Category Archives: Política

¿Se salvará el PRSC?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez más reducido, el partido colorao luce incapaz de concertar para renovarse y sobrevivir a la atracción conservadora de Leonel Fernández. Hay quienes creen que a pesar de las energías y voluntades en juego, el PRSC podría desaparecer.

El aplazamiento de la asamblea nacional que este mes debió renovar la dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) prolonga la agonía de la organización que no ha podido hacer la transición a la democracia interna tras la desaparición del caudillo que le dio vida durante casi cuatro décadas.

 El partido colorado requiere con suma urgencia de una reingeniería política que le permita recuperar su propia identidad y superar la imagen de cantera de negociantes que no pueden vivir sin depender del presupuesto de la nación, lo que lo ha llevado casi a la extinción.

Aunque quedan energías y voluntades para mantener al PRSC, hay quienes creen que está destinado a morir absorbido por el nuevo liderazgo conservador y pragmático que representa el presidente Leonel Fernández, señalado como sucesor por el propio caudillo que no quiso legar una sólida organización política.

 En capilla ardiente.  El PRSC quedó en capilla ardiente con el resultado de los comicios presidenciales de este año cuando apenas obtuvo el 4 por ciento de los sufragios, que lo redujo a partido minoritario, perdiendo gran parte del financiamiento estatal, víctima de la absorción de una alta proporción de sus dirigentes y militantes atraídos por el poder y el liderazgo del presidente Leonel Fernández, cada vez más parecido al de su caudillo Joaquín Balaguer.

 Las tres últimas elecciones presidenciales marcan una caída en picada del reformismo, que del 24 por ciento en las del 2000, cuando Balaguer fue candidato por última vez, al 9 por ciento cuatro años después cuando postuló al ingeniero Eduardo Estrella, para reducirse a la mitad en mayo pasado con la candidatura de Amable Aristy Castro, quedando en la sexta parte del electorado en sólo 8 años.

 Al no obtener el mínimo del 5 por ciento de los votos válidos, el PRSC perdió el privilegio de participar en partes iguales junto a los otros dos partidos mayoritarios en la repartición del financiamiento estatal instituido por la Ley Electoral 275 de 1997.

 Gracias al esfuerzo de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano por atraerse al partido colorado, en las últimas dos elecciones presidenciales se le otorgó la misma proporción del 80 por ciento del financiamiento estatal a las tres organizaciones políticas. Este año cada uno recibió 282 millones de pesos del total de 1060 millones que se destinó a los partidos.

 Con la votación obtenida este año el financiamiento del PRSC se reducirá en cerca de las dos terceras partes, del 27 por ciento del total otorgado cada año como parte del presupuesto nacional, lo que aumentará las dificultades de subsistencia de sus dirigentes y sus posibilidades de competir en las campañas electorales.

Parar la hemorragia.  Para cualquier observador es obvio que la salvación del partido colorado depende en forma prioritaria de que puedan colocarle un torniquete que detenga la hemorragia de dirigentes y militantes hacia los dos partidos mayoritarios, sobre todo hacia el polo de atracción que representa el presidente Leonel Fernández, generoso distribuidor de favores gubernamentales y heredero del conservadurismo y pragmatismo en que el desaparecido caudillo reformista sentó su predominio de tres décadas.

 Después de 22 años detentando el poder de forma omnímoda y otros 8 años en forma parcial, muchos dirigentes y militantes del PRSC se acostumbraron a vivir a la sombra del Estado. No obtuvieron lo que creían merecer en el primer período presidencial del presidente Fernández, por lo que se entendieron con Hipólito Mejía del 2000 al 2004, y a partir de este año han encontrado amplia acogida en el gobierno peledeista que “asimilando experiencia” dejó atrás lo de “come solo” para atraerse  a todos los que quisieran un cargo gubernamental, una contrata o cualquier otro privilegio.

   El pasado proceso electoral marcó una profunda hemorragia de reformistas atraídos también por las públicas confesiones de receptividad de la herencia balaguerista por parte del presidente Fernández, quien habría superado al viejo caudillo en capacidad de negociación y repartición en aras del continuismo en el poder.

 Las luchas y zancadillas internas y la progresiva falta de fe en las posibilidades de volver a constituir una fuerza política dominante han contribuido también a la hemorragia reformista. Se perdieron así las tres figuras que pudieron encarnar el relevo de Balaguer, como fueron los dos ex candidatos presidenciales Jacinto Peynado (antes de su muerte) y Eduardo Estrella, y el actual canciller de la República Carlos Morales Troncoso.

 Seis fraccionamientos reformistas han ido a fortalecer al presidente Fernández y su partido, tres de ellos significativos. En la pasada campaña electoral dos de los cuatro senadores que obtuvo el PRSC aliado al PRD en las elecciones del 2006 desertaron en apoyo a la reelección, lo mismo que varios diputados, síndicos y regidores.

Recuperar identidad

Numerosos dirigentes reformistas reconocen que su prioridad para no terminar siendo absorbido por el leonelismo es recuperar la identidad, dejando de ser comodín de los dos partidos mayoritarios, papel en que lo sumergió su propio líder cuando en 1996 traicionó la candidatura de Peynado en aras de impedir la ascensión al poder de José Francisco Peña Gómez y su partido.

 El Frente Patriótico que llevó al PLD al poder sumió al reformismo en la tercera fuerza política, y desde entonces en cada coyuntura electoral se ha debatido entre el apoyo a uno de los dos mayoritarios, pactando con el PRD para las congresionales y municipales del 2006. Aunque llevó candidato propio en las últimas dos elecciones presidenciales, en cada caso hubo emigraciones hacia el peledeismo.

 La mayoría de los reformistas añoran a Balaguer y tratan de obviar que él no quiso preparar su partido para que pudiera trascenderlo, como lo prueba el hecho de que lo dejó en manos de sus íntimos, desplazando a los que tenían mayores posibilidades de darle continuidad y que insistiera en repostularse casi muriéndose a los 94 años.

 No obstante haber sido víctimas del continuismo del presidente Fernández en los comicios de este año, la disponibilidad a reunirse y negociar con éste sigue viva, como lo prueban las reuniones particulares con el mandatario, primero de Rafaela Alburquerque y Rogelio Genao, presidente en funciones y vicepresidente, y luego del secretario general  Víctor Gómez Casanova en agosto y septiembre.

Se atribuye a otros dirigentes haber sostenido encuentros secretos con Fernández.

Y a mediados de octubre la dirección en pleno sostuvo una reunión formal con el presidente de la nación, de donde salió un apresurado apoyo a su proyecto de nueva Constitución.

 Detrás de esos conciliábulos se advierten los primeros pasos de cara a las próximas elecciones congresionales y municipales para las que se teme muchos pudieran perder sus posiciones en el Congreso y los municipios, lo que desde ya genera nuevas tensiones en altos y medios niveles directivos.

Nueva oportunidad

 Tras la última debacle electoral, muchos dirigentes reformistas plantearon que debían dar un salto a la renovación y la recuperación de la identidad partidaria, pero las divisiones internas alentadas desde el poder siguen consumiéndolos.

Un elemento de contradicción ha sido si deben regresar quienes se fueron tras cargos y prebendas gubernamentales.

 Conscientes de la necesidad de transitar un camino paralelo al gobierno de Fernández, una Asamblea Nacional el 31 de agosto rechazó acoger a los tránsfugas. No obstante algunos han insistido en esa “reunificación”, ahora incluyendo al presidente del partido, Federico Antún, quien esta semana sorprendió al replantear la apertura.

 Para dirigentes como Guillermo Caram, la nueva posición de Antún obedece “a que se está agarrando del clavo caliente del gobierno para recuperar el espacio que ha perdido en el partido”.

 Le responsabilizan de la instancia elevada ante la Junta Central Electoral que determinó el aplazamiento hasta marzo de la Asamblea Nacional que este mes debió renovar la dirección del partido, lo que extiende el declive y facilita nuevas negociaciones y deserciones que alejarían más las posibilidades de recuperación.

 Mientras algunos postulan el retorno del ingeniero Carlos Morales Troncoso, ratificado como canciller del gobierno, desde dentro ganaban terrenos los que plantean una directiva de consenso, señalándose a Joaquín Ricardo para la presidencia, con Ito Bisonó de secretario general, con Caram, Osiris de León, José Enrique Sued,  José Osvaldo Leger, Rafaela Alburquerque en los otros cargos fundamentales.

 Hay consenso en que tras una reorientación del partido se abra las puertas a los que se fueron por disidencias como Eduardo Estrella y los que le siguieron, pero condicionan el retorno de otros que consideran valiosos, como Morales Troncoso, a que previamente renuncien a los cargos gubernamentales para no constituirse en caballos de Troya del PLD. Estiman que cerca del gobierno el PRSC seguirá en la pendiente de la desaparición por absorción.

EL PLD: sombras nada más

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Los recientes pronunciamientos de alarma de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son expresión de preocupaciones y disgustos por la transformación en el poder de la organización que ha abandonado los principios fundamentales que le dieron origen hace 35 años.

 Hasta para dirigentes peledeístas los organismos de la organización que fundó el profesor Juan Bosch han sido secuestrados por los intereses del presidente Leonel Fernández quien ejerce un gobierno personalista y conservador, apelando al clientelismo y la repartición para doblegar voluntades.

 Hay quienes creen que de haber estado vivo el expresidente Bosch hace tiempo que hubiese renegado de su criatura, alarmado por los niveles de corrupción que exhiben muchos de sus dirigentes que han olvidado el lema fundamental de “servir al partido para servir al pueblo”.

Voces de alarma.La alarma expresada en las últimas semanas por dirigentes y militantes del PLD comenzó con las denuncias del senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, a raíz de la masacre de Paya a principios de agosto pasado que destaparon todo un escándalo de vinculación de altos mandos militares y del Ministerio Público con el narcotráfico.

 La reacción inicial del gobierno fue contra el legislador y dirigente de tradición en el partido morado, a quien se le quiso crucificar por las contundentes denuncias que formuló y pretendieron callarlo a nombre de la disciplina partidaria. El posterior procesamiento de una decena de altos mandos de la Marina de Guerra y numerosos hallazgos de cargamentos de drogas dieron la razón a Guerrero.

 El malestar se venía incubando desde la campaña reeleccionista  cuando el presidente Leonel Fernández se atrajo a todo tipo de tránsfugas, incluyendo a varios que habían sido sometidos a la  justicia por actividades delictivas y que aparecían al lado del mandatario, cobrando importancia e influencia que no se les otorgaba a los dirigentes del partido. El paquete de designaciones y prebendas tras la juramentación del 16 de agosto reafirmó la alarma en círculos del partido.

 Otro catalizador parece haber sido el proyecto de nueva Constitución de la República, considerado en ámbitos tradicionales del PLD como conservador, presidencialista y personalista y alejado de los fundamentos ideológicos  que dieron origen al partido morado, y presentado al Congreso sin que ningún organismo lo conociese previamente.

 Los pronunciamientos críticos se precipitaron en noviembre. El día 4 Miguel Andújar, miembro del Comité Central del PLD y hasta hace poco cónsul en Japón,  denunció que “los locales del partido están cerrados, los militantes y dirigentes están inactivos y los funcionarios del gobierno prepotentes y arrogantes”. Advirtió que recibirían sorpresas si no convocan los organismos para renovar los cuadros directivos.

El gran destape.Otro que sacudió la opinión pública fue el diputado peledeísta Elso Martínez cuando denunció hace dos semanas que se estaba corrompiendo a legisladores para lograr la aprobación del  contrato de 93 millones de dólares para la adquisición de aviones, promovido por altos funcionarios del gobierno, al tiempo que se quejaba de que le había resultado imposible reunir la Comisión de Ética de la cámara baja que él mismo preside.

 Pero el gran destape lo ejecutaron dos relevantes dirigentes, miembros del Comité Político del PLD,  el Superintendente de Seguros Euclides Gutiérrez y el hasta agosto pasado secretario de Turismo Félix Jiménez, ambos considerados entre los “boca duras” de la organización, y a los que resulta difícil descalificar.

 En su columna de El Nacional del 17 de noviembre, Gutiérrez, preguntó qué pasa en el PLD, y si “¿vamos a aceptar los que fundamos y hemos dirigido por más de 30 años la obra de Juan Bosch que la imprudencia, el individualismo, la ignorancia, la falta de sensatez y la corrupción, sigan arrastrando al PLD y al gobierno que encabeza el compañero Leonel Fernández a una emboscada, que nos sumerja en el zafacón de la historia?

 A seguidas el dirigente político planteó la necesidad de enfrentar  con honestidad y valentía los desafíos y dar cumplimiento a los compromisos contraídos con el pueblo, con la dramática alternativa de disolver el PLD. Para rematar poco después dijo por televisión que de seguir por ese derrotero hasta él mismo y el presidente Fernández podrían caer presos cuando salgan del gobierno.

 Por su parte Felucho Jiménez arrojó dudas sobre el costo de una multimillonaria carretera en el polo turístico oriental, agregando que “el ejercicio del poder ha contaminado de arriba hacia abajo a todos los organismos del partido, fomentando la indisciplina, la apetencia de cargos y ostentaciones” para concluir en que el PLD “ya no es ni sombra de lo que era”.

 El vocero del bloque senatorial del PLD, Luis René Canaán y hasta Alejandrina Germán, también del Comité Político, se sumaron a las críticas del clientelismo. El primero dijo que el partido morado no ha escapado a la crisis de valores que permea a las organizaciones políticas y exhortó a rescatar la mística perdida.

Pichardo analiza: “Sepultamos los círculos de estudio, las charlas, la revista Política, teoría y acción como órgano de debate ideológico, y en fin, nuestra fisonomía  fue cambiando para ser cada vez más parecida a la del PRD con todo y el entren to que nos ha servido para abultar una nómina de miembros de la que salen nuestros candidatos a puestos electivos que, en muchos casos, son una vergüenza”.

 Señala que el dinero corre a borbotones comprando hasta comités intermedios enteros, que el Comité Central (de 400 miembros) fue convertido en figura decorativa, sustituido por el Comité Político (25 miembros) que lo decide todo anulando el resto de la organización, incluyendo a los comités intermedios, municipales y provinciales y al secretariado. Se queja de que como partido no fijan posición en torno a los grandes temas nacionales o internacionales y que cada cual asume posiciones que desconciertan. Pese a todo Pichardo mantiene esperanzas de que puedan rescatar el partido.

El adiós a Juan Bosch

Las puertas a la masificación del PLD fueron abiertas en el VI Congreso celebrado en el 2001 que irónicamente llevó el nombre del profesor Juan Bosch, celebrado tras la derrota electoral del año anterior tras el primer gobierno del doctor Fernández. La apertura parece  haber sido estratégicamente exitosa para la recuperación del poder. El Congreso  también acordó la incompatibilidad de los cargos fundamentales del partido con las altas funciones gubernamentales, lo que fue dejado de lado por simple decisión del Comité Central tan pronto ganaron las elecciones.

Aquel congreso “desmontó el viejo PLD y no hemos podido crear el nuevo, por lo que nos quedamos sin partido”, expresa un ideólogo militante, quien señala que en el VII Congreso, en el 2005, se intentó una rectificación acordando dos categorías de miembros una de simple adherente y la decisoria de militantes, con la renovación de la formación política, de lo que se encargó a Alejandrina Germán, pero todo quedó en los papeles.

No son pocos los que creen que de haber estado vivo el profesor Juan Bosch hace tiempo que habría abandonado su partido como hizo con el PRD en 1973, para fundar el PLD, convencido de que aquel estaba dominado por ambiciosos de poder. Dirigentes insatisfechos admiten que en aquel momento todavía los perredeístas, fuera del gobierno central, no habían alcanzado los niveles de corrupción y ostentación que se registran actualmente en el partido gobernante.

De hecho, ya en 1991 Bosch advirtió que el virus de la ambición había contaminado su partido, razón por la cual renunció al mismo el 15 de marzo. Admitió volver poco después pero dejó una carta y declaraciones públicas, como las recogidas en el diario El Siglo del 16 de marzo, donde motiva su dimisión en que “hay gente que ha alcanzado posiciones, como senadores, diputados, síndicos y regidores, y entonces en el  PLD eso ha provocado una corriente de aprovechados, de oportunistas, buscadores de posiciones y de puestos públicos…”

Zoom

Partido desmovilizado

 Los círculos peledeístas son un hervidero de preocupaciones y discusiones en busca de las causas del deterioro que se denuncia. Algunos se lo atribuyen a la masificación del partido y a los atraídos por las políticas clientelistas, pero otros consideran que se trata de un complejo proceso degenerativo que parte del secuestro de los organismos y de los métodos de trabajo.

 El senador por Monte Plata, Charlie Mariotti, miembro del Comité Central del PLD, se atreve a señalar la responsabilidad del primer mandatario y presidente de la organización, a quien acusa de haber caído en el personalismo y diagnostica una parálisis, por la que los organismos no funcionan.

 Circula entre dirigentes y militantes un documento analítico con el título de “La preocupante situación del PLD”, bajo la firma de Manolo Pichardo, vicesecretario de asuntos internacionales del partido morado y diputado al Parlamento Centroamericano, que trata de explicar más a fondo la crisis. Coincide con otros dirigentes que no quieren debatir en público la situación en que “desde la masificación que eliminó la formación de los militantes, este partido ha caído en un estado degenerativo que lo lleva a convertirse en una entidad similar al Partido Revolucionario Dominicano o al Partido Reformista Social Cristiano”.

Los desvaríos del PRD

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

En medio de un crítico panorama económico, social e institucional que genera un amplio disgusto de la ciudadanía, el principal partido de oposición parece empeñado en iniciar una disputa por la candidatura presidencial para los comicios del 2012 a tres años y medio de su realización.

 La renovación de los principales cargos directivos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), programada para junio del 2009 está desatando una lucha interna que, independientemente de su potencial divisionista, reafirma una imagen caótica y desvincula a esa organización de las expectativas de la sociedad.

En el fondo de la situación subyace la dificultad de los perredeístas y gran parte del pueblo dominicano, de aceptar las consecuencias del juego democrático y atenerse a los mecanismos institucionales.

Lucha sin tregua.  Es obvio que los perredeistas no se han dado tregua para iniciar la lucha por la candidatura presidencial del 2012.  Pocas semanas después de los comicios de mayo pasado ya quedaron configurados tres aspirantes. El derrotado candidato Miguel Vargas Maldonado consideró que habiendo obtenido el 40 por ciento de los votos, merece una segunda oportunidad. El Comité del PRD en Puerto Rico ya lo proclamó su candidato.

Por su parte, el doctor Luis  Abinader hizo pública su decisión de optar por la nominación y comenzó a crear su propia estructura, mientras el ex presidente Hipólito Mejía iniciaba una reestructuración de sus seguidores relanzándose en competencia con Vargas Maldonado y desde luego con los dirigentes y organismos del partido.

Desde ya se advierte que dirigentes y cuadros perredeístas empiezan a actuar en función del grupismo, dificultando las decisiones en la Comisión Política, de por sí un pesado organismo hipertrofiado con una matrícula de 292 miembros.  Lo del Comité Ejecutivo Nacional es historia patria con dos mil 87 integrantes. Llevan varias semanas tratando de designar una comisión organizadora de la convención que el 12 de junio del 2009 debe renovar los principales cuadros directivos.

Aunque el PRD presentó un proyecto de reforma constitucional sólo para establecer la elección de una Asamblea Constituyente como mecanismo para una reforma de fondo de la carta magna, no ha fijado posición sobre el proyecto de nueva Constitución del presidente Leonel Fernández,  pese a que la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las cámaras legislativas se apresta a aprobar una convocatoria de  la Asamblea Revisora que se reuniría en el corto plazo de 15 días después de promulgada la ley correspondiente.

Falta de un líder.  Uno de los problemas que confronta el PRD es la ausencia de un líder con proyecciones nacionales, después de haberse acostumbrado a un liderazgo fuerte como el que ejercieron tanto Bosch como Peña Gómez, lo que exacerba la lucha de grupos y le impide proyectarse como real alternativa encarnando ilusiones de cambio.

Hipólito Mejía malversó las posibilidades  de constituirse en ese líder tras su elección presidencial en el 2000, no sólo por los desaciertos gubernamentales que se le atribuyen, sino también por haber desconocido el anti reeleccionismo que su partido había enarbolado históricamente. Recuérdese que el PRD perdió la primacía en el electorado con su frustratoria reforma constitucional del 2002,  como lo demostró la encuesta Penn & Shoen un mes después. Desde entonces ocupa el segundo lugar.

Vargas Maldonado fue candidato presidencial por los recursos económicos de que dispone, parte de los cuales fueron objeto de fuerte cuestionamiento, sin antes haberse constituido en un líder nacional ni haber reivindicado los principios programáticos del perredeísmo. Mejoró su discurso en la campaña electoral pero cometió el error de haber dejado en segundo plano hasta los símbolos de su partido y no logró impactar en el segmento fundamental de los que carecen de militancia partidista.

En una reciente carta pública el comunicador perredeista Nelson Marte cita al consultor Jeddu Mascoretto, quien tras una encuesta en 1999 habría concluido en que “más que candidaturas, los perredeístas ansiaban un nuevo liderazgo”. Para lograrlo se requiere no sólo dinero, sino, y sobre todo, discursos y propuestas inspiradoras, capacidad para unir, carisma y vínculos con la sociedad.

Partido autodestructivo.  Peña Gómez solía decir que “sólo el PRD destruye al PRD” tratando de enfrentar la debilidad histórica de ese partido de vivir en continua confrontación interna, como expresión de las dificultades de la sociedad dominicana para acogerse a los principios democráticos y respetar sus instituciones.

El artículo 187 del estatuto dice que “queda prohibido terminantemente, so pena de severas sanciones, la promoción de candidaturas para cargos dentro del partido y de elección popular con más de tres meses de anticipación a la convención que habrá de elegir”. Faltan 7 meses para la convención que elegirá los dirigentes y ya están en campaña. Y deben faltar más de dos años para que elijan candidato presidencial y hace meses que empezaron la promoción.

Algunos se conforman con señalar que no es un mal particular de ellos, puesto que aquí ni la Constitución se respeta, mucho menos el paquete de reformas legales e institucionales aprobadas en las últimas dos décadas.  Ignoran que una parte cualitativa de la sociedad espera el respeto de las normas siquiera cuando se está en la oposición.

En particular a los perredeistas se les ha revestido de una imagen de anárquicos, sumatoria de grupos que desafían sus propias normas y se combaten como enemigos a través de los medios de comunicación. Cuando lograron unirse en la oposición, ganaron las elecciones, como ocurrió en 1963, en 1978 y en el 2000, pero una vez en el poder reprodujeron las luchas grupales.

Después de una tercera derrota electoral consecutiva, en vez de canalizar las insatisfacciones sociales, se lanzan sin miramiento a la lucha interna, lo que sin duda es otro elemento negativo en medio de la descomposición y la enorme corrupción, del auge del narcotráfico y la delincuencia, de las crecientes dificultades económicas y la crisis energética, y del irrespeto a la institucionalidad democrática que se advierte en el país.

Los desvaríos del perredeísmo le impedirán aprovechar las debilidades y el desgaste del peledeísmo gobernante para restaurar la sintonía con la sociedad que malversaron en su última gestión de gobierno sobre todo a partir de su oportunista reforma constitucional de 2002.

Controlar el partido en una convención

La primera meta en el camino hacia la candidatura presidencial parece ser el lograr el control del partido en la convención de junio próximo, para lo cual ya se mencionan al menos cuatro candidatos: Enmanuel Esquea, Julio Maríñez, Tomás Hernández Alberto y Juan Carlos Guerra, mientras el actual titular, Ramón Alburquerque, se ha reservado la decisión de volver a optar. Para la secretaría general ya hacen campaña Guido Gómez Mazara y Jesús Vásquez.

Lo último e inesperado es la carta de 55 de los 66 legisladores perredeistas reclamando que Vargas Maldonado se postule para presidente del partido,  respaldada posteriormente por 45 de los 52 síndicos, según HOY del jueves 13.

La petición  desconoce que el artículo 185 del Estatuto del PRD establece que “El Presidente, el Secretario General, y los secretarios de Organización y de Asuntos Electorales no podrán aspirar a las candidaturas para Presidente y Vicepresidente de la República y demás cargos electivos, antes del término del mandato para el cual fueron elegidos, aunque renuncien”. El mandato es por cuatro años, según el artículo 172.

 Esos aprestos ya han agitado a los otros que aspiran a la candidatura presidencial y la guerra sería total si Vargas Maldonado incurre en el error táctico de aceptar su nominación a la presidencia del PRD, lo que galvanizará la lucha grupal abierta para consumir las energías de ese partido y hacer conflictiva la convención de junio.

  Si Vargas Maldonado tiene tan amplio respaldo debería ser el último en desafiar el estatuto orgánico de su partido y en  desatar con tanta anticipación la lucha por la candidatura presidencial. Lo lógico sería tratar de auspiciar una presidencia de consenso que relance y mantenga la unidad partidaria.

El argumento de que Juan Bosch y Peña Gómez fueron presidentes del partido y candidatos a la vez no fundamenta el caso de Vargas Maldonado por dos razones básicas: que aquellos eran líderes no solo del perredeismo, sino nacionales, y que los estatutos entonces no lo prohibían.

Comicios separados y voto preferencial

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La reunificación de las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales y la eliminación del voto preferencial por los diputados  marcaría un retroceso en el proceso de democratización iniciado con la reforma constitucional de 1994 y la modificación electoral de 1997, ambas realizadas por consenso.

El argumento fundamental que se esgrime para unir los tres niveles de elección en un solo día, como se propone en el proyecto de nueva Constitución, es la extensión y costo de las campañas electorales, lo que podría subsanarse con una reforma electoral que establezca estrictos límites a los períodos de promoción de candidatos.

A su vez la limitación por ley del gasto por candidatos invalidaría el argumento con que la Cámara Administrativa de la Junta  Central Electoral (JCE) fundamenta su propuesta de que se elimine el derecho de la ciudadanía a escoger el diputado  de su preferencia que ha regido sólo en las dos últimas elecciones legislativas.

Propuestas regresivas

El proyecto de nueva Constitución propuesto al Congreso por el Presidente Leonel Fernández reunifica en un mismo día las elecciones presidenciales, congresionales y municipales, que por la reforma constitucional de 1994 se realizan con dos años de diferencia.

A su vez la Cámara Administrativa de la JCE llevó hasta el Congreso Nacional una propuesta que plantea la supresión del voto preferencial que tuvo origen en la Ley Electoral 275-97 del 21 de diciembre del 1997, y en la resolución 05 de la JCE en el 2001, en ambos casos previo consenso con los partidos políticos.

 Los tres tipos de elecciones quedaron separadas en la reforma Constitucional de 1994 que también incluyó la prohibición de la reelección presidencial, la doble vuelta electoral para garantizar que el Presidente y el Vicepresidente de la República sean electos por mayoría absoluta de votos, y los colegios electorales cerrados que fueron suprimidos posteriormente en la reforma constitucional del 2002 que también instituyó  la reelección del primer mandatario para un segundo período constitucional.

La votación por distritos electorales y preferencial para diputados y regidores  quedó consagrada en la reforma electoral propuesta al Congreso en septiembre del 2001 por la JCE entonces presidida por el doctor César Estrella Sahdalá tras un proceso de consulta y consenso con los partidos y la sociedad civil que se extendió por varios meses.

Esa reforma incluyó la cuota mínima de cargos electorales para las mujeres, en principio del 25 por ciento y elevada luego al 33, el voto en el exterior del país, y el financiamiento estatal a los partidos políticos.

Tras la promulgación de la reforma a seis meses de los comicios del 1998, la JCE adujo que no había tiempo para implementar los distritos electorales en esa consulta. En el 2001 resolvió implementar los distritos y el voto preferencial a partir del 2002 pero sólo para los diputados, dejando pendiente hacerlo con los regidores, lo que no ha ocurrido nunca.

Correctivos necesarios

Es cierto que la separación de las elecciones ha determinado que el país viva en permanentes campañas electorales, lo que ha llevado a muchos a renegar de la reforma de 1994, constituyéndose en el argumento fundamental de los que propugnan por la reunificación.

 A su vez el voto preferencial por los diputados ha determinado un encarecimiento de las campañas por la inversión individual que hacen los candidatos, compitiendo entre sí en los mismos partidos.

Pero ambas degeneraciones pueden ser subsanadas con una ley que establezca límites estrictos para los períodos de campaña electoral y la inversión individual, con las correspondientes sanciones para los violadores, como predomina en la mayoría de las naciones democráticas, en muchas de las cuales hay dos y hasta tres comicios separados. Sin esa reglamentación las campañas electorales seguirían siendo extensas y costosas, porque nada evitaría que comenzaran tres años antes aunque se unifiquen.

En última instancia las elecciones legislativas y municipales podrían anteceder a las presidenciales en 60 o 90 días, lo que reduciría el arrastre presidencial y mantendría el beneficio del voto consciente por los candidatos a senadores y diputados, síndicos y regidores en orden al fortalecimiento del Poder Legislativo y de los gobiernos locales.

La reunificación de las elecciones en una misma jornada robustecería el presidencialismo, por el predominio en el país de una cultura que privilegia el voto por el partido más que por los candidatos, lo que arroja victoria total de uno solo, haciendo más difícil el control del Ejecutivo y la descentralización de la gestión y el gasto estatal. Tiende a acentuar el bipartidismo en desmedro de la pluralidad.

Se argumenta también que al promover la pluralidad de poderes, la separación de las elecciones genera obstrucción a la gobernabilidad, lo que no se ha manifestado en la década que tiene el actual sistema.

Un largo proceso

La separación de las elecciones y el voto por distritos electorales y preferencial fue fruto de un largo proceso de debates en la sociedad dominicana, promovido por el líder perredeista José Francisco Peña Gómez, por académicos y analistas políticos desde los finales de la década del ochenta. Lo primero fue instituido en la reforma constitucional de agosto del 1994 que conjuró la crisis política originada por las traumáticas elecciones de ese año.

Ambas reivindicaciones democráticas aparecieron  en los Proyectos para la Reforma del Sistema de Representación firmados por los partidos políticos reconocidos el 7 de abril de 1994, en el marco de un programa iniciado el año anterior por la Fundación Siglo 21, bajo los auspicios del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas.

Aunque el Partido Reformista Social Cristiano participó del consenso para un paquete de reformas, al final su líder Joaquín Balaguer no suscribió los acuerdos como lo hicieron dirigentes de otros 16 partidos reconocidos.

Con la separación de los comicios se buscaba eliminar el “factor de arrastre” de los legisladores y autoridades municipales por el voto presidencial lo que determinaba un control de todos los poderes por el partido que ganaba el Ejecutivo.

Los distritos electorales estaban destinados a un acercamiento entre electores y representados y a un mayor control ciudadano y democrático.

En los primeros comicios legislativos y municipales separados, celebrados en 1998, el principal partido de oposición logró mayoría legislativa y municipal. En los del 2002 y 2006 la mayoría quedó en los partidos que gobernaban.

Poder de las cúpulas

La eliminación del voto preferencial restauraría el poder de las cúpulas partidarias y especialmente de los candidatos presidenciales para escoger los diputados en desmedro  del derecho de los electores y electoras. Hasta su implementación en el 2002, los candidatos a diputados que encabezaban las listas llegaban a la votación con garantía de salir electos por el arrastre del partido y no por sus méritos ni compromisos con la comunidad que representaban.

El orden de colocación en las boletas se constituía en un elemento de confrontación interna, hasta el grado de que en ocasiones se tramitaron ante la JCE más de una lista de un mismo partido. La mayoría de los diputados electos sentían que se debían más a los dirigentes que los colocaron “en posición ganadora” que a los ciudadanos y ciudadanas que votaban.

Para sustentar la instauración del voto preferencial se consideró que incentiva a los partidos a postular a mejores  representantes reales de las comunidades, en capacidad de atraer votos. También que promueve la rendición de cuenta y el compromiso de los elegidos con sus electores y que garantiza mayor ejercicio democrático al conferir a todos los nominados la misma oportunidad de salir electos.

En vez de promover la restricción del derecho a elegir, lo que el proceso democrático demanda es ampliarlo, como se ha planteado, permitiendo que en la boleta legislativa se pueda votar por un senador de un partido diferente a los diputados, lo mismo que por el síndico y los regidores en la municipal.

Tanto la reunificación de las elecciones como la eliminación del voto preferencial se inscribirían en el proceso de contra reforma iniciado en el 2002  cuando se restauró la reelección presidencial, que en el 2004 y el 2008 volvió a cobrar un alto costo institucional y económico con el derroche del presupuesto y el abuso de los recursos  estatales, arrojando enormes desequilibrios fiscales.

Buscan rescatar la concertación

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente que salió a la palestra esta semana es un esfuerzo de decenas de instituciones sociales y académicas que pretenden rescatar los reiterados planteamientos de amplia concertación para un plan de nación, puestos en jaque por el proyecto de Constitución del presidente Leonel Fernández.

La aprobación de una nueva Constitución sin previo consenso  ni siquiera en el mismo partido de gobierno frustraría los consensos nacionales de la última década, el mayor de los cuales ha sido la reivindicación del  poder constituyente como amplia expresión de una democracia participativa.

La dispersión e inconsistencia de los partidos de oposición y el adormecimiento en que ha caído una parte significativa de la sociedad civil son caldo de cultivo de un proyecto de exclusión e imposición que reafirma el presidencialismo y otros valores conservadores de la sociedad dominicana.

Esfuerzo de rescate

El Foro Participativo por la Asamblea Constituyente, lanzado esta semana por varias decenas de organizaciones sociales y académicas pretende el rescate de la concertación nacional para un plan de nación que debería comenzar con una nueva Constitución de la República fruto de una amplia participación democrática, que deje atrás una historia de imposiciones del poder constituido.

Denunciando que el proyecto del presidente Fernández ha desconocido todos los consensos de las últimas dos décadas para una Constitución moderna que abra curso a un plan de nación democrática y participativa, dirigentes sociales y académicos proclamaron formalmente el jueves su decisión de luchar por reivindicar la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental de la nación.

El objetivo primario del foro fue expuesto en un acto celebrado en el Alma Máter de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que lo encabeza junto a académicos de otras universidades, de la Academia de Ciencias y de organizaciones de diversos ámbitos sociales, como el movimiento Participación Ciudadana, el Foro Social  Alternativo, la Asociación Dominicana de Profesores y un amplio consorcio de entidades femeninas. Confluyen también agrupaciones políticas de izquierda y núcleos del Partido Revolucionario Dominicano.

“Levantemos la voz, unamos nuestros sueños y demandemos una nueva Constitución de la República que sea fruto de una Asamblea Constituyente por elección popular y  con amplia participación social. Esta nueva Constitución, que será el marco del gran proyecto de país para este siglo, debe ser el fruto del más amplio consenso entre los sectores políticos y sociales”, indica la proclama leída en el acto.

Misión cuesta arriba

La misión que se ha impuesto el Foro Participativo es bien cuesta arriba si se tiene en cuenta la decisión del gobierno y su mayoría legislativa que alcanzaría los dos tercios de los votos necesarios para cualquier reforma constitucional contando con los senadores y diputados del Partido Reformista Social Cristiano.

Aunque los promotores de la Constituyente confían en ampliar el espectro de organizaciones que favorecen ese mecanismo, tropiezan con una “inexplicable ausencia y denso silencio” de muchas de las organizaciones empresariales, sindicales y religiosas que en el pasado abogaban por una Constitución de amplia participación que diera origen a un “plan de nación” de cara al siglo 21.

El sociólogo Wilfredo Lozano expresaba esta semana su preocupación por el creciente abandono del discurso sobre concertación como base del desarrollo social, institucional y económico de la nación que durante las últimas dos décadas predominó en los más diversos ámbitos dominicanos, considerándolo como expresión de un retroceso en las aspiraciones democráticas.

Analistas sociales atribuyen esa indiferencia a la frustración que ha dejado el sistema político al desconocer el amplio paquete de reformas institucionales y legales aprobadas en las últimas dos décadas y a la regresiva y mezquina modificación constitucional del 2002. También se atribuye a que muchos dirigentes de todos los sectores, incluyendo los intelectuales, han sido cooptados por las políticas gubernamentales de reparto de empleos, contratos y privilegios.

El liderazgo político

En todos los sectores sociales se expresa inconformidad y hasta temores por las consecuencias de una Constitución que no sería el fruto de consenso ni siquiera en el mismo partido de gobierno, cuyos dirigentes y legisladores no han participado en su definición. Sólo el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fue informado por el presidente de las líneas generales de su proyecto, sin siquiera haberle entregado una copia antes de enviarlo al Congreso Nacional, pero forzándolo a darle su respaldo.

Dirigentes del PLD expresan en privado su desilusión con un proyecto que, afirman, es fruto en última instancia del propio presidente Fernández y dos asesores españoles contratados al efecto. Convienen en que, casi medio siglo después, es más atrasado y presidencialista que  la carta magna que auspició en 1963 el fundador del partido, el expresidente  Juan Bosch.

Si algo es asombroso es el fatalismo con que muchos aceptan el proceso que rompe con las promesas de concertación nacional, lo que a juicio de algunos está determinado por la pobreza del liderazgo político nacional, especialmente el de la oposición. Hay quienes ven al presidente Fernández como el único líder político.

Ya pocos cuentan con lo que queda del Partido Reformista Social Cristiano víctima de la dispersión y en proceso de extinción, ratificando su vocación por la subordinación al gobierno de turno, cuyos dirigentes se disputan los rastros de un poder malversado.

Como mayoritario de oposición el Partido Revolucionario Dominicano luce incapaz de potenciar el 40 por ciento de los votos que obtuvo en las elecciones de mayo pasado. Aunque han reivindicado la Asamblea Constituyente, tras el oportunismo suicida del 2002, los dirigentes perredeistas están demasiado ocupados disputándose los principales mandos del partido ocho meses antes de su renovación y otros amarrando para las candidaturas del 2010 y hasta del 2012. –

Un poder usurpado

La proclama del Foro Participativo resalta que el proyecto de Constitución del gobierno ha dejado de lado todos los consensos de la última década que fueron unánimes en postular la Asamblea Constituyente como mecanismo para aprobar una nueva carta fundamental. Señalan el Diálogo Nacional del 1997-98 auspiciado por el primer gobierno del presidente Fernández, y los anteproyectos consensuados por la Comisión para Reforma del Estado y la Comisión Especial del 2001 que integró a los partidos reconocidos, una veintena de organizaciones sociales y una decena de personalidades.

Recuerdan también el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito en septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y los anteproyectos de Constitución elaborados tras amplias consultas por las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña.

El director de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana, Cristóbal Rodríguez Gómez, resaltó que en esos consensos hay  diversidad en los contenidos pero una coincidencia absoluta en el mecanismo de la Asamblea Constituyente, imperante también en la última ola de reformas constitucionales del continente, comenzando por la de Colombia en 1991, e incluyendo las más recientes de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La proclama del Foro Participativo afirma que “el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno  dominicano reedita los mecanismos tradicionales de manipulación de la Constitución para acomodarla a su medida, como ya antes lo han hecho la mayoría de los gobernantes del país”.

Agrega que “el poder constituido usurpa el poder constituyente”, tras sostener que “la no existencia de un Poder Constituyente, que sintetice la diversidad cultural, social, económica, ambiental, geográfica, política, religiosa, etc. ha impedido la configuración de un sujeto político-social nacional, quedando relegadas las mayorías nacionales a una condición pasiva de objeto político”.

El vocero del Foro Participativo, doctor Luis Gómez, quien fue miembro de la Comisión que redactó el anteproyecto que dio origen al proyecto sometido al Congreso, insistió en denunciar que esta terminó desechando unas 25 propuestas de consenso, seis de ellas fundamentales, y que a su vez el presidente Fernández  dejó de lado 32, lo que a su juicio constituyó una manipulación de la consulta popular que inició el proceso lein.

Hay muchos avances en el proyecto de Constitución

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El proyecto de nueva Constitución de la República sometido al Congreso Nacional por el presidente Leonel Fernández contiene unos 25 planteamientos que han figurado en los consensos sobre la materia de las últimas dos décadas.

En la formulación de los derechos de  la personalidad, de la igualdad, en los sociales  y del medio ambiente se formulan múltiples planteamientos considerados avanzados y que no figuran en la actual carta magna.

Los más relevantes son los institucionales y políticos, en particular los referentes a  las garantías e instituciones judiciales y en materia electoral donde se separan las funciones de la Junta Central Electoral y se instituye representación de las minorías políticas y de los residentes en el exterior.

Estado de derechos sociales

El artículo 6 del proyecto define a la nación como “un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria y descentralizada, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes”

Ese concepto, considerado esencial en el ordenamiento moderno del Estado, y que ha figurado en los anteproyectos de reforma constitucional de los últimos años,  se complementa en el artículo 7: “El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.

El artículo 29 consagra la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y prohíbe todo menoscabo de las condiciones de igualdad y la promoción de medidas para erradicar desigualdades y discriminación de género. Así mismo se establece que el Estado debe garantizar la participación equilibrada de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control. Más adelante el 51-1 garantiza la igualdad y equidad de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. También se condena la violencia intrafamiliar en cualquiera de sus formas, especialmente la ejercida contra la mujer.

Entre los derechos de la personalidad (art. 31) se consagra que toda persona, al momento de su detención, será informada de sus derechos, que tiene derecho a comunicarse con sus familiares, abogado o persona de confianza, y éstos tienen derecho a ser informados del lugar de detención. Así mismo que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro.

Otros derechos novedosos

El proyecto consagra otras novedades en la Constitución dominicana, como el que establece que toda unión estable entre hombre y mujer que forman un hogar genera derechos y comunidad de bienes (art. 44), y al declarar de alto interés la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato a niños, niñas y adolescentes, los que serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia y explotación sexual, (art.45).

Novedades son también la protección del secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas y el derecho a réplica y rectificación de quien se sienta perjudicado por informaciones difundidas (art. 40), indicando (en el 42) que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana, y que el Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática.

Así mismo los artículos 55-56 consagran derechos colectivos a la paz, al desarrollo, la conservación del  equilibrio ecológico, de la fauna y la flora, y la protección del Medioambiente, la preservación del patrimonio cultural, valores históricos, urbanísticos y artísticos,  y plantea que las áreas naturaleza protegidas no podrán ser reducidas en su extensión, lo que ha sido objeto de tráfico de influencia.

Entre los derechos colectivos se establecen también los del consumidor y del usuario de servicios públicos, el fomento del uso de energía y tecnologías limpias y la promoción de políticas para la protección de los recursos acuíferos.

Del orden político

En los aspectos políticos y electorales el proyecto también atiende consensos al establecer la representación de los residentes en el exterior, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al instituir 5 diputados por acumulación de votos a nivel nacional para la representación de los partidos minoritarios (art. 66 y 69), al reducir de las tres cuartas partes a dos tercios la mayoría precisa para destituir a funcionarios electos, y al elevar a dos tercios de los presentes la mayoría para que el Senado pueda elegir a los titulares de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral (art. 68).

Se establece en el artículo 187 el presupuesto participativo en los gobiernos locales, propiciando la integración y responsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local, y se instituye  (art. l89) el referendo local y la iniciativa normativa municipal, indicando en el 190 que la administración local estará sometida a un control político, financiero y ciudadano, bajo los principios de participación, representación y transparencia. Se echa  de menos que estos enunciados no se formulan para la gestión de los poderes nacionales.

El proyecto de Constitución incluye otro consenso, al crear un Tribunal Superior Electoral y  un Procurador Electoral encargado de la investigación y persecución de las infracciones y delitos de carácter electoral, independientes de la Junta Central Electoral que queda con las funciones administrativas (artículos 240 y 242).

Otra novedad política está contenida en el artículo 24-5 en el que se proclama que “La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones que defienda los  intereses de la Región”.

Reformas institucionales

En el orden institucional se plantean también numerosas reformas positivas como el artículo 216, que  establece que las cámaras podrán modificar las partidas presupuestarias con la mayoría absoluta si el Presidente no le somete el proyecto de presupuesto a más tardar el 1 de octubre, como se indica en el 108-15.

Los artículos 119 y 120 instituyen el Estatuto de la Función Pública para una gestión eficiente y el cumplimiento de los objetivos sociales y económicos del Estado, avalando mediante la ley la profesionalización de la Administración Pública. También se establece la responsabilidad solidaria del Estado y del Ejecutivo por los daños ocasionados por un acto antijurídico de la Administración Pública.

Se confirma el retiro obligatorio de los jueces de la Suprema Corte a los 75 años (art. 128-2) y en el 129 se incorpora al Consejo Nacional de la Magistratura a representantes del Colegio de Abogados, las escuelas de Derecho y un ex juez de la Suprema Corte.

Hay otras reformas al sistema judicial, como el Consejo del Poder Judicial como órgano de gobierno de este (art. 139), y  la que fortalece la carrera judicial con la inamovilidad de los jueces (art. 128) y del Ministerio Público (art. 159-3), además de la creación de un Consejo General de Procuradores (art. 161).

Otras reformas importantes en el ámbito judicial son el Tribunal Superior Administrativo (art. 152) y una Sala Constitucional que conocería de violaciones de la Constitución por  leyes, decretos, reglamentos y resoluciones (art. 136-137) ambas instancias separadas de la Suprema Corte. En los consensos sobre reformas constitucionales se ha postulado un Tribunal de Garantías Constitucionales. Al servicio de la Defensa Pública se le otorga rango constitucional en el artículo 156, dotándosele de autonomía administrativa.

El artículo 164 prohíbe la reintegración de miembros retirados de las Fuerzas Armadas, excepto si el retiro ha sido en violación de su Ley Orgánica, y se otorga rango constitucional al Defensor del Pueblo (art. 192-193) creado por ley de 2001 que ha sido incumplida por los mismos legisladores. Otra novedad institucional es la inamovilidad del gobernador y vicegobernador del Banco Central y de los miembros de la Junta Monetaria en su período de seis años y la profesionalización de estos últimos que tendrán que dedicarse exclusivamente a sus funciones.

El presidencialismo seguiría campante

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la reducción de los poderes presidenciales ha sido una de las razones por las cuales se ha reclamado una reforma constitucional en las últimas décadas, en el proyecto sometido al Congreso Nacional por el presidente Leonel Fernández estos se mantienen intactos.

 El presidencialismo contenido en el artículo 55 de la actual Constitución referente al Poder Ejecutivo invade los ámbitos de los demás poderes del Estado, incluyendo los municipios, y se mantiene en la designación del organismo básico de control que es la Cámara de Cuentas.

  Al proponer la reunificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, se restauraría el arrastre presidencial que se eliminó en la reforma de 1994, restando independencia a los legisladores y las autoridades municipales.

De la monarquía.  Las 27 facultades que el histórico artículo 55 otorga al Presidente de la República se reducen a 17 en el artículo 108 del proyecto, pero un número 18 refiere a “las demás previstas en la Constitución y las leyes” y aparecerán numerosas dispersas en el resto del texto.

 Entre las facultades que elimina están llenar vacantes de jueces del Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas cuando esté en receso el Congreso, expedir patentes de navegación,  reglamentar sobre las aduanas y prohibir entrada de extranjeros.

 Ha llamado particularmente la atención que ese artículo comienza proclamando que “El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por el Presidente de la República, símbolo de unidad nacional y de la permanencia del Estado”, concepto que podría aplicarse por igual a los demás poderes estatales y que se queda lejos de la tradición  política dominicana.

El historiador y abogado especialista en constitucionalismo Hugo Tolentino sostuvo en artículo del jueves 16 en el Listín Diario que esa concepción fue copiada de la Constitución del Reino de España, que en su artículo 56, Título II, “De la Corona”, proclama que “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia…”.

El reunificar la elección presidencial con las legislativas y municipales, el proyecto restaura el arrastre que tanto se criticaba hasta la reforma de 1994. Consolidaría el presidencialismo porque tradicionalmente quien gana la presidencia, se lleva también el control del Congreso y los ayuntamientos, afianzando la subordinación de legisladores y munícipes ante el Poder Ejecutivo.

Sello presidencial.  El proyecto de Constitución trae el sello presidencial desde sus orígenes. Aunque precedido de una consulta y encargado a una comisión de expertos, aspectos fundamentales de ambas instancias fueron dejados de lado por el doctor Leonel Fernández, incluyendo cuestiones fundamentales como la Asamblea Constituyente, la prohibición de la postulación presidencial después de dos períodos de gobierno, el referendo y la revocación de mandatos y los tres niveles de elección separados.

 Ningún organismo ni dirigente del partido de gobierno participó ni en la comisión de expertos ni en la redacción final, y entre ellos  hay quejas de que fueron sustituidos incluso por asesores extranjeros.

 Al abrir las posibilidades de nuevas postulaciones por quienes ejerzan la presidencia en dos períodos seguidos, tras un interregno, se sustenta el presidencialismo y se dificulta el relevo definitivo tanto en las candidaturas presidenciales como en los liderazgos partidarios, en un país donde los políticos no admiten retiro. Perjudica la institucionalidad democrática porque la gestión se basa en “amarrar para volver”.

 Es significativo que el proyecto establece el referendo aprobatorio para futuras reformas parciales de la Constitución (art. 247), con la participación de un mínimo del 30 por ciento del registro electoral, pero no así para la que está en curso, aunque se trata de una nueva carta magna. También hace más difícil su posterior reforma al requerir las dos terceras partes de los miembros de cada cámara legislativa para aprobar la ley de convocatoria, cuando la Constitución actual sólo establece la mayoría de los presentes.

 En el artículo 114 se otorga facultad al Presidente de la República para designar cuantos subsecretarios de Estado crea convenientes, lo que refrenda el clientelismo que tanto rechaza la sociedad dominicana. El 121 consagra a favor del Ejecutivo “la iniciativa exclusiva para fijar, modificar, unificar, aumentar y suprimir remuneraciones”.

En el artículo 218 del proyecto de Constitución se autoriza a “reorientar” las proporciones del presupuesto nacional establecidas por ley para instituciones o fines específicos, como la educación, los municipios,  la Suprema Corte de Justicia y el Congreso.

 Justicia y otros órganos.  El Poder Judicial también resulta disminuido en algunas disposiciones del proyecto de Constitución del presidente Fernández, particularmente al instituir un Tribunal Superior Administrativo y una Sala Constitucional (arts. 152-156 y 130),  al margen de la Suprema Corte, por designación del Consejo Nacional de la Magistratura, donde por su participación personal el  primer mandatario tendría fuerte influjo.

 El Tribunal Superior fue definido por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, como “paralelo a la jurisdicción ordinaria, con superpoderes administrativos y de gobierno, los cuales serían sustraídos a la Suprema Corte”.

 La Sala Constitucional no está concebida en el marco de las demás salas de la Suprema Corte y operaría absolutamente independiente de esta. En tal caso algunos juristas preferirían un Tribunal de Garantías Constitucionales, como se planteó en varios de los proyectos de reforma a la carta magna  de las últimas dos décadas.

 Frustrando persistentes reclamos de autonomía del Ministerio Público, el proyecto mantiene la designación del Procurador General y sus demás integrantes en manos del Poder Ejecutivo (art. 160), a pesar de que crea un Consejo General de Procuradores, como “órgano de gobierno” al que se le podría traspasar esa función.

 La Cámara de Cuentas es otro organismo que sigue supeditado al Presidente de la República, quien retiene la iniciativa para designarla sometiendo  ternas al Senado (art. 232), siendo el órgano encargado de control y auditoría de la administración pública, con una tradición de supeditación al Poder Ejecutivo. En diversos proyectos de reformas constitucionales se ha planteado que sus integrantes sean designados por el Congreso o por el Consejo Nacional de la Magistratura.

 En el proyecto, el Presidente de la República mantiene la facultad de otorgar indultos (no. 17, art. 108), lo que en pura separación de poderes debería corresponder a la Suprema Corte de Justicia.

 Otro rasgo persistente del presidencialismo (en el mismo art. 108, no.16) es que el Ejecutivo queda autorizado a “anular por decreto motivado arbitrios establecidos por los ayuntamientos…” facultad que debería corresponder al Tribunal Contencioso Administrativo.

 Aunque el proyecto de Constitución contiene muchas reformas positivas en sentido amplio ratifica el presidencialismo que tanto ha castrado el desarrollo democrático de la nación dominicana.

Detrimento del Congreso.

En reafirmación del presidencialismo y detrimento del Congreso, el proyecto contiene numerosas disposiciones, resaltando la que autoriza al Ejecutivo a disponer por decreto transferencias del Presupuesto Nacional y erogarlas cuando el Congreso esté en receso (Art. 223), para someterlas en la siguiente legislatura. Dado que se establecen dos legislaturas de tres meses por año, ya el ejecutivo no tendría que convocar una extraordinaria y los legisladores quedarían ante el hecho cumplido.

El proyecto dificulta la acusación ante el Senado de los funcionarios públicos, al establecer (art…71) también la proporción de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados, que es la facultada para tomar la iniciativa.

Igualmente se persigue (Art. 219) hacer casi imposible que el Congreso pueda  “incluir nuevas partidas ni modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Presupuesto General del Estado, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada cámara”. Hasta ahora puede hacerlo por mayoría del quórum.

Es difícil encontrar en el proyecto de Constitución algún artículo que aumente el papel de supervisor y moderador del Poder Ejecutivo que corresponde al Congreso Nacional en el régimen de los tres poderes del Estado.

Es una nueva Constitución

by Juan Bolívar Diaz Santana

El proyecto sometido al Congreso Nacional no es de reforma, sino para una nueva constitución de la República, duplicando en artículos el texto vigente, razón fundamental para que fuera aprobada por una Asamblea Constituyente convocada al efecto y con amplia participación social como ha sido consenso de los últimos años.

La propuesta del presidente Leonel Fernández recoge muchas de las reformas que han sido reclamadas, pero  desconoce numerosos planteamientos del consenso, incluso importantes aspectos de los resultados de la consulta popular que la precedió, y del trabajo de la comisión de expertos que él mismo designó.

El debate del proyecto se concentrará en una decena de temas particularmente el referente a la reelección presidencial que vuelve a ser central con potencial para generar conflictos ya que se discute si el actual mandatario podría repostularse con la interpretación de que la nueva constitución regirá sólo a partir de su promulgación.

La más extensa y profunda. De ser aprobado el proyecto presentado por el presidente Fernández la nación tendría la constitución más extensa en toda su historia, con 254 artículos, poco más del doble que la que rige desde 1966, incluidas las ligeras reformas de 1994 y el 2002, que consta de 122 artículos. La primera constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844, tuvo 211 artículos. Superaría también la de 1963 que con 186 artículos rigió entre el 29 de abril y el golpe de Estado que la proscribió el 25 de septiembre del mismo año.

Sería también la reforma constitucional más profunda de la historia nacional, incluyendo la proclamada en Moca en 1858 y la de 1963 consideradas por los historiadores como nuevas constituciones. Ambas figuran también como las más avanzadas en sus contenidos sociales y garantías individuales, especialmente la última.

La nueva constitución consagraría “toda una categoría ampliada de derechos económicos, sociales y culturales, así como la inclusión de los nuevos derechos colectivos y del medio ambiente”, según el experto en derecho constitucional Eduardo Jorge Prats, integrante de la comisión que elaboró el anteproyecto por encargo del presidente Fernández.

El proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora introducido al Congreso señala 117 objetivos pero evade darle la categoría de nueva constitución.

La historia constitucional dominicana registra 35 reformas a la constitución que dio origen a la nación, más el Acta Institucional que puso fin a la guerra civil de 1965 y que rigió entre el 3 de septiembre de ese año y el 28 de noviembre de 1966. En tres ocasiones, 1854, en 1929 y 1960 se realizaron dos reformas en el mismo año.

La mayoría de esas reformas tuvieron como objeto fundamental el consagrar o eliminar la reelección presidencial, incluyendo las dos últimas realizadas en 1994 y el 2002.

Aspectos conflictivos
El texto en manos del Congreso contiene muchas de las reformas reclamadas en las últimas décadas, cuando se elaboraron varios anteproyectos, como los de las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Henríquez Ureña,  del Consejo Nacional de Reforma del Estado y el de la comisión instituida en el 2001 por el presidente Hipólito Mejía.

Predomina el de la comisión de 13 expertos constituida en el 2006, que incluyó una consulta popular. Aunque el 62 por ciento de los participantes en la consulta favoreció que se hiciera mediante una Asamblea Constituyente, tanto la comisión como el mandatario prefirieron la Asamblea Revisora.

Además de esa diferencia, el profesor Luis Gómez, integrante de la comisión, estima que el proyecto contradice otros diez planteamientos importantes fruto de la consulta y del trabajo de los expertos. Resalta que no consagra la Constituyente ni siquiera para el futuro, y que se limita la institución del referendo sólo para reformas constitucionales amplias en el porvenir, sin incluir la aprobación de la nueva constitución.

También  al dejar al Senado la elección de los titulares de la Junta Central Electoral, al eliminar la posibilidad de revocación de los mandatos populares, evadir  la creación del tribunal de garantías constitucionales y al unificar en un mismo día las elecciones presidenciales con las legislativas y municipales.

La institución de una Sala Constitucional al margen de la Suprema Corte de Justicia, y escogida por el Consejo Nacional de la Magistratura, ya ha despertado objeciones del máximo jerarca de la justicia. Será también objeto de conflicto la elección de un Tribunal Superior Administrativo por parte del Consejo y al margen de la Suprema Corte. También se cuestionaría que el ministerio público siga dependiendo del poder Ejecutivo, pese a crearse un Consejo General de Procuradores como órgano de gobierno.

La Consagración de la inviolabilidad de la vida “desde la concepción”, que asimila el predicamento religioso en contra de todo género de aborto, aún los terapéuticos legalizados en gran parte del mundo, y la negación de comunidad de bienes de las parejas del mismo sexo, también son elementos llamados a generar debates y conflictos.

Varios artículos podrían ser objetados al considerarse que ratifican el presidencialismo, como la letra g del 108 que atribuye al presidente la facultad de anular arbitrios de los ayuntamientos, que correspondería a la justicia o al Tribunal Superior Administrativo; el 218 que le autoriza a modificar proporciones presupuestarias establecidas por ley; el 223 que le permite transferencias presupuestarias por decreto cuando el Congreso esté en receso; o el 232 que deja al poder Ejecutivo la presentación de ternas para integrar la Cámara de Cuentas que debe vigilar sus gastos.

Para algunos, como el jurista Francisco Alvarez Valdez, la propuesta constitucional ratifica el clientelismo y la repartición del patrimonio público al llevar hasta a 250 el número de diputados, que otros anteproyectos reducían a 150, al mantener excesivos números de integrantes de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y hasta la nueva Cámara Constitucional.

Asamblea Constituyente

El método de modificación de la Constitución seguirá siendo objeto de conflicto, pues el principal partido de la oposición, el Revolucionario Dominicano (PRD), entidades de la sociedad civil como Participación Ciudadana, Centro Juan Montalvo y Foro Ciudadano han reiterado que mantendrán la defensa de la Asamblea Constituyente. El profesor Luis Gómez, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no se da por vencido y está colgando en Internet proyectos consensuados que involucran a otras universidades y hasta a la CONARE.

La Asamblea Constituyente ha sido consenso en todos los anteproyectos elaborados en las últimas dos décadas. Fue aprobada en el Diálogo Nacional que auspició el presidente Fernández entre 1997 y 1998. También en la propuesta de la amplia comisión del 2001. Se estableció en el Pacto para la Reforma Constitucional firmado el 27 de septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Ha figurado en los programas de gobierno del PRD y del PLD.

El método de la Constituyente ha predominado desde la primera constitución y prevaleció en 1858 y 1963 cuando se formularon nuevos textos constitucionales. También en una parte de las reformas parciales.

Aunque lo dejó de lado para la reforma que auspició en el 2002, ahora el PRD reivindica el consenso del 2001 que no sólo instituía la Constituyente, sino que establecía boletas separadas para elegir representantes de los partidos y de las organizaciones sociales. Esta semana sometió un proyecto de ley para una reforma simple de los artículos 116-118 a fin de convocar la elección de constituyentes.-

La reelección

La reelección presidencial volverá a ser tema dominante del debate constitucional. El proyecto del presidente Fernández ignoró el resultado de su consulta popular y la recomendación de su comisión para mantener la fórmula actual de sólo dos períodos de gobierno y jamás postularse. Propone que puedan  volver después de un período fuera.

Hasta en el partido de gobierno hay quienes temen que en los debates se proponga –como ya se ha planteado- que se elimine toda restricción a la reelección, lo que podría desatar una “entusiástica avalancha” al momento de las decisiones, pero también crear una crisis aún en el Partido de la Liberación Dominicana, donde seguidores de Danilo Medina se proclaman “vigilantes” para no quedar con la carabina al hombro.

También hay incertidumbre porque algunos ya plantean que el presidente Fernández podría repostularse en el 2012, bajo la interpretación de que  hay que comenzar a contar los períodos otra vez porque una nueva constitución predomina sobre la anterior, como se entendió en 1994 cuando la reforma prohibió la repostulación de Joaquín Balaguer aunque él había sido electo con un texto que la permitía. Más aún cuando el proyecto presentado concluye: “Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Constitución”, la que “entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial”.

A juicio de un destacado danilista la dudas se esclarecen agregando una décima  disposición transitoria  al listado de nueve con que concluye la propuesta y que no dejan a interpretación el final de los períodos de los actuales legisladores, de los jueces electorales y de los miembros de la Junta Monetaria.

La oportunidad del presidente LF

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

El primer reto que tiene el presidente Leonel Fernández para su tercer período de gobierno es aceptar la realidad de la crisis económica y asumir una gestión de suprema austeridad y racionalidad en el gasto que preserven la estabilidad macro-económica que ha sido su mayor galardón.

Esta gestión podría pasar a la historia si el líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vuelve por sus orígenes y auspicia la revolución democrática y moral que anunció, dedicando sus mayores energías al fortalecimiento institucional con un gran concierto nacional.

 Para alcanzar esos objetivos es fundamental desalentar las expectativas de continuidad en el poder que de aflorar en la reforma constitucional, como muchos vaticinan, sacudiría hasta su propio partido y crearía un clima de desasosiego similar al que determinó el fracaso reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

Sorpresivo discurso.  La opinión pública nacional ha reaccionado con sorpresa ante el discurso de juramentación para su tercer período del presidente Leonel Fernández, abiertamente contradictorio del que pronunció un mes antes, el 17 de julio, cuando anunció un período de austeridad y límites del gasto público.

 Es cierto que lo planteado el mes anterior fue un “Plan Integral de Acción hasta el 2009”, pero se le criticó el optimismo de que las medidas restrictivas fueran de tan corto plazo y alcance, cuando las repercusiones de la crisis económica, tanto de origen internacional como nacional, superarán el lapso de cinco meses, ya reducido a cuatro, que restan del año en curso.

 Las decenas de grandes proyectos de inversión que anunció para el nuevo período gubernamental no serían realizables ni siquiera en un período de auge económico, por lo que algunos analistas lo han inscrito dentro de una perspectiva de continuidad en el poder más allá de los próximos cuatro años, aún con concesiones de obras al sector privado.

 Las experiencias de las concesiones para las carreteras San Cristóbal-Baní, y San Pedro-La Romana, y los contratos para el Malecón de Santo Domingo y las dos plantas para generar electricidad con carbón, que llevan de dos a tres años, indican la lentitud y limitaciones de esas inversiones.

 Lo que más ha llamado la atención del discurso de juramentación ha sido el programa de obras públicas, mientras se advierte que no incluyera la menor referencia a la austeridad y el control del gasto público que demandan los sectores empresariales, economistas y la oposición política.

 Eso sin que se haya puesto en vigencia una sola disposición concreta para reducir el dispendio ni para desmontar los subsidios generalizados incrementados durante la campaña electoral hasta haber consumido 51 mil millones de pesos, 31 por ciento del gasto entre el primero de enero y el 8 de agosto, según un informe de la secretaría de Hacienda publicado el jueves por el diario El Caribe.

 Cuando la tasa cambiaria superaba los 35 pesos por dólar y se advertía de las consecuencias previsibles del incremento de las tasas de interés, el gobierno hizo aprobar un presupuesto complementario de 31 mil millones de pesos que incluye 5 mil millones de pesos que estaban destinados a cubrir parte del déficit de este año del Banco Central.

El mejor de los caminos.  Dejar la reelección sin límites tendría un costo político muy elevado, incluyendo la posibilidad de mayores dificultades económicas y de gobernabilidad que generen un sentimiento nacional anticontinuista y se repita el fracaso de Hipólito Mejía, por lo que algunos consideran que el doctor Fernández no se aventurará, aunque esté atrapado por el mesianismo balaguerista.

Para el actual mandatario el mejor de los caminos sería fortalecer su partido y auspiciar un gobierno con algún nivel de concierto nacional que le permita sortear la crisis económica. Más aún si se anota éxitos en el fortalecimiento institucional y mejoramiento de la democracia.

Una revolución democrática, como la planteada en su juramentación por el presidente Fernández sería transar una Constitución de amplio consenso, modificaciones políticas-electorales y la puesta en vigencia del gran paquete de reformas institucionales aprobadas en las últimas dos décadas, la mayoría de las cuales han quedado en los papeles o se cumplen a medias.

Si le suman la revolución moral a la que también aludió, restringiendo la corrupción y el dispendio y concentra su atención en buscar respaldo para controlar la descomposición social y la delincuencia, el presidente Fernández podría concluir su nuevo período con razonable éxito, reduciendo el impacto de la crisis económica que pone en jaque hasta las economías de Estados Unidos y la Unión Europea.

En tal caso mantendría su liderazgo en el PLD y hasta podría pensar en repostularse en el 2020, en caso de que otro peledeísta gane en el 2012 y se repostule para el 2016. De cualquier manera podría reivindicar el legado histórico del partido que fundara el profesor Juan Bosch en 1973.

¿Proyecto continuista?

No han faltado quienes catalogan el del 16 de agosto como “discurso de campaña continuista”. Para algunos fue una pieza ilusionista destinada a crear nuevas esperanzas en un liderazgo mesiánico al estilo Balaguer y  alentar las expectativas de sus seguidores más incondicionales que acarician la idea de una reforma constitucional que deje sin límites la reelección presidencial.

 Una prueba definitoria será la reforma constitucional que Fernández promete  iniciar próximamente con el envío al Congreso de su proyecto. Ya el Comité Político del PLD aprobó que se elimine la prohibición de la repostulación después de dos períodos de gobierno posibilitando volver después de un intermedio.

 En la ocasión se adujo que de esa forma el doctor Fernández Reyna podría ser postulado nuevamente en el 2016. Eso sería viable en el caso de que su partido pierda las elecciones del 2012, porque no podrían descartar que en caso de ganar, cualquiera que sea el electo desee optar por la segunda oportunidad, ya que también decidieron que si un presidente peledeísta desea repostularse nadie pueda disputarle la candidatura.

 Entre los líderes del PLD los que han aspirado a la candidatura presidencial y la buscarían para el 2012 son Danilo Medina, Jaime Fernández Mirabal y José Tomás Pérez. Los dos últimos declinaron para apoyar a Leonel Fernández en la pasada contienda interna. También se menciona a Radhamés Segura.

 Al que más posibilidades se le atribuyen es a Medina, quien ha logrado mantener una fuerte influencia en los niveles de  dirección, entre los legisladores y síndicos  y en la militancia peledeísta. La designación de Jaime Fernández como secretario de Medio Ambiente, que él no ha aceptado, no indica una preferencia por parte del presidente Fernández, que de  tenerla lo habría colocado en un cargo de mayor proyección política.

La lógica del poder

En la teoría nacional de la lógica del poder se establece que nadie declina a seguir en la Presidencia de la República a menos que se vea obligado, por lo que tanto dentro como fuera del PLD todavía no se descarta que al modificar el artículo 49 de la Constitución algunos legisladores no planteen dejar la reelección sin restricción.

 Aunque no se descarta que esa posibilidad salga adelante, tendría un costo político muy elevado en los próximos meses, dentro de un panorama económico complicado, no sólo porque la fórmula encontraría resistencia en la oposición política y parte de la opinión pública, sino también dentro del mismo partido de gobierno.

 No se puede olvidar que en la campaña electoral el presidente Fernández disertó en torno a las diversas fórmulas constitucionales sobre la reelección para concluir en que “aceptaría lo que decida la mayoría”. La asamblea revisora de la Constitución será  integrada por 210 miembros, 178 diputados y 32 senadores. Las dos terceras partes que garantizan cualquier reforma serían 141.

Los legisladores peledeístas suman 120, a los que se adicionan 4 de los reformistas aliados en los recientes comicios. Los 17 restantes se conseguirían en el Partido Reformista, donde ya algunos piensan aliarse al PLD para mantener sus cargos en el 2010. No se descarta buscar votos en el Partido Revolucionario Dominicano. Los ejecutores de la reforma del 2002 para que Hipólito Mejía pudiera repostularse contaron con 12 diputados peledeístas, a quienes se suponía más difícil de conquistar. Pero ese camino no está de ninguna manera allanado, si se toma en cuenta la influencia que mantiene Danilo Medina sobre cerca de la mitad de los legisladores de su partido. Se afirma que unos 50 diputados y 12 senadores. A Jaime David se le atribuye una docena de fieles entre los diputados. Nadie descarta que muchos puedan ser convencidos sobre algo que interese al presidente de la República y líder del partido. En el 2002 de los diputados perredeístas 36 suscribieron una oposición a la reelección, pero el día de la votación sólo 9 se manifestaron en contra.

El Presidente LF apenas comenzó

by Juan Bolívar Diaz Santana

http://hoy.com.do/image/article/337/460x390/0/C4658F90-79DC-4F4E-B6AF-0BA6AFF74563.jpeg

Con su discurso del jueves, el Presidente Leonel Fernández aterrizó a la realidad de la crisis económica con un conjunto de políticas para reducir el gasto público, compensar a los sectores sociales más pobres, promover la producción agropecuaria y focalizar los subsidios a la energía y los combustibles.

Sin embargo, el mandatario persiste en una visión muy optimista de la situación, por lo que propone un “Plan Integral de Acción hasta el 2009″, de tan corto plazo como 5 meses y medio, fundado en el deterioro de la economía internacional, pero sin referirse a los excesos de gasto de factura nacional que amenazan la estabilidad.

Ausentes estuvieron en el discurso presidencial informaciones básicas como a cuánto ascenderá el aumento salarial, qué pasará con la tarifa eléctrica, cuánto implican de endeudamiento anual  los nuevos términos del acuerdo Petrocaribe y si el gobierno promoverá también un reajuste salarial en el sector privado.

Concretas y palpables.  Lo primero que resalta del discurso del jueves es que el presidente atendió en parte los requerimientos de la opinión pública y que lo hizo en pocas palabras, que sean cosas concretas que podamos palpar, como le recomendó el padre Luis Rosario, director de la Pastoral Juvenil Católica.

El plan presentado por el mandatario conlleva múltiples aspectos, pero llamó la atención que fuera limitado “hasta el 2009″, para lo que sólo faltan cinco meses y medio, cuando varias de sus disposiciones apenas estarán ejecutándose, a pesar de haber reconocido la complejidad de la crisis económica internacional, y advertido que “no se vislumbra un cambio a corto plazo en las tendencias de los precios de las materias primas, incluyendo el petróleo, ni en la crisis financiera de los Estados Unidos, que por el momento incluso parece agravarse”.

Los anuncios más concretos se refieren a la contracción del gasto público sólo para el segundo semestre del año, la focalización de los subsidios a la electricidad y los combustibles, compensación salarial a los empleados estatales y a los sectores de menores ingresos y a incentivos para la producción agropecuaria.

En la pieza presidencial se advierte un esfuerzo por responder al grito generalizado de que el gobierno tiene que reducir sus gastos, pero las medidas no rebasan los alcances de la Ley de Austeridad para el 2007 que en su mayoría no fueron cumplidos. Por ejemplo, en aquella las reducciones de sueldos iban desde el 3 al 15 por ciento a partir de los que ganan 50 mil pesos mensuales. Ahora la reducción es de  5 y 10 por ciento y a partir de los que perciben 151 mil pesos.

Las primeras reacciones sobre el programa de austeridad son de aprobación, pero se creen insuficientes. Sobre todo porque no asomaron medidas para eliminar aparatos burocráticos inoperantes como el Instituto de Estabilización de Precios, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales o la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública.

Tampoco se percibió disposición a suprimir cargos de secretarios sin carteras, subsecretarios, vicecónsules y personal agregado a las embajadas y consulados.

Las concretizaciones abarcaron la forma en que focalizarán los subsidios y compensarán a los empleados del Estado, elevando los salarios y pensiones a un mínimo 5 mil pesos y aumentando en 15 por ciento los sueldos de hasta 30 mil pesos mensuales del sector público

Ausencias notables.  En el discurso presidencial se echó de menos siquiera una mención a mecanismos para reducir la corrupción que antes de llegar al poder en 1996 el doctor Fernández casi equiparaba al monto del presupuesto nacional. Una gran fuente de ahorro se derivaría de un mandato tajante para que todas las compras y contrataciones del Estado se hicieran  por concurso, acatando la ley que el mismo mandatario promulgó hace dos años.

Faltaron también políticas encaminadas a controlar el desbordado crecimiento de las importaciones que agravan el desbalance comercial del país, a lo que contribuye un peso sobrevaluado, según economistas y empresarios, que estimula las importaciones y penaliza a los exportadores al turismo y a las capas poblacionales que viven de las remesas.

Llamó la atención de observadores que el primer mandatario no apelara al ahorro privado ni tendiera un puente para algún nivel de concertación con los partidos políticos y las organizaciones sociales, lo que ha sido considerado fundamental para establecer un plan de nación que abra mejores perspectivas para superar los desafíos de la crisis económica.

La sensación que flota entre algunos analistas es que el presidente Fernández apenas esbozó una parte de las políticas para enfrentar la crisis y que dejó el resto para el discurso de juramentación del 16 de agosto próximo.

Algunas incongruencias

El presidente Fernández reconoció las repercusiones de la carestía internacional sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, sin enunciar políticas eficaces para reducir las distorsiones en el corto o mediano plazo, fuera de estimular la producción agropecuaria, pero ignorando por completo la competitividad del sector industrial, el cual ni siquiera fue mencionado en el discurso.

Aunque habló largo sobre los subsidios no se refirió al de 2,000  pesos mensuales por empleado de las industrias de zona franca que se pagaron durante los últimos meses, hasta el 30 de junio, bajo la denominación de compensación, según explicaban esta semana los directivos de la Asociación de Industrias de Zonas Francas, quienes expresaron expectativas de que fuera extendido hasta diciembre. Representa unos 225 millones de pesos mensuales.

De las disposiciones relativas al sector agropecuario, resaltan como positivos los incentivos financieros, fiscales y tributarios a los productores, pero muchas son teorías de largos años que no se han cumplido ni en los períodos de   auge  económico, como intensificar los procesos de titulación de tierras, fortalecer sistemas de investigación, incrementar el uso de biotecnología, y el desarrollo de cooperativas y asociaciones de productores.

En el campo de  los sueños hay que ubicar el propósito de incorporar a la producción agropecuaria en el corto plazo 500 mil tareas de tierras estatales, mediante asociación con inversionistas o arrendamiento. Los proyectos de esa naturaleza iniciados en las décadas pasadas han fracasado, y los terrenos estatales productivos ya fueron repartidos por la reforma agraria, ocupados por militares y políticos, o urbanizados. Por demás precisarían mano de obra haitiana.

Las precisiones  que estuvieron ausentes

Llamó la atención de algunos observadores que aunque anunció aumento de pensiones y sueldos para el 98 por ciento de los empleados del Estado, el mandatario ignoró por completo que la situación golpea también a los asalariados del sector privado, para los cuales no tuvo ni palabras de consuelo.

Faltó precisión sobre el monto de las erogaciones y cuánto compensan las modestas reducciones de los salarios sobre 151 mil pesos. No dijo si el gobierno central proveerá a los ayuntamientos y organismos autónomos para cubrir los incrementos salariales.

Aunque señaló la meta de concluir el año con un déficit del sector público no financiero  equivalente al 2 por ciento del producto bruto interno, el mandatario obvió dar la información que se le ha venido reclamando al gobierno sobre el monto de su déficit fiscal en la primera mitad del año.

Volvió a presentar el financiamiento de Petrocaribe que agradece a Venezuela, pero el doctor Fernández no dijo a cuánto asciende mensual o anualmente. Según apreciaciones con los actuales niveles de precio, implica entre uno y dos millones de dólares diarios. Al menos informó que con las facilidades derivadas del reciente aumento del financiamiento en un 10 por ciento el gobierno dispondrá de 280 millones de dólares adicionales a lo que se había presupuestado. Aludió también a financiamiento logrado con la banca local, pero tampoco precisó monto.

Con dos años de gracia, la deuda con Venezuela comenzará a ser pagada antes que concluya el año, pero más tarde o más temprano los contribuyentes tendrán que saldarla, aunque ahora pagan altísimos precios por la energía y los combustibles. Si bien alivia en lo inmediato la carga del costo del petróleo, la reenvía para un pago futuro cuando el hidrocarburo seguirá siendo gravoso en un endeudamiento sin precedente en la historia del país. Tanto que ni siquiera se informa sus montos.

Faltaron también precisiones sobre la tarifa eléctrica, y el gas propano cuando sean focalizados los subsidios y el peso que esa decisión derivará para los hogares de clases medias bajas que no están considerados entre los más pobres, pero que con esos y otros costos adicionales podrían cruzar hacia la línea de pobreza.

Como si fuera poco, el mandatario habló de duplicar de 400 a 800 mil los beneficiarios de la Tarjeta Solidaridad en los próximos 60 días, cuando los primeros han tomado cuatro años. Los últimos 50 mil fueron incorporados a la carrera durante la campaña electoral, lo que tomó unos 4 meses.