El complejo sistema de Seguridad Social

Por Juan Bolívar Díaz

               En la opinión pública nacional parece haber unanimidad de criterio en cuanto a la trascendencia de la ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad social, y hay quienes creen que se trata de la más importante legislación en muchas décadas.

            El sistema está llamado no sólo a garantizar la unviersalidad de la asitencia médica, sino también a crear un mecanismo de pensiones para la invalidez y el retiro que garantice la subsistencia más allá de los accidentes y del tiempo que todo lo consume incluyendo las energías de los seres humanos.

            Por su naturaleza y alcances, por la suma de dinero que implicará como ahorro nacional, por involucrar la salud que es de los más apreciados atributos de la vida y por la multiplicidad de intereses que involucra, la ley de seguridad social es profundamente compleja.

            El texto mismo es una suma de concesiones y transacciones, que en algunos segmentos degenera en “parchos mal pegados”, fruto de años de discusiones. Fue un parto con forceps que se abrió paso por entre ambiciones, mezquindades y prejuicios.

            Su complejidad queda de manifiesto en el hecho de que será el primero de noviembre próximo cuando comenzará a regir apenas en el seguro familiar de salud, como primer paso. Para el año próximo se espera que entre en vigencia el sistema de pensiones. Aunque la ley fue promulgada el 18 de mayo del año pasado.

            Pero a 60 días del arraque del sistema de seguridad social ya se registra una crisis, que ha renovado con fuerza las pasiones y ambiciones que obstruyeron el proceso de aprobación.

            Ninguna posición radical ni encerrona contribuirá a que salga adelante el complejo sistema de seguridad social. Y si los sectores más directamente involucrados no hacen conciencia de ello, estaremos condenando a la criatura a una muerte prematura, antes de que pueda incorporarse suficientemente.

            El conflicto está centrado en la interpretación del artículo 165 de la ley, que fue de las concesiones que se le hicieron a las asociaciones de profesionales de la salud para que aceptaran el nacimiento del sistema. Y aunque parece un contrasentido negar a una parte de los dominicanos y dominicanas durante 5 años el derecho a escoger su prestadora de servicios de salud, eso fue lo que se pactó y debe ser cumplido.

            El problema se origina en que el indicado artículo es impreciso y pasible de doble interpetación como ha ocurrido. Establece: “Durante un período de cinco años a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) conservará a todos los trabajadores privados que sesenta (60) días antes de entrar en vigencia la presente ley, sólo estuviesen afiliados al régimen del seguro social, más sus familiares”.

            Los gremios de la salud y los sindicalistas interpretan el artículo como si indicara 60 días antes de la promulgación de la ley, y sectores empresariales consideran que la ley no podía nacer estableciendo un plazo ya muerto, y que se refiere a su entrada en vigencia con el seguro familiar de salud.

            Asumiendo esto último el plazo concluiría este primero de septiembre, y muchos empresas, se dice que unas 150, han solicitado miles de desafiliaciones del IDSS para que sus trabajadores puedan elegir desde el principio una prestadora de servicios privados.

            Hay que advertir que esas desafiliaciones van en claro beneficio del interés de los trabajadores que casi todos prefieren la libre escogencia y las clínicas privadas a los hospitales del viejo seguro social.

            De ahí la reacción de los gremios de la salud. Reacción radical como la de paralizar sus servicios a los trabajadores el pasado jueves, con lo cual ratifican una de las debilidades de la pertenencia a esa prestadora de servicios. Los mismos médicos que trabajan en las clínicas privadas, a menudo en peores condiciones, jamás han paralizado allí sus servicios.

            Pueden tener razón los gremios en cuanto a que en el sector privado hay tendencias irrefrenables a la total privatización del sistema y que la incentivan a través de las desafiliaciones.

            Pero el diferendo puede ser superado con un poco de negociación y realismo. Como ha planteado el director del IDSS, doctor Willian Jana, asumiendo que las desafiliaciones llegaran al 20 por ciento de los más de 500 mil contribuyentes de esa prestadora de servicios. Todavía le quedarían 400 mil, que al extenderse a sus familiares (hijos, padres y dependientes directos) a un promedio de 3 por cada afiliado se convertirían en un millón 200 mil.

            En consecuencia, en vez de desaparecer el IDSS, como se aduce, estaría más que duplicando sus afliados. Y no faltan quienes cuestionen si estará en capacidad de prestar servicios eficientes a más de un millíon de personas, cuando no lo hace con medio millón.

            Hay demasiado emociones y dogmatismos envueltos en el conflicto. Ojalá que se haga un poco de luz y que en todos los sectores se auspicien posiciones más conciliatorias. Serán necesarias para que nazca el sistema de seguridad social. Y que concentren la atención en los aspectos fundamentales. Como en los recursos financieros y logísticos para que el seguro familiar pueda arrancar justamente dentro de dos meses.-