Por Juan Bolívar Díaz

La superficialidad del discurso político contrasta con el enorme costo económico que impone a la nación la quiebra del Baninter                                             

            Una revisión del discurso del liderazgo político nacional frente al escándalo de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) revela una consistente renuencia a condenar las graves irregularidades y exigir justicia, pese al enorme costo que conlleva para la sociedad dominicana.

            En vez de defender el patrimonio nacional y rechazar que el costo de esa crisis se cargue sobre el lomo de la sociedad, la generalidad de los dirigentes políticos se ha quedado en la superficie, sin que hayan faltado quienes, como el expresidente Leonel Fernández, han asumido la defensa de los acusados de la quiebra bancaria.

            En medio del desconcierto nacional provocado por la descomunal dimensión del costo económico de la quiebra, resalta la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que regulen el financiamiento de la actividad política para poner límites al tráfico de influencia y al rentismo de grupos empresariales que alientan la corrupción.

Silencio de los partidos

            Por más que se revisen los periódicos de las últimas dos semanas, tras develarse el escándalo del Baninter, no se encuentra un solo comunicado formal del sistema partidario, donde se haga un planteamiento de fondo o que siquiera sugiera correctivos. Mucho menos la más mínima expresión de excusa frente a la nación por haber recibido los recursos de los ahorrantes en forma de ayuda política.

            Llama la atención que aunque el gobernador del Banco Central no excluyó ni siquiera al propio partido de gobierno entre los beneficiarios de la malversación de los dineros de los ahorrantes, ningún partido o dirigente ha reclamado la publicación de los listados que las autoridades monetarias dicen tener.

            Ello aunque el escándalo ha traspasado las fronteras nacionales evidenciando que “la élite política y empresarial del país hace tiempo que afinó el arte de la corrupción y de quebrar las reglas”, como consignó el New York Times en el reporte de Tony Smith publicado el martes 27.

            Embarcados en la prematura campaña electoral, los líderes políticos no parecen haber reparado en que la crisis del Baninter implica un “faltante” equivalente a las dos terceras partes del presupuesto nacional de este año y que ha obligado al Banco Central a emitir dinero y certificados financieros por un monto superior a los 43 mil millones de pesos.

            La explicación a ese silencio parece ser que la repartición del patrimonio de los ahorrantes alcanzó a buena parte del liderazgo político. Con el generoso financiamiento del grupo financiero colapsado a los partidos y candidatos, directamente o a través de fundaciones, se constituyó el ambiente de impunidad en que pudo incubarse el denunciado fraude que implicó la existencia de un banco clandestino de doble dimensión al que operaba públicamente y que traspasó gestiones gubernamentales de los tres partidos mayoritarios.

            Si hasta los últimos dos presidentes de la nación recibieron lujosos vehiculos blindados y otros regalos, nadie debe sorprenderse de que esa práctica haya traspasado el sistema político, legislativo, y hasta judicial, según la denuncia oficial.

Solidaridad con acusados

            Si algo ha llamado la atención es la rapidez con que líderes politicos de los tres partidos mayoritarios acudieron a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para expresar “solidaridad” con los principales inculpados de la gravosa quiebra bancaria.

            No habían pasado 24 horas de la prisión de Ramón Báez Figueroa cuando se presentó allí el expresidente de la República Leonel Fernández, al que siguieron el secretario general y otros dirigentes de su Partido de la Liberación Dominicana.

Pocas horas después tomó turno el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, seguido luego por otros dirigentes de esa organización.

            El exvicepresidente Jacinto Peynado, aspirante a la candidatura presidencial del Partido Reformista Social Cristiano, como otros dirigentes de este, tampoco se hicieron esperar. El empresario y político declaró al salir que había ido “a solidarizarse” con su amigo.

            Coincidían en rechazar las acciones de las autoridades, especialmente la incautación de los activos pertenecientes al banco quebrado, y en estimar que el gobierno estaba montando “un espectáculo”, sin que faltaran quienes consideraban que todo era una maniobra de corte reeleccionista.

            El paso de los días con todo el cúmulo de informaciones demostrativas de la gravedad de las implicaciones del fraude bancario, y ni siquiera el que las autoridades hayan involucrado a organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, ha persuadido al liderazgo político a tomar con más seriedad el asunto.

            Los temores de que se utilizara la crisis para apuntalar las tendencias continuistas en que está involucrado el presidente Hipólito Mejía y sus seguidores lucieron desproporcionados o con un fundamento débil, si se toma en cuenta el costo que conlleva para el gobierno la quiebra bancaria en términos de devaluación, inflación, recesión económica, desempleo y pobreza.

            La indiferencia es tan grande que todavía Hatuey de Camps no se ha sacudido de la indignación que le produjo el que lo mencionaran como beneficiario de financiamiento político para formular un planteamiento de fondo como líder del partido de gobierno.

Se han echado de menos formulaciones de los presidentes de las cámaras legislativas, que al igual que las Fuerzas Armadas han optado por el silencio frente a los cargos formulados nada menos que por el gobernador del Banco Central.

               Y hasta un técnico y político generalmente ponderado, como Guillermo Caram, por demás exgobernador del Banco Central, reaccionó hablando de “cortina de humo” y espectáculo, con lo que perdió la oportunidad de reclamar profundización de las investigaciones, reparaciones y sanciones.

El más decepcionante          

El discurso más decepcionante y hasta irrespetuoso de la inteligencia de la opinión pública ha sido el del expresidente Leonel Fernández, quien llegó al extremo de liberar de responsabilidad a los ejecutivos del Baninter, atribuyendo la quiebra a la “irresponsabilidad única y esclusiva del gobierno” porque no le pagaba ni los intereses de una deuda contraída.

            Resulta que el “hueco” del banco quebrado es de casi 56 mil pesos y según un informe del Banco Central lo adeudado a Baninter al 23 de agosto del 2002 eran 886 millones 172 mil pesos. Con el Banco Popular, que no ha tenido problemas, la deuda gubernamental era mayor, ascendía en la misma fecha a mil 61 millones de pesos.

            Fernández ignoró que antes de finalizar el 2002 la deuda con el banco quebrado en marzo del 2003 había sido casi totalmente saldada y que además al momento del desenlace le habían dado “facilidades” por 8 mil millones de pesos.

            El expresidente llegó tan lejos que reivindicó su declaración de septiembre del 2002 sobre iliquidez en la banca, que de inmediato fue considerada imprudente por las autoridades y que al parecer contribuyó, como dos meses después la denuncia sobre la tarjeta del coronel Pepe Goico, a detonar la crisis del Banco Intercontinental.

            En su extenso discurso del sábado 24 de mayo, al formalizar su precandidatura presidencial, no hubo ni un asomo de cuestionamiento al hecho de que un banco que declaraba activos por 25 mil millones de pesos, tenía en realidad 80 mil, ni a la forma en que fue manejado, ni a los regalos, ni a las malas inversiones del dinero de los ahorrantes en provecho de empresas deficitarias afiliadas. Menos aún a lo que ya está pagando por ello hasta el más pobre de los dominicanos y dominicanas.

Algunas excepciones            

            Ni siquiera los precandidatos presidenciales del partido de gobierno han marcado distancia. La mayoría ha guardado silencio. Incluso uno de ellos, Rafael Suberví Bonilla, precisó que “ese es un asunto que está en manos de las autoridades judiciales y son ellos los que deberían opinar al respecto”. Ramón Alburquerque y Enmanuel Esquea han reclamado transparencia.

           Entre los discursos políticos diferentes se han identificado el de la vicepresidenta y precandidata presidencial Milagros Ortiz Bosch, el del precandidato del PLD Jaime David Fernández, y el del senador del mismo partido José Tomás Pérez.

         La doctora Ortiz Bosch pidió llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y luego en un programa de televisión formuló un análisis de las consecuencias sociales, institucionales y morales de la crisis, cuestionando los mecanismos y los responsables de la regulación del sistema financiero. Habló de “requerimientos institucionales” y reconoció la necesidad de “abandonar las complicidades políticas”.

          El doctor Jaime David Fernández proclamó en Santiago que el escándalo financiero “cuestiona la sociedad y la clase política dominicana”, planteando que frente al mismo “hay que levantar la bandera de los principios con el ejemplo de honestidad y dignidad”.

           José Tomás Pérez reconoció la gravedad de la crisis financiera generada por la quiebra del Baninter y expresó su disposición a apoyar la solicitud de apoyo formulada por el gobierno a los organismos financieros internacionales para reducir su impacto macroeconómico.

            Estos dos dirigentes peledeístas tienen objeciones a diversos aspectos del manejo gubernamental, con cuestionamientos válidos sobre la responsabildad de quienes estaban llamados a ejercer la supervisión bancaria, lo que corresponde también en parte a funcionarios del pasado gobierno, pero no pudieron ignorar la gravedad de la crisis ni han ido a solidarizarse con los acusados de uno de los mayores descalabros bancarios en un país pobre.

            El discurso de la mayoría de los políticos frente a la crisis contrasta con los reclamos surgidos en diversos sectores sociales, incluídas organizaciones empresariales, para que se haga justicia y se recuepren los activos correspondientes al banco quebrado para reducir el costo que conlleva para la sociedad en general.

            Y desde luego, ignora planteamientos como el del movimiento cívico Participación Ciudadana que pide “transformaciones legislativas que pongan fin al tráfico ilícito con los recursos públicos y al maridaje entre intereses políticos y privados.-