Sigo con Ingrid en el corazón

Por Juan Bolívar Díaz

Escribí “Con Ingrid Betancourt en el Corazón”, cuando ella cumplía su primer año en prisión en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que la secuestraron en febrero del 2002 al adentrarse en territorio de nadie en momentos en que hacía campaña para la presidencia de su patria. El título y el artículo aludían al vibrante libro “Con la Rabia en el Corazón”, en que ella contaba sus luchas.

Como muchas personas, no pensaba que esa extraordinaria mujer, sensible a los mejores vientos del mundo, batalladora impenitente contra la corrupción y la descomposición social, pasaría tanto tiempo en prisión. Evidentemente que no habíamos ponderado lo cruel y abominable en que pueden devenir la política y la guerra, aún cuando se comiencen a nombre de las mejores causas.

Camino a los seis años de prisión, se ha conocido en estos días la desgarradora carta enviada por Ingrid a su madre Yolanda Pulecio y la reacción de ésta y de su hijo mayor, lo que ha constituido un drama humano-político conmovedor, desde luego para los seres humanos, no para esa especie tan particular que son hoy los cultores del realismo político, del que no escapan ni siquiera aquellos que alguna vez cogieron los desfiladeros para entonar cánticos de rebeldía en la selva.

Tiene que haberse encallecido mucho el alma de Manuel Marulanda (Tiro Fijo), guerrillero de profesión tras cuatro décadas en ese difícil quehacer, convertido en un modo de vida dentro de una geografía extensa y de muchos escondrijos, para mantener a Ingrid Betancourt en las condiciones que narra su carta.

“La vida aquí no es vida. Es un desperdicio lúgubre de tiempo. No he vuelto a comer, el apetito se me bloqueó. El pelo se me cae en grandes cantidades. Duermo en cualquier hueco, tendida en cualquier sitio, como cualquier animal. Aquí nada es propio, nada dura. La incertidumbre y la precariedad son la única constante. Estoy débil, friolenta. Parezco un gato acercándose al agua. Yo que tanto he adorado el agua ni me reconozco”, son algunas de las frases extraídas del texto de su carta incautada cuando iba a ser tramitada al presidente Hugo Chávez, como parte de las gestiones que éste realizaba para un intercambio de prisioneros entre las FARC y el gobierno colombiano.

La foto de Ingrid es tan elocuente como su carta. Se trata de un espectro de la hermosa mujer que ha sido, deprimida, reducida por esa cárcel ambulante en la selva, sin nadie que le lleve ni el elemental consuelo de un libro, cargando el fardo de una mochila, y el peso de una inconmensurable soledad.

Ella que de joven apeló con sus propias fuerzas a las muchedumbres en las esquinas de Bogotá hasta ser electa senadora, se mueve ahora sigilosa, silenciosa, mujer sola entre muchos hombres con meses y años sin compañera, buscando pasar desapercibida y evitarse complicaciones. Nos deja el consuelo de saber que aún en tan terribles circunstancias, se aferra a la vida: “Mientras siga respirando tengo que seguir albergando la esperanza, pero ya no tengo las mismas fuerzas”. El llevar prendidos al alma a su hija Melani y al hijo Lorenzo es de los incentivos que le quedan para vivir. Ellos ya no son la niña y el niño que vivían en Santo Domingo cuando su madre fue capturada por la guerrilla. Son jóvenes universitarios en Francia cuyo gran sueño es volver a encontrarse con su madre, y la alientan a “que comas lo mejor posible y que tengas el deseo de vivir”.

La prolongada prisión de Ingrid radica en que ella es una pieza demasiado importante para las FARC. Su prominencia les da espacio y las ratifica como una fuerza deliberante con la que hay que negociar. Ella es su más importante rehén, herramienta clave con la que esperan abrir las puertas de las cárceles para cientos de guerrilleros.

Por su parte el gobierno parece jugar al paso del tiempo, con la esperanza de un golpe de suerte, renuente a reconocer que esa guerrilla es endémica, por lo que es imperativo reconocer la realidad de su existencia y negociar en firme para liberar presos, aunque muchos de ellos vuelvan a los amplios territorios de insurrección, más extensos que la geografía dominicana.

La mediación del presidente venezolano Hugo Chávez contenía una esperanza que por el momento se esfuma. Pero crece en el mundo el clamor por Ingrid Betancourt y con ella por todos los que en ambos frentes pagan el duro precio de la guerra. Mientras tanto yo sigo con Ingrid en el corazón, esperando que en ella se reproduzca el milagro de la vida.

Dígale que no a ese costo

Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más va quedando en evidencia el altísimo costo que tiene esta caricatura de democracia que nos gastamos en el país, que hasta ahora no pasa del simple ejercicio del voto cada dos años, porque en cuanto a contenido económico y social sigue siendo profundamente vacía. Tanto que nos han otorgado apenas 2,900 puntos en una escala de10,000 en el Indice de Desarrollo Democrático de América Latina.

 La Junta Central Electoral dio a conocer su aspiración presupuestaria para el año próximo, ascendente a 7 mil 500 millones de pesos, que superarían lo ejecutado este año en unos 5 mil 665 millones, incluyendo los 100 millones que le agregó el Poder Ejecutivo recientemente a la asignación nominal de 1,835 millones de pesos.

 Más de la mitad de esos 7 mil 500 millones de pesos serán destinados a la organización de las elecciones presidenciales de mayo próximo, incluyendo los 1,100 millones que tendrá que dársele como financiamiento a los partidos políticos, del 0.5 por ciento de los ingresos fiscales en los años de elecciones y 0.25 por ciento en los demás, desde la reforma electoral de 1997.

 Hay que adicionarle lo invertido este año cuando a los partidos se le habrá dado cerca de 500 millones de pesos. Luego habría que estimar el costo indirecto, el que gastan candidatos y partidos provenientes de otras fuentes, en algunos casos personales, y en la mayoría con cargo, adelantado o a plazos, al erario público.

 Adelantado cuando las fortunas que se invierten en las campañas han sido acumuladas abusando del patrimonio colectivo en la corruptela gubernamental, legislativa o simplemente partidista. A plazos cuando se trata de inversiones propias o de asociados, en verdaderas compañías por acciones que darán beneficio una vez se llegue al poder, ya sea el presidencial, el legislativo o el municipal. Las contratas, exenciones   y concesiones generosas, como la reciente del hotel Montaña que acaba de ser anulada, son expresiones concretas de esos costos.

 No se puede ignorar que el ejercicio político en países como este conlleva una acumulación original que permite a una alta proporción de sus cultores dedicarse al oficio sin tener que cumplir horario de labores ni nada parecido. La popularidad ya no depende de los planteamientos ideológicos ni programáticos. Es más, ni siquiera se requiere tener un liderazgo, simplemente dinero y saberlo repartir entre activistas y caravaneros, periodistas y voceros, incluyendo una dosis para los oportunistas y los necesitados.

 Ya en las elecciones legislativas y municipales del año pasado hubo testimonios de que para conseguir una candidatura a regidor se requiere invertir, y que las campañas para diputado y senador salen hasta a 25 millones de pesos.  Para garantizarse una candidatura presidencial de las grandes hay que disponer de cientos de millones de pesos, prohibitivo para el político que pretenda ser honrado o independiente de los grandes traficantes. Por eso las primarias de los partidos mayoritarios se resolvieron a puro billetazo, sembrando dispersión   y enconos, aún no superados.

 Todavía queda otro costo de nuestra democracia, el que supone mantener 32 senadores y 178 diputados y ya no se sabe cuántos síndicos, vicesíndicas y regidores, todos los cuales ya no solo reclaman salarios privilegiados, sino también sus respectivos barrilitos o cofrecitos para la siembra clientelar.

Súmenle el costo institucional y económico que conlleva la tarea de los hombres de los maletines que operan en las salas legislativas y municipales con tanta eficiencia que a veces logran sesiones de madrugadas para aprobar contratos multimillonarios, algunos de los cuales luego hay que revertir en ofrenda a los “puritanos de la opinión pública”, cuyo costo de alguna manera también cobran.

Ni hablar de lo que se gastan los partidos de gobierno en publicidad que se paga del presupuesto nacional para decir que van palante y no aceptan retroceso. Este año sumará más de 2 mil millones de pesos, en promedio de 183 millones por mes.

Los invito a decir que no a ese costo tan alto de la democracia dominicana. No lo vale en verdad y hay que insistir hasta el cansancio en que nos hagan alguna rebaja, siquiera para no poner en riesgo un negocio tan rentable aquí como el de la política.

Que los inversores criollos no sigan el pésimo ejemplo de sus colegas venezolanos que apretaron tanto la tuerca que corrieron la rosca del negocio. Que mejor aprendan de México, donde los tres partidos mayoritarios se acaban de poner de acuerdo para establecer mayores límites al gasto en las campañas, aún al costo de “sacrificar” algunas facultades de los derechos de tránsito, reunión, de empresa y hasta de expresión.-

 

La escuálida democracia dominicana

Por Juan Bolívar Díaz

De ninguna forma debe pasar desapercibido el lugar en que ha quedado la República Dominicana en el “Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-AL)  dado a conocer hace una semana en Buenos Aires por la Fundación alemana Konrad Adenauer.

Según la medición del 2007 en el último año la democracia latinoamericana registra una leve mejoría, no así en América Central donde se manifiesta un retroceso, y peor aun en la República Dominicana, señalado como el país que más ha perdido, casi el 31 por ciento, en relación al año anterior.

El informe advierte sobre la amenaza del “híper presidencialismo y el desvanecimiento de los parlamentos en América Latina”, en lo que parece ser  una reedición histórica. La modernización y el relativo crecimiento económico de la última década no han alcanzado para afianzar los valores democráticos.

El híper presidencialismo no solo alienta un tipo de democracia débil,  inestable  y de menor legitimidad, sino que además desalienta la impronta democrática de la cultura cívica, a contrapelo de las expectativas creadas en Latinoamérica luego de la recuperación democrática, tras la caída de las dictaduras militares y los regímenes autocráticos, en las décadas de los ochenta y noventa, indica el IDD-AL.

Según se desprende del informe, el mejoramiento económico ha tenido un efecto contradictorio  al fortalecimiento democrático. “Las malas formas institucionales han ido acompañadas de entornos económicos favorables a  lideres políticos con poco control parlamentario y billetera abultada”.

La evaluación evidencia la prevalencia de una pobreza  democrática en la región, mucho peor para la República Dominicana, ubicada en el antepenúltimo escalón entre los 18 países comprendidos, superando tan solo a Venezuela y Nicaragua, con puntuaciones de 2,900, de 2,848 y de 2,730 respectivamente, en una escala de 10,000. Chile, Costa Rica y Uruguay  son las tres democracias más fuertes, según el Índice de Desarrollo Democrático.

Del caso dominicano  llama la atención que cayera 6 puestos en el último año, del 10  al 16, descendiendo en todas las dimensiones que abarca el índice: condiciones básicas de la democracia, respeto de los derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficacia política,  y capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica.

El pobre resultado en rendición de cuentas influye en la baja puntuación  obtenida  en la dimensión tercera sobre calidad institucional y eficiencia política. Pero es en la dimensión cuarta, que marca la capacidad para generar  políticas que aseguren eficiencia económica, donde se cae mayormente la evaluación dominicana, especialmente en lo referente a la enorme brecha en los niveles del ingreso y al endeudamiento.  En cuanto a los factores sociales se apunta un agravamiento general, excepto en mortalidad infantil.

No faltaran quienes atribuyan la evaluación a intereses mezquinos, o a una supuesta campaña para desacreditar el país. Pero la percepción negativa ha estado presente en múltiples evaluaciones internacionales del último año, ya en material de transparencia, en prevalencia de la corrupción o en indicadores sociales, como los niveles de la educación, donde hemos aparecido en los últimos escalones entre 118 naciones del mundo. La democracia dominicana registra niveles precarios que están a la vista de todos en cuanto a respeto de la Constitución y las leyes, equilibrio de los poderes públicos, transparencia, rendición de cuentas y sanción de la corrupción pública y privada.

En los últimos años de la década pasada se registraron importantes avances, gracias a la reforma constitucional  que prohibió la reelección presidencial, seguida por substanciales modificaciones  en el sistema electoral y en la justicia.  Posteriores reformas en la seguridad social, en la empresa pública, educación y salud y en las normas sobre libre  acceso a la información pública y las compras y contrataciones del Estado aun no terminan de germinar en frutos positivos.

Otra reforma constitucional, la miserable del 2002 para restablecer la reelección presidencial parece haber marcado el inicio de un retroceso, que aún no se detiene.  La incongruencia del liderazgo político y la inconsistencia del liderazgo social parecen estar contribuyendo al retroceso que marca el índice de desarrollo democrático de América Latina.

El abuso reeleccionista se puede pagar

Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los actos más irresponsables y mezquinos del presidente Hipólito Mejía fue la modificación de la Constitución de la República con el único objeto de abrir paso a su repostulación, contrariando no sólo seis décadas de historia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), sino también revocando el proceso de afianzamiento de las instituciones democráticas que vivía el país.

El procedimiento fue tan grotesco, incluyendo la compra de decenas de legisladores del propio partido y una docena del principal de la oposición, que empezó a ser cobrado de inmediato por la sociedad dominicana, como quedó explícito en la encuesta Penn & Schoen publicada por El Caribe en septiembre del 2002, cuando por primera vez en muchos años el PRD cayó al segundo lugar en las preferencias electorales para no levantarse hasta hoy.

¿Qué ocurrió entre la aplastante victoria electoral del 16 de mayo del 2002, en 28 de 32 provincias, y finales de agosto del mismo año cuando se ejecutó la encuesta que justifique la estrepitosa caída del perredeísmo? Nada que no fuera la reforma de la Constitución y la muerte de Joaquín Balaguer. Esto último contribuiría al fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana en el mediano plazo, pero no explica que el PLD obtuviera un 33 y el PRD un 28 por ciento de las preferencias 4 o 5 semanas después.

Tampoco fue consecuencia de la crisis financiera, como algunos creen. En agosto la tasa de cambio todavía estaba en 18.30 pesos por dólar y la inflación acumulada en los primeros ocho meses del año era apenas del 6 por ciento, de las más bajas en décadas. En septiembre se inició la devastadora crisis financiera en medio de la cual Mejía insistiría en repostularse contradiciendo decenas de afirmaciones previas, en una burla que también generó un costo electoral.

Pero quedó restaurada la reelección presidencial que tanto ha determinado las precariedades institucionales en la historia latinoamericana y particularmente en la dominicana. Tal como se advirtió repetidas veces, el Congreso perredeísta “trabajó para el inglés” renegando de los esfuerzos de su líder José Francisco Peña Gómez por proscribir la reelección y abriendo de nuevo el continuismo para sus contrincantes.

Es cierto que el doctor Leonel Fernández escribió artículos y en su libro sobre el fraude electoral de 1990 dejó rastros de su rechazo al continuismo, pero él no tiene el compromiso histórico que sobre el particular tuvieron Juan Bosch y Peña Gómez, ni el de las generaciones de políticos y periodistas que combatieron el continuismo durante las mascaradas electorales de Balaguer.

El presidente Fernández ha llegado a considerar que la reelección es consustancial a la democracia, defendiendo el sistema de dos períodos consecutivos que predomina en la democracia norteamericana, aunque por momentos ya se le atribuye el estar más inclinado a la reelección ilimitada como en las democracias europeas.

Pero en naciones tan débiles como ésta la reelección sigue siendo una desgracia para el afianzamiento de la institucionalidad democrática, como ya está quedando evidente. El líder peledeísta anunció el domingo el comando de campaña de su partido, integrado por los titulares de 11 de las 16 secretarías de Estado orgánicas. Llegan a 13 si se le suman dos que están encabezadas por aliados políticos (Relaciones Exteriores y Hacienda). Como hay otros 15 altos funcionarios, se puede decir que el comando de campaña es el gobierno en pleno.

Una ocurrencia como esa, y menos para 8 meses de campaña electoral que aún faltan, es impensable en la democracia norteamericana o en la europea, donde tampoco ningún candidato presidente ni ningún partido puede cargar el más mínimo costo de campaña electoral al erario público. Nadie ha visto en un diario de esos países un anuncio de una secretaría de Estado ponderando la obra de un presidente en busca de la reelección, ni una campaña publicitaria permanente de radio y televisión con consignas políticas pagada por organismos del Estado. Ni la creación de decenas de cargos gubernamentales para comprar aliados políticos.

Sería un escándalo mayúsculo que un presidente de Estados Unidos, o de España o Francia acudiera a inaugurar 200 apartamentos construidos por el Estado en medio de una campaña reeleccionista y que además fueran revestidos por una tela con los colores de su partido, como ocurrió el domingo en el municipio Santo Domingo Oeste.

Faltan todavía ocho meses para las elecciones y ya el reeleccionismo está desbordado, innecesariamente, porque el presidente Fernández conserva aún suficiente apoyo para competir y probablemente ganar. Ojalá reflexione y sea consciente de que esos desbordamientos pueden tener un costo político.

 

Otro aporte de Participación Ciudadana

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) acaba de hacer otro importante aporte al mejoramiento de la gestión del Estado y el combate a la corrupción con la publicación de su primer Indice de Transparencia Nacional de las Entidades Públicas, presentado esta semana ante un nutrido y variado público.

Se trata de una metodología para evaluar la transparencia y coherencia institucional de los organismos públicos que ya en otros países ha contribuido a mejorar la gestión estatal. Los reconocidos investigadores sociales José Oviedo, Ramonina Brea e Isis Duarte tuvieron a su cargo el trabajo de campo y la evaluación, con el referente del Indice de Transparencia de Colombia, adaptado a la realidad dominicana.

Esta primera evaluación nacional abarcó siete de las principales secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. El propósito sería ir ampliándolo cada año a un mayor número de instituciones estatales, acorde con la disponibilidad de recursos para realizar el minucioso trabajo investigativo que incluye comprobación sobre el terreno de la disponibilidad de las informaciones y documentos que integran la transparencia operacional.

En el informe de PC se explica que el Indice de Transparencia Nacional (ITN) “constituye una herramienta fundamental para el monitoreo y mejoramiento de las condiciones institucionales de transparencia y la consecuente disminución de los riesgos de corrupción”. Mide la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la información, de los parámetros institucionales puestos en práctica por las entidades públicas y de la aplicación de medidas coercitivas para las conductas contrarias a las normas-ético jurídicas establecidas.

La metodología pondera 123 aspectos agrupados en tres grandes capítulos, referentes a visibilidad y rendición de cuentas, institucionalidad y eficiencia, e investigación y sanción. El primero abarca publicitación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información institucional relevante, fidedigna y actualizada. Incluye, entre otros, si tiene página en Internet, sistema de atención a quejas y reclamos y publicación de contrataciones.

Institucionalidad y eficiencia incluye la puesta en práctica de normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos para limitar la discrecionalidad de los funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública, así como desarrollo de medios claros para lograr la misión y objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa. Incluye la existencia y cumplimiento de reglamentos, evaluación de desempeño, y declaración jurada de bienes, entre otros.

El tercer capítulo se refiere a la identificación, investigación y sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de falta de los servidores públicos por parte de los organismos de control interno y externo. Abarca, entre otros aspectos, si ha habido investigación y sanción de faltas y sanciones de control interno disciplinario.

El esfuerzo parte del criterio de que la articulación efectiva de todos los aspectos de estos tres capítulos incrementa la transparencia y reduce los riesgos de corrupción.

Llama la atención las grandes diferencias registradas entre las 8 instituciones estatales medidas en este primer ITN. La Procuraduría General encabeza la mejor puntuación con un 78 por ciento, seguida de la Secretaría de Obras Públicas, que alcanza 66 por ciento. Las secretarías de Trabajo y Educación logran acercarse a la aprobación con 48 y 46 por ciento respectivamente.

Las otras cuatro secretarías consiguen promedios de clara reprobación: Medio Ambiente y Salud Pública con 35 por ciento, en tanto que Relaciones Exteriores y Agricultura quedan en la oscuridad de apenas 20 y 12 por ciento.

Pero como se trata de la primera evaluación, y dado que la ley de Libre Acceso a la Información Pública solo tiene tres años de promulgada, y que la ley de Compras y Contrataciones data del año pasado, puede entenderse el bajo ITN alcanzado por la mayoría de los organismos públicos evaluados.

El mantenimiento anual del Indice de Transparencia Nacional debe operar como incentivo al mejoramiento de la calidad de la administración pública, a la rendición de cuentas y a la reducción de los márgenes de corrupción. Ojalá que Participación Ciudadana pueda seguir reuniendo recursos para aportes como estos. Esta primera evaluación fue financiada con recursos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. ¿ Se animará alguna institución nacional a auspiciar las próximas?.

 

Un sistema de complicidades

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque algunos no lo quieran admitir, vivimos en un sistema político complejo en este país donde el día más claro llueve, el tigre es un león, estar apretado y estar flojo equivale a la misma prángana y la virgencita de La Altagracia puede resultar tan milagrosa que se convierta en el mismísimo diablo.

 Cuando el Partido de la Liberación Dominicana alcanzó por primera vez la mayoría legislativa en los comicios del 2006 se dio por un hecho que terminaría el picoteo de los congresistas a través de sus onegés financiadas del presupuesto nacional. Se había generalizado la crítica y aquello parecía insostenible.

Como aquel modelo estaba agotado, ha sido ahora sustituido por otro más en consonancia con la modernidad, parte de una política de transparencia encaminada por el nuevo presidente del Senado y secretario general peledeísta. Ahora ya no se patrocinan onegés a los senadores, se les otorga un fondo social, en proporción a la población que representan.

Ya en le jerga periodística se ha bautizado el nuevo patrocinio como el cofrecito. Los senadores reciben entre 400 y 900 mil pesos mensuales, que según nota de prensa del Senado, reproducida este viernes por HOY, están destinados a combatir la pobreza, en las áreas de salud, educación y bienestar social.

Desde luego, el estilo de los peledeístas, más ilustrado, ha sido aceptado sin ningún reparo por sus antecesores perredeístas y reformistas en el control del Senado. Al fin y al cabo todos los caminos conducen a Roma, aunque unos sean más escarpados que otros. Lo de antes era menos moderno, aunque lo disfrutaban casi todos. Ahora, se explica, están adscritos al principio de rendición de cuentas, por lo que ya hasta Francisco Domínguez Brito puede manejar su cofrecito sin remordimiento de conciencia.

Aunque hayamos perdido hace tiempo la capacidad de asombro, todavía quedan algunos impenitentes que no pueden entender cómo es que cada legislador requiere una cuota del presupuesto nacional para dar su guerrita a la pobreza, en vez relegislar para que los organismos encargados de combatirla con todos los cañones cumplan su misión sin distraer ni un peso.

Desde luego, ningún organismo del Estado, ni el presidente de la nación va a parar ese nuevo abuso del presupuesto, variación en mi menor del clientelismo político, expresión del desorden en el manejo de la cosa pública. Hay que acatar el principio de que hoy por ti y mañana por mi, porque si se aprieta mucho se puede correr la tuerca.

En realidad se trata de un sistema de complicidades. Los senadores justificaron la repartición, violatoria de la ley, que hicieron los de la Cámara de Cuentas en enero pasado. Para que nadie fuera a confundirse, Reinaldo Pared Pérez ni siquiera quiso recibir a los impertinentes de la sociedad civil que demandaban sanción.

Porque si establecían ese precedente, esos mismísimos señoras y señores serían capaces de volver después para reclamar también la destitución del presidente Leonel Fernández por haber violado la misma ley de austeridad promulgada el 28 de diciembre pasado en la celebración del Día de los Santos Inocentes, y según la cual el gobierno reduciría este año el gasto corriente, el que elevó 18 por ciento en los primeros 6 meses.

En su oportunidad los de la Cámara de Cuentas se negaron a inmiscuirse en los asuntos de la Junta Central Electoral, cuando allí se asignaron unas compensaciones a los impuestos que les descontaban de sus sueldos, como si fueran cualquier hijo de vecino.

Esta semana el sistema parecía hacer agua cuando en más de medio centenar de municipios se dedicaron a sustituir al vapor a presidentes de los Distritos Municipales, en pública subasta, ya que la reformada ley municipal les garantizaba a los incumbentes su permanencia hasta los comicios municipales del 2010.

En Canca la Piedra como en La Victoria, los destituidos se parapetaron armados de pistolas y escopetas, junto a familiares y amigos, para evitar que los despojaran de su cofrecito. En Yásica las protestas alcanzaron dimensión social cuando numerosos clientes participaron en el bloqueo de la carretera turística.

Por la distribución del cofrecito de un distrito municipal fue que en agosto del 2006 mataron a tres regidores en el municipio de Piedra Blanca, sin que la justicia considerara necesario sancionar a nadie.

Parece que este sistema de complicidades es invulnerable, que tiene defensas que neutralizan todos los peligros. Por eso no hacen caso a los reiterados avisos de que podría llegar el lobo y acabar con las instituciones y líderes responsables. Confían en que los dominicanos y dominicanas somos pacientes, a diferencia de venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, guatemaltecos, y hasta argentinos, donde un día irrumpió el lobo y cobró.

 

Sí podemos regular las campañas

Por Juan Bolívar Díaz

La Junta Central Electoral (JCE) auspició esta semana un seminario sobre regulación y control de las campañas electorales con la participación de notables expositores internacionales que dieron cuenta de la amplia experiencia latinoamericana en esa materia. Celebrado jueves y viernes constituyó un éxito no sólo por la calidad de las exposiciones, sino también de los participantes nacionales.

  Este seminario representó una reafirmación de la voluntad expresada por la generalidad de los jueces electorales de ejercer la responsabilidad de reglamentar para reducir la intolerable extensión de las campañas electorales y su desmesurado costo, lo que se viene reclamando desde las más diversas instancias sociales.

 Fue también una oportunidad para que los doctores Julio César Castaños Guzmán y Roberto Rosario Márquez expusieran con profundidad las razones por las que ambos han venido abogando por esa regulación, conscientes, desde luego, de que en este país para cualquier avance institucional se requiere consenso entre las fuerzas políticas.

 Los participantes pudieron escuchar al doctor Eduardo Núñez, politólogo costarricense, exponer y justificar la amplísima gama de regulaciones instituidas en las últimas décadas en la mayoría de los países de América Latina, al amparo de las constituciones y las leyes electorales que consagran las reglamentaciones, en orden al bien común, de todos los derechos sociales.

 El licenciado Juan Ignacio García, Director del Servicio Electoral de la República de Chile, que es el organismo organizador de elecciones, ilustró sobre las viejas experiencias ordenadoras en esa nación, pionera en el orden institucional, en educación como fundamento del desarrollo, y en muchos otros aspectos básicos, pese al doloroso eclipse representado por el golpe militar de 1973.

 Una experiencia muy reciente es la mexicana, expuesta con amplitud y profundidad por la comunicadora Luisa Alejandra Latapí. Consejera del Instituto Federal Electoral de México. Vale decir que su ejemplar regulación ha sido fruto de las últimas dos décadas, especialmente a partir de los comicios de 1988, cuando el Partido Revolucionario Institucional usurpó el poder que había ganado Cuhautémoc Cárdenas.

Para conjurar la consiguiente crisis, los gobernantes tuvieron que conceder una serie de reformas políticas, que se profundizarían con el final del reinado de la única organización   política de la historia contemporánea que ha gobernado durante más de siete décadas consecutivas.

En un panel efectuado al cierre del seminario, representantes de los cuatro partidos que ya tienen candidato presidencial para las elecciones del próximo año expusieron su visión sobre la temática. Se puede afirmar que hubo consenso sobre la necesidad de regular la extensión y el costo de las campañas electorales, aunque el doctor César Pina Toribio, Delegado Político del Partido de la Liberación Dominicana ante la JCE, expresó condicionamientos jurídicos, en una visión constitucionalista que sobredimensiona los derechos individuales, dificultando el ordenamiento social.

El doctor Pina Toribio cree que la JCE carece de facultades para establecer límites sobre derechos como el del proselitismo político, en contradicción con planteamientos que en la primera sesión del evento había formulado el doctor Roberto Rosario. Evidentemente también en contradicción con la ley electoral y las numerosas regulaciones ya existentes, hasta de orden municipal.

En un discurso motivador, al inicio del seminario, el presidente de la Cámara Administrativa había recordado que el artículo 38 de la Constitución “reserva el derecho a nuestro órgano electoral, en su literal d) al uso de las iniciativas legislativas en asuntos electorales en la formulación y efecto de las leyes”.

En un razonamiento lógico, el doctor Rosario recordó que los artículos constitucionales 90-92 otorgan a la JCE la facultad de juzgar y de “reglamentar de acuerdo con la ley”, lo cual ha hecho sistemáticamente. Como simple ejemplo, los condicionamientos al derecho a la postulación para cargos electivos.

Rosario anunció que ya la Cámara Administrativa ha elaborado un proyecto de “Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de Medios de Comunicación” que esta semana será entregado al pleno de la JCE para discusión, consulta y aprobación.

Por su parte el presidente de la JCE abogó en su discurso inaugural del seminario por un gran   consenso para acortar las campañas, establecer topes en el gasto dentro de una franja de tiempo electoral e instituir el debate de candidatos. Para ello ratificó la idea de una cumbre política en post de consenso para tan magnos propósitos.-

Los días en que vivíamos cercados

Por Juan Bolívar Díaz

Aquella mañana del 28 de marzo de 1973 los reporteros de Ultima Hora regresamos a la redacción, tras las coberturas periodísticas asignadas, convencidos de que estábamos cercados, y algunos ironizábamos diciendo que los del servicio secreto de la Policía creen que “el guerrillero sin montaña” va a volver al periódico.

Se aludía a la entrevista que se había publicado un mes antes con Toribio Peña Jáquez, el miembro de la insurrección de Francisco Caamaño Deñó que se extravió en la noche del desembarco de Playa Caracoles, al principio de febrero y que vino a parar a la capital. Me tocó realizar aquella entrevista en circunstancias muy peligrosas e imprudentes, dentro de un automóvil y dando vueltas por la ciudad mientras las fuerzas militares y policiales lo buscaban por todos los vericuetos citadinos.

La entrevista con Peña Jáquez era un “palo periodístico” cuando todavía se discutía si era cierto que Caamaño había llegado al país y se había internado en las montañas para combatir el régimen autocrático de Joaquín Balaguer. Los propietarios del diario se negaban a publicarla y para convencerlos hubo que inventar la versión de que el guerrillero había llegado al local mismo del periódico. En la práctica periodística universal era inconcebible que no se publicara un testimonio como aquel, pero eran fuertes los temores a la represión del régimen.

Se acordó que la entrevista saldría en la edición sabatina que quedó lista desde el viernes, lo que nos dejaba dos días para escondernos y retornar a la luz pública el lunes, cuando esperábamos que hubiese bajado la temperatura de los que en el gobierno seguramente pretenderían cobrar la osadía. Ejecutivos y los reporteros de la política nos entretuvimos bajo techos prestados aquel fin de semana.

En los días sucesivos estimamos que los aparatos investigativos del régimen habían sabido o sospechado quién fue el autor de la entrevista -que desde luego se publicó sin firma-, ya que mi residencia en San Carlos fue allanada en dos ocasiones, “coincidencialmente” siempre en momentos en que yo no me encontraba, aunque para esos tiempos llevaba una vida de recogimiento monasterial.

Sobre las 11 de una noche a mediados de marzo recibí una llamada telefónica de una simpática señora que se mostraba muy interesada en hablar con mi madre, llamándola por su nombre familiar, doña Juanita, y tratando de ganar mi confianza. Tras un intercambio de frases y al preguntarle si le podía ayudar en algo, me respondió que era para avisarle que en la galería de la casa le había dejado un paquete. Reaccioné al instante pidiéndole que se identificara, ante lo cual optó por cortar la comunicación.

No se me ocurrió asomarme a la puerta para recoger el supuesto paquete y al día siguiente allí no había nada ni nadie volvió a hablar del mismo. Cuando conté el incidente en la redacción, todos, especialmente el jefe de Redacción, Gregorio García Castro, coincidieron en elogiar mi prudencia y encomendarme que no me descuidara.

Alrededor de las 8 de la noche de aquel aciago 28 de marzo me despedí de Goyito a quien dejé con César Medina. Como siempre me encomendó que me cuidara. Mi novia me recogió y, como era habitual entonces, me acompañó hasta la casa, donde media hora después recibimos la infausta noticia del asesinato del compañero García Castro.

Nunca creímos que lo mataran por la publicación de la entrevista, que por demás no tuvo ninguna repercusión conflictiva para el gobierno, sino por la verticalidad con que él se había empeñado en denunciar crímenes y atropellos políticos, apuntando al sector más sanguinario del régimen. Y por su militante defensa de los perseguidos de la época.

Goyito nunca creyó que le tocaría tan dramáticamente la represión y no se aplicaba los consejos de cuidado que me daba sistemáticamente, convencido de que en aquella redacción yo era el blanco perfecto, ya que había sobrevivido a una bomba que destrozó mi auto en marzo de 1970 y a un intento de asesinato 7 meses después. Además porque creía que lo protegía el haber sido amigo y correligionario de Balaguer.

En medio del dolor y el espanto nos convencimos de que Goyito fue hacia su automóvil llamado por alguien. Dejó el saco y su bolígrafo sobre el escritorio, la puerta abierta, siendo ya el último que quedaba allí, y le dijo al policía que cuidaba el Listín Diario, casi al frente, que le echara un vistazo en lo que regresaba. Nunca hemos podido determinar quién lo invitó a ir al carro y bajo qué pretexto, que debió haber sido más convincente que el paquete en la galería de mi casa.

 

Respaldo a unas valientes propuestas

Por Juan Bolívar Díaz

El arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, quien además preside la Conferencia del Episcopado Dominicano, formuló recientemente una serie de propuestas en orden al saneamiento de nuestra democracia que merecen toda la atención y el respaldo entusiasta de cuantos se preocupan por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

Las propuestas están contenidas en una homilía que leyó el prelado en la misa de celebración del aniversario de la Junta Central Electoral (JCE) y en presencia de todos los jueces y altos funcionarios del organismo el pasado día 12 de abril.

Vale ponderar el tono de mansedumbre, humildad y sana preocupación con que fueron expuestas una serie de sugerencias, apelando a la autoridad, legitimidad y consenso de que están investidos los actuales jueces electorales y a la disposición de las fuerzas sociales y de la población a darles respaldo en los proyectos de reformas y actualización que han anunciado.

De lo que trató Monseñor de la Rosa es que “la sanidad de nuestra democracia demanda con urgencia que se impongan límites a las campañas, sean primarias o nacionales, y al gasto por candidatos y partidos, estableciendo un sistema de absoluta transparencia, tanto de las fuentes de financiamiento como del gasto mismo”.

El arzobispo santiagués se fundamentó en numerosos pronunciamientos formulados en varios documentos de los últimos años por la Conferencia de los Obispos Dominicanos donde se ha demandado que las campañas electorales sean ejemplares en nobleza, sencillez y austeridad, sin dispendios de dinero, “para evitar la competencia injusta”. Se refirió también a las quejas de que la nación vive en permanente campaña electoral, con los costos desproporcionados que conlleva.

La homilía recoge los “efectos perniciosos para la institucionalidad democrática” de las extensas y costosas campañas electorales dominicanas, ya que privilegian a los políticos poseedores de grandes capitales, que incentivan el rentismo y el clientelismo, el tráfico de influencia y la corrupción como forma de acumular dinero para las costosas campañas electorales, aún se trate de postularse para regidor. De la Rosa y Carpio sostuvo una afirmación que debería reflexionarse bien a fondo: “el gran peligro de las elecciones del futuro ya no está en los fraudes, sino en quien las paga.” Que en definitiva quien paga es el pueblo, sea directamente a través del presupuesto, o indirectamente por las contribuciones que luego se cobran en contratas, exenciones, cargos y otras facilidades. O más indirectamente a través del tráfico de influencia y la corrupción.

El prelado le tomó la palabra al presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario sobre la necesidad de reglamentar las contribuciones y gastos de los partidos, así como en torno a los períodos electorales, todo lo cual debe tener algunos límites. Y propuso las siguientes medidas:

-Prohibición total de promover candidaturas a través de los medios de comunicación, vallas, afiches y todo género de espacios públicos, antes de la proclama que debe dar inicio a cada campaña electoral 90 días antes de las elecciones.

-Limitación del tiempo que puede usar cada candidato para publicitarse en la radio y la televisión y en los diarios impresos.

-Prohibir durante los 90 días de campaña electoral la celebración de actos públicos gubernamentales que puedan servir de promoción de candidaturas, incluyendo inauguraciones de obras.

-Regular las campañas internas de los partidos, incluyendo limitaciones a la publicidad en los medios de comunicación y espacios públicos.

Estas propuestas están inspiradas en “la necesidad de preservar la democracia dominicana de la amenaza que significa el preocupante proceso de encarecimiento de los procesos electorales y de la peligrosa y creciente influencia del poder del dinero”.

Es ponderable que el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, expresó su aquiescencia con los planteamientos del arzobispo, lo mismo que hicieron dirigentes sociales y políticos, así como parte de la opinión pública. Pero esas propuestas requieren un respaldo más activo. Muchas instituciones deberían dirigirse a los jueces electorales urgiéndoles a dar curso a las reglamentaciones.

Un pronunciamiento tan valioso y valiente no debe ser olvidado, como tantos otros que se formulan para el mejoramiento de la institucionalidad democrática nacional.-