Por Juan Bolívar Díaz

Incluída la reiteración de su vocación de adversarios del PLD, los perredeístas conforman una junta más inclinada en su favor

            La declinación del licenciado Leonel Rodríguez Estrella al cargo de juez de la Junta Central Electoral (JCE) apenas horas después de ser designado por el Senado podría ser la diferencia fundamental en la nueva composición del organismo y otra expresión del insuperable antagonismo entre los partidos que fundara el profesor Juan Bosch.

            Tal como se temía, los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) prefirieron el camino de la confrontación al despreciar toda posibilidad de buscar siquiera un mínimo de concertación con el principal partido de oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), ya que sí lo hicieron con dirigentes del Reformista Social Cristiano (PRSC).

            La nueva JCE no presenta mayores diferencias políticas en relación a la elegida en 1998, aunque es ligeramente más inclinada hacia el perredeísmo, pero implica una reiteración del desprecio a la oposición y a los reclamos de la sociedad civil y la opinión pública en general y de aprovechamiento de las debilidades en que se encuentra el partido legado por Joaquín Balaguer.

Sin mayor diferencia

            Tal como quedó conformada la noche del jueves la Junta Central Electoral no presenta mayores diferencias con la elegida hace 4 años, incluyendo la forma en que el Senado la escogió, en ambas oportunidades sin atender a los reclamos de consenso formulados por los principales opositores políticos y los grupos sociales más preocupados por la gestión democrática.

            Esta vez hubo un poco más de ponderación al punto de que se intentó incluir a un importante cuadro de la sociedad civil, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, licenciado Carlos Salcedo, y se produjo alguna negociación con dirigentes de uno de los dos mayores partidos de oposición.

De los cinco jueces que los perredeístas eligieron en agosto de 1998, ratificaron a los tres más cercanos, el presidente Ramón Morel Cerda y los profesores Luis Arias y Salvador Ramos.

La nueva junta quedó más inclinada al partido blanco por la sustitución de la doctora Teresa Pérez y el doctor Luis Ramón Cordero, que en principio y hasta el final parecieron los más independientes de los intereses partidistas.

Quedaron sustituídos por dos abogados más próximos al PRD, ambos funcionarios de su gobierno: el doctor Rafael Díaz Vásquez, de viejos vinculos con el perredeísmo, quien se desempeñaba como subsecretario administrativo de la secretaría de Salud Pública, y el santiagués Nelson José Gómez, abogado del Estado que reivindicaba merecimientos partidarios para un cargo de alguna jerarquía.

Un sexto miembro de la JCE saliente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, fue sustituído por la doctora Rafaelina Peralta, quien trabajaba en la consultoría jurídica del organismo electoral y que habría sido recomendada por dirigentes del PRSC, al igual que su suplente el doctor Luis Nelson Pantaleón.

               Hace una década que la doctora Peralta ya era oficial del Estado Civil, ayudada por su padre el dirigente reformista Rafael Peralta Pérez, quien precisamente había sido presidente del Senado. Castaños también era del Partido Colorado al ser investido juez electoral, pero actuó con tanta independencia y apego a la profesionalidad que dirigentes reformistas le retiraron el respaldo e hicieron saber al PRD que no era su candidato a la reelección.

            Al ratificar al séptimo juez electoral, Rodríguez Estrella, los perredeístas pretendían mantener la transacción de 1999, cuando él y Castaños fueron elegidos al ampliarse a 7 los titulares de la JCE, pero sin un acuerdo explícito con el PLD. Aunque de hecho dirigentes del partido morado habían negado apoyo a su ratificación, considerando que él no fue suficientemente enérgico frente a las irregularidades denunciadas en las recientes elecciones congresionales y municipales.

El PRSC sería la diferencia

            En relación a la elección de 1998, el PRSC habría sido la diferencia, porque con este se negoció al menos a medias. Fuentes bien informadas aseguran que la negociación con los reformistas fue encaminada a través del presidente del partido colorado, Rafael Bello Andino, del influyente Guaroa Liranzo y otros vinculados al viejo anillo del extinto caudillo Joaquín Balaguer, quienes mantienen excelentes relaciones con el astuto presidente Hipólito Mejía y su entorno.

Fue un hecho público que Bello Andino llegó a recomendar por escrito al doctor Leonardo Matos Berrido para titular de la JCE, con el mismo doctor Pantaleón de suplente.

Esa candidatura registró dificultades por todos los lados, pues algunos senadores perredeístas mostraron escrúpulos de aparecer eligiendo a quien se sindica como el cerebro del fraude electoral organizado en 1994 dentro de la misma Junta Electoral, el cual impidió al doctor José Francisco Peña Gómez asumir la presidencia de la República.

La candidatura de Matos Berrido, embajador de este gobierno en Roma, fue bien recibida en ámbitos del PPH, lo que contribuyó a excepticismos y dudas entre los mismos reformistas. La trilogía de influyentes precandidatos Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso y José Hazim Frappier se manifestó públicamente contra de que su partido recomendara miembros dirigentes para integrar la JCE.

            Aunque numerosos dirigentes reformistas se cuentan entre quienes han rechazado la nueva JCE, por haberse escogido sin previo consenso, hay quienes parecen conscientes de que el partido colorado no está del todo ajeno a su conformación. Sería el caso de Jacinto Peynado, quien ratificó que era partidario del acuerdo, pero se manifestó con resignación ante el “hecho cumplido”.

            El PRSC podría ser la diferencia entre esta elección de jueces electorales y la anterior. En 1998 hizo causa común con el PLD para elevar un recurso judicial contra la JCE, que incluyó la decisión del gobierno del doctor Leonel Fernández de retener el presupuesto del organismo electoral. De ellos dependerá la profundidad del cuestionamiento a la decisión del partido de gobierno y si genera una crisis política.

            Si los reformistas se resignan, al PLD le resultará cuesta arriba poner en jaque al PRD y su gobierno y obligarlo a una transación sobre la integración de la JCE. Tampoco podría aparecer cuestionando frontalmente al partido colorado, por la proximidad de los comicios del 2004 y su segunda vuelta.

En tal circunstancia es difícil que la sociedad civil pueda ir más lejos que seguir expresando que prefería un consenso entre los actores políticos. La paralizaría el temor a aparecer instrumentada por el partido morado.

            Mientras tanto, una vez más ha quedado de manifiesto el encono que caracteriza las relaciones entre los dos partidos que fundara el profesor Juan Bosch, de la que él mismo fuera su principal cultor. Ni con el patrocinio de las más influyentes entidades de la sociedad civil se logra el mínimo entendimiento entre esos dos partidos.

El escape de Carlos Salcedo

            No sólo fue Tonty Rutinel (de la nueva provincia Santo Domingo), el único senador que puso alguna atención a los reclamos de la sociedad civil de que se constituyera un tribunal electoral aceptable para todas las partes. Hubo varios que procuraron fórmulas conciliatorias, entre ellos el mismo presidente del Senado, Andrés Bautista.

            Fue del despacho de éste que partió la propuesta para integrar a la JCE a su complueblano mocano Carlos Salcedo, actual director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y justicia. En principio le propusieron que fuera uno de los 7 miembros y más tarde que presidiera.

            Cuando parecía haber un consenso, de los predios del PPH provino el veto. Había que ratificar al doctor Morel Cerda en la presidencia. Si Salcedo quería que fuera como simple miembro, lo que hubiese dejado fuera desde al doctor Luis Arias.

            Para aniquilar la fórmula Salcedo, sus opositores se movieron para presentar a la sociedad civil como interesada en controlar el tribunal electoral. Como si la postulación de Salcedo hubiese sido solicitada.

            En tal circunstancia al abogado mocano se le puso en una difícil disyuntiva. El tenía todo el derecho, como ciudadano, a aceptar el cargo, independientemente de lo que pensara la propia institución donde trabajaba y el resto de las organizaciones sociales. Pero cargaría la responsabildiad de integrarse a una junta electa sin consenso, en contradicción con el reclamo de la sociedad civil, de la que él era parte, con el riesgo de quedar atrapado en un enfrentamiento político.

            Ya para entonces políticos, legisladores y comentaristas objetores del esfuerzo de la sociedad civil por mejorar las prácticas democráticas, habían comenzado a afilar cuchillos. Salcedo se dio cuenta de que su presencia no iba a ser en ningún sentido clave para la suerte de la JCE y que sería utilizada contra esfuerzos en los que él creía. Prefirió quedarse en la FINJUS y librar a las entidades sociales de nuevos dardos envenenados.

Ultima oportunidad

            Si los reformistas no inclinan la balanza hacia la crisis política, todavía el senado tiene oportunidad de equilibrar mínimamente la composición de la Junta, si convencen a Rodríguez Estrella de reconsiderar su renuncia, o logran sustituirlo por algún abogado que inspire confianza o respeto en el PLD y en la sociedad civil.

            De ninguna forma podría ser uno de los cuadros de primera línea de la sociedad civil, después de la declinación de Carlos Salcedo, pero podrían encontrar candidatos de sobra. Lo fundamental es que exista la determinación de evitar que se llegue a los comicios del 2004 confrontando a los árbitros del proceso.

            Es más que nada un asunto de confianza y acuerdos. Objetivamente no había muchas razones para objetar la anterior JCE que organizó las elecciones del 2000 y del 2002, incluyendo la realización de un nuevo padrón electoral fotrográfico que en esos comicios se demostró eficaz y que se manejó con absoluto transparencia.

            Dos o tres declaraciones “inoportunas” del presidente del tribunal, doctor Morel Cerda, lo colocaron en el candelabro, pero nadie ha podido mostrar que promoviera algún dolo o irregularidad en el proceso electoral, de lo que se le cree incapaz.

            En el balance de todo está la dificultad de los políticos dominicanos para actuar coherentemente desde el poder y aplicar las consultas y la participación que favorecían desde la oposición.-