Por Juan Bolívar Díaz

La nación pagó un costo elevado por la reelección del presidente Fernández,  tanto en términos institucionales como económicos, y la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia sembraron pesimismo

Este año que se despide  marcó un claro retroceso institucional que se anota como costo de la reelección del presidente Leonel Fernández, fundamentada en un reparto sin precedente del patrimonio público y la configuración de un nuevo liderazgo mesiánico que no respeta ni su propio partido.

 El desbordamiento del gasto público durante la campaña electoral generó un déficit que obligó a un recesivo constreñimiento monetario en perjuicio de las actividades productivas, iniciando una ruptura de la estabilidad macroeconómica que había sido el mayor galardón de la gestión gubernativa peledeista.

 Mientras el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, la criminalidad policial y el narcotráfico acentuaron el pesimismo nacional con incremento de las huidas  clandestinas en las que  cientos de personas perdieron la vida en numerosos naufragios.

Deprimente final.  El debilitamiento institucional tuvo amplia expresión en este último mes del año, con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los pagarés internacionales con la Sunland, la autodistribución del patrimonio público por los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, los indultos presidenciales a condenados por actos de corrupción y la falta de transparencia denunciada en la remodelación del Palacio de Bellas Artes.

 La mayoría de los jueces de la SCJ capituló ante el Poder Ejecutivo revocando su propia jurisprudencia para negar a cualquier “parte interesada” el derecho a incoar recursos de inconstitucionalidad, motivando una declaración de su presidente que invoca la necesidad de un nuevo liderazgo en esa entidad, mientras los integrantes de la Cámara de Cuentas, a sólo dos meses de su designación, se declararon por encima de la ley y el reglamento interno para justificarse tres sueldos en diciembre. Ambas cuestiones han reducido el crédito de esas dos instituciones fundamentales del Estado.

 El presidente Fernández  pasó por encima de la Comisión de Indultos, provocando la renuncia de casi todos sus integrantes, al indultar a la señora Vivian Lubrano, condenada por el fraude del Banco Intercontinental  y a cuatro de los  condenados por la distribución patrimonial del Plan Renove. En todos los casos ignorando la norma que condiciona los indultos al cumplimiento de la mitad de la pena.

 Como muestra del dispendio y la falta de transparencia y de prioridades en la inversión pública, quedan los reportajes de la periodista Alicia Ortega, quien ha demostrado que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más de 1,600 millones de pesos y no los 700 millones que se informó en el acto de reinauguración y en la página electrónica de la Presidencia de la República. Haber invertido 784 millones de pesos en un parqueo subterráneo para 600 vehículos es una escandalosa desproporción.

Corrupción y criminalidad.  La percepción de que campea la corrupción generó denuncias hasta de dirigentes del partido oficialista, mientras el senador peledeista por Peravia, Wilton Guerrero, puso en picota la complicidad de oficiales militares y policiales y del ministerio público con el narcotráfico, a raíz de la masacre de Paya. La persistencia del legislador y el escándalo nacional lograron que se avanzara en el desentrañamiento de una red mafiosa que ha involucrado a una decena de oficiales de la Marina de Guerra y la Policía Nacional.

 Pero al mismo tiempo quedaba manifiesta la inutilidad de la Comisión Nacional de Ética y del Departamento de Prevención y lucha contra la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, sobrepasadas no sólo por los indultos de diciembre, sino también porque el ministerio público renunció a la continuación de los procesos judiciales de funcionarios gubernamentales acusados de malversar recursos del Programa Eventual  Mínimo de Empleo (PEME), de los cupones de gas, en los dos anteriores períodos de gobierno, mientras “la pérdida” del expediente dejaba impune un escándalo aduanal de hace 14 años.

 Este año quedó al desnudo la escandalosa proporción de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada, no obstante que miles de policías, militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas han sido despedidos en los últimos años.

 La inseguridad ciudadana siguió en incremento con la proliferación de crímenes y asaltos de todas las categorías, incluyendo secuestros. Las estadísticas de los homicidios en los primeros tres trimestres del año arrojan un incremento del 20% en relación al mismo período de 2007, pasando la tasa del 20.7 al 25.3 por cada 100 mil habitantes.

 No menos alarmantes han sido los muertos a manos de agentes policiales, que a septiembre sumaban 343, unos 38 por mes,  con un incremento de casi 50% en relación al año anterior, proyectándose para fin del año a 457. En la mayoría de los casos se trata de ejecuciones de delincuentes y presuntos delincuentes tras ser capturados o sorprendidos. Esa política de exterminio es de las peores expresiones del desprecio a los procedimientos institucionales y a los derechos constitucionales.

Desequilibrio fiscal.  El esfuerzo reeleccionista generó un enorme déficit fiscal que obligó al Banco Central a reducir las reservas de divisas en cientos de millones de dólares y a elevar las tasas de interés para mantener la estabilidad macroeconómica con el peso sobrevaluado en perjuicio de los sectores productivos y exportadores.

 Los subsidios a la electricidad y los combustibles, al empleo en zonas francas y a productos alimenticios, lo mismo que los programas de asistencia social alcanzaron niveles sin precedentes, contribuyendo a un déficit fiscal superior al 4% del producto interno bruto, cuya cuantía no se ha precisado debido a un clandestino endeudamiento interno con la banca estatal, productores agropecuarios y medios de comunicación.

 El gasto fiscal que en los primeros seis meses del año se elevó en 32% cuando los ingresos sólo crecieron en 5%, criticado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, más los altos precios del petróleo y los alimentos importados, contribuyeron al desequilibrio económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos cierra el año con un déficit de US$5,000 millones, haciendo depender la estabilidad de la inversión extranjera. En un escenario de grave crisis financiera y recesión internacional, los desequilibrios internos se magnifican y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento que han sido los galardones más reconocidos de la gestión gubernativa del presidente Fernández.

 Las repercusiones de la crisis internacional en el turismo, zonas francas y remesas originan previsiones de dificultades económicas en el país. Esta semana, la agencia Standard & Poors bajó la calificación a la deuda dominicana reflejando un deterioro de las previsiones económicas para el país, debido a la crisis internacional y lo que llamaron como “resbalón fiscal”.

 Lo que predomina al final del año es un generalizado pesimismo, lo que podría explicar el incremento de los viajes en yola hacia Puerto Rico y Miami que  en la segunda mitad del año ocasionaron unos cinco naufragios con la muerte de unas 300 personas.

Institucionalidad debilitada

  La institucionalidad democrática quedó destrozada en la campaña electoral cuando el presidente de la nación y el candidato a la reelección se fundieron en un uso sin precedente de los recursos del Estado, sin que la Junta Central Electoral pudiera siquiera formular un pronunciamiento de censura. El clientelismo, el transfuguismo y el reparto del Estado alcanzaron niveles históricos. Al iniciarse el nuevo período de gobierno fueron designados 53 secretarios y 320 subsecretarios de Estado, en su mayoría inorgánicos.

 Desde la campaña electoral se inició una repartición de cargos por designación presidencial para incentivar y premiar el transfuguismo y ampliar el respaldo a la reelección que involucró una docena de partidos y más de 600 grupos de apoyo. La documentación de nóminas de pagos de sueldos mensuales a los presidentes de los comités de base e intermedios del partido gobernante marcó un uso sin precedente de los recursos estatales en campañas electorales.

 Desechando aspectos básicos de una consulta popular y de las recomendaciones de una comisión de expertos, el Presidente envió al Congreso un proyecto de nueva Constitución presidencialista y conservadora que no fue consensuado ni discutido siquiera con el máximo organismo de su propio partido, cada vez más desmembrado y marginado de las decisiones fundamentales del gobierno.

 Este año, de nuevo el gobierno siguió ignorando una serie de leyes recientes como la de Contrataciones Públicas, la de Presupuesto, la de Función Pública, la que penaliza el robo de energía y la de Migración, mientras cientos de funcionarios y legisladores evadían la ley que obliga a la declaración jurada de sus bienes, tanto al principio como al final de sus funciones. También siguió la violación de leyes que asignan proporciones del Presupuesto nacional o del producto bruto interno a la educación, los municipios y la justicia.

Por Juan Bolívar Díaz

Es casi unánime la convicción de que el principal mérito de la gestión gubernamental que concluye ha sido el restablecimiento de la estabilidad y del crecimiento económico, aunque hay muchos cuestionamientos por el dispendio y la falta de prioridad en la inversión tras un aumento significativo de los ingresos fiscales.

 Al pasar balance a las metas que trazó el presidente Leonel Fernández en su discurso de juramentación hace 4 años se comprueba que más de la mitad no fueron alcanzadas, que en muchos casos se ejecutó lo contrario y que se sobrepasó en materias como reforma tributaria, subsidios y repartos clientelistas.

 Los mayores déficit de la gestión y que más decepciones ocasionaron están en las políticas sociales y los aspectos institucionales con un sistemático incumplimiento de las reformas de la última década y muy particularmente por los brotes de corrupción y la creciente descomposición política y social.

El mayor éxito.  No hay dudas que el mayor de los éxitos del segundo gobierno del doctor Leonel Fernández ha sido el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica tras la crisis financiera del 2003-04, con un extraordinario crecimiento del producto interno bruto sobre el 8 por ciento, inflación entre 5 y 9 por ciento entre el 2005 y 2007, estabilidad cambiaria y de las tasas de interés, así como aumento de las reservas  netas de divisas.

 Se ponen reparos a un crecimiento que no se ha manifestado igualmente vigoroso en sectores básicos como la industria, las zonas francas y la agropecuaria, pero aún así le ha ganado mucho  crédito a un gobierno que generó confianza lo que se expresó en retorno de capitales y significativo crecimiento de la inversión extranjera, aunque muy concentrada en turismo y bienes raíces.

El éxito económico de los primeros tres años se ha venido relativizando en el cuarto cuando un déficit fiscal y las alzas de precios internacionales han generado una crisis, reduciendo el crecimiento, disparando la inflación a dos dígitos, y reduciendo las reservas netas de divisas en unos 400 millones de dólares en contraste con el sostenido crecimiento del período 2005-07.

El exceso de gasto de la larga campaña electoral, con un escenario internacional desfavorable llevó al Banco Central a elevar las tasas de interés y agotar reservas de divisas para mantener la estabilidad cambiaria y contener el desbordamiento inflacionario. Pero ello se traduce en un círculo vicioso con una moneda sobrevaluada lo que penaliza a los productores, el turismo y a los pobres receptores de remesas, mientras incentiva las importaciones. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que ya el año pasado fue de 2 mil 231 millones de dólares, se proyecta para este año en 4 mil millones, evidenciando una persistente debilidad estructural de la economía nacional.

Políticas sociales.   El éxito económico pasa a ser cuestionado cuando se trata de la calidad del gasto, la concentración de la inversión en la ciudad de Santo Domingo, que en el 2007 recibió las dos terceras partes del total según diagnosticó el Consejo Nacional de la Empresa Privada. También cuando se comprueba la escasa proporción del gasto público social incluyendo salud y educación. El presupuesto destinado al sector educativo ha seguido por la mitad del 4 por ciento del PIB que dispone la ley de Educación.

 El crecimiento económico siguió beneficiando a una minoría de la población, mientras el 75 por ciento de los asalariados tiene ingresos menores a 22 mil pesos mensuales, lo que los condena a vivir en la pobreza o paliarla con múltiples trabajos. La pobreza extrema ha recibido atención del gobierno, pero con programas asistencialistas que perpetúan su vulnerabilidad en vez de inversión para promover el desarrollo humano.

 Gracias a tres reformas tributarias y a una reconocida eficiencia recaudatoria los ingresos fiscales crecieron en alrededor de un 150 por ciento, pero fueron consumidos por un voraz gasto corriente que en el último año supera el 33 por ciento, con claros signos de dispendio, salarios desproporcionados en los altos funcionarios, así como distribución en subsidios generalizados que este año superan lo destinado a educación y salud. El gasto fue concentrado en el Poder Ejecutivo y particularmente en la Presidencia, destinando apenas un 6 por ciento a los ayuntamientos, desconociendo la ley que establece un 10.

Déficit institucional.   En la institucionalidad democrática radica el mayor fallo del cuatrienio cuando se incumplió gran parte del inmenso paquete de reformas realizadas en las últimas dos décadas, incluyendo numerosas realizadas durante los últimos cuatro años.

 No sólo se han violado las leyes relativas al financiamiento de la Educación y los municipios, sino también las de compras y contrataciones, carrera administrativa y función pública, de presupuesto, de migración, de organizaciones sin fines de lucro, la que penaliza el robo de energía, la del sistema integrado de administración financiera y otras.

 El gobierno hizo esfuerzos por aplicar la ley de seguridad social, aumentando significativamente la cobertura subsidiada de salud, y dio pasos para implementar el seguro familiar de salud contributivo, pero al costo de sustituir el Consejo Nacional que debe regir el sistema.

 La primera víctima institucional ha sido el propio partido de gobierno, cuyos organismos han sido relegados por el presidencialismo, generando graves tensiones internas, y la segunda el Partido Reformista Social Cristiano, descuartizado por una política de prebendas, mientras el gobierno en pleno fue implicado en el laborantismo político al cual se subordinaron las políticas públicas. El abuso de los recursos del Estado en campañas electorales alcanzó grados superiores a los tradicionales.

 Un gobierno que se ha preciado de electrónico y acorde con la sociedad de la información se ha tornado opaco, al grado de ocultar informaciones básicas sobre ejecución presupuestaria, déficits y endeudamiento. Creó organismos como la Comisión Económica, Social e Institucional y la Comisión Nacional de Ética, que temprano atravesaron por crisis y no han podido cumplir la misión que se les encomendó. El escandaloso fracaso de la Cámara de Cuentas que designó hace dos años se suma a las  precariedades institucionales.

 El ministerio público dejó sin efecto los procesos judiciales por corrupción como el del Programa Eventual de Empleos Mínimos y el fraude con los cupones de subsidio al gas propano, iniciados en el gobierno anterior y, aunque se realizaron esfuerzos no se pudo avanzar en el control de la criminalidad y la delincuencia.

 Los escándalos de corrupción estuvieron presentes desde el inicio del período gubernamental. Los más relevantes: los del mobiliario y decoración de la Suprema Corte y de la biblioteca de la Universidad Autónoma, el fraude con las pensiones de  la secretaría de Finanzas, el frustrado contrato para la isla artificial, la contratación con la Sun Land por 132 millones de dólares para equipamiento de la Policía, anulado por escandalosa sobrevaluación, y el histórico con la misma empresa mediante el cual se colocaron en el mercado internacional pagarés por 130 millones de dólares.

Metas incumplidas

 Bastaría pasar balance a las políticas que el presidente Fernández anunció el 16 de agosto del 2004 para concluir en que el  gobierno ha sido fallido. De 30 metas en políticas económicas, sociales e institucionales, apenas 9 fueron alcanzadas, y otras 4 sólo iniciadas. Las otras 18, más de la mitad, quedaron relegadas.

 En el orden económico se alcanzaron los objetivos de recuperar la estabilidad y el crecimiento, restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, renegociar la deuda externa, mejorar los controles del sistema financiero -logrado satisfactoriamente-,  y realizar una nueva reforma fiscal, cumplida tres veces, pero sólo en lo tributario.

 Se falló en enfrentar el déficit cuasifiscal del Banco Central –que creció más de un cien por ciento-, y estrepitosamente en iniciar un período de austeridad, con reducción del gasto del Estado en no menos del 20 por ciento, suprimir los cargos públicos en exceso, eliminar gastos superfluos y reducir viáticos y dietas, prohibir la compra de nuevas jipetas, cambiar los privilegios de los cónsules por salarios y enfrentar con energía la corrupción.

 En políticas sociales se alcanzaron las metas del programa “Comer es primero” y de ampliar el desayuno escolar, y a medias las de reducir la mortalidad materno-infantil y la de atender la salud pública y reabastecer los hospitales. Se fracasó en privilegiar la educación y los recursos humanos, fomentar la vivienda y el micro crédito, en nuevas políticas energéticas, en renegociar los contratos de compra y venta de energía, en licitar para privatizar la administración de Edenorte y Edesur, en aumentar el cobro de la energía, en transparentar los costos y reducir el subsidio a la electricidad, y en fortalecer la superintendencia de Electricidad y la Comisión de Energía.

 En lo institucional se cumplieron las metas de aprobar una ley de incentivos a las energías renovables –aún sin aplicar-, y en la integración del inoperante Consejo Económico y Social. No se realizó la reforma constitucional ni se promulgó una ley de participación social. Sólo se continuó un programa de reforma del sistema carcelario y apenas se inició la profesionalización del ministerio público.