Por Juan Bolívar Díaz
El fraude con los cupones de subsidio al gas propano destinado a las familias de menores ingresos fue una guerra avisada que no ha sorprendido a nadie pero cuyo monto, que según fuentes gubernamentales podría ascender a varios cientos de millones de pesos, constituye un verdadero escándalo.
Las investigaciones, aún en la etapa inicial, deberán culminar con el procesamiento de los responsables si el gobierno no quiere quedar definitivamente infectado por el cáncer de la corrupción, que ya ha asomado su cabeza en distintas áreas de la administración pública.
Para reponer la credibilidad en los reiterados propósitos de combatir la apropiación ilegal de los recursos del Estado el gobierno tendrá que abocarse en breve plazo a ejecutar las prometidas reformas institucionales para prevenir el mal y sancionarlo con mayor severidad.
Una guerra avisada
Desde que se anunció en enero el establecimiento de un sistema de cupones para compensar el alza del gas propano a los hogares más pobres se advirtió que no habría mecanismo eficiente para evitar que se convirtiera en una nueva fuente de corrupción.
Pocas semanas después de iniciado el sistema ya comenzaron las denuncias de irregularidades. Cuando el gobierno revocó el aumento al costo del gas propano se pensó que los cupones desaparecerían e incluso la opinión pública se olvidó del asunto.
Ya en mayo el escándalo estaba montado, razón por la cual el Presidente Hipólito Mejía traspasó la administración de los cupones al llamado gabinete social. Algunos controles puestos en práctica evidenciaron la sobreestimación del subsidio y comenzaron las investigaciones que la semana pasada arrojaron el escándalo.
En principio se habló de unos 40 millones de pesos, pero ya el jueves el director del Departamento Nacional de Investigaciones dijo públicamente que el fraude montaba a los 120 millones de pesos. Pero fuentes gubernamentales han confiado que podría oscilar entre 300 y 400 millones de pesos.
Aún los 120 millones denunciados constituyen una cifra suficiente para montar un gran escándalo y obligar al gobierno a dar satisfacciones y establecer responsabilidades. Angel Lockward, hasta finales de junio titular de la secretaría de Industria y Comercio, ha defendido a los funcionarios que manejaban los cupones.
Las informaciones publicadas implican a varias empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo, pero nadie puede creer que pudieran burlar al gobierno sin la complicidad por comisión u omisión de los administradores públicos.
De cualquier forma el asunto repercute sobre el crédito del gobierno que desestimó las advertencias generalizadas de la opinión pública cuando se inició el programa y no pudo crear controles eficientes. La circunstancia de que la denuncia proviniera del mismo gobierno, amortigua el golpe, pero no borra responsabilidades.
Abundan ya las denuncias
El asunto ha tenido más impacto ya que se conoció cuando se debatía la denuncia de Nuria Piera sobre un manejo por lo menos poco transparente de cheques por 4 millones de pesos en el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).
El titular de ese organismo, Juan Vargas, tiene fama de persona honrada, pero al menos incurrió en la desaprensión de emitir cheques de hasta un millón de pesos a nombre de personal subalterno para hacerlos efectivo a fin de usarlo en asistencia social. En sistemas contables ese recurso es aceptado por sumas menores, como las que se manejan en las cajas chicas.
Con anterioridad el gobierno fue impactado con las ventas de solares a precios de vaca muerta por parte de la dirección de Bienes Nacionales, lo que llevó a la justicia a su titular y otros 3 funcionarios.
Otras denuncias, aún no comprobadas, han saltado a los medios de comunicación, relativas a gestiones en el Banco Agrícola y en el programa de suministro de medicamentos.
La falta de transparencia y las denuncias han afectado gravemente el plan de renovación de vehículos denominado Renove, obligando al presidente a traspasar la responsabilidad del mismo al secretario administrativo de la Presidencia.
En este último caso se ha establecido una diferencia, aún no explicada, de casi 6 millones de dólares entre los 35 millones de dólares en que la fábrica de vehículos Hyundai ha dicho que vendió una partida de vehículos al Estado Dominicano, y una orden de compra por más de 40 millones de dólares emitida en favor de una firma intermediaria desconocida.
El monto del plan Renove, que se ha llegado a estimar hasta en 150 millones de dólares ha tenido también generalizado rechazo en la opinión pública, dado los numerosos precedentes de dinero perdido en el financiamiento de vehículos para el transporte, el último de los cuales se ejecutó en el pasado gobierno y el Estado ha tenido que asumir costos millonarios. Fue uno de los malos negocios que hizo el desaparecido Banco Gerencial y Fiduciario, con garantías del Estado.
Palabras, solo palabras
Tanto el presidente Mejía como su partido formularon innumerables promesas de transparencia y control de la corrupción en la campaña electoral y todavía esta misma semana, poco antes de que el mandatario partiera en viaje de 8 días por América del Sur.
En la oposición fueron contundentes en condenar las contrataciones de obras públicas y las compras de grado a grado, la factura consular y otros mecanismos al amparo de los cuales se distraen enormes sumas del erario público. Hasta el momento todo está quedando en palabras, solo palabras.
Todavía en diciembre pasado el mandatario prometía que desde enero quedaría suspendida la práctica de la contratación grado a grado. Y después de eso es que se han firmado contratos con bancos extranjeros por cientos de millones de dólares atados a construcciones y suministros, sin ningún género de concursos.
Durante la cena de gala de la Cámara Americana de Comercio, a principios de diciembre pasado, el presidente Mejía abordó ampliamente el tema de la corrupción, planteando que “tiene un impacto social al reducir la capacidad de los gobiernos de invertir en servicios y programas de desarrollo humano imprescindibles para sacar el estado de pobreza a cientos de familias”.
Reiteró entonces su compromiso de impulsar “verdaderas reformas institucionales que les garantizarán a los ciudadanos un Estado eficiente, confiable y transparente”. Se refirió concretamente a la reforma de la ley de presupuesto, autonomía para la Contraloría General de la República y vigilancia de la sociedad civil.
La institucionalización es tan débil aún que la dirección del DNI, en lugar del ministerio público, es quien ha cuantificado el fraude con los cupones del gas propano. Aunque la Contraloría General participa activamente en las investigaciones.
Plataforma anticorrupción
El gobierno llegó a dar algunos pasos en la creación de una plataforma básica para prevenir la malversación, enviando al congreso proyectos de leyes para crear una fiscalía nacional contra la corrupción, para hacer más efectiva la ley sobre declaración jurada de bienes, para fortalecer la Contraloría General y para eliminar la factura consular.
En el Congreso reposan también proyectos, algunos desde el pasado gobierno, para modificar la ley de presupuesto y gastos públicos, para actualizar la ley de concursos y compras y para otorgar independencia al ministerio público.
Casi todos esos proyectos, hasta ahora frustrados, más un proyecto de ley sobre libre acceso a la información, sometido por el senador José A. Najri, y otro destinado a endurecer las penas por el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito forman parte de una “Plataforma Anticorrupción” proclamada en febrero pasado por decenas de ciudadanos y ciudadanas a instancias de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Numerosas organizaciones sociales se comprometieron también a impulsarla.
Las circunstancias demandan un impulso de esos proyectos por parte del gobierno, que debe instar fuertemente al Congreso, dominado por el partido oficial, a convertir en ley los ya sometidos y completar la plataforma con los que están pendientes de elaboración.
El Partido Revolucionario Dominicano está obligado a pasar de las palabras a los hechos, o cargará nuevamente con el estigma de la corrupción. No se puede olvidar que la última encuesta Hamilton para Hoy arrojó que un 75 por ciento de la población cree que ya hay corrupción en un gobierno que apenas cumplió su primer año.
Muchos legisladores no muestran el mínimo interés en la plataforma contra la corrupción y por la transparencia. Ellos también buscan sus cuotas, en los manejos presupuestarios, persiguiendo y obteniendo contratos de obras públicas, a haciendo de intermediarios para compras estatales.
La batalla contra la corrupción está lejos de ser ganada en esta sociedad, como en la mayoría de los países de débil base institucional. Mientras tanto ese mal seguirá siendo el principal motivo de desprestigio de los partidos políticos y los gobernantes.
Su combate efectivo podría ser una gran plataforma para los nuevos liderazgos que requiere la nación dominicana, en tanto también aumentaría los recursos destinados a pagar la enorme deuda social con la mitad de la población que vive en la pobreza. Y a satisfacer a los sectores más preocupados por la transparencia, la eficiencia y la honradez.-