Por Juan Bolívar Díaz

            De mi formación profesional mexicana guardo los mejores recuerdos y gratitudes inconmensurables. Y he dicho siempre que México, donde acudo con frecuencia, es mi segunda patria. De su riqueza cultural asimilé mucho. Pero creo que en mi sensibilidad sobre los derechos de la mujer influyó la célebre frase mexicana de “a lo puritito macho”.

            Alguien acuñó una anécdota contraditoria de ese machismo, según la cual había una discusión entre un mexicano y un dominicano que se encontraron en el sur de los Estados Unidos y el azteca le recordó que “en México somos purititos machos”. A lo que el criollo ripostó: “Oye manito, pues en Santo Domingo somos machos y hembras y se goza”.

            Si lo puritito macho es rechazable en las relaciones humanas, especialmente cuando las mujeres son un poquito más de la mitad de la población, y madres, esposas e hijas de la otra mitad, mucho peor resulta en la política, donde a menudo las imposiciones producen efectos inmediatos pero no duraderos y más tarde o más temprano pagan su daño.

           Como a los que están en el gobierno les gusta tanto criticar a los antecesores, aunque estén repitiendo lo que rechazaban desde la oposición, me permito recordar el daño que le produjo al régimen del Partido de la Liberación Dominicana y del presidente Leonel Fernández los intentos de imposición y arrebato.

            Primero sobre estimaron la duración de los efectos de aquella alianza “patriótica” con los reformsitas y no pudieron asimilar que irremisiblemente no se repitiría ni en 1998 ni en el 2000. Lo escribí y lo analicé por televisión en múltiples ocasiones. También lo discutí con mis amigos del PLD, algunos de tanto rango como el mismísimo presidente Leonel Fernández.

            Algo similar ocurrió cuando no pudieron asimilar el resultado de los comicios de 1998 y lanzaron la política de a lo puritito macho, dedicando ingentes esfuerzos a ignorar que el electorado otorgó a un partido de oposición 95 de 115 sindicaturas, 24 de 30 senadurías y 83 de 149 diputados.

            Faltándole dos años de gestión, el gobierno de Fernández se dedicó a pelear con el partido mayoritario que controlaba el Congreso y movilizaba la mayoría de la nación. Lo primero fue que comprando votos reformistas y perredeístas quisieron reformar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, con el Congreso que ya concluía. No lo lograron ni comprando al por mayor. Los peledeístas eran apenas 14 diputados y 1 solitario senador.

            Pero lograron los votos reformistas para aprobar una ley de carrera judicial que revertía la inamovilidad de los jueces, para volverlos a elegir cada cuatro años y para elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas, ambas cosas con el rechazo del partido mayoritario de oposición, de las instituciones sociales y de gran parte de la opinión pública.

            Al presidente Fernández se le pidió por todos los medios que no promulgara aquella ley de contra-reforma judicial que contradecía importantes aportes de su gobierno en la elección de la Suprema Corte de Justicia, en el Comisionado para Reforma de la Justicia y en el saneamiento de lal ministerio público.Y aunque la sociedad civil le hizo saber que elevaría un acto de inconstitucionalidad los machos de la política se buscaron el tropiezo y esperaron un fallo que anuló el artículo que remitía a la elección de jueces por 4 años.

            Tan pronto se inició el nuevo período legislativo, desoyendo todas las advertencias y recomendaciones, el gobierno se dedicó a “conquistar” diputados perredeístas. Incentivaron a Rafael Peguero Méndez y éste arrastró a otros 9 diputados para así evitar que el PRD asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados.

            En enero de 1999 fue el capítulo que más desacreditó el gobierno: la imposición a la fuerza en la Liga Municipal Dominicana. No importó que tuvieran que apelar a la violencia, con un cerco que impidió el ingreso a sus oficinas de los funcionarios de la Liga que todavía regían, ni el vuelo de helicópteros sobre el Congreso Nacional.

            En todos y cada uno de esos desaguisados del machismo político hubo reiteradas advertencias, públicas y privadas, de mediadores de la sociedad civil y de amigos del presidente. Sus autores las justificaban a nombre del pragmatismo político. Todos terminaron en fracasos, generaron gran obstrucción al gobierno y proyectaron una imagen autoritaria de un presidente democrático.

            La historia viene a cuento por lo que está ocurriendo ahora en torno a la Junta Central Electoral. Una gran parte de los perredeistas, desde luego capitaneados por el PPH, pretende imponer jueces electorales, sin buscar ni siquiera consenso en el propio partido. En contra de las demás fuerzas políticas, de las más activas entidades de la sociedad civil y de la opinión pública que reclama consenso en esa materia más que en cualquier otra.

            Se les ha advertido que la circunstancia es muy diferente a la del 1998. Entonces el PRD no tenía el control del Poder Ejecutivo y reaccionó frente a decisiones del partido de gobierno que le afectaron. Si el gobierno rompió todo consenso para elegir extemporáneamente la Cámara de Cuentas y para la contrareforma judicial; si ignoró a la mayoría en la Cámara de Diputados incentivando el transfuguismo, ésta no estaba obligada a consultar la minoría para elegir los jueces electorales. El 80 por ciento del Senado podía elegirlos, como lo hizo.

            La sociedad civil era, como ahora, partidaria de una elección de JCE por consenso. Pero en aquellas circunstancias no podía enfrentar una imposición provocada por el gobierno. Se dedicó a mediar en medio de una crisis que duró más de medio año y que por momentos puso en dificultad la elaboración de un nuevo padrón de electores.

            Ahora la sociedad civil ha advertido por todos los medios que esta vez no hay la menor justificación para imponer jueces electorales sin siquiera algún nivel de consenso. El Cardenal, con la crudeza de lenguaje que lo caracteriza, acaba de advertir que pueden hacerlo, pero que tendrán que atenerse a las consecuencias.

            Como en el anterior gobierno, me atrevo a advertir que eso no pasará sin grave costo, que sumiría al país en una crisis política y que se revertiría contra el PRD y su gobierno. Más temprano que tarde. La política del puritito macho volverá a mostrarse improcedente y no rentable.-