Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Hipólito Mejía impactó positivamente esta semana con su discurso del martes, en el que asumió el papel de estadista en tiempos de crisis y formuló un llamado a la unidad para enfrentar los problemas del país, agravados por la crisis internacional.
Al mismo tiempo el gobierno anunció planes de contingencia para atender al turismo, afectado por la crisis internacional, para mantener el esfuerzo por sostener los niveles de inversión extranjera y garantizar un adecuado suministro de combustibles en caso de mayores complicaciones mundiales.
Esos elementos positivos contrastaron con la persistencia en mantener la incertidumbre en torno a las reformas constitucionales, sin que nadie haya podido entender las razones por las que no se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Nacional en consonancia con el pacto firmado la semana pasada por los partidos mayoritarios y el propio Presidente de la República.
Discurso esperanzador
El discurso con que anunció los planes para su segundo año de gobierno, fue el mejor de los pronunciados por el primer mandatario. En el mismo asumió el papel de estadista y de líder nacional que se le había reclamado en vez de sus frecuentes recriminaciones.
Fue conciliador y reflexivo, convocando a la unidad de propósitos, a combatir el pesimismo y la frustración, y a renovar la confianza en el futuro de la nación, colocándose más allá de la política partidista.
Al mismo tiempo, el presidente Mejía esbozó un programa de inversiones destinado a reactivar la economía nacional y a prevenir los efectos dañinos de la crisis internacional, poniendo como primer objetivo el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica de la nación.
“Nos encontramos en un momento de reflexión y lo primero que quiero pedirles es que nos unamos ante los nuevos retos que se avecinan. Les hago un llamado sincero a todos los dominicanos sin importar sus inclinaciones o simpatías políticas, para que dejemos de lado los combates en el frente político”, planteó, tras señalar los riesgos que presenta el panorama internacional.
El acierto del discurso presidencial quedó de manifiesto en las reacciones que produjo en la oposición política, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana, y de la opinión pública en general, que lo consideraron positivo.
Resaltó el compromiso presidencial con el buen uso de los 500 millones de dólares de los bonos soberanos, planteando que “he asumido personalmente el control de estos recursos confiando en que la Comisión creada en la propia Ley de Bonos asuma su función asesora para garantizar que cada dólar invertido tenga un retorno mayor a su costo financiero”.
El gran reto actual
No pasó desapercibido que mientras el Presidente dirigía su mensaje gran parte del país no podía seguirlo, pues el servicio energético estaba nuevamente en los niveles más críticos con gran parte de las plantas apagadas por acumulación de deudas.
El gobierno anunció que había cerrado el crédito de mil 400 millones de pesos para pagar las deudas con el sector energético.
La restauración del servicio de energía, a niveles razonables, es el gran reto inmediato del gobierno que volvió a enfrentar esta semana significativas protestas, con brotes de violencia en barrios y poblaciones, profundamente afectados por prolongados apagones, especialmente en la capital y el Cibao Central.
Tanto del discurso presidencial, como de la reunión con el sector turístico, al que destinó mayores recursos para promoción, y del anuncio del equipo económico sobre las previsiones ante la posibilidad de una mayor complicación de la crisis internacional, se infiere una actitud correcta del gobierno.
Ello le confiere fuerza moral para reclamar a los médicos que conduzcan con racionalidad sus demandas reivindicativas y afecten lo menos posible los servicios a la población más necesitada, que volvieron a ser interrumpidos esta semana.
“La base para todo esto es generar confianza. La palabra clave es confianza. Esa confianza en la economía dominicana se acrecienta y se hace cada día más sólida en todo el mundo”, proclamó el presidente Mejía al finalizar su alocución.
Justamente es lo que se ha venido reclamando al gobierno, al presidente Mejía y a su partido para que se canalicen mejor las energías y disminuyan las garatas y enfrentamientos infructíferos. En esa materia la iniciativa corresponde siempre a los gobernantes, que deben ser los más interesados en un clima que facilite la gobernabilidad, convocando persistentemente a la colaboración.
Ese clima positivo es necesario para que no se adelanten demasiado las contradicciones que conllevan las campañas electorales. Los perredeistas deberían tener presente que una de las deficiencias del gobierno anterior fue precisamente su poca habilidad para conciliar con sus opositores, lo que mantuvo al país en una permanente confrontación y al final se revirtió en contra del partido gobernante.
Actitud contradictoria
El accionar gubernamental de esta semana se corresponde con el pacto firmado por el presidente Mejía y su partido la semana anterior para limitar la reforma constitucional a 4 elementos de amplio consenso, dejando a una futura asamblea constituyente el abordar una revisión de fondo de la carta magna.
Sin embargo, la actitud de una parte de los legisladores perredeístas que han desafiado el pacto tripartito resta impacto al mismo y a las iniciativas gubernamentales, manteniendo cierto nivel de incertidumbre que conspira contra el clima de colaboración y la unidad de propósitos formulada por el primer mandatario.
Pero la persistencia de algunos legisladores en imponer reformas sin consenso pudo haber pasado como simples resabios o pataleos, de no haber contado con una incomprensible incoherencia en los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo al Congreso.
Nadie ha podido entender por cuál razón no se envió al Congreso el proyecto de ley convocando la asamblea nacional en concordancia con el Pacto para la Reforma Constitucional suscrito por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía.
Lo que se entregó al Congreso fueron los proyectos elaborados por la Comisión Especial creada en marzo por decreto presidencial para que recomendara reformas a la Constitución. Uno estaba destinado a la convocatoria de la Asamblea Nacional sólo para instituir la constituyente. El otro es el paquete completo de nueva Constitución que deberá ser materia fundamental para los constituyentes a ser electos en mayo próximo.
Al finalizar la semana se estaba a la espera de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto que convoca la Asamblea Nacional tan solo para conocer las cuatro reformas acordadas en el Pacto suscrito el 27 de septiembre.
El Partido Revolucionario Dominicano sigue dando muestras de falta de unidad y disciplina. Es inconcebible que 11 de sus 24 senadores hayan formalizado un proyecto de reforma constitucional que desafía el pactado por el presidente de su partido y el Presidente de la República apenas 5 días antes.
Y mientras el presidente del PRD, Hatuey de Camps, reunía a legisladores para persuadirlos de que acogieran el pacto fruto de un amplio consenso nacional, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, insistía en proclamar la independencia del Congreso frente a lo pactado.
No han faltado quienes encuentren explicaciones a estas incoherencias en las luchas intrapartidarias que a menudo desconocen la responsabilidad implícita en el ejercicio del poder, superiores a la de los opositores.
Y no es que se pretenda poner una mordaza a la disensión, pero tampoco se justifica que se le estimule con ambiguedades como la de haber sometido el pacto sin el proyecto de ley que lo canalizaría, entregado por el mediador, Monseñor Agripino Núñez Collado. Fue elaborado por los abogados Ramón Tapia Espinal y Milton Ray Guevara, conjuntamente con el texto del pacto.
Maniobra inútil
Por demás, la introducción del proyecto de reforma del senador perredeista Darío Gómez es una maniobra inútil, que sólo sirve para mantener la incertidumbre, pero con muy remotas posibilidades de concretarse.
Si antes del pacto tripartito había pocas posibilidades de que los perredeístas impusieran una reforma constitucional, luego del mismo es casi imposible. Primero porque ahora sí que resultará difícil reunir dos tercios de la Asamblea Nacional para aprobar otra cosa que no sea la pactada, que además tiene pleno respaldo de las instituciones sociales y la opinión pública en general.
Una cosa es que lo pactado no alcance los dos tercios y otra que pueda conseguirse esa proporción para pasarle por encima al liderazgo político mayoritario y al propio Presidente de la República. En última instancia la alternativa a lo pactado es que no se haga ninguna reforma.
En caso de darse ese absurdo, quedaría al desnudo una crisis política, por doblez de los firmantes o por falta de influjo en sus propios partidos.
La generalidad de los análisis conducen a que el pacto se concretará, pero sin descartar que algunos persistan hasta el final en torpedearlo, lo que sería una simple repetición de los intentos de reformas constitucionales del anterior Congreso, estimulados también por las incoherencias partidarias y gubernamentales.
Esas dicotomías sólo sirvieron para desacreditar el gobierno del presidente Leonel Fernández y el PLD, para mantener un clima de confrontación y perder el tiempo. Al final tuvieron su costo político.-