años.

 Al no obtener el mínimo del 5 por ciento de los votos válidos, el PRSC perdió el privilegio de participar en partes iguales junto a los otros dos partidos mayoritarios en la repartición del financiamiento estatal instituido por la Ley Electoral 275 de 1997.

 Gracias al esfuerzo de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano por atraerse al partido colorado, en las últimas dos elecciones presidenciales se le otorgó la misma proporción del 80 por ciento del financiamiento estatal a las tres organizaciones políticas. Este año cada uno recibió 282 millones de pesos del total de 1060 millones que se destinó a los partidos.

 Con la votación obtenida este año el financiamiento del PRSC se reducirá en cerca de las dos terceras partes, del 27 por ciento del total otorgado cada año como parte del presupuesto nacional, lo que aumentará las dificultades de subsistencia de sus dirigentes y sus posibilidades de competir en las campañas electorales.

Parar la hemorragia.  Para cualquier observador es obvio que la salvación del partido colorado depende en forma prioritaria de que puedan colocarle un torniquete que detenga la hemorragia de dirigentes y militantes hacia los dos partidos mayoritarios, sobre todo hacia el polo de atracción que representa el presidente Leonel Fernández, generoso distribuidor de favores gubernamentales y heredero del conservadurismo y pragmatismo en que el desaparecido caudillo reformista sentó su predominio de tres décadas.

 Después de 22 años detentando el poder de forma omnímoda y otros 8 años en forma parcial, muchos dirigentes y militantes del PRSC se acostumbraron a vivir a la sombra del Estado. No obtuvieron lo que creían merecer en el primer período presidencial del presidente Fernández, por lo que se entendieron con Hipólito Mejía del 2000 al 2004, y a partir de este año han encontrado amplia acogida en el gobierno peledeista que “asimilando experiencia” dejó atrás lo de “come solo” para atraerse  a todos los que quisieran un cargo gubernamental, una contrata o cualquier otro privilegio.

   El pasado proceso electoral marcó una profunda hemorragia de reformistas atraídos también por las públicas confesiones de receptividad de la herencia balaguerista por parte del presidente Fernández, quien habría superado al viejo caudillo en capacidad de negociación y repartición en aras del continuismo en el poder.

 Las luchas y zancadillas internas y la progresiva falta de fe en las posibilidades de volver a constituir una fuerza política dominante han contribuido también a la hemorragia reformista. Se perdieron así las tres figuras que pudieron encarnar el relevo de Balaguer, como fueron los dos ex candidatos presidenciales Jacinto Peynado (antes de su muerte) y Eduardo Estrella, y el actual canciller de la República Carlos Morales Troncoso.

 Seis fraccionamientos reformistas han ido a fortalecer al presidente Fernández y su partido, tres de ellos significativos. En la pasada campaña electoral dos de los cuatro senadores que obtuvo el PRSC aliado al PRD en las elecciones del 2006 desertaron en apoyo a la reelección, lo mismo que varios diputados, síndicos y regidores.

Recuperar identidad

Numerosos dirigentes reformistas reconocen que su prioridad para no terminar siendo absorbido por el leonelismo es recuperar la identidad, dejando de ser comodín de los dos partidos mayoritarios, papel en que lo sumergió su propio líder cuando en 1996 traicionó la candidatura de Peynado en aras de impedir la ascensión al poder de José Francisco Peña Gómez y su partido.

 El Frente Patriótico que llevó al PLD al poder sumió al reformismo en la tercera fuerza política, y desde entonces en cada coyuntura electoral se ha debatido entre el apoyo a uno de los dos mayoritarios, pactando con el PRD para las congresionales y municipales del 2006. Aunque llevó candidato propio en las últimas dos elecciones presidenciales, en cada caso hubo emigraciones hacia el peledeismo.

 La mayoría de los reformistas añoran a Balaguer y tratan de obviar que él no quiso preparar su partido para que pudiera trascenderlo, como lo prueba el hecho de que lo dejó en manos de sus íntimos, desplazando a los que tenían mayores posibilidades de darle continuidad y que insistiera en repostularse casi muriéndose a los 94 años.

 No obstante haber sido víctimas del continuismo del presidente Fernández en los comicios de este año, la disponibilidad a reunirse y negociar con éste sigue viva, como lo prueban las reuniones particulares con el mandatario, primero de Rafaela Alburquerque y Rogelio Genao, presidente en funciones y vicepresidente, y luego del secretario general  Víctor Gómez Casanova en agosto y septiembre.

Se atribuye a otros dirigentes haber sostenido encuentros secretos con Fernández.

Y a mediados de octubre la dirección en pleno sostuvo una reunión formal con el presidente de la nación, de donde salió un apresurado apoyo a su proyecto de nueva Constitución.

 Detrás de esos conciliábulos se advierten los primeros pasos de cara a las próximas elecciones congresionales y municipales para las que se teme muchos pudieran perder sus posiciones en el Congreso y los municipios, lo que desde ya genera nuevas tensiones en altos y medios niveles directivos.

Nueva oportunidad

 Tras la última debacle electoral, muchos dirigentes reformistas plantearon que debían dar un salto a la renovación y la recuperación de la identidad partidaria, pero las divisiones internas alentadas desde el poder siguen consumiéndolos.

Un elemento de contradicción ha sido si deben regresar quienes se fueron tras cargos y prebendas gubernamentales.

 Conscientes de la necesidad de transitar un camino paralelo al gobierno de Fernández, una Asamblea Nacional el 31 de agosto rechazó acoger a los tránsfugas. No obstante algunos han insistido en esa “reunificación”, ahora incluyendo al presidente del partido, Federico Antún, quien esta semana sorprendió al replantear la apertura.

 Para dirigentes como Guillermo Caram, la nueva posición de Antún obedece “a que se está agarrando del clavo caliente del gobierno para recuperar el espacio que ha perdido en el partido”.

 Le responsabilizan de la instancia elevada ante la Junta Central Electoral que determinó el aplazamiento hasta marzo de la Asamblea Nacional que este mes debió renovar la dirección del partido, lo que extiende el declive y facilita nuevas negociaciones y deserciones que alejarían más las posibilidades de recuperación.

 Mientras algunos postulan el retorno del ingeniero Carlos Morales Troncoso, ratificado como canciller del gobierno, desde dentro ganaban terrenos los que plantean una directiva de consenso, señalándose a Joaquín Ricardo para la presidencia, con Ito Bisonó de secretario general, con Caram, Osiris de León, José Enrique Sued,  José Osvaldo Leger, Rafaela Alburquerque en los otros cargos fundamentales.

 Hay consenso en que tras una reorientación del partido se abra las puertas a los que se fueron por disidencias como Eduardo Estrella y los que le siguieron, pero condicionan el retorno de otros que consideran valiosos, como Morales Troncoso, a que previamente renuncien a los cargos gubernamentales para no constituirse en caballos de Troya del PLD. Estiman que cerca del gobierno el PRSC seguirá en la pendiente de la desaparición por absorción.

EL PLD: sombras nada más

Por Juan Bolívar Díaz

Los recientes pronunciamientos de alarma de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son expresión de preocupaciones y disgustos por la transformación en el poder de la organización que ha abandonado los principios fundamentales que le dieron origen hace 35 años.

 Hasta para dirigentes peledeístas los organismos de la organización que fundó el profesor Juan Bosch han sido secuestrados por los intereses del presidente Leonel Fernández quien ejerce un gobierno personalista y conservador, apelando al clientelismo y la repartición para doblegar voluntades.

 Hay quienes creen que de haber estado vivo el expresidente Bosch hace tiempo que hubiese renegado de su criatura, alarmado por los niveles de corrupción que exhiben muchos de sus dirigentes que han olvidado el lema fundamental de “servir al partido para servir al pueblo”.

Voces de alarma.La alarma expresada en las últimas semanas por dirigentes y militantes del PLD comenzó con las denuncias del senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, a raíz de la masacre de Paya a principios de agosto pasado que destaparon todo un escándalo de vinculación de altos mandos militares y del Ministerio Público con el narcotráfico.

 La reacción inicial del gobierno fue contra el legislador y dirigente de tradición en el partido morado, a quien se le quiso crucificar por las contundentes denuncias que formuló y pretendieron callarlo a nombre de la disciplina partidaria. El posterior procesamiento de una decena de altos mandos de la Marina de Guerra y numerosos hallazgos de cargamentos de drogas dieron la razón a Guerrero.

 El malestar se venía incubando desde la campaña reeleccionista  cuando el presidente Leonel Fernández se atrajo a todo tipo de tránsfugas, incluyendo a varios que habían sido sometidos a la  justicia por actividades delictivas y que aparecían al lado del mandatario, cobrando importancia e influencia que no se les otorgaba a los dirigentes del partido. El paquete de designaciones y prebendas tras la juramentación del 16 de agosto reafirmó la alarma en círculos del partido.

 Otro catalizador parece haber sido el proyecto de nueva Constitución de la República, considerado en ámbitos tradicionales del PLD como conservador, presidencialista y personalista y alejado de los fundamentos ideológicos  que dieron origen al partido morado, y presentado al Congreso sin que ningún organismo lo conociese previamente.

 Los pronunciamientos críticos se precipitaron en noviembre. El día 4 Miguel Andújar, miembro del Comité Central del PLD y hasta hace poco cónsul en Japón,  denunció que “los locales del partido están cerrados, los militantes y dirigentes están inactivos y los funcionarios del gobierno prepotentes y arrogantes”. Advirtió que recibirían sorpresas si no convocan los organismos para renovar los cuadros directivos.

El gran destape.Otro que sacudió la opinión pública fue el diputado peledeísta Elso Martínez cuando denunció hace dos semanas que se estaba corrompiendo a legisladores para lograr la aprobación del  contrato de 93 millones de dólares para la adquisición de aviones, promovido por altos funcionarios del gobierno, al tiempo que se quejaba de que le había resultado imposible reunir la Comisión de Ética de la cámara baja que él mismo preside.

 Pero el gran destape lo ejecutaron dos relevantes dirigentes, miembros del Comité Político del PLD,  el Superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez y el hasta agosto pasado secretario de Turismo Félix Jiménez, ambos considerados entre los “boca duras” de la organización, y a los que resulta difícil descalificar.

 En su columna de El Nacional del 17 de noviembre, Gutiérrez, preguntó qué pasa en el PLD, y si “¿vamos a aceptar los que fundamos y hemos dirigido por más de 30 años la obra de Juan Bosch que la imprudencia, el individualismo, la ignorancia, la falta de sensatez y la corrupción, sigan arrastrando al PLD y al gobierno que encabeza el compañero Leonel Fernández a una emboscada, que nos sumerja en el zafacón de la historia?

 A seguidas el dirigente político planteó la necesidad de enfrentar  con honestidad y valentía los desafíos y dar cumplimiento a los compromisos contraídos con el pueblo, con la dramática alternativa de disolver el PLD. Para rematar poco después dijo por televisión que de seguir por ese derrotero hasta él mismo y el presidente Fernández podrían caer presos cuando salgan del gobierno.

 Por su parte Felucho Jiménez arrojó dudas sobre el costo de una multimillonaria carretera en el polo turístico oriental, agregando que “el ejercicio del poder ha contaminado de arriba hacia abajo a todos los organismos del partido, fomentando la indisciplina, la apetencia de cargos y ostentaciones” para concluir en que el PLD “ya no es ni sombra de lo que era”.

 El vocero del bloque senatorial del PLD, Luis René Canaán y hasta Alejandrina Germán, también del Comité Político, se sumaron a las críticas del clientelismo. El primero dijo que el partido morado no ha escapado a la crisis de valores que permea a las organizaciones políticas y exhortó a rescatar la mística perdida.

Pichardo analiza: “Sepultamos los círculos de estudio, las charlas, la revista Política, teoría y acción como órgano de debate ideológico, y en fin, nuestra fisonomía  fue cambiando para ser cada vez más parecida a la del PRD con todo y el entren to que nos ha servido para abultar una nómina de miembros de la que salen nuestros candidatos a puestos electivos que, en muchos casos, son una vergüenza”.

 Señala que el dinero corre a borbotones comprando hasta comités intermedios enteros, que el Comité Central (de 400 miembros) fue convertido en figura decorativa, sustituido por el Comité Político (25 miembros) que lo decide todo anulando el resto de la organización, incluyendo a los comités intermedios, municipales y provinciales y al secretariado. Se queja de que como partido no fijan posición en torno a los grandes temas nacionales o internacionales y que cada cual asume posiciones que desconciertan. Pese a todo Pichardo mantiene esperanzas de que puedan rescatar el partido.

El adiós a Juan Bosch

Las puertas a la masificación del PLD fueron abiertas en el VI Congreso celebrado en el 2001 que irónicamente llevó el nombre del profesor Juan Bosch, celebrado tras la derrota electoral del año anterior tras el primer gobierno del doctor Fernández. La apertura parece  haber sido estratégicamente exitosa para la recuperación del poder. El Congreso  también acordó la incompatibilidad de los cargos fundamentales del partido con las altas funciones gubernamentales, lo que fue dejado de lado por simple decisión del Comité Central tan pronto ganaron las elecciones.

Aquel congreso “desmontó el viejo PLD y no hemos podido crear el nuevo, por lo que nos quedamos sin partido”, expresa un ideólogo militante, quien señala que en el VII Congreso, en el 2005, se intentó una rectificación acordando dos categorías de miembros una de simple adherente y la decisoria de militantes, con la renovación de la formación política, de lo que se encargó a Alejandrina Germán, pero todo quedó en los papeles.

No son pocos los que creen que de haber estado vivo el profesor Juan Bosch hace tiempo que habría abandonado su partido como hizo con el PRD en 1973, para fundar el PLD, convencido de que aquel estaba dominado por ambiciosos de poder. Dirigentes insatisfechos admiten que en aquel momento todavía los perredeístas, fuera del gobierno central, no habían alcanzado los niveles de corrupción y ostentación que se registran actualmente en el partido gobernante.

De hecho, ya en 1991 Bosch advirtió que el virus de la ambición había contaminado su partido, razón por la cual renunció al mismo el 15 de marzo. Admitió volver poco después pero dejó una carta y declaraciones públicas, como las recogidas en el diario El Siglo del 16 de marzo, donde motiva su dimisión en que “hay gente que ha alcanzado posiciones, como senadores, diputados, síndicos y regidores, y entonces en el  PLD eso ha provocado una corriente de aprovechados, de oportunistas, buscadores de posiciones y de puestos públicos…”

Zoom

Partido desmovilizado

 Los círculos peledeístas son un hervidero de preocupaciones y discusiones en busca de las causas del deterioro que se denuncia. Algunos se lo atribuyen a la masificación del partido y a los atraídos por las políticas clientelistas, pero otros consideran que se trata de un complejo proceso degenerativo que parte del secuestro de los organismos y de los métodos de trabajo.

 El senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, miembro del Comité Central del PLD, se atreve a señalar la responsabilidad del primer mandatario y presidente de la organización, a quien acusa de haber caído en el personalismo y diagnostica una parálisis, por la que los organismos no funcionan.

 Circula entre dirigentes y militantes un documento analítico con el título de “La preocupante situación del PLD”, bajo la firma de Manolo Pichardo, vicesecretario de asuntos internacionales del partido morado y diputado al Parlamento Centroamericano, que trata de explicar más a fondo la crisis. Coincide con otros dirigentes que no quieren debatir en público la situación en que “desde la masificación que eliminó la formación de los militantes, este partido ha caído en un estado degenerativo que lo lleva a convertirse en una entidad similar al Partido Revolucionario Dominicano o al Partido Reformista Social Cristiano”.

Los desvaríos del PRD

Por Juan Bolívar Díaz

En medio de un crítico panorama económico, social e institucional que genera un amplio disgusto de la ciudadanía, el principal partido de oposición parece empeñado en iniciar una disputa por la candidatura presidencial para los comicios del 2012 a tres años y medio de su realización.

 La renovación de los principales cargos directivos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), programada para junio del 2009 está desatando una lucha interna que, independientemente de su potencial divisionista, reafirma una imagen caótica y desvincula a esa organización de las expectativas de la sociedad.

En el fondo de la situación subyace la dificultad de los perredeístas y gran parte del pueblo dominicano, de aceptar las consecuencias del juego democrático y atenerse a los mecanismos institucionales.

Lucha sin tregua.  Es obvio que los perredeistas no se han dado tregua para iniciar la lucha por la candidatura presidencial del 2012.  Pocas semanas después de los comicios de mayo pasado ya quedaron configurados tres aspirantes. El derrotado candidato Miguel Vargas Maldonado consideró que habiendo obtenido el 40 por ciento de los votos, merece una segunda oportunidad. El Comité del PRD en Puerto Rico ya lo proclamó su candidato.

Por su parte, el doctor Luis  Abinader hizo pública su decisión de optar por la nominación y comenzó a crear su propia estructura, mientras el ex presidente Hipólito Mejía iniciaba una reestructuración de sus seguidores relanzándose en competencia con Vargas Maldonado y desde luego con los dirigentes y organismos del partido.

Desde ya se advierte que dirigentes y cuadros perredeístas empiezan a actuar en función del grupismo, dificultando las decisiones en la Comisión Política, de por sí un pesado organismo hipertrofiado con una matrícula de 292 miembros.  Lo del Comité Ejecutivo Nacional es historia patria con dos mil 87 integrantes. Llevan varias semanas tratando de designar una comisión organizadora de la convención que el 12 de junio del 2009 debe renovar los principales cuadros directivos.

Aunque el PRD presentó un proyecto de reforma constitucional sólo para establecer la elección de una Asamblea Constituyente como mecanismo para una reforma de fondo de la carta magna, no ha fijado posición sobre el proyecto de nueva Constitución del presidente Leonel Fernández,  pese a que la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las cámaras legislativas se apresta a aprobar una convocatoria de  la Asamblea Revisora que se reuniría en el corto plazo de 15 días después de promulgada la ley correspondiente.

Falta de un líder.  Uno de los problemas que confronta el PRD es la ausencia de un líder con proyecciones nacionales, después de haberse acostumbrado a un liderazgo fuerte como el que ejercieron tanto Bosch como Peña Gómez, lo que exacerba la lucha de grupos y le impide proyectarse como real alternativa encarnando ilusiones de cambio.

Hipólito Mejía malversó las posibilidades  de constituirse en ese líder tras su elección presidencial en el 2000, no sólo por los desaciertos gubernamentales que se le atribuyen, sino también por haber desconocido el anti reeleccionismo que su partido había enarbolado históricamente. Recuérdese que el PRD perdió la primacía en el electorado con su frustratoria reforma constitucional del 2002,  como lo demostró la encuesta Penn & Shoen un mes después. Desde entonces ocupa el segundo lugar.

Vargas Maldonado fue candidato presidencial por los recursos económicos de que dispone, parte de los cuales fueron objeto de fuerte cuestionamiento, sin antes haberse constituido en un líder nacional ni haber reivindicado los principios programáticos del perredeísmo. Mejoró su discurso en la campaña electoral pero cometió el error de haber dejado en segundo plano hasta los símbolos de su partido y no logró impactar en el segmento fundamental de los que carecen de militancia partidista.

En una reciente carta pública el comunicador perredeista Nelson Marte cita al consultor Jeddu Mascoretto, quien tras una encuesta en 1999 habría concluido en que “más que candidaturas, los perredeístas ansiaban un nuevo liderazgo”. Para lograrlo se requiere no sólo dinero, sino, y sobre todo, discursos y propuestas inspiradoras, capacidad para unir, carisma y vínculos con la sociedad.

Partido autodestructivo.  Peña Gómez solía decir que “sólo el PRD destruye al PRD” tratando de enfrentar la debilidad histórica de ese partido de vivir en continua confrontación interna, como expresión de las dificultades de la sociedad dominicana para acogerse a los principios democráticos y respetar sus instituciones.

El artículo 187 del estatuto dice que “queda prohibido terminantemente, so pena de severas sanciones, la promoción de candidaturas para cargos dentro del partido y de elección popular con más de tres meses de anticipación a la convención que habrá de elegir”. Faltan 7 meses para la convención que elegirá los dirigentes y ya están en campaña. Y deben faltar más de dos años para que elijan candidato presidencial y hace meses que empezaron la promoción.

Algunos se conforman con señalar que no es un mal particular de ellos, puesto que aquí ni la Constitución se respeta, mucho menos el paquete de reformas legales e institucionales aprobadas en las últimas dos décadas.  Ignoran que una parte cualitativa de la sociedad espera el respeto de las normas siquiera cuando se está en la oposición.

En particular a los perredeistas se les ha revestido de una imagen de anárquicos, sumatoria de grupos que desafían sus propias normas y se combaten como enemigos a través de los medios de comunicación. Cuando lograron unirse en la oposición, ganaron las elecciones, como ocurrió en 1963, en 1978 y en el 2000, pero una vez en el poder reprodujeron las luchas grupales.

Después de una tercera derrota electoral consecutiva, en vez de canalizar las insatisfacciones sociales, se lanzan sin miramiento a la lucha interna, lo que sin duda es otro elemento negativo en medio de la descomposición y la enorme corrupción, del auge del narcotráfico y la delincuencia, de las crecientes dificultades económicas y la crisis energética, y del irrespeto a la institucionalidad democrática que se advierte en el país.

Los desvaríos del perredeísmo le impedirán aprovechar las debilidades y el desgaste del peledeísmo gobernante para restaurar la sintonía con la sociedad que malversaron en su última gestión de gobierno sobre todo a partir de su oportunista reforma constitucional de 2002.

Controlar el partido en una convención

La primera meta en el camino hacia la candidatura presidencial parece ser el lograr el control del partido en la convención de junio próximo, para lo cual ya se mencionan al menos cuatro candidatos: Enmanuel Esquea, Julio Maríñez, Tomás Hernández Alberto y Juan Carlos Guerra, mientras el actual titular, Ramón Alburquerque, se ha reservado la decisión de volver a optar. Para la secretaría general ya hacen campaña Guido Gómez Mazara y Jesús Vásquez.

Lo último e inesperado es la carta de 55 de los 66 legisladores perredeistas reclamando que Vargas Maldonado se postule para presidente del partido,  respaldada posteriormente por 45 de los 52 síndicos, según HOY del jueves 13.

La petición  desconoce que el artículo 185 del Estatuto del PRD establece que “El Presidente, el Secretario General, y los secretarios de Organización y de Asuntos Electorales no podrán aspirar a las candidaturas para Presidente y Vicepresidente de la República y demás cargos electivos, antes del término del mandato para el cual fueron elegidos, aunque renuncien”. El mandato es por cuatro años, según el artículo 172.

 Esos aprestos ya han agitado a los otros que aspiran a la candidatura presidencial y la guerra sería total si Vargas Maldonado incurre en el error táctico de aceptar su nominación a la presidencia del PRD, lo que galvanizará la lucha grupal abierta para consumir las energías de ese partido y hacer conflictiva la convención de junio.

  Si Vargas Maldonado tiene tan amplio respaldo debería ser el último en desafiar el estatuto orgánico de su partido y en  desatar con tanta anticipación la lucha por la candidatura presidencial. Lo lógico sería tratar de auspiciar una presidencia de consenso que relance y mantenga la unidad partidaria.

El argumento de que Juan Bosch y Peña Gómez fueron presidentes del partido y candidatos a la vez no fundamenta el caso de Vargas Maldonado por dos razones básicas: que aquellos eran líderes no solo del perredeismo, sino nacionales, y que los estatutos entonces no lo prohibían.

Comicios separados y voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz

La reunificación de las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales y la eliminación del voto preferencial por los diputados  marcaría un retroceso en el proceso de democratización iniciado con la reforma constitucional de 1994 y la modificación electoral de 1997, ambas realizadas por consenso.

El argumento fundamental que se esgrime para unir los tres niveles de elección en un solo día, como se propone en el proyecto de nueva Constitución, es la extensión y costo de las campañas electorales, lo que podría subsanarse con una reforma electoral que establezca estrictos límites a los períodos de promoción de candidatos.

A su vez la limitación por ley del gasto por candidatos invalidaría el argumento con que la Cámara Administrativa de la Junta  Central Electoral (JCE) fundamenta su propuesta de que se elimine el derecho de la ciudadanía a escoger el diputado  de su preferencia que ha regido sólo en las dos últimas elecciones legislativas.

Propuestas regresivas

El proyecto de nueva Constitución propuesto al Congreso por el Presidente Leonel Fernández reunifica en un mismo día las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, que por la reforma constitucional de 1994 se realizan con dos años de diferencia.

A su vez la Cámara Administrativa de la JCE llevó hasta el Congreso Nacional una propuesta que plantea la supresión del voto preferencial que tuvo origen en la Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre del 1997, y en la resolución 05 de la JCE en el 2001, en ambos casos previo consenso con los partidos políticos.

 Los tres tipos de elecciones quedaron separadas en la reforma Constitucional de 1994 que también incluyó la prohibición de la reelección presidencial, la doble vuelta electoral para garantizar que el Presidente y el Vicepresidente de la República sean electos por mayoría absoluta de votos, y los colegios electorales cerrados que fueron suprimidos posteriormente en la reforma constitucional del 2002 que también instituyó  la reelección del primer mandatario para un segundo período constitucional.

La votación por distritos electorales y preferencial para diputados y regidores  quedó consagrada en la reforma electoral propuesta al Congreso en septiembre del 2001 por la JCE entonces presidida por el doctor César Estrella Sahdalá tras un proceso de consulta y consenso con los partidos y la sociedad civil que se extendió por varios meses.

Esa reforma incluyó la cuota mínima de cargos electorales para las mujeres, en principio del 25 por ciento y elevada luego al 33, el voto en el exterior del país, y el financiamiento estatal a los partidos políticos.

Tras la promulgación de la reforma a seis meses de los comicios del 1998, la JCE adujo que no había tiempo para implementar los distritos electorales en esa consulta. En el 2001 resolvió implementar los distritos y el voto preferencial a partir del 2002 pero sólo para los diputados, dejando pendiente hacerlo con los regidores, lo que no ha ocurrido nunca.

Correctivos necesarios

Es cierto que la separación de las elecciones ha determinado que el país viva en permanentes campañas electorales, lo que ha llevado a muchos a renegar de la reforma de 1994, constituyéndose en el argumento fundamental de los que propugnan por la reunificación.

 A su vez el voto preferencial por los diputados ha determinado un encarecimiento de las campañas por la inversión individual que hacen los candidatos, compitiendo entre sí en los mismos partidos.

Pero ambas degeneraciones pueden ser subsanadas con una ley que establezca límites estrictos para los períodos de campaña electoral y la inversión individual, con las correspondientes sanciones para los violadores, como predomina en la mayoría de las naciones democráticas, en muchas de las cuales hay dos y hasta tres comicios separados. Sin esa reglamentación las campañas electorales seguirían siendo extensas y costosas, porque nada evitaría que comenzaran tres años antes aunque se unifiquen.

En última instancia las elecciones legislativas y municipales podrían anteceder a las presidenciales en 60 o 90 días, lo que reduciría el arrastre presidencial y mantendría el beneficio del voto consciente por los candidatos a senadores y diputados, síndicos y regidores en orden al fortalecimiento del Poder Legislativo y de los gobiernos locales.

La reunificación de las elecciones en una misma jornada robustecería el presidencialismo, por el predominio en el país de una cultura que privilegia el voto por el partido más que por los candidatos, lo que arroja victoria total de uno solo, haciendo más difícil el control del Ejecutivo y la descentralización de la gestión y el gasto estatal. Tiende a acentuar el bipartidismo en desmedro de la pluralidad.

Se argumenta también que al promover la pluralidad de poderes, la separación de las elecciones genera obstrucción a la gobernabilidad, lo que no se ha manifestado en la década que tiene el actual sistema.

Un largo proceso

La separación de las elecciones y el voto por distritos electorales y preferencial fue fruto de un largo proceso de debates en la sociedad dominicana, promovido por el líder perredeista José Francisco Peña Gómez, por académicos y analistas políticos desde los finales de la década del ochenta. Lo primero fue instituido en la reforma constitucional de agosto del 1994 que conjuró la crisis política originada por las traumáticas elecciones de ese año.

Ambas reivindicaciones democráticas aparecieron  en los Proyectos para la Reforma del Sistema de Representación firmados por los partidos políticos reconocidos el 7 de abril de 1994, en el marco de un programa iniciado el año anterior por la Fundación Siglo 21, bajo los auspicios del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas.

Aunque el Partido Reformista Social Cristiano participó del consenso para un paquete de reformas, al final su líder Joaquín Balaguer no suscribió los acuerdos como lo hicieron dirigentes de otros 16 partidos reconocidos.

Con la separación de los comicios se buscaba eliminar el “factor de arrastre” de los legisladores y autoridades municipales por el voto presidencial lo que determinaba un control de todos los poderes por el partido que ganaba el Ejecutivo.

Los distritos electorales estaban destinados a un acercamiento entre electores y representados y a un mayor control ciudadano y democrático.

En los primeros comicios legislativos y municipales separados, celebrados en 1998, el principal partido de oposición logró mayoría legislativa y municipal. En los del 2002 y 2006 la mayoría quedó en los partidos que gobernaban.

Poder de las cúpulas

La eliminación del voto preferencial restauraría el poder de las cúpulas partidarias y especialmente de los candidatos presidenciales para escoger los diputados en desmedro  del derecho de los electores y electoras. Hasta su implementación en el 2002, los candidatos a diputados que encabezaban las listas llegaban a la votación con garantía de salir electos por el arrastre del partido y no por sus méritos ni compromisos con la comunidad que representaban.

El orden de colocación en las boletas se constituía en un elemento de confrontación interna, hasta el grado de que en ocasiones se tramitaron ante la JCE más de una lista de un mismo partido. La mayoría de los diputados electos sentían que se debían más a los dirigentes que los colocaron “en posición ganadora” que a los ciudadanos y ciudadanas que votaban.

Para sustentar la instauración del voto preferencial se consideró que incentiva a los partidos a postular a mejores  representantes reales de las comunidades, en capacidad de atraer votos. También que promueve la rendición de cuenta y el compromiso de los elegidos con sus electores y que garantiza mayor ejercicio democrático al conferir a todos los nominados la misma oportunidad de salir electos.

En vez de promover la restricción del derecho a elegir, lo que el proceso democrático demanda es ampliarlo, como se ha planteado, permitiendo que en la boleta legislativa se pueda votar por un senador de un partido diferente a los diputados, lo mismo que por el síndico y los regidores en la municipal.

Tanto la reunificación de las elecciones como la eliminación del voto preferencial se inscribirían en el proceso de contra reforma iniciado en el 2002  cuando se restauró la reelección presidencial, que en el 2004 y el 2008 volvió a cobrar un alto costo institucional y económico con el derroche del presupuesto y el abuso de los recursos  estatales, arrojando enormes desequilibrios fiscales.

Buscan rescatar la concertación

Por Juan Bolívar Díaz

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente que salió a la palestra esta semana es un esfuerzo de decenas de instituciones sociales y académicas que pretenden rescatar los reiterados planteamientos de amplia concertación para un plan de nación, puestos en jaque por el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández.

La aprobación de una nueva Constitución sin previo consenso  ni siquiera en el mismo partido de gobierno frustraría los consensos nacionales de la última década, el mayor de los cuales ha sido la reivindicación del  poder constituyente como amplia expresión de una democracia participativa.

La dispersión e inconsistencia de los partidos de oposición y el adormecimiento en que ha caído una parte significativa de la sociedad civil son caldo de cultivo de un proyecto de exclusión e imposición que reafirma el presidencialismo y otros valores conservadores de la sociedad dominicana.

Esfuerzo de rescate

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente, lanzado esta semana por varias decenas de organizaciones sociales y académicas pretende el rescate de la concertación nacional para un plan de nación que debería comenzar con una nueva Constitución de la República fruto de una amplia participación democrática, que deje atrás una historia de imposiciones del poder constituido.

Denunciando que el proyecto del presidente Fernández ha desconocido todos los consensos de las últimas dos décadas para una Constitución moderna que abra curso a un plan de nación democrática y participativa, dirigentes sociales y académicos proclamaron formalmente el jueves su decisión de luchar por reivindicar la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental de la nación.

El objetivo primario del foro fue expuesto en un acto celebrado en el Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo encabeza junto a académicos de otras universidades, de la Academia de Ciencias y de organizaciones de diversos ámbitos sociales, como el movimiento Participación Ciudadana, el Foro Social  Alternativo, la Asociación Dominicana de Profesores y un amplio consorcio de entidades femeninas. Confluyen también agrupaciones políticas de izquierda y núcleos del Partido Revolucionario Dominicano.

“Levantemos la voz, unamos nuestros sueños y demandemos una nueva Constitución de la República que sea fruto de una Asamblea Constituyente por elección popular y  con amplia participación social. Esta nueva Constitución, que será el marco del gran proyecto de país para este siglo, debe ser el fruto del más amplio consenso entre los sectores políticos y sociales”, indica la proclama leída en el acto.

Misión cuesta arriba

La misión que se ha impuesto el Foro Participativo es bien cuesta arriba si se tiene en cuenta la decisión del gobierno y su mayoría legislativa que alcanzaría los dos tercios de los votos necesarios para cualquier reforma constitucional contando con los senadores y diputados del Partido Reformista Social Cristiano.

Aunque los promotores de la Constituyente confían en ampliar el espectro de organizaciones que favorecen ese mecanismo, tropiezan con una “inexplicable ausencia y denso silencio” de muchas de las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas que en el pasado abogaban por una Constitución de amplia participación que diera origen a un “plan de nación” de cara al siglo 21.

El sociólogo Wilfredo Lozano expresaba esta semana su preocupación por el creciente abandono del discurso sobre concertación como base del desarrollo social, institucional y económico de la nación que durante las últimas dos décadas predominó en los más diversos ámbitos dominicanos, considerándolo como expresión de un retroceso en las aspiraciones democráticas.

Analistas sociales atribuyen esa indiferencia a la frustración que ha dejado el sistema político al desconocer el amplio paquete de reformas institucionales y legales aprobadas en las últimas dos décadas y a la regresiva y mezquina modificación constitucional del 2002. También se atribuye a que muchos dirigentes de todos los sectores, incluyendo los intelectuales, han sido cooptados por las políticas gubernamentales de reparto de empleos, contratos y privilegios.

El liderazgo político

En todos los sectores sociales se expresa inconformidad y hasta temores por las consecuencias de una Constitución que no sería el fruto de consenso ni siquiera en el mismo partido de gobierno, cuyos dirigentes y legisladores no han participado en su definición. Sólo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue informado por el presidente de las líneas generales de su proyecto, sin siquiera haberle entregado una copia antes de enviarlo al Congreso Nacional, pero forzándolo a darle su respaldo.

Dirigentes del PLD expresan en privado su desilusión con un proyecto que, afirman, es fruto en última instancia del propio presidente Fernández y dos asesores españoles contratados al efecto. Convienen en que, casi medio siglo después, es más atrasado y presidencialista que  la carta magna que auspició en 1963 el fundador del partido, el expresidente  Juan Bosch.

Si algo es asombroso es el fatalismo con que muchos aceptan el proceso que rompe con las promesas de concertación nacional, lo que a juicio de algunos está determinado por la pobreza del liderazgo político nacional, especialmente el de la oposición. Hay quienes ven al presidente Fernández como el único líder político.

Ya pocos cuentan con lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano víctima de la dispersión y en proceso de extinción, ratificando su vocación por la subordinación al gobierno de turno, cuyos dirigentes se disputan los rastros de un poder malversado.

Como mayoritario de oposición el Partido Revolucionario Dominicano luce incapaz de potenciar el 40 por ciento de los votos que obtuvo en las elecciones de mayo pasado. Aunque han reivindicado la Asamblea Constituyente, tras el oportunismo suicida del 2002, los dirigentes perredeistas están demasiado ocupados disputándose los principales mandos del partido ocho meses antes de su renovación y otros amarrando para las candidaturas del 2010 y hasta del 2012. –

Un poder usurpado

La proclama del Foro Participativo resalta que el proyecto de Constitución del gobierno ha dejado de lado todos los consensos de la última década que fueron unánimes en postular la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental. Señalan el Diálogo Nacional del 1997-98 auspiciado por el primer gobierno del presidente Fernández, y los anteproyectos consensuados por la Comisión para Reforma del Estado y la Comisión Especial del 2001 que integró a los partidos reconocidos, una veintena de organizaciones sociales y una decena de personalidades.

Recuerdan también el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y los anteproyectos de Constitución elaborados tras amplias consultas por las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, Cristóbal Rodríguez Gómez, resaltó que en esos consensos hay  diversidad en los contenidos pero una coincidencia absoluta en el mecanismo de la Asamblea Constituyente, imperante también en la última ola de reformas constitucionales del continente, comenzando por la de Colombia en 1991, e incluyendo las más recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La proclama del Foro Participativo afirma que “el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno  dominicano reedita los mecanismos tradicionales de manipulación de la Constitución para acomodarla a su medida, como ya antes lo han hecho la mayoría de los gobernantes del país”.

Agrega que “el poder constituido usurpa el poder constituyente”, tras sostener que “la no existencia de un Poder Constituyente, que sintetice la diversidad cultural, social, económica, ambiental, geográfica, política, religiosa, etc. ha impedido la configuración de un sujeto político-social nacional, quedando relegadas las mayorías nacionales a una condición pasiva de objeto político”.

El vocero del Foro Participativo, doctor Luis Gómez, quien fue miembro de la Comisión que redactó el anteproyecto que dio origen al proyecto sometido al Congreso, insistió en denunciar que esta terminó desechando unas 25 propuestas de consenso, seis de ellas fundamentales, y que a su vez el presidente Fernández  dejó de lado 32, lo que a su juicio constituyó una manipulación de la consulta popular que inició el proceso lein.

Hay muchos avances en el proyecto de Constitución

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de nueva Constitución de la República sometido al Congreso Nacional por el presidente Leonel Fernández contiene unos 25 planteamientos que han figurado en los consensos sobre la materia de las últimas dos décadas.

En la formulación de los derechos de  la personalidad, de la igualdad, en los sociales  y del medio ambiente se formulan múltiples planteamientos considerados avanzados y que no figuran en la actual carta magna.

Los más relevantes son los institucionales y políticos, en particular los referentes a  las garantías e instituciones judiciales y en materia electoral donde se separan las funciones de la Junta Central Electoral y se instituye representación de las minorías políticas y de los residentes en el exterior.

Estado de derechos sociales

El artículo 6 del proyecto define a la nación como “un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria y descentralizada, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes”

Ese concepto, considerado esencial en el ordenamiento moderno del Estado, y que ha figurado en los anteproyectos de reforma constitucional de los últimos años,  se complementa en el artículo 7: “El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

El artículo 29 consagra la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y prohíbe todo menoscabo de las condiciones de igualdad y la promoción de medidas para erradicar desigualdades y discriminación de género. Así mismo se establece que el Estado debe garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control. Más adelante el 51-1 garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. También se condena la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas, especialmente la ejercida contra la mujer.

Entre los derechos de la personalidad (art. 31) se consagra que toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos, que tiene derecho a comunicarse con sus familiares, abogado o persona de confianza, y éstos tienen derecho a ser informados del lugar de detención. Así mismo que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro.

Otros derechos novedosos

El proyecto consagra otras novedades en la Constitución dominicana, como el que establece que toda unión estable entre hombre y mujer que forman un hogar genera derechos y comunidad de bienes (art. 44), y al declarar de alto interés la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato a niños, niñas y adolescentes, los que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia y explotación sexual, (art.45).

Novedades son también la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas y el derecho a réplica y rectificación de quien se sienta perjudicado por informaciones difundidas (art. 40), indicando (en el 42) que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana, y que el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática.

Así mismo los artículos 55-56 consagran derechos colectivos a la paz, al desarrollo, la conservación del  equilibrio ecológico, de la fauna y la flora, y la protección del Medioambiente, la preservación del patrimonio cultural, valores históricos, urbanísticos y artísticos,  y plantea que las áreas naturaleza protegidas no podrán ser reducidas en su extensión, lo que ha sido objeto de tráfico de influencia.

Entre los derechos colectivos se establecen también los del consumidor y del usuario de servicios públicos, el fomento del uso de energía y tecnologías limpias y la promoción de políticas para la protección de los recursos acuíferos.

Del orden político

En los aspectos políticos y electorales el proyecto también atiende consensos al establecer la representación de los residentes en el exterior, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al instituir 5 diputados por acumulación de votos a nivel nacional para la representación de los partidos minoritarios (art. 66 y 69), al reducir de las tres cuartas partes a dos tercios la mayoría precisa para destituir a funcionarios electos, y al elevar a dos tercios de los presentes la mayoría para que el Senado pueda elegir a los titulares de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (art. 68).

Se establece en el artículo 187 el presupuesto participativo en los gobiernos locales, propiciando la integración y responsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local, y se instituye  (art. l89) el referendo local y la iniciativa normativa municipal, indicando en el 190 que la administración local estará sometida a un control político, financiero y ciudadano, bajo los principios de participación, representación y transparencia. Se echa  de menos que estos enunciados no se formulan para la gestión de los poderes nacionales.

El proyecto de Constitución incluye otro consenso, al crear un Tribunal Superior Electoral y  un Procurador Electoral encargado de la investigación y persecución de las infracciones y delitos de carácter electoral, independientes de la Junta Central Electoral que queda con las funciones administrativas (artículos 240 y 242).

Otra novedad política está contenida en el artículo 24-5 en el que se proclama que “La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones que defienda los  intereses de la Región”.

Reformas institucionales

En el orden institucional se plantean también numerosas reformas positivas como el artículo 216, que  establece que las cámaras podrán modificar las partidas presupuestarias con la mayoría absoluta si el Presidente no le somete el proyecto de presupuesto a más tardar el 1 de octubre, como se indica en el 108-15.

Los artículos 119 y 120 instituyen el Estatuto de la Función Pública para una gestión eficiente y el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado, avalando mediante la ley la profesionalización de la Administración Pública. También se establece la responsabilidad solidaria del Estado y del Ejecutivo por los daños ocasionados por un acto antijurídico de la Administración Pública.

Se confirma el retiro obligatorio de los jueces de la Suprema Corte a los 75 años (art. 128-2) y en el 129 se incorpora al Consejo Nacional de la Magistratura a representantes del Colegio de Abogados, las escuelas de Derecho y un ex juez de la Suprema Corte.

Hay otras reformas al sistema judicial, como el Consejo del Poder Judicial como órgano de gobierno de este (art. 139), y  la que fortalece la carrera judicial con la inamovilidad de los jueces (art. 128) y del Ministerio Público (art. 159-3), además de la creación de un Consejo General de Procuradores (art. 161).

Otras reformas importantes en el ámbito judicial son el Tribunal Superior Administrativo (art. 152) y una Sala Constitucional que conocería de violaciones de la Constitución por  leyes, decretos, reglamentos y resoluciones (art. 136-137) ambas instancias separadas de la Suprema Corte. En los consensos sobre reformas constitucionales se ha postulado un Tribunal de Garantías Constitucionales. Al servicio de la Defensa Pública se le otorga rango constitucional en el artículo 156, dotándosele de autonomía administrativa.

El artículo 164 prohíbe la reintegración de miembros retirados de las Fuerzas Armadas, excepto si el retiro ha sido en violación de su Ley Orgánica, y se otorga rango constitucional al Defensor del Pueblo (art. 192-193) creado por ley de 2001 que ha sido incumplida por los mismos legisladores. Otra novedad institucional es la inamovilidad del gobernador y vicegobernador del Banco Central y de los miembros de la Junta Monetaria en su período de seis años y la profesionalización de estos últimos que tendrán que dedicarse exclusivamente a sus funciones.