Por Juan Bolívar Díaz

El PRD y su gobierno no podrán ignorar el clamor nacional por jueces de consenso                                         

            El propósito del Partido de la Liberación Dominicana de llevar una instancia ante la Organización de Estados Americanos para que medie ante el Senado a fin de que elija por consenso los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) resultará fallida ya que ese organismo carece de facultad para intervenir preventivamente en los asuntos internos de sus estados miembros.

            El anuncio peledeísta podrá pasar como mecanismo de presión, pero carece de fundamento y de ser materializado dejará mal parados a sus promotores que deberían conocer los mecanismos operativos del organismo interamericano.

            El esfuerzo del PLD debería concentrarse en fortalecer la opinión pública nacional en torno a la demanda, especialmente de los partidos de oposición y de las instituciones sociales como de los medios de comunicación, siendo obvio que el PRD no podrá imponer su voluntad a menos que quiera sumir el país en una crisis política que dificultaría la gobernabilidad.

Sorprendente propuesta

            El Comité Político del PLD sorprendió esta semana con el anuncio de que enviará a Washington una comisión de sus dirigentes para gestionar la mediación de la OEA para persuadir al Senado de que escoja los jueces electorales en consenso con los partidos y la sociedad civil.

            La sorpresa se fundamenta en que en el partido morado hay numerosos dirigentes, comenzando por el expresidente Leonel Fernández, que conocen los mecanismos operativos de esa institución hemisférica.

            Es casi imposible que se pueda invocar preventivamente la Carta Democrática Interamericana suscrita en Washington el 11 de septiembre del año pasado. El documento establece acciones colectivas frente a violaciones de la institucionalidad democrática, que en este caso no se han producido.

            La OEA no podría ni siquiera enviar una misión de observación sin contar con una invitación formal del Estado dominicano, que es miembro de pleno derecho. Ese requisito es requerido para las observaciones electorales de rutina.

            Ni la secretaría general ni ninguno de los órganos del sistema interamericano pueden ser puestos en movimiento por una simple petición de un partido basada en una presunción. Difícilmente pudieran establecer un precedente semejante, pues se encontrarían frecuentemente ante peticiones similares provenientes de numerosos países.

            Y aún si el Senado ratificara los actuales jueces electorales o escogiera otros sin consenso, no sería suficiente para movilizar los órganos del sistema interamericano. Lo primero que preguntarían es si la decisión legislativa estuvo fundada en la Constitución de la República. Menos aún si se trata de una elección avalada por 29 de 31 miembros de un órgano legislativo.

            Hay que tener presente que esos legisladores fueron fruto de un proceso electoral reconocido por la misión de observadores de la OEA como limpios y transparentes, particularmente en lo que corresponde a la gestión del tribunal electoral.

            El mayor reconocimiento que hicieron los observadores internacionales a los procesos electorales organizados por las actuales autoridades electorales, es que todas sus decisiones fueron adoptadas en consulta con los partidos políticos.

            Las irregularidades registradas en los comicios de mayo pasado fueron irrelevantes tanto en la tradición como en el actual contexto interamericano y los organismos internacionales tomaron nota de que la JCE anuló los cientos de votos que se demostraron fruto de tramperías o deficiencias locales.

Legítima aspiración

            Lo que no parece discutible es la legitimidad de la aspiración del PLD, como de la generalidad de los partidos políticos y de numerosas instituciones sociales, de que los jueces electorales sean fruto del consenso y expresión de la pluralidad política democrática.

            Esa aspiración seguramente sería compartida en cualquier ámbito democrático internacional, aunque no pueda originar una mediación, si no se vulneran los principios constitucionales y los preceptos legales.

            En el debate que lleva ya más de un mes, el PRD y sus legisladores se han quedado práticamente solos en el propósito de ignorar al resto de la comunidad política en la conformación del tribunal electoral.

            La generalidad de los medios de comunicación, y los líderes religiosos, empresariales, así como las instituciones sociales más comprometidas en el proceso de afianzamiento democrático han reivindicado el consenso con que fueron integradas las juntas electorales que presidieron los doctores César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly.

            En ambas ocasiones predominó el principio de que los árbitros electorales deben ser aceptables para la mayor parte de los competidores por encima del mandato constitucional que otorga al Senado la facultad de elegirlos.

            El consenso quedó roto en 1998 cuando fue electa la junta que preside el doctor Ramón Morel Cerda. En esa oportundiad la opinión pública se dividió, ya que el gobierno del PLD acababa de elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas días antes de que correspondiera, con los legisladores que llegaban a su fin, escamoteándole el derecho a los entrantes donde el PRD tenía mayoría absoluta.

            También se dio en el contexto en que los peledeístas habían sonsacado una decena de diputados perredeístas para impedir que asumieran la presidencia de la cámara baja.

            En otras palabras que fueron los gobiernistas, con respaldo de los reformistas, quienes dificultaron el consenso al ignorar la mayoría perredeísta.

            La indulgencia ante la revancha del Senado controlado por el PRD fue posible en parte porque ese partido no controlaba el gobierno y en consecuencia sus posibilidades de manipulación electoral eran menores. Ello no evitó una crisis que afectó a la JCE durante más de medio año y para superarla hubo que realizar negociaciones.

            En primer lugar, la propia JCE apeló a la asistencia de la sociedad civil y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para que dieran seguimiento al proceso organizativo de las elecciones y auditaran el padrón electoral fotográfico entonces en proceso de conformación.

            Por otro lado, el PRD y sus senadores tuvieron que terminar negociando con el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para adicionar dos nuevos jueces al tribunal electoral propuestos por estos. En otras palabras que después de la crisis siempre hubo que concertar.

El PRD no puede solo

            La experiencia de 1998 demostró que el PRD no pudo mantener la JCE que eligió sin consenso y que tuvo que concertar con la sociedad civil y los otros dos partidos mayoritarios.

            En la coyuntura actual hay diferencias importantes que harían más crítica una elección de jueces electorales solo por los perredeístas. Primero porque ahora el PRD controla no solo el Senado, sino también el Poder Ejecutivo. Y porque ahora tiene la mayor responsabilidad en el rumbo del Estado, y en la creación de un clima de convivencia política que auspicie la gobernabildiad.

            Las dificultades por las que atravieza la economía nacional, presionada por graves factores internacionales, las crecientes protestas por los apagones y el aumento de la delincuencia y la violencia demandan un mayor esfuerzo de concertación desde el gobierno y no auspician la confrontación generadora de desconfianza.

               Nadie le puede pedir al PRD que renuncie a la mayoría legislativa que le otorgó elelectorado. Pero sí que tome en cuenta al resto de la sociedad política y civil y a la opinión pública en materia tan sensible como la elección de jueces electorales.

            El radicalismo, en algún grado injusto, con que algunos sectores de la oposición enjuician a los actuales jueces electorales dificulta el consenso, pero obliga a transaciones en aras de la convivencia democrática y el mantenimiento de la confianza en la institucionalidad electoral.

            Hay indicios claros de que tanto en el PRD como en el gobierno hay dirigentes influyentes que están conscientes de que se precisa algún grado de consenso para elegir los jueces electorales y evitar una crisis política.

            Para que los perredeístas puedan salir con las suyas tendrían que conseguir el apoyo por lo menos del PRSC. Se descarta que lo consigan con el PLD ni con las instituciones más políticas de la sociedad civil.

            Si se mide por los pronunciamientos de los dirigentes reformistas ese apoyo no está fácil de lograr. No ha habido un solo de los colorados influyentes que no se haya pronunciado a favor de la concertación para integrar la jueva JCE. Algunos se cuentan entre los radicales en el rechazo a la continuidad de los actuales jueces.

            Desde luego, en aras del consenso no sería conveniente una renovación total del tribunal de elecciones, que tampoco sería justo.

            Por el momento, en vez de gestiones internacionales, lo que tienen que tratar los peledeístas es de concentrar su esfuerzo en un amplio frente en pro del consenso, haciendo difícil que el sector reformista colaboracionista del gobierno pueda inhibirse o transar.

            Sin los reformistas ni los peledeístas el PRD y sus senadores tendrán que negociar. Si persisten en su propósito de imponerse no sólo desatarán una crisis política, sino que contribuirán al acercamientro PLD-PRSC, lo que a mediano plazo puede ser una péxima inversión política.-