Por Juan Bolívar Díaz
La nación pagó un costo elevado por la reelección del presidente Fernández, tanto en términos institucionales como económicos, y la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia sembraron pesimismo
Este año que se despide marcó un claro retroceso institucional que se anota como costo de la reelección del presidente Leonel Fernández, fundamentada en un reparto sin precedente del patrimonio público y la configuración de un nuevo liderazgo mesiánico que no respeta ni su propio partido.
El desbordamiento del gasto público durante la campaña electoral generó un déficit que obligó a un recesivo constreñimiento monetario en perjuicio de las actividades productivas, iniciando una ruptura de la estabilidad macroeconómica que había sido el mayor galardón de la gestión gubernativa peledeista.
Mientras el crecimiento de la corrupción, de la delincuencia, la criminalidad policial y el narcotráfico acentuaron el pesimismo nacional con incremento de las huidas clandestinas en las que cientos de personas perdieron la vida en numerosos naufragios.
Deprimente final. El debilitamiento institucional tuvo amplia expresión en este último mes del año, con el dictamen de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre los pagarés internacionales con la Sunland, la autodistribución del patrimonio público por los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, los indultos presidenciales a condenados por actos de corrupción y la falta de transparencia denunciada en la remodelación del Palacio de Bellas Artes.
La mayoría de los jueces de la SCJ capituló ante el Poder Ejecutivo revocando su propia jurisprudencia para negar a cualquier parte interesada el derecho a incoar recursos de inconstitucionalidad, motivando una declaración de su presidente que invoca la necesidad de un nuevo liderazgo en esa entidad, mientras los integrantes de la Cámara de Cuentas, a sólo dos meses de su designación, se declararon por encima de la ley y el reglamento interno para justificarse tres sueldos en diciembre. Ambas cuestiones han reducido el crédito de esas dos instituciones fundamentales del Estado.
El presidente Fernández pasó por encima de la Comisión de Indultos, provocando la renuncia de casi todos sus integrantes, al indultar a la señora Vivian Lubrano, condenada por el fraude del Banco Intercontinental y a cuatro de los condenados por la distribución patrimonial del Plan Renove. En todos los casos ignorando la norma que condiciona los indultos al cumplimiento de la mitad de la pena.
Como muestra del dispendio y la falta de transparencia y de prioridades en la inversión pública, quedan los reportajes de la periodista Alicia Ortega, quien ha demostrado que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más de 1,600 millones de pesos y no los 700 millones que se informó en el acto de reinauguración y en la página electrónica de la Presidencia de la República. Haber invertido 784 millones de pesos en un parqueo subterráneo para 600 vehículos es una escandalosa desproporción.
Corrupción y criminalidad. La percepción de que campea la corrupción generó denuncias hasta de dirigentes del partido oficialista, mientras el senador peledeista por Peravia, Wilton Guerrero, puso en picota la complicidad de oficiales militares y policiales y del ministerio público con el narcotráfico, a raíz de la masacre de Paya. La persistencia del legislador y el escándalo nacional lograron que se avanzara en el desentrañamiento de una red mafiosa que ha involucrado a una decena de oficiales de la Marina de Guerra y la Policía Nacional.
Pero al mismo tiempo quedaba manifiesta la inutilidad de la Comisión Nacional de Ética y del Departamento de Prevención y lucha contra la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, sobrepasadas no sólo por los indultos de diciembre, sino también porque el ministerio público renunció a la continuación de los procesos judiciales de funcionarios gubernamentales acusados de malversar recursos del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME), de los cupones de gas, en los dos anteriores períodos de gobierno, mientras la pérdida del expediente dejaba impune un escándalo aduanal de hace 14 años.
Este año quedó al desnudo la escandalosa proporción de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en el narcotráfico y otras expresiones de la criminalidad organizada, no obstante que miles de policías, militares y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas han sido despedidos en los últimos años.
La inseguridad ciudadana siguió en incremento con la proliferación de crímenes y asaltos de todas las categorías, incluyendo secuestros. Las estadísticas de los homicidios en los primeros tres trimestres del año arrojan un incremento del 20% en relación al mismo período de 2007, pasando la tasa del 20.7 al 25.3 por cada 100 mil habitantes.
No menos alarmantes han sido los muertos a manos de agentes policiales, que a septiembre sumaban 343, unos 38 por mes, con un incremento de casi 50% en relación al año anterior, proyectándose para fin del año a 457. En la mayoría de los casos se trata de ejecuciones de delincuentes y presuntos delincuentes tras ser capturados o sorprendidos. Esa política de exterminio es de las peores expresiones del desprecio a los procedimientos institucionales y a los derechos constitucionales.
Desequilibrio fiscal. El esfuerzo reeleccionista generó un enorme déficit fiscal que obligó al Banco Central a reducir las reservas de divisas en cientos de millones de dólares y a elevar las tasas de interés para mantener la estabilidad macroeconómica con el peso sobrevaluado en perjuicio de los sectores productivos y exportadores.
Los subsidios a la electricidad y los combustibles, al empleo en zonas francas y a productos alimenticios, lo mismo que los programas de asistencia social alcanzaron niveles sin precedentes, contribuyendo a un déficit fiscal superior al 4% del producto interno bruto, cuya cuantía no se ha precisado debido a un clandestino endeudamiento interno con la banca estatal, productores agropecuarios y medios de comunicación.
El gasto fiscal que en los primeros seis meses del año se elevó en 32% cuando los ingresos sólo crecieron en 5%, criticado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, más los altos precios del petróleo y los alimentos importados, contribuyeron al desequilibrio económico. La cuenta corriente de la balanza de pagos cierra el año con un déficit de US$5,000 millones, haciendo depender la estabilidad de la inversión extranjera. En un escenario de grave crisis financiera y recesión internacional, los desequilibrios internos se magnifican y ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica y el crecimiento que han sido los galardones más reconocidos de la gestión gubernativa del presidente Fernández.
Las repercusiones de la crisis internacional en el turismo, zonas francas y remesas originan previsiones de dificultades económicas en el país. Esta semana, la agencia Standard & Poors bajó la calificación a la deuda dominicana reflejando un deterioro de las previsiones económicas para el país, debido a la crisis internacional y lo que llamaron como resbalón fiscal.
Lo que predomina al final del año es un generalizado pesimismo, lo que podría explicar el incremento de los viajes en yola hacia Puerto Rico y Miami que en la segunda mitad del año ocasionaron unos cinco naufragios con la muerte de unas 300 personas.
Institucionalidad debilitada
La institucionalidad democrática quedó destrozada en la campaña electoral cuando el presidente de la nación y el candidato a la reelección se fundieron en un uso sin precedente de los recursos del Estado, sin que la Junta Central Electoral pudiera siquiera formular un pronunciamiento de censura. El clientelismo, el transfuguismo y el reparto del Estado alcanzaron niveles históricos. Al iniciarse el nuevo período de gobierno fueron designados 53 secretarios y 320 subsecretarios de Estado, en su mayoría inorgánicos.
Desde la campaña electoral se inició una repartición de cargos por designación presidencial para incentivar y premiar el transfuguismo y ampliar el respaldo a la reelección que involucró una docena de partidos y más de 600 grupos de apoyo. La documentación de nóminas de pagos de sueldos mensuales a los presidentes de los comités de base e intermedios del partido gobernante marcó un uso sin precedente de los recursos estatales en campañas electorales.
Desechando aspectos básicos de una consulta popular y de las recomendaciones de una comisión de expertos, el Presidente envió al Congreso un proyecto de nueva Constitución presidencialista y conservadora que no fue consensuado ni discutido siquiera con el máximo organismo de su propio partido, cada vez más desmembrado y marginado de las decisiones fundamentales del gobierno.
Este año, de nuevo el gobierno siguió ignorando una serie de leyes recientes como la de Contrataciones Públicas, la de Presupuesto, la de Función Pública, la que penaliza el robo de energía y la de Migración, mientras cientos de funcionarios y legisladores evadían la ley que obliga a la declaración jurada de sus bienes, tanto al principio como al final de sus funciones. También siguió la violación de leyes que asignan proporciones del Presupuesto nacional o del producto bruto interno a la educación, los municipios y la justicia.
