Por Juan Bolívar Díaz

            Se podrá o no estar de acuerdo con la nueva política para resolver la crisis energética nacional puesta en marcha esta semana por el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pero habría que convenir en que se trata de un esfuerzo meritorio, que conlleva costos elevados para la población, especialmente para las clases medias e implica riesgos de desgaste político para las autoridades.

            Lo primero que todo ciudadano o ciudadana consciente tiene que admitir es que no hay soluciones fáciles ni analgésicas para la crisis energética. Todos los caminos espantaneistas y fáciles condujeron a mayores complicaciones y a lo largo de tres décadas los apagones se han convertido en una de las mayores expresiones de nuestras carencias.

            No es sólo el costo que han tenido para las industrias, los comercios y demás servicios, especialmente para las micro y pequeñas empresas, sino la degradación de la vida familiar, del estudio y la lectura, de nuestra calidad de vida que han representado los apagones, por períodos más largos que los prendiones.

            Para los que trabajamos en la opinión pública, el tema de la energía se convirtió también en un fastidio. Años y años repitiendo lo mismo y señalando iguales responsabilidades e irresponsabilidades, hemos terminado por evadir lo más posible eese intrincado problema.

            Parece ser que la población ha acogido con resignación los nuevos costos que implica el plan de superación de la crisis energética puesto en marcha desde días antes del discurso presidencial, cuando comenzó a restablecerse el servicio de energía, después de un mes devastador.

            Desde luego, todavía falta pasar el tramo más peligroso de la prueba, cuando dentro de algunas semanas comiencen a llegar las facturas con los resultados de la nueva tarifa, que para la generalidad de las clases medias representará elevación de costos de entre un 25 y un 40 por ciento.

            Conllevará un gran sacrificio que la mayoría estará dispuesto a pagar si las empresas generadoras y distribuidoras y las autoridades, a través de la Superintendencia de Energía, cumplen con su parte en el plan. Es decir, si garantizan el suministro energético a todo el que paga, compensando los abusos y los apagones, y si ofrecen las 18 horas de energía prometida a los barrios.

            El gobierno tendrá que cumplir con su compromisos de pagos, incluyendo el costo de la energía de las instituciones del Estado en sus respectivos presupuestos y entregando a tiempo los mil millones de pesos anuales con que se seguirá subsidiando la energía a los 3.5 millones de dominicanos y dominicanas más pobres.

            Si el gobierno y sus instituciones pagan; si se ejecuta a racionalidad el Programa Nacional de Apoyo a la Eliminación del Fraude Eléctrico, si la Contraloría de Electricidad se convierte en un organismo operativo para defender los intereses de los usuarios, las empresas de energía no podrán evadir su responsabilidad.

            Sobre todo tomándose en cuenta que en los próximos meses entrarán en operación otras generadoras, que aumentarán la oferta en unos 500 megavatios, suficientes para aumentar la competencia y la competitividad.

            Hace mucho tiempo que todos estamos conscientes de que gran parte de los apagones son de origen financiero. Porque un cuarenta por ciento de la población no paga la energía que consume, porque un 20 por ciento se la roba, incluyendo sectores empresariales, funcionarios, ejecutivos modernos y magnates de todas las categorías.

            El combate definitivo al fraude de energía, la puesta en ejecución de mecanismos efectivos para aumentar los cobros y el cumplimiento de los compromisos gubernamentales ahora sin la carga de 4 mil millones de pesos al año, tiene que generar una nueva situación.

            Claro que nos costará, pero probablemente menos que las pérdidas productivas y materiales y los costos emocionales de un servicio energético tan caótico, en un país de tantas comunicaciones, vehículos de lujo y pretensiones de modernidad.

          El gobierno debe estar consciente de que si se acepta el nuevo costo de la enegía es con resignación, con esperanza de que mejorará definitivamente el servicio. Y tiene que cumplir la palabra empeñada.Sobra excepticismo y sólo las acciones efectivas y sistemáticas lo vencerán. De lo contrario el nuevo costo de la energía será cargado en la factura del 16 de mayo del 2004.

            Sin embargo, hay que mantener las esperanzas. Porque algún día los dominicanos y dominicanas tendemos que demostrar que somos capaces de superar un problema tan vital como el de las carencias energéticas. Ya es tiempo, por Dios!!!