Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más va quedando en evidencia el altísimo costo que tiene esta caricatura de democracia que nos gastamos en el país, que hasta ahora no pasa del simple ejercicio del voto cada dos años, porque en cuanto a contenido económico y social sigue siendo profundamente vacía. Tanto que nos han otorgado apenas 2,900 puntos en una escala de10,000 en el Indice de Desarrollo Democrático de América Latina.

 La Junta Central Electoral dio a conocer su aspiración presupuestaria para el año próximo, ascendente a 7 mil 500 millones de pesos, que superarían lo ejecutado este año en unos 5 mil 665 millones, incluyendo los 100 millones que le agregó el Poder Ejecutivo recientemente a la asignación nominal de 1,835 millones de pesos.

 Más de la mitad de esos 7 mil 500 millones de pesos serán destinados a la organización de las elecciones presidenciales de mayo próximo, incluyendo los 1,100 millones que tendrá que dársele como financiamiento a los partidos políticos, del 0.5 por ciento de los ingresos fiscales en los años de elecciones y 0.25 por ciento en los demás, desde la reforma electoral de 1997.

 Hay que adicionarle lo invertido este año cuando a los partidos se le habrá dado cerca de 500 millones de pesos. Luego habría que estimar el costo indirecto, el que gastan candidatos y partidos provenientes de otras fuentes, en algunos casos personales, y en la mayoría con cargo, adelantado o a plazos, al erario público.

 Adelantado cuando las fortunas que se invierten en las campañas han sido acumuladas abusando del patrimonio colectivo en la corruptela gubernamental, legislativa o simplemente partidista. A plazos cuando se trata de inversiones propias o de asociados, en verdaderas compañías por acciones que darán beneficio una vez se llegue al poder, ya sea el presidencial, el legislativo o el municipal. Las contratas, exenciones   y concesiones generosas, como la reciente del hotel Montaña que acaba de ser anulada, son expresiones concretas de esos costos.

 No se puede ignorar que el ejercicio político en países como este conlleva una acumulación original que permite a una alta proporción de sus cultores dedicarse al oficio sin tener que cumplir horario de labores ni nada parecido. La popularidad ya no depende de los planteamientos ideológicos ni programáticos. Es más, ni siquiera se requiere tener un liderazgo, simplemente dinero y saberlo repartir entre activistas y caravaneros, periodistas y voceros, incluyendo una dosis para los oportunistas y los necesitados.

 Ya en las elecciones legislativas y municipales del año pasado hubo testimonios de que para conseguir una candidatura a regidor se requiere invertir, y que las campañas para diputado y senador salen hasta a 25 millones de pesos.  Para garantizarse una candidatura presidencial de las grandes hay que disponer de cientos de millones de pesos, prohibitivo para el político que pretenda ser honrado o independiente de los grandes traficantes. Por eso las primarias de los partidos mayoritarios se resolvieron a puro billetazo, sembrando dispersión   y enconos, aún no superados.

 Todavía queda otro costo de nuestra democracia, el que supone mantener 32 senadores y 178 diputados y ya no se sabe cuántos síndicos, vicesíndicas y regidores, todos los cuales ya no solo reclaman salarios privilegiados, sino también sus respectivos barrilitos o cofrecitos para la siembra clientelar.

Súmenle el costo institucional y económico que conlleva la tarea de los hombres de los maletines que operan en las salas legislativas y municipales con tanta eficiencia que a veces logran sesiones de madrugadas para aprobar contratos multimillonarios, algunos de los cuales luego hay que revertir en ofrenda a los “puritanos de la opinión pública”, cuyo costo de alguna manera también cobran.

Ni hablar de lo que se gastan los partidos de gobierno en publicidad que se paga del presupuesto nacional para decir que van palante y no aceptan retroceso. Este año sumará más de 2 mil millones de pesos, en promedio de 183 millones por mes.

Los invito a decir que no a ese costo tan alto de la democracia dominicana. No lo vale en verdad y hay que insistir hasta el cansancio en que nos hagan alguna rebaja, siquiera para no poner en riesgo un negocio tan rentable aquí como el de la política.

Que los inversores criollos no sigan el pésimo ejemplo de sus colegas venezolanos que apretaron tanto la tuerca que corrieron la rosca del negocio. Que mejor aprendan de México, donde los tres partidos mayoritarios se acaban de poner de acuerdo para establecer mayores límites al gasto en las campañas, aún al costo de “sacrificar” algunas facultades de los derechos de tránsito, reunión, de empresa y hasta de expresión.-