2006 año del desenfreno político

Por Juan Bolívar Díaz

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El 2006 que concluye podría pasar a la historia como el período de mayor desenfreno político de la costosa democracia dominicana, donde casi se unieron las campañas electorales de los comicios presidenciales y congresionales y municipales, pese a que están separadas por dos años.

El activismo político del año representó una enorme carga económica, incluyendo un déficit fiscal cuyo costo está por ser pagado con nuevos impuestos, que empañó el éxito gubernamental en mantener por segundo año consecutivo un alto crecimiento, con estabilidad cambiaria y baja inflación.

Las precipitadas luchas internas, que incluyen a un presidente en campaña poco después de pasar la mitad de su período, implican mayores riesgos de costo institucional, en tanto los planteamientos ideológicos y programáticos son sustituidos por el avasallante poder del dinero que sostiene un clientelismo brutal.

Año de contradicciones

Del 2006 se podría escribir que fue un año de contradicciones flagrantes en la vida nacional, con un crecimiento económico que las autoridades cifran sobre el 10 por ciento, pero al mismo tiempo con un déficit fiscal que habrá que pagar con los nuevos impuestos que acaba de aprobar el Congreso en la tercera reforma tributaria en un gobierno que sólo lleva 28 meses, y en la quinta en los últimos 6 años.

Ese exitoso crecimiento económico, con estabilidad cambiaria e inflación menor al 5 por ciento, sin embargo no ha permitido mejorar la inversión social, especialmente en educación y salud, que se mantuvo por debajo de la mitad indicada en textos legales y del promedio latinoamericano.

La gestión macroeconómica es más significativa por haberse producido mientras el precio del petróleo golpeaba duramente al país, con un costo adicional este año sobre los 400 millones de dólares, según estimaciones del secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás.

Los ingresos del Estado crecieron sobre el 15 por ciento, pero sus gastos se incrementaron en más del doble, alrededor del 32 por ciento, especialmente durante la campaña electoral, cuando generaron un déficit fiscal cercano a los 5 mil millones de pesos.

El gobierno no tuvo suficiente recursos para combatir la pobreza que afecta a casi la mitad de la población, pero destinó más de 26 mil millones de pesos a subsidiar indiscriminadamente la energía eléctrica y el gas propano, con lo que se beneficiaron básicamente sectores de clase media y altas, incluyendo a propietarios de millonarias residencias y costosos vehículos.

Las autoridades siguieron aumentando el subsidio a una energía eléctrica ineficiente y cada vez más cara y amenazando, sin resultados, con revisar contratos bien amarrados gracias al tráfico y la corrupción que ha afectado tan profundamente la gestión nacional durante décadas.

Se hizo una reforma tributaria al final del 2005 porque en enero del 2006 arrancaba el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que se aplazó para julio, y luego se dijo que sería en noviembre, o para diciembre y todavía no está seguro que pueda comenzar con el nuevo año, mientras los sectores productivos se quejan de un escenario cada vez más difícil para poder competir con éxito en un mercado internacional abierto.

Funcionarios gubernamentales se han quejado sistemáticamente de la carga presupuestaria de la deuda externa, pero siguieron elevando la interna. El déficit cuasifiscal del Banco Central pasó de 170 mil millones de pesos, casi duplicado en 2 años y manteniéndose como una seria amenaza a la estabilidad, mientras se quemaban más de 200 millones de dólares por las facilidades petroleras que otorga Venezuela y que alguna vez otros tendrán que pagar.

Falta de transparencia

El año comenzó con un “decreto-puente” para normar las compras y contrataciones del Estado y al final se aprobó una nueva ley, al igual que múltiples providencias impuestas por el tratado de libre comercio para transparentar la gestión gubernamental, pero hubo pocos avances específicos.

Varios contratos resultaron escandalosos, pero en ningún caso se inició un proceso judicial. Resaltaron los contratos enviados al Congreso y aprobados en sospechosa prisa de medianoche a fines de julio, por 128 millones de dólares para equipar la Policía y el de la isla artificial. El gobierno palió la situación prometiendo que no ejecutaría el de la isla y retirando el de los equipos policiales.

Un tercer contrato, que traspasaba funciones de Bienes Nacionales a una empresa privada, no fue sancionado por los legisladores que entonces terminaban su período constitucional. Aunque este había estado en vigencia ilegalmente desde el año anterior. Posteriormente hubo de quedar sin efecto otro contrato denunciado como leonino que autorizaba a una empresa privada a emitir la revista de los vehículos.

La falta de transparencia ha sido tan grande que las autoridades llevan dos meses investigando el fraude ejecutado por funcionarios del departamento de pensiones de la Secretaría de Finanzas, estimado en principio en más de 50 millones de pesos.

Las contrataciones grado a grado siguieron a la orden del día, incluyendo una por 450 millones de pesos para un paisaje urbano en Santiago, donde un hospital privado recibió financiamiento público por 25 millones de dólares, mientras a la Secretaría de Salud Pública, como a la de Educación, se le quitaban cientos de millones de pesos para pasarlos al monumental Metro de Santo Domingo.

Esta obra en sí misma es el mayor ejemplo de la falta de transparencia en la gestión gubernamental, tanto en lo financiero como en lo técnico. No han faltado quienes plantearan que la lentitud del gobierno en implementar las reformas en orden a la transparencia que reclama el TLC, está determinada por el deseo de concluir de grado a grado todas las contrataciones para el Metro.

Desbordamiento político

Lo que se registró en el país este año fue un verdadero desbordamiento político, determinado en gran medida por el enorme esfuerzo del partido de gobierno por conseguir el control del Congreso Nacional. Pero apenas se terminaron de contar los votos de loa comicios legislativos y municipales de mayo, los perredeistas abrieron la competencia interna para los presidenciales del 2008. Antes de que faltara año y medio para esas elecciones, los tres partidos mayoritarios se sumergieron en costosas campañas de precandidatos y pugnas degradantes.

En un país donde la poca transparencia es norma en la gestión pública y política, nadie podrá aproximarse siquiera a la inversión de este año en actividades políticas, aunque existe la convicción de que directa e indirectamente, es pagada del erario nacional más allá de las asignaciones presupuestarias con abusos de los recursos estatales. Hasta candidatos a diputados gastan en campaña decenas de millones de pesos que de una u otra forma han sido sustraídos al Estado. Y si se trata de inversión empresarial, es porque antes o después será cobrada, en contrataciones y compras sin concursos y sobrevaluadas o en facilidades impositivas.

La conformación de dos alianzas que polarizaron los comicios de este año contribuyó a un desbordamiento en que la compra de dirigentes, candidatos y militantes alcanzó niveles sin precedente, incluyendo masivos traslados de electores. El mismo día de la votación se pudo comprobar la existencia de puestos para la repartición de dinero en efectivo.

Gran parte de la política gubernamental estuvo condicionada por los objetivos electorales, incluyendo el déficit fiscal de casi 5 mil millones de pesos entre febrero y mayo. Y el propio Presidente de la República recorrió la geografía nacional en caravana oficialista recabando apoyo para concluir la “tiranía legislativa de la oposición”.

La prematura lucha por las candidaturas presidenciales ya registra una inversión multimillonaria, especialmente en el PRD, donde uno de los aspirantes parece disponer de un tesoro infinito. Ya no se trata de elecciones internas, sino de carácter nacional, con inversión publicitaria y nóminas que no resistirían la transparencia que se ha impuesto en las naciones de fortaleza institucional.

Arriba el clientelismo

Si algo quedó claramente establecido este año es que la política se ha convertido en una actividad puramente mercantil, con un alto componente clientelista que se nutre del Estado, a través del financiamiento directo y la corrupción. La convicción general es que cada vez hay menos diferencia entre los partidos, donde la lucha por llegar al poder o conservarlo no admite limitaciones éticas.

Las posiciones ideológicas y programáticas son irrelevantes, adornos para complacer las inquietudes de las minorías esclarecidas que reclaman programas durante las campañas. Pero si se llega al poder se justifica lo contrario. Es lo que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, que durante toda su vida, y hasta su programa de gobierno, postuló la reforma constitucional mediante asamblea constituyente electa al efecto, y la no reelección. Pero al ganar por primera vez la mayoría legislativa invirtió sus planteamientos.

Como resultado de los comicios de este año, el PLD logró constituirse en la fuerza política dominante, desplazando un PRD cuyos históricos planteamientos socialdemócratas solo perviven en una minoría de dirigentes y cuadros, mientras el poder del dinero y el tráfico avasalla. Mientras el Partido Reformista Social Cristiano seguía dando traspiés en el papel de comodín que le asignaron la mayoría de sus dirigentes.

Tan pronto consiguió el control total del Estado, las ardientes luchas internas que han emergido en el PLD parecen no dejar dudas de lo brutal que se ha tornado la actividad política y de lo mucho que amenaza la institucionalidad democrática nacional.-

MALEFICIO a mitad del gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

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 La reciente historia política dominicana permite alertar sobre la existencia de un maleficio que afecta a los gobiernos democráticos cuando llegan a la mitad del período constitucional, creyéndose predestinados para prolongarse en el poder, por lo que empiezan a actuar de espaldas a la opinión pública.

La advertencia viene a colación en vísperas del segundo año del actual gobierno por los traspiés en que ha incurrido recientemente en materia de contrataciones poco transparentes y su propensión a priorizar el debate sobre reformas constitucionales por encima de muchos asuntos que merecen concentrar la atención nacional.

Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el anterior del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tuvieron un desempeño exitoso en su primera mitad, a partir de la cual comenzaron su declive hasta terminar bajo fuertes cuestionamientos.

Notable mala racha

El gobierno del presidente Leonel Fernández ha tenido un desempeño bien ponderado por la ciudadanía en su primera mitad, lo que ha quedado de manifiesto en las encuestas y la opinión pública.

Sin embargo, los últimos contratos enviados al Congreso Nacional han empañado la imagen del gobierno, determinando que algunos analistas revivan el síndrome de la mitad del período, tomando en cuenta el historial de la regencia democrática del PRD y el PLD.

Los registros históricos muestran que al llegar a la mitad del período los gobiernos tienden a aumentar desproporcionadamente el gasto público, incurriendo en déficit, marcados especialmente por las elecciones “de medio término”, y a aumentar la percepción de corrupción.

Ha llamado la atención que al aproximarse a la mitad de su período el gobierno del presidente Leonel Fernández, que registró un déficit fiscal sobre 4 mil millones de pesos en los primeros 5 meses del año, enviara al Congreso dos proyectos con ribetes de corrupción y que reviviera el de la isla artificial que había sido desestimado tras masiva oposición de la opinión pública y la desintegración de varios de sus propulsores.

El contrato de 132.4 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional tuvo que ser suspendido, aún después de ser aprobado por el Congreso Nacional, tras demostrarse que violentaba los preceptos de concurso público y contenía escandalosas sobre valoraciones de precios, lo que la percepción general atribuye a corruptela.

Es más relevante que la empresa beneficiaria del contrato, The Sun Land Group Corporation ya estuvo involucrada en contrataciones del anterior gobierno perredeísta para equipos de las Fuerzas Armadas que también originaron descrédito.

Otro contrato, sin concurso público y de términos estimados onerosos, suscrito con la Empresa Nacional de Desarrollo (ENADE) fue desestimado por el Senado, dejando mal parado al gobierno que lo puso en vigencia ilegalmente desde finales del año pasado. Este traspasa a una empresa sin previa experiencia ni acreditación las facultades de la Dirección General de Bienes Nacionales para vender y cobrar inmuebles del Estado en cuantía multimillonaria, con comisiones de hasta un 15 por ciento que llegan a triplicar las del mercado inmobiliario.

El descalabro de Hipólito

Conviene recordar que el pasado gobierno, presidido por el agrónomo Hipólito Mejía llegó a las elecciones de medio término en situación tan buena que su partido ganó en 29 de las 31 provincias.

Entre enero y agosto del 2002 la inflación acumulaba apenas un 3.52 por ciento. Al 17 de julio los bancos compraban el dólar a 17.63 pesos lo vendían a 17.90, la gasolina regular se vendía, todavía en octubre, a 38.45 pesos y el gasoil a 24.08 el galón. La economía había crecido en el primer semestre al 5 por ciento.

Sin embargo, una encuesta de Penn & Shoen realizada a fines de agosto ya redujo al PRD al segundo lugar de las preferencias electorales, del cual no se ha recuperado todavía. Registró un 28 por ciento contra un 33 del PLD.

Aunque el gobierno acumulaba déficit fiscal todavía no registraba efectos visibles, lo que permite sostener que fueron el manejo político y las negociaciones turbias con ribetes de corrupción, lo que afectaron al partido de gobierno.

Inmediatamente después de los comicios la palabra presidencial quedó devaluada cuando la mayoría oficialista impuso una reforma constitucional a espaldas del resto de la sociedad, la política y la civil, simplemente para abrir las puertas de la reelección a un Hipólito Mejía que juraba que no aspiraba a la prolongación.

El 23 de Julio el Listín Diario informaba que el director del IAD Tomás Hernández Alberto, y el senador perredeista Mario Torres lanzaban en New Jersey, Estados Unidos, la repostulación del presidente Mejía.

El nuevo Senado, posesionado en agosto, con 29 de 32 escaños en manos del partido oficial, procedió de inmediato a elegir una Junta Central Electoral sin tomar en cuenta al resto de la sociedad, originando una crisis se prolongaría hasta diciembre cuando luego de una transacción con la oposición se reformó la ley electoral para separar las funciones ejecutivas y contenciosas de la JCE y ampliar a 9 el número de los jueces electorales para incluir dos propuestos por la oposición.

En septiembre el presidente Mejía anunció la eliminación del subsidio a la electricidad, lo que fue acompañado por un aumento del 40 por ciento en la tarifa energética, en medio de una de las periódicas crisis del servicio. La corrida del sector financiero comenzó a elevar la tasa de cambio, que en diciembre llegaría a 20 pesos por dólar, cuando el presidente firmó con el empresariado un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico” que quedaría en el papel. Después fue el desastre financiero y el descalabro político del régimen.

El precedente de Leonel

La decadencia del gobierno del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco también se registró a partir del medio término, desde la matanza del 24 de abril de 1984 que le hizo perder la brújula hasta terminar en medio de denuncias de corrupción, aunque con un saneamiento macroeconómico.

Pero el descalabro fue más claro en la segunda mitad del anterior gobierno del presidente Leonel Fernández, (1996-2000) que había navegado con tasas de crecimiento de alrededor del 7 por ciento y con estabilidad macroeconómica.

Fueron factores políticos los que produjeron su decadencia. Luego de la barrida electoral perredeista de mayo, el PLD con sólo 14 diputados y un senador se embarcó con legisladores reformistas y perredeistas salientes en un intento frustrado por reformar la Constitución para abrir paso a la reelección.

Con “incentivos a legisladores” que ya se iban se eligió en agosto una nueva Cámara de Cuentas y se aprobó una ley de carrera judicial que desconocía la inamovilidad de los jueces, a espaldas del resto de la sociedad. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil elevó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia, la cual produjo un duro revés al régimen al declarar inconstitucional la elección cada cuatro años de los jueces.

Instalado el nuevo Congreso de mayoría perredeísta, el gobierno “conquistó” a 9 diputados encabezados por Rafael Peguero Méndez para mantener a este al frente de la cámara baja, arrebatando la mayoría al PRD. Este a su vez respondió escogiendo una Junta Central Electoral a su conveniencia, lo que llevó al gobierno a suspenderle la entrega de su presupuesto, generando una crisis institucional que llegó a final del año.

Para enero ya se había montado el escenario para la militarización de la Liga Municipal Dominicana por parte del gobierno peledeísta, que en asamblea paralela desconoció la mayoría perredeista en los municipios.

Todas esas maniobras solo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández, cuyo partido reduciría en el 2000 a menos de la mitad los votos con que había ganado el poder cuatro años antes. Todavía no se ha llegado tan lejos, pero hay quienes consideran conveniente recordar el maleficio de la mitad del período.-

¿Por amor al arte?

En medio de estos escándalos el Consultor Jurídico del Gobierno envió una comunicación al Congreso la semana pasada reviviendo el polémico proyecto de la isla artificial a ser erigida frente al malecón de Santo Domingo, el cual había sido desestimado por el gobierno tras la generalizada oposición de la opinión pública.

Fue también relevante y reactivó el tufo de la corrupción, que la mayoría opositora perredeísta y reformista aprobara ese contrato y el de financiamiento internacional para el Metro de Santo Domingo en sesiones de urgencia celebradas a media noche en las dos cámaras legislativas.

La circunstancia de que los dos partidos mayoritarios se habían opuesto a esos contratos y que la dirección del PRD había instruido a sus legisladores para que los rechazaran, además de un malestar partidario, deja dudas sobre las motivaciones de esos votos, especialmente de los legisladores que concluyen su gestión el próximo mes, quienes debían dejar la aprobación al próximo congreso de mayoría gubernamental.

Para mayor desconcierto se registra el hecho de que antes y después de la aprobación del contrato para la isla artificial, voceros gubernamentales dijeron que el gobierno “no tiene interés” en el mismo, aunque fue reactivado por una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo. El resultado es que en la opinión pública queda una serie de cuestionamientos tanto a los legisladores de oposición como al gobierno y la sensación de que éste realiza un hipócrita doble juego.

Otro contrato poco transparente conocido a mediados del mes fue el que otorgó a Margarita Ruiz Gómez la realización del paisajismo de un parque en Santiago por la suma de 416 millones de pesos. Es la misma allegada a altos círculos gubernamentales que el año pasado estuvo envuelta en el escándalo por la multimillonaria decoración del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

El balance del 2001

Por Juan Bolívar Díaz

            La realización de importantes reformas sociales y tributarias durante mucho tiempo postergadas, especialmente la de seguridad social, y el mantenimiento de un relativo crecimiento con estabilidad macroeconómica son los mayores éxitos que puede anotarse el país en el año 2001.

            La persistencia de un clima de incertidumbre constitucional, de prácticas que favorecen la corrupción como la contratación y las compras de grado a grado, de las dificultades para redistribuir el ingreso y combatir la pobreza y el aumento de la delincuencia y las muertes a manos de agentes policiales, conforman el balance negativo.

              El marco internacional no pudo ser más frustratorio en este año en que el terrorismo y la guerra se impusieron sobre los anhelos de paz, y el precio del petróleo y la desaceleración, cuando no la recesión económica, gravitaron negativamente sobre la economía nacional, como en la generalidad de las naciones en vías de desarrollo.         

Adelantan las reformas

            El año comenzó con el paquete de reformas tributarias aprobadas en diciembre del 2000 que redujeron los aranceles a un máximo del 20 por ciento, compensado en la elevación de los impuestos selectivos al consumo, el alza del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (ITEBIS) y el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas netas como impuesto sobre la renta.

            Como quedaría patente meses más tarde, cuando entró en vigencia un nuevo sistema internacional de valoración aduanal, el país tenía años de retraso en la reducción arancelaria y todavía tendrá proseguirla para ponerse a tono con la globalización económica y los compromisos suscritos.

            Otras reformas aprobadas por el Congreso Nacional fueron las relativas al sistema nacional de salud y a la seguridad social, lográndose un consenso después de una década de discusiones sobre el particular.

            Los beneficios del nuevo sistema nacional de seguridad social, que garantiza cobertura médica al universo de la población y da inicio a un régimen de pensiones que combina la contribución individual con la solidaridad social, tardarán años en verse, si es que la sociedad dominicana es capaz de organizarlo debidamente. Pero este año se sembraron los cimientos.

            También se aprobó en este 2001 otra ley de larga discusión, la que trata de organizar la producción, transmisión y venta de electricidad, llamada a dar un impulso determinante a la lucha contra el flagelo nacional de los apagones, que tanto ha limitado el desarrollo nacional de las últimas décadas, penalizando a las micro, pequeñas y medianas empresas y restando competitividad a los sectores productivos.

            La ley que crea el Defensor del Pueblo pudo ser otro renglón positivo de este año, pero los afanes de los partidos políticos por acapararlo todo obstruyeron su ruta y restaron brillo a un año que pudo haber sido bien exitoso para el Poder Legislativo.

            La institución de las circunscripciones electorales con voto preferencial para la elección de los diputados es otro paso de avance institucional en este año, llamado a repercutir en un mejoramiento de la representación legislativa.

Incertidumbre constitucional

            El éxito legislativo quedó ensombrecido por el alto grado de incertidumbre derivado de los desorbitados esfuerzos de senadores y diputados por reformar la constitución a espaldas de la sociedad, pretendiendo autoprolongarse el mandato, bajo pretexto de unir las elecciones congresionales y municipales a celebrarse en mayo próximo con las presidenciales del 2004.

               A esos afanes se opusieron instituciones de la sociedad civil, lo que generó un largo enfrentamiento entre estas y legisladores, los cuales llegaron a proclamarse absolutamente independientes de los partidos y de la ciudadanía, negando la participación de los sectores organizados de la sociedad no partidista.

            Contradictoriamente, la rebelión legislativa abrió espacio para la concertación entre sectores de la sociedad civil, el liderazgo de los partidos y el Poder Ejecutivo. Fruto de ello fue la creación, en marzo, mediante decreto presidencial, de la Comisión Especial para recomendar la forma y el contenido de una reforma constitucional.

            Poco después del informe de esta comisión, se produjo una relampagueante negociación que culminó a fines de septiembre en la firma del Pacto para la Reforma Constitucional, una transacción que abre las puertas a la institución de la asamblea constituyente por elección popular, a cambio de que el actual Congreso haga otras tres reformas para eliminar los colegios electorales cerrados, reducir el porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta y formalizar los diputados ante el Parlamento Centroamericano.

            Aunque han persistido los esfuerzos legislativos por desconocer el pacto suscrito por los líderes de los tres partidos mayoritarios y el Presidente de la República, con el agregado para restablecer la reelección presidencial, la concertación de los políticos y la sociedad civil logró contener en gran medida los desbordamientos constitucionales.

Relativo crecimiento

            Aunque menor que los años anteriores, el que el país concluya el año con un crecimiento del producto bruto interno del 3 por ciento no deja de ser un éxito, significativo por cuanto duplica el crecimiento que registran los países desarrollados en un período de desaceleración y recesión económica.

            Esa tasa supera el crecimiento poblacional del país y es más significativa para una nación importadora total de petróleo cuando el precio del combustible se mantuvo en la mayor parte del período por encima de los 25 dólares el barril.

            El crecimiento pudo haber sido mayor sin los estallidos terroristas del 11 de septiembre y la guerra que les han seguido, con repercusiones significativas sobre el turismo, que ha disminuido en el país por primera vez desde el gran despegue de los años ochenta.

            Desde luego hay que considerar que esa tasa de crecimiento fue posible por la emisión de los bonos soberanos que aumentaron el endeudamiento externo en 500 millones de dólares, y por un acelerado endeudamiento de corto plazo, aunque los beneficios de éste apenas ha comenzado a recibirse.

            Pese a las reformas tributarias que generaron parálisis en la primera mitad del año, las autoridades monetarias han mantenido controles sobre el gasto fiscal, aunque con exceso de gasto corriente, logrando concluir el año con inflación por debajo del 5 por ciento, y con estabilidad cambiaria.

            El gobierno logró incrementar los ingresos fiscales en un 21 por ciento, pero fracasó en implementar una política efectiva de combate a la pobreza. El pregonado paquete social ofertado por el presidente Hipólito Mejía para compensar el incremento impositivo, no ha podido materializarse, mientras el gobierno elevaba desproporcionadamente el gasto corriente.

            La elevación del empleo en el Estado es el camino escogido para compensar, restringiéndolo a los partidarios políticos, especialmente a los que se fajaron en la campaña. La desproporción fue tan grande que hasta en las fuerzas armadas los efectivos se incrementaron en unos 7 mil miembros, hasta llegar a la astronómica cifra de 40 mil.

Poca transparencia

            El desafío nacional de combatir y reducir la corrupción, previniéndola y sancionándola, quedó corto una vez más y el gobierno perdió moral para sustentar los procesos abiertos contra autoridades del gobierno anterior.

            La falta de transparencia en el endeudamiento externo con empresas de fachada, con suministros amarrados, la falta de concursos para la asignación de obras y para las compras estatales, siguieron configurando un marco propicio a la corrupción administrativa.

            A comienzos del año el gobierno enfrentó denuncias de tráfico en Bienes Nacionales, lo que llevó a la cárcel a cuatro funcionarios, lo que no deja de ser un precedente, pero luego ha sido muy lento en responder a denuncias de corrupción tan concretas como las que se formularon sobre el subsidio al gas propano.

            El departamento anticorrupción de la Procuraduría General de la República ensayó algunos esfuerzos preventivos, pero ni desde el poder Ejecutivo ni en el Legislativo se sintió empeño alguno por concretar el paquete de proyectos de leyes radicados en el Congreso para mejorar los mecanismos de combate al abuso de los bienes públicos.

            Los proyectos pendientes persiguen la autonomía de la Contraloría General de la República, instituir una fiscalía anticorrupción, hacer más efectiva la ley sobre declaración de bienes de los funcionarios y establecer nuevas y más efectivas normas para las compras y contratas del Estado.

            Si bien se adelantó en el proceso por la malversación de fondos por más de mil 400 millones de pesos en el llamado Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) del pasado gobierno, la justicia sigue siendo excesivamente lenta en esta y otras materias. Mientras las autoridades investigativas fallaron o no tuvieron éxito en el esclarecimiento de otros expedientes.

            En resumen, el año no ha sido fructífero en la respuesta al desafío de la corrupción que afecta el cuerpo social dominicano.

            Finalmente, el período registra un incremento en la tasa de delincuencia, cuyas causas debe buscarse en la falta de mecanismos efectivos de prevención, en una deficiente policía que al parecer sólo sabe responder a balazos, en la masificación de la pobreza, y en el efecto demostración que tiene por un lado la concentración de la riqueza y por otro la impunidad de la corrupción.

            La respuesta policial de más de 200 muertos, muchos de ellos realmente ejecutados, entre los que había delincuentes reales y supuestos, así como algunos inocentes, siguió siendo un gran desafío a la conciencia nacional y mantiene el país en el mapa de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.-

 

Discurso presidencial esperanzador

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Hipólito Mejía impactó positivamente esta semana con su discurso del martes, en el que asumió el papel de estadista en tiempos de crisis y formuló un llamado a la unidad para enfrentar los problemas del país, agravados por la crisis internacional.

            Al mismo tiempo el gobierno anunció planes de contingencia para atender al turismo, afectado por la crisis internacional, para mantener el esfuerzo por sostener los niveles de inversión extranjera y garantizar un adecuado suministro de combustibles en caso de mayores complicaciones mundiales.

            Esos elementos positivos contrastaron con la persistencia en mantener la incertidumbre en torno a las reformas constitucionales, sin que nadie haya podido entender las razones por las que no se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional en consonancia con el pacto firmado la semana pasada por los partidos mayoritarios y el propio Presidente de la República.

Discurso esperanzador

            El discurso con que anunció los planes para su segundo año de gobierno, fue el mejor de los pronunciados por el primer mandatario. En el mismo asumió el papel de estadista y de líder nacional que se le había reclamado en vez de sus frecuentes recriminaciones.

            Fue conciliador y reflexivo, convocando a la unidad de propósitos, a combatir el pesimismo y la frustración, y a renovar la confianza en el futuro de la nación, colocándose más allá de la política partidista.

            Al mismo tiempo, el presidente Mejía esbozó un programa de inversiones destinado a reactivar la economía nacional y a prevenir los efectos dañinos de la crisis internacional, poniendo como primer objetivo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de la nación.

            “Nos encontramos en un momento de reflexión y lo primero que quiero pedirles es que nos unamos ante los nuevos retos que se avecinan. Les hago un llamado sincero a todos los dominicanos sin importar sus inclinaciones o simpatías políticas, para que dejemos de lado los combates en el frente político”, planteó, tras señalar los riesgos que presenta el panorama internacional.

            El acierto del discurso presidencial quedó de manifiesto en las reacciones que produjo en la oposición política, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, y de la opinión pública en general, que lo consideraron positivo.

            Resaltó el compromiso presidencial con el buen uso de los 500 millones de dólares de los bonos soberanos, planteando que “he asumido personalmente el control de estos recursos confiando en que la Comisión creada en la propia Ley de Bonos asuma su función asesora para garantizar que cada dólar invertido tenga un retorno mayor a su costo financiero”.

El gran reto actual

            No pasó desapercibido que mientras el Presidente dirigía su mensaje gran parte del país no podía seguirlo, pues el servicio energético estaba nuevamente en los niveles más críticos con gran parte de las plantas apagadas por acumulación de deudas.

            El gobierno anunció que había cerrado el crédito de mil 400 millones de pesos para pagar las deudas con el sector energético.

            La restauración del servicio de energía, a niveles razonables, es el gran reto inmediato del gobierno que volvió a enfrentar esta semana significativas protestas, con brotes de violencia en barrios y poblaciones, profundamente afectados por prolongados apagones, especialmente en la capital y el Cibao Central.

            Tanto del discurso presidencial, como de la reunión con el sector turístico, al que destinó mayores recursos para promoción, y del anuncio del equipo económico sobre las previsiones ante la posibilidad de una mayor complicación de la crisis internacional, se infiere una actitud correcta del gobierno.

            Ello le confiere fuerza moral para reclamar a los médicos que conduzcan con racionalidad sus demandas reivindicativas y afecten lo menos posible los servicios a la población más necesitada, que volvieron a ser interrumpidos esta semana.

            “La base para todo esto es generar confianza. La palabra clave es confianza. Esa confianza en la economía dominicana se acrecienta y se hace cada día más sólida en todo el mundo”, proclamó el presidente Mejía al finalizar su alocución.

            Justamente es lo que se ha venido reclamando al gobierno, al presidente Mejía y a su partido para que se canalicen mejor las energías y disminuyan las garatas y enfrentamientos infructíferos. En esa materia la iniciativa corresponde siempre a los gobernantes, que deben ser los más interesados en un clima que facilite la gobernabilidad, convocando persistentemente a la colaboración.

            Ese clima positivo es necesario para que no se adelanten demasiado las contradicciones que conllevan las campañas electorales. Los perredeistas deberían tener presente que una de las deficiencias del gobierno anterior fue precisamente su poca habilidad para conciliar con sus opositores, lo que mantuvo al país en una permanente confrontación y al final se revirtió en contra del partido gobernante.

Actitud contradictoria

            El accionar gubernamental de esta semana se corresponde con el pacto firmado por el presidente Mejía y su partido la semana anterior para limitar la reforma constitucional a 4 elementos de amplio consenso, dejando a una futura asamblea constituyente el abordar una revisión de fondo de la carta magna.

            Sin embargo, la actitud de una parte de los legisladores perredeístas que han desafiado el pacto tripartito resta impacto al mismo y a las iniciativas gubernamentales, manteniendo cierto nivel de incertidumbre que conspira contra el clima de colaboración y la unidad de propósitos formulada por el primer mandatario.

            Pero la persistencia de algunos legisladores en imponer reformas sin consenso pudo haber pasado como simples resabios o pataleos, de no haber contado con una incomprensible incoherencia en los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso.

            Nadie ha podido entender por cuál razón no se envió al Congreso el proyecto de ley convocando la asamblea nacional en concordancia con el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía.

            Lo que se entregó al Congreso fueron los proyectos elaborados por la Comisión Especial creada en marzo por decreto presidencial para que recomendara reformas a la Constitución. Uno estaba destinado a la convocatoria de la Asamblea Nacional sólo para instituir la constituyente. El otro es el paquete completo de nueva Constitución que deberá ser materia fundamental para los constituyentes a ser electos en mayo próximo.

            Al finalizar la semana se estaba a la espera de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto que convoca la Asamblea Nacional tan solo para conocer las cuatro reformas acordadas en el Pacto suscrito el 27 de septiembre.

            El Partido Revolucionario Dominicano sigue dando muestras de falta de unidad y disciplina. Es inconcebible que 11 de sus 24 senadores hayan formalizado un proyecto de reforma constitucional que desafía el pactado por el presidente de su partido y el Presidente de la República apenas 5 días antes.

            Y mientras el presidente del PRD, Hatuey de Camps, reunía a legisladores para persuadirlos de que acogieran el pacto fruto de un amplio consenso nacional, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, insistía en proclamar la independencia del Congreso frente a lo pactado.

            No han faltado quienes encuentren explicaciones a estas incoherencias en las luchas intrapartidarias que a menudo desconocen la responsabilidad implícita en el ejercicio del poder, superiores a la de los opositores.

             Y no es que se pretenda poner una mordaza a la disensión, pero tampoco se justifica que se le estimule con ambiguedades como la de haber sometido el pacto sin el proyecto de ley que lo canalizaría, entregado por el mediador, Monseñor Agripino Núñez Collado. Fue elaborado por los abogados Ramón Tapia Espinal y Milton Ray Guevara, conjuntamente con el texto del pacto.

Maniobra inútil

            Por demás, la introducción del proyecto de reforma del senador perredeista Darío Gómez es una maniobra inútil, que sólo sirve para mantener la incertidumbre, pero con muy remotas posibilidades de concretarse.

            Si antes del pacto tripartito había pocas posibilidades de que los perredeístas impusieran una reforma constitucional, luego del mismo es casi imposible. Primero porque ahora sí que resultará difícil reunir dos tercios de la Asamblea Nacional para aprobar otra cosa que no sea la pactada, que además tiene pleno respaldo de las instituciones sociales y la opinión pública en general.

            Una cosa es que lo pactado no alcance los dos tercios y otra que pueda conseguirse esa proporción para pasarle por encima al liderazgo político mayoritario y al propio Presidente de la República. En última instancia la alternativa a lo pactado es que no se haga ninguna reforma.

            En caso de darse ese absurdo, quedaría al desnudo una crisis política, por doblez de los firmantes o por falta de influjo en sus propios partidos.

            La generalidad de los análisis conducen a que el pacto se concretará, pero sin descartar que algunos persistan hasta el final en torpedearlo, lo que sería una simple repetición de los intentos de reformas constitucionales del anterior Congreso, estimulados también por las incoherencias partidarias y gubernamentales.

            Esas dicotomías sólo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández y el PLD, para mantener un clima de confrontación y perder el tiempo. Al final tuvieron su costo político.-

Nuevo enfrentamiento PLD-PRD. Uso irregular de fondos

Por Juan Bolívar Díaz

            La convocatoria a interrogatorio del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de los que fueron sus más altos funcionarios para ser interrogados sobre el uso de fondos públicos por más de 1,427 millones de pesos ha llevado a términos dramáticos el viejo enfrentamiento entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) con graves repercusiones en el futuro inmediato.

            Para la generalidad de los observadores la forma en que se ha planteado la investigación deja suficientes razones para deducir una ofensiva política contra los peledeístas, factor que estos han aprovechado para pretender descalificar cualquier indagatoria de sus acciones.

            Más allá de la intencionalidad, la auditoría en que se fundamenta la investigación contiene graves irregularidades, no solo de procedimientos, sino también sobre el manejo mismo de grandes sumas de dinero, que ameritan esclarecimiento y posiblemente la acción judicial contra quienes puedan resultar responsables.

Destape tremendista

La información publicada el 1 de septiembre sobre la cita al ex-presidente y sus colaboradores para ser interrogados sobre una cuenta de dudosa legitimidad que manejó 1,427 millones 636 mil 454 pesos en los últimos 7 meses y medio del pasado gobierno, creó un enorme revuelo y generó reacciones dramáticas de los afectados.

Ya al día siguiente Leonel Fernández y los demás convocados se presentaron en la televisión para rechazar en términos duros las imputaciones, declarándose víctimas de persecución política, al grado de haber hablado de disposición a morir en el enfrentamiento, y de una grave crisis que podría desestabilizar la democracia.

Los convocados anunciaban que no acatarían la invitación a ser interrogados, restándole facultad al Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República (DEPRECO) para esa diligencia judicial, que a su juicio corresponde exclusivamente al fiscal de la jurisdicción y al juez de instrucción.

Por más que sectores preocupados por la próxima elección de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia advirtieran que la acción podría tener como objetivo desviar la atención de la opinión pública, el asunto copó la atención nacional, a lo que contribuyó la dramática respuesta.

La ofensiva sorprendió a la opinión pública que ya daba por olvidados los propósitos gubernamentales de sancionar la corrupción. Se le restó credibilidad a las autoridades, amparando en parte los alegatos peledeístas de intención de descrédito y linchamiento moral. Sobre todo cuando se supo que la auditoría estaba en manos de las autoridades judiciales desde diciembre pasado.

El número de los invitados para iniciar las indagatorias y la circunstancia de que se incluyera al propio ex-presidente Fernández, que no fue convocado al DEPRECO ni siquiera cuando se investigó el grueso expediente de corrupción del Programa de Empleo Mínimo de Emergencia (PEME), contribuyó al tremendismo, las suspicacias e incertidumbres.

Aunque no se lo propusieran expresamente, las autoridades lograron producir un escándalo, con la colaboración de los peledeístas, cuya estrategia es considerar persecución política toda denuncia de irregularidades y corrupción durante su gobierno.

El cuadro se complicó considerablemente cuando el Presidente de la República, Hipólito Mejía, anunció que esta vez había dado luz verde a las autoridades del ministerio público para que investigaran a quien fuese necesario, lo que implicó un cambio radical en su tratamiento al ex-presidente Fernández.

Mejía había dicho muchas veces que los ex-presidentes debían ser dejados al margen de las investigaciones judiciales, que merecían esa consideración. En ocasiones fue más directo proclamando que “a Leonel no me lo toquen”. Y cuando este fue convocado por la juez que instruye el expediente del PEME. Mejía declaró que si hubiese sido él no hubiese acudido a la cita, dando un pésimo ejemplo a la nación.

Tal vez esa consideración y la escasa credibilidad en el combate a la corrupción por parte del gobierno, alentaron el dramático desafío del doctor Fernández al ministerio público.

Terrible equivocación

           Cuando creó el DEPRECO, mediante su decreto 322-97, del 24 de julio de 1997, el presidente Leonel Fernández no estaba pensando que podría ser utilizado contra él mismo y que se vería en la circunstancia de discutirle las facultades que le otorgó.

            La lectura del decreto no deja la más mínima duda. Su artículo1 instituye que esta dependencia de la Procuraduría General de la República sería “especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana”.

            En la letra c) del artículo 3 se le encarga, más específicamente, “Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noticias, a través de cualquier medio como a través de los medios propios que la Procuraduría General de la República establezca para ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y programas radiales especializados, así como ventanillas anti-corrupción en todas las fiscalías del país”.

            La letra e) del mismo artículo lo faculta a “Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que considere pertinente”. La Letra f): “Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de análisis, investigación y envío a la justicia de todos los expedientes sobre hechos de corrupción…”

Si esas facultades no son suficientes, la contenida en la letra i) del mismo artículo 3 parece mortal: “Realizar los operativos que estime necesarios, con el propósito de obtener los elementos probatorios, documentales o de cualquier otro tipo, en torno a los hechos de corrupción de que tenga noticias”.

Para cerrar, el artículo 5, “Ordena al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, al Jefe de la Policía Nacional, al Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) Y al Contralor General de la República, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos de este Departamento”.

Tal vez en cumplimiento de este mandato fue que el presidente Mejía reunió la noche del lunes a los titulares de todos estos organismos, con el director del DEPRECO en el Palacio Nacional, en lo que fue visto como una expresión del drama en que se estaba convirtiendo el nuevo enfrentamiento.

Fuertes denuncias

            Más allá de la intencionalidad política de la nueva ofensiva gubernamental, que indudablemente la comporta, la auditoría sobre la cuenta especial para “Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias en todo el País”, contiene fuertes denuncias de irregularidades de procedimiento y en la administración de parte de los fondos.

            No es cierto que los cargos sean sólo de asuntos de procedimiento, por cierto aún estos para nada desdeñables, puesto que algunos suponen una grave ofensa a la institucionalidad y la modernización de la gestión pública que tanto pregonó el gobierno de Fernández.

            Y es que, precisamente, la creación de ese fondo, al final del gobierno, estaba destinado a brincarse todos los mecanismos de control contenidos en las leyes de Presupuesto, de la Tesorería y de Contabilidad, concentrando en poquísimas manos el manejo de unos 200 millones de pesos mensuales.

            Tanto la recolección de los 1,427.6 millones de pesos como sus desembolsos se hicieron con desprecio al ordenamiento jurídico e institucional del Estado, facilitando la posibilidad de distracción de los fondos públicos.

            Se citan transferencias irregulares a esa cuenta en contradicción con la ley Orgánica de Presupuesto, cancelación de certificados financieros de instituciones oficiales y organismos estatales descentralizados y autónomos. También endosos irregulares de cheques y firmas de estos con simples sellos gomígrafos. Y que de 33 obras ejecutadas por Obras Públicas con parte de estos fondos, sólo 7 tenían contrato y 9 presupuestos.

            La auditoría señala desembolsos (uno de 27 millones de pesos a la secretaría de Educación) utilizados en actividades diferentes a las asignadas. Y 151 millones 952 mil pesos en desembolsos a varias instituciones “sin conocerse su destino”.

            Un caso relevante es el de un paso a desnivel que uniría la autopista Las Américas con el Parque Cibernético. Aunque el presupuesto y contrato señalaban un costo de 38.9 millones de pesos, se le entregaron a la secretaría de Obras Públicas 50 millones y esta desembolsó a los contratistas 20 millones de pesos, “de los cuales no existen evidencias documentarias de que estos trabajos se iniciaron acorde con lo que especifica el libramiento”.

            Se trata de denuncias graves, de sumas considerables, que requieren aclaración, como ya hizo el ex-presidente Fernández con el aspecto de que se contrató un préstamo de 480 millones de pesos con el Banco de Reservas y sólo se depositaron en la cuenta especial 535 millones. Porque los restantes 45 millones de pesos no fueron desembolsados por el banco.

            Mientras tanto, el dilema del gobierno es permitir que desafíen la autoridad creada hasta por los propios desafiantes, o hacerlas valer. Sin duda hay un récord de interrogatorios, y hasta allanamientos realizados por el DEPRECO durante la gestión de Fernández, resaltando la investigación sobre el tráfico de terrenos en Bahía de las Aguilas, irregularidades en la OMSA, en el Instituto Agrario y el Banco Agrícola.

            Por igual la Procuraduría General ha realizado investigaciones en las denuncias contra el ex-presidente Salvador Jorge Blanco, sobre el fraude a los organismos recaudadores de impuestos en 1990, en el caso Hidro-Quebec Sofati y muchos otros.

            Pero la dramática reacción de los convocados ha llevado el enfrentamiento a términos peligrosos. Por de pronto, el Procurador General reaccionó con la sensatez y la prudencia que le caracterizan, mientras anunciaban que volverían a citar a los que se nieguen a comparecer a los interrogatorios. El siguiente paso es difícil de vaticinar.

 

Escándalo con los cupones del gas

Por Juan Bolívar Díaz

            El fraude con los cupones de subsidio al gas propano destinado a las familias de menores ingresos fue una guerra avisada que no ha sorprendido a nadie pero cuyo monto, que según fuentes gubernamentales podría ascender a varios cientos de millones de pesos, constituye un verdadero escándalo.

            Las investigaciones, aún en la etapa inicial, deberán culminar con el procesamiento de los responsables si el gobierno no quiere quedar definitivamente infectado por el cáncer de la corrupción, que ya ha asomado su cabeza en distintas áreas de la administración pública.

            Para reponer la credibilidad en los reiterados propósitos de combatir la apropiación ilegal de los recursos del Estado el gobierno tendrá que abocarse en breve plazo a ejecutar las prometidas reformas institucionales para prevenir el mal y sancionarlo con mayor severidad.

Una guerra avisada

            Desde que se anunció en enero el establecimiento de un sistema de cupones para compensar el alza del gas propano a los hogares más pobres se advirtió que no habría mecanismo eficiente para evitar que se convirtiera en una nueva fuente de corrupción.

            Pocas semanas después de iniciado el sistema ya comenzaron las denuncias de irregularidades. Cuando el gobierno revocó el aumento al costo del gas propano se pensó que los cupones desaparecerían e incluso la opinión pública se olvidó del asunto.

            Ya en mayo el escándalo estaba montado, razón por la cual el Presidente Hipólito Mejía traspasó la administración de los cupones al llamado gabinete social. Algunos controles puestos en práctica evidenciaron la sobreestimación del subsidio y comenzaron las investigaciones que la semana pasada arrojaron el escándalo.

            En principio se habló de unos 40 millones de pesos, pero ya el jueves el director del Departamento Nacional de Investigaciones dijo públicamente que el fraude montaba a los 120 millones de pesos. Pero fuentes gubernamentales han confiado que podría oscilar entre 300 y 400 millones de pesos.

            Aún los 120 millones denunciados constituyen una cifra suficiente para montar un gran escándalo y obligar al gobierno a dar satisfacciones y establecer responsabilidades. Angel Lockward, hasta finales de junio titular de la secretaría de Industria y Comercio, ha defendido a los funcionarios que manejaban los cupones.

            Las informaciones publicadas implican a varias empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo, pero nadie puede creer que pudieran burlar al gobierno sin la complicidad por comisión u omisión de los administradores públicos.

            De cualquier forma el asunto repercute sobre el crédito del gobierno que desestimó las advertencias generalizadas de la opinión pública cuando se inició el programa y no pudo crear controles eficientes. La circunstancia de que la denuncia proviniera del mismo gobierno, amortigua el golpe, pero no borra responsabilidades.

Abundan ya las denuncias

            El asunto ha tenido más impacto ya que se conoció cuando se debatía la denuncia de Nuria Piera sobre un manejo por lo menos poco transparente de cheques por 4 millones de pesos en el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

            El titular de ese organismo, Juan Vargas, tiene fama de persona honrada, pero al menos incurrió en la desaprensión de emitir cheques de hasta un millón de pesos a nombre de personal subalterno para hacerlos efectivo a fin de usarlo en asistencia social. En sistemas contables ese recurso es aceptado por sumas menores, como las que se manejan en las cajas chicas.

            Con anterioridad el gobierno fue impactado con las ventas de solares a precios de vaca muerta por parte de la dirección de Bienes Nacionales, lo que llevó a la justicia a su titular y otros 3 funcionarios.

            Otras denuncias, aún no comprobadas, han saltado a los medios de comunicación, relativas a gestiones en el Banco Agrícola y en el programa de suministro de medicamentos.

La falta de transparencia y las denuncias han afectado gravemente el plan de renovación de vehículos denominado Renove, obligando al presidente a traspasar la responsabilidad del mismo al secretario administrativo de la Presidencia.

En este último caso se ha establecido una diferencia, aún no explicada, de casi 6 millones de dólares entre los 35 millones de dólares en que la fábrica de vehículos Hyundai ha dicho que vendió una partida de vehículos al Estado Dominicano, y una orden de compra por más de 40 millones de dólares emitida en favor de una firma intermediaria desconocida.

            El monto del plan Renove, que se ha llegado a estimar hasta en 150 millones de dólares ha tenido también generalizado rechazo en la opinión pública, dado los numerosos precedentes de dinero perdido en el financiamiento de vehículos para el transporte, el último de los cuales se ejecutó en el pasado gobierno y el Estado ha tenido que asumir costos millonarios. Fue uno de los malos negocios que hizo el desaparecido Banco Gerencial y Fiduciario, con garantías del Estado.

Palabras, solo palabras        

            Tanto el presidente Mejía como su partido formularon innumerables promesas de transparencia y control de la corrupción en la campaña electoral y todavía esta misma semana, poco antes de que el mandatario partiera en viaje de 8 días por América del Sur.

            En la oposición fueron contundentes en condenar las contrataciones de obras públicas y las compras de grado a grado, la factura consular y otros mecanismos al amparo de los cuales se distraen enormes sumas del erario público. Hasta el momento todo está quedando en palabras, solo palabras.

            Todavía en diciembre pasado el mandatario prometía que desde enero quedaría suspendida la práctica de la contratación grado a grado. Y después de eso es que se han firmado contratos con bancos extranjeros por cientos de millones de dólares atados a construcciones y suministros, sin ningún género de concursos.

            Durante la cena de gala de la Cámara Americana de Comercio, a principios de diciembre pasado, el presidente Mejía abordó ampliamente el tema de la corrupción, planteando que “tiene un impacto social al reducir la capacidad de los gobiernos de invertir en servicios y programas de desarrollo humano imprescindibles para sacar el estado de pobreza a cientos de familias”.

            Reiteró entonces su compromiso de impulsar “verdaderas reformas institucionales que les garantizarán a los ciudadanos un Estado eficiente, confiable y transparente”. Se refirió concretamente a la reforma de la ley de presupuesto, autonomía para la Contraloría General de la República y vigilancia de la sociedad civil.

            La institucionalización es tan débil aún que la dirección del DNI, en lugar del ministerio público, es quien ha cuantificado el fraude con los cupones del gas propano. Aunque la Contraloría General participa activamente en las investigaciones.

Plataforma anticorrupción

            El gobierno llegó a dar algunos pasos en la creación de una plataforma básica para prevenir la malversación, enviando al congreso proyectos de leyes para crear una fiscalía nacional contra la corrupción, para hacer más efectiva la ley sobre declaración jurada de bienes, para fortalecer la Contraloría General y para eliminar la factura consular.

            En el Congreso reposan también proyectos, algunos desde el pasado gobierno, para modificar la ley de presupuesto y gastos públicos, para actualizar la ley de concursos y compras y para otorgar independencia al ministerio público.

            Casi todos esos proyectos, hasta ahora frustrados, más un proyecto de ley sobre libre acceso a la información, sometido por el senador José A. Najri, y otro destinado a endurecer las penas por el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito forman parte de una “Plataforma Anticorrupción” proclamada en febrero pasado por decenas de ciudadanos y ciudadanas a instancias de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Numerosas organizaciones sociales se comprometieron también a impulsarla.

            Las circunstancias demandan un impulso de esos proyectos por parte del gobierno, que debe instar fuertemente al Congreso, dominado por el partido oficial, a convertir en ley los ya sometidos y completar la plataforma con los que están pendientes de elaboración.

            El Partido Revolucionario Dominicano está obligado a pasar de las palabras a los hechos, o cargará nuevamente con el estigma de la corrupción. No se puede olvidar que la última encuesta Hamilton para Hoy arrojó que un 75 por ciento de la población cree que ya hay corrupción en un gobierno que apenas cumplió su primer año.

            Muchos legisladores no muestran el mínimo interés en la plataforma contra la corrupción y por la transparencia. Ellos también buscan sus cuotas, en los manejos presupuestarios, persiguiendo y obteniendo contratos de obras públicas, a haciendo de intermediarios para compras estatales.

            La batalla contra la corrupción está lejos de ser ganada en esta sociedad, como en la mayoría de los países de débil base institucional. Mientras tanto ese mal seguirá siendo el principal motivo de desprestigio de los partidos políticos y los gobernantes.

             Su combate efectivo podría ser una gran plataforma para los nuevos liderazgos que requiere la nación dominicana, en tanto también aumentaría los recursos destinados a pagar la enorme deuda social con la mitad de la población que vive en la pobreza. Y a satisfacer a los sectores más preocupados por la transparencia, la eficiencia y la honradez.-

 

                                              

El gobierno de Mejía en picada…

Por Juan Bolívar Díaz

            El desgaste en que se advierte al gobierno del presidente Hipólito Mejía es tan grande que cada día parece más necesario un relanzamiento para lo cual tendrán que implementar un equipo de estrategias políticas, económicas y sociales.

            Por de pronto parece fundamental que comiencen a implementar verdaderas soluciones a la crisis energética que se está comiendo a la carrera la popularidad del gobierno perredeista, especialmente después del decreto del primero de julio que pretendió prohibir los apagones financieros.

Lo más grave es que ni en el gobierno ni en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) parecen registrar la creciente inconformidad con su gestión y se dan el lujo de operativos como el del lunes 16 que generó caos a nombre de la búsqueda de armas de fuego, como si estuviéramos en un estado de sitio.

Poco crédito a Hipólito

            Al gobierno se le acusa en todos los cenáculos de improvisación, lo que se atribuye al carácter espontáneo de su principal ejecutivo. En la clase media alta y en los círculos de poder, a través de los usuarios del internet y por todos los medios de comunicación se difunde una imagen de un presidente incapaz e irreverente, que rompe todos los esquemas de la formalidad.

            Obviamente que hay una gran exageración que recuerda los tiempos del presidente Antonio Guzmán, a quien algunos llegaron a presentar como sinónimo de bruto. Los chistes de mal gusto proliferaron y estamentos sociales se divirtieron en grande a su costa. Después de muerto las encuestas lo han presentado como uno de los mejores mandatarios que ha tenido la nación.

            Hipólito Mejía, al igual que Guzmán, recibió el gobierno en circunstancias muy desfavorables, con recesión internacional y decrecimiento nacional, con déficit fiscal de 8 mil millones de pesos y el petróleo rondando los 30 dólares el barril, el nivel más alto precisamente desde los ocho años de gobiernos perredeistas.

            En adición estaba obligado a afrontar el desmonte arancelario y las reformas fiscales que conllevan los nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que a mediano plazo pueden implicar beneficios adicionales, pero que en lo inmediato comportan limitaciones y reajustes.

            Pero el gobierno ha tenido muy poco éxito en difundir las limitaciones heredadas y los pesos muertos impuestos por la globalización económica en período de recesión para las grandes economías, como la de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. El crecimiento ha seguido en picada, en un proceso que se inició el año pasado. Pero ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, ahorrándole al país los traumas de los déficits, las devaluaciones y la inflación.

            Ni siquiera ha logrado crédito por la abundante producción agropecuaria que ha registrado tasas negativas de inflación (del 0.56 en junio), contrariando los vaticinios de principio de año, cuando los comerciantes se lanzaron en una desenfrenada carrera de alzas de precios, más allá de lo justificado por las reformas fiscales. Cerrada la primera mitad del año la inflación es apenas del 2.53 por ciento, según la última medición del Banco Central.

Estancamiento económico

            El principal problema objetivo que tiene por delante el gobierno es superar el estancamiento económico que se registra en la primera mitad del año. Aunque los ingresos fiscales andan por encima del 20 por ciento en relación al mismo período del año pasado, los subsidios a la energía y al gas propano y el elevado gasto corriente han disminuido la inversión.

            El gobierno ha pecado de excesiva complacencia con los que “se fajaron en la campaña”, cifrando sus esperanzas de reactivación en un desproporcionado endeudamiento de corto plazo, a través de préstamos atados con suplidores, sin concurso y con elevadas comisiones a intermediarios, que contradicen sus promesas de transparencia.

            Aunque una parte de los préstamos aprobados por el Congreso Nacional, ascendentes a 586 millones de dólares en lo que va de este gobierno, fueron contratados por el régimen anterior, en su carpeta hay otra cantidad similar, aparte de los 500 millones de dólares en bonos soberanos ya aprobados por el Senado y pendientes en la Cámara de Diputados.

            Como ejemplo de poca transparencia se cita la orden de compra de la primera partida del plan Renove para la adquisición de automóviles, autobuses y hasta camiones por más de 40 millones de dólares, casi 6 millones por encima de la cotización de la empresa fabricante, comisión destinada a un intermediario injustificado.

            Factores externos, como las extremas dificultades de Argentina para cumplir sus compromisos financieros internacionales, podrían entorpecer el plan de los bonos y dilatar la obtención de esos recursos en los que el gobierno cifra la reactivación de la inversión pública.

            El crédito del gobierno ha caído también por no haber podido poner en marcha el programa de compensación social que se anunció a raíz de las reformas fiscales con que comenzó el año.

            Aunque el decrecimiento económico es consecuencia de factores externos y de la herencia recibida, se le carga al pasivo del gobierno, en un ambiente caracterizado por la subjetividad de la opinión pública, pésimamente manejada por las autoridades, especialmente por el primer mandatario, quien se ha peleado de manera infortunada con los dirctores de la mitad de los periódicos y revistas influyentes.

            Aunque algunos observadores registran que en lo que va de julio, el presidente Mejía ha reducido notablemente sus declaraciones improvisadas y las confrontaciones con sus contradictores políticos o con los informadores públicos. Igualmente se han reducido en las últimas semanas las muertes a manos de agentes policiales, especialmente después de los graves incidentes de Capotillo en junio pasado.

Hipólito se electrocuta

            Aunque los problemas energéticos son una herencia fatal, el manejo de los mismos ha sido negativamente percibido por la población. Los apagones han sido la principal causa de las protestas populares.

            El asunto es que Hipólito Mejía creó expectativas de que solucionaría el problema energético. Resuenan aún sus demandas al pasado gobierno para que pagara a generadores y distribuidores de electricidad. No ha cumplido y los apagones han amargado la vida de la población dominicana en todos sus estamentos.

            Las amenazas de elevar las tarifas y las dificultades para promover un efectivo programa de cobros a la mitad de los usuarios que no pagan el servicio, mantienen un círculo vicioso que se traduce en los llamados apagones financieros, a causa de que los generadores paran sus plantas y los distribuidores castigan más duramente a los barrios populares, donde el cobro es mínimo.

            El gobierno no ha tenido éxito en lograr una renegociación de los contratos, tarea dificultosa y lenta cuyos efectos positivos no pueden conseguirse en el corto plazo. Un nuevo programa de pagos ha sido acordado para atender una deuda de 2 mil millones de pesos con los suplidores tradicionales y de varios cientos con las empresas generadoras capitalizadas. Las autoridades tendrán que hacer los máximos sacrificios para cumplirlo y así conjurar la principal fuente de inconformidad.

            El descrédito en esta materia alcanzó su mayor cota con el decreto 709 del primero de julio que prohibía los apagones que no fueran derivados de averías o falta de generación. Se llegó a decir que el gobierno asumió el control de los mandos de las distribuidoras, pero el servicio siguió de mal en peor. Incluso con amenazas de suspender el servicio hasta al Palacio Nacional.

Absurdo operativo  

            Pero el colmo del desacierto gubernamental y de la improvisación fue el operativo de búsqueda de armas con que se inició la segunda mitad de julio, deteniendo el tráfico vehicular en la mañana del lunes 16 en gran parte de la capital y de las principales ciudades del país.

            Tal operativo afectó casi todas las actividades, sembró el caos en las ciudades y proyectó una imagen desproporcionada de inseguridad pública y delincuencia desbordada. El resultado inmediato fue el grito generalizado contra el gobierno y la puesta en circulación de los más absurdos rumores.

            Obviamente que los estrategas gubernamentales, si en realidad los hay, no calcularon el daño que sufre una nación que vive del turismo, cuando se difunde por el mundo un operativo en busca de armas propio de un estado de sitio. Ni en los países asolados por el terrorismo, la insurrección y la delincuencia -España y Colombia, por ejemplo- se concibe un operativo parecido.

            Desde luego, la culpa no es solo del gobierno sino también de una opinión pública exacerbada por el secuestro de un empresario y la proliferación de violaciones de menores, absolutamente insignificantes si se comparan con las tasas delincuenciales de Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Colombia, México, Perú, Guatemala y El Salvador para citar países cercanos.

            En Venezuela hubo 42 secuestros en los primeros 6 meses del año. Aquí tuvimos uno solo. En Colombia hubo 65 asesinatos promedio por día entre enero y junio.

            Operativos como el del lunes, al igual que las redadas barriales, sólo sirven para generar protestas y nada resuelven. Junto a la incautación de más de 800 armas de fuego, revólveres y pistolas casi todas, sólo hubo 11 detenidos, lo que implica que se trataba de armas autorizadas legalmente, o de forma irregular por autoridades policiales y militares, la mayoría de las cuales es seguro que fueran devueltas en las primeras 24 horas.

            Para nada sirven tales operativos si se sigue facilitando armas a militantes políticos, a familiares, amigos y relacionados de los jefes militares y policiales, amparadas en simples tarjetas o en la falsificación de documentos.

            El gobierno no precisaba de un absurdo como el del lunes 16 que proyecta improvisación. Deberá enfrentar el crecimiento de la delincuencia, pero con métodos menos primitivos, transformando la policía, equipándola y tecnificándola, elevando sus niveles salariales y de seguridad social, vinculándola a la comunidad y haciéndola merecedora de confianza.

Frente a actos delictivos preocupantes, hay que proyectar seguridad y confianza, hay que señalar y enfrentar las causas de la delincuencia y crear conciencia de que es un mal congénito a la naturaleza humana, sobre todo en sociedades de tan graves desigualdades sociales, donde la mitad de la población vive en la pobreza, el hacinamiento y la falta de oportunidades de progreso.

            El gobierno está urgido de algunos golpes de efecto positivos para recuperar la ofensiva y detener el deterioro que se registra en su imagen.-

Final del encanto del gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Consumida la luna de miel de la población con el gobierno instaurado hace casi diez meses, disipado parte del encanto de las promesas y expectativas de campaña electoral, el presidente Hipólito Mejía ha comenzado a descubrir que no es tan fácil gobernar un país con una enorme deuda social acumulada.

Las protestas sociales derivadas de las expectativas frustradas, la fiereza con que los intereses creados tratan de evadir las nuevas cargas impositivas y las incoherencias de su propio partido donde las ambiciones personales predominan sobre el compromiso programático, son elementos subyacentes en la revaluación del “carguito” del presidente.

De cara a la perspectiva tiene el mandatario la tentación de apelar a la mano dura para enfrentar las protestas -seguro que sólo las populares- o revaluarse continuamente, aplicar algunos correctivos y renovar su equipo gubernamental a más tardar cuando llegue al año.

Es más difícil

Llamó la atención de la opinión pública la declaración del presidente Hipólito Mejía del lunes 4 de junio, cuando reconoció que gobernar la nación “es más difícil de lo que yo me imaginaba”.

A continuación citó “problemas de seguridad, problemas de desconocimiento de un alto porcentaje de la población”, la renuencia a pagar impuestos y las dificultades para lograr acuerdos con los diversos sectores sociales.

Esta declaración ha sido contrastada con las que ofrecía anteriormente el mandatario, quien llegó a proclamar públicamente que le había gustado el “empleíto”.

Causó preocupación su otra declaración de esta semana en el sentido de que está dispuesto a utilizar mano dura contra quienes quieran perturbar la paz con protestas desmedidas, ya que la misma estaría mostrando una pérdida de perspectiva sobre las enormes insatisfacciones acumuladas por las mayorías sumidas en la pobreza.

Eso mientras hasta un intelectual y político de la categoría del doctor Hugo Tolentino planteaba que el gobierno tendría que apelar a las dádivas para desactivar las protestas que han comenzado a multiplicarse en los pueblos y barrios.

Seguramente que los analistas gubernamentales pasan por alto que las peores y más sonadas protestas registradas en este gobierno, las del ensanche capitalino de Capotillo, no fueron generadas por reclamos sociales específicos, sino por brutalidad policial.

Otro ingrediente del desencanto nacional lo ha puesto la tanda de apagones de la última semana, determinada por una de las empresas capitalizadas, fruto de un problema financiero y estructural del servicio energético que de ninguna forma se le debe cargar al pasivo del actual gobierno.

Por otro lado la recurrencia persistencia del gobierno a las prácticas tradicionales, como la contratación grado a grado, exagerado endeudamiento de corto plazo y a los megaproyectos, que antes se criticaron acremente, expanden el desencanto, en la convicción de que todo es lo mismo.

Inexplicable desconcierto

            El gobierno se ha dejado desconcertar por las dificultades derivadas de las reformas fiscales implementadas a partir de enero. Lo primero es que hay frustración por el comportamiento económico de los primeros dos meses del año, como si al planificar el presupuesto, ignoraran las consecuencias inmediatas.

Cerrado el mes de Mayo los estrategas gubernamentales tienen suficientes elementos de juicio para saber que la tendencia es a un pequeño déficit de ingresos, menor al dos por ciento, si es que no logran superar las metas, como ya se vio en los dos últimos meses.

En consecuencia, se han lanzado desesperadamente al endeudamiento de corto plazo y al proyecto de bonos soberanos de difícil asimilación. Desde luego presionados por las elecciones congresionales y municipales dentro de 11 meses.

Mientras el hecha va y viene, la comunicación del gobierno sigue siendo rudimentaria, alimentada por las improvisaciones del presidente Mejía. Y una vez más no son capaces de vender los elementos de recuperación económica.

Por ejemplo, el lunes el administrador del Banco de Reservas, Manuel Lara Hernández, ponderó los beneficios de la reducción de las tasas de interés y su repercusión en el aumento de la producción. Habló de una caída en las tasas de hasta 6 por ciento, pero el gobierno no es capaz de divulgar ampliamente sus éxitos.

Tampoco puede confiar en que lo hará una opinión pública excesivamente embelesada en los problemas inmediatos, en la superficialidad del debate político, y en parte prisionera de intereses creados.

El endeudamiento externo e interno, hasta para comprar vehículos y equipos militares, la contratación de obras sin concursos públicos, y el anuncio de megaproyectos, como la carretera a Samaná y un nuevo estadio Quisqueya, no son puntos de acreditación al gobierno de Mejía, sino repetición de los viejos caminos.

Resistencia de intereses

La resistencia a los cambios es tan grande que a más de cinco meses del inicio de las reformas fiscales y pendientes ajustes derivados de la entrada en vigencia de los nuevos acuerdos de comercio internacional, todavía hay sectores empresariales que sueñan con que el gobierno revoque el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas como anticipo del impuesto sobre la renta.

Más aún recientemente, un alto vocero empresarial también planteó la revocación del aumento del aumento del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (ITEBIS), a cambio de que se grave todo. Algo que se discutió durante años y fue desechado por el gobierno y el Congreso Nacional, así como por gran parte de la opinión pública, basado en que sería más injusto en término social, porque gravaría el universo de lo poco que compran los pobres.

Los intereses creados se manifiestan diariamente en torno al problema de la energía eléctrica, pero el gobierno no puede darse por sorprendido frente a esa realidad y debería responder con mayores esfuerzos de reglamentación, apelando incluso a su mayoría legislativa para aprobar el proyecto de ley de electricidad en manos del Congreso desde hace varios años.

El presidente manifiesta también algunas decepciones por el costo que quieren imponerle algunos de sus colaboradores de campaña, no sólo los compañeros de partido que se creen con derecho a usar el poder como patente de corso, sino también grupos de poder, que esperan que se gobierne para ellos, o que se les permita incursionar en todo género de negocios.

Otro elemento de desencanto nacional, y probablemente también presidencial, es la lucha grupal que ya asoma con fuerza en el Partido Revolucionario Dominicano, y que tiene como escenario el Senado de la República, tres meses antes de la elección de su bufete directivo.

Las ambiciones son tan desmedidas que varios diputados perredeistas pretenden que el gobierno se debilite privando a los reformistas de la presidencia de la Cámara de Diputados, tan sólo para que uno de ellos pueda ocuparla.

Al gobierno sólo le falta empujar a los reformistas a una prematura alianza opositora con los peledeistas, para satisfacer la vanidad y ambiciones de alguno de los legisladores perredeistas.

Dado el hecho de que Mejía no puede buscar una reelección, las perspectivas apuntan a un desbordamiento de las ambiciones dentro de pocos meses, cuando la repartición de las postulaciones congresionales y municipales se convierta en un preludio de las luchas para la candidatura presidencial del 2004. Parecería muy prematuro, pero así de fuertes son las ambiciones políticas, que en el PRD se expresan sin el menor disimulo.

Hora de renovación             

            Al gobierno de Mejía le llegó la hora de la renovación y de los cambios de estrategias, que en este caso tienen que comenzar por él mismo. Hace tiempo que analistas de diversos signos vienen sosteniendo que le resultará imposible mantenerse cuatro años hablando diariamente y sin administrar los silencios y las palabras.

Eso podía ser rentable durante la luna de miel, cuando las asperezas y contradicciones eran compensadas por las ilusiones y expectativas.

Ahora el presidente y su gobierno tendrían que actuar más “por el librito”, es decir en base a estrategias y tácticas. Partiendo del análisis sistemático de la opinión pública, sopesando el costo y los beneficios de cada movimiento.

Pero pocos, aún en el gobierno, creen que Hipólito Mejía será capaz de ese grado de planificación, ya que el cree ciegamente en la espontaneidad.

Para muchos el actual mandatario trilla el camino de su antecesor, quien prácticamente concluyó el gobierno con el mismo equipo con que lo inició. El único ministro que destituyó fue al secretario de las Fuerzas Armadas, cuando lo desafió públicamente y enfrentó a la justicia.

Aparentemente las lealtades y amistades están por encima de la eficiencia y la conveniencia en los gobiernos liberales, que renuncian hasta al movimiento de las fichas en el tablero, en un país todavía tocado por el virus del autoritarismo, y que disfruta del sacrificio de los funcionarios, en aras de una concepción presidencialista en la cual el primer mandatario no suele ser culpable de nada, sino sus colaboradores.                                  El mes pasado Mejía hizo algunos movimientos en el tren gubernamental, pero en niveles menores, y las tribunas lo que reclaman es verdadera renovación, sangre de tigres y toros, no de cachorritos ni becerros.

El país también espera mayor austeridad y racionalidad en el gasto, incluyendo un freno definitivo a la repartición de empleos en todos los frentes de la administración pública. Ello mejoraría la imagen del gobierno y generaría más comprensión frente a las limitaciones presupuestarias y hasta ante la política de endeudamiento. Y le daría más fuerza para cobrar a los evasores de impuestos.

Al respecto es un paso positivo el oficio 12518, mediante el cual el Presidente de la República ha instruido a la Oficina Nacional de Presupuesto para reducir las asignaciones en lo que resta del año en un cinco por ciento, previniendo un déficit en los ingresos, y ordenando a todas las secretarías y organismos reducir el gasto corriente en por lo menos 10 por ciento.

La reducción afectaría las nóminas, electricidad, comunicaciones, adquisición de vehículos, combustibles, y accesorios, equipos de oficina, transporte aéreo, viáticos, alquileres de locales, comidas, material gastable y otros. Ahora falta que lo cumplan.-