Por Juan Bolívar Díaz

            La realización de importantes reformas sociales y tributarias durante mucho tiempo postergadas, especialmente la de seguridad social, y el mantenimiento de un relativo crecimiento con estabilidad macroeconómica son los mayores éxitos que puede anotarse el país en el año 2001.

            La persistencia de un clima de incertidumbre constitucional, de prácticas que favorecen la corrupción como la contratación y las compras de grado a grado, de las dificultades para redistribuir el ingreso y combatir la pobreza y el aumento de la delincuencia y las muertes a manos de agentes policiales, conforman el balance negativo.

              El marco internacional no pudo ser más frustratorio en este año en que el terrorismo y la guerra se impusieron sobre los anhelos de paz, y el precio del petróleo y la desaceleración, cuando no la recesión económica, gravitaron negativamente sobre la economía nacional, como en la generalidad de las naciones en vías de desarrollo.         

Adelantan las reformas

            El año comenzó con el paquete de reformas tributarias aprobadas en diciembre del 2000 que redujeron los aranceles a un máximo del 20 por ciento, compensado en la elevación de los impuestos selectivos al consumo, el alza del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (ITEBIS) y el adelanto del 1.5 por ciento de las ventas netas como impuesto sobre la renta.

            Como quedaría patente meses más tarde, cuando entró en vigencia un nuevo sistema internacional de valoración aduanal, el país tenía años de retraso en la reducción arancelaria y todavía tendrá proseguirla para ponerse a tono con la globalización económica y los compromisos suscritos.

            Otras reformas aprobadas por el Congreso Nacional fueron las relativas al sistema nacional de salud y a la seguridad social, lográndose un consenso después de una década de discusiones sobre el particular.

            Los beneficios del nuevo sistema nacional de seguridad social, que garantiza cobertura médica al universo de la población y da inicio a un régimen de pensiones que combina la contribución individual con la solidaridad social, tardarán años en verse, si es que la sociedad dominicana es capaz de organizarlo debidamente. Pero este año se sembraron los cimientos.

            También se aprobó en este 2001 otra ley de larga discusión, la que trata de organizar la producción, transmisión y venta de electricidad, llamada a dar un impulso determinante a la lucha contra el flagelo nacional de los apagones, que tanto ha limitado el desarrollo nacional de las últimas décadas, penalizando a las micro, pequeñas y medianas empresas y restando competitividad a los sectores productivos.

            La ley que crea el Defensor del Pueblo pudo ser otro renglón positivo de este año, pero los afanes de los partidos políticos por acapararlo todo obstruyeron su ruta y restaron brillo a un año que pudo haber sido bien exitoso para el Poder Legislativo.

            La institución de las circunscripciones electorales con voto preferencial para la elección de los diputados es otro paso de avance institucional en este año, llamado a repercutir en un mejoramiento de la representación legislativa.

Incertidumbre constitucional

            El éxito legislativo quedó ensombrecido por el alto grado de incertidumbre derivado de los desorbitados esfuerzos de senadores y diputados por reformar la constitución a espaldas de la sociedad, pretendiendo autoprolongarse el mandato, bajo pretexto de unir las elecciones congresionales y municipales a celebrarse en mayo próximo con las presidenciales del 2004.

               A esos afanes se opusieron instituciones de la sociedad civil, lo que generó un largo enfrentamiento entre estas y legisladores, los cuales llegaron a proclamarse absolutamente independientes de los partidos y de la ciudadanía, negando la participación de los sectores organizados de la sociedad no partidista.

            Contradictoriamente, la rebelión legislativa abrió espacio para la concertación entre sectores de la sociedad civil, el liderazgo de los partidos y el Poder Ejecutivo. Fruto de ello fue la creación, en marzo, mediante decreto presidencial, de la Comisión Especial para recomendar la forma y el contenido de una reforma constitucional.

            Poco después del informe de esta comisión, se produjo una relampagueante negociación que culminó a fines de septiembre en la firma del Pacto para la Reforma Constitucional, una transacción que abre las puertas a la institución de la asamblea constituyente por elección popular, a cambio de que el actual Congreso haga otras tres reformas para eliminar los colegios electorales cerrados, reducir el porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta y formalizar los diputados ante el Parlamento Centroamericano.

            Aunque han persistido los esfuerzos legislativos por desconocer el pacto suscrito por los líderes de los tres partidos mayoritarios y el Presidente de la República, con el agregado para restablecer la reelección presidencial, la concertación de los políticos y la sociedad civil logró contener en gran medida los desbordamientos constitucionales.

Relativo crecimiento

            Aunque menor que los años anteriores, el que el país concluya el año con un crecimiento del producto bruto interno del 3 por ciento no deja de ser un éxito, significativo por cuanto duplica el crecimiento que registran los países desarrollados en un período de desaceleración y recesión económica.

            Esa tasa supera el crecimiento poblacional del país y es más significativa para una nación importadora total de petróleo cuando el precio del combustible se mantuvo en la mayor parte del período por encima de los 25 dólares el barril.

            El crecimiento pudo haber sido mayor sin los estallidos terroristas del 11 de septiembre y la guerra que les han seguido, con repercusiones significativas sobre el turismo, que ha disminuido en el país por primera vez desde el gran despegue de los años ochenta.

            Desde luego hay que considerar que esa tasa de crecimiento fue posible por la emisión de los bonos soberanos que aumentaron el endeudamiento externo en 500 millones de dólares, y por un acelerado endeudamiento de corto plazo, aunque los beneficios de éste apenas ha comenzado a recibirse.

            Pese a las reformas tributarias que generaron parálisis en la primera mitad del año, las autoridades monetarias han mantenido controles sobre el gasto fiscal, aunque con exceso de gasto corriente, logrando concluir el año con inflación por debajo del 5 por ciento, y con estabilidad cambiaria.

            El gobierno logró incrementar los ingresos fiscales en un 21 por ciento, pero fracasó en implementar una política efectiva de combate a la pobreza. El pregonado paquete social ofertado por el presidente Hipólito Mejía para compensar el incremento impositivo, no ha podido materializarse, mientras el gobierno elevaba desproporcionadamente el gasto corriente.

            La elevación del empleo en el Estado es el camino escogido para compensar, restringiéndolo a los partidarios políticos, especialmente a los que se fajaron en la campaña. La desproporción fue tan grande que hasta en las fuerzas armadas los efectivos se incrementaron en unos 7 mil miembros, hasta llegar a la astronómica cifra de 40 mil.

Poca transparencia

            El desafío nacional de combatir y reducir la corrupción, previniéndola y sancionándola, quedó corto una vez más y el gobierno perdió moral para sustentar los procesos abiertos contra autoridades del gobierno anterior.

            La falta de transparencia en el endeudamiento externo con empresas de fachada, con suministros amarrados, la falta de concursos para la asignación de obras y para las compras estatales, siguieron configurando un marco propicio a la corrupción administrativa.

            A comienzos del año el gobierno enfrentó denuncias de tráfico en Bienes Nacionales, lo que llevó a la cárcel a cuatro funcionarios, lo que no deja de ser un precedente, pero luego ha sido muy lento en responder a denuncias de corrupción tan concretas como las que se formularon sobre el subsidio al gas propano.

            El departamento anticorrupción de la Procuraduría General de la República ensayó algunos esfuerzos preventivos, pero ni desde el poder Ejecutivo ni en el Legislativo se sintió empeño alguno por concretar el paquete de proyectos de leyes radicados en el Congreso para mejorar los mecanismos de combate al abuso de los bienes públicos.

            Los proyectos pendientes persiguen la autonomía de la Contraloría General de la República, instituir una fiscalía anticorrupción, hacer más efectiva la ley sobre declaración de bienes de los funcionarios y establecer nuevas y más efectivas normas para las compras y contratas del Estado.

            Si bien se adelantó en el proceso por la malversación de fondos por más de mil 400 millones de pesos en el llamado Programa de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) del pasado gobierno, la justicia sigue siendo excesivamente lenta en esta y otras materias. Mientras las autoridades investigativas fallaron o no tuvieron éxito en el esclarecimiento de otros expedientes.

            En resumen, el año no ha sido fructífero en la respuesta al desafío de la corrupción que afecta el cuerpo social dominicano.

            Finalmente, el período registra un incremento en la tasa de delincuencia, cuyas causas debe buscarse en la falta de mecanismos efectivos de prevención, en una deficiente policía que al parecer sólo sabe responder a balazos, en la masificación de la pobreza, y en el efecto demostración que tiene por un lado la concentración de la riqueza y por otro la impunidad de la corrupción.

            La respuesta policial de más de 200 muertos, muchos de ellos realmente ejecutados, entre los que había delincuentes reales y supuestos, así como algunos inocentes, siguió siendo un gran desafío a la conciencia nacional y mantiene el país en el mapa de las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.-