Urge contener la repartición

Por Juan Bolívar Díaz
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El comunicado con que el titular de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se defiende de las escandalosas denuncias que le han afectado es una auto incriminación que se pagaría penalmente en cualquier democracia de mediana intensidad y demuestra hasta qué punto está llegando el abuso del patrimonio público en el país.

Hay una sensación de desbordamiento tan grande que demanda una  urgente intervención legislativa y ejecutiva para imponer transparencia en el manejo de los recursos públicos en el gobierno central y las instituciones autónomas del Estado y para limitar las donaciones, repartición de cargos y contratos que alimentan el clientelismo político.

A confesión de parte…    Llamó la atención que en el comunicado publicado en los diarios esta semana a nombre y cargo de la CDEEE, su vicepresidente ejecutivo Radhamés Segura admite parte considerable de las denuncias de la periodista Nuria Piera sobre alegre repartición del patrimonio de esta institución pública, aunque él sostiene que no viola ninguna ley.

Acepta que  la corporación realiza “donaciones a la Iglesia Católica, a las iglesias cristianas evangélicas, a personas enfermas, a clubes y asociaciones deportivas, así como a ONGs de congresistas”. Sobre ello Segura “asume la total responsabilidad”, parapetándose en un reglamento del presidente Hipólito Mejía, garantizando que todas estas acciones son legales y por tanto pueden ser recurridas a los tribunales”…

Las admisiones son más graves por cuanto están acompañadas de un informe que revela un déficit operativo de 699 millones de dólares para este año en el conjunto de las entidades que conforman esa corporación, sin contar el costo del órgano central, que por cierto no se hace explícito.

Todo ello al mismo tiempo que el país está sumido en una nueva tanda de apagones que afectan las actividades productivas, sociales y familiares, con un costo enorme que dificulta la competitividad internacional y cuando la población no acaba de asimilar las dos elevaciones de la tarifa energética recién impuestas.

El ingeniero Segura no refuta que tenga empleados unos 40 familiares, como se denunció, sólo que considera que al no ser “directos” no caerían en los límites legales, llegando a justificarlo en que “esto representa menos de la mitad del uno por ciento (0.39%) del total de empleados”. Tampoco niega los altos estipendios que paga la deficitaria CDEEE, argumentando que “no se corresponden con los sueldos del Gobierno Central, sino con los de las empresas del sector privado, como se establece en la ley General de Electricidad”, lo que estaría por ser comprobado.

De ilegal e ilegítimo

Puede ser que la repartición de donaciones a entidades y personas particulares, el empleo con altos sueldos de decenas de “familiares no directos” y de cientos de relacionados políticos, hasta el punto de haber llevado la nómina de 80  a 400 millones de pesos en cuatro años no sea ilegal, pero cae en la categoría de lo ilegítimo.

Ciertamente la ilegalidad tendría que dictaminarla un tribunal, pero por lo menos hay un principio establecido en el artículo 102 de la Constitución vigente, que después de plantear sanciones para todo el que sustraiga fondos públicos, proclama que “serán igualmente sancionadas las personas que hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

Como cualquiera puede comprobar el precepto constitucional no se limita a los familiares directos. Pero es que además esas prácticas contravienen los más elementales principios de la ética y se constituyen en ilegítimas, aunque no estén expresamente penalizadas en un texto específico.

Es obvio que la ausencia de ética se generaliza entre los políticos y funcionarios públicos. La falta de expresa prohibición fue lo mismo que argumentaron en diciembre pasado los titulares de la Cámara de Cuentas para tratar de justificar que decidieran pagarse dos salarios adicionales en Navidad, menos de tres meses después de haber asumido el cargo, lo que fue totalmente ilegítimo y abusivo.

En términos éticos, racionales y de legitimidad y muy difícil explicar que una institución con tan alto déficit, que sólo para el año en curso está estimado en más de 25 mil millones de pesos, esté realizando donaciones por cientos de millones de pesos. Seguro que no aparecerá en el mundo entero una sola empresa o institución privada que con un déficit siquiera parecido esté haciendo donaciones. Tampoco será fácil encontrar una corporación de electricidad pública que se dedique a financiar las actividades de ONGs, sean o no de legisladores, ni la de clubes y de personas enfermas. Para esto último el Estado tiene los organismos correspondientes.

Reparto generalizado

Lo recién denunciado en la CEDEEE ya lo fue antes en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuyo titular mantiene cientos de activistas de su grupo político pagados con recursos de la institución. También se le ha acusado de nepotismo, como en el Programa de Reducción de Apagones, cuyo titular hubo de ser suspendido y luego relevado por el mismo Radhamés Segura, cuando una investigación ratificó denuncias periodísticas.

La Lotería Nacional, la Liga Municipal y otras entidades autónomas y del gobierno  central  también han sido objeto de similares denuncias. La mejor prueba de la generalización del reparto fue nuestra publicación de la “nominilla” de los 42 mil 434 presidentes de los comités de base a quienes se pagaba 143 millones 120 mil pesos mensuales (HOY, 5 de abril del 2008) a través de las secretarías de Agricultura y Obras Públicas, del propio INDRHI, del Instituto Nacional de Aguas Potables, la Corporación del Acueducto de Santo Domingo, la Comisión para el Desarrollo Barrial, el Instituto Agrario Dominicano y la Oficina Supervisora de Obras del Estado.

Posteriormente denunciamos (HOY, 11 de mayo del 2008) la “Nómina pago de inspectores” del Instituto Agrario, que comprendía a 1,209 personas con salarios de entre 15 y 25 mil pesos que totalizaban 18 millones 355 mil pesos al mes. Con los números de cédulas pudimos comprobar que no figuraban como empleados de ese organismo en los registros de la seguridad social, aunque muchos aparecían en otras entidades del Estado. Quienes suministraron la nómina aseguran que correspondía a dirigentes de comités intermedios del partido de gobierno.

Como se ve, se trata de una política oficial de reparto que se extiende más lejos aún. No hay que olvidar que el veterano abogado y dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez justificó las nominillas diciendo que él también tenía una en la Superintendencia de Seguros que él dirige. Y el propio presidente Leonel Fernández la justificó en el Palacio Nacional cuando le entregamos una copia de la de los comités de base de su partido, indicando que era una práctica imprescindible para mantener el gobierno.

Todo tiene límites

Las denuncias de las nominillas llegaron hasta la Junta Central Electoral que ordenó suspenderlas en la campaña para las elecciones presidenciales del 2008. Luego se supo que la práctica continuaba con mayor discreción y que muchos de los beneficiarios fueron pasados a las nóminas normales mientras a otros se les dotó de tarjetas electrónicas para evitar la confección de cheques que provocan aglomeraciones y dejan evidencias.

Ya nadie puede precisar cuántas personas cobran mensualmente del Estado sin trabajar, a través de las nominillas y los programas sociales como “Comer es primero”  y el “Bonogás” y de los incentivos escolares y asistencia a ancianos. En el primero hay 450 mil personas cobrando 700 pesos mensuales. En el escolar  237 mil pagos de 150 pesos, 52 mil ancianos con 400 pesos al mes, y el bonogás todavía está en desarrollo, pero se ha dicho que incluirá a 800 mil hogares y choferes.

En los programas oficiales de asistencia social se trata de sumas que apenas palian la extrema pobreza o la indigencia, pero en conjunto suponen este año cerca de 10 mil millones de pesos, mientras el financiamiento de la educación, la salud, los acueductos y la vivienda sigue siendo por debajo de lo necesario para incidir en la reducción de la pobreza.

Pero la peor distribución es la de carácter estrictamente político, el sostenimiento de dirigentes y activistas con los recursos del Estado, que se practica también en los ayuntamientos y que en el caso del Congreso Nacional llega a los extremos del auspicio de barrilitos y cofrecitos para supuestos “programas sociales” de los legisladores, que no es otra cosa que una forma de promoverse políticamente.

La sociedad en general debería levantarse para reclamar límites a la repartición del Estado, aunque se advierte que resultará muy difícil ya que desde el Poder Ejecutivo hasta el Legislativo la utilizan como mecanismo clientelista. Por eso hay quienes sostienen que el mayor reclamo debe dirigirse al presidente de la República Leonel Fernández que con un solo decreto y voluntad política puede poner límites al abuso de los recursos estatales.