Por Juan Bolívar Díaz

            La alarmante política de ejecuciones de delincuentes y supuestos delincuentes, que en los últimos tres años ronda la cifra de 500, y la supervivencia de los privilegiados tribunales de justicia policial que ampara su impunidad son claras expresiones de las debilidades institucionales que perviven en la sociedad dominicana, pese a los avances de los últimos años.

            Preocupadas por esa política extra-judicial, denunciada repetidas veces por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, 6 instituciones sociales elevaron una instancia ante la Suprema Corte de Justicia hace más de un año solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los tribunales policiales

            La dilación en dictaminar sobre la instancia no tiene justificación y parece mostrar una preocupante debilidad del máximo tribunal judicial dominicano que de persistir podría conducir el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la cual está comprometido el Estado dominicano.

Cifras alarmantes

            Para los organismos dominicanos especializados en la defensa de los derechos humanos las muertes de civiles, reales y pretendidos delincuentes, a manos de agentes policiales han alcanzado cifras realmente alarmantes en los últimos años, aunque se reconoce que es una vieja política policial y militar amparada por la mayoría de los gobiernos que ha tenido la nación.

            Las cifras han sido recogidas en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos Hoy, El Siglo y el Diario Libre. El movimiento Participación Ciudadana las recogió esta semana en un comunicado. En 1996 se contaron 85 víctimas de los llamados “intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales”. Se redujeron a 50 al año siguiente, pero en 1978 ascendieron a 75 para elevarse a 200 y 171 en los dos años siguientes.

            Las proyecciones indican que en este año el récord podría ser superado, ya que en los primeros seis meses se contaron 110 muertes a manos de los agentes encargados de velar por el orden público y la seguridad ciudadana. El total en los últimos tres años supera el medio millar.

            Como es obvio, en parte de esos casos se ha tratado de reales intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales. La Policía Nacional dice que 50 de sus agentes han muerto violentamente en los últimos dos años, sin precisar cuántos han sido víctimas de riñas que nada tienen que ver con el cumplimiento del deber.

            La ejecución de un sacerdote y de un pequeño empresario, declarados en principio como delincuentes y de 4 hombres que previamente habían sido grabados en un vídeo vivos y amarrados, han sacudido la opinión pública. En innumerables casos los testimonios de testigos dan cuenta de reales ejecuciones, a menudo de pequeños delincuentes, como el caso del joven de Villa Francisca que escandalizó el último día de septiembre.

Las crónicas de los periódicos no han dejado lugar a duda, hasta el punto que la esposa de don Juan Bosch, doña Carmen Quidiello, abandonó el lecho de enfermo del ex-Presidente de la República para ir a expresar su solidaridad con la madre del muchacho de 18 años, ejecutado por un cabo policial llamado Tyson, en alusión a un famoso boxeador norteamericano.

            Por supuesto que a la Policía Nacional no sólo se le acusa de asesinatos, sino también de torturas en diversos grados, de redadas masivas que afectan a cientos de ciudadanos, de extorsiones contra madres e hijos a los cuales se secuestra ilegalmente para reclamar la entrega de perseguidos y de delitos peores como violaciones de mujeres y de menores en las cárceles.

Cultura del abuso

            Aunque los abusos y excesos policiales se han incrementado en las tres últimas jefaturas policiales, especialmente en la actual, la práctica viene de lejos y está fundada en una cultura que reduce los derechos ciudadanos frente a los uniformados, civiles o militares.

            Se arraigó durante la tiranía de Trujillo, que impuso la política de “orden y paz” por encima de toda norma jurídica y derecho humano. Se dividió la población entre civiles y policías-militares, como forma de controlar todo género de desafío al autoritarismo que pautó la vida nacional durante tres décadas.

            Esa cultura ha permeado las diversas capas sociales dominicanas, arraigando en los que tienen más que perder, pero también en los sectores populares que suelen demandar la muerte de los delincuentes, hasta que llega a su propio vecindario. Entonces la protestan hasta con violencia.

            Pero no deja de ser relevante que las mayores tasas de muertes a manos de agentes policiales se han producido en los últimos dos gobiernos, los de los partidos más democráticos y más comprometidos con los derechos ciudadanos y el orden institucional que han alcanzado el poder en el país.

            Esa cultura del abuso parece tan sólida que ha desafiado las continuas denuncias de las instituciones nacionales que defienden los derechos ciudadanos, y de todos los organismos internacionales de derechos humanos que conocemos, como los de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, American Watchman y el departamento de Estado norteamericano.

            Si bien tiene un amplio rechazo en la opinión nacional e internacional, también cuenta con ardientes defensores en los medios de comunicación, en el empresariado y hasta en las iglesias. En la actualidad no parece contar con el visto bueno de la jerarquía militar ni de los Estados Unidos, dos de los cuatro clásicos “poderes fácticos” de que hablan los sociólogos.

Expectativa fallida

            Esta semana se llegó a anunciar que la Suprema Corte de Justicia dictaminaría sobre el recurso de inconstitucionalidad de los tribunales policiales, que amparan los abusos policiales de todo género.

            Pero la expectativa resultó fallida. El máximo tribunal sólo se pronunció sobre otra instancia, la que procuraba la inconstitucionalidad del cobro adelantado del 1.5 por ciento de las ventas netas, que resultó validado.

            Quedó pendiente el dictamen sobre los tribunales policiales, incoado en septiembre del 2000 por las entidades sociales Alfalit Dominicana, Centro de Estudios Padre Juan Montalvo (de los sacerdotes jesuitas), Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

            Llama la atención que la Suprema Corte dejara pendiente una instancia en su poder hace 13 meses y se pronunciara, en cambio, sobre otra que sólo tenía la mitad de ese tiempo, en medio de versiones de que está esperando una oportunidad “propicia” para hacerlo.

            Hay quienes creen que el caso debería ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde podría ser declinado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos ambos que forman parte del sistema interamericano y al cual está adscrito la República Dominicana.

            Resalta el hecho de que no sólo instituciones de la sociedad civil han condenado en los últimos tiempos los excesos policiales, cuestionando el privilegio que sustrae los crímenes atribuidos a agentes del orden de la justicia ordinaria, sino también autoridades de este y del anterior gobierno, incluyendo a procuradores generales, fiscales y al comisionado presidencial de apoyo a la reforma judicial.

            Los fuertes cuestionamientos y las evidencias aportadas por diversos medios de comunicación no han logrado contener los abusos, especialmente en su peor expresión de lo que se ha denominado internacionalmente como “ejecuciones extrajudiciales”.

Fundamentos de la Instancia

            El recurso de las seis entidades sociales contra los tribunales policiales fue incoado por los abogados Francisco Domínguez Brito, Félix Damián Olivares Grullón, Eric Raful y Ramón Emilio Núñez.

Se fundamenta en la inconstitucionalidad de 46 de los artículos de la ley 285 del 29 de junio de 1966 y sus modificaciones que integran el Código de Justicia policial y el artículo 68 de la Ley Institucional de la Policía Nacional, 6141 del 28 de diciembre de 1962.

Considera que esos textos vulneran los principios constitucionales de la separación e independencia de los poderes del Estado, la universalidad y exclusividad del Poder Judicial en la impartición de justicia , el debido proceso de ley y el derecho de acceso a la justicia y el de igualdad de todas las personas ante la ley.

Cita en primer lugar el artículo 63 de la Constitución, el cual indica que “El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes”.

“Admitir que pueda existir una jurisdicción con sede en el Poder Ejecutivo separada y ajena al Poder Judicial, con competencia para administrar justicia en los casos de infracciones calificadas como crímenes y delitos, sería afirmar que existen ámbitos de no derecho o no regulados por la Constitución de la República”, sostiene.

Agrega que “el pretendido Código de Justicia Policial y los llamados Tribunales de Justicia Policial, bien pueden agotar tareas disciplinarias o del orden interior de la corporación policial, pero en ningún caso pueden arrogarse competencia para administrar justicia en materia penal, aún lo sea por una ley adjetiva o una disposición suelta de la Constitución de la República. Cualquier disposición normativa que apunte en ese sentido, contraviene frontalmente la forma civil, republicana, democrática y representativa de gobierno, norma invariable e inmutable del ordenamiento que se ha dado la Nación dominicana”. –

Por Juan Bolívar Díaz

            El pacto suscrito entre los tres partidos mayoritarios con el patrocinio del presidente Hipólito Mejía es un acontecimiento positivo, que debería marcar el camino para nuevos entendimientos, especialmente para enfrentar los efectos de la recesión económica internacional, agudizados por el ambiente de guerra que vive el mundo.

            Por de pronto el acuerdo proclamado el jueves 27 de julio en el Palacio Nacional tiene la virtud de despejar el ambiente nacional de las incertidumbres y desconciertos que producían las amenazas de reformas constitucionales a la medida de las ambiciones grupales y coyunturales.

            El pacto ha sido resultado de meses de discusiones entre sectores políticos y dirigentes sociales y abre paso a la institución de la asamblea constituyente por elección popular reclamada durante años por sectores políticos y por la generalidad de las organizaciones de la sociedad civil.

Sorpresa positiva

            Cuando tomaban cuerpo nuevamente las amenazas de grupos de legisladores de reintroducir al Congreso el proyecto de reforma constitucional que pretendía hasta la extensión del período legislativo y municipal, la opinión pública fue sorprendida positivamente con el anuncio del acuerdo.

            Incluso el propio presidente Mejía había introducido un nuevo e inesperado elemento de enfrentamientos cuando propuso prohibir por siempre la reelección presidencial, mientras varios de sus seguidores abogaban por lo contrario, es decir eliminar la elección consecutiva para abrir paso a “una sola reelección”.

            Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien coordinara la Comisión Especial que por encargo del Ejecutivo elaboró un proyecto de reforma constitucional entre mayo y agosto, se mantuvo promoviendo la búsqueda de un acuerdo en el máximo nivel político.

            El y otros dirigentes sociales y miembros de la comisión habían advertido que el camino hacia la instauración de la Asamblea Constituyente pasaba por una negociación con los partidos y el gobierno, y con la búsqueda de una fórmula de transacción, mediante la cual se diera alguna satisfacción a los congresistas y sectores políticos que abogaban por una modificación inmediata.

            La tenacidad de Monseñor Núñez Collado y la receptividad mostrada por el presidente Mejía, convencido de que a su gobierno no le convenía la incertidumbre que mantenían los legisladores, posibilitaron el pacto.

            Otro que jugó un papel preponderante fue el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, primero al promover ante el Presidente la constitución de la Comisión Especial, concertada con sectores de la sociedad civil, y ahora en la concreción del pacto para canalizar la reforma.

            La Comisión, creada mediante el decreto 410-01 del 21 de marzo, fue el primer frenazo impuesto a los afanes constitucionalistas del Congreso, que en diciembre habían llegado al extremo, cuando el Senado aprobó sorpresivamente, en dos lecturas consecutivas, “con asechanza, nocturnidad, premeditación y alevosía” un proyecto de reforma constitucional.

El Pacto de transacción

            Con la firma del Presidente de la República, en calidad de testigo, los máximos dirigentes de los Partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano se comprometieron a “promover, guiar, orientar y realizar una reforma de la Constitución de la República”.

Los suscriptores coinciden en que ello “requiere un alto grado de transparencia, compromiso y aceptación entre las partes y que en su condición de fuerzas mayoritarias que actúan en el Congreso Nacional, deben rodear este proceso de las mayores garantías para que se cumpla escrupulosamente con lo pactado”.

El convenio es de convocar la Asamblea Nacional (el actual Congreso) para que realice cuatro reformas a la carta magna, encaminadas a:

1. Modificar el artículo 89 para eliminar el párrafo que creó los colegios (electorales) cerrados.
2. Modificar el párrafo del artículo 90 para reducir el porcentaje necesario para la elección del presidente y vicepresidente de la República, del 50 al 45 por ciento. O el 40, si quien quede en primer lugar lleva más de 10 puntos porcentuales al segundo.
3. Consagrar la elección popular para los representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano.
4. Y modificar los artículos 117 y 188 para introducir la figura jurídica de la constituyente como forma para reformar la Constitución, dejando a la ley todo lo relativo a su composición. Sus integrantes serían electos en los comicios de mayo próximo.

Los cuatro puntos habían sido aprobados de consenso por la Comisión Especial, aunque se pedía que la Asamblea Revisora sólo se abocara al último y dejara todo el contenido de fondo a la Constituyente.

La transacción fue fundamentalmente con la mayoría del PRD empeñada en “reivindicar su honor” con la reducción del porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta, establecido a su espalda en la reforma de 1994 por la entonces alianza del PLD con el PRSC, la cual impidió el triunfo de su líder, José Francisco Peña Gómez en los comicios de 1996.

La eliminación del llamado “colegio electoral cerrado” reivindica a la ciudadanía, penalizada excesivamente por un sistema obsoleto, que en los comicios pasados se manifestó innecesario, dado el funcionamiento del padrón electoral, y que podría reducir en términos escandalosos la votación en los comicios congresionales y municipales del próximo mayo. En los primeros separados de la elección presidencial, en 1998, votó apenas el 49 por ciento.

Freno definitivo

Ya la semana anterior en una reunión del presidente Mejía, Hatuey de Campsy los senadores perredeistas se había acordado que definitivamente quedaba cerrado el paso a los intentos de prolongación. El pacto los liquida definitivamente.

El texto indica que los tres partidos “rechazan de manera vigorosa y rotunda la extensión por dos años del actual período constitucional de los legisladores (1998-2002), por ser contraria a la expresión de la voluntad popular, violatoria del mandato ciudadano y constituir, de ser materializada, un crimen de lesa patria”.

Para darle seguimiento al convenio, se establece una comisión integrada por un representante de cada uno de los tres partidos, por Monseñor Núñez, el abogado Ramón Tapia Espinal y la economista Melba Barnett, actual coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana.

Al margen de los disgustos que pueda ocasionar entre los más inflexibles propulsores de la reforma constitucional al vapor, el convenio liquida sus posibilidades. Deja en el rechazo absoluto el intento de prolongación y crea un compromiso que no solo tiene el respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil, sino que contará con el apoyo y defensa de toda la opinión pública.

No se advierte posibilidad de que dos tercios de los legisladores puedan coincidir en desafiar al frente tan amplio que sostiene el pacto. Aunque no se debe descartar que algunos quieran persistir en escandalizar, pretendiendo agregar algunos puntos a la reforma inmediata.

El pacto es una reivindicación para la sociedad civil que tantos esfuerzos hizo en los últimos 9 meses por impedir que se sancochara una reforma constitucional como traje a la medida de intereses partidarios y grupales. Ella está en la obligación de participar en su seguimiento.

Es también una prueba de que por más encontronazos que se den entre políticos profesionales y dirigentes sociales, siempre queda espacio para la concertación y el acuerdo, pues ambos son piedra fundamental del proceso democrático.

El Pacto por la Reforma Constitucional está llamado a devolver la esperanza en que entre los dirigentes e instituciones dominicanas puede haber concierto, que no se pueden pasar todo el tiempo en la confrontación y en la pérdida de tiempo. Que pueden ponerse de acuerdo para resolver las diferencias y hacer avanzar la sociedad hacia estadios superiores de la convivencia democrática y del desarrollo.

Es propicio en los momentos de dificultades que atraviesa la economía nacional, afectada por la recesión internacional y por el ambiente de guerra que predomina en el mundo desde la agresión terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre.

Es estimulante que los tres partidos mayoritarios coincidan en firmar un documento donde “reafirman una vez más su fe y su confianza en un futuro promisorio para el pueblo dominicano y están convencidos de que mediante la vía de la concertación, la colaboración y el diálogo y colocando el interés nacional por encima de cualquier tipo de interés grupal o coyuntural, se impulsará el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y se abrirán caminos de progreso y de prosperidad para todas las dominicanas y dominicanos”.

Debe darse crédito por la firma del documento a los partidos de oposición, especialmente al PLD que al final selló el consenso, luego de aparecer como el más renuente a aceptar la transacción, que el sagaz Joaquín Balaguer se había adelantado a suscribir un día antes que los peledeistas.-

Por Juan Bolívar Díaz

El coyuntura que vive el país, afectado por la recesión internacional y las secuelas de los atentados terroristas contra Estados Unidos, no parece ser propicia para embarcarse en un debate de reforma constitucional, con todas las pasiones que caracterizan a este pueblo.

Las incertidumbres que se han venido incubando por los intentos de prolongación protagonizados por grupos de legisladores, están llamadas a multiplicarse, sobre todo ahora cuando reaparece el tema de la reelección presidencial, presente en gran parte de las 35 reformas constitucionales de la historia nacional.

Hay quienes creen que la reforma constitucional podría estarse tratando como forma de desviar la atención pública, pero otros advierten que el tema es tan sensitivo que promueve la división hasta en el partido de gobierno y paraliza proyectos e inversiones que el país requiere con urgencia.

Grave preocupación

Diez días después de la trágica como dramática jornada del 11 de septiembre, el mundo está contaminado por los sonidos de los tambores de una de las guerras más difíciles que se pueda librar, frente a un enemigo que no tiene ejército ni frontera, aunque parece anidarse en un territorio, bronco y hostil, como el de Afganistán.

Con el agravante de que los cuadros de ese atrevido enemigo están infiltrados en decenas de países, y profesan una militancia político-religiosa capaz de producir una veintena de suicidas para una sola operación ofensiva del calibre de la de Nueva York y Washington.

La movilización de tropas, barcos y aviones de guerra por parte de Estados Unidos, en medio de reiteradas advertencias de que va a cobrar la afrenta de los atentados terroristas, tiene un efecto recesivo en lo inmediato, especialmente para los viajes y el turismo, acentuando las tasas de desempleo y elevando el costo del petróleo, de nuevo rondando los 30 dólares el barril.

La incertidumbre internacional podría prolongarse y sus efectos acentuarse en la medida en que no resulte fácil a los norteamericanos cobrar a los responsables de la muerte de unas 5 mil personas y de la gran destrucción registradas en las dos principales ciudades estadounidenses.

El mayor impacto inmediato en el país derivado de los ataques del 11 de septiembre radica en la drástica reducción del turismo, de la que todavía no hay suficiente información, tal vez porque los operadores del sector prefieren no sembrar el escándalo y el pesimismo.

Pero las suspensiones de vuelos charters han estado a la orden del día, provenientes de todas las fuentes, y los vuelos regulares están sufriendo reducciones, cuando no llegan con el mínimo de pasajeros. Esta semana hubo hoteles en la capital con ocupación del 10 y 20 por ciento. Y es que a nadie le gusta que la guerra le sorprenda lejos de su hábitat y mucho menos cuando el retorno tenga que producirse por aviones sometidos como nunca a la inseguridad.

Una segunda de las tres piedras fundamentales de la economía dominicana ha sido también duramente afectada. Según informes, en los días siguientes a los atentados los envíos de dinero se redujeron al mínimo. Aunque se espera que estos se recuperen más rápido que el flujo turístico.

Como consecuencia, la tasa cambiaria ha entrado en una onda alcista, pasando de 16.85 pesos por dólar que promediaba el intercambio al comenzar el mes, a 17.20 el 20 de septiembre, para un alza de unos 35 puntos.

Aunque la tercera piedra, las zonas francas, no ha sido desestabilizada por el clima de guerra, sus operadores convienen en que lo será si la situación no cambia en el breve plazo. Y este sector ya estaba siendo golpeado duramente por la “desaceleración” de la economía norteamericana. Aquí los empleos perdidos en el año se cuantificaban alrededor de los 15 mil. En México sobre los 200 mil.

Tiempo de tregua

Antes de la nueva situación de pre-guerra ya la economía nacional se situaba al borde de la recesión, con un crecimiento que se revalúa en reversa casi cada mes, -ya para menos del 3 por ciento este año- con déficit presupuestario que se proyecta entre 2 y 3 mil millones de pesos, que ha reducido las inversiones públicas.

Con el turismo y las zonas francas en contracción, con persistentes resistencias de sectores de interés frente a las reformas fiscales ejecutadas este año, y demandas sociales acumuladas a punto de explosión, el gobierno debería ser el más interesado en buscarse un clima de mayor entendimiento y confianza.

Sorprendentemente ha sido lo contrario y los legisladores del partido de gobierno han encabezado un persistente esfuerzo por mantener un clima de incertidumbre, blandiendo la amenaza de la reforma constitucional para acomodar la carta magna a sus intereses circunstanciales.

Contribuyeron a viciar el ambiente las amenazas de arrebatos y las exclusiones que precedieron la elección de 3 nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y la citación en masa del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de sus seguidores para investigarlos sobre irregularidades arrojadas por una auditoría.

Independientemente de la validez o procedencia de las citaciones, el Partido de la Liberación Dominicana las ha denunciado como persecución política y como parte de una ofensiva que tendría el propósito de desarticular la oposición y crear condiciones para un “bateo y corrido” que incluiría la reforma constitucional, con prolongación y hasta reelección incluidas.

Es obvio que el PLD ha magnificado sus denuncias tratando de restar escenario a las investigaciones de las irregularidades administrativas, pero ha logrado enrarecer aún más el clima político.

A ello habría que sumar el manejo del gobierno en la elección de los jueces, en la que demostró que puede pasar por encima hasta de la palabra presidencial para lograr objetivos inmediatos, como el de mantener satisfecho al inconmensurable caudillo reformista Joaquín Balaguer.

A muchos no se les ha olvidado que el presidente Mejía había dicho que no favorecía la política en la justicia. Pero terminó agrediendo verbalmente y calumniando a los grupos sociales que reclamaban justamente mantener a los políticos comprometidos fuera de la Suprema Corte.

Vuelve la reelección

Cuando se esperaba que el presidente Mejía anunciaría planes de contingencia para enfrentar las secuelas de los atentados terroristas, lo que se recibe es el anuncio de que la próxima semana enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que encargó a una comisión especial.

El mandatario le agregaría una reforma adicional que de inmediato despertó recelos y recibió un rechazo casi total: la prohibición de por vida de la reelección presidencial.

La iniciativa sorprendió a la opinión pública, puesto que una posición tan radical no se discutía desde la Constitución de 1963. Y más bien lo que ha predominado es la recurrencia a levantar la prohibición por dos períodos consecutivos, como se estableció en la reforma constitucional de 1994.

La generalidad de los rechazos han considerado que la propuesta tiene por objeto impedir el retorno al poder del ex-presidente Leonel Fernández, pero hay quienes la ubican en una habilidosa jugada para llevar el tema, disimuladamente, a la eventual asamblea revisora de la Constitución.

Esto así porque la iniciativa se produjo apenas días después que el debate de la reelección presidencial reapareciera en el perredeísmo. El nuevo presidente del Senado, Andrés Bautista, el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, y el secretario de Interior y Policía, Rafael Suberví Bonilla, se declararon, casi al mismo tiempo, como partidarios de una reelección.

El senador García y Jáquez son dos de los “hombres del presidente” y el segundo fue clave en el proceso de lucha interna por la candidatura presidencial. Más sorprendente fue que Fello Suberví, quien además ostenta la secretaría general del PRD y aspira a la candidatura presidencial, se manifestara favorable a la reelección.

A decir verdad, hace tiempo que en diversos círculos se contaban los días para que apareciera la constante de la reelección, que tantas energías consumió al equipo de gobierno del presidente Leonel Fernández y que llevó a éste a “filosofar” sobre el tema, como forma de evadir fijar una posición al respecto. Esto pese a que el Congreso estaba en manos de sus opositores.

El tema de la reelección viciaría el proceso de reforma constitucional y dividiría al país en torno al mismo, incluso a los perredeístas. Desde luego no tanto ahora como cuando estaban bajo el liderazgo de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que sustentaron la no reelección como fundamento de la democracia y principio básico del partido desde su fundación en 1939.

Fueron los intentos de repostular al presidente Antonio Guzmán los que sembraron la división entre éste, por un lado, y Peña Gómez y Salvador Jorge Blanco por el otro, y desataron una serie de luchas internas concatenadas, que culminarían con el suicidio del Presidente Guzmán en 1982 y luego con la división del partido y su derrota electoral de 1986.-