Por Juan Bolívar Díaz

            La nación dominicana se encuentra al borde de una de las más peculiares entre las 36 reformas que ha sufrido su Constitución, pues se persigue restablecer la posibilidad de una reelección presidencial que el incumbente del Poder Ejecutivo ha rechazado hasta la saciedad.

            Lo más inconcebible es que teniendo claramente el liderazgo de su partido, el presidente Hipólito Mejía se declare incompetente para convencer a sus propios seguidores y funcionarios subalternos de lo inútil que resultaría para ellos una reforma que por demás divide profundamente hasta el propio partido de gobierno.

            Lo más incongruente de la última semana ha sido la resignación con que el primer mandatario admitió que una reforma constitucional impuesta a una parte de la sociedad política y de la sociedad civil daría al traste con las posibilidades de concertación que él mismo había planteado tras la victoria electoral de su partido.

Larga y dura batalla

            Aunque el Senado había aprobado el proyecto de convocatoria de una asamblea revisora de la Constitución, al comenzar la semana todavía quedaban esperanzas de que el proyecto de concertación esbozado por el presidente Hipólito Mejía predominaría sobre un afán constitucionalista que llevaba ya más de 19 meses.

            Pero el respaldo del caudillo reformista Joaquín Balaguer y la diligencia de los promotores determinó que los diputados le dieran su primera aprobación y se apresten a la definitiva este sábado, lo que determinaría la reunión de la asamblea revisora de la Constitución, integrada por los miembros de ambas cámaras legislativas, dentro de los 15 dias siguientes a la publicación de la convocatoria.

            El proyecto fue introducido y aprobado sorpresivamente por primera vez en el Senado el 11 de diciembre del 2000 y desde entonces se mantuvo como espada de damocles sobre la sociedad dominicana.

            Por lo menos cuatro veces quedó detenido por la oposición de gran parte de la opinión pública y de las organizaciones sociales más preocupadas por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. La primera fue con el casi unánime rechazo que generó la aprobación senatorial, definida con los agravantes de “acechanza, nocturnidad y premeditación”. Esa vez el proyecto no llegó a ser conocido por la Cámara de Diputados.

            A comienzos del 2001, cuando legisladores perredeístas se aprestaban a reintroducir el proyecto, grupos de la Sociedad Civil lograron con el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Hatuey de Camps y el presidente Mejía la conformación de una comisión que propondría “de modo consensuado” al Poder Ejecutivo el contenido y la forma para una modificación de la Constitución.

            El decreto creando la comisión fue emitido el 21 de marzo. Estuvo integrada por representantes de todos los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y la Comisión Nacional para Reforma del Estado, así como de una veintena de organizaciones de la sociedad civil y unas diez personalidades.

El pacto natimuerto

            El informe de la comisión fue entregado al Presidente Mejía el 13 de agosto pasado y de inmediato se reactivaron las gestiones legislativas por reintroducir el proyecto original, el cual sufrió otro tropiezo temporal cuando el 27 de septiembre dirigentes de los tres partidos mayoritarios firmaron en el Palacio Nacional un “Pacto para la Reforma Constitucional”, teniendo al presidente Mejía como promotor y firmante-testigo.

            Este pacto, también promovido desde la Sociedad Civil, fue una transacción que incluía tres de las reformas promovidas por legisladores, -reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta, eliminación de los colegios electorales cerrados e institución de la elección de representantes al Parlamento Centroamericano- más la institución de la Asamblea Constituyente por elección popular, reclamada por las organizaciones sociales.

            Pero el mismo día en que fue firmado, el Consultor Jurídico del Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entregó al Congreso el paquete de proyectos elaborado por la Comisión Especial designada por decreto, pero no así el pacto, lo que marcó la voluntad de ignorarlo, como en efecto ocurrió.

            Aunque dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y del PRD mostraron algún interés en la materialización del pacto, los legisladores prosiguieron su propio camino, burlando no solo el esfuerzo del presidente, sino también a la comisión de la Sociedad Civil encargada de darle seguimiento, que integraron monseñor Agripino Núñez Collado, la entonces coordinadora de Participación Ciudadana, Melba Barnett, y el abogado Ramón Tapia Espinal, quien fallecería pocos meses después.

Fue así como se reintrodujo al Congreso el proyecto original, siendo aprobado de urgencia por las dos cámaras en diciembre del 2001; en el Senado sin guardar el dia libre entre las dos lecturas que establece la Constitución, lo que aprovechó el presidente Mejía para elevar una consulta a la Suprema Corte de Justicia, la que declaró nula la ley de convocatoria, propinando el cuarto tropiezo al desenfrenado propósito constitucionalista.

            La conclusión de la legislatura y la campaña para las elecciones congresionales y municipales del pasado 16 de mayo dilataron la reaparición del proyecto, finalmente reintroducido y aprobado en el Senado la semana pasada.

            Un factor que parece haber favorecido ahora la aprobación es que con los comicios de mayo se cayó definitivamente uno de los aspectos que más resistencia despertaban, consistente en la prolongación del período del actual Congreso con el pretexto de juntar las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.

Serias incoherencias

            El proyecto de reforma constitucional ha estado revestido de serias contradicciones e incoherencias desde su aparición hace 19 meses. Primero porque pese a tratarse de un asunto del máximo relieve, no fue discutido ni se buscó consenso ni siquiera en el partido de los promotores.

Por el contrario tanto los organismos directivos del PRD como del PLD rechazaron el propósito constitucionalista. Los congresistas reivindicaron una autonomía absoluta que no han validado para ninguna de las reformas legales realizadas en la última década, la mayoría de las cuales han pasado años detenidas hasta lograrse consenso político y social. Tal consenso se ha rechazado, contradictoriamente, para la reforma de la ley de leyes.              

            Pero la mayor incoherencia está en el esfuerzo de la mayoría de los legisladores perredeístas por restablecer la reelección presidencial, aún cuando el presidente Mejía ha repetido hasta el cansancio que no se repostulará, y pese a que la no reelección apareceía como un principio fundamental del perredeísmo, reivindicado en la Constitución de 1963, por la que se fue a una guerra civil dos años después, y en la reforma de 1994.

            El restablecimiento de la reelección es un golpe contundente a la memoria del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez, quien la hizo prohibir en la reforma de hace apenas 8 años, lo que tuvo como uno de sus grandes aportes al proceso democrático hasta su muerte en 1998.

            La contradicción es mayor por cuanto los propulsores del restablecimiento de la reelección son las cabezas más visibles del grupo del propio presidente Mejía dentro del PRD, quienes por demás ocupan funciones relevantes en su gobierno, tales como el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, el Consultior Juridíco, Guido Gómez Mazara, y el constructor de Obras del Estado, Hernani Salazar.

            La contradicción es tan grande que el mismo presidente Mejía se ha quejado de que casi nadie cree su reiteración de que no se repostulará. Y lo cierto es que ni partidarios ni opositores creen que el mandatario es ajeno al proyecto y apuestan a que terminará repostulado para los comicios del 2004.

            En el análisis político no cabe la afirmación presidencial de que él nada puede hacer y que tiene que respetar la iniciativa de los legisladores, cuando los reales promotores son sus subordinados en el Poder Ejecutivo. Por demás llamó la atención que recientemente el presidente señaló quien debía presidir el Senado y dio garantías de que no pasaría una reforma que liquidara la inamovilidad de los jueces, aspecto que por cierto fue abandonado en el proyecto aprobado la semana pasada por el Senado y ahora por los diputados.

El costo político

               Limitada ahora a tres aspectos de interés grupal la reforma constitucional planteada en el proyecto de ley tiene demasiados rechazos, de la opinión pública y de los líderes de oposición, incluyendo a los del Partido Reformista Social Cristiano, cuyo caudillo le dio el visto bueno. Y para colmo del presidente y de la vicepresidenta de la República, asi como del presidente y de la mayoría de los dirigentes del partido de gobierno.

            Pareciera que el costo que conlleva, al liquidar los tímidos intentos de concertación que había esbozado el presidente Mejía, y precipitar enfentamientos políticos, no está compensado por los frutos que se espera de un reeleccionismo en el vacío, a no ser que el país esté asistiendo a un sainete político.

            No han faltado quienes han advertido otra contradicción grave: que los restauradores del reeleccionismo estén trabajando para otro. Si el presidente Mejía no se repostula y otro partido ganara los comicios del 2004, el PRD podría estar abriendo las puertas para verse de nuevo de frente al continuismo, con todas las prácticas antidemocráticas que lo ha acompañado en la historia nacional y latinoamericana.

            Por de pronto, son los propios perredeístas quienes formularon las primeras denuncias de que se han estado usando recursos estatales para promover la reelección, lo que augura la reaparición de los abusos del poder que la han acompañado.

            El proyecto reeleccionista ya tiene el sello de la descomposición democrática con denuncias de compras y ventas de conciencias, dejará herido al propio partido en que se incuba y despertará los espectros de los fundadores y líderes perredeístas desaparecidos, con Juan Bosch y Francisco Peña Gómez a la cabeza, y un ejército de miles de muertos por defender la Constitución antireeleccionista de 1963.-