Por Juan Bolívar Díaz
La convocatoria a interrogatorio del ex-presidente Leonel Fernández y 15 de los que fueron sus más altos funcionarios para ser interrogados sobre el uso de fondos públicos por más de 1,427 millones de pesos ha llevado a términos dramáticos el viejo enfrentamiento entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD) con graves repercusiones en el futuro inmediato.
Para la generalidad de los observadores la forma en que se ha planteado la investigación deja suficientes razones para deducir una ofensiva política contra los peledeístas, factor que estos han aprovechado para pretender descalificar cualquier indagatoria de sus acciones.
Más allá de la intencionalidad, la auditoría en que se fundamenta la investigación contiene graves irregularidades, no solo de procedimientos, sino también sobre el manejo mismo de grandes sumas de dinero, que ameritan esclarecimiento y posiblemente la acción judicial contra quienes puedan resultar responsables.
Destape tremendista
La información publicada el 1 de septiembre sobre la cita al ex-presidente y sus colaboradores para ser interrogados sobre una cuenta de dudosa legitimidad que manejó 1,427 millones 636 mil 454 pesos en los últimos 7 meses y medio del pasado gobierno, creó un enorme revuelo y generó reacciones dramáticas de los afectados.
Ya al día siguiente Leonel Fernández y los demás convocados se presentaron en la televisión para rechazar en términos duros las imputaciones, declarándose víctimas de persecución política, al grado de haber hablado de disposición a morir en el enfrentamiento, y de una grave crisis que podría desestabilizar la democracia.
Los convocados anunciaban que no acatarían la invitación a ser interrogados, restándole facultad al Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República (DEPRECO) para esa diligencia judicial, que a su juicio corresponde exclusivamente al fiscal de la jurisdicción y al juez de instrucción.
Por más que sectores preocupados por la próxima elección de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia advirtieran que la acción podría tener como objetivo desviar la atención de la opinión pública, el asunto copó la atención nacional, a lo que contribuyó la dramática respuesta.
La ofensiva sorprendió a la opinión pública que ya daba por olvidados los propósitos gubernamentales de sancionar la corrupción. Se le restó credibilidad a las autoridades, amparando en parte los alegatos peledeístas de intención de descrédito y linchamiento moral. Sobre todo cuando se supo que la auditoría estaba en manos de las autoridades judiciales desde diciembre pasado.
El número de los invitados para iniciar las indagatorias y la circunstancia de que se incluyera al propio ex-presidente Fernández, que no fue convocado al DEPRECO ni siquiera cuando se investigó el grueso expediente de corrupción del Programa de Empleo Mínimo de Emergencia (PEME), contribuyó al tremendismo, las suspicacias e incertidumbres.
Aunque no se lo propusieran expresamente, las autoridades lograron producir un escándalo, con la colaboración de los peledeístas, cuya estrategia es considerar persecución política toda denuncia de irregularidades y corrupción durante su gobierno.
El cuadro se complicó considerablemente cuando el Presidente de la República, Hipólito Mejía, anunció que esta vez había dado luz verde a las autoridades del ministerio público para que investigaran a quien fuese necesario, lo que implicó un cambio radical en su tratamiento al ex-presidente Fernández.
Mejía había dicho muchas veces que los ex-presidentes debían ser dejados al margen de las investigaciones judiciales, que merecían esa consideración. En ocasiones fue más directo proclamando que “a Leonel no me lo toquen”. Y cuando este fue convocado por la juez que instruye el expediente del PEME. Mejía declaró que si hubiese sido él no hubiese acudido a la cita, dando un pésimo ejemplo a la nación.
Tal vez esa consideración y la escasa credibilidad en el combate a la corrupción por parte del gobierno, alentaron el dramático desafío del doctor Fernández al ministerio público.
Terrible equivocación
Cuando creó el DEPRECO, mediante su decreto 322-97, del 24 de julio de 1997, el presidente Leonel Fernández no estaba pensando que podría ser utilizado contra él mismo y que se vería en la circunstancia de discutirle las facultades que le otorgó.
La lectura del decreto no deja la más mínima duda. Su artículo1 instituye que esta dependencia de la Procuraduría General de la República sería “especializada en el manejo de todo lo relativo a la corrupción administrativa en la República Dominicana”.
En la letra c) del artículo 3 se le encarga, más específicamente, “Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noticias, a través de cualquier medio como a través de los medios propios que la Procuraduría General de la República establezca para ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y programas radiales especializados, así como ventanillas anti-corrupción en todas las fiscalías del país”.
La letra e) del mismo artículo lo faculta a “Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que considere pertinente”. La Letra f): “Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de análisis, investigación y envío a la justicia de todos los expedientes sobre hechos de corrupción…”
Si esas facultades no son suficientes, la contenida en la letra i) del mismo artículo 3 parece mortal: “Realizar los operativos que estime necesarios, con el propósito de obtener los elementos probatorios, documentales o de cualquier otro tipo, en torno a los hechos de corrupción de que tenga noticias”.
Para cerrar, el artículo 5, “Ordena al Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, al Jefe de la Policía Nacional, al Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) Y al Contralor General de la República, prestar toda la colaboración que sea necesaria para el desarrollo de los trabajos de este Departamento”.
Tal vez en cumplimiento de este mandato fue que el presidente Mejía reunió la noche del lunes a los titulares de todos estos organismos, con el director del DEPRECO en el Palacio Nacional, en lo que fue visto como una expresión del drama en que se estaba convirtiendo el nuevo enfrentamiento.
Fuertes denuncias
Más allá de la intencionalidad política de la nueva ofensiva gubernamental, que indudablemente la comporta, la auditoría sobre la cuenta especial para “Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias en todo el País”, contiene fuertes denuncias de irregularidades de procedimiento y en la administración de parte de los fondos.
No es cierto que los cargos sean sólo de asuntos de procedimiento, por cierto aún estos para nada desdeñables, puesto que algunos suponen una grave ofensa a la institucionalidad y la modernización de la gestión pública que tanto pregonó el gobierno de Fernández.
Y es que, precisamente, la creación de ese fondo, al final del gobierno, estaba destinado a brincarse todos los mecanismos de control contenidos en las leyes de Presupuesto, de la Tesorería y de Contabilidad, concentrando en poquísimas manos el manejo de unos 200 millones de pesos mensuales.
Tanto la recolección de los 1,427.6 millones de pesos como sus desembolsos se hicieron con desprecio al ordenamiento jurídico e institucional del Estado, facilitando la posibilidad de distracción de los fondos públicos.
Se citan transferencias irregulares a esa cuenta en contradicción con la ley Orgánica de Presupuesto, cancelación de certificados financieros de instituciones oficiales y organismos estatales descentralizados y autónomos. También endosos irregulares de cheques y firmas de estos con simples sellos gomígrafos. Y que de 33 obras ejecutadas por Obras Públicas con parte de estos fondos, sólo 7 tenían contrato y 9 presupuestos.
La auditoría señala desembolsos (uno de 27 millones de pesos a la secretaría de Educación) utilizados en actividades diferentes a las asignadas. Y 151 millones 952 mil pesos en desembolsos a varias instituciones “sin conocerse su destino”.
Un caso relevante es el de un paso a desnivel que uniría la autopista Las Américas con el Parque Cibernético. Aunque el presupuesto y contrato señalaban un costo de 38.9 millones de pesos, se le entregaron a la secretaría de Obras Públicas 50 millones y esta desembolsó a los contratistas 20 millones de pesos, “de los cuales no existen evidencias documentarias de que estos trabajos se iniciaron acorde con lo que especifica el libramiento”.
Se trata de denuncias graves, de sumas considerables, que requieren aclaración, como ya hizo el ex-presidente Fernández con el aspecto de que se contrató un préstamo de 480 millones de pesos con el Banco de Reservas y sólo se depositaron en la cuenta especial 535 millones. Porque los restantes 45 millones de pesos no fueron desembolsados por el banco.
Mientras tanto, el dilema del gobierno es permitir que desafíen la autoridad creada hasta por los propios desafiantes, o hacerlas valer. Sin duda hay un récord de interrogatorios, y hasta allanamientos realizados por el DEPRECO durante la gestión de Fernández, resaltando la investigación sobre el tráfico de terrenos en Bahía de las Aguilas, irregularidades en la OMSA, en el Instituto Agrario y el Banco Agrícola.
Por igual la Procuraduría General ha realizado investigaciones en las denuncias contra el ex-presidente Salvador Jorge Blanco, sobre el fraude a los organismos recaudadores de impuestos en 1990, en el caso Hidro-Quebec Sofati y muchos otros.
Pero la dramática reacción de los convocados ha llevado el enfrentamiento a términos peligrosos. Por de pronto, el Procurador General reaccionó con la sensatez y la prudencia que le caracterizan, mientras anunciaban que volverían a citar a los que se nieguen a comparecer a los interrogatorios. El siguiente paso es difícil de vaticinar.