El 2004 viene con grandes desafíos

Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría de la población quisiera olvidar este 2004 devastador y cifra esperanzas de que el nuevo año traiga la recuperación económica y la reafirmación democrática

             El deseo más generalizado en la población dominicana en estos días finales del 2003 es que transcurran cuanto antes y se puedan olvidar las vicisitudes de este año devastador para las expectativas de progreso y el nivel de vida de las mayorías, y que el 2004 marque el inicio de una recuperación económica y registre una reafirmación democrática.

            Y el daño ha sido causado no solo por la devaluación del peso en cerca del 100 por ciento y su carga inflacionaria de por lo menos 40 por ciento, sino por el clima de confrontación, generadora de incertidumbres en que gran parte del liderazgo político, y especialmente de los gobernantes, mantuvo a la población sin tregua a lo largo del año.

            De cara al año que comienza las preocupaciones están centradas en el proceso electoral en marcha para escoger nuevo presidente de la República, por los temores de que el proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía agudice la crisis financiera o lesione severamente los avances de la última década en materia de limpieza electoral.

Sentido adiós al 2003

            La medida del año que concluye la han dado las festividades navideñas, que la generalidad ha estimado como “las más frías”, y no precisamente por el clima que se ha mantenido relativamente alto, sino por las pérdida del poder adquisitivo. Tanto que muchos olvidan el dramático final de 1990, con su inflación del 100 por ciento y su carga de desabastecimiento.

            Muy pocos arreglos navideños en las calles y residencias y la reducción de los puestos de venta de frutas extranjeras de tradicional consumo en esta época son de los signos exteriores de la crisis financiera que este año redujo dramáticamente el poder adquisitivo de la población, con su 100 por ciento de devaluación y 40 por ciento de inflación.

            Ese cuarenta por ciento se duplicó y triplicó en los productos de consumo navideño, aún los de producción nacional, pero de gran componente de materias primas importadas, como el cerdo y el pollo. Y en más alta proporción en los productos extranjeros, desde alimentos y bebidas, hasta electrodomésticos y adornos.

            Consciente de la situación el gobierno hizo una fuerte inversión para vender alimentos básicos hasta a mitad de precio en unos 160 puestos establecidos en los barrios de los centros urbanos, beneficiando a las capas de menores niveles de ingresos.

            El grito ha sido generalizado en los segmentos medios y bajos de la clase media, cuyas expectativas de vida están marcadas por el acceso al uso y consumo de productos importados sometidos al rigor de una devaluación que de diciembre a diciembre llevó el peso dominicano de 20 por dólar hasta casi 40.

            Como hecho positivo quedará el que esos sectores sociales reconozcan que habían refinado excesivamente sus gustos y estén volviendo, por ejemplo paradigmático, al consumo de ron, uno de los productos industriales de mayor componente nacional, estimado sobre el 90 por ciento.

            El desempleo del año, del cual no hay estadísticas confiables, pero apreciable por el número de empresas que han reducido personal y las que han quebrado, especialmente del sector comercial, es otro elemento de incidencia en el amargue de las navidades del 2003. Los apagones y la reducción de los servicios, especialmente del transporte estatal, han hecho sus contribuciones al “cálido clima” en que transcurren las festividades de fin de año.

            A todo eso se suman incidencias tan absurdas como el que los 60 mil maestros del sistema público de educación hayan llegado a la víspera de Nochebuena sin haber podido cobrar el salario de la segunda quincena de noviembre.

            La queja de la población se sintió con fuerza en los centros comerciales y los colmados, en las calles y hasta en los medios de comunicación social, en muchos casos con la esperanza de que el año culmine cuanto antes, aunque con pocas expectativas de mejoría para el próximo. La enfermedad del pesimismo, vieja epidemia nacional, se acerca al derrotismo en amplios segmentos sociales.

¿Un solo responsable?

            Nadie puede negar que el 2003 ha sido terrible para los dominicanos y dominicanas. Las estadísticas oficiales indican que por primera vez en los últimos 12 años la economía registra un resultado negativo, alrededor del 1 por ciento, contrastando con un incremento promedio sobre el cinco por ciento en la década que siguió a las reformas de 1991, tras el desastre del año anterior.

            Como es natural, el resentimiento de la población se ha concentrado en el gobierno con tanto encono que ni siquiera se ha podido distribuir equitativamente la responsabilidad sobre la causa de la crisis financiera más que económica, puesto que principales renglones de la economía nacional y mayores generadores de divisas, concluirán el año con un ejercicio excelente, superior al de los últimos 5 años. Es el caso del turismo, de las zonas francas y las remesas.

            Los análisis más objetivos responsabilizan al gobierno de haber calentado excesivamente la economía, con un marcado interés electoral, en los meses previos a los comicios congresionales y municipales de mayo del 2002, en los que barrió, por vía del endeudamiento externo e interno, incluyendo los primeros 500 millones de dólares de bonos soberanos.

            El peso de la crisis es tan traumático que llega a obnubilar el razonamiento general que atribuye toda la carga de la crisis al gobierno, relevando de culpa o reduciéndola, a los responsables de tres quiebras bancarias que llevaron a una emisión de casi 100 mil millones de pesos por parte del Banco Central, causa eficiente de los descomunales niveles de devaluación e inflación acumulados en el año.

Es obvio que fueron las autoridades gubernamentales las que decidieron esa descomunal como inútil operación de salvataje de bancos quebrados y que convirtieron en deuda pública, la que esos bancos tenían con decenas de miles de ahorrantes, bajo el temor de que el derrumbe alcanzara a todo el sistema financiero. Peor aún al reconocer depósitos en dólares destinados a bancos extraterritoriales.

Objetivamente no hay manera de saber si el virus Baninter-Bancrédito-Mercantil se hubiese expandido o no por todo el cuerpo financiero generando un costo aún mayor del que está pagando la nación, pero muchos convienen en que había un camino intermedio que las autoridades ignoraron, marcado por la ley monetaria y financiera que ordena proteger los depósitos hasta 500 mil pesos. Hasta llevándolo a diez veces más, 5 millones de pesos, el costo hubiese sido mucho menor.

El problema es que las autoridades no han ofrecido suficiente información para evaluar la situación con objetividad. Se dice que menos de un centenar de ahorrantes tenían una altísima proporción del déficit de Baninter y es relevante el caso del influyente político reformista Guaroa Liranzo a quien se le honraron 500 millones de pesos, siendo, por demás, tesorero del primer banco quebrado. Es también imposible determinar el efecto que hubiese tenido la bancarrota aún en ese porcentaje que concentraba los depósitos.

            Un hecho objetivo es que sin la quiebra de esos bancos la devaluación e inflación habrían quedado por debajo de la mitad registrada en el año. Lo que obliga a distribuir la responsabilidad con parte del sector privado y los beneficiarios de la corrupción que hizo posible defraudaciones bancarias tan descomunales, tanto del sector público como del privado.

            Algo que contribuyó notoriamente al rechazo generalizado al gobierno, registrado en las encuestas, fue el accionar político caracterizado por el escándalo permanente y el enfrentamiento en el propio partido oficialista, del que se responsabiliza en primer lugar al presidente Mejía, por no entender que en las presentes circunstancias económicas es casi una burla pretender la reelección.

            Cuando se esperaba que el presidente de la nación asumiera la crisis poniéndose al frente de la ciudadanía en busca de consenso para superarla, este dejó de ser “un hombre de palabra” y contradijo cincuenta declaraciones de que no intentaría prolongarse en el poder, sembrando la división hasta en su propio partido, generando mayores incertidumbres incidentes en las expectativas de agravamiento, y concentrando la indignación general. –

Expectativas para un año electoral

          El 2004 sorprende al país en medio de un pesimismo generalizado y pendiente del restablecimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiría contener la crisis, recuperar la estabilidad macroeconómica y volver al crecimiento.

            Pero los factores políticos siguen siendo determinantes en expectativas negativas. Todavía hay quienes creen que el gobierno no logrará el nuevo acuerdo con el FMI, o que lo violará nuevamente como ya ocurrió con el iniciado el primero de septiembre y que no duró un mes, lo que implicaría mayor deterioro económico.

            En el fondo de esas expectativas negativas está el proyecto reeleccionista del presidente Mejía. Se le ve tan lejos de las posibilidades que muchos temen un costo descomunal, no sólo en materia de desestabilización económica, sino también para la democracia.

            La aparente determinación de lograr la continuidad en el poder “al precio que sea”, como ya proclamó un dirigente del grupo en el poder, es el elemento que más incide en el mantenimiento en ascuas del mercado cambiario. La división del partido de gobierno es un indicador de la determinación de pasar por encima de lo que sea necesario para ratificar el continuismo como enemigo de la democracia y la institucionalidad nacional.

            Los análisis más fríos convienen en que es prácticamente imposible que el presidente Mejía retenga el poder en mayo próximo, teniendo en contra un frente tan amplio de sectores políticos y sociales y en las actuales circunstancias económicas marcadas por un círculo vicioso: si no firma con el FMI se agrava la situación económica. Si firma y dispara el gasto por razones electorales, se deteriora más. Y si cumple un programa de austeridad y aún mejore la situación económica, tampoco tendrá tiempo para recuperarse políticamente.

            La declinación del proyecto reeleccionista sigue siendo el mejor camino que tiene abierto el presidente Mejía, quien podría sumir el país en una de sus peores crisis institucionales, pero con muy escasas posibilidades de mantener en el poder más allá de agosto en el actual contexto nacional y continental.

            Las mejores expectativas son que el año nuevo marque el inicio de una rápida recuperación económica y la reafirmación de los avances democráticos de los últimos años, sobre todo en materia electoral.-

         

El paro fue duro golpe al gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Mejía habría vuelto a ponderar la posibilidad de abandonar el proyecto continuista para concentrarse en enfrentar la crisis económica

             La efectividad con que se materializó el paro nacional del martes 11 auspiciado por una espontánea conjunción de fuerzas sociales en rechazo a la política económica del gobierno podría haber marcado el inicio de un proceso para el retiro del proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

            La contundente demostración de rechazo a la política gubernamental causó impacto en altos funcionarios del gobierno y en su dirección política y en los dos días siguientes circularon insistentes versiones de que el primer mandatario habría tomado la decisión de no continuar en la búsqueda de la repostulación presidencial.

            A ello habría contribuido la convicción de que la rígida posición del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hatuey de Camps, y otros tres precandidatos hacen muy difícil la celebración de la convención perredeísta sin alguna fractura          que complique aún más el crítico panorama electoral.

Algo más que un paro

            Lo ocurrido el martes 11 de noviembre, tras un largo asueto por el Día de la Constitución, fue algo más que un paro de labores o una protesta social. Como por arte de magia se produjo una amplia conjunción de fuerzas sociales con el objetivo de “darle una lección al gobierno”, expresándole contundentemente la inconformidad de la población frente a la crisis económica y el prolongado apagón en que está sumido el país.

            Los convocantes eran lo de menos, lo mismo que su ampuloso pliego de demandas. Desde todos los sectores, incluso los empresariales y eclesiásticos, tradicionalmente refractarios a las protestas sociales, esta vez se levantaron voces para defender “el derecho del pueblo a la protesta”.

            Hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que tan despectivamente se expresó en el pasado de los convocantes a paros, hizo énfasis en el derecho a la protesta pacífica, lo mismo que editorialistas y comentaristas de diversos medios de comunicación.

            Y la paralización no pudo ser más efectiva. Industriales, comerciantes y empresarios de los más diversos sectores no mostraron la menor resistencia al paro y algunos no ocultaron su simpatía con la causa. Hasta los transportistas beneficiarios de la distribución de vehículos de este gobierno, optaron por poner sus unidades en remojo.

            Esta vez no hubo que quemar gomas ni obstruir las calles. El paro se produjo como por encanto. Había una población deseosa de enviar un mensaje al presidente Hipólito Mejía. No faltaron quienes lo consideraran asunto de dignidad o de verguenza nacional.                 Fue la primera paralización efectiva contra este gobierno perredeísta, y una de las más pacíficas de cuantas se han efectuado en el país. La mayor violencia la pusieron las fuerzas policiales que causaron 6 muertos y una veintena de heridos de balas y perdigones. Mientras manifestantes extremistas daban muerte a un humilde agente de la Policía.                 Tras el exitoso paro de labores, el comité de convocantes daba un plazo de 30 días al gobierno para que atienda el pliego de demandas, tan amplio y lejano de materializar como rechazar las negociaciones con el FMI, elevar en 100 por ciento el salario de los empleados del gobierno (civiles y militares), reducir el costo de los combustibles y los artículos de primera necesidad y acabar con los apagones.

            Pero lo que quedaba en el ambiente no era una negociación, ni siquiera si el gobierno atendería alguna de las demandas, sino en qué medida recibiría el presidente Mejía el mensaje y ponderaría la necesidad de concentrarse en la búsqueda de solución a los graves problemas nacionales.

Un reclamo persistente

            En las últimas semanas se ha extendido el reclamo al presidente Mejía para que abandone sus pretensiones continuistas y se concentre en afrontar la crisis económica nacional, habida cuenta de que luce casi imposible convalidar un nuevo mandato en las urnas en medio de un deterioro tan acentuado del nivel de vida de la población.

            La petición fue formulada este miércoles por el empresario Franklin Báez Brugal, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa privada, en el almuerzo de los medios de comunicación del grupo Corripio. “La simple retirada de la candidatura del Presidente le traería un gran respiro al país, y todos esos problemas, algunos relacionados con la tasa de cambio, etcétera, se verían en una menor dimensión”, apuntó.

            Pero quien llegó lejos fue el Cardenal López Rodríguez, cuando el jueves calificó situación de la economía como la más grave de la historia de la nación y planteó que el país necesita una mejor dirección y que el presidente Mejía debe apelar a su conciencia para que vea si debe repostularse, dada la situación de crisis desesperante que vive la gente a más de tres años de su gestión.

            Desde los predios perredeístas la demanda ha estado en boca de los precandidatos contendientes, pero también ha sido reivindicada por dirigentes tan ponderados como el doctor Hugo Tolentino Dipp, quien la reiteró esta semana enviando una carta al mandatario, al ser propuesto para integrar la comisión organizativa de la convención que elegiría el candidato presidencial.

            Entre funcionarios del gobierno y seguidores del presidente Mejía hay quienes esperan alguna oportunidad para “insinuarle” la conveniencia de concentrarse en gobernar ahora y privilegiar la integridad del partido, preservándose como factor de unidad.

            Partiendo de la convicción de que el proyecto reeleccionista no solo fractura el PRD, sino que hasta podría dispersarlo, una corriente perredeísta impulsada por precandidatos y mediadores favorece que el presidente Mejía se convierta en factor de unidad y preserve su liderazgo para una circunstancia más propicia frente al electorado.          En el pasado se llegó a ofertársele la presidencia del partido para él o uno de su PPH.

            Preocupado por las serias dificultades para consensuar fuentes que permitan taponar los huecos fiscales que afronta y paliar siquiera la crisis energética, y frente al declive que han arrojado las últimas encuestas, el presidente Mejía habría mostrado reservas en los últimos días. Hasta en altos círculos diplomáticos se han recibido informes indicativos de la disposición del agrónomo Mejía a reconsiderar la situación.

            En diversos ámbitos existe la convicción de que la declinación de la repostulación facilitaría la nueva ronda de negociaciones con el FMI, para lo cual llego el miércoles una nueva misión del organismo, que se teme será muy delicada. Se generaliza el criterio de que el programa de ajustes y las reformas fiscales que requiere urgentemente el país son irreconciliables con una repostulación presidencial de cara a unos comicios en 6 meses.

 

División a la puerta

            Para colmo de males, tras ponerse de acuerdo con tres de los precandidatos contradictores de su repostulación, el presidente Mejía se enfrenta al hecho de que Hatuey de Camps, con el aparato presidencial del partido, el senador Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella se han cruzado en medio del camino para que tengan pasarle un rodillo.

            Tan pronto Mejía, junto a Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla y Emmanuel Esquea Guerrero anunciaron una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional para este sábado 15, Hatuey de Camps formuló un llamado paralelo.

            No hay dudas de que los primeros reúnen las firmas necesarias para validar su convocatoria, pero se inicia otro conflicto que tomaría semanas de discusiones hasta que pueda ser arbitrado por una Junta Central Electoral que despierta incertidumbres. Quedaba abierta la posibilidad de confluir todos en un mismo local, pero entonces serían mayores las posibilidades de choques grupales violentos.

            La situación es tan vulnerable que ni siquiera hay consenso en cuanto al número de integrantes del máximo organismo perredeísta, el cual no sesiona formalmente desde la proclamación de Hipólito Mejía como candidato presidencial en 1999. Mientras Emmanuel Esquea, quien entonces presidía el partido, cree que los integrantes del CEN son unos 700, Hatuey de Camps los cuantifica en 1,600.

            Por donde quiera que se le evalúa, las perspectivas perredeístas apuntan a confrontación y división, excepto en el escenario del retiro de la precandidatura del presidente Mejía, quien entonces quedaría con fuerzas para imponer un mínimo de orden y reducir la magnitud de cualquier fraccionamiento.

            Para la generalidad de los observadores la división está tocando las puertas del partido blanco y esta vez parece que no tendrá un líder carismático con capacidad para recomponer los diversos pedazos en que podría quedar desmembrado.

            Otro factor que estaría pesando en las consideraciones es que las perspectivas no alientan la esperanza de que un candidato presidencial esté electo y reconocido antes de mediados de enero, cuando sólo quedarán cuatro meses para los comicios.

            Por demás, el presidente Mejía habría ponderado el costo político y los riesgos para su gobierno de verse enfrentado a nuevas convulsiones intrapartidarias que pudieran degenerar hasta en violencia, en momentos tan delicados para la economía nacional.  Si el tomar distancia y codearse con otros mandatarios pudiera ayudar al presidente Mejía a comprender la magnitud de la situación, entonces justificaría haberse ausentado del país por cinco días en momentos tan difíciles, cuando el sistema energético está a punto del colapso, dejando a su equipo económico el encargo de buscar mil 750 millones de pesos adicionales para contener el apagón total.

            El viernes nadie sabía de dónde iba a salir esa suma de dinero, dados los déficits que ya se arrastran. Pero mientras tanto, la tasa cambiaria volvía a rondar los 40 pesos por dólar y el petróleo de referencia para el país estaba otra vez a 32 dólares el barril.-               

El gobierno se abre otro frente con la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Genera rechazo el proyecto de ley del Ejecutivo para normar las entidades sin fines de lucro que contradice otro de consenso entre funcionarios públicos y dirigentes sociales

             El proyecto de modificación a la ley 520, sobre instituciones sin fines de lucro, sometido al Senado por el Presidente Hipólito Mejía abre un nuevo enfrentamiento con las entidades más activas de la sociedad civil que promueven otro más completo y de consenso con numerosos organismos gubernamentales en un escenario creado hace 2 años por decreto del mismo mandatario.

            La decisión del Poder Ejecutivo ha causado sorpresa hasta en funcionarios gubernamentales mientras líderes sociales consideran que se trata de una nueva burla a un organismo de participación creado por el actual gobierno, como lo es el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

            Lo peor es que el proyecto peca de superficialidad e improvisación y cae en desaguisados como el de autorizar la disolución de cualquier institución sin fines de lucro por simple mayoría de socios, que podrán repartirse su patrimonio como si se tratara de una empresa comercial, lo que reduciría la cooperación internacional con estas organizaciones.

Un proyecto peligroso

               No es solo que el Poder Ejecutivo haya dejado de lado el consenso gobierno-sociedad civil para reintroducir otro proyecto de ley que nadie discutió previamente. Es que además, la versión que reposa en el Senado contiene disposiciones que podrían causar graves prejuicios a las instituciones sociales que reciben financiamiento de organismos internacionales.

            El más fuerte reparo a la pieza legislativa se refiere al artículo 12 donde se plantea que “una asociación incorporada puede disolverse por voluntad expresa de la mayoría de los socios” mediante solicitud dirigida al Juez del Tribunal de Comercio correspondiente, quien nombrará dos o tres liquidadores para vender en pública subasta los bienes de la misma “y las sumas obtenidas serán divididas entre los socios a quienes coreresponda este derecho según los estatutos”.

            Más fácil aún; en un segundo párrafo del artículo indicado se establece que el tribunal puede prescindir de la subasta “en caso de que todos los socios convinieren en el reparto de la propiedad”.

            A diversos dirigentes sociales ha resultado extraña esta homologación de las entidades sin fines de lucro con las empresas. Se advierte que este artículo podría dar pie a la formación de entidades que el objeto de perseguir financiamiento y donaciones para luego liquidarla y repartirse fondos destinados no a socios ni accionistas, sino a específicos proyectos sociales.

            Se estima que una buena proporción de las más de 10 mil entidades sin fines de lucro que existen, son de una persona o grupo familiar, o de varios amigos. Muchas de ellas, incluídas las de legisladores y políticos, deben su patrimonio al financiamiento estatal. Permitir su reparto por liquidación de la entidad es autorizar un desvío de los recursos públicos.

            De aprobarse tal “facilidad”, muchas instituciones internacionales serían más exigentes y renuentes a financiar proyectos sociales dominicanos, por temor a que sus recursos vayan a parar a manos de vividores, lo que reduciría una fuente importante de ingreso que ha hecho posible el trabajo de instituciones como Profamilia, la Asociación de Rehabilitación o la fundación Dominicana de Desarrollo, para solo citar tres.

            Dirigentes de las entidades sociales involucradas en la promoción de la reforma a la ley 520 salieron la semana pasada a los programas de radio y televisión a denunciar el proyecto. Objetan también el artículo 13 que faculta al Procurador General de la República a disolver cualquier entidad social que “se dedique a un fin ilícito o no realice el fin para el cual fue instituida”.

            Este precepto podría ser utilizado para desmembrar entidades sociales contestatarias de las autoridades. El proyecto tiene disposiciones retroactivas como la de que todas las sociedades actualmente organizadas tendrán que obtener una resolución de incorporación de la Procuraduría General. En otras palabras que se anulan todas las incorporaciones ya dictadas por el Poder Ejecutivo.

Importantes diferencias

            El anteproyecto consensuado contiene numerosos aspectos que son pasados por alto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El primero es un compendio abarcador de 54 artículos, el segundo de 18. Este mantiene aspectos primitivos que podrían regir en 1920 cuando bajo la ocupación norteamericana se promulgó la ley 520 que rige las instituciones sociales. Como los sistemas de registro y cuentas, ahora casi todos computarizados.

            El proyecto oficial, a diferencia del otro, no clasifica la diversidad de asociaciones sin fines de lucro, que las hay gremiales y profesionales, de servicios y técnicas, de beneficio público o beneficio mutuo y mixtas, así como interasociativas y territoriales, religiosas, deportivas o clubísticas.

            Tampoco instituye un organismo para dar seguimiento y fomentar las actividades sociales, ni establece beneficios fiscales, ni se refiere a políticas públicas, habilitación y acreditación de ese tipo de entidades. No promueve la democracia participativa ni fomenta la transparencia en las asignaciones de recursos del presupuesto como hace el proyecto original.

               Ambos proyectos derivan hacia la Procuraduría General de la República la facultad para incorporar entidades sin fines de lucro, pero el consensuado lo extiende a las procuradurías generales de las cortes de apelación, para descentralizarla y facilitar las gestiones de incorporación a los residentes en el interior del país.

               Para la elaboración del proyecto consensuado se tomaron en cuenta y las normativas establecidas en otras naciones. Así mismo se partió de 5 propuestas que ya antes habían sido formuladas, incluyendo una del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otra de la Alianza ONG y hasta el proyecto de código de ordenamiento de mercado de la Secretaría de Industria y Comercio. También el proyecto de ley al respecto del diputado Pelegrín Castillo y la propuesta de ley marco para las entidades sociales, elaborada por la doctora Tirsis Quezada.

Ruptura de otro consenso

            Dirigentes del Instituto Tecnológico Dominicano, del Centro Juan Montalvo, Colectiva Mujer y Salud, la Fundación Solidaridad y el Foro ciudadano, que han promovido el proyecto de consenso, todavía mantienen esperanzas de que sea éste el aprobado y de que el Poder Ejecutivo retire el otro.

            Al respecto realizaban gestiones ante los legisladores y buscaban la movilización de los representantes de los organismos del Estado que participaron en la elaboración del anteproyecto de ley consensuado.

            Pero mientras tanto el paso del Poder Ejecutivo implica el desconocimiento de otra instancia creada por decreto del mismo presidente Mejía, en este caso el 407-01 que constituyó el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

            Recuerda la suerte corrida por el proyecto de reforma constitucional ordenado también por decreto presidencial del 2001 y que fue objeto de un amplio consenso entre organizaciones políticas, estatales y de la sociedad civil, para luego quedar como simple material de referencia.

            El Anteproyecto de Ley para el Establecimiento del Marco Legal de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la RD tuvo origen en diversas consultorías realizadas por el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos cuatro años.

            El proceso de su elaboración se inició en el año 1999. Se celebraron encuentros regionales e intersectoriales para determinar sus alcances. Desde el primer borrador se han producido numerosas modificaciones por sugerencias de líderes sociales y legisladores, después de múltiples encuentros de concertación.

            Fue sometido al Congreso Nacional por primera vez en el año 2000. Enviado a una comisión especial de la Cámara de Diputados, nunca se evacuó el informe correspondiente y allí perimió. No tuvo mejor suerte cuando fue reintroducido en el 2002 por la misma presidenta de la cámara Rafaela Alburquerque y Pelegrín Castillo. En una tercera ocasión, el mismo año, correspondió reintroducirlo a la diputada Licelot Marte de Barrios. Una legislatura extraordinaria volvió a liquidarlo.

            Los promotores recuerdan que en marzo del 2001 hicieron una presentación formal del anteproyecto al presidente Mejía, lo que originó el decreto que creó el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones sin Fines de Lucro.

            En diciembre del 2002, durante un encuentro convocado por el nuevo organismo se conoció el proyecto de ley. Más tarde, en marzo del 2003, otra reunión convocada por el presidente del Consejo, Rafael Calderón, volvió a avalar el proyecto, y se pidió a los organismos del Estado que tuvieran propuestas de modificación que las remitieran para proceder a solicitar al Presidente su reintroducción al Congreso Nacional.

            En el proceso participaron además, de la secretaría Técnica de la Presidencia, la Oficina Nacional de Planificación, la Procuraduría General, Tesorería Nacional, Dirección General de Presupuesto y otros organismos públicos.

|           Como no se conocieron objeciones, todos creían que había un amplio consenso sobre la validez del anteproyecto, hasta que el Poder Ejecutivo, sin previo aviso ni cesantía, remitió su improvisado proyecto al Senado en Septiembre pasado. Y una vez más las promesas de “gobierno compartido” y participación social parecen quedar en los papeles del recuerdo.-

 

El PRD camina a perder su larga preponderancia

Por Juan Bolívar Díaz

Los perredeistas han abandonado el discurso democrático y redentor con el cual ganaron el respaldo de amplios sectores medios y populares  

            El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está en peligro de una división que podría poner fin a la preponderancia que ha mantenido en la política dominicana por más de cuatro décadas, tras llegar del exilio encarnando las expectativas de libertad y democracia de las clases medias y populares.

            Cada semana que transcurre en medio de un profundo enfrentamiento interno motivado por el abandono de los principios redentoristas y antirreeleccionistas que había enarbolado desde su fundación se alejan más las posibilidades de que el perredeísmo pueda unificarse en torno a una candidatura que pueda repetir el triunfo electoral del 2000.

            La ausencia de un liderazgo como los del profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez le hará muy difícil mantener la unidad tras una derrota electoral fruto del descalabro económico en que ha caído el país en el último año, especialmente si el presidente Hipólito Mejía se inmola en las urnas el 16 de mayo próximo.

 

Efectos de la crisis económica

            Hace ya trece meses que se inició la corrida que ha devaluado en cien por ciento el peso y llevado la inflación sobre el 30 por ciento y el descalabro financiero impulsado por desaciertos gubernamentales y la quiebra de tres bancos, configurando una de las peores crisis económicas de la historia de la nación.

            Paralelamente comenzó el desplome del PRD y su gobierno en las preferencias de los electores, como ha quedado evidente en las encuestas Penn & Schoen, Hamilton y Gallup publicadas desde entonces y en otras auspiciadas por partidos políticos.

            Esa caída es perceptible a simple vista para cualquier observador del proceso, y parece indetenible en la medida en que se sienten con más fuerza los efectos de la crisis que ha dejado sin empleo a decenas de miles de personas y afectado a otras tantas que viven de las micro empresas, a golpes de devaluación, inflación y apagones.

            En las clases medias, donde el perredeísmo afianzó sus preferencias durante varias décadas, la crisis económica está produciendo efectos demoledores, pues al ser consumidoras de productos importados, su capacidad adquisitiva se ha reducido en más de un por ciento y muy pocos han podido revaluar sus ingresos. Como secuela se percibe en diversos ambientes y en la opinión pública una desesperanza tan acentuada que pasa al nivel del derrotismo y la frustración.

            La circunstancia de que en medio de un cuadro tan adverso el presidente Hipólito Mejía se mantenga en activa campaña para buscar una reelección “al precio que sea”, determina un mayor rechazo a su gobierno en las clases medias y alta, hasta niveles irracionales.

Un largo enfrentamiento

            El PRD lleva más de 6 meses inmerso en un profundo enfrentamiento interno por la nominación presidencial, sin poder reunir sus organismos directivos, por la convicción general de que detonarían una división.

            La opinión pública ya muestra cansancio de la enconada lucha partidaria motivada básicamente por ambiciones y aspiraciones individuales. Apenas en dos o tres de los 8 precandidatos declarados se sienten vestigios del discurso redentorista del profesor Bosch o de los planteamientos socialdemócratas de Peña Gómez.

            Embullados y ensoberbecidos en el disfrute del poder, muchos de los altos dirigentes del partido blanco no han podido registrar el nivel de deterioro en que están sumidos. Aunque hay quienes se muestran conscientes de que les espera lo peor.

            Uno de los más altos dirigentes del PRD, que no es precandidato, compartió en estos días su convicción de que a ese partido ya le resultará muy difícil ganar la elección presidencial de mayo próximo, aún manteniendo la unidad y cualquiera que sea el candidato.

            “Sólo un milagro nos salva”, expresaba otro dirigente que todavía mantiene esperanzas de que el presidente Mejía abandone sus aspiraciones continuistas, aludiendo a la posibilidad de que escogieran a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, que junto al secretario de Turismo, Rafael Suberví Bonilla, encabeza las preferencias de los perredeístas, de acuerdo a las encuestas.

            La doctora Ortiz Bosch parece ser, entre todos los precandidatos, la que mayores posibilidades tiene de recuperar parte del voto perdido por el perredeísmo entre sectores que creían en los discursos de Bosch y Peña Gómez sobre los cuales se sustentó la fortaleza del PRD.

            Cuando se analizan esas posibilidades se argumenta en contra su condición de mujer, lo que, sin embargo, podría constituirse en factor positivo en las actuales circunstancias, dado el descrédito de la política dominicana, dominada por los hombres. Ella es de los perredeístas que mantienen el discurso socialdemócratas, y cuya imagen es pulcra en términos éticos y de transparencia en su gestión pública. La última vez que se sometió al veredicto de las urnas en 1998, fue electa senadora del Distrito Nacional con el 62 por ciento de los votos.

¿Cuál del grupo de los siete?

               Las dificultades entre los perredeístas no se limitan a las derivadas del continuismo, ya que en el grupo de los 7 precandidatos opuestos a la reelección, tampoco se registra suficiente solidez institucional, espíritu de sacrificio y fortaleza democrática.

            La mejor prueba es que no han podido ponerse de acuerdo para elegir uno entre ellos que enfrente la candidatura de Mejía, aunque al firmar un pacto el 9 de septiembre prometieron que en diez días presentarían un mecanismo al efecto.

            No hay explicación para que no hayan aprovechado las dos encuestas que han auspiciado sobre la reelección presidencial, para determinar cuál de ellos es el preferido del electorado y de los perredeístas como alternativa al continuismo. Es incongruente que crean en las encuestas para una cosa y no para la otra.

            Desde hace varias semanas se registran tensiones al interior de ese bloque y en días pasados se rumoreaba la inminencia de la separación del doctor Suberví, quien todavía guardaría expectativas de ser respaldado para la nominación presidencial por el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

            Meses atrás en sectores del PPH se llegó a considerar la posibilidad de que Hipólito Mejía declinara la candidatura y se discutía a quién apoyar. Unos se iban con Milagros y otros con Fello Suberbí. Es obvio que este les sería más manejable pero también los llevaría más directamente al fracaso por sus evidentes dificultades para sumar votos fuera de la militancia netamente perredeísta, especialmente en las clases medias y altas, donde están los mayores rechazos.

.           Para la generalidad de los observadores, es difícil que el presidente Mejía no termine imponiéndose aunque sea por estrecho margen en la convención que elegiría el candidato perredeísta, habida cuenta del poder que implica la presidencia de la nación. Si no alcanza una proporción muy superior a la mitad de los votos, la división o por lo menos la inhibición, sería muy probable.

Si el grupo de los 7 lograra derrotarlo se haría inminente la división, de la que el PRD sólo se libraría definitivamente ganando las elecciones presidenciales. Si Mejía auspiciara otro candidato o candidata y se da el milagro del triunfo, él quedaría como líder del partido. Si en tal circunstancia pierden, podría aspirar a serlo. Pero si él es el candidato derrotado, los enconos serán mucho mayores, sus capacidades de maniobra menores y la división inevitable. No habría quien unificara. En ese escenario Hatuey de Camps podría emerger con más fuerza interna, pero sin posibilidad de entenderse ya con el PPH.

Adios a la mística y el mito.

            La mística perredeísta vino del exilio antitrujillista, por haber sido el grupo más numeroso y con más personalidades políticas. Cuando llegó al país el 5 de julio de 1961 ya tenía dos décadas de fundado y su principal dirigente, Juan Bosch, ya acumulaba dimensión de líder político.

            El PRD tuvo el mérito de haber roto el miedo e iniciado las luchas abiertas contra el trujillismo, apenas cinco semanas después del ajusticiamiento del tirano. De inmediato Bosch encarnó en las masas populares y echó raíces en los sectores de clase media inscritos en el liberalismo democrático y las reformas sociales, lo que generó la victoria electoral del 20 de diciembre de 1962 con el 59 por ciento de los votos.

            El alevoso derrocamiento del gobierno constitucional, cuando apenas llevaba 7 meses, originó el mito. Aquel había sido un régimen democrático, tolerante de la disensión, y el profesor Bosch salió del poder sin la menor arruga moral.

            El mito y la mística crecieron a consecuencia de la ocupación militar norteamericana que impidió la restauración del gobierno perredeísta, tras la hazaña de la revolución constitucionalista.

            Todo el antibalaguerismo, el nacionalismo y las energías revolucionarias sintonizaron con el perredeísmo en los 12 años del régimen de Balaguer, cuando la fuerza del partido blanco impidió la restauración de la dictadura, lo que alimentó el mito y la mística.

            Ese partido fue tan fructífero en el discurso y sus promesas de redención nacional y en la pluralidad democática, que cuando Bosch lo abandona en 1973, ya Peña Gómez encarnaba un nuevo liderazgo, que ligado con la Internacional Socialista le preservaría la mística y sus preferencias en el electorado.

            Haber desplazado el poder balaguerista en 1978 e iniciado profundas reformas políticas, llevó el poderío perredeísta a la cima, pero pronto empezó a quedar corto en las políticas de redención social y económica. Al final de su segundo período consecutivo, llegó el primer descalabro y una profunda división.

            Sólo la fuerza del liderazgo de Peña Gómez y su elaborado discurso social y político lograron rescatarlo. El despojo electoral de 1994 y el frente conservador que le cerró las puertas en 1996 realimentaron el mito y la mística que sobrevivieron a la temprana desaparición de Peña Gómez, para explicar las victorias electorales de 1998 y el 2000.

            Con el control del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de casi todos los municipios, el perredeísmo ha vuelto a mostrarse incapaz de responder las expectativas, no sólo en términos económicos y sociales, sino hasta en lo político. La mejor evidencia fue como limitaron el programa de reformas constitucionales para renegar de su historia y restablecer el reeleccionismo que ellos mismos habían hecho prohibir apenas 8 años antes.-

El continuismo contradice el ajuste económico

Por Juan Bolívar Díaz

            Apenas transcurrido el primer mes de su aplicación el acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza a hacer agua a causa de la contradicción entre los afanes continuistas del presidente Hipólito Mejía, que tienen al borde de la división al partido de gobierno, y el programa de ajustes económicos.

            En la última semana han aumentando las protestas sociales, aguijoneadas por una de las peores tandas de apagones y por un ambiente de desesperanza y creciente disgusto frente al gobierno, al que se percibe más empeñado en abrirse perspectivas de continuidad “a cualquier precio”, como planteó coordinador general del grupo político del Presidente de la República, que en contener el deterioro económico.

            Aunque los indicadores externos de la economía registran buenos resultados, especialmente en el auge del turismo, las reservas monetarias siguen en disminución y la tasa cambiaria ha vuelto a rondar los 35 pesos por dólar, manteniendo expectativas pesimistas sobre el futuro próximo de la nación.

 

El acuerdo en peligro

            Antes de que concluyera el mes de septiembre, el primero del programa de ajustes económicos y reformas financieras pactado con el FMI, se registraron las prinmeras diferencias con los técnicos del organismo internacional, que viajaron a Washington para consultas.

            El primero de noviembre, cuando harán dos meses del inicio del programa, será la primera revisión y ya hay quienes temen que pueda producirse una suspensión, lo que generaría graves repercusiones sobre la precaria estabilidad macroeconómica.

            Las diferencias se han manifestado fundamentalmente en torno a la recompra de las acciones de la empresa española Unión Fenosa en las dos mayores distribuidoras de energía, lo que pone mayores presiones sobre el déficit fiscal y el endeudamiento de corto plazo.

A esto se suma la suspensión de la aplicación del impuesto del 5 por ciento a las exportaciones de bienes y servicios, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, mientras se espera igual suerte, por la misma razón, para el gravamen del 2 por ciento a las importaciones.

Con el impuesto a las exportaciones, el gobierno se había comprometido a recaudar 2 mil 800 millones de pesos en los últimos 4 meses del año. Si se ve obligado a suspender el de las importaciones el hueco pasaría de los 3 mil 500 millones de pesos, solo hasta diciembre.

Un efecto inmediato del desacuerdo ha sido que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo ha paralizado desembolsos de préstamos millonarios, incluído la primera partida de unos 200 millones de dólares contratados para cubrir viejas deudas del sector energético.

La objeción a la compra de las acciones de Unión Fenosa se sustenta ademas en que el gobierno tendría que pagar nuevas deudas con los generadores eléctricos, por un monto superior a los 100 millones de dólares. En lo inmediato el gobierno se comprometió a pagar a esa empresa 15 millones de dólares, equivalentes a unos 500 millones de pesos, en un cheque certificado que haría efectivo en 15 días.

Con la mayoría de las plantas generadoras de electricidad apagadas, el gobierno tendrá que negociar con los generadores para abonar una buena parte de los 115 millones de dólares que adeudaban las dos distribuidoras estatizadas, lo que implica otros 3 mil 900 millones de pesos.

Por los cuatro renglones citados, el hueco fiscal rondaría los 8 mil millones de pesos, que podrían superar los 10 mil millones, con el pago del salario navideño del gobierno, para el cual no se han podido hacer las reservas correspondientes.

Una decisión aventurera

            Los analistas económicos no han podido entender la racionalidad de la operación de compra de las acciones de la Unión Fenosa, por las implicaciones financieras que conlleva en medio de un programa de ajuste que el mismo gobierno consideró fundamental hace apenas un mes para la precaria estabilidad macroeconómica.

Los políticos entienden que el gobierno buscaba dar un golpe de efecto, habida cuenta del resentimiento acumulado por las distribuidoras de energía a causa de los interminables apangones y del costo de la energía.

            Pero la operación parece ser una peligrosa aventura que persigue ganar bonos políticos, por la inversión que inmediata que implica una reducción considerable de los apagones y justo cuando comienza en octubre a producirse una elevación mensual del 3 por ciento en la tarifa de la energía.

            En adelante el encono popular contra las distribuidoras, se revertirá hacia el gobierno, mucho más si tiene que aumentar la eficiencia en el cobro, difícil de lograr en momentos en que los sectores de menores ingresos están más imposibilitados que nunca para pagar el costo energético. No se olvide que el frustrado impuesto a las exportaciones estaba destinado a elevar el subsidio de la energía de los barrios.

            El gobierno asumió esta semana el control de las dos empresas distribuidoras en medio de apagones de hasta 20 horas diarias a nivel nacional, generadores de protestas en una decena de poblaciones del interior y en barrios capitalinos.

            Al mismo tiempo el petróleo ha vuelto a superar los 29 dólares el barril, después de varias semanas en baja, la tasa cambiaria ha repuntado para volver sobre los 34 pesos por dólar, las reservas monetarias netas se redujeron en 36 millones de dólares en el mes de agosto para quedar en 152.7 millones de dólares. Y el gasto en nómina registra un aumento del 12 por ciento ern los primeros 8 meses del año, contradiciendo propósitos y acuerdos.

            Las precariedades del gobierno se manifiestan en reducción del gasto de capital y elevación sistemática de la deuda interna. Todavía debe 800 millones de pesos de los Juegos panamericanos y esta semabna estaban paralizadas las 500 guaguas de la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses, por falta de dinero para repuestos y combustible, lo que se traduce inmediatamente en mayor disgusto popular.

            Eso en momentos en que ha tenido que desviar 50 millones de pesos para la reparación de los locales públicos afectados por el reciente terremoto, y más de 5 millones de pesos para ayudar a la rehabilitación de viviendas dañadas.

Suben las incertidumbres

            Esta semana la calificadora de riesgos Standard & Poor´s volvió a reducir la posición de crédito de la moneda dominicana, basada en las malas perspectivas para el próximo año.

            Los temores de una ruptura del acuerdo con el FMI alientan las incertidumbres y disminuyen la confianza en el futuro inmediato. Agentes económicos y políticos advierten sobre sus implicaciones para la estabilñidad macoreconómica. Podría desbordar de nuevo la tasa cambiaria, lo que repercutiría sobre la inflación, estimada al 35 por ciento para el año.

            En los ámbitos políticos existe la convicción de que el proyecto continuista del presidente Mejía y el acuerdo con el FMI son incompatibles, porque el gobierno no logrará invertir el proceso de deterioro de su popularidad sin desbordar el gasto. Pero esto a su vez conllevaría mayores penalidades, por vía de la devaluación y la inflación, en un dramático círculo vicioso, de palo si boga y palo si no boga.

            Ya esta semana se anunció un aumento del 9.5 por ciento de los salarios del sector privado a partir de enero, mientras los médicos paralizan los hospitales en demanda de un reajuste de sueldos, y profesores y otros servidores públicos contemplan lanzarse a las protestas.

          Por lo menos en el gabinete económico y entre las autoridades monetarias y financieras hay plena convicción de que es vital el mantenimiento del acuerdo con el FMI, sin el cual quedarían en suspenso cientos de millones de dólares del mismo organismo y de los organismos internacionales.

            De momento la decisión oficial ha sido la creación de una comisión de alto nivel para denogicar con el FMI y los organismos internacionales sobe las implicaciones de la compra de las acciones de Unión Fenosa.

El atrapamiento político

            El atrapamiento político en que se encuentra el partido de gobierno, cada vez más enfilado a la división, es otro factor generador de incertidumbres, de cara a las elecciones presidenciales de mayo proximo. No en cuanto a que pueda haber alternabilidad, sino por el empeño del presidente Mejía en mantenerse al frente del gobierno para otro período de 4 años.

            Cada vez es más generalizado el temor de que el proyecto continuista conlleve retrocesos institucionales que afecten la gobernabilidad y la convivencia política, lo que se inscribe diametralmente en contra de la recuperación de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento.

            Los mismos voceros oficialistas contribuyen a la incertidumbre. Por ejemplo esta semana el coordinador general del PPH y secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, declaró públicamente que el mayor interés del grupo del presidente es conservar el poder “al precio que sea”.

            Pero tanto al PPH como al Partido Revolucionario Dominicano se le va haciendo tarde para recuperar el terreno político perdido. El rechazo al gobierno es tan profundo que llega al absurdo. Ya lo responsabilizan hasta del auge de la violencia intrafamiliar.

            PRD y PPH siguen empantanados en el enfrentamiento por la candidatura presidencial, y el presidente Mejía en vez de aparecer como factor de equilibrio o conciliación, mantiene un lenguaje desafiante y ofensivo frente a sus propios compañeros de partido. Como si creyera el resultado de una encuesta que publicaron esta semana, que le atribuye más del 50 por ciento de las intenciones de voto.

            Cuando finalmente despierten a la realidad será demasiado tarde. Lo malop es que entonces aumentarán los peligros de que intenten arrebatos del “precio que sea”.-

 

 

 

El gobierno no pega una

Por Juan Bolívar Díaz

La compra de acciones a la Unión Fenosa genera rechazos aquí y en España, mientras la Venezuela de Hugo Chávez llega casi al rompimiento de relaciones                                               

            El gobierno del presidente Hipólito Mejía sigue atrapado en una cadena de infortunios en la que nada parece salirle bien, ni siquiera en el viaje a España, donde le abrumaron con recriminaciones de supuesta falta de seguridad para las inversiones, por la compra de las acciones de Unión Fenosa en la distribuidoras de energía, mientras la opinión pública nacional rechazaba la operación.

            La decisión del gobierno venezolano de retirar a su embajador en Santo Domingo y suspender las ventas de petróleo al país, implica revés en la política exterior y mayores dificultades para el flujo del petróleo que conllevarían nuevas cargas financieras y de precios.

            El retiro esta semana del proyecto para gravar las exportaciones con un 5 por ciento, implica otro tropiezo, además de que deja abierto un hueco de 2 mil 800 millones de pesos en el presupuesto del año que declina, que por el momento no se sabe cómo podrá ser tapado.

Le aguaron la fiesta

            La propaganda gubernamental reivindica que el presidente Hipólito Mejía es uno de los dos únicos gobernantes del mundo en ser recibido este año por la realeza y el gobierno de España. Hospedado en la antigua mansión de Francisco Franco, condecorado y agasajado, el mandatario dominicano tenía razón para satisfacciones.

            Antes de viajar el sábado 13 a Madrid, el agrónomo Mejía había precipitado negociaciones un tanto forzadas con la poderosa empresa española Unión Fenosa, al objeto de dejar zanjadas las diferencias que habían emergido públicamente en los últimos tiempos, acompañdas de amenazas de intervención.

            Ya la diplomacia española había dejado claramente sentado su respaldo irrestricto a la empresa y los reclamos de seguridad para sus inversiones. En un encuentro anterior, el presidente del gobierno español, José María Aznar, también había acudido en defensa de los intereses de sus empresarios.

            Pero una vez anunciado el acuerdo con Unión Fenosa, nadie borró ni amortiguó las recriminaciones que se habían guardado al presidente dominicano. Se le echó en cara la falta de seguridad jurídica para las inversiones que estaría predominando en el país. Lo hizo el rey Juan Carlos, el presidente Aznar y el presidente de la confederación de organizaciones empresariales. En tres escenarios diferentes.

            Aunque los españoles tienen aquí otro caso pendiente, por deudas de 15 millones de dólares a recolectoras de basura, lo que desató el vendabal fueron las presiones para liquidar la participación de Unión Fenosa en la distribución de energía, revocando parcialmente la capitalización ejecutada por el pasado gobierno, rechazada por Mejía desde que era candidato.

            Tan a la defensiva quedó el presidente en su estadía en Madrid, que empresarios como Jose Luis Corripio y Elena Viyella, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, tuvieron que salir a defender las garantías que se ofrece aquí a los inversionistas tanto nacionales como extranjeros, testimoniando sus propias experiencias.

¿Una jugada electorera?

            No deja de resultar irónico y contradictorio que mientras en España recriminaban al presidente dominicano por la operación con Unión Fenosa, en el país gran parte de la opinión pública rechazaba la compra de las acciones.

            En general se ha considerado muy alto el costo que tendrá para el Estado, la readquisición de las acciones de Unión Fenosa en las Distribuidoras del Norte y del Sur, que rondará los 700 millones de dólares cuando se concluya en 12 años con una tasa de 12 por ciento anual.

            La operación parece ventajosa en cuanto a que sólo implica en lo inmediato un desembolso de 15 millones de dólares, pero deja un nuevo endeudamiento llamado a agravar la situación financiera de las distribuidoras de energía, ya que han quedado pignorados los ingresos más seguros de los usuarios de electricidad.

            En otras palabras, que buscando una solución coyuntural o inmediatista, se condena el sistema a mayores dificultades. Con el agravante de que esa atadura financiera dificultará que alguna otra empresa quiera invertir para recapitalizar las dos empresas nuevamente en manos del Estado.

            Más que por el valor a pagar a Unión Fenosa, los cuestionamientos se refieren a la carga que constituirán esas dos empresas para el Estado. De ahí que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, llegara a considerar que se trata de una “decisión electorera.”

            La convicción generalizada entre comentaristas y dirigentes políticos es que el gobierno quería dar una demostración de fuerza y al mismo tiempo ganar apoyo resolviendo el problema de los apagones. Hasta agentes del reeleccionismo alentaron esa consideración, que sin embargo luce de poco sustento.

            En caso de que esa haya sido la intención, puede ser que una vez más el tiro esté condenado a salir por la culata, y que se trate de un nuevo y deseseperado aventurerismo político.

            La mejor muestra fue el recrudecimiento de los apagones que siguió esta semana al anuncio del acuerdo con la Unión Fenosa, cuando el suministro se redujo en más de 500 megavatios. Los generadores reclamaron que en el acuerdo no se habla de unos 100 millones de dólares que les deben las dos distribuidoras reestatizadas. El superintendente de energía llegó a hablar de revisar el flamante acuerdo, lo que reavivaría las querellas españolas.

La pregunta del millón es de dónde va a sacar el gobierno los recursos para pagar las deudas de esas distribuidoras y para mantener a flote el sistema durante los 8 meses que distan para las elecciones. El hueco de 2,800 millones de pesos dejados por la suspensión del impuesto a las exportaciones es sólo hasta diciembre. Habría que duplicarlo para mayo.

Con el Fondo Monetario Internacional vigilando los compromisos fiscales y con un programa de aumento de la tarifa del 3 por ciento cada mes, el gobierno no parece haber hecho una buena inversión con la Unión Fenosa. Porque ya no tendrá chivo expiatorio para los apagones.

La crisis con Chávez

            Más allá del desenfado y las desconsideraciones inexcusables del presidente Hugo Chávez, el que las relaciones entre los dos gobiernos hayan llegado casi al punto del rompimiento, es otro revés para el régimen del presidente Mejía, sobre todo por las implicaciones del caso.

            Un desacuerdo de esa magnitud con cualquier gobierno amigo es un tropiezo político, indicativo de pocas habilidades en el manejo de las relaciones exteriores. Pero en este caso está de por medio el suministro petrolero y el Acuerdo de San José que desde 1979 han sostenido Venezuela y México, para aligerar la carga del petróleo sobre los países centroamericanos y del Caribe.

            El anuncio esta semana del retiro del embajador venezolano, probablemente hasta que pasen las elecciones, lo que implica una expectativa de no continuidad del régimen, y de la suspensión del suministro petrolero, causó impacto en el país.

              Se asume que en lo inmediato implica compras al contado del petróleo, en mercados más distantes y a mayores costos. A mediano plazo habría que agregar la pérdida del márgen del financiamiento para obras de desarrollo que prevé el Acuerdo de San José. Sobre una base de denuncias no documentadas, la actitud del gobierno venezolano se corresponde con el temperamento del presidente Chávez, un experto en abrirse frente por todos los confines. Y configura una grave ofensa a una nación hermana, la que al fin de cuenta paga su petróleo.

            Pero el acontecimiento se anota como un revés para el gobierno del presidente Mejía, quien en la primera mitad de su período sostuvo cordiales relaciones con Chávez, pero que subestimó las quejas de éste por el laborantismo en el país del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez y de empresarios de esa nacionalidad.

            Es obvio que nadie podía esperar una actitud tan radical y desconsiderada del presidente venezolano. Pero aparentemente tampoco se hicieron suficientes esfuerzos ante sus denuncias, bien o mal fundadas, adecuadamente canalizadas o poco diplomáticas.

Otros factores negativos

            El que se haya acordado retirar el proyecto de impuesto a las exportaciones, debería ser en sí mismo positivo para el gobierno, pero es negativo el hueco financiero que deja. Además de que implica que la resistencia empresarial le dobló el pulso. No se puede olvidar que la Asociación de Hoteles llegó al grado de desafiar al régimen, pidiendo públicamente a sus miembros que no pagaran el gravamen.

            Debilita la imagen del gobierno por cuanto sus voceros, incluyendo al presidente, pasaron más de dos meses defendiendo ese proyecto, para al final reconocer que no es viable, incluso que había sido sobreestimado.

            A los factores adversos al gobierno hay que agregar la condena salida del Diálogo Nacional a los pronunciamientos políticos reeleccionistas que han formulado mandos militares de la categoría del Jefe del Ejército, sumada a las preocupaciones sobre la Junta Central Electoral, que sectores políticos de oposición exageran.

            Y finalmente, el Colegio Médico Dominicano se lanzó a paros hospitalarios en demanda de reajuste salarial, sueldos y subvenciones a los centros de salud atrasados, lo que podría iniciar una nueva tanda de protestas y paralizaciones en el sector público.

            El alivio gubernamental de la semana fue que la tasa de cambio se redujo en un par de pesos por dólar y que el petróleo de referencia para el país siguió en baja en el mercado internacional, llegando a 27 dólares, una reducción de 4 a 5 dólares sobre los precios que habían predominado en los últimos meses.-

 

La sociedad civil está preocupada por los comicios

Por Juan Bolívar Díaz

Lo concreto de la cumbre fue la comisión de seguimiento a la JCE, mientras una coalición social prepara la observación del proceso

            El proyecto continuista en que se encuentra embarcado el presidente Hipólito Mejía, pese al deterioro popular que muestran las encuestas, ha determinado que la sociedad civil concentre su atención en esfuerzos para que el próximo proceso electoral transcurra con apego a los procedimientos democráticos.

            No fue por accidente que la “Declaración de Compromiso” suscrita en la cumbre del diálogo político nacional efectuada el lunes 8 tuviera como única acción concreta e inmediata la constitución de una Comisión de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral (JCE) para la organización de los comicios presidenciales de mayo próximo.

            Al mismo tiempo, una coalición de organizaciones sociales de los más variados sectores ha iniciado la coordinación de esfuerzos para la observación del proceso electoral, no solo en la jornada de votación, sino también en la campaña proselitista, temiendo el abuso de los recursos estatales que ha caracterizado las reelecciones presidenciales.

 

Fuerte preocupación

            La sociedad civil dominicana, que los agentes del pasado gobierno peledeísta llegaron a calificar de pro perredeísta muestra fuertes preocupaciones por la limpieza de las próximas elecciones presidenciales, por el hecho de que el presidente Hipólito Mejía aspira a la reelección.

            La tradición antidemocrática que ha caracterizado los proyectos reeleccionistas en la historia nacional y latinoamericana desbordan las preocupaciones del liderazgo de las organizaciones sociales más activas de la sociedad civil.

            Hace dos meses quedó constituída una coalición de más de 80 organizaciones de los más diversos sectores sociales, originalmente motorizada por la corrupción pública y privada implícita en la quiebra del Banco Intercontinental y en la necesidad de justicia sobre el particular.

En el documento constitutivo figuraba el compromiso de dar seguimiento al proceso electoral en marcha, y concretamente se adelantaba apoyo a la observación electoral que desde 1996 realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

            La iniciativa correspondió a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De inmediato abarcó a decenas de instituciones populares, sindicales, gremiales, religiosas y empresariales.

            En la medida en que se ha diluído la atención en el caso Baninter ha crecido la preocupación por la transparencia y limpieza del proceso electoral y particularmente por la situación de la JCE, sometida hasta hace poco a serias divergencias internas.

La coalición trabaja en la creación de numerosas comisiones. Se propone esfuerzos por el fortalecimiento de los órganos electorales, colaborando en ámbitos como el reclutamiento del personal más capacitado para operar los colegios electorales y el monitoreo de la propaganda para desalentar el abuso de los recursos estatales, no sólo a nivel del Poder Ejecutivo, sino también del municipal.

El compromiso de la cumbre

            La “Declaración de Compromiso” suscrita por el presidente Hipólito Mejía, los presidentes de los tres partidos mayoritarios, representantes del Consejo de la Empresa Privada, el Consejo de Unidad Sindical y de la Iglesia Católica, es un enunciado general de propósitos para el fortalecimiento democrático institucional, la gobernabilidad, la recuperación económica y la compensación social.

            El documento es tan teórico que pudo ser firmado sin mayores objeciones por el liderazgo político. Evadió cosas tan concretas como el acuerdo recién aprobado por el Fondo Monetario Internacional, aunque recoge los aspectos básicos del mismo: regulación y supervisión bancaria, equilibrio presupuestario, austeridad pública y reforma tributaria, con políticas para restablecer la estabilidad macroeconómica.

            Se echó de menos un compromiso específico para dar seguimiento al acuerdo con el FMI, especialmente en lo referente a los recursos financieros que se derivan del mismo, que es una de las mayores preocupaciones, dada la tradición gubernamental de desbordamiento del gasto público en las campañas electorales, especialmente cuando ha habido repostulación presidencial.

            En sus propósitos, la declaración comienza con la promoción de “la fidelidad y el estricto apego a los valores democráticos”, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática a todos los niveles del Estado y la democratización y consolidación de los partidos políticos como instrumentos de la democracia representativa.

            El segundo capítulo se refiere a lo electoral, proponiéndose “Seguir fortaleciendo la credibilidad en los órganos del sistema electoral, particularmente con miras a las elecciones presidenciales del 2004, de modo que se garantice un proceso electoral libre, transparente, creíble y participativo, sin distorsiones ni irregularidades de naturaleza alguna, procurando la creación de espacios de vigilancia y seguimiento con la participación nacional e internacional, antes, durante y después del proceso electoral”.

Comisión de Seguimiento

            La única acción concreta inmediata que se deriva del compromiso es la designación de una “Comisión de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral”, cuyos integrantes fueron señalados de inmediato. Tiene como coordinador al Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y a su vicerector Radhamés Mejía de secretario.

            Los demás integrantes son cuatro empresarios, Rafael Perelló, Celso Marranzini, Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, el reverendo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica (CODUE) y el doctor José Joaquín Puello, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

            El empresariado está obviamente sobrerepresentado en la comisión, echándose de menos al sector sindical, los intelectuales y las organizaciones sociales populares que activan en la lucha por el fortalecimiento institucional y democrático. De cualquier forma, lo relevante es que la preocupación por los próximos comicios domina el contexto de la declaración.

            La creación de la comisión despertó inmediatos recelos en la JCE, donde algunos jueces expresaron preocupación de que se tratara de un órgano paralelo al estilo del creado para las elecciones de 1986. Se adelantó que tendría que ser un grupo de colaboración, como el integrado para los comicios del 2000 que ofreció ayuda técnica para el centro de computación, tanto en la etapa de elaboración del padrón electoral como en el procesamiento.

            Un “encuentro social” organizado de inmediato por Monseñor Núñez Collado en su residencia, reunió a jueces electorales y comisionados para disipar prejuicios o temores. Allí se convino que la comisión sería de apoyo y colaboración con el órgano del arbitraje electoral, no de observadora ni de supervisora.

            En ese contexto tanto el presidente de la JCE, Luis Arias, como el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, expresaron públicamente su complacencia, tras descartarse que los comisionados vayan a incursionar en los asuntos internos del organismo electoral.

Urge fortalecer la JCE

            En amplios ámbitos de la sociedad civil, y particularmente en Participación Ciudadana, prevalece el criterio de que deben aunarse esfuerzos para fortalecer la JCE, con una política de colaboración más que de cuestionamientos públicos.

            Esa es la junta que va a organizar los comicios y debilitarla con denuncias, a menudo sin suficiente fundamento, sólo contribuiría a la falta de credibilidad en el proceso electoral.

            Se puso de ejemplo la denuncia del supuesto “dislocamiento” de más de 900 mil electores. Antes de los comicios del 2002 se denunció unos 700 mil “dislocados”, falsedad que quedó en evidencia el día de la votación.

            En realidad se trata de los ciudadanos y ciudadanas transferidos a nuevas mesas o colegios electorales o cambiados de locales por saturación. Se les avisó por correo, a través del teléfono y con pancartas en los centros de votación. En informe de observación de Participación Ciudadana certificó como insignificante el número de electores que no encontraron su centro de votación.

            De cualquier forma, la JCE ya está llamando a esos ciudadanos a que acudan a los centros de cedulación para actualizar su documento de identidad. De lo que se trata es de consignarle el número y local de su colegio electoral. Aunque en su mayoría ya saben donde les toca votar.

            Ese problema quedará minimizado ahora que desaparece el llamado “colegio electoral cerrado”, con lo cual la ciudadanía tendrá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para votar, y en consecuencia los trasladados dispondrán de mayor tiempo para informarse de la ubicación de su colegio electoral.

            En última instancia, la sociedad civil podrá colaborar y hasta disuadir las permanentes tentaciones de la trampa y la imposición, pero es a los partidos a través de sus delegados políticos y técnicos a quienes corresponde la mayor cuota en la transparencia del proceso preparativo y en el cómputo. La ley electoral les otorga facultad y participación en la toma de decisiones concernientes a la organización de los comicios, en el levantamiento de las actas y el procesamiento de los resultados.-

El gobierno requiere un golpe de suerte

Por Juan Bolívar Díaz

Las ácidas críticas de la Iglesia y el desafío de sectores empresariales se suman a la crisis financiera y los enfrentamientos intrapartidarios                                     

            El gobierno del Presidente Hipólito Mejía parece urgido de un golpe de suerte que le permita invertir la caída libre de popularidad que lo ha afectado en el curso del año, al compás de la crisis financiera, las precariedades del servicio energético y los enfrentamientos en el seno de su propio partido.

            Como si las crecientes protestas populares y el ambiente de frustración que se respira no fueran suficientes, en la última semana ha tenido que enfrentar ácidas críticas de la Iglesia Católica, tanto en los niveles de la jerarquía como de las bases eclesiásticas y desafíos de los sectores empresariales que resisten las cargas impositivas establecidas por decreto.

            Las mayores expectativas parecen cifradas en la inminente firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo que espera una inyección de divisas que produzca una reducción significativa de la tasa cambiaria, llamada a reflejarse en una contracción de la inflación que sigue consumiendo el poder adquisitivo de la población.

Cadena de infortunios

            La semana comenzó con la tasa de cambio nuevamente en alza, tras dos semanas de contracción en que el costo del dólar se había reducido de 35 a 33 pesos. De inmediato las aguas se agitaron con una infortunada declaración del coordinador general del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

            Eligio Jáquez incurrió en la temeridad de adelantar que el PPH orientaría la inversión del fondo de cien millones de dólares que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de compensación a la pobreza incrementada por las cargas que ha impuesto la devaluación de los últimos meses.

            El rechazo a esa afirmación fue generalizado y aumentó la desconfianza sobre el manejo que hará el gobierno de los recursos externos que se esperan del acuerdo con el FMI en medio del temerario proyecto reeleccionista en que se ha inmerso el Presidentre de la República.

            La generalidad de la opinión pública teme que el régimen que encabeza Hipólito Mejía subordinará esos recursos a su interés continuista. Muy pocos creen que pueda cumplir con la austeridad y la reducción del gasto público que demanda la situación financiera de la nación.

            Hasta el propio mandatario y el director de presupuesto tuvieron que salir al frente para negar la posibilidad de que el PPH paute el proyecto de compensación social, aduciendo que esos recursos están contemplados en el presupuesto nacional.

            En el fin de semana pasado los apagones volvieron a brillar en su máximo esplendor, mientras el gobierno desarrolla una nueva confrontación con las empresas capitalizadas a las que viene amenazando sin poder darle el menor golpe.

            En San Francisco de Macorís los barrios siguieron protagonizando protestas por los apagones y la política económica, con una nueva víctima mortal, el joven Dionisio López Sánchez, de 20 años, la octava en las últimas tres semanas.

            En muchos de los hospitales públicos de la capital y las ciudades del interior médicos y enfermeras protagonizaron paros de labores, esta vez reclamando el pago de dos quincenas de salarios atrasados, a consecuencia de que los limitados ingresos tuvieron que ser gastados en el compromiso de los Juegos Panamericanos.

            Denuncias de brotes de dengue, que han cobrado una treintena de víctimas mortales en el hospital infantil Reid Cabral y en el interior, particularmente la inquieta ciudad de San Francisco de Macorís, configuraron un panorama conflictivo en el sector salud.

El ataque de los curas

            El presidente Mejía logró escapar a mediados de la semana anterior de la descarnada crítica del embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, en la inauguración de un seminario sobre “el buen gobierno”, gracias a que el texto fue adelantado a las autoridades.

            Pero el mandatario no tuvo la misma fortuna cuando el domingo acudió a la festividad patronal de su pueblo natal, Gurabo, sin sospechar que sería planchado allí por el cura párroco Milton Amparo Tapia, quien formuló una fuerte crítica al gobierno, al que llegó a considerar el peor que ha tenido el país tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.

            Gran parte del país se deleitó con el valor y hasta el atrevimiento del sacerdote, quien desconcertó a Mejía y sus acopañantes por las críticas que formuló en su homilía, llegando a la exageración cuando consideró al presidente Mejía como un dictador, algo muy superior a los rasgos autoritarios contenidos básicamente en su discurso.

            El padre Amparo Tapia quedó convertido en el verdadero guapo de Gurabo, siendo comparado por el presidente con el párroco de Cristo Rey, Rogelio Cruz, cabeza de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en los barrios capitalinos.

             Pero la figura más relevante de la Iglesia Católica dominicana no se quedó atrás. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se manifestó en dos ocasiones. La primera el domingo cuando rechazó una nueva reforma constitucional sugerida en los ámbitos perredeístas, con el arguimento de que sería protagonizada por “bandas de cuatreros”.

              A mitad de semana el purpurado urgió a detener la “hemorragia económica”, la devaluación del peso y el deterioro de la calidad de la vida, así como a resolver los problemas energéticos que “mantienen a los ciudadanos crispados, nerviosos y molestos”.

              El padre Regino Martínez, vino desde Dajabón para sumarse a las críticas diciendo que la mayoría de la población se siente “desamparada y desprotegida” en medio del empeoramiento de la situación económica.

            No se trató de una ofensiva concertada, pero sí de una expresión del rechazo que está generando el gobierno tanto en los niveles jerárquicos como en las bases eclesiásticas. Las contradicciones lucen tan agudas que el cardenal hasta responsabilizó al gobierno de los actos de otro cura y capellán militar acusado de violación de menores, diciendo que lo habían ascendido después que él lo separó de la responsabilidad parroquial.

            Un mordaz comentarista adujo que la suerte del gobierno está tan de capa caída que hasta le quieren cobrar las inconductas de un sacerdote, no en el ejercicio de capellán, sino en el de párroco. Como al “dedo malo que todo se le pega”.

El desafío empresarial                                                       

            La suerte del gobierno no ha sido mejor ultimamente con otro de los poderes fácticos, el empresariado, que lo ha desafiado a propósito de los decretos que instituyen recargos impositivos del 2 por ciento a las importaciones y del cinco a las exportaciones.

            El Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto a otras entidades sociales, levantó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de los impuestos por decreto. Según el inciso 1 del artículo 37 de la Constitución de la República es facultad del Congreso “Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”.

            Los impuestos por decreto fueron tolerados al presidente Joaquín Balaguer, quien llegó a implementar mediante esa vía toda una reforma fiscal al comienzo de la década de los noventa. También el presidente Leonel Fernández apeló a esa práctica cuando elevó al 5 por ciento el recargo cambiario.

            Pero la sociedad dominicana en general luce ahora más empeñada en la observancia de la institucionalidad democrática, lo que pretende ignorar el gobierno que podría hacerlo por ley, al disponer del 90 por ciento de los senadores y casi la mitad de los diputados.

            Claro que también influye la renuencia empresarial a pagar mayores impuestos, aún en la circunstancia en que el gobierno requiere más recursos para hacer frente al descalabro financiero que ha beneficiado a los exportadores por vía de la devaluación del peso.

            La confrontación empresarial ha llegado tan lejos que la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes ha planteado un boicot al decreto que grava las exportaciones y el turismo, sugiriendo a sus afiliados que no paguen el recargo del 5 por ciento.

              Tal posición sin precedente en el país fue respondida por el secretario de Finanzas quien dijo que cobrarán el impuesto “llueve truene o ventee”. Contradictoriamente y como para afianzar las dudas sobre la disposición a cumplir el acuerdo con el FMI, en el renglón de este correspondiente a Política Fiscal y Sostenibildiad de la Deuda se establece que a finales de agosto se procuraría la aprobación del Congreso a esos impuestos.

                Para colmo de males, la Suprema Corte de Justicia mostró prisa esta semana en conocer la instancia, aún sin la opinión del Procurador General de la República, lo que originó otra confrontación al gobierno.

                Pocos dudan sobre la inconstitucionalidad de los decretos impositivos. Y mucho menos entienden que el gobierno pueda correr el riesgo de que la Suprema Corte le propine el revés de la anulación de los decretos, pudiendo haber contenido los ímpetus con un proyecto legislativo.

                 A todos esos infortunios hay que agregar la confrontación que mantiene el Presidente Mejía y su PPH con el resto del Partido Revolucionario Dominicano. El discurso del mandatario volvió a ser desafiante y excluyente cuando a mitad de semana proclamó en San Cristóbal que no le ganan “los pericos ni los programas de televisión”.

                 Su última propuesta de establecer la mayoría de votos para elegir el candidato del PRD, fue enmendada el miércoles para reducirla a la mayoría simple si el que queda en primer lugar recibe por lo menos 10 por ciento más que el segundo.

                 En medio de la desconfianza generalizada, los otros siete precandidatos perredeístas parecían inclinados a rechazar la propuesta presidencial, lo que conlleva una extensión por tiempo indefinido de la confrontación intrapartidaria que tanto contribuye al desasosiedo y la incertidumbre.

                  Definitivamente, el gobierno requiere de un despojo, con ruda, rompe-saraguey o amansa bravo. Porque todo parece salirle por la culata.-

 

Balance desfavorable a 3 años de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

En términos económicos y políticos el régimen perredeísta está a la defensiva y sus perspectivas electorales lucen tan malas como las del PLD hace 4 años

             Al agotar las tres cuartas partes del período gubernamental, los resultados no parecen favorecer la gestión del presidente Hipólito Mejía y del Partido Revolucionario dominicano (PRD) ni en el orden político ni mucho menos en el económico y las perspectivas para el último año no son nada alentadoras.

            Profundamente dividido el partido de gobierno en medio de la peor crisis económica de la última década, el régimen está totalmente a la defensiva, dependiendo de recursos externos para tratar de revocar los reveses en que se ha sumido en el último año y con un desgaste de imagen de grandes proporciones.

            A la misma altura del anterior gobierno la economía del país era mucho mejor, con un crecimiento sostenido alrededor del 7 por ciento, pero contradictoriamente los factores políticos le eran tan adversos que el PRD y su candidato presidencial Hipólito Mejía se perfilaban claros ganadores en los comicios del 2000, como ocurre ahora con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández de cara a los del 2004.

Hasta la primera mitad

           En las actuales circunstancias y las perspectivas, el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía podrá ser dividido en dos mitades, una primera donde mantuvo la iniciativa, a pesar de un escenario internacional duramente adverso, logrando relativos éxitos, y a partir del tercer año francamente a la deriva y con una enorme desaprobación como se refleja en las encuestas y en la opinión pública.

            Las considerables realizaciones de obras repartidas como nunca en la geografía nacional, numerosas reformas e intentos de establecer canales de participación social y el haber mantenido la estabilidad macroeconómica pese a la recesión internacional, la caída del turismo y las zonas francas y el alto costo del petróleo, fueron logros de los primeros dos años.

            El Fondo Monetario Internacional estimó en unos 2 mil 300 millones de dólares la penalidad que ocasionó al país el schock económico externo de los dos primeros años de este gobierno. Pese a ello todavía el año pasado la economía creció, y hasta agosto del 2002 hubo estabilidad cambiaria y con baja inflación del 4 por ciento en los primeros 8 meses de ese año. Fuerte endeudamiento externo compensó en parte la reducción de lo singfresos de divisas y el gasto en petróleo.

            Una de las mejores distribuciones de la inversión pública en términos geográficos, con mayor atención a la educación, la salud y la producción agropecuaria desarticularon las protestas sociales y mantuvieron la fuerza electoral perredeísta hasta el punto de haber ganado los comicios en 29 de las 32 provincias en mayo del año pasado.

            En materia de reformas legislativas hubo una gran cosecha en la primera mitad, con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Social, reforma fiscal que aumentó los ingresos, y con la aprobación de los códigos de Educación y Salud, y nueva ley sobre combustibles.

            En los primeros dos años el gobierno creó por decretos numerosos escenarios de participación y consulta social que si bien en su mayoría no han funcionado o dejaron de hacerlo posteriormente, en la etapa inicial crearon buenas expectativas de cambios.

Tercer año devastador

            El nivel de aprobación que se manifestó en las elecciones congresionales y municipales comenzó a esfumarse casi de inmediato, cuando el gobierno no pudo contener el deterioro del servicio energético y desde septiembre cuando inició el inútil salvataje del Banco Intercontinental con adelantos y redescuentos que a marzo último alcanzaban los 8 mil millones de pesos y terminaron por desatar los demonios de la devaluación y la inflación.

            La persistencia en un gasto corriente desproporcionado y la quiebra de dos bancos han sido determinantes del deterioro económico que puso fin a una década de crecimiento sostenido, con perspectivas de concluir este año con 3 por ciento de descrecimiento, con cerca del 60 por ciento de devaluación e inflación del 35 por ciento.

            La contrareforma constitucional que en julio del año pasado abrió las puertas nuevamente al reeleccionismo y la consiguiente prioridad del interés continuista contribuyeron a una complaciente política de reconocimiento de todos los depósitos en la descomunal quiebra del Banco Intercontinental, lo que terminó por hundir la economía nacional.

            Basado en el temor de que el hoyo de 56 mil millones de pesos dejado por el Baninter succionara todo el sistema financiero, el gobierno convirtió en pública esa enorme deuda privada, desestabilizando la economía y generando un ambiente de dramático pesinmismo y rechazo. Hasta los sectores empresariales que desde la Junta Monetaria y el sector financiero abogaron porque honraran hasta los depósitos en el banco extraterritorial de Baninter han dejado solo al gobierno y ahora le imputan toda la responsabilidad. Ni hablar de la población que está pagando dramáticamente el costo en pérdida de la capacidad adquisitiva, inflación y desempleo.

Retroceso institucional

            En diversos sectores se percibe un deterioro institucional con un discurso presidencial y actos crecientemente autoritarios, que incluyen desproporcionada represión de incipientes protestas populares, con balance de 5 muertos y numerosos heridos en dos semanas, y con el establecimiento de impuestos a las importaciones y exportaciones volándose la aprobación congresional.

             La percepción generalizada (hasta 75 por ciento en las encuestas) es que la corrupción ha florecido, que hay excesivo tráfico de influencia al amparo de políticas poco transparentes en la contratación de obras y servicios y en desproporcionadas compras de equipos y vehículos.

            La autorización de asilo al expresidente ecuatoriano Gustavo Noboa, sin más base que la amistad personal con el presidente Mejía, el complaciente envío de soldados dominicanos a Irak y las obvias incoherencias en el manejo de la crisis del Baninter, y sobre todo la persistente crisis energética son factores generadores de descrédito.

            A todo ello hay que añadir el golpe sufrido por la imagen presidencial cuando el agrónomo Mejía se olvidó de su consigna “soy un hombre de palabra” para contradecir sus decenas de afirmaciones y juramentos de que no optaría por buscar la reelección, sembrando el desconcierto hasta en su propio partido.

            A todo ello hay que añadir el desgaste de la imagen del presidente Mejía como consecuencia del enfrentamiento que protagoniza con los principales líderes de su partido en torno a la candidatura presidencial del próximo año, con la correspondiente incoherencia gubernamental, que incluye la licencia de buena parte de sus altos funcionarios, todo ello incomprensible e injustificable en medio de una grave crisis económica.

            El récord de las encuestas sobre preferencias políticas desde septiembre del año pasado, no deja dudas del deterioro de la imagen del gobierno y su partido. La aprobación gubernamental cayó a niveles inferiores al 40 por ciento, mientras las preferencias por el PRD y sus posibles candidatos se redujo sistemáticamente hasta plantarlo en la segunda posición y hasta en la tercera, lejos de la primera.

            Y tanto las perspectivas económicas, como la guerra interna en el PRD no auguran muchas posibilidades de recuperación para el PRD, cualquiera que resulte finalmente su candidato, de caras a los comicios presidenciales dentro de 9 meses.

Al tercer año del gobierno del PLD

            Al tercer año del gobierno del doctor Leonel Fernández y el PLD, las perspectivas económicas eran mucho mejores pero contradictoriamente aparecía atrapado en términos políticos. Las encuestas, como ahora, marcaban una clara tendencia al triunfo de Hipólito Mejía y su partido.

            En la primera mitad del 1999 la economía había crecido al 6 por ciento y la inflación era negativa, con menos 0.62 por ciento, aunque ya se empezaba a padecer el alza del petróleo que ha golpeado la economía nacional en los últimos 4 años.

            El gobierno, empero, afrontaba crecientes demandas de alzas salariales, con protestas sociales derivadas de la concentración de la inversión pública en la capital y Santiago y del deterioro del servicio energético, incluyendo un alza tarifaria del 5 por ciento. Con todo entre julio y agosto de ese año el presidente Fernández inauguró 400 obras, incluyendo el corredor de la avenida Kennedy.

            Una enorme ola delictiva provocó hasta un mensaje del episcopado y el ofrecimiento de ayuda al Procurador por funcionarios norteamericanos para combatir la delincuencia, pese a que la jefatura del general Pedro Candelier ya desarrollaba su campaña de exterminio de delincuentes y presuntos delincuentes.

            En julio Hipólito Mejía y el presidente del PRD, Hatuey de Camps, visitaron en Palacio al presidente Fernández que buscaba un “pacto histórico” de gobernabilidad y legislativo. El mandatario volvió a reunirse con de Camps en agosto con el mismo objetivo. Algo similar ocurrió a fines de julio pasado cuando Mejia y Fernández se comprometieron a buscar consenso para enfrentar los problemas nacionales.

            Al cumplir tres años en el poder, el presidente Fernández, como el doctor Joaquín Balaguer reconocieron la Junta Central Electoral, tras casi un año de confrontación. Mientras perredeístas y peledeístas se disputaban el favor del caudillo colorado con miras a la segunda vuelta del 2000.

              Mejía y de Camps sacaban ventaja apoyando a Rafaela Alburquerque para que hace 4 años asumiera por primera vez la presidencia de la Cámara de Diputados. El PLD seguía perdiendo el tiempo, mostrando excesiva dependencia de una nueva alianza con los reformistas que se veía imposible de repetir.

              Y Danilo Mejía iniciaba su campaña electoral, tras la maquinaria gubernamental imponerlo sobre el favorito Jaime David Fernández. La encuesta de Hamilton para HOY al comenzar septiembre de 1999 otorgaba 44 por ciento al PRD, 23 al PLD y 19 al PRSC.

               La Gallup para Rumbo de esos mismos días marcaba similares preferencias: 45 para el PRD, 26 para el PLD y 18 para el PRSC. Por candidatos Hipólito Mejía duplicaba a Danilo Medina 47 a 23 por ciento, tendencia que se mantuvo hasta los comicios del 2000.-

Por Juan Bolívar Díaz

La penalizante tanda de apagones, los incrementos de precios y la crisis del PRD neutralizan los efectos distensivos que se esperaban de los Juegos Panamericanos

             Anunciado el acuerdo que se espera definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las expectativas de las autoridades nacionales siguen cifradas en que produzca una contracción significativa de la tasa cambiaria y reduzca las tendencias inflacionarias que afectan la economía.

            En lo inmediato nuevos incrementos en los precios de los combustibles y anuncios de inminentes alzas en la tarifa de la energía eléctrica junto a la persistente crisis en el partido de gobierno, siguen presentando inciertos los planes políticos del Presidente Hipólito Mejía.

La tanda de apagones que sufre el país desde hace varias semanas no ha mermado ni siquiera en ocasión de los Juegos Panamericanos manteniendo el disgusto de la ciudadanía, expresado en crecientes protestas sociales, y neutralizando los efectos distensivos que se esperaban del evento internacional que se ha desarrollado con significativo éxito.

El acuerdo con el FMI

            El acontecimiento más significativo de la semana ha sido el anuncio del Banco Central dominicano y de las autoridades administrativas del FMI sobre un acuerdo Stand-By que implica un amplio programa con el objetivo de estabilizar la economía nacional.

            Las autoridades nacionales no solo entregaron a conocimiento público la carta de intención sino la totalidad del acuerdo que esperan sea firmado a fines de este mes, tras su aprobación por el directorio del organismo internacional. Implica los memorandos sobre políticas económicas y técnico de entendimiento, un plan de acción para una fuerte reforma del sector financiero, así como las metas cuantitativas, medidas previas, criterios de desempeño estructural e indicadores estructurales para lo que resta de este año y el 2004.

            El acuerdo comprende una gran cantidad de acciones tendientes al saneamiento del sector financiero para evitar nuevas ocurrencias como las que determinaron las quiebras bancarias que han desestabilizado la economía nacional, así como reformas fiscales a ejecutarse el año próximo y que se estiman fundamentales para revertir la crisis y recuperar la estabilidad y el crecimiento económico.

            Pero tal como reconocieron los funcionarios del área económica del gobierno, el acuerdo implica en lo inmediato una fuerte recesión de la economía nacional, por vía de la reducción del gasto y hasta de la inversión pública, como por la disminución de la inversión privada.

            El país recibirá ayuda del FMI por 618 millones de dólares pero sujeta a evaluaciones bimestrales en lo que resta del año y trimestrales a partir del 2004. Abrirá las puertas para ejecutar proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por otros 600 millones de dólares.

            Sin embargo, los efectos de esa inyección de divisas serán progresivos como su recepción, que empezaría con 100 millones de dólares del Fondo Monetario. Los proyectos están sujetos a programas de ejecución que se espera puedan estar en marcha en los 24 meses de vigencia del acuerdo.

            Contrario a las ilusiones de algunos dirigentes perredeístas, es muy probable que antes de las elecciones del próximo mayo, no se haya recibido más de la tercera parte de los mil 200 millones de dólares que conlleva el programa financiero. Eso quiere decir que la mayor parte de sus efectos positivos no se habrán reflejado para la campaña electoral.

            La estrecha vigilancia de una misión permanente del FMI y las evaluaciones de cada dos y tres meses, obligará al gobierno a cumplir las metas a que se ha comprometido o de lo contrario tendría que afrontar las consecuencias negativas de la paralización del programa.

Mayores penalidades

            Además del recargo del 2 por ciento a las importaciones y la comisión del 0.15 por ciento a los cheques bancarios, acordados en la primera fase de las negociaciones y ya en vigencia, se ha agregado ahora el recargo temporal del 5 por ciento a las exportaciones y el turismo.

            Desde este mismo fin de semana vienen nuevos aumentos de precios a los combustibles y un alza mensual del 3 por ciento a la tarifa de la energía. El gobierno busca prorratear el efecto inflacionario de esto último, pero el documento entregado no indica durante cuantos meses se aplicará, aunque señala que será “hasta llegar al nivel necesario para cubrir los costos”. Ya antes se había dicho informalmente que la tarifa de la electricidad tendría que ser elevada por lo menos en un 40 por ciento.

            Sólo los residentes en la marginalidad barrial escaparán de esos aumentos, manteniéndose el subsidio que reciben, incrementado ahora por la devaluación, y que sería cubierto con unos 3 mil millones de pesos que daría en lo que resta del año el recargo a las exportaciones.

            Los estrategas gubernamentales andan buscando otras fórmulas para recaudar recursos extraordinarios, como la decretada el jueves consistente en el cambio de las placas de los vehículos de motor, con tasas que oscilan entre mil 250 y 2 mil 245 pesos.

               La población pagará mayores penalidades con el desempleo que conlleva la recesión económica, y con la reducción de la inversión pública que dejará paralizadas hasta el final del actual gobierno centenares de obras, prosiguiéndose una práctica que data de las últimas dos décadas, aún en los años noventa de estabilidad y crecimiento.

            En los escenarios contemplados en el acuerdo con el FMI la economía sufrirá un descrecimiento del 3 por ciento al finalizar este año para repuntar en los fnales del 2004 cuando se espera vuelva a crecer pero sólo en 0.5 por ciento. Mientras la inflación prevista para el 2003 es del 35 por ciento, 12 puntos más que lo registrado en la primera mitad del año.

Un creciente disgusto

            Lo que se respira en todos los sectores sociales es un creciente disgusto con la gestión gubernamental, a la que se responsabiliza hasta más allá de lo razonable por la totalidad de la crisis económica, sin considerar los efectos derivados de factores internacionales y los de la irresponsabilidad de una parte considerable del sector financiero privado.

            La tanda de apagones de las últimas semanas, que en algunas regiones llegan a 18 horas por día, exacerba el ánimo de la población. El hecho de que muchas plantas no hayan sido encendidas ni siquiera en ocasión del compromiso internacional de los Juegos Panamericanos, indica la precariedad financiera que afecta al sector. Mientras el precio del petróleo se mantiene impertérrito sobre los 31 dólares el barril, en el índice de West Texsas, que es el de referencia para el país.

            Las alzas de la electricidad y los combustibles están llamadas a acelerar aumentos de precios en los productos y servicios nacionales, incluyendo el transporte, lo que será un inflamante caldo de cultivo para las protestas sociales que han comenzado a enfrentar las autoridades.

            Aún en medio de los Juegos Panamericanos, y pese a la represión policial que tuvo expresiones de barbarismo en la incursión al local sindical donde hirieron de cartuchazos al sindicalista Pérez Figuereo, las protestas han aumentado de frrecuencia y volumen de participantes. Especialmente en el Cibao, donde el jueves dejaron dos muertos, uno en Santiago y otro en Puerto Plata. Se expresaron también en San Francisco de Macorís, La Vega, Montecristi y otras comunidades menores de la región. Los apagone que castigan a la región Norte han sido el principal incentivador de las protestas, algunas acompañadas de violencia callejera.

          Por más vueltas que se le dé a las perspectivas nacionales, nadie encuentra explicación al intento continuista del gobierno que esta semana tuvo una nueva expresión con la licencia tomada por los secretarios de Agricultura e Interior y Policía, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Director de Aduanas, para dedicarse a promover la precandidatura del agrónomo Hipólito Mejía.

            Ocurrencia como esa en vez de mejorar la imagen del gobierno incentivan el rechazo de la ciudadanía con expresiones como los abucheos en los escenarios de los Juegos Panamericanos.

Nueva fase de la crisis del PRD

            La crisis que sacude al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) entró esta semana en una nueva fase de mayor enfrentamiento, cuando los 7 precandidatos que compiten con el presidente Mejía por la nominación presidencial suscribieron un “pacto estratégico” por la unidad y el respeto a los principios doctrinarios de la organización, que estiman imprescindibles para poder triunfar en los comicios del año próximo.

            Ratificaron su propuesta de que se celebre un plebiscito para consultar al partido sobre si acepta dejar atrás el principio antireeeleccionista que ha pautado al PRD desde su fundación en 1939.

            La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del partido, Hatuey de Camps, Rafael Suberví Bonilla, Enmanuel Esquea, Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella se comprometieron a mantenerse en consulta permanente y a no realizar ninguna negiociación particular, “sino siempre de manera conjunta en todo lo referente a la unidad del partido y a posibles acuerdos entre precandidatos de cara a la Convención Nacional”.

            El pacto fue la respuesta a los anuncios de dirigentes del PPH, el grupo del presidente Mejía, de que procederían a dar los pasos para convocar la convención nacional para elegir el candidato presidencial.

            Esa amenaza tuvo el efecto de radicalizar hasta a Rafael Suberví Bonilla, el secretario de Turismo, que había mantenido una actitud más abierta hacia el grupo del primer mandatario.

            Un vocero dijo que los siete pactantes están convencidos de que una imposición del PPH apoyada en el poder que da el gobierno no sólo sería nefasta para la unidad del partido, sino que además empujaría al PRD fuera del poder en mayo del 2004.

            Por del momento el pacto de los siete precandidatos antirreeleccionistas es un nuevo tropiezo para los planes del presidente Mejía, en medio de las incertidumbres económicas y obligaría a una transacción a corto plazo a menos que se quiera prolongar indefinidamente una crisis que debilita al partido y al gobierno.-