Por Juan Bolívar Díaz

            El desgaste en que se advierte al gobierno del presidente Hipólito Mejía es tan grande que cada día parece más necesario un relanzamiento para lo cual tendrán que implementar un equipo de estrategias políticas, económicas y sociales.

            Por de pronto parece fundamental que comiencen a implementar verdaderas soluciones a la crisis energética que se está comiendo a la carrera la popularidad del gobierno perredeista, especialmente después del decreto del primero de julio que pretendió prohibir los apagones financieros.

Lo más grave es que ni en el gobierno ni en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) parecen registrar la creciente inconformidad con su gestión y se dan el lujo de operativos como el del lunes 16 que generó caos a nombre de la búsqueda de armas de fuego, como si estuviéramos en un estado de sitio.

Poco crédito a Hipólito

            Al gobierno se le acusa en todos los cenáculos de improvisación, lo que se atribuye al carácter espontáneo de su principal ejecutivo. En la clase media alta y en los círculos de poder, a través de los usuarios del internet y por todos los medios de comunicación se difunde una imagen de un presidente incapaz e irreverente, que rompe todos los esquemas de la formalidad.

            Obviamente que hay una gran exageración que recuerda los tiempos del presidente Antonio Guzmán, a quien algunos llegaron a presentar como sinónimo de bruto. Los chistes de mal gusto proliferaron y estamentos sociales se divirtieron en grande a su costa. Después de muerto las encuestas lo han presentado como uno de los mejores mandatarios que ha tenido la nación.

            Hipólito Mejía, al igual que Guzmán, recibió el gobierno en circunstancias muy desfavorables, con recesión internacional y decrecimiento nacional, con déficit fiscal de 8 mil millones de pesos y el petróleo rondando los 30 dólares el barril, el nivel más alto precisamente desde los ocho años de gobiernos perredeistas.

            En adición estaba obligado a afrontar el desmonte arancelario y las reformas fiscales que conllevan los nuevos acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que a mediano plazo pueden implicar beneficios adicionales, pero que en lo inmediato comportan limitaciones y reajustes.

            Pero el gobierno ha tenido muy poco éxito en difundir las limitaciones heredadas y los pesos muertos impuestos por la globalización económica en período de recesión para las grandes economías, como la de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. El crecimiento ha seguido en picada, en un proceso que se inició el año pasado. Pero ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, ahorrándole al país los traumas de los déficits, las devaluaciones y la inflación.

            Ni siquiera ha logrado crédito por la abundante producción agropecuaria que ha registrado tasas negativas de inflación (del 0.56 en junio), contrariando los vaticinios de principio de año, cuando los comerciantes se lanzaron en una desenfrenada carrera de alzas de precios, más allá de lo justificado por las reformas fiscales. Cerrada la primera mitad del año la inflación es apenas del 2.53 por ciento, según la última medición del Banco Central.

Estancamiento económico

            El principal problema objetivo que tiene por delante el gobierno es superar el estancamiento económico que se registra en la primera mitad del año. Aunque los ingresos fiscales andan por encima del 20 por ciento en relación al mismo período del año pasado, los subsidios a la energía y al gas propano y el elevado gasto corriente han disminuido la inversión.

            El gobierno ha pecado de excesiva complacencia con los que “se fajaron en la campaña”, cifrando sus esperanzas de reactivación en un desproporcionado endeudamiento de corto plazo, a través de préstamos atados con suplidores, sin concurso y con elevadas comisiones a intermediarios, que contradicen sus promesas de transparencia.

            Aunque una parte de los préstamos aprobados por el Congreso Nacional, ascendentes a 586 millones de dólares en lo que va de este gobierno, fueron contratados por el régimen anterior, en su carpeta hay otra cantidad similar, aparte de los 500 millones de dólares en bonos soberanos ya aprobados por el Senado y pendientes en la Cámara de Diputados.

            Como ejemplo de poca transparencia se cita la orden de compra de la primera partida del plan Renove para la adquisición de automóviles, autobuses y hasta camiones por más de 40 millones de dólares, casi 6 millones por encima de la cotización de la empresa fabricante, comisión destinada a un intermediario injustificado.

            Factores externos, como las extremas dificultades de Argentina para cumplir sus compromisos financieros internacionales, podrían entorpecer el plan de los bonos y dilatar la obtención de esos recursos en los que el gobierno cifra la reactivación de la inversión pública.

            El crédito del gobierno ha caído también por no haber podido poner en marcha el programa de compensación social que se anunció a raíz de las reformas fiscales con que comenzó el año.

            Aunque el decrecimiento económico es consecuencia de factores externos y de la herencia recibida, se le carga al pasivo del gobierno, en un ambiente caracterizado por la subjetividad de la opinión pública, pésimamente manejada por las autoridades, especialmente por el primer mandatario, quien se ha peleado de manera infortunada con los dirctores de la mitad de los periódicos y revistas influyentes.

            Aunque algunos observadores registran que en lo que va de julio, el presidente Mejía ha reducido notablemente sus declaraciones improvisadas y las confrontaciones con sus contradictores políticos o con los informadores públicos. Igualmente se han reducido en las últimas semanas las muertes a manos de agentes policiales, especialmente después de los graves incidentes de Capotillo en junio pasado.

Hipólito se electrocuta

            Aunque los problemas energéticos son una herencia fatal, el manejo de los mismos ha sido negativamente percibido por la población. Los apagones han sido la principal causa de las protestas populares.

            El asunto es que Hipólito Mejía creó expectativas de que solucionaría el problema energético. Resuenan aún sus demandas al pasado gobierno para que pagara a generadores y distribuidores de electricidad. No ha cumplido y los apagones han amargado la vida de la población dominicana en todos sus estamentos.

            Las amenazas de elevar las tarifas y las dificultades para promover un efectivo programa de cobros a la mitad de los usuarios que no pagan el servicio, mantienen un círculo vicioso que se traduce en los llamados apagones financieros, a causa de que los generadores paran sus plantas y los distribuidores castigan más duramente a los barrios populares, donde el cobro es mínimo.

            El gobierno no ha tenido éxito en lograr una renegociación de los contratos, tarea dificultosa y lenta cuyos efectos positivos no pueden conseguirse en el corto plazo. Un nuevo programa de pagos ha sido acordado para atender una deuda de 2 mil millones de pesos con los suplidores tradicionales y de varios cientos con las empresas generadoras capitalizadas. Las autoridades tendrán que hacer los máximos sacrificios para cumplirlo y así conjurar la principal fuente de inconformidad.

            El descrédito en esta materia alcanzó su mayor cota con el decreto 709 del primero de julio que prohibía los apagones que no fueran derivados de averías o falta de generación. Se llegó a decir que el gobierno asumió el control de los mandos de las distribuidoras, pero el servicio siguió de mal en peor. Incluso con amenazas de suspender el servicio hasta al Palacio Nacional.

Absurdo operativo  

            Pero el colmo del desacierto gubernamental y de la improvisación fue el operativo de búsqueda de armas con que se inició la segunda mitad de julio, deteniendo el tráfico vehicular en la mañana del lunes 16 en gran parte de la capital y de las principales ciudades del país.

            Tal operativo afectó casi todas las actividades, sembró el caos en las ciudades y proyectó una imagen desproporcionada de inseguridad pública y delincuencia desbordada. El resultado inmediato fue el grito generalizado contra el gobierno y la puesta en circulación de los más absurdos rumores.

            Obviamente que los estrategas gubernamentales, si en realidad los hay, no calcularon el daño que sufre una nación que vive del turismo, cuando se difunde por el mundo un operativo en busca de armas propio de un estado de sitio. Ni en los países asolados por el terrorismo, la insurrección y la delincuencia -España y Colombia, por ejemplo- se concibe un operativo parecido.

            Desde luego, la culpa no es solo del gobierno sino también de una opinión pública exacerbada por el secuestro de un empresario y la proliferación de violaciones de menores, absolutamente insignificantes si se comparan con las tasas delincuenciales de Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Colombia, México, Perú, Guatemala y El Salvador para citar países cercanos.

            En Venezuela hubo 42 secuestros en los primeros 6 meses del año. Aquí tuvimos uno solo. En Colombia hubo 65 asesinatos promedio por día entre enero y junio.

            Operativos como el del lunes, al igual que las redadas barriales, sólo sirven para generar protestas y nada resuelven. Junto a la incautación de más de 800 armas de fuego, revólveres y pistolas casi todas, sólo hubo 11 detenidos, lo que implica que se trataba de armas autorizadas legalmente, o de forma irregular por autoridades policiales y militares, la mayoría de las cuales es seguro que fueran devueltas en las primeras 24 horas.

            Para nada sirven tales operativos si se sigue facilitando armas a militantes políticos, a familiares, amigos y relacionados de los jefes militares y policiales, amparadas en simples tarjetas o en la falsificación de documentos.

            El gobierno no precisaba de un absurdo como el del lunes 16 que proyecta improvisación. Deberá enfrentar el crecimiento de la delincuencia, pero con métodos menos primitivos, transformando la policía, equipándola y tecnificándola, elevando sus niveles salariales y de seguridad social, vinculándola a la comunidad y haciéndola merecedora de confianza.

Frente a actos delictivos preocupantes, hay que proyectar seguridad y confianza, hay que señalar y enfrentar las causas de la delincuencia y crear conciencia de que es un mal congénito a la naturaleza humana, sobre todo en sociedades de tan graves desigualdades sociales, donde la mitad de la población vive en la pobreza, el hacinamiento y la falta de oportunidades de progreso.

            El gobierno está urgido de algunos golpes de efecto positivos para recuperar la ofensiva y detener el deterioro que se registra en su imagen.-