Evita Perón en la cúspide de la historia

Por Juan Bolívar Díaz

            A cincuenta años de su muerte, cumplidos este viernes 26 de julio,Eva Perón sigue siendo el personaje político femenino más fascinante de la historia americana. Ni santa ni demoníaca, como se le ha presentado desde dos perspectivas antagónicas. Pero sí la mujer más influyente en la política de su época, la más amada y la más odiada, convertida en leyenda y mito, venerada por los trabajadores y los sencillos como a ninguna otra.

            Y pensar que este personaje de leyenda apenas vivió 33 años, la primera mitad en un pueblito argentino conocido como Junín, de donde pegó un salto abismal a la inmensa metrópolis de Buenos Aires en 1934 montada sobre sueños adolescentes de estrella de teatro.

            Eva Duarte tenía todas las credenciales para el fracaso en la gran urbe. Era una típica muchacha pueblerina, con el “agravante” de haber sido hija de una humilde costurera y de un hombre que no tuvo el valor de reconocerla, en una época en que los grupos aristocráticos y los acomplejados imponían sus valores en la sociedad argentina.

            Llegó a la gran ciudad sin destino seguro, solitaria y huraña, para imponerse con una fuerza que nadie le sospechó y convertirse en símbolo de la superación y las luchas femeninas de todo un siglo.

            Logró a medias sus sueños de actriz, más en la radio que en el teatro y en el cine, aunque en todos estos medios hizo incursiones, ninguna de las cuales la habría hecho trascender más allá de sus compañeros del sindicato de los artistas que la metió de golpe en el mundo de las contradicciones obrero-patronales de su época.

            Hay razones aún para preguntarse de dónde sacó tantas fuerzas esta mujer para haber trascendido a nivel universal y ser venerada todavía en las calles de Buenos Aires y en el cementerio de la Recoleta, donde nunca falta una flor, cincuenta años después de su prematura muerte.

            Entre sus biágrafos y analistas se discute si ella se nutrió del coronel Juan Domingo Perón, o éste alcanzó mayor brillo gracias a su influjo. No faltan quienes proclaman que “muerta Evita, Perón es un cuchillo sin filo”, y queda idenfenso y expuesto ante quienes le disputaban el poder, del que logran desalojarlo apenas 2 años después. El mito peronista será por siempre mitad Juan Domingo mitad Evita.

            Debe tomarse en cuenta que ella conocíó al entonces coronel Perón en 1944, cuando ya acumulaba 25 años y que los hechos que la catapultaron a la trascendencia ocurrieron en apenas los ocho años siguientes.

            Sin haber ocupado ningún puesto oficial, con el ascenso de Perón al poder en 1946 Evita trabajó por los obreros y por los más pobres de la Argentina rica con una pasión desbordante y un desafío que no respetaba fronteras oligárquicas ni burguesas, religiosas ni militares.

            Abel posse, uno de sus numerosos biógrafos, la describe como “sacralizada por las masas humildes del peronismo, demonizada por la burguesía y la clase media de Buenos Aires.Vetada moralmente por los militares que la consideraron indigna de casarse con su más alto oficial presidenciable”.

            Posse se siente fascinado por su itinerario de contradicciones: “ella, la frágil, alcanzó el mayor poder que tuvo mujer alguna de su época. Al decir de Agustín de Foxá, ninguna mujer la superó en mando desde los tiempos de la reina Victoria y de la emperatriz regente de China”.

            Evita consumió aceleradamente sus energías trabajando 20 horas diarias, abrazando leprosos y mendigos, pronunciando discursos ante sus “queridos descamisados”, y cuando apenas rebasaba los 30 años la poseyó un cáncer del que no pudo liberarse y que cortaría su vida en plena productividad.

            Cuando varios millones la proclamaban candidata vicepresidencial a partir de 1950, los militares consideraron que era suficiente y se plantaron ante Perón para convencerlo de las inconveniencias de que “esa mujer” pudiera alcanzar un puesto que la colocaría a un paso del mando supremo.

            Era imperdonable, una mujer, hija natural de una costurera, sin abolengo alguno, una irreverente contestaria de todos los poderes tradicionales, no podía alcanzar la vicepresidencia de Argentina. Si apenas en los comicios de 1951 las mujeres votarían por primera vez, gracias a la ley de emancipación femenina que ella exigió y consigió de Perón en septiembre de 1947.

            Cuando Evita sucumbe ante el cáncer el 26 de julio de 1952, millones de obreros y descamisados argentinos la lloran en las calles y se apoderan de ella como símbolo de reivindicaciones. Medio siglo después todavía se le rinde culto en las calles de Buenos Aires.

Su cadáver “milagrosamente” embalsamado se conservó intacto. Arrebatado a la veneración popular por los militares, tras el golpe a Perón de 1955, recorrió sótanos y furgones hasta ser envíado secretamente a Milán, Italia, donde lo enterraron con nombre falso. Diecisiete años después pasa a Madrid, entregado a Perón con quien volvería a Argentina en 1973 para descansar en el cementerio de la Recoleta.

            A medio siglo de su muerte, Evita Perón ocupa un sitial en la cúspide de la historia política americana.-

 

El dictamen del juez Samuel Arias

Por Juan Bolívar Díaz

             Es muy probable que la mayoría de los que han pedido la cabeza del juez Samuel Arias Arzeno, por dictaminar en reconocimiento de la nacionalidad dominicana de dos niños hijos de haitianos residentes en el país, no se hayan tomado la mínima molestia, de estricta honradez intelectual, de leer la sentencia que es un aporte fundamental al debate de un tema tratado frecuentemente con prejuicio y maniqueísmo.

           Me negué a hablar del tema sin conocer el dictamen, que busqué afanosamente en los diarios, pero apenas encontré mínimas referencias sobre su fundamento. Los comentarios de radio y televisión evidenciaban también que se hablaba “de memoria”, en base a prejuicios y con evidente desconsideración del magistrado.

            La publicación íntegra de esa sentencia debe ser un gran servicio para elevar el debate sobre un asunto tan sensible como es el derecho a la nacionalidad de los nacidos en el país, establecido en la Constitución de la República, que en las últimas dos décadas ha sido objeto de una nueva interpretación.

            Fue a partir de mediados de los ochenta, cuando José Francisco Peña Gómez emergió por primera vez como candidato presidencial, que se incrementó el antihaitianismo en el país, llegándose a niveles verdaderamente vergonzosos. Baste recordar que a él mismo se le cuestionó intensamente la nacionalidad por tener ascendencia haitiana, a pesar de que tenía ya más de 50 años de edad, con todos los documentos de lugar, y que durante tres décadas había recorrido el mundo, una y otra vez, representando el mayor partido nacional.

            Y no se trató tan solo de ataques políticos, pues hubo notables juristas que pretendieron dar categoría de lo definitivamente juzgado a sus prejuicios no exentos de racismo, porque nunca se ha planteado el mismo racero para los hijos de otros extranjeros, con residencia o no en el territorio nacional.

            Hasta aquella infame campaña política para cerrar el paso a la presidencia a uno de los domincianos más ilustres e ilustrados, nadie había discutido los alcances del ordinal 1 del artículo 11 de nuestra Constitución que establece el “jus soli”, o derecho a la nacionalidad a “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él”.

            El dictamen del juz Arias reivindica en toda su extensión el alcance, por cierto casi universal, del jus soli, considerando que “el principio constitucional debe ser aplicado estrictamente, de esa forma, todo el que nace en República Dominicana es dominicano, ya que no hace diferencia alguna en cuanto a la legalidad o ilegalidad de los padres, nacionales o extranjeros, ya que ese es un derecho, no atribuido a los padres, sino a los nacidos en territorio dominicano”.

            El magistrado rechaza igualar la residencia ilegal con el tránsito por el territorio, fundamentado en el reglamento 209 de la ley de Migración, donde se define a los transeuntes como “aquellos que entran a la República Dominicana con el propósito principal de proseguir al través del país con destino al exterior, estableciendo un período de 10 días para conservar esa calidad”. Y concluye que “no es el caso de los demandantes que se encuentran establecidos permanentemente en nuestro país”.

            Como prueba adicional de que los padres de los dos niños reconocidos como dominicanos no estaban en tránsito, la sentencia cita una certificación de Marisol Alburquerque, oficial del Estado Civil, indicativa de que la señora demandante, Carmelite Bazil, tiene en la actualidad su visado vigente. Su supuesto tránsito lleva por lo menos los 7 años que ya cumplió el mayor de sus dos hijos reconocidos.

            También fundamenta el juez Arias su rechazo al argumento de que los hijos de nacionales de Haití nacidos aquí no pueden ser dominicanos en virtud de que la Constitución de la vecina nación los considera haitianos. Derecho que por cierto también se otorga a los hijos de dominicanos nacidos en el exterior, (ordinal 3 del mismo artículo 11).

            Indica que de los principios del derecho internacional público podemos deducir que “si ciertamente los Estados son libres de determinar y reglamentar la adquisición y la pérdida de su nacionalidad, no es menos cierto que no corresponde al Estado determinar o valorar las condiciones de adquisición o pérdida de una nacionalidad correspondiente a otro Estado”.

            Asímismo, el magistrado Arias consideró preciso recordar “el principio de la nacionalidad efectiva que en la especie queda caracterizada en el vínculo real y efectivo de los menores con el Estado dominicano, en razón de su permanencia y desarrollo de su vida común, incluyendo su educación, en territorio dominicano”.

            El dictamen no será la Biblia. Pero se trata de un documento jurídico, bien fundamentado, que puede ser discutido y contra argumentado, pero no ocultado ni atacado sin siquiera citar sus esencias.

            Se estima que hay decenas de miles de jóvenes y adolescentes descendientes de haitianos que nacieron y han permanecido toda su vida en el país. La mayoría jamás han pisado territorio haitiano. Pero carecen de documentación porque se les ha negado el derecho a su nacionalidad. ¿ Están realmentre en tránsito por el terrritorio nacional? ¿Y hasta cuándo durará ese “tránsito”?.-

 

Para reflexionar en esta Navidad

Por Juan Bolívar Díaz

            Desde Bruselas, donde lleva varios años al frente de la Federación Internacional de Trabajadores de la Alimentación, el eterno militante sindical José Gómez Cerda nos ha invitado a reflexionar en esta Navidad con todo un tratado sobre el pensamiento de Jacques Maritain, uno de los filósofos de mayor influencia en el pensamiento político cristiano de la época moderna.

            Lo primero que ha logrado Gómez Cerda, con las facilidades del correo electrónico,   es remitirnos a los inolvidables años sesenta de nuestra incursión en la vida pública, unos desde el sindicalismo, otros en la política partidista, en las lides profesionales y estudiantiles o en la militancia parroquial.

            Todos los cristianos de aquella generación leímos apasionadamente a Maritain, como a Teilhard de Chardin, y a Enmanuel Munier, buscando respuestas o canalización a esas ansias enormes de transformaciones y justicia social que nos impulsaron y dieron sentido a las energías juveniles.

            En medio del materialismo, del pragmatismo y del hedonismo que caracteriza estos años de la globalización y el liberalismo económico, sin grandes luchas ideológicas ni utopías, recordar a Maritain es un viaje en restrospectiva a las galaxias de los sueños colectivos que enardecen los espíritus.

            Fueron muy altos los vuelos de la generación del sesenta. La cristiana como la marxista, con aquella tremenda competencia a ver quién llegaba primero a las materializaciones del bien común o del paraíso perdido, donde hombres y mujeres ejercerían las estelaridades de la solidaridad y la compañía.

            Muchos no llegaron a la encrucijada donde se decantarían los de largo aliento, porque les troncharon la existencia en actos de alevosía y criminalidad y otros porque su estructura material no soportó las iniquidades. Entre los sobrevivientes hay quienes quedaron sentados en el camino, cansados de batallar. Y algunos renegaron de aquellas orgías espirituales y se avinieron a los nuevos tiempos.

            Muchos hemos quedado batallando contra los impulssos frustratorios derivados de las muy elevadas metas de transformaciones que nos impusieron y nos impusimos al compás de aquella primavera libertaria cuando despertamos a la conciencia social y política, leyendo a Maritain, a Teilhaird y a Munier.

          Jacques Maritain, fallecido el 28 de abril de 1973, dejó una enorme bibliografía. Se le cuentan unos sesenta libros. En el campo de la filosofía dio aplicación moderna a los principios de Santo Tomás de Aquino. Su obra global es un compendio de filosofía, antropología, sociología, psicología y cristianismo.

            Su reflexión política se puede encontrar en sus obras El Hombre y El Estado, La Persona Humana y el Bien Común, Humanismo Integral y Cristianismo y Democracia, entre otras.

            Para Maritan los seres humanos están conformados por la cultura de las virtudes intelectuales y morales. Se sostienen a sí mismos mediante la inteligencia y la voluntad, estando el espíritu en la raíz de la personalidad. El cristiano debe aspirar al Bien Común, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría del pueblo, para que todos podamos vivir como personas libres y disfrutar de los bienes de la naturaleza, la cultura, la economía y el espíritu.

            El filósofo francés es un profesante del pluralismo democrático planteando un nuevo humanismo, una filosofía social, política y económica basada en los principios de la la diversidad, la libertad, la vida comunitaria y el personalismo, con una concepción laica del Estado, convencido de que “el despertar de la conciencia cristiana y los problemas estrictamente temporales, sociales y políticos, implicados en la restauración de una nueva cristiandad, traerá consigo el nacimiento de nuevas formas políticas específicas de inspiración intrínsicamente cristianas”.

            Plantea la política como un rama especializada de la ética, al servicio del Bien Común y la democracia como una filosofía general de la vida humana y de la vida política, como un estado del espíritu. Para Maritain la democracia está ligada al cristianismo, “el empuje democrático surgió en la historia humana como una manifestación temporal de la inspiración evangélica”, y sostiene que el estado democrático no solo viene de la inspiración evangélica, sino que no puede subsistir sin ella.

            Los planteamientos de Maritain lucen ahora muy alejados del pragmatismo predominante, pero están ahí desafiantes, por lo menos para la reflexión de los cristianos en estos días en que se supone que celebramos el advenimiento de quien representa el mayor y más difundido compendio de principios idealistas de solidaridad humana.

            “La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas no han logrado aún realizar la democracia”, dice Maritain y queda como una invitación al sueño, a la utopía del perfeccionamiento humano y social.

            Gracias a José Gómez Cerda por invitarnos a releer a Maritain, que es lo mismo que volver a viajar por las regiones inconmensurables del humanismo integral, de la solidaridad humana procamada por el profeta que nació en el pesebre de Belén para trascender en el tiempo, mucho más allá de todo lo material y pragmático.-

Los signos exteriores de riquezas

Por Juan Bolívar Díaz

               La proliferación de esa infame expresión de la delincuencia que es el secuestro traerá la consecuencia de disminuir la tendencia a la ostentación de la que es presa buena parte de las clases altas dominicanas, que a menudo luce como si se empeñara en provocar sentimientos de envidia o de venganza en los que han sido menos afortunados.

            Reducir los signos exteriores de riqueza. La frase se me gravó en los años 1984-86 cuando tuve la fortuna de vivir en Lima, la capital de ese maravilloso mundo de historia y culturas que es el Perú, ciudad de palacios, antiguos y modernos, expresión de los mayores contrastes sociales.

            Ya hacía años que la bizarra urbe de 7 millones de habitantes era una ciudad donde se acunaba todo género de delincuencia. Los secuestros proliferaron en aquellos tiempos, hasta el punto que en diciembre de 1985 contamos 27 reseñados en los diarios. Y se presumía que habían pasado de 35 en ese solo mes, porque muchos nunca trascendían a los medios de comunicación.

            No eran obra de Sendero Luminoso ni del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, que en aquellos tiempos sacudían los simientos políticos peruanos. A ellos no se les atribuyó uno solo en los dos años que conviví con los peruanos.

Las verdaderas olas de secuestro eran fruto de innumerables bandas de delincuentes, que vivían al acecho y seguimiento de “los hijos de papi”, aquellos muchachos que salían de los palacios y mansiones y volvían a ellos tarde de la noche en automóviles de lujo que contrastaban en las calles limeñas con los decenas de miles de “escarabajos” que las poblaban.

De un momento a otro los adinerados limeños se dieron cuenta de que la ostentación no era un buen negocio, y empezaron a vender sus automóviles lujosos y sus palacios y a mudarse a apartamentos en modernos edificios rodeados de seguridad. De golpe se devaluaron los Mercedes Benz y los Ferrari, los Jaguar y los BMW. Los limeños tuvieron la necesidad de asimilarse al nivel de vida del promedio, sino de los pobres, al menos de las clases medias.

En Lima, como en el Santo Domingo actual, la juventud había adoptado la “cultura” de salir a divertirse a media noche. Era de viejos pasados llegar a un centro nocturno a las 8 o las 9 y marcharse antes de las 3. Pero los secuestros retornaron a muchos a las viejas culturas de salir temprano y volver a sus casas a la medianoche, cuando los lugares “in” quedaban despoblados.

Entre las causas que se aducían para explicar decenas de secuestros mensuales, estaban las profundas desigualdades que dejaban a más de la mitad de la población sumida en la pobreza y la ostentación en que incurría el 5 por ciento de la población, afortunados que concentraban gran parte del ingreso nacional.

También los continuos escándalos de corrupción, pública y privada, y el narcotráfico, que tantas fortunas rápidas generaron, sembrando en la población la idea de que la fortuna era un sálvese quien pueda y de la manera que sea posible. Unos la acumulaban desde los puestos públicos y otros en las empresas privadas, y todos a costa del bienestar colectivo.

Los secuestradores cobraban comisiones. Y muchas veces dejaban en evidencia a gente que no se creía que tuvieran tanta fortuna como para pagar los altísimos rescates. La gentese preguntaba si habían acumulado con el narco o en la política o en la usura.

Otro factor que estimuló el secuestro limeño fue la inoperancia policial. Allá como aquí la policía era buena para matar, cuando sorprendía a un delincuente o supuesto delincuente en actitud sospechosa. Por supuesto que a menudo se equivocaban y cometían terribles asesinatos de inocentes. O uniformados aducían el pretexto de la delincuencia para cometer fechorías y crímenes. Como aquí.

Pero era malísima para prevenir, investigar y llevar ante la justicia. Y también estaba plagada de malhechores uniformados, de aventureros de toda laya. Porque en la medida que avanza la delincuencia es más difícil que los mejores muchachos quieran optar por la profesión de policía, riesgosa y mal pagada, dejando el espacio abierto a individuos que buscan “lo suyo” por la vía rápida.

El secuestro proliferó en Lima porque la gente no confiaba en la Policía y se dejaba chantajear fácilmente, por miedo, tanto que aún después de pagar rescate, se negaban a dar cuenta a las autoridades. Hasta surgieron agencias para negociar rescates, que era donde acudían los adinerados.

Esa nueva forma de acumulación de riqueza no trabajada se llega a constituir en una industria, basada en la desconfianza en las instituciones policiales y en el miedo, que cuando prevalecen facilitan el trabajo a los secuestradores. Mucho más si hay tantos signos exteriores de riqueza. Bien y mal habida.-

Otro paquete de reformas pendientes

Por Juan Bolívar Díaz

            Durante su reciene viaje por el lejano oriente el presidente Hipólito Mejía anunció su disposición a proponer una ley para que el Poder Legislativo pueda ejercer controles sobre los actos del Ejecutivo, lo que estaría llamado a reducir el excesicvo presidencialismo que tantos abusos ha conllevado en la historia nacional.

            El ponderable propósito del primer mandatario pudo estar determinado por lo que ha visto en Japón, donde opera una democracia parlamentaria, la que por su naturaleza esencial tiene su centro de poder en el Congreso.

            Aquí en el régimen presidencialista que tenemos podría resultar dificultoso, y quizás hasta contradictorio, otorgar un control directo al Congreso sobre los actos del Poder Ejecutivo, pero sí sería conveniente un régimen de estricta rendición de cuentas, fortalecido por una serie de mecanismos legales, varios de los cuales han sido presentados en las cámaras legislativas, incluso por el actual gobernante..

            Desde hace muchos años se viene debatiendo en el país la necesidad de crear un cógido que prevenga la corrupción administrativa e incentive un uso racional y sujeto a estricto presupuesto de los recursos nacionales, lo que incluso ha figurado en los programas de gobierno que se presentan en las campañas electorales. Pero una vez en el poder, los gobernantes ha sido lentos cuando no indiferentes.

            Es que generalmente quienes llegan al poder creen que lo han logrado para siempre y que no pueden renunciar a la discrecionalidad y al uso de los recursos estatales para mantenerlo e incrementarlo, especialmente cuando es posible la reelección presidencial, recién restaurada en contradicción con los planteamientos históricos del Partido Revolucionario Dominicano.

            Por eso hay que celebrar la disposición reformisa expresada recientemente por el Presidente Mejía y alentarlo, a que comience promoviendo la aprobación de varias iniciativas de él sometiera al Congreso Nacional y que van quedando en el olvido.

            El mandatario y su partido disponen de una mayoría tan consistente en las cámaras legislativas, con el 90 por ciento del Senado y casi la mitad de los diputados, como dificilmente se repita en el futuro próximo.

            La creación de un código de control efectivo de la gestión administrativa pasaría fácilmente si los perredeístas gobernantes se lo proponen y sería saludado por una opinión pública cansada de los abusos del patrimonio nacional, del clientelismo que tantos recursos consume y del rentismo que se abona con el financiamiento privado de nuestras largas campañas electorales.

            El presidente y su partido podrían revalidar el papel reformista que los fundadores y principales sustentadores ideológicos del perredeismo confirieron a esa organización, y que es parte de las razones por las que ha tenido tan larga vigencia en la vida pública nacional. Tienen todavía oportunidad.

           Nos estamos refiriendo a los proyectos encaminados a reforzar y dar autonomía administrativa a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, así como a los que tienen como objeto la independencia del ministerio público, la creación de un fiscal nacional anticorrupción y a una más exigente ley general de presupuesto. Sobre esto último tomó iniciativa en su etapa de senadora la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch.

            También fue iniciativa del actual gobierno, a través del Departamento de Prevención de la Corrupción, un proyecto de ley que busca hacer funcional la declaración jurada de bienes que también duerme el sueño eterno en el Congreso Nacional.

            Lo mismo un anteproyecto para normar estrictamente las compras y contrataciones de servicios por parte del Estado, llamado a hacer transparente y obligatorios los concursos públicos, para reducir esa brecha a la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito.

            En un paquete de seis anteproyectos depositados en el Congreso por el DEPRECO se incluye uno que crearía un código de ética del servidor público y otro sobre soborno transnacional.

            Tampoco debemos olvidar el proyecto para garantizar el libre acceso a la información de interés público, introducido al Senado en el período pasado, por el senador perredeista José Antonio Najri.

            En los anales de la antigua Comisión presidencial para Reforma y Modernización del Estado, y del actual Consejo Nacional para Reforma del Estado hay toda una biblioteca de anteproyectos encaminados a mejorar los controles públicos. Entre esos organismos y el DEPRECO han consumido muchos millones de pesos formulando anteproyectos que constituyen una bibliografía enorme.

            Las universidades y numerosas instituciones sociales también han hecho innumerables aportes.

            De manera que no hay que hacer demasiado esfuerzo ni perder tiempo para dar curso al propósito del Presidente Mejía. Urgen los controles. Ojalá que el propósito del presidente Mejía se convierta pronto en realidad. ¡Anímese don Hipólito, que ese podría ser uno de sus mayores legados!.-

Pónganle atención a Virgilio Bello

Por Juan Bolívar Díaz

               El doctor Virgilio Bello Rosa, Procurador General de la República, es de los funcionarios gubernamentales a quienes no se le han subido los humos a la cabeza y mantiene la humildad y la integridad moral que lo han caracterizado desde los años universitarios cuando comenzó a hacer vida pública en calidad de dirigente estudiantil.

            Los que conocen el recio carácter de Bello Rosa han apostado en todo momento a que pasará por el ejercicio gubernamental haciendo honor a los principios, sin olvidar las preocupaciones y planteamientos que lo motivaban desde sus años juveniles.

            Saben, también, que no perderá la frialdad para analizar el curso de la acción gubernamental y reconocer tropiezos y fracasos, más allá del servilismo y la incondicionalidad que caracteriza a los dependientes de los presidentes de la República.

            Durante más de dos años al frente de la Procuraduría General hemos visto a un Virgilio Bello Rosa enhiesto y recrecido, cuestionando actuaciones policiales y militares, defendiendo principios constitucionales, expresando insatisfacción con la marcha de la justicia, y respetando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sin importar su categoría o condición política, económica o social.

            El pasado jueves 21 de noviembre, Bello Rosa no se arredró ante la sospechosa calificación de correccional que el fiscal del DN, Máximo Aristy Caraballo, otorgó al expediente sobre el escándalo que envuelve al coronel Pedro Julio Goico, al capitán-gerente bancario Alberto Torres Pezzoti y al sargento-empresario Pedro Díaz Ramos.

            El Procurador no sólo rechazó el calificativo, sino que concluyó en que con esa actuación el gobierno y el Ministerio Público pierden autoridad moral para proseguir la lucha contra la corrupción.

            Por demás, Virgilio Bello formuló una advertencia que debe ser bien tomada en cuenta por sus compañeros de partido y de gobierno. Dijo que “la historia nacional enseña que los gobiernos comienzan a dañarse en los dos últimos años, período en que nos encontramos del presente cuatrienio”.

            Y tiene razón el amigo Bello Rosa, sobre todo si se aplica a los gobiernos que sólo han durado cuatro años, como los de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y Leonel Fernández Reyna.

            Se llega al poder con sinceros deseos de cambiar el curso de nuestra historia, de prevenir y sancionar la corrupción, pero en la medida en que van descubriendo las mieles del poder y avanzan hacia los finales, el eclecticismo y el pragmatismo van haciendo mella en los principios y abriendo campo al dejar hacer y dejar pasar.

            Los deseos de prolongación en el poder, o de acumular méritos para un posterior retorno, pautan la acción y la inversión gubernamental. En base a ello se permite la acumulación de bienes a costa del patrimonio nacional para disponer de futuro financiamiento, o se practica la tolerancia con los incondicionales.

            Si dividimos en dos mitades el gobierno del doctor Fernández Reyna podremos comprobar que en la primera mitad hubo mucho más apego a los viejos principios y a las preocupaciones morales. En la segunda predominó el pragmatismo salvaje.

            Virgilio Bello Rosa tiene que recordar muy bien lo distinto que fue el Antonio Guzmán de la primera mitad y cómo se fue confundiendo en la segunda hasta perderse en la nebulosa del poder, atrapado por un entorno que lo empujaba ciegamente al continuismo, sin considerar las condiciones obejtivas ni los compromisos políticos. Le costó caro a él y a la nación.

            El procurador General tuvo muy cerca del presidente Salvador Jorge Blanco y sabe perfectamente que en su primera mitad presidió un gobierno impoluto, austero, vigilante de los principios morales, pero en la segunda todo se relativizó en orden a la acumulación para el retorno futuro.

            Jorge Blanco no se embolsilló un solo peso del patrimonio público, pero permitió mucha corruptela en su entorno, sobre todo de parte de un puñado que le juraba incondicionalidad hasta la muerte. El, sin una sola propiedad adquirida al amparo del poder, concluyó terriblemente como el único mandatario condenado por corrupción, sólo, con la indiferencia de su partido y de muchos de los suyos propios.

            Los arquitectos, constructores y defensores de este gobierno deberían poner atención a las sabias expresiones de Virgilio Bello Rosa, puestas por escrito para que a nadie quedara duda de su responsabilidad.

            La advertencia es oportuna ahora que el gobierno comienza a embarrar su imagen, al compás de escándalos de corrupción, y cuando la prepotencia y la soberbia son la respuesta a los requerimientos de coherencia que se formulan en la opinión pública.

            Todavía hay tiempo para enderezar el rumbo y evitar la repetición de la constante histórica que conducen a los gobiernos más democráticos al desprestigio y el descalabro en la segunda mitad del cuatrienio.-

El esopionaje telefónico, ayer y hoy

Por Juan Bolívar Díaz           

            La mejor prueba de que el gobierno del presidente Hipólito Mejía viene dando traspiés es la resolución 091 del 17 de octubre pasado del Instituto Dominicano de las Telecomunicacioens (INDOTEL) que facultaba a la dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a intervenir teléfonos de cualquier persona sin necesidad de una autorización judicial.

            No se me puede olvidar que hace justamente tres años, a finales de noviembre de 1999, el candidato presidencial perredeísta Hipólito Mejía denunció enérgicamente el viejo abuso de la intercepción telefónica, ofreciendo una lista de números intervenidos, entre los cuales esaban los teléfonos del director de HOY, don Mario Alvarez Dugan, y de quien suscribe, en su calidad de director de prensa de Teleantillas.

            En aquellos días un familiar preocupado interrumpió mis vacaciones en México para ofrecerme la información, que desdeñé por dos razones: porque hace tiempo lo sabía y en segundo lugar porque personalmente siempre me he burlado de la práctica, enviando “saludos telefónicos” a tres o cuatro personajes graduados como “técnicos en la intercepción telefónica”.

            Por demás, como he logrado ser una persona tan libre, de lo cual me siento agradecido de Dios y orgulloso, nunca he tenido temor de que escuchen mis conversaciones telefónicas. En lo personal no van a descubrir más que ternuras y bienaventuranzas. En lo político, todo lo que pienso lo traduzco en mi ejercicio periodístico. Nada tengo que ocultar.

            Sin bien en lo personal no me preocupa la intercepción telefónica, toda la vida la he combatido como un abuso de poder y una violación de los derechos individuales que debe ser eliminada de la práctica pública y privada. Porque todos sabemos que aquí hay espionaje político, empresarial y hasta de la vida personal, para todo género de chantaje. Tanto por organismos gubernamentales, como empresas privadas ampliamente conocidas.

            Pero el valor con que el candidato Hipólito Mejía denunció esa aberración no nos permitía creer que tres años después, y a dos de usufructuar el poder, un organismo público como INDOTEL, dirigido por profesionales reconocidos, se prestaría para una resolución como la 091, seguramente exigida por instancias muy altas del gobierno.

            Parece justo consignar que la resolución fue adoptada durante las vacaciones de la compañera Margarita Cordero, miembra del Consejo Directivo de INDOTEL, y que ella se apresuró a dejar constancia escrita de su rechazo a la misma, tan pronto fue enterada de la ocurrencia a su retorno al país.

            El asunto ha trascendido ahora por anuncio oficial del director de Telecomunicaciones, Orlando Jorge Mera, formulado en el mismísimo Palacio Nacional, tras una larga reunión con el presidente Hipólito Mejía, en la que participaron los presidentes de las cuatro empresas de telecomunicaciones que junto a la Asociación de Abogados Empresariales y a la Fundación Institucionalidad y Justicia habían elevado un recurso de inconstitucionalidad contra la indicada resolución.

            De que el poder obnubila y pierde a los políticos queda constancia una vez más. Porque esa “larga reunión con el presidente” para rectificar una disposición violatoria de la constitución y de la propia ley adjetiva del INDOTEL, compromete pública y explícitamente su responsabildiad en el caso.

En otras palabras que lo que ayer se denunciaba desde la oposición, se pretendía sostener hoy desde el gobierno, sin que nada lo justificara. Y hubo de mediar una apelación a la Suprema Corte de Justicia para hacer prevalecer los principios constitucionales.

            ¿Qué razón puede tener hoy día el gobierno para andar buscando autorización para espiar teléfonos a libre voluntad? Si se tratara de combatir el narcotráfico y la delincuencia en general, no era necesaria la resolución 091, puesto que una anterior, la 036 del 2000 autorizaba la intercepción mediante recursos judiciales.

            Se trata de una nueva prueba de lo frágil que es la memoria de nuestros políticos en torno a asuntos fundamentales. Y lo pragmática y vulgar que se ha tornado la ciencia que Juan Pablo Duarte consideró más digna de ocupar la atención humana.

            Hay que agradecer a las instituciones sociales que incoaron el recurso de inconstitucionalidad y a las empresas de telecomunicaciones que resistieron el propósito gubernamental de revestir de legalidad la abominable violación del derecho a la privacidad telefónica.

            Algún día los políticos tendrán que entender que el poder no los autoriza a pasar por encima de los principios, si siempre aparece alguna institución o grupo social capaz de hacerlos valer, desdeñando los temores que tanto han servido para incubar el abuso y sistematizar la opresión.-

La XII Cumbre Iberoamericana

Por Juan Bolívar Díaz

             Todos los dominicanos y dominicanas debemos sentirnos afitrinones de la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse en nuestro país durante el próximo fin de semana, con la participación de 21 mandatarios de naciones latinoamericanas, España y Portugal.

            El hecho de que el encuentro se celebre en Bávaro, provincia Altagracia, desplazando la capital dominicana, no le resta importancia ni responsabilidad a la nación. No sentiremos el nerviosismo y el rigor de las medidas de seguridad que caracteriza a este tipo de evento pero toda la nación estará comprometida en su discurrir y éxito que serán difundidos a todo el mundo.

            Con frecuencia se escuchan críticas a la proliferación de cumbres presidenciales en las últimas dos décadas. Y no ha faltado alguna razón a quienes se quejan de que muchas de estas reuniones sólo sirven como escenario para encuentros –a veces casi sociales- entre los mandatarios, esposas y séquitos. O para pronunciar sonosros discursos y firmar prometedoras declaraciones que pasan a engrosar los volúmenes de los archivos de las cancillerías.

            Cada año asistimos a una cunmbre de mandatarios iberoamericanos o americanos, alternativamente, y los escenarios de las Naciones Unidas vienen auspiciando también cumbres para discutir los problemas de la tierra, de la infancia y la adolescencia, de la mujer, del medio ambiente y de la agricultura.

            Justificadas o no las cumbres, la de ésta semana es nuestra cumbre. La que ha tocado organizar a la nación dominicana, la que permitirá una mayor difusión sobre los avances que registramos, que no pueden compararse con los de Estados Unidos o de las naciones europeas, como los más ambiciosos y optimistas pretenden. Pero sí con los de las naciones de América Central y las de la mayoría de las sudamericanas, incluyendo algunas de gran potencial y superiores dimensiones.

            Esta cumbre iberoamericana tiene como tema central el turismo y el medio ambiente, además de la producción, particularmente la agrícola. Y en esos campos podemos y debemos realizar aportes.

            Más que nada, el turismo dominicano debe salir beneficiado de este encuentro de los gobernantes de las dos naciones europeas de donde partió la colonización americana, con los de estas naciones que fueron sus primeros territorios de ultramar, ya que una considerable cantidad de periodistas y comunicadores de todos los géneros acompañarán a los mandatarios y cancilleres en su paso por uno de los mejores ámbitos para el descanso y el contacto con la naturaleza, como lo es Bávaro.

            La cumbre ha estado precedida de una serie de encuentros, no sólo de los ministros de relaciones exteriores, sino de otros ámbitos. Tenemos en los primeros días de la semana dos encuentros internacionales de periodistas: el Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, y el VIII Encuentro Iberoamericano de Periodistas, que reunirá decenas de comunicadores. Una razón adicional para que los medios de comunicación nacionales se sientan antifriones de la Cumbre Iberoamericana.

            Entre España y Portugal y sus antiguas colonias americanas se dan hace mucho tiempo lazos fraternales donde crece una fértil cooperación, con algunos niveles de solidaridad y hasta de retribución, si se quiere. Las dimensiones pueden y deben ser ampliadas, en el plano de las relaciones dignas que corresponde a los Estados.

            Graves son los problemas que atañen al medio ambiente, sometido a una inmisericarde e irracional explotación, ayer por los colonizadores y hoy por los nativos y por empresas trasnacionales que degradan la naturaleza, contaminan y dañan, sin planificar la vida del más allá de nuestros días.

            Enormes son las distancias que nos separan en términos productivos de las naciones desarrolladas, las tecnologías que tenemos que adaptar, el financiamiento que precisamos y las condiciones adecuadas para que nuestros productores puedan sobrevivir en un mundo globalizado de tanta competencia.

            Fuertes son los desafíos para un turismo sustentable y sostenido, en armonía con la naturaleza y que supere los sobresaltos que imponen los graves problemas internacionales e interculturales de nuestros tiempos.

            Confiemos que la XII Cumbre Iberoamericana contribuya a arrojar luz sobre estos temas y acentúe la cooperación entre las naciones de la provincia Ibérica y las que en América hablan español y portugués. Para ello tenemos que constituirnos todos en auténticos anfitriones, pero muy especialmente los que desde los medios de comunicación y las esferas oficiales entraremos en contacto con nuestros invitados. Bienvenidos.-

La AMD tiene que revisar sus métodos

Por Juan Bolívar Díaz

            Más allá de una hipocresía bien generalizada, la sociedad es una suma de intereses, todos más o menos legítimos y los gremios y asociaciones están para defender y promover derechos e intereses de sus miembros. Pero es obvio que esa defensa y promoción tiene que guardar alguna proporción con los interes de los demás sectores, especialmente cuando son de la generalidad.

            Esta consideración viene a colación por la injustificada como inexplicable ausencia de la Asociación Médica Dominicana en el acto inicial del Sistema Dominicano de Seguridad Social y el paro de labores con que los médicos recibieron un acontecimiento de tanta significación y trascendencia.

            Desde hace tiempo la AMD, el gremio profesional más antiguo y sólido, viene dando olímpicas demostraciones de ignorancia del interés colectivo. Y sus dirigentes no tienen el menor cuidado de no exagerar en la defensa de sus intereses.

            La paralización de labores en la región suroeste en víspera de que se iniciara por ahí el nuevo servicio nacional de salud fue una exageración y desconsideración de cara a la opinión pública, y en nada ayuda a los legítimos derechos de los profesionales de la salud.

            La motivación puede ser discutible, pero la oportunidad no. Estaba fuera de toda proporción boicotear el inicio de su sistema tan complicado, que demandará tantos esfuerzos, tanta conciliación de intereses, que implicará una inversión mayúscula y que todos debemos evitar que genere frustraciones.

            Los médicos pudieran tener razón al demandar una mejor tarifa que la asignada por la Superintendencia de Salud. Pero podía desarrollar un programa de negociaciones y hasta de lucha que no implicara el radicalismo de parar los servicios cuando se iba a celebrar el inicio de la reforma.

            Más incomprensible cuando se escucha al doctor Bernardo Defilló asegurar que la tarifa fijada por servicios médicos es mejor que la que pagan las aseguradoras privadas. Por cierto que todavía se está a la espera de que los médicos paralicen siquiera una hora los servicios privados.

            A nombre de un supuesto rechazo a la privatización, los médicos exigieron y lograron mediatizaciones de la ley de seguridad social, algunas de las cuales conspiran contra el derecho de los usuarios a elegir libremente su prestadora de servicios. Pero lo consiguieron paralizando los servicios a los aseguradores públicos y a los hospitales donde acuden los pobres e indigentes.

            Durante años han defendido horarios privilegiados y actitudes irresponsables de quienes cobran sin trabajar, lo que perjudica los intereses de la mayoría de los médicos que se fajan en horarios extraordinarios.

            Ahora se percibe que la AMD rechaza el sistema de pago por servicios prestados, porque obligaría a muchos de sus miembros a trabajar para obtener los ingresos que les asegura un puesto en los organismos del Estado.

            Ocultan miserables planteamientos tras la supuesta defensa del interés publico. Pero indirectamente estimulan la privatización, al contribuir a descareditar los servicios de los hospitales públicos y del seguro estatal.

            Para colmo, cuando la AMD ha tenido que contratar servicios médicos para sus miembros, nio ha negociado con el IDSS ni mucho meos con la secretaría de Salud Pública, sino con aseguradores privados. Pero quiere mantener atados a los demás trabajadores a los servicios del Estado.

            Ahora que la eficiencia y la calidad de los servicios será determinante por la competencia que se ddesatará, el gremio médico está en la obligación de revisar sus métodos de lucha para abandonar la abusiva práctica de pararlizar los servicios como forma de chantaje ante los poderes públicos.

            Chantaje en doble sentido, por un lado porque la paralización indefinida afecta políticamente a los gobernantes de turno, y por el otro porque la cancelación no hace más que complicar los enfrentamientos.

            El pago de servicios prestados es de las ventajas que conllevara el nuevo sistema de salud. Así serán premiados los muchísimos médicos, especialmente los jóvenes, que trabajan horarios por encima de lo normal. Aquellos especialistas que cobran por pasar por los hospitales tendrán que ajustar su patrón de ejercicio profesional.

               Es una pena que dirigentes gremiales inteligentes y dedicados no puedan comprender que la saturación y el abuso de las paralizaciones corre en contra de la imagen y el buen nombre de su profesión. Tanto en los niveles pobres de la sociedad, que padecen las consecuencias, como ante los ojos más críticos.-

El absurdo de la revista de vehículos

Por Juan Bolívar Díaz

            Corría el año 1988 y aquel era un sábado plácido. Temprano de la mañana todavía era poco el tráfico vehicular en la Kennedy con Winston Churchill, donde doblé hacia el sur. No llevaba ninguna prisa e iba con muchísima prudencia pues en el asiento delantero derecho, precariamente amarrado con el cinturón de seguridad, viajaba mi hijo Juan Gabriel, que aún no llegaba a los tres años.

            Apenas hube entrado de lleno en la Churchill cuando el agente policial me hizo insistente señales para detenerme, cosa que hice atendiendo el llamado, mientras me preguntaba qué habría hecho mal como para ser requerido por la autoridad.

            Con toda parsimonia y con esa sonrisa del que se siente amparado por la ley y los derechos, fui entregándole al agente los papeles que me pedía. Primero la licencia, luego la matrícula y el seguro. Todo al día y sin arruga.

            A esa altura del interrogatorio pensé que aquel policía era un superdotado y me preguntaría cómo llevaba ese niño tan pequeño sentado en un aseinto delantero. Lo ví girar por el frente del vehículo y abordarme a continuación con una sonrisa de vencedor: y qué de la revista, preguntó.

            Como si hubiera ensayado aquella situación, le respondí sin titubeo: oiga comandante, parece mentira que un agente tan diligente como usted, no conozca suficientemente la ley de tránsito. ¿Usted no sabe que esa ley establece que los carros no requieren revista hasta que pasan de los cinco años y que éste que usted está viendo no ha cumplido el primero, como puede comprobar en la matrícula?

            Avergonzado, el policía de tránsito me devolvió mis documentos mientras me felicitaba por ser un ciudadano dotado de todos los papeles del conductor y además por dominar de esa manera la ley 241.

            Durante muchos sábados no se me ocurrió cruzar por aquella confluencia, temiendo que aquel agente habría consultado si la ley de tránsito tenía esa previsión y que me acecharía para vengarse del engaño.

            La realidad es que me cuento entre los privilegiados que suelen andar en automóviles confortables. De los que no dejan a uno en medio de la calle. Y acostumbro darle mantenimiento. El de la historia era en realidad nuevecito. El primer Acura Integra que llegó el país y que los muchachos los mecánicos y los policías gustaban observar minuciosamente. En Estados Unidos había ganado premios y sin ser de lujo ni de los más caros, era funcional y eficiente.

            ¿Por qué tendría que ir a tránsito terrestre para que “le pusieran la revista”? Sobre todo porque la tal revista cuando “la pasan” se limita a ver si enciende las luces, tiene una goma de repuesta y un trángulo refractivo.

            Siempre me ha parecido que la tal revista es uno de los mayores absurdos que sufrimos. Sobre todo cuando uno ve tantos “anafes” o “cacharros” de todas las marcas en circulación . Si la revista fuera revisión, miles de ellos irían a parar a los hornos de Metaldom.

            En cualquier caso la ley debería establecer, como en otros países, que hasta los 5 años o determinada cantidad de kilómetros corridos los vehículos no requieren someterse a la revisión, como forma de racionalizarla. De entrada se disminuye drásticamente la cantidad de solicitantes y se puede realizar una real revisión en aquellos vehículos que sí la requieren.

            La práctica indica que la revista es un relajo, porque ni siquiera puede justificarse como recaudación, pues lo que el Estado percibe es menor que el costo del marbete más el personal, los establecimientos y los equipos que se requieren para esa tarea. Y de ser un impuesto, lo que correspondería sería facilitar su pago, hasta por teléfono.

            Imponer a miles de personas madrugar y gastar ocho y hasta 14 horas para sacar la revista es de los absurdos más graves de nuestros días. Sobre todo porque en las aglomeraciones el papelito se facilita tanto que en muchas empresas se entregan al por mayor.

            Las energías de la Autoridad Metropolitana del Transporte, comenzando por las de su jefe, deberían emplearse en la persecución de los violadores de semáforos, de quienes no respetan ninguna norma, de los que circulan en carriles contrarios, de los que invaden las áreas peatonales y se estacionan en las aceras.

            Por demás, incautar vehículos por la falta de la revista es un abuso desproporcionado, una reminicencia del autoritarismo que todavía carcome el alma de tantos dominicanos y dominicanas.-