Una alianza cuesta arriba

Por Juan Bolívar Díaz

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El sorpresivo anuncio de una alianza electoral entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Revolucionario Social Cristiano (PRSC) sella definitivamente una nueva etapa política en la que los grandes partidos del sistema no presentan mayores diferencias ideológicas ni programáticas.

Tal como se había advertido, y cualquiera que fuera la fórmula de los reformistas, todavía falta realizar muchos amarres locales para integrar las boletas municipales y provinciales, pero a los protagonistas no les queda más remedio que ponerse de acuerdo para no hacer el ridículo.

Si quieren que la ciudadanía dé crédito a sus propósitos “patrióticos” perredeistas y reformistas deben iniciar de inmediato los esfuerzos por constituir la agenda para un plan nacional de desarrollo, puesto que sumadas sus fuerzas ya controlan abrumadoramente el Congreso Nacional y los municipios.

Inesperado desenlace

Con más rapidez de lo que se creía posible y con un giro de última hora, fue que se anunció el martes 6 la alianza electoral entre los partidos blanco y colorado, que desde ya es bautizada como “rosada”, para los comicios legislativos y municipales del próximo 16 de mayo.

Hasta la mañana del mismo día se daba por hecho que los reformistas sellarían el pacto con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como era el deseo de la mayoría de sus dirigentes y también de sus militantes. Así lo evidenció la encuesta de Gallup para HOY publicada la semana pasada. El 30.7% de los que se identificaban con el PRSC prefería la alianza con el PLD y apenas el 16.8% la quería con el PRD.

Al parecer lo que decidió la composición de la alianza fue la imposibilidad de peledeistas y reformistas ponerse de acuerdo en torno a las candidaturas para senadores y síndicos en las principales plazas electorales del país, específicamente en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y La Vega, que los gobernantes consideraban innegociables, según se desprende de las declaraciones posteriores de ambas partes. Confluían intereses individuales de dirigentes que aspiran a esas candidaturas.

Ante el tranque, los reformistas dieron un giro rápido hacia el PRD, aunque los peledeistas ofrecían mayor número de candidaturas, 14 contra 12 para el Senado, 89 contra 78 para diputados y la mitad de los regidores, contra 400 que ofertaba el PRD.

Pero los perredeistas cedían las plazas claves del DN, Santo Domingo y Santiago y agregaban además la tercera mayor provincia, San Cristóbal.

Cuando en la mañana del martes 6 los negociadores morados y colorados vieron que no lograban acuerdos, los últimos se precipitaron a aceptar la oferta perredeista para anunciar el pacto en la misma jornada. Por su parte los peledeístas se adelantaron dos o tres horas en anunciar el desacuerdo, evadiendo quedar como “perico en la estaca”, algo importante teniendo en cuenta que habían cometido el error de involucrar en las negociaciones al propio líder y presidente de la nación, doctor Leonel Fernández.

Al final lo que prevalece tiene más sentido político, especialmente para el PRSC, al margen de las simpatías, una alianza de oposición que les permitirá un deslinde más suave y fácil, cuando lo crean oportuno. Evaden continuar en la periferia de un partido en el gobierno y con más posibilidades de absorberle sus cuadros y militantes.

Difícil artesanía electoral

Para hacer posible tal anuncio reformistas y perredeistas tuvieron que dejar pendiente la difícil tarea de hilvanar las boletas para el Distrito Nacional y las 31 provincias, así como para los 151 municipios. Esa artesanía electoral ha continuado en los días sucesivos y seguramente tomará varias semanas antes que pueda sellarse por completo.

Para alcanzar la meta los líderes de ambos partidos, especialmente los perredeistas, tendrán que superar las resistencias que encuentran en varias provincias y municipios, donde dirigentes locales sitúan sus ambiciones personales por encima de los intereses corporativos. Incluso no se debe descartar la posibilidad, ya contemplada según versiones, de que al final lleven candidaturas diferentes en algunas provincias.

Sin embargo, para revestir su pacto de credibilidad, los dos partidos deberán concretarlo a nivel nacional. Eso rige especialmente para los reformistas que ya no pueden dar marcha atrás ni pretender volver a negociar con el PLD, sin auto infligirse un severo golpe y reducir sus posibilidades como tercer partido.

En dos trabajos anteriores ya se había advertido las dificultades de sellar una alianza nacional para elecciones de senadores y diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores. Las mismas se magnifican en la medida en que los artesanos encuentren resistencias locales que tendrían que subsanar de alguna manera para evitar boicots que anulen la sumatoria de fuerzas, incluyendo la posibilidad de impugnaciones y de inscripción de candidaturas paralelas.

Ya se ha señalado, por ejemplo, la dificultad en la boleta congresional de combinar candidaturas a diputados de dos partidos con boletas separadas. El que predomine en la provincia usaría el voto preferencial para escoger a los suyos, dejando al aliado en la gatera. La fórmula tendría que ser el senador de un partido y los diputados (donde sean dos o tres) del otro. En las provincias de mayor número de curules para diputados tendrían que convenir una mezcla, que podría atender a la proporción local que se atribuye a cada partido, ya por anteriores resultados electorales o por encuestas.

De cualquier forma, la integración final de las candidaturas será una tarea muy difícil, en proporción a las resistencias locales. Tampoco se debe descartar que algún caudillo local de cualquiera de los aliados dé un salto y aparezca en la boleta morada o de algún aliado gubernamental, sobre todo por la conciencia de que la alianza rosada obliga a los gobiernistas a emplearse más a fondo, como ya adelantó su estratega Danilo Medina, Nadie debe olvidar que en este país de tantas flexibilidades éticas el poder ejecutivo ofrece muchas posibilidades de “convencimiento y compensación”, incluso para crear expectativas e incentivar resistencias.

Reivindicación plena

El pacto con los perredeístas puede ser que le resulte traumático al reformismo, por las displicencias de los que preferían al PLD y las resistencias de los que reclamaban el camino propio, pero el que gana de cualquier forma es su desaparecido caudillo, el doctor Joaquín Balaguer.

Este pacto reconfirma la reivindicación histórica del líder reformista que gobernó el país de forma autocrática durante los traumáticos 12 años que siguieron a la guerra civil y la intervención militar norteamericana de 1965. Como ya pactaron “patrióticamente” también con el PLD en 1996, los reformistas han sido reivindicados o limpiados por sus contradictores históricos.

Porque esta alianza es también un indicativo incontrovertible de que los grandes partidos dominicanos se han igualado. Ha quedado claro que lo determinante no ha sido afinidad ideológica ni política, ni mucho menos el interés nacional, sino el inmediato beneficio de las cúpulas directivas de los partidos, incluyendo al que perdió la puja.

Además de los puestos electivos que estarán en juego en mayo próximo, en el fondo de las negociaciones para las tres partes han estado el control de la Liga Municipal Dominicana, la Junta Central Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Cámara de Cuentas, especialmente de las dos primeras a ser renovadas próximamente.

Como telón de fondo está también la enfermiza rivalidad que se ha desarrollado entre los líderes de los dos partidos fundados por el profesor Juan Bosch, incapaces de la más mínima concertación, ni siquiera en los peores momentos de crisis nacional, de hace dos años y de ahora, cuando han estado en el poder, como en 1990 y 1994 cuando desde la oposición enfrentaban al caudillo reformista.

Habrá que esperar al balance del 16 de mayo para ver en qué medida la ciudadanía y las propias militancias de los involucrados asimilan el acto. Una posibilidad real es que las inconformidades se traduzcan en abstención. Aunque el pragmatismo llevará a los dirigentes de ambos partidos a aplicar terapias capaces de suturar las heridas causadas a los intereses individuales y locales.

Agenda nacional ahora

Para hacer más digerible la negociación los dirigentes del PRSC han sostenido que el pacto se fundamenta en el establecimiento de una agenda para el desarrollo nacional. Los perredeístas se sumaron al planteamiento que no ha tenido mucha acogida en la opinión pública. Se ha dicho que el mismo es el suspiro del bizcocho o el caramelo para dulcificar a los más exigentes.

Pero ambos partidos tienen la oportunidad de darle coherencia a su planteamiento en plena campaña electoral. Porque entre ambos tienen 31 de los 32 senadores, las dos terceras partes de los diputados y más del 90 por ciento de los ayuntamientos.

Ningún analista que se respete puede otorgarle posibilidad de un mejor posicionamiento para el período legislativo que se inicia en agosto del 2006. Pero además no lo necesitan para trazar la agenda para el desarrollo nacional.

Podrían comenzar a demostrar su vocación concertadora y su preocupación por el futuro nacional desde ahora, en plena campaña, lo que le daría credibilidad a la alianza en vías de concretización.

Por ejemplo, esos partidos podrían convertir en ley de inmediato uno de los proyectos que buscan normar las compras y contrataciones del Estado, con lo que prestarían un enorme servicio al país reduciendo las comisiones y tráficos del “grado a grado”. Numerosas reformas institucionales, incluyendo una necesaria ley de partidos políticos, que duermen el seño eterno en el Congreso Nacional también podrían ser despertadas y convertidas en realidad.

Espacios sobran para que perredeistas y reformistas muestren su despertada vocación para la concertación en post de una agenda nacional para el desarrollo.-

 

Marcan declive PLD-Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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Las tres encuestas nacionales publicadas en poco más de un mes revelan una pronunciada declinación en las preferencias por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en la aprobación de su gestión de gobierno, aunque todavía conserva fuerza suficiente para ser la primera opción en las elecciones de mayo próximo.

En relación a los resultados de las elecciones del 2004, el único de los tres grandes partidos que registra recuperación es el Reformista Social Cristiano (PRSC), lo que puede relacionarse con el desgaste del poder del perredeísmo que gobernó hasta hace 16 meses y los peledeístas que le sucedieron.

Es notable que a pesar del crecimiento económico que marcan los registros del Banco Central para lo que va de año, la percepción general es pesimista respecto al futuro inmediato, con un creciente alto porcentaje que considera que el país no va por buen camino.

Pronunciada caída

El análisis de las encuestas del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) de la Universidad Iberoamericana, publicadas en la segunda mitad de octubre, y las de Hamilton para el Listín Diario y Gallup para HOY de las dos últimas semanas, registran similares tendencias en la opinión pública tanto sobre aspectos políticos como económicos.

Las dos últimas son encuestas acreditadas a través de más de dos décadas. EL CIES es una institución de reciente creación, pero que descansa en dos reputados sociólogos, su director Wilfredo Lozano y el director técnico Ramón Tejada Holguín. Esta ha hecho ya dos ediciones de su “Radiografía Sociopolítica de la República Dominicana” en base a encuestas realizadas en marzo y septiembre de este año.

La comparación en preferencias electorales parte de la votación presidencial del 2004, cuando el PLD obtuvo el 49% de la votación y su candidato presidencial Leonel Fernández el 57%, como fruto del aporte de 8% de sus aliados. Por su parte el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consiguió 30%, y su candidato Hipólito Mejía 34, incluido más de un 3% aportado por sus aliados. El PRSC sólo alcanzó el 9%.

Cuando se han preguntado las preferencias o simpatías partidarias o intención de votos para los comicios del 2006, los resultados indican un persistente declive para el PLD y un ascenso para el PRSC.

En la encuesta del CIES de marzo, el PLD registraba un alto 59%, pero cayó al 40 en la de septiembre, aproximadamente la tercera parte. El PRD sólo crece 1 punto, del 15 al 16%, el PRSC 4 para llegar al 14%. Aquí el gran incremento fue en la población potencialmente abstencionista que pasó de 16 a 28% entre marzo y septiembre. Si se comparan sólo los que se muestran dispuestos a votar, entre marzo y septiembre, el PRD aumenta 4% y el PRSC un 6, mientras el PLD cae en 14%.

En la Gallup publicada por HOY en agosto se preguntó con cuál partido se siente usted más identificado. El resultado fue de 43% por el PLD, 20 PRD y 14% PRSC. Ahora se preguntó por cuál partido piensa votar el próximo año, y el PLD cayó al 37%, mientras el PRD subía al 25 y el Reformista al 18. Obsérvese que los dos mayores se mantienen por debajo de su votación del año pasado, mientras el PRSC la duplica.

Donde al PRSC apareció mejor fue en la de la firma Hamilton Beattie &Staff para el Listín Diario, que le otorga una intención de voto del 21 % para el 2006, lo que significa una elevación del 133% en relación a la votación del 2004. Eso podría estar avalando la hipótesis de que la votación reformista del año pasado estuvo afectada por el voto de castigo al proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

En cuanto al PLD y el PRD no hay variaciones significativas en relación a las otras dos encuestas, siguiendo por debajo de su votación en la última elección.

Sobre la economía

La encuesta Gallup para HOY publicada esta semana registra un 71% que cree que la economía nacional está mal o muy mal, lo que representa un aumento del 9 por ciento en relación al 62% que respondió la misma pregunta apenas 3 meses antes, en investigación de agosto. Mientras el 58 % estima que dentro de 3 años estará igual o peor, 10 puntos más que el 48% de la anterior.

Según esta encuesta, hace 3 meses el 48% de la población estimaba que las cosas iban por mal camino, porcentaje que subió ahora al 65%. Sólo el 29% considera que van por buen camino.

La última investigación del CIES, septiembre, arroja el mismo 71% de los que creen que la economía nacional está mala o muy mala. Mientras en la de marzo el 71% consideraba que la economía estaba mejor o mucho mejor que un año atrás, ese porcentaje se redujo 6 meses después al 45%. Y el optimismo de los que creían que en un año sería mejor, mucho mejor cayó del 73 al 47%, entre marzo y septiembre. En la primera el 61% creía que el país iba por buen camino, en la segunda el 63% cree lo contrario, que va por mal camino.

La encuesta Hamilton-Listín Diario midió las expectativas de la población sobre la economía para dentro de un año, arrojando sólo un 38 por ciento que cree que estará mejor, mientras 33 % que peor y 17% igual. Cuando preguntaron si el país se dirige en dirección correcta sólo el 20% lo apreció así, y en dirección equivocada se duplicó al 42%. Aunque, contradictoriamente, el 55% estima positiva la labor del presidente Leonel Fernández, contra un 42% que la califica de negativa.

Los resultados de las tres encuestas contrastan notablemente con las cifras del Banco Central que registran un crecimiento superior al 7 por ciento en los primeros 9 meses del año, con inflación de un solo dígito, lo que podría explicarse en la perversa distribución nacional del ingreso. También por el aumento del desempleo en las zonas francas y el turismo y por la sobre valoración del peso que en el último año redujo considerablemente el rendimiento de los 3 mil millones de dólares enviados por los residentes en el exterior.

Sobre la corrupción

En otros parámetros importantes la gestión de gobierno del PLD tampoco sale bien parada, como es el caso de la corrupción y la delincuencia. En la última encuesta del CIES, el 73% considera que se ha progresado poco o nada en su combate. Mientras el 71% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 6 meses.

La Hamilton registró un elevado 79% que considera que hay corrupción en el gobierno. Aún el 44% de los que simpatizan por el PLD advierten corrupción en la gestión. El 51% del total cree que la corrupción es igual o peor que en el anterior período gubernamental.

La percepción sobre la corrupción choca con la intensa propaganda gubernamental que da por superado ese mal o que lo atribuye como característica exclusiva o fundamental del pasado gobierno. También indica una decepción de la población frente a los esfuerzos de las actuales autoridades por reducirla.

En la Gallup que publica HOY esta semana los encuestados expresan su preferencia por la inversión en salud, educación y ayuda a los pobres, en la creación de puestos de trabajo, electricidad y agua potable.

El CIES midió la apreciación sobre las políticas de lucha contra la pobreza y sólo el 21% estimó que los programas sociales llegan a quienes lo necesitan.

A pesar de la creciente tendencia a enjuiciar mal al gobierno, sin embargo, la imagen del presidente Fernández conserva buena apreciación. En la del CIES el 52% expresó que el mandatario le inspira confianza. En la de Hamilton el 55% estima positiva su labor.

Un balance aleccionador

El balance que arroja la comparación entre las tres últimas encuestas nacionales arroja un balance aleccionador para el PLD y su gobierno. Indica un declive temprano en relación al anterior gobierno que llegó a las elecciones del 2002 con el viento a su favor y barrió en 29 de las 32 provincias.

Cuando se profundiza un poco en los datos se advierte que el PLD y su gestión aparecen mejor valuados en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo y Santiago, así como en el Este, pero con diferencias significativas en el resto del Cibao y en la región sur. Para algunos analistas podría estar reproduciéndose la situación de la anterior gestión peledeísta, por su tendencia, ahora reiterada, a concentrar la inversión en las grandes urbes, especialmente en la zona metropolitana-capitalina y Santiago.

Aún esa inversión tiene una clara tendencia a ir en beneficio de los más pudientes, como las inversiones para facilitar la circulación de automóviles, en el hospital regional de Santiago, mientras sigue en descuido el suministro de medicina y la conclusión de cientos de pequeñas obras regadas por todo el país.

Otro elemento a considerar es la proclividad dela población a decepcionarse rápidamente de sus gobiernos. Se reproduce una tendencia latinoamericana fruto de la enorme deuda social acumulada con poblaciones que en más de la mitad viven en niveles de pobreza y acusan cansancio de las promesas de las campañas electorales, imposibles de materializar en uno o dos períodos gubernamentales. Por eso ya la reelección presidencial está en vías de extinción en América Latina.

Con todo el PLD sigue siendo la mayor fuerza política y podría mantenerse hasta los comicios de mayo próximo. Pero sus estrategas tienen que estar registrando los avisos que han comenzado a dar las encuestas.-

Espinas escollos y para las alianzas

Por Juan Bolívar Díaz
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El entusiasmo con que a principios de mes los tres grandes partidos veían las posibilidades de alianza para los próximos comicios congresionales y municipales ha chocado con espinas y escollos que por lo menos han reducido la velocidad de las negociaciones.

Han salido a flote las serias dificultades de concertar alianzas entre grandes con múltiples precandidatos y con boletas que tanto para el congreso como para los municipios son indivisibles, con el ingrediente adicional de que el voto preferencial para los diputados no garantiza fidelidades.

En los ámbitos del tercer partido del sistema, el Reformista Social Cristiano (PRSC), las cosas se han complicado por las fuertes divergencias internas que incluyen advertencias de que la organización podría sufrir nuevos desprendimientos en caso de una alianza con cualquiera de los otros dos partidos dominantes.

Frenazo en el PRSC

Las divergencias a lo interior del partido colorado son tan fuertes que obligaron a la dirección del partido a dar un frenazo en las negociaciones, al menos públicamente, y a adelantar el proceso para escoger sus candidatos en 13 provincias a partir del sábado 3 de diciembre. Aunque hay quienes creen que será difícil retomar el impulso que traían los ajetreos convencionales antes de que se iniciaran los cabildeos con las otras fuerzas políticas. Los ámbitos del reformismo hierven en especulaciones y versiones, algunas de las cuales consideran que la anunciada suspensión de las negociaciones es sólo táctica, mientras se llenan requisitos estatutarios, pero la mayoría está convencida de que sacan más beneficios aliados a uno de los dos grandes que con la participación independiente. También parece que una gran parte de los que promueven la alianza favorecen que sea con el Partido de la liberación Dominicana (PLD), porque al estar en el poder puede distribuir más que el perredeísmo opositor, tanto en términos de cargos electivos como de posiciones y favores gubernamentales.

Cuando se les han señalado los riesgos de ser absorbidos por un partido gobernante que desde hace una década viene creciendo a costa de los reformistas, los negociadores han argumentado que la alianza será “hasta el 16 de agosto”, es decir hasta la juramentación. Esto último, desde luego, ha dejado un tanto “chivos” a los peledeístas, que a la hora de concretar ofertas lucen lentos y mucho menos generosos de lo que se había especulado.

El pasado jueves el secretario general del PRSC, Víctor Gómez Casanova, dijo que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD estaba haciendo mejor oferta que el partido de gobierno, cuyos dirigentes ya habían señalado como innegociables las candidaturas de las más importantes plazas, como el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y Santiago, así como La Romana y Salcedo.

Todavía el jueves el PLD no había formalizado una propuesta, lo que sí habían hecho los perredeístas, según lo declarado por Gómez Casanova. Por de pronto ya parece descartado el límite de finales de noviembre para la posibilidad de alianza, como habían indicado anteriormente dirigentes reformistas.

La carta de E. Estrella

Angel Lockward estuvo en Teleantillas esta semana advirtiendo los riesgos de nuevas fragmentaciones en el partido colorado si se alían a cualquiera de los dos grandes. Considera que además de los que propugnan por la participación independiente, un sector quiere aliarse al PLD y otro al PRD, en algunos casos con posiciones radicales. Trascendió que el caudillo higueyano y secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Amable Aristy Castro, favorece firmemente que pacten con los perredeistas, y que había protagonizado un incidente en reciente reunión directiva. Pero lo que sonó fue la carta que el último candidato presidencial reformista,

Ingeniero Eduardo Estrella, dirigió una carta a la Comisión Política Nacional argumentando “de manera precisa y definitiva su oposición cualquier tipo de alianza con los otros dos grandes. Se basa en la necesidad de preservar “nuestra identidad partidaria” y en que las encuestas que conoce muestra la oposición del 70 por ciento de los reformistas a tal acuerdo. Según Estrella la alianza de los reformistas debe ser “con el pueblo dominicano a través de la sociedad civil, juntas de vecinos y sociedades intermedias”, sin descartar “otras fuerzas políticas que quieran acompañarnos”, citando al Partido Nacional de Veteranos y Civiles que lo hizo en los comicios presidenciales del año pasado, pero que sólo obtuvo 18 mil 460 sufragios, el 0.51 de los válidos.

Algunos reformistas, a la cabeza de los cuales se citaba al doctor Alexis Joaquín Castillo, trataban de convocar una reunión para iniciar impugnaciones a la forma en que la dirección del partido conduce el proceso de elección de los candidatos. Mientras la Corriente Reformista No a las Negociaciones, originada en Santiago daba rueda de prensa y se movilizaba para hacer sentir su posición.

Dificultades prácticas

Más allá de las posibilidades de acuerdos en principio con una u otra fuerza, en la práctica el sistema electoral presenta escollos para las alianzas en elecciones congresionales y municipales entre dos fuerzas que tratan de preservar su autonomía, es decir cuando ambas quieren llevar su propia boleta.

Lo primero es que las candidaturas de senador y diputados, y las de síndico, vicesíndico y regidores son indivisibles, como las de presidente y vicepresidente, de acuerdo al artículo 86 de la Ley Electoral. Eso implica que para hacer prevalecer una alianza deberá corresponder la candidatura a senador a un partido y las de diputados al otro para evitar que uno niegue el voto al aliado apoyándose en el voto preferencial por los diputados.

Aún cuando a nivel nacional se dicte una alianza, las disidencias internas pueden manifestarse en cualquier municipio mediante la abstención de votar por el aliado y hasta en el registro de candidaturas alternativas. Según la ley electoral la dirección municipal del partido es quien inscribe sus candidatos de ese nivel.

Esos escollos obligan a los partidos a pactar sólo en las jurisdicciones donde no tienen conflictos para evitar los fraccionamientos locales, y por lo tanto se reducen las posibilidades de acuerdos en la misma medida en que una de las partes tengan disensiones o le falte un liderazgo en capacidad de imponerse. En la tradición electoral dominicana el único precedente de alianza entre los tres grandes es el “Frente Patriótico” de 1994, que probablemente no hubiese dado sus frutos si el PRSC se hubiese encontrado tan fragmentado como ahora y sin un caudillo como Joaquín Balaguer.

Para mantener las posibilidades de pacto es que el PRSC no ha llamado a elegir candidatos en todas las provincias. La convocatoria publicada este viernes en el Listín Diario es sólo para el DN y 12 provincias,. Es decir menos de la mitad, y en muchas no se escogerán todos los candidatos, dejando abiertas especialmente las senadurías.

¿Con el PLD o el PRD?

Aunque siguen los contactos tanto con el PLD como con el PRD, en diversos sectores reformistas se aboga por el partido de gobierno. La mañana del viernes se escuchó por Radio Popular que ya estaba firmado el pacto y hasta daban los nombres de los suscritores, encabezados por el presidente Leonel Fernández y el ingeniero Federico Antún. Se llegó a informar que el PLD aportaba 50 millones de pesos para la campaña colorada, pero la versión fue descartada por más de una fuente.

Aparentemente dando por válida esa inclinación, en su artículo de El Caribe del jueves 24 el ideólogo reformista Guillermo Caram, de los fuertes opositores a cualquiera de las alianzas, advertía que la misma dejaría al PRD todo el espacio de oposición al gobierno y tendería a recuperar el perredeismo, que de esa forma podría obtener mejores resultados. También se refería a la posibilidad de nueva división.

Puede ser que la voluntad de pacto de los dirigentes del PLD y el PRSC sea firme, pero el primero ha ratificado la alianza que concertó para los comicios del año pasado con otros seis partidos, que en total le aportaron casi la misma cantidad de votos que entonces obtuvo el reformismo, especialmente el Bloque Institucional Socialdemócrata y la Alianza por la Democracia que consiguieron 98,278 (2.72%) y 84 mil 566 sufragios, (2.34%) respectivamente.

Sumados esos a los votos obtenidos por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, Unión Demócrata Cristiana, Partido Liberal y Fuerza Nacional Progresista, aportaron un total de 292 mil 494, equivalentes al 8.11 por ciento de los válidos. El PRSC obtuvo 294 mil 33, el 8.14 por ciento.

A la hora de la distribución, los reclamos de esos 6 aliados también tendrán que ser considerados por el PLD, especialmente de los más significativos. A menos que quiera desdeñarlos y desligarlos, como hizo el PRD que en el poder regateó hasta una candidatura de diputado a algunos de esos mismos que fueron sus aliados durante 4 procesos electorales, rompiendo un gran frente.

A favor de los reformistas habría que tomar en cuenta que en las anteriores elecciones congresionales y municipales, las del 2002, ganaron más provincias (dos) y municipios (11) que el propio PLD. En términos proporcionales en el nivel municipal los dos partidos sacaron casi lo mismo: 26.84 por ciento para los morados, y 26.65 por ciento los colorados. En el nivel congresional el peledeismo sacó ventaja con 26.80 a 24.37 por ciento, gracias a su alta votación en el DN, Santo Domingo y Santiago. Aunque sólo obtuvo la senaduría distrital.

Las semanas por venir mostrarán las dificultades prácticas de alcanzar una alianza entre cualquiera dos de los tres grandes partidos. A no ser que el PRSC esté en disposición de una virtual entrega, que por demás lo fragmentaría. Si pactan con el PLD darán la razón a los disidentes que encabeza el ingeniero Carlos Morales Troncoso.

Pero nadie debe sorprenderse si al cerrarse el plazo para registrar alianzas, el 28 de febrero, se repite la historia del 2002, cuando perredeistas y peledeistas cortejaron al reformismo y todo concluyó en el “acuerdo de no pacto”. –

El gran desafío para los comicios

Por Juan Bolívar Díaz

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A medio año de las elecciones congresionales y municipales del 2006 el panorama se caracteriza por un creciente desinterés de la ciudadanía impulsado por el progresivo descreimiento en el sistema partidista, lo que plantea la posibilidad de que se incremente la alta tasa de abstención registrada en las dos anteriores.

Embarcados en una prematura lucha interna que llega al nivel de la violencia criminal, dirigentes y activistas políticos ignoran el sentimiento de rechazo que generan, en tanto 38 nuevos grupos buscan obtener reconocimiento con la esperanza de retar el dominio de los partidos tradicionales.

Todavía sin los fuertes cuestionamientos que han caracterizado los anteriores procesos, la Junta Central Electoral (JCE) trata de cumplir un calendario que tiene como inmediato desafío la reestructuración de las juntas electorales e integración de las correspondientes a 17 nuevos municipios.

El desafío del 2006

Hasta el momento nadie está esperando que los comicios del 16 de mayo del 2006 se conviertan en una confrontación de programas ni posiciones ideológicas, sino simplemente en un festival de ambiciones.

La prematura campaña interna en que están embarcados los partidos tradicionales apunta a una simple disputa por las posiciones electorales, más desde el punto de vista individual que de las corporaciones políticas.

Al interior de los principales partidos lo que se percibe es una guerra sin cuartel, que en los ámbitos del Partido Revolucionario Dominicano ha llegado a una violencia que ha cobrado tres vidas, en Los Alcarrizos y Las Matas de Farfán. En el Partido de la Liberación Dominicana los arrebatos no perdonan a políticos de la mejor imagen como Minou Tavarez Mirabal y José Tomás Pérez. Mientras el Reformista Social Cristiano se ofrece a los dos primeros al mejor postor.

En amplios ámbitos de la clase media, incluyendo a los sectores promotores de la democracia dominicana, lo que se respira es una progresiva decepción del nivel de la lucha política. Hasta líderes de opinión, como Ligia Minaya, Mu-Kian Sang y Rafael Toribio no han ocultado su decepción por el rudimentario nivel de la lucha política, el clientelismo y la corrupción..

En ámbitos de la sociedad civil promotores del fortalecimiento de la democracia expresan temores de que el descreimiento en el sistema partidista arroje una abstención superior al 50 por ciento registrada en las dos elecciones congresionales y municipales celebradas en 1998 y 2002, después de la reforma constitucional que las separó de los comicios presidenciales.

Tal nivel de abstención duplica el promedio histórico del 27 por ciento registrado en las elecciones que involucran la Presidencia de la República.

El Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, estima que poco más de 5 millones 300 mil ciudadanos y ciudadanas estarán aptos para ejercer el sufragio en mayo próximo, con un crecimiento de apenas 300 mil en relación a los 5 millones 20 mil registrados para los comicios presidenciales del año pasado, incremento de apenas 6 por ciento.

Nuevos contendientes

Llama la atención el alto número de nuevos partidos y agrupaciones independientes, ascendientes a 38, que han formalizado ante la JCE solicitudes para participar en las próximas elecciones. Cerca de la mitad corresponden a movimientos municipales y provinciales que tratan de retar el predominio de los partidos tradicionales.

La ley dominicana prevé la participación de estos movimientos, a los cuales se les exige para su reconocimiento proporciones de respaldo en el electorado que superan a las que se les pide a los partidos nacionales. En los comicios del 2002 participó una docena de esos movimientos, de los cuales sólo uno de Yaguate, San Cristóbal, quedó reconocido por haber obtenido un regidor.

Se da por hecho que una buena proporción de los nuevos solicitantes serán rechazados por no reunir los requisitos de ley. Mientras 23 partidos mantienen el reconocimiento legal, la mayoría de los cuales acostumbran participar aliados a los tres partidos dominantes.

De éstos últimos los que más votos han alcanzado en los últimos comicios nacionales son el Bloque Institucional Social Demócrata, y la Alianza por la Democracia, aliados al PLD. El Quisqueyano Demócrata, el de Veteranos y Civiles, la Unidad Democrática y el Movimiento de Integración, Unidad y Cambio han perdido terreno en los dos últimos torneos electorales. El financiamiento público de las campañas electorales que rige desde 1997 ha contribuido a fortalecer el predominio de los partidos tradicionales y ha dejado en desventaja progresiva a los nuevos agrupamientos políticos que reciben una ínfima proporción del mismo. Pese al progresivo descontento con los partidos dominantes, las nuevas opciones no han alcanzado proporciones significativas del electorado.

Proceso organizativo

La JCE trabaja cada vez más intensamente en el calendario electoral para mayo del 2006. Para esta ocasión los municipios serán 151, en los cuales se elegirán síndicos, vicesíndicos y regidores, un 20 por ciento superior a los 125 del 2002.

Los diputados a ser electos ascenderán ahora a 178, veintiocho más de los 150 de la última elección, para un crecimiento del 19 por ciento. Sólo los senadores mantendrán el mismo número 32, debido a que el Congreso se atrasó en el conocimiento de varias provincias propuestas.

En el calendario que la JCE se ha dado en el proceso organizativo, lo que está pendiente en lo inmediato es la reestructuración de 43 juntas electorales y la integración de 17 correspondientes a nuevos municipios. En la mayoría de las primeras se trata de sustituir uno a dos de sus integrantes. Hay casos relevantes como el de Santiago, donde hay que escoger de nuevo todos sus integrantes.

En estos días, de acuerdo a los informes de la Dirección General de Elecciones, los inspectores proceden a comprobar las informaciones suministradas por los partidos y movimientos que aspiran a ser reconocidos y se coordina con los partidos la recomposición o integración de las juntas electorales.

Hasta el momento la JCE se desenvuelve sin mayores cuestionamientos sobre el proceso organizativo. Por lo menos están ausentes las denuncias sobre el padrón electoral que han caracterizado los anteriores torneos electorales. Hay quienes creen que por fin los agentes políticos se han convencido de que el registro de electores es sano, como ha quedado evidenciado en los últimos 5 comicios nacionales. El cierre de inscripciones para votar en mayo próximo está programado para el 16 de enero.

En algo en que se ha avanzado es en acuerdos con los partidos sobre el diseño de las boletas y las actas electorales, éstas últimas son tradicionalmente el factor básico de retraso en los cómputos

El calendario electoral

Según el calendario establecido por la JCE, las fechas más relevantes son las siguientes:

28 de noviembre: Inicio del entrenamiento del personal para la transmisión del cómputo electoral.

30 de noviembre: conclusión de la designación de los miembros de las juntas electorales.

16 de diciembre: cierre de los servicios de cedulación y de cambios de residencia con fines electorales.

16 de enero: Cierre de inscripciones en el registro electoral (120 días antes de los comicios, según la Ley Electoral)

31 de enero: fecha límite para entrega a los partidos de la base de datos del registro electoral y los programas a utilizarse en el cómputo.

16 de febrero: límite para publicar la proclama electoral que abre la campaña proselitista (90 días antes de los comicios)

2 de marzo: vence el plazo para depositar las propuestas de alianzas, fusiones o coaliciones (75 días antes de los comicios)

15 de marzo: inicio de la impresión del padrón electoral

17 de marzo: límite para comunicar a los partidos las decisiones sobre alianzas, fusiones y coaliciones y para la presentación de candidaturas y de la relación de ingresos y gastos de los partidos. (60 días antes de los comicios, según la ley.)

23 de marzo: emisión de las resoluciones sobre las candidaturas y comunicación a los partidos políticos y juntas electorales.

30 de marzo: inicio de la impresión de boletas y actas electorales.

16 de abril: límite para publicar la ubicación de los colegios electorales.

1 de mayo: fecha límite para el nombramiento del personal de los colegios electorales.

14 de mayo: límite para instruir el personal de los colegios electorales. Cierre de la campaña proselitista.-

 

El duro negocio de las alianzas

Por Juan Bolívar Díaz

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En un contexto de campaña electoral adelantada, los tres partidos mayoritarios se han envuelto prematuramente en un frenesí de negociaciones en búsqueda de alianzas para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo.

La clave de las negociaciones están en manos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que negocia al mismo tiempo con los otros dos mayoritarios, al mejor postor y muestra impúdicamente sus dificultades para recuperar terreno perdido y volver a ser opción de poder.

Si es por quien puede ofrecer más, los reformistas podrán sacar mayores ventajas negociando con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tiene más que ofrecer al controlar el gobierno central, pero estratégicamente remarcan el camino hacia su disolución como fuerza política de primer nivel.

Decisión precipitada

Aun a más de seis meses para las elecciones congresionales y municipales, es evidente que los partidos mayoritarios se han precipitado en un frenesí de negociaciones para alianzas guardando relación con una intensa lucha por las candidaturas que lleva ya meses al interior de esas organizaciones.

El artículo 62 de la Ley Electoral establece un plazo para el registro de alianzas electorales que vence a más tardar 75 días antes de las elecciones, es decir hasta el 28 de febrero, para lo que todavía faltan 80 días.

Las negociaciones, iniciadas a partir de una reunión efectuada entre perredeístas y reformistas a comienzo de octubre pasado, han sido precipitadas por el también temprano proceso de selección de candidatos, ya iniciado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y fijado para diciembre por el PLD y para enero por el PRSC.

Muchos no entienden qué necesidad tienen los partidos de iniciar tan temprano la campaña electoral para los cargos legislativos y municipales, adelantándose tanto a la proclama de la campaña electoral que según la ley debe dictarse a más tardar 90 días antes de los comicios, en este caso el 16 de febrero. Los partidos tienen hasta el 15 de marzo para inscribir sus candidatos, según el artículo 70 de la Ley Electoral que lo establece a más tardar 60 días antes de cada elección.

Hasta el momento son dos las reuniones formales que han sostenido los reformistas con los perredeístas, la última de las cuales fue el lunes 7 de noviembre. Han tenido una con el PLD habiéndose anunciado otra para los próximos días, aunque el jueves se anunció que las negociaciones quedan en suspenso. Aparte se cuentan los contactos informales efectuados entre dirigentes políticos.

Las negociaciones han involucrado las cúpulas directivas de los tres partidos mayoritarios, incluyendo al presidente de la República y líder del PLD, doctor Leonel Fernández. Peledeístas y perredeístas aparecen dispuestos a “cualquier sacrificio” para conseguir un pacto con el PRSC que les permita una mejor perspectiva de controlar el poder legislativo y el municipal. Para ambos partidos puede ser decisivo aún el 8 por ciento de los votos que obtuvo el reformismo en las elecciones del 2004, que puede ser mayor en el plano provincial y municipal.

En las últimas elecciones congresionales y municipales, las del 2002, el PRSC ocupó el segundo lugar, habiendo ganado en 2 provincias y 11 municipios. El PLD sólo ganó en el Distrito Nacional y en 7 municipios. El PRD se alzó con una mayoría apabullante al obtener mayoría de votos en 29 provincias y 104 municipios. El Partido Revolucionario Independiente (PRI) fue el cuarto ganador, en 3 municipios.

Sorpresiva suspensión

Este jueves cuando se esperaba una nueva reunión de los dirigentes reformistas con los peledeístas, el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún, sorprendió anunciando que las negociaciones “quedaron en suspenso, por el momento” para discutir con la dirección nacional el camino a seguir en relación a la participación electoral.

Al parecer los líderes del partido colorado decidieron transitar el camino institucional, acogiendo reclamos como el del ingeniero Guillermo Caram, quien estima que el Directorio Nacional es el organismo que debe decidir las líneas políticas y las estrategias electorales, por lo que había solicitado su convocatoria.

Caram, partidario de que el PRSC trille su propio camino, se había quejado de que las negociaciones para alianza habían sustituido el mecanismo instituido por los estatutos del partido para escoger sus candidatos que es la elección primaria, para lo cual se han inscrito cientos de candidatos a nivel nacional.

Otros partidarios públicos de la participación “para reafirmar el partido” y abandonar el papel de comodín, son el excandidato presidencial Eduardo Estrella, Luis Toral y Berlarminio Ramírez.

Esta semana emergió en Santiago la “Corriente Reformista No a las Negociaciones”, ni con el PLD ni con el PRD, reclamando “apoyo militante a las candidaturas propias”, presidida por Conrado Asencio y Jorge Coronado, la cual envió una carta a Quique Antún pidiendo rectificar el camino.

Con más de dos meses por delante para negociar, la máxima dirección reformista hace bien en consultar a la directiva nacional. En cualquier caso para que pueda darse una alianza con otro de los partidos mayoritarios tendrá que mediar la renuncia de una parte de los aspirantes de cada una de las organizaciones involucradas. El que ya hayan sido escogidos hace más difícil los pactos, pero no imposible. Por demás, tanto en el PRD como en el PLD podrían hacer reservas de candidaturas para cuando esté maduro el tiempo para una negociación final con el PRSC.

En la dirección colorada son muchos los que estiman que el partido no está en condiciones de irse solo a los comicios porque podría exponerse a quedar en peores condiciones que en los comicios del 2002, celebrados cuando todavía Balaguer vivía, aunque estaba virtualmente en agonía. Falleció dos meses después.

Hay quienes creen, como la doctora Licelotte Marte de Barrios, que ninguno de los tres mayoritarios puede darse el lujo de despreciar la posibilidad de una sumatoria de fuerzas por lo menos en las jurisdicciones en que son débiles, que todos las tienen. Ella rechaza que su partido haya sido bisagra, argumentando que sólo pactó en 1996 “por razones patrióticas”, lo cual es cierto, pero se desgastó en infructíferas negociaciones y diversidad de corrientes que favorecían los pactos para los comicios del 1998, 2000, 2002 y 2004.

El dilema: ¿PLD o PRD?

Si decide, como se espera, volver a las negociaciones el PRSC tendrá que afrontar el dilema de si se alía al partido de gobierno o al de oposición. Aunque podría optar por dejar que sea en cada provincia que decidan con quién se juntan. Caram cree que en unos lugares favorecerán la alianza con el PLD y en otros con el PRD, de acuerdo a las conveniencias locales. Hay quienes preferirán irse solos.

En lo inmediato parece claro que el partido morado está en condiciones de ofertar más. Se afirma que ofrecería la mitad de las candidaturas a senadores y regidores y por lo menos un tercio de las de diputados. Se ha llegado a hablar de 16, 90 y 60.

El PLD tendría más facilidad para desprenderse de esas candidaturas, pues tiene el poder para ofrecer cargos de compensaciones a quienes queden insatisfechos. Por demás, entre sus dirigentes hay más conciencia de corporación que en el perredeísmo.

Estratégicamente, para el gobierno peledeísta es fundamental despojar al PRD del control de las cámaras legislativas, especialmente del Senado, y de una buena parte del dominio municipal, lo que contribuiría al debilitamiento del partido blanco y en consecuencia abriría mayores perspectivas para un largo reinado morado en el poder.

Claro que por las mismas razones los perredeístas tratan de sumar sus fuerzas con el reformismo, no sólo buscando mantener su fuerza congresional y municipal sino especialmente para debilitar al PLD y abrirse posibilidades de retorno al poder.

La alianza PRSC-PLD es estratégicamente más peligrosa para los colorados, porque el partido morado ha crecido a su costa, atrayéndose parte de sus militantes, desde el Frente Patriótico de 1996 hasta ahora. Ambos tienden a ocupar el mismo espacio social e ideológico. Justamente esa alianza tropieza con el hecho de que la última fragmentación del reformismo está precisamente aliada al PLD. Coincidir con éstos le resta fuerza moral a los dirigentes salidos de la renovación directiva de este año.

En cualquier caso la alianza tendería a reafirmar al PRSC como tercer partido, como la bisagra del sistema electoral dominicano. Pero un poco más si es con el PLD. Una alianza de oposición siempre es más digerible. Juntarse con el que está en el gobierno resta fuerza para reclamar sustituir a quienes ejercen el poder.

La experiencia de 1996 no abona mucho las simpatías por la alianza colorado-morada, porque los primeros creen que los peledeístas “fueron ingratos”, que “comieron solos” y además pescaron en sus aguas, atrayéndose parte de sus cuadros y militantes.

Pero con el PRD habrá mucho más dificultades para conseguir una buena tajada del pastel congresional y municipal, que satisfaga las expectativas de dirigentes y militantes, muchos de los cuales no están acostumbrados a tan prolongada ausencia del poder. Hay quienes creen que la supervivencia del partido colorado pasa necesariamente por una buena cuota del poder, y eso sólo lo garantiza el que está en el gobierno, donde hay muchas otras formas de premiar o compensar, incluyendo cargos, compras y contratas.

No hay dudas de que el proceso pone en juego el futuro del Partido Reformista, incluyendo riesgos de nuevos fraccionamientos, por disensión sobre las negociaciones. Todo dependerá del nivel en que se encuentre la fe en la organización y el propio aprecio de sus posibilidades de recuperación. Los que tienen bajos esos dos ingredientes favorecerán la alianza y con el que más ofrezca.

Finalmente, para los que desconocen el sistema electoral, hay que recordar que las candidaturas congresionales y municipales son indivisibles. Es decir que se vota por el senador y los diputados de un mismo partido, lo mismo que por el síndico y los regidores. Eso y el voto preferencial hacen más difícil las alianzas.-

 

Un reto al Congreso

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retarían la capacidad política del congreso opositor si le dan un tiempo razonable para que conozca el proyecto de “reformas tributarias” presentado esta semana, como planteó el secretario de la Presidencia Danilo Medina.

De cualquier forma es iluso pretender que las dos cámaras legislativas se van a precipitar a aprobar la conflictiva reforma, siendo muy probable que eso no ocurra hasta fin del año, conjuntamente con el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos públicos para el 2006 que deberá enviar el gobierno en las próximas 6 ó 7 semanas.

Sólo el acercamiento del próximo año pondrá presión sobre el Congreso que tratará de ampliar “el consenso” satisfaciendo demandas sectoriales y con una buena negociación conferirle al proyecto el carácter de “reforma fiscal” que amplios sectores pretendieron durante la primera fase de las negociaciones.

El TLC abre el telón
Tal como se advirtió en HOY del 31 de julio pasado (El TLC y Reforma fiscal pueden ir en dos etapas), el tratado de libre comercio con Estados Unidos fue aprobado y promulgado dejando pendiente la reforma fiscal que impone. El Congreso forzó al gobierno a aterrizar en un proyecto específico adelantando la aprobación del convenio.

Después de más de dos meses de negociaciones en el marco del Diálogo Nacional que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, el gobierno finalmente sometió al Congreso un proyecto de “reformas tributarias”, dejando insatisfechos a los sectores que reclamaban que abarcara todo el ámbito fiscal y más allá para incluir nuevos mecanismos de transparencia y
control del gasto.

Ahora la bola está en la cancha congresional donde domina la oposición política,  encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en segundo lugar el Reformista Social Cristiano (PRSC) cuyos voceros han adelantado que de ninguna manera festinarán la reforma, formulando numerosos reparos y disposición a atender reclamos de los sectores sociales y hasta empresariales cuyos intereses no encontraron nido en el “consenso” orquestado por el gobierno.

Enviado con un simple mensajero, el proyecto de reformas tributarias auspiciado por el gobierno entró por la Cámara de Diputados que esta semana lo sometió a su comisión de Finanzas con el encargo de abrir vistas públicas para escuchar a todos los sectores interesados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que las vistas públicas comenzarán el 26 de septiembre, después que la próxima semana los comisionados se reúnan con el equipo económico del gobierno para escuchar sus fundamentos, advirtiendo que no será festinado y que los legisladores se tomarán el tiempo preciso para analizar y ponderar el proyecto y que no se debe esperar una simple aprobación. Estimó que eso podría tomarse de uno a dos meses.

Si se le da el mismo tiempo después a los senadores, la reforma podría tardar de tres a cuatro meses, remitiéndose para enero. La fijación de una fecha para entrada en vigencia del TLC, cosa aún indefinida, pondría presión sobre el Congreso.

Como telón de fondo están los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo, los que determinaron que el gobierno procurara el refuerzo del “consenso” básicamente con la cúpula empresarial industrial y comercial y los mismos que llevarán a las cámaras legislativas a transar con los sectores inconformes, en especial el turístico, agropecuario, fabricantes de ron y el sindical-social.

Acierta Danilo Medina
Abandonando la posición talibanesca que llegó a reclamar al PRD que aprobara la reforma tributaria o fiscal antes de que el gobierno tuviera un proyecto propio, el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, optó esta semana por una posición racional, al plantear que se dé tiempo al Congreso para que formule sus recomendaciones.

Aunque defendió la propuesta del gobierno, Medina fue considerado con los legisladores y aseguró que el gobierno no tiene intención de inmiscuirse en la labor legislativa. Su acierto quedó confirmado cuando el jueves el único senador oficialista, José Tomás Pérez, reclamó públicamente que el gobierno respete la jurisdicción legislativa, dejando que el Congreso cumpla su misión sin presiones extemporáneas.

Si los funci onarios del gobierno y dirigentes del PLD comienzan temprano a presionar el Congreso para que apruebe el proyecto, alentarán una confrontación política que hará más tortuoso y lento el proceso. Un tiempo razonable podría ser hasta fin del año, sobre todo si se determina que el TLC arranque en enero.

En el mejor de los casos, el gobierno debería preparar su proyecto de presupuesto para el 2006 en base al proyecto que sometió al Congreso. Detenerlo en espera de la aprobación de la reforma tributaria incentivaría la prolongación.

Lo que sería lógico es que el gobierno se prepare para algún género de transacción política, ya que es muy difícil que los opositores en control del Congreso le aprueben un proyecto que tiene objeciones en numerosos sectores, incluyendo al empresarial, que fue el principal pie de amigo sobre el cual logró sustentarlo.

En cualquier caso, la reforma, ya sea tributaria o fiscal, pondrá una vez más a prueba la capacidad del sistema político dominicano para la gobernabilidad y la convivencia entre los diversos poderes del Estado, sin que ninguna de las partes apele a la compra o venta de votos legislativos.

De lo tributario a lo fiscal
La reforma que está planteada en el Congreso Nacional sería la cuarta en cinco años y como en los casos anteriores está en camino de quedarse en lo simplemente tributario, un parche más, al decir de algunos, que dentro de uno o dos años podría estar demandando otro.

Nunca como esta vez se había reclamado tanto que esta reforma pasara del límite de lo tributario para convertirse en fiscal, es decir que abarcara no sólo la ampliación de los tributos, sino también las prioridades y transparencia del gasto, incluyendo nuevas normas que garanticen mayor racionalidad y controles.

El liderazgo empresarial, tanto del Consejo Nacional de la Empresa Privada como de la Asociación de Industrias, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y la Asociación de Industriales de Herrera proclamó reiteradas veces que esta vez era imprescindible una reforma fiscal. Las organizaciones sociales y sindicales, la oposición política y gran parte de los comunicadores sociales compartieron esa demanda.

Pero sin mayor explicación, convencidos por los negociadores gubernamentales de que “esta es la reforma posible”, la cúpula empresarial dio por buena y válida un proyecto de simple carácter tributario, supuestamente “neutro”, que sustituye los impuestos que caerán con la entrada en vigencia del TLC, el recargo cambiario y el desmonte arancelario, y para  suplir unos 5 mil millones de pesos de incentivos a los sectores productivos para que puedan insertarse en el nuevo escenario de competitividad.

Una de las alternativas que tendría la oposición congresional sería la de devolver el debate al ámbito de la reforma fiscal, reivindicando planteamientos que serían difícil de rechazar hasta por una parte de los sustentadores del proyecto presentado por el gobierno.

Sería iluso pretender una reducción de la nómina gubernamental, como algunos llegan a requerir. Pero al menos una real congelación, con mecanismos de control y sanción, y una reducción de las numerosas partidas de gastos corrientes, dentro de una declaración de austeridad. En manos del Congreso está aprobar el proyecto de ley para establecer concursos y licitaciones en las contrataciones de obras, compras y concesiones del Estado, que el gobierno procura dilatar, pero a lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional y con el TLC.

De amplia visión política
Si en los líderes de los partidos de oposición y del Congreso primara una amplia visión política de cara al desarrollo institucional de la nación, podrían aprovechar la circunstancia para negociar con el gobierno la aprobación y puesta en vigencia de toda una serie de normativas que han sido reclamadas por los organismos internacionales multilaterales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, reivindicadas además por organizaciones sociales y empresariales.

Entre esas normativas se señalan nuevas leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de Reorganización Mercantil y liquidaciones. Lo mismo que una reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de la ley de Presupuesto, de Tesorería Nacional y una ley de defensa del consumidor.

Para reivindicar todas esas reformas, el liderazgo político y legislativo tendría que estar imbuido de una visión crítica positiva y de una voluntad política de superar el tráfico de influencia que ha caracterizado la labor del Congreso, como está ocurriendo también con la mayoría de las salas capitulares de los ayuntamientos.

Tanto el PRD como el PRSC requerirían de grandes miras para recuperar el crédito que han perdido en la sociedad y conservar o recuperar importantes cuotas de poder en el Estado. Pero esas visiones lucen cada vez más distantes en partidos que tienen sus energías demasiado concentradas en las luchas grupales con miras al inmediatismo electorero.

Los líderes políticos y legislativos tienen por delante un enorme reto con el proyecto de reformas tributarias, susceptible de ser convertido en uno de reformas fiscales. Sería un gran aliento que volaran a la altura de las circunstancias, pero su simple planteamiento deja la sensación de estar predicando en el desierto o lanzando piedras a la luna, ya que la política nacional se ha tornada indecentemente pragmática y limitada.-

Nuevas reformas al sistema electoral

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento cívico Participación Ciudadana ha puesto en manos de la Junta Central Electoral (JCE) un pliego de sugerencias encaminadas a introducir nuevas reformas para democratizar el sistema electoral dominicano que ha registrado considerables avances en la última década.

El fundamento de las nuevas reformas y disposiciones reglamentarias es la necesidad de proteger el derecho de la ciudadanía a elegir libremente y ayudar a los partidos políticos a mejorar su desempeño para detener la erosión que se registra en su crédito público.

El organismo rector de los comicios podría asumir una mayor iniciativa en las normativas electorales, proponiéndose para la próxima cita electoral el perfeccionamiento del voto preferencial que debería incluir la posibilidad de elegir al senador y al síndico independientemente de los diputados y regidores.

Una década de avances

En el ámbito electoral es donde mayores avances concretos ha registrado la democracia dominicana en la última década, superando los traumas y fraudes que vulneraron la voluntad popular en la mayor parte del trayecto de la República.

A partir de la reforma constitucional fruto de la crisis electoral de 1994, se separaron las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales, se estableció el financiamiento estatal de los partidos, se instituyó el voto preferencial para diputados y se elaboró un nuevo padrón electoral fotográfico puesto a disposición de todos a través de la red de internet.

También fueron separadas las funciones administrativas de las contenciosas en la JCE, se establecieron mecanismos más transparentes en todo el proceso electoral, instituyendo la consulta a los partidos políticos para las decisiones claves y se adoptaron nuevas normativas para evitar la adulteración de actas electorales.

Entre las prioridades que afrontan los actuales jueces electorales sobresale la automatización de las oficialías del Estado Civil, fundamento de todo el sistema electoral y los primeros pasos encaminados a instituir el voto electrónico.

A pesar de que ha habido dificultades para un consenso político a la hora de elegir los jueces electorales, lo que ha generado incertidumbres y confrontaciones, las seis votaciones efectuadas en la última década, incluyendo las dos de 1996, han consolidado el sistema democrático, tras concluir sin mayores impugnaciones, especialmente las presidenciales.

Para los próximos comicios congresionales y municipales existe el desafío de superar las dificultades tradicionales en los procesos de cómputo, levantamiento y verificación de actas de votación que han sido excesivamente lentos, originando incertidumbres y conflictos, especialmente en las grandes concentraciones del Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago.

En el 2002 el proceso de empantanó en estas tres jurisdicciones arrojando sombras sobre los resultados, especialmente en Santiago, donde además se comprobó adulteraciones de actas. Eso determinó que para las elecciones del 2004 se adoptara el sistema de plastificación de las actas luego de ser redactadas y firmadas.

Queda pendiente un mejor entrenamiento para los operadores de los colegios electorales a fin de disminuir la alta proporción de actas que llegaron con errores de sumatorias tras la introducción del voto preferencial por los diputados. También se ha diagnosticado la necesidad de simplificar el proceso de verificación de las actas en las juntas electorales municipales que determinan extrema lentitud en el cómputo.

Nueva iniciativa de PC

El movimiento cívico Participación ciudadana (PC), que tanto ha contribuido al mejoramiento del sistema electoral dominicano, tomó la iniciativa esta semana presentando a la JCE un pliego de sugerencias para que las próximas elecciones conlleven nuevos escalones de perfeccionamiento.

Las propuestas, contenidas en un documento, fueron entregadas al pleno de los jueces electorales que el jueves recibieron a dirigentes de la organización social y dieron amplias muestras de receptividad y disposición a considerarlas.

Al anunciar su decisión de observar rigurosamente todo el proceso electoral próximo, y de proponer nuevamente a los partidos un código de ética electoral, PC formuló varias iniciativas para seguir perfeccionando el sistema comicial dominicano.

Las propuestas se resumen en un acuerdo para limitar la extensión de la campaña electoral, la ampliación del voto preferencial abarcando la elección de los regidores, además de los diputados, un rediseño de las circunscripciones electorales en los lugares que lo demandan, separación de las elecciones de senadores y síndicos de las de los diputados y regidores y una revisión del método de asignación de escaños.

La iniciativa de Participación Ciudadana incluye el establecimiento de una circunscripción electoral nacional para garantizar una mayor representación de las minorías, con mayores dificultades de acceso al Congreso y las salas municipales tras la institución del voto preferencial.

Se reclama solucionar las dificultades que se registraron en algunas provincias con un diseño poco equitativo de las circunscripciones, siendo el caso más relevante el de Santiago, donde todas concluyen en el parque central, con el resultado de que todos los diputados salieron del núcleo urbano santiagués en perjuicio de la representación de los demás municipios.

Para superar esta inequidad la JCE tendrá que hacerse fuerte, ya que los tres partidos mayoritarios coinciden en defenderla, probablemente porque las cúpulas provinciales residen en el municipio central.

Reformas normativas y de ley

Entre las sugerencias presentadas por PC a la JCE las hay que pueden ser adoptadas por resolución normativa y otras que requieren una modificación de la ley electoral.

El establecimiento del voto preferencial para los regidores se previó en la reforma de 1997 a la ley electoral y ya depende de una resolución de la JCE.

Lo mismo puede decirse de la revisión de las circunscripciones y la adopción de un método más democrático para la distribución proporcional de los diputados y regidores.

Participación sostiene que “La experiencia de los países de Centroamérica ha demostrado que el método del cociente electoral permite una distribución de escaños más justa que el método D’Hondt, que es el que hasta ahora se ha utilizado en el país”.

Para establecer una circunscripción nacional, que reservaría determinado número de escaños para la representación de los partidos que registren una cierta cantidad de votos en la totalidad de los colegios, pero que no alcancen a ganar en ninguna circunscripción, se requiere sin duda una reforma legal. Hay quienes creen que también habría que reformar el artículo 24 de la Constitución que establece la forma de elegir los diputados.

De hecho es urgente reformar ese artículo para limitar el crecimiento del número de diputados que el año próximo crecería en una veintena. Pasarían a ser unos 170. Hace cuatro años fueron aumentados de 120 a 150. Otro tanto ocurre con la proporción de los regidores, dependiente del crecimiento poblacional.

La posibilidad de que los electores puedan seleccionar un senador y unsíndico de partidos diferentes a los diputados y regidores, garantizaría el derecho al voto y fortalecería la representación, eliminando el arrastre.

Tal avance, empero, requiere la modificación del artículo 86 de la Ley Electoral, que establece la elección conjunta de senadores y diputados, y de síndicos y regidores, mediante “candidaturas indivisibles o no fraccionables en sí mismas”.

Límite a las campañas

El movimiento cívico expresó su preocupación porque ya se haya comenzado la promoción de candidatos, 9 meses antes de los comicios congresionales y municipales, por lo que pidió a los jueces electorales que convoquen a los partidos reconocidos y propongan un compromiso para aplazar la campaña hasta enero próximo “a fin de reducir los costos de este ejercicio democrático en una nación que aún no se recupera de la grave crisis financiera y económica que estalló en el 2003″.

La petición se basa en que las campañas electorales dominicanas son muy largas y costosas, lo que incentiva el abuso de los recursos del Estado y compromete excesivamente a los elegidos con los poseedores de las mayores riquezas, incluyendo las provenientes de actividades ilícitas.

También porque “van en perjuicios de los candidatos y candidatas que tienen menores financiamientos, que no se apropian de los recursos propios ni alienan su independencia con los grandes poderes económicos”. Considera, así mismo que “las extensas campañas debilitan la institucionalidad de los partidos, pues tienden a crear grupos con finanzas propias y en detrimento de la unidad”.

La limitación de la campaña reduciría la crítica mayor que se formula al voto preferencial, porque estimula la competencia entre los candidatos de un mismo partido. En algunos países se ha limitado también la cantidad de dinero que puede gastar cada candidato para reducir las luchas internas y las ventajas de los adinerados.

En el liderazgo político nacional se justifican las extensas campañas en las votaciones primarias que realizan con excesiva anticipación para que el tiempo “cure las heridas” que dejan las luchas internas, pero éstas son más profundas en la medida en que se extiende el período. Sesenta días de campaña interna y 90 externa deberían ser suficientes para elegir candidatos y presentarlos a la ciudadanía, sobre todo si son para el Congreso y los municipios. Comenzando en enero sería suficiente.

Aunque el tiempo conspira contra las reformas legales propuestas, todavía serían posibles con una firme voluntad de la JCE y la apelación a los partidos, que deben ser los más interesados en mejorar el sistema electoral y su crédito ante los electores. El sistema partidista requiere ayuda para evitar que prosiga por la pendiente enjabonada en que lo sitúan las encuestas y análisis políticos.

 

El interés político en primer plano

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Leonel Fernández Reyna pareció haber desaprovechado la celebración del primer aniversario de su gobierno para dar pasos concretos en el enfrentamiento de los grandes desafíos nacionales, lo que paliaría el creciente desaliento que se diagnostica en el país.

Su discurso del 16 de agosto fue eminentemente político, planteando lanecesidad de la permanencia de su partido en el poder por muchos años y decorte electoralista, incentivando el temprano inicio de la lucha por puestoslegislativos y municipales que se disputarán en mayo próximo, dentro de nueve meses.

Lo único que salvó la efeméride, salpicada de sangre y salvajismo en Piedra Blanca de Bonao, fueron los cambios de funcionarios dispuestos en una decena de organismos gubernamentales, con el elemento positivo de haber incluido a dos que han sido investigados sobre actividades que lindan elámbito de la corrupción.

Sin novedad en el frente

El primer aniversario del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) transcurrió sin más novedades que algunas remociones de funcionarios, sin que se produjeran decisiones que despertaran entusiasmos y renovaran lasexpectativas alicaídas de cambios fundamentales.

Se había esperado que el presidente Fernández aprovecharía la ocasión para dar un nuevo impulso a su gobierno, con pasos concretos que lo llevaran a anotar algunas carreras, como le requirió la reputada socióloga Rosario Espinal en su artículo de HOY del jueves.

La imagen que se ha ido forjando del régimen peledeista es de muchas enunciaciones, magníficos discursos, muchos seminarios y asesores internacionales y pocas materializaciones.

Se esperaban hechos concretos para combatir efectivamente la delincuencia, más allá de las promesas de que habrá tolerancia cero con la misma,  como la dotación de medios de transporte terrestre y aéreo, de equipos de comunicaciones y concretización de los prometidos aumentos de sueldos para la Policía Nacional, así como una elevación significativa del número de sus integrantes para hacer realidad el patrullaje.

En materia de ahorro de combustibles y programas de sustitución, hace meses que se esperan disposiciones gubernamentales, mientras el petróleo escalaba por encima de los 65 dólares el barril. Sin el menor gesto de austeridad, el primer mandatario ha cifrado sus esperanzas de afrontar la carestía del petróleo en la solidaridad del gobierno venezolano tres veces en menos de dos semanas.

En dos ocasiones en apenas diez días el presidente Fernández se ha quejado del robo de energía eléctrica, culpando incluso a los sectores empresariales y adinerados, señalando que el 47 por ciento de los usuarios no pagan el servicio, y se da cuenta de que el subsidio a la misma se ha elevado en más de un cincuenta por ciento en lo que va de año. Pero no hay una sola disposición para enfrentar la situación.

En materia de políticas anticorrupción ya no bastan las condenas a lo pasado si el gobierno no acaba de adoptar una ley o emitir el “decreto puente” elaborado por su Comisión Nacional de Etica, para las compras, contratas y concesiones de obras del Estado.

Tampoco se ha producido ninguna disposición tendiente a reducir el gasto corriente y a generar austeridad en el Estado, aunque es un reclamo permanente dentro de las negociaciones para una real reforma fiscal integral, es decir que supere el nivel de las recaudaciones y abarque el gasto, las prioridades, los controles y la rendición de cuentas.

Un discurso electoralista

En vez de responder a las demandas de los sectores sociales y empresariales y de la opinión pública, el presidente Fernández sorprendió con un discurso de corte electoralista, al hablar el 16 de agosto en la clausura del congreso de su partido.

La improvisada alocución del presidente tuvo dos elementos contraproducentes en momentos en que la atención nacional está centrada en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y las reformas fiscales a que obliga: laprolongación en el poder, y el desafío al liderazgo local para que reproduzca el triunfo peledeista del año pasado.

A 9 meses de las elecciones congresionales y municipales, el mandatario proclamó que lAs mismAs pondrán a prueba el liderazgo local de su partido, estimando que éste reproducirá el éxito logrado el año pasado por el liderazgo nacional, para consolidar al partido morado como la primera fuerza política.

Tras ponderar el progreso aportado por los gobiernos de Trujillo y Balaguer, que se prolongaron en el poder, aunque bajo métodos dictatoriales, el doctor Leonel Fernández proclamó que el PLD debe gobernar durante “un tiempo prudente” para realizar grandes tareas de gobierno. “Eso no se hace en 4 años ni en 8 años. Tenemos el dilema de que cada 4 años, hay procesos electorales y hay alternabilidad en el poder, de manera que la visión de desarrollo se ve perjudicada por la alternabilidad”.

Tal pronunciamiento fue de inmediato interpretado como el primer aviso del lanzamiento a la búsqueda de la reelección, cuando apenas se cumplía el primer año del período gubernamental. Y no faltaron funcionarios, como la secretaria de Educación Alejandrina Germán, que de inmediato la consideraran conveniente.

La repercusión del planteamiento fue tan fuerte que al día siguiente el propio presidente Fernández aclaró sus alcances, indicando que no se refería a su continuidad personal, sino a la del partido, a la construcción de “una mayoría permanente para que a través de los años la democracia se consolide y tengamos un país que pueda avanzar y progresar”.

En cualquiera de los dos casos el planteamiento lució inapropiado en momentos en que se afronta el desafío de una reforma fiscal, cuando el gobierno debería ser el primero en bajar las banderas partidarias en aras del consenso nacional, sobre todo porque el control del Congreso Nacional está en manos del principal partido de oposición.

Si el presidente incita a los líderes locales de su partido a comenzar a trabajar para la victoria electoral del próximo año, cuando ya algunos de ellos comienzan a gastar recursos en promoción personal, mediante vallas y afiches, no puede esperarse que los opositores subordinen sus intereses partidistas al de la nación.

Pero es que, además, una campaña electoral prolongada es absurda en medio de una crisis económica y de los nuevos constreñimientos que impone la reforma fiscal inminente.

Sorprendentes remociones

No dejó de causar sorpresa el número de remociones dispuestas al comenzar elsegundo año del gobierno peledeísta, ya que hubo muy pocas en los dos últimos períodos gubernamentales.

En muchos casos se trató de intercambios de posiciones, pero fue significativo que incluyeran a los directores de la Corporación de Empresas Estatales y del Instituto Postal Dominicano, dos organismos del gobierno donde se habían denunciado prácticas poco transparentes, colindantes con la corrupción.

Los cargos más importantes donde hubo renovación fue en la jefatura de la Policía Nacional, donde el general Bernardo Santana Páez sustituyó al general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, y en la secretaría de Salud Pública, donde fue designado como titular el doctor Bautista Rojas Gómez en lugar del doctor Sabino Báez, quien a su vez pasó a dirigir el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, por la doctora Nelly Pérez, a su vez nombrada cónsul en Barcelona.

En la Policía Nacional un académico sustituye a otro que aparentemente no pudo adecuar la institución a los requerimientos de una seguridad ciudadana cada vez más sarandeada por el auge de la delincuencia. El general Pérez Sánchez tampoco pudo imponer su sello personal en el combate a los delincuentes más allá del firme incremento de las muertes de delincuentes y supuestos delincuentes a manos de agentes policiales.

Los otros cambios afectaron a los titulares de la Oficina Nacional de Presupuesto, la Tesorería Nacional, el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas, la Autoridad Portuaria Dominicana y el productivo consulado en Nueva York.

Esos cambios al menos sirvieron para distraer la atención en momentos en que el país era sacudido por la manifestación de primitivismo político que tuvo efecto en Piedras Blanca de Bonao, en la jornada conmemorativa de la Restauración de la República, ocasión en que se renuevan los bufetes directivos de las cámaras legislativas y los ayuntamientos.

La muerte de dos regidores y dos dirigentes del partido de gobierno durante una balacera desatada en el interior mismo del local municipal, fue expresión del desenfreno y las pasiones políticas, de la lucha por posiciones públicas lucrativas así como de la proliferación de armas de todo tipo en manos de la población.

Las informaciones y testimonios recogidos por los periodistas indican que el origen de la tragedia está en luchas internas en la dirección local del partido de gobierno que involucran al gobernador provincial Félix Nova.

La violencia de Piedra Blanca salpicó de sangre la conmemoración del restablecimiento de la independencia nacional, originando nuevos desconciertos, disgustos y cuestionamientos sobre el rumbo del partidismo político nacional. Así una semana que se esperaba dejara crear nuevas esperanzas ha concluido en frustraciones.-

La reforma fiscal presa de intereses

Por Juan Bolívar Díaz
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Los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales del año próximo siguen condicionando la reforma fiscal en discusión para la cual todavía no existe un proyecto específico, que no ha podido lograrse ni siquiera en el nivel de la subcomisión técnica que lo discutió durante cuatro semanas.

Esa subcomisión, creada dentro de la instancia del Diálogo Nacional, sólo pudo establecer una serie de opciones en la madeja de intereses económicos, sin lograr consenso para una propuesta definitiva, lo que ahora corresponderá a una “comisión ampliada” , donde entrará también la representación de los partidos políticos.

Resalta que el gobierno no ha dado la menor señal de que auspiciará una reforma integral que abarque el gasto, prioridades y rendición de cuentas con nuevos mecanismos legales de control. En definitiva ha quedado de manifiesto que la reforma fiscal todavía requerirá de tiempo y voluntad política.

¿Expectativa frustrada?

La expectativa general de que la subcomisión técnica, integrada por representantes del gobierno, el empresariado, sindicalistas y sector social, llegaría a un consenso para la reforma fiscal quedó frustrada el jueves cuando concluyó su labor.

Todo lo que pudo lograrse fue identificar cuatro opciones, provenientes de los sectores representados, en medio de crecientes suspicacias porque el gobierno no acaba de dar señales de que auspiciará una reforma que incluya austeridad, límites al gasto público, y normas para reducir la discrecionalidad y garantizar un orden de prioridades y rendición de cuentas.

Tal como advirtieron ayer viernes la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales las diferencias sobre la reforma fiscal son mínimas y pueden armonizarse, -especialmente entre las propuestas gubernamentales y el empresariado-, pero el gobierno no acaba de dar señales de que mejorará la calidad del gasto y adoptará cambios profundos para tener una administración pública menos costosa.

Los empresarios estiman que están identificadas las fuentes de recaudación, pero no han visto manifestarse el compromiso del gobierno con el manejo eficiente del gasto público, de que los recursos que recaude serán bien utilizados y no se irán por la cañería de la corrupción.

Ya a mediados de semana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada se había manifestado en términos aún más conminatorios, indicando que no puede haber consensos parciales y que “la reforma tiene que ir mucho más allá que un simple acuerdo tributario, más allá de tan solo los impuestos”.

Específicamente el CONEP pidió que el gobierno presente los proyectos para leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de modificación del título 1 del Código Tributario y de Reorganización Mercantil y Liquidaciones.

También reclamaron consenso general para aprobar proyectos depositados en el Congreso para nuevas leyes de presupuesto, de compra y contrataciones estatales, de Tesorería Nacional, de crédito público, de reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de competencia y de defensa del consumidor.

Amplia y abarcadoramente integral fue también la propuesta publicada esta semana por el grupo empresarial León Jiménes, que en materia de organización gubernamental y social parece la más completa.

A Comisión Ampliada

La subcomisión entregó una matriz con cuatro opciones, correspondientes a los planteamientos de los representantes gubernamentales, empresariales, sindicales y sociales. Las del gobierno y los empresarios están bien aproximadas en cuanto a los montos, de 28 mil 492 y 27 mil 490 millones de pesos respectivamente, para una diferencia de sólo 998 millones.

A su vez, la sindical y social coinciden mucho más aunque se distancian en los montos, de 35 mil 378 y 38 mil 806 millones de pesos, para una diferencia de 3 mil 428 millones de pesos, de los cuales 2 mil 400 millones corresponden a ingresos por focalización de subsidios y 640 millones de pesos por impuestos a personas físicas que la propuesta social (CIECA-Centro Juan Montalvo) incluye.

Las diferencias del empresariado con las propuestas del gobierno son los 2,400 millones de pesos que este propone de impuestos sobre la renta de sociedades, 300 millones a la renta de personas físicas, 900 millones por la retención del 4 por ciento del valor de las importaciones como anticipo de impuesto sobre la renta, y 580 millones de pesos por el gravamen del 1 por ciento a los activos de las empresas, para un total de 4 mil 180 millones de pesos.

Pero a su vez, el gobierno mantiene distancia de la propuesta empresarial de destinar 2 mil 200 millones de pesos para focalización de subsidios. En los renglones vitales de Itbis, selectivo a bebidas y tabaco, propiedad de vehículos de motor, hidrocarburos e impuesto a los profesionales liberales, no difieren los montos de las propuestas gubernamental y empresarial.

Las diferencias fundamentales entre las propuestas sindical y social con la gubernamental y la empresarial es que la de los dos primeros proponen gravar los intereses financieros de las personas por un monto de 3 mil 800 millones de pesos y estiman que por eficiencia en la administración se generarían otros 4 mil 683 millones de pesos, para un total de 8 mil 483 millones.

Se duda que en el segundo escalón, el de la Comisión Ampliada, pueda lograrse consenso, especialmente si no participa en la misma el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que es con quien pulsea el gobierno por repartir la responsabilidad de la carga impositiva.

En caso positivo, el consenso tendría que ir al tercer escalón, el pleno del Diálogo Nacional, donde ya no habría mayores inconvenientes en ratificar un acuerdo, aunque tenga la disensión de los sectores sindical y social que son minoría en el mismo.

El cuarto escalón, sería la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, donde le darían forma, para enviarlo finalmente al Congreso, donde la oposición, y especialmente el PRD volvería a discutirlo, tratando de complacer a sectores inconformes, del empresariado o sociales.

Debe advertirse que aún subsisten diferencias entre diversos intereses empresariales. Por ejemplo, no han definido el mecanismo de aplicación del impuesto selectivo al ron y la cerveza, donde hay contradicciones, y los empresarios de Herrera abogan públicamente porque se graven los beneficios de las industrias de zona franca.

Son casi nulas las posibilidades de que todo el ciclo pueda cumplirse en la próxima semana para que el presidente Leonel Fernández pudiera someterlo al Congreso, al inicio de la próxima legislatura el martes16 de agosto.

Intenso pulseo político

            Desde el planteo de la reforma fiscal se ha advertido un pulseo político de creciente intensidad entre el gobierno y el principal partido de oposición, el PRD, por sacarle provecho político al proceso o por lo menos para no cargar con las inconformidades que puedan derivarse, de cara a los comicios dentro de 9 meses.

            De ahí que el proceso haya marchado sin una propuesta base del gobierno, que sin duda era a quien le correspondía, por liderazgo de la nación y por disponer de la información fundamental de sustento.

            Pero a su vez el PRD rehusó comprometerse en el Diálogo Nacional, argumentando que el escenario natural del consenso e institucional es el Congreso Nacional, mientras pedía la definición de las posiciones gubernamentales.

            El martes 2 se produjo un sorpresivo encuentro entre el presidente Leonel Fernández y el expresidente Hipólito Mejía, que para muchos significaba una apertura de puertas al entendimiento. Aunque para otros sembraba discordias en el perredeísmo, que justamente estrenaba los dirigentes electos recientemente, el principal de los cuales, el senador Ramón Alburquerque, no es incondicional de Mejía, y ya había manifestado reservas sobre los escenarios del debate.

            Lo que prometió el exmandatario ha sido la política oficial del PRD, como lo definió una reunión de su presidium: apoyar el tratado de libre comercio y aprobar la reforma fiscal con incentivos para los productores nacionales.

            Apenas dos días después, el jueves 4, llamó la atención la declaración del secretario de la Presidencia y líder orgánico del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, en una rueda de prensa que convocó en el Palacio Nacional, retando al PRD a que apoye la reforma fiscal, advirtiendo que de no hacerlo provocará la quiebra del Estado, porque no podrían atender los programas sociales, ni la educación, salud pública y asistencia social.

Las declaraciones de Medina echaron por el suelo cualquier intención de distensión que pudiera haber habido en el encuentro Fernández-Mejía, promovido por Monseñor Agripino Núñez Collado, en el cual él mismo participó. Sobre todo cuando acusó al gobierno pasado de haber provocado “la crisis que devastó la economía”.

Esas declaraciones parecieron inapropiadas por cuanto al mismo tiempo se publicó (HOY de ayer viernes) un comunicado del PRD reiterando su compromiso con la aprobación del TLC y su disposición a conversar sobre la reforma fiscal una vez que el gobierno presente el proyecto ante el Congreso Nacional. Si el proyecto es de consenso con el empresariado y los sectores sindicales y sociales, el PRD no podría hacer otra cosa que aprobarlo. Aunque sabe de las dificultades de lograr tal consenso y por eso deja la carga al gobierno.

Ambos son posicionamientos políticos, pero sin duda es al gobierno a quien corresponde la iniciativa y el liderazgo en el esfuerzo de concertación para que se apruebe tanto el tratado de libre comercio como la reforma fiscal, que los perredeístas no aprobarán si no es integral, como reclama la sociedad. Algo que –desde luego- ellos no hicieron cuando les tocó proponer reformas fiscales que quedaron en el simple incremento de tributos.-

El PLD en proceso de contaminación

Por Juan Bolívar Díaz

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Las graves denuncias de irregularidades, brotes de violencia en por lo menos tres jurisdicciones, limitado número de dirigentes nacionales electos en la primera ronda y dificultades en el proceso de cómputos para elegir dirigentes dentro de su congreso nacional, han empañado la imagen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Particularmente graves han sido las denuncias formuladas por 9 diputados, posteriormente respaldadas por otros 5, que abarcan desde alteraciones del padrón electoral y de actas de votación y documentos, hasta abuso de recursos estatales, robo de urnas y agresiones físicas.

Para algunos observadores lo que estas denuncias han evidenciado es que el partido morado no ha pasado la prueba del poder y que tiende a reproducir los vicios que han deteriorado la imagen de los otros partidos de la competencia electoral dominicana, sembrando mayores incertidumbres sobre el sistema político nacional.

Proceso complicado

Igual que los partidos Revolucionario Dominicano y revolucionario Social Cristiano, el PLD se involucró en un complicado proceso para elegir sus dirigentes a nivel nacional, con voto directo y secreto de todos sus militantes, en un esfuerzo por alcanzar las más altas expresiones de la democracia.

En todos los casos los cómputos han resultado extremadamente complejos y lentos, prestándose para especulaciones y denuncias de todo género. Pero contrario a lo que se esperaba los mayores traumas parece que se han registrado en los ámbitos, otrora impolutos, del partido morado.

Por cierto que las dificultades para culminar los cómputos sirven para avalar las advertencias que se hicieron a la ley de Primarias de los partidos, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por la imposibilidad de que la Junta Central Electoral pudiera celebrar votaciones en una misma jornada para elegir los candidatos de todos los partidos a los diversos cargos en las elecciones congresionales y municipales. Sería una labor muchas veces más compleja, que al estar centralizada, multiplicaría en número infinito las dos semanas que se ha llevado el PLD en computar sus propios votos, o las tres que tomó al PRD.

Las dificultades han sido tantas que los tres partidos tuvieron que aplazar el inicio de sus procesos electivos internos, debido a complicaciones logísticas, especialmente relacionadas con el padrón de militantes.

Contrario a lo que había sido la pauta en sus 32 años de existencia, el PLD confrontó polémicas y denuncias de manipulaciones del padrón desde antes de iniciar su Séptimo Congreso. La tradición y los estatutos indican que las diferencias se debaten en el interior de sus organismos, pero esta vez la cuantía de las mismas los han desbordado.

En términos estatutarios, el PLD dio marcha atrás en dos asuntos fundamentales, en relación a la apertura que había marcado su anterior congreso, celebrado tras la derrota electoral del 2000: restituyó al Comité Central la facultad de presentar precandidatos presidenciales, y redujo el derecho a elegir y ser elegido a los militantes, creando una subcategoría de simples miembros.

Las mayores dificultades

Cuando concluyó la primera fase del Congreso, que modificó los estatutos y aprobó nueva declaración de principios, los mayores críticos, encabezados por el polémico Luis Incháusti, acataron los resultados, con lo que se creyó se habían rebasado las dificultades.

Sin embargo, los problemas más graves surgieron con la votación y el proceso de cómputo, especialmente durante las dos semanas que éste ha tardado. Con el agravante de que apenas 4 de los 100 miembros del Comité Central correspondientes al nivel nacional, pasaron la meta del 33 por ciento de los sufragios necesarios para ser electos, por lo que ya se ha convocado una segunda ronda para el próximo domingo 24.

Las más graves denuncias, que involucran violencia y hasta heridos de bala, se refieren a la votación en San Cristóbal, Villa Altagracia y Elías Piña. En lo referente a las dos primeras jurisdicciones, la Comisión Electoral reconoció las irregularidades. Anuló los resultados del municipio de San Cristóbal donde dispuso nueva votación para el 24 de julio, y decidió dejar fuera del Comité Central a los de Villa Altagracia, donde la violencia impidió la votación el 3 de julio.

Otros lugares donde el proceso eleccionario ha resultado traumático son San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís, Dajabón, Montecristi, Matanzas, y en las seccionales estadunidenses de Nueva Cork, Miami y Boston.

El rosario de irregularidades denunciadas en esas y otras jurisdicciones peledeístas son recogidas en una carta dirigida al presidente del partido y a la Comisión Organizadora del congreso, suscrita por los diputados Minou Tavárez Mirabal, Clodomiro Chávez, Teodoro Reyes, Quisqueya Lantigua, Manuel Jiménez, Yuderka de la Rosa, Franklin Peña, Rubén Maldonado y Andrés Acosta, figuras reputadas del PLD.

Posteriormente los también diputados Manuel Díaz, Radhamés Vásquez, Idelfonso Vásquez, Roberto Berroa y Lidio Cadet, avalaron las denuncias, aunque difirieron del hecho de que se ventile públicamente, según reportaje de Rosa Alcántara y Loyda Peña para HOY.

La carta recoge prácticamente todas las prácticas fraudulentas denunciadas en el pasado electoral dominicano, comenzando por la utilización de recursos del Estado, como vehículos, repartición de cheques y cargos públicos, alteraciones del padrón electoral, compra de votos, violación del secreto del sufragio, robo de urnas, alteración de actas y doble voto.

Citan el caso de Guayabal, Azua, “donde la Comisión Electoral Provincial envió 633 boletas para un padrón de inscritos de 930, aparecieron 1,234 votos emitidos y sobraron boletas”.

Reconocidos dirigentes como Franklin Almeida y el exvicepresidente Jaime David Fernández también han denunciado graves anomalías. El primero sostuvo que “el dinero ha corrido a borbotones” por parte de candidatos que son funcionarios del gobierno. El segundo denunció alteración de actas y otras anomalías, llegando a sostener que “no hubo, de ninguna manera, transparencia en el proceso”. Dijo que el proceso ha sido “traumático, doloso, cuestionado, sin transparencia”.

No somos diferentes

La decepción por las denuncias es tan fuerte que han llevado a un dirigente tan pulcro como Melanio Paredes, vocero de la Comisión Electoral, a aceptar que “no somos diferentes a los demás partidos, porque somos una representación de la sociedad dominicana”. Sin embargo, advierte que “en lo que intentamos ser diferentes es que en el PLD quien la hace la paga”, por lo que aseguró que cuando concluya el proceso tramitarán al Tribunal Nacional de Disciplina y Etica a los responsables individuales de los hechos.

Las denuncias de irregularidades fueron consideradas en la reunión del martes del Comité Político, el cual dio facultad a la Comisión Electoral “para sancionar a los responsables de uso de recursos del Estado para conseguir votos o que hayan cometido cualquier irregularidad, siempre que los que hagan la denuncia presenten las pruebas irrefutables”, reveló Paredes.

Fuentes vinculadas a los denunciantes indican que están reuniendo pruebas para presentarlas a los organismos correspondientes. El diputado Andrés Acosta, presidente del comité provincial de San Francisco de Macorís, sostiene que en busca de votos se repartieron fundas con alimentos y bebidas, tarjetas del programa “Solidaridad” y nombramientos en la administración pública. Afirma que en la oficina regional de la secretaría de Agricultura nombraron improvisadamente a 560 personas.

Como ocurre frecuentemente es posible que algunas de las denuncias sean exageradas, y estuvieran referidas a pocos casos, pero sin duda han sido suficientes para manchar el Congreso peledeísta.

La situación, dijo un dirigente, precisa de urgentes correctivos y sanciones, de cara a la segunda vuelta convocada para el domingo 24. Se teme que al ser definitiva la nueva votación implique mayor número de irregularidades que si bien no pondrán al PLD en crisis, lo dejarían demasiado sumido en cuestionamientos y cada vez más distante de la organización que creó el profesor Juan Bosch, tras abandonar al PRD en 1973.

¿Quiénes son responsables?

Llama la atención que en la mayoría de los casos los denunciantes no hayan responsabilizado de las irregularidades a un grupo o sector ni a personas específicas, lo que puede significar que han sido aisladas, fruto de arrebatos individuales, o que se teme llegar a la confrontación interna.

La mayoría de los denunciantes parecen proceder de los sectores no adscritos a las maquinarias dominantes del PLD, constituidas por los seguidores del presidente Fernández y del poderoso secretario de la Presidencia Danilo Medina. Resaltan el doctor Fernández Mirabal y Minou Tavárez Mirabal.

En cualquier caso, la dirigencia del PLD tiene el desafío de esclarecer los resultados de su proceso eleccionario para mantener la diferenciación que ha caracterizado a esa organización.

Los 9 diputados que firmaron la carta de denuncia se adelantaron a advertir que los responsables no son los nuevos militantes, ni la masificación del partido. Sostuvieron que “fueron dirigentes de larga militancia quienes protagonizaron pleitos, agresiones físicas y desordenes” y los que “falsificaron documentos o alteraron actas”.

Definitivamente esos ingredientes en el PLD en el gobierno no eran deseables, sobre todo cuando hay tantos cuestionamientos al sistema partidario dominicano, y tanto pesimismo por la proliferación de la corrupción en todas sus manifestaciones y de la impunidad.-