Por Juan Bolívar Díaz

            Tres acontecimientos recientes parecen mostrar que el gobierno tiene que colocar entre sus prioridades un esfuerzo por dignificar la función pública, cuidándose de asimilar ese enorme ejército de vividores y traficantes de toda laya que medran en la política.

            Primero fue el sacudimiento. Un hombre fue muerto de 20 balazos en las inmediaciones de uno de los bares de moda de los pudientes, en lo que presentaba todas las evidencias de un ajuste de cuentas mafiosas. Luego se sabría que había sido ayudante civil del Presidente de la República y que además había sido previamente condenado por tráfico de drogas.

            La semana pasada fue el escándalo del cónsul en Cabo Haitiano, Radhamés García, involucrado él mismo en un tráfico ilegal de chinos al país, del que se viene hablando hace años, pero nunca tan bien documentado como ahora.

            El cónsul en persona se ocupó no solo de otorgar 16 visas irregulares, sin tener facultad para ello, sino que además acompañó a los orientales hasta su ingreso al país fuera del horario hábil para ello, “creyendo que eran inversionistas”, según su cándida explicación ante las cámaras de televisión.

            El tercer caso, recién denunciado el jueves 20 de junio, es todavía más patético. La Policía Nacional denunció que el director de la Policía Municipal del DN, Eddy Rafael Matos Molina, fue apresado y acusado de gestionar visas de Estados Unidos para 24 personas con documentos falsos.

            Se trata de un grupo de ciudadanos dotados de documentos que los hacian aparecer como miembros de la policía municipal, con carnés, certificaciones e invitaciones falsas para asistir a cursos en Houston, Texas, sobre manejo de armas peligrosas. Para darle más dramatismo al tráfico, los 24 fueron al consulado norteamericano vestidos con uniformes de la policía municipal.

            Desde luego, les habían cobrado por la gestuión de las visas y por los uniformes. Pero según la versión policial Matos Molina fue tan temerario que al enterarse de que el grupo estaba detenido y bajo investigación en el consulado, se presentó allí haciéndose pasar por coronel de la Policía Nacional, y reclamando que se los entregaran.

            El resto de la versión policial es sencillamanete increíble: dice que les entregaron a las 24 personas y que él procedió a despachar a 8 de ellas, cobrándoles tres mil quinientos y cuatro mil pesos a cada una.

            El informe policial se refiere superficialmente a los antecedentes del director de la Policía Municipal, diciendo que había permanecido un año y 9 meses como segundo teniente (se infiere que de la PN), siendo expulsado por mala conducta y habiendo acumulado 6 faltas, sin explicar la naturaleza de las mismas.

            Se comprende que el Partido Revolucionario Dominicano y su gobierno rinden culto al clientelismo y premian a los que “se fajaron en las campañas electorales”, pero también es justo que tengan algún cuidado de no degradar tanto las funciones públicas.

            Por de pronto parece injustificado que con tantos organismos investigativos y de seguridad como tiene el Estado, haya llegado a ser designado ayudante del Presidente de la República un convicto narcotraficante, o que un expulsado de la Policía por mala conducta sea quien dirija la policía municipal.

            Lo de los tráficos de los consulados viene de lejos y pasa por todos los gobiernos. Ya en el de Balaguer hubo una cónsul incriminada por tráfico de orientales en Hong Kong, cuando Leonel una por tráfico de visas en Colombia y dos en Haití. Recientemente en Argentina el tráfico de mujeres ha salpicado a la representación dominicana.

            Esos son los que estallan en escándalos públicos, porque los tráficos y negocios cotidianos de todos los géneros están a la orden del día y de la noche en los consulados dominicanos, centros de rápido enriquecimiento para quienes son destinados a ellos, especialmente a los establecidos en grandes ciudades y con muchos inmigrantes dominicanos.

            Algún esfuerzo, alguna instrucción especial deberá adoptar el gobierno para evitar que el servicio público se llene de todo género de traficantes. Es cuestión de cuidado, de establecer políticas preventivas. Porque, hasta prueba en contrario, ha de creerse que también muchísima gente honrada se faja en las campañas electorales y tienen méritos para desempeñar funciones públicas con dignidad.

            El asunto es evitar que sigan colándose los indignos. Y de sanciones, hasta las últimas consecuencias, mucho más allá de la cancelación del puesto.-