Ley de lemas antidemocrática e inconstitucional

Por Juan Bolívar Díaz

El artículo 49 de la Constitución de la República establece que el Presidente de la República se elige por voto directo, lo que hace inválida la sumatoria de sufragios                                      

          Ante la manifiesta incapacidad para ponerse de acuerdo, importantes sectores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) consideran la posibilidad de reproducir la antidemocrática “ley de lemas”, oriunda de Uruguay, que les permitiría postular múltiples candidatos a la presidencia, pero que choca con el principio constitucional del voto directo.

           Confirmando pronósticos, los líderes perredeístas prolongaron hasta el 2004 su enfrentamiento por la candidatura presidencial y las perspectivas no apuntan a una rápida solución, sino más bien a progresiva complicación en medio de un panorama económico y político dramáticamente adverso.

            La agonía del perredeísmo se prolonga indefinidamente y sus recursos legales ya traspasan el marco de la Junta Central Electoral para llegar a los tribunales ordinarios y posiblemente hasta la Suprema Corte de Justicia, en tanto el tiempo transcurre inexorable a cuatro meses y medio de las elecciones presidenciales.

¿Una tabla de salvación?

            La llegada del año nuevo no trajo la armonía a los ámbitos del perredeismo. Por el contrario, los diarios del último día del 2003 daban cuenta de que los tres precandidatos aliados (Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla y Emmanuel Esquea Guerrero) habían apelado a una cámara civil para que ordene la suspensión de los trabajos organizativos de la votación primaria convocada para el 18 de enero.

            El trío también elevaba el tono jurídico de su cuestionamiento a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral a la que acusaron de haberse parcializado con un dictamen que en vez de propender a la unidad de su partido, lo condena a la división y por haberse sobrepasado al ordenar reabrir la inscripción de precandidatos para la convención perredeísta, algo que ninguna de las partes le había solicitado.

            Cuestionada por tres de los cuatro precandidatos que la escogieron “de consenso”, la comisión organizadora parecía dispuesta a seguir adelante con la preparación de la primaria, aunque entre varios de sus miembros y miembras cundía la convicción de que será otro ejercicio inútil que sólo servirá para profundizar la crisis.

            Entre integrantes de esa comisión y hasta en el propio Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) existe la convicción de que esa votación no agregará mucha legitimidad a la candidatura del presidente Mejía, aún cuando a última hora pueda inscribir un competidor comodín. Manos aún con la oposición militante de los tres aliados.

            Es en ese marco que emerge la fórmula uruguaya, reproducida en Argentina y Honduras, originalmente llamada ley de lemas. El diputado Elías Sarraf anunció en el Congreso su disposición a someter un proyecto de ley para consagrar la posibilidad de que cada partido reconocido puede presentar múltiples candidatos presidenciales.

            De inmediato Eligio Jáquez, el coordinador del PPH, adelantó su simpatía con la idea que el último día del 2003 estuvo bajo consideración en altos niveles partidarios, aparentemente propulsada por miembros de la misma comisión organizadora de la convención, convencidos de que es el único camino que podría impedir la disección del buey blanco.

            La fórmula podría ser aceptable para el grupo de los tres, ya que ellos la promovieron e instituyeron para la elección del candidato perredeísta. Ortiz, Suberví y Esquea fueron aliados y sus votos se sumarían para atribuírselos todos al que entre ellos hubiese obtenido la mayor cantidad.

Sería inconstitucional

            Sin embargo, la fórmula que dentro de un partido puede ser válida, previo acuerdo entre las partes, puede ser atacada e invalidada a nivel nacional por opositores que en este caso tendrían argumentos para considerarla inconstitucional. También iría contra aspectos esenciales de la democracia y en vez de promover la unidad de los partidos, la socava a mediano y largo plazo.

            La idea es recurrente desde hace varios años en el país siempre que el PRD ha tenido que escoger candidato presidencial, lo que casi nunca ha sido fácil. Ahora se argumenta que beneficiaría también al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual también podría llevar más de un candidato “y salvar su unidad en peligro”. De paso los promotores esperan que esto garantice que los diputados reformistas sumen sus votos a los perredeístas para la aprobación de la ley.

            Pero el asunto es más complicado. El problema fundamental es que la sumatoria de votos no puede ejecutarse sin reformar la Constitución de la República, lo que implica mayores dificultades, ya que perredeístas y reformistas no suman los dos tercios precisos para las reformas constitucionales. Se cuenta por adelantado con una férrea oposición del PLD, de la opinión pública y la sociedad civil a una nueva reforma constitucional por puros intereses partidarios y ya en medio del proceso electoral.

            Hábil, el presidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez, se adelantó a expresar su oposición a una reforma constitucional en las actuales circunstancias, aunque sin descartar que la sumatoria se consagre por ley.

            El artículo 49 de la constitución de la República es preciso al instituir que “El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo…”

            La sumatoria de sufragios por partidos implica votos indirectos. Por ejemplo, un ciudadano o ciudadana puede tener problemas de conciencia para votar por el candidato 1 de su partido y lo hace por el 2, pero su sufragio puede serle cargado al que él rechazaba.

            Es obvio que cualquier interesado podría llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia para que declare inconstitucional que su voto pueda ser transferido a otro candidato, aunque sea del partido por el que votó. Peor aún si no es miembro de esa agrupación política. Y hay cientos de miles que votan sin ser miembros de los partidos.

Implicaciones antidemocráticas

            Son varias las implicaciones antidemocráticas del proyecto de marras. Comenzando por el hecho de que sería una ley con nombres propios, para resolver los problemas internos de dos grupos particulares, aunque sean grandes. Más aún cuando uno de los partidos mayores, y el que en el último año encabeza las encuestas, el PLD, ya escogió su candidato presidencial con las normas vigentes.

            Se argumenta que la ley de lemas dio resultado en Uruguay y Argentina, pero nadie puede decir que haya contribuido a mejorar la calidad de la democracia de esos países. Tiene implicaciones poco democráticas, como el hecho de que puede resultar electo un candidato que recibiera una minoría de los votos.

            Si se asume que el PRD lleve tres o cuatro candidatos, podría darse el caso de que el más votado reciba un 25 por ciento del sufragio. El segundo un 15, el tercero 6y el cuarto un 5. La sumatoria, 51, daría por electo en primera vuelta al candidato número 1. Pero el candidato del PLD, unido, fruto de un mejor ejercicio democrático, consigue un 45 por ciento de la votación. Se habría elegido a un presidente por el que sólo un 25 por ciento de la población sufragó, y perdería aquel que obtuvo casi el doble.

            Argumentos para oposición hay de sobra, y hasta para el recurso de inconstitucionalidad. Lo que implica una gran debilidad para la fórmula de la sumatoria de votos con múltiples candidatos por partido. Eso en nada beneficiará al PRD en las actuales circunstancias, al menos de cara a la opinión pública que lo vería sumando un remiendo antidemocrático a su propia incapacidad para el ejercicio de la democracia.

            Y aún cuando el ejercicio del poder y la sumatoria de intereses de dos partidos pueda dar paso a la fórmula, consumiría buena parte de los próximos meses en debates que sólo reflejarían la debilidad de los proponentes. Y sometería a otra institución, la Suprema Corte de Justicia, a la obligación de pronunciarse sobre un asunto de tantas implicaciones partidarias.

Solución muy coyuntural

            La sumatoria de votos podría “resolver”, más bien aplazar, las divisiones en el PRD y el PRSC, pero no las resuelve. En cualquier caso se trataría de una solución meramente coyuntural, y a mediano y largo plazo en vez de promover la unidad y fortaleza de los partidos, los debilitaría y fragmentaría, al consagrar el principio de que nadie pierde en las elecciones internas. En nada ayudaría a la unidad el que dos o tres, o no se sabe cuantos, candidatos de un mismo partido salgan a promoverse cada uno con su propio aparato propagandístico. ¿No sería legalizar la división?

            Se elevaría notablemente el costo de las campañas electorales y habría que legislar para determinar cómo se distribuiría el financiamiento público a los partidos en las campañas de múltiples candidatos.

            El asunto obligaría también a revisar numerosos artículos de la ley electoral vigente, como los que establecen que los dos candidatos más votados irían a una segunda vuelta. ¿Aún si fueren del mismo partido, como podría ocurrir?

            Complicaría también las boletas electorales y la elección por parte de la ciudadanía menos instruida. Y lo mismo ocurriría con el cómputo y procesamiento de los resultados. La fragmentación induciría también el desinterés de la ciudadanía por las elecciones.

            Por demás la reforma en consideración conspiraría contra la promoción de una cultura democrática. El que no puede perder dentro de su partido, tenderá con más razón a arrebatar afuera.

            Los perredeístas deberían buscarse una solución más decorosa a sus interminables enfrentamientos y ambiciones. O resignarse a salir del Palacio Nacional el próximo 16 de agosto.-

El 2004 viene con grandes desafíos

Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría de la población quisiera olvidar este 2004 devastador y cifra esperanzas de que el nuevo año traiga la recuperación económica y la reafirmación democrática

             El deseo más generalizado en la población dominicana en estos días finales del 2003 es que transcurran cuanto antes y se puedan olvidar las vicisitudes de este año devastador para las expectativas de progreso y el nivel de vida de las mayorías, y que el 2004 marque el inicio de una recuperación económica y registre una reafirmación democrática.

            Y el daño ha sido causado no solo por la devaluación del peso en cerca del 100 por ciento y su carga inflacionaria de por lo menos 40 por ciento, sino por el clima de confrontación, generadora de incertidumbres en que gran parte del liderazgo político, y especialmente de los gobernantes, mantuvo a la población sin tregua a lo largo del año.

            De cara al año que comienza las preocupaciones están centradas en el proceso electoral en marcha para escoger nuevo presidente de la República, por los temores de que el proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía agudice la crisis financiera o lesione severamente los avances de la última década en materia de limpieza electoral.

Sentido adiós al 2003

            La medida del año que concluye la han dado las festividades navideñas, que la generalidad ha estimado como “las más frías”, y no precisamente por el clima que se ha mantenido relativamente alto, sino por las pérdida del poder adquisitivo. Tanto que muchos olvidan el dramático final de 1990, con su inflación del 100 por ciento y su carga de desabastecimiento.

            Muy pocos arreglos navideños en las calles y residencias y la reducción de los puestos de venta de frutas extranjeras de tradicional consumo en esta época son de los signos exteriores de la crisis financiera que este año redujo dramáticamente el poder adquisitivo de la población, con su 100 por ciento de devaluación y 40 por ciento de inflación.

            Ese cuarenta por ciento se duplicó y triplicó en los productos de consumo navideño, aún los de producción nacional, pero de gran componente de materias primas importadas, como el cerdo y el pollo. Y en más alta proporción en los productos extranjeros, desde alimentos y bebidas, hasta electrodomésticos y adornos.

            Consciente de la situación el gobierno hizo una fuerte inversión para vender alimentos básicos hasta a mitad de precio en unos 160 puestos establecidos en los barrios de los centros urbanos, beneficiando a las capas de menores niveles de ingresos.

            El grito ha sido generalizado en los segmentos medios y bajos de la clase media, cuyas expectativas de vida están marcadas por el acceso al uso y consumo de productos importados sometidos al rigor de una devaluación que de diciembre a diciembre llevó el peso dominicano de 20 por dólar hasta casi 40.

            Como hecho positivo quedará el que esos sectores sociales reconozcan que habían refinado excesivamente sus gustos y estén volviendo, por ejemplo paradigmático, al consumo de ron, uno de los productos industriales de mayor componente nacional, estimado sobre el 90 por ciento.

            El desempleo del año, del cual no hay estadísticas confiables, pero apreciable por el número de empresas que han reducido personal y las que han quebrado, especialmente del sector comercial, es otro elemento de incidencia en el amargue de las navidades del 2003. Los apagones y la reducción de los servicios, especialmente del transporte estatal, han hecho sus contribuciones al “cálido clima” en que transcurren las festividades de fin de año.

            A todo eso se suman incidencias tan absurdas como el que los 60 mil maestros del sistema público de educación hayan llegado a la víspera de Nochebuena sin haber podido cobrar el salario de la segunda quincena de noviembre.

            La queja de la población se sintió con fuerza en los centros comerciales y los colmados, en las calles y hasta en los medios de comunicación social, en muchos casos con la esperanza de que el año culmine cuanto antes, aunque con pocas expectativas de mejoría para el próximo. La enfermedad del pesimismo, vieja epidemia nacional, se acerca al derrotismo en amplios segmentos sociales.

¿Un solo responsable?

            Nadie puede negar que el 2003 ha sido terrible para los dominicanos y dominicanas. Las estadísticas oficiales indican que por primera vez en los últimos 12 años la economía registra un resultado negativo, alrededor del 1 por ciento, contrastando con un incremento promedio sobre el cinco por ciento en la década que siguió a las reformas de 1991, tras el desastre del año anterior.

            Como es natural, el resentimiento de la población se ha concentrado en el gobierno con tanto encono que ni siquiera se ha podido distribuir equitativamente la responsabilidad sobre la causa de la crisis financiera más que económica, puesto que principales renglones de la economía nacional y mayores generadores de divisas, concluirán el año con un ejercicio excelente, superior al de los últimos 5 años. Es el caso del turismo, de las zonas francas y las remesas.

            Los análisis más objetivos responsabilizan al gobierno de haber calentado excesivamente la economía, con un marcado interés electoral, en los meses previos a los comicios congresionales y municipales de mayo del 2002, en los que barrió, por vía del endeudamiento externo e interno, incluyendo los primeros 500 millones de dólares de bonos soberanos.

            El peso de la crisis es tan traumático que llega a obnubilar el razonamiento general que atribuye toda la carga de la crisis al gobierno, relevando de culpa o reduciéndola, a los responsables de tres quiebras bancarias que llevaron a una emisión de casi 100 mil millones de pesos por parte del Banco Central, causa eficiente de los descomunales niveles de devaluación e inflación acumulados en el año.

Es obvio que fueron las autoridades gubernamentales las que decidieron esa descomunal como inútil operación de salvataje de bancos quebrados y que convirtieron en deuda pública, la que esos bancos tenían con decenas de miles de ahorrantes, bajo el temor de que el derrumbe alcanzara a todo el sistema financiero. Peor aún al reconocer depósitos en dólares destinados a bancos extraterritoriales.

Objetivamente no hay manera de saber si el virus Baninter-Bancrédito-Mercantil se hubiese expandido o no por todo el cuerpo financiero generando un costo aún mayor del que está pagando la nación, pero muchos convienen en que había un camino intermedio que las autoridades ignoraron, marcado por la ley monetaria y financiera que ordena proteger los depósitos hasta 500 mil pesos. Hasta llevándolo a diez veces más, 5 millones de pesos, el costo hubiese sido mucho menor.

El problema es que las autoridades no han ofrecido suficiente información para evaluar la situación con objetividad. Se dice que menos de un centenar de ahorrantes tenían una altísima proporción del déficit de Baninter y es relevante el caso del influyente político reformista Guaroa Liranzo a quien se le honraron 500 millones de pesos, siendo, por demás, tesorero del primer banco quebrado. Es también imposible determinar el efecto que hubiese tenido la bancarrota aún en ese porcentaje que concentraba los depósitos.

            Un hecho objetivo es que sin la quiebra de esos bancos la devaluación e inflación habrían quedado por debajo de la mitad registrada en el año. Lo que obliga a distribuir la responsabilidad con parte del sector privado y los beneficiarios de la corrupción que hizo posible defraudaciones bancarias tan descomunales, tanto del sector público como del privado.

            Algo que contribuyó notoriamente al rechazo generalizado al gobierno, registrado en las encuestas, fue el accionar político caracterizado por el escándalo permanente y el enfrentamiento en el propio partido oficialista, del que se responsabiliza en primer lugar al presidente Mejía, por no entender que en las presentes circunstancias económicas es casi una burla pretender la reelección.

            Cuando se esperaba que el presidente de la nación asumiera la crisis poniéndose al frente de la ciudadanía en busca de consenso para superarla, este dejó de ser “un hombre de palabra” y contradijo cincuenta declaraciones de que no intentaría prolongarse en el poder, sembrando la división hasta en su propio partido, generando mayores incertidumbres incidentes en las expectativas de agravamiento, y concentrando la indignación general. –

Expectativas para un año electoral

          El 2004 sorprende al país en medio de un pesimismo generalizado y pendiente del restablecimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permitiría contener la crisis, recuperar la estabilidad macroeconómica y volver al crecimiento.

            Pero los factores políticos siguen siendo determinantes en expectativas negativas. Todavía hay quienes creen que el gobierno no logrará el nuevo acuerdo con el FMI, o que lo violará nuevamente como ya ocurrió con el iniciado el primero de septiembre y que no duró un mes, lo que implicaría mayor deterioro económico.

            En el fondo de esas expectativas negativas está el proyecto reeleccionista del presidente Mejía. Se le ve tan lejos de las posibilidades que muchos temen un costo descomunal, no sólo en materia de desestabilización económica, sino también para la democracia.

            La aparente determinación de lograr la continuidad en el poder “al precio que sea”, como ya proclamó un dirigente del grupo en el poder, es el elemento que más incide en el mantenimiento en ascuas del mercado cambiario. La división del partido de gobierno es un indicador de la determinación de pasar por encima de lo que sea necesario para ratificar el continuismo como enemigo de la democracia y la institucionalidad nacional.

            Los análisis más fríos convienen en que es prácticamente imposible que el presidente Mejía retenga el poder en mayo próximo, teniendo en contra un frente tan amplio de sectores políticos y sociales y en las actuales circunstancias económicas marcadas por un círculo vicioso: si no firma con el FMI se agrava la situación económica. Si firma y dispara el gasto por razones electorales, se deteriora más. Y si cumple un programa de austeridad y aún mejore la situación económica, tampoco tendrá tiempo para recuperarse políticamente.

            La declinación del proyecto reeleccionista sigue siendo el mejor camino que tiene abierto el presidente Mejía, quien podría sumir el país en una de sus peores crisis institucionales, pero con muy escasas posibilidades de mantener en el poder más allá de agosto en el actual contexto nacional y continental.

            Las mejores expectativas son que el año nuevo marque el inicio de una rápida recuperación económica y la reafirmación de los avances democráticos de los últimos años, sobre todo en materia electoral.-

         

Se prolonga la agonía del partido blanco

Por Juan Bolívar Díaz

El retiro de los antirreeleccionistas de la convención ahora programada para el 18 de enero resta legitimidad y posibilidades a la candidatura del presidente Mejía 

            El aplazamiento de la convención del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), ahora programada para el 18 de enero próximo, es una simple prolongación de la agonía de esa organización política, dividida en tres sectores que cada día aparecen con menos posibilidades de reconciliación.

            Las perspectivas de que el perredeísmo se recupere de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo lucen cada vez más remotas, tras diez meses de una enconada lucha interna que ha tenido como epicentro el absurdo proyecto de reelección del presidente Hipólito Mejía en circunstancias totalmente desfavorables.

            En lo inmediato, la crisis perredeísta repercute sobre una Junta Central Electoral cada vez con menos crédito público y llamada a definir cuál será la candidatura prevaleciente, aunque la opinión pública adelanta que se inclinará a favor del poder presidencial.

El palo de la gata

            Tengan o no razones suficientes, el retiro del proceso para elegir candidato presidencial por parte de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, del secretario general peredeísta Rafael Suberví Bonilla y del expresidente de la organización Emmanuel Esquea Guerrero constituye el “palo de la gata” a las aspiraciones continuistas del presidente de la República Hipólito Mejía.

            El agrónomo Mejía podrá ser proclamado candidato presidencial, pero le resultará muy difícil obtener suficiente credibilidad para iniciar la recuperación del apoyo popular perdido en los últimos 18 meses después que los tres contendientes antirreeleccionistas lo dejaran solo acusando a su grupo de numerosas tramperías.

            El tropiezo fue significativo cuando Ortiz Bosch, Suberví y Esquea lograron el aplazamiento de las elecciones primarias que estaban programadas para el domingo 14, apenas el día antes, aduciendo irregularidades tan graves como la exclusión del padrón electoral de cientos de miles de militantes y la inclusión de millares de miembros de otros partidos.

            En principio la votación fue aplazada por la comisión organizadora para este domingo 21, pero dos días después los tres contendientes aliados anunciaron su retiro definitivo, aduciendo que no hay condiciones para una elección transparente y que no podía prestarse al posterior grito de Jeremías, frente a lo que consideraron un proyecto de imposición del poder.

            Los tres antirreeleccionistas acusaron al grupo del presidente, el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) de utilizar los recursos del Estado para comprar voluntades y votos, en dimensiones y circunstancias que imposibilitaban la competencia democrática.

            Llamó la atención la reiterada disposición del presidente Mejía de seguir adelante con el proceso y mostrarse dispuesto a participar solo en una votación que en tal circunstancia sería un ejercicio no solo innecesario, sino también absurdo, porque consagraría la división definitiva del partido de gobierno en medio de circunstancias económicas y políticas que le hacen difícil retener el poder.

            Esa actitud contrastó con el discurso que pronunció la noche del martes 16, cuando exhortó al liderazgo político nacional a dejar de lado los intereses personales y pensar más en el país en la actual coyuntura de dificultades económicas. “Es tiempo de que los políticos no asuman una actitud de comesolismo y medalaganaria”, abundó en un acto que honraba al desaparecido José Francisco Peña Gómez.

            Más prudente que el mandatario fue la comisión organizadora de la convención que ante el retiro de tres de los cuatros competidores optó el martes por un nuevo aplazamiento, en principio sin fecha fija, aunque al día siguiente la reprogramó para el domingo 18 de enero próximo.

Hatuey muerto de risa

            Se alguien ha llegado al punto de “morirse de risa” a la luz de los aplazamientos de esta convocatoria es el presidente del PRD, Hatuey de Camps, quien ha sostenido el criterio de que continuismo y democracia están en contradicción en países, como este, estremecidos por una profunda crisis financiera, generadora de altas tasas de devaluación e inflación.

            De Camps jugó al enfrentamiento del proyecto reeleccionista desde que fue lanzado públicamente por el presidente Mejía en abril pasado. Progresivamente fue elevando el tono de la confrontación, convencido de que había que encarecer una repostulación que el mandatario y su grupo impondrían “a cualquier precio” como ya había adelantado uno de sus líderes hace tres meses.

            En octubre pasado, tan pronto el presidente Mejía, Ortiz, Suberví y Esquea anunciaron una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para que fijara la fecha de la convención, de Camps se adelantó con su propia convocatoria como presidente del partido. Reunió su CEN, convocó votación y la realizó y la ganó el 7 de diciembre, pese a la magnificación de los peligros de una tormenta tropical.

            A pesar de las denuncias de fraudes por parte de sus contendientes Rafael Abinader y Ramón Alburquerque, el resultado objetivo es que Hatuey de Camps ya fue electo y juramentado como candidato presidencial. Bajarlo de ese trono conlleva otros costos políticos, tanto al interior del PRD como en la comunidad nacional.

            También conlleva alto costo el bajarlo mediante el rechazo de una Junta Central Electoral que no logra determinar cuántos y cuáles son en realidad los miembros del CEN, elemento básico para validar cualquiera de las dos reuniones “del organismo” que culminaron en la convocatoria de las dos convenciones, especialmente para reconocer la que no salió de la presidencia del partido.

            La cámara Contenciosa del tribunal electoral pasa por una fuerte prueba, pero la generalidad de los observadores cree que se inclinará ante el poder presidencial. A principios de semana se daba por hecho, aunque posteriormente pareció que entraban en una etapa de mayor ponderación, tal vez siguiendo el consejo del sabio abogado y dirigente perredeísta Virgilio Bello Rosa, que les recomendó rechazar las dos convocatorias y obligar a formular una nueva bajo su vigilancia.

            Tal vez Bello Rosa buscaba por ese camino una nueva oportunidad para evitar la división de su partido, que en la última semana ha quedado fragmentado por lo menos en tres grupos. Aunque la sensación pública es que los aplazamientos constituyen una prolongación de la agonía del “buey blanco”.

            Mientras tanto, mostrando sus habilidades, de Camps no perdió tiempo en salir a visitar a Milagros Ortiz Bosch y Rafael Suberví Bonilla, tan pronto estos anunciaron el retiro de la convención junto al PPH. Y dijo que le abría las puertas. Como en efecto había hecho materialmente al prestarle el local nacional del partido para que hicieran la rueda de prensa en la que anunciaron el retiro.

            Por su parte el grupo de los tres precandidatos luce ahora en la indecisión y en perspectivas cada vez más difíciles. Anunciaron el jueves que escogerán entre ellos un solo precandidato abriendo de nuevo la posibilidad de participar en la votación que se convoca para el 18 de enero.

            El problema fundamental para ellos es en qué condiciones competir con el presidente de la República. ¿Volverán a correr el riesgo de tener que pegar el “grito de Jeremías” que quiso evadir Rafael Suberví?

            Reincorporarse a ese proceso sin suficientes garantías tendría muchos riesgos y los expondría al mayor ridículo, tanto si después vuelven a retirarse, como si participan en un “matadero electoral”.-

Diez meses de enconado enfrentamiento

          En la opinión pública nacional se registra un gran cansancio frente al prolongado enfrentamiento perredeísta que se inició en marzo pasado, por lo que va ya por el décimo mes. También al interior del partido mismo. Incluso uno de los miembros de la comisión organizadora de la aplazada convención nos comentó que le gustaría desaparecer siquiera por 6 meses.

            Empezando marzo, a la puerta de la ocupación de Irak y con la publicación de una encuesta mostraba el desgaste del PRD y de su gobierno, cundió entre los aspirantes a la candidatura presidencial la urgencia de definir un calendario de eventos.

            En síntesis la génesis del largo enfrentamiento fue como sigue:

Marzo

            El día 12 el presidente HM convoca a los precandidatos para el día 20 para establecer el programa de acción. Adelanta que no será un ente conflictivo ni intervendrá en los asuntos internos del partido, pero que promoverá la unidad.

            El día 20 el presidente se reúne con los precandidatos Milagros Ortiz, Hatuey de Camps, Rafael Suberví, Enmanuel Esquea, Ramón Alburquerque, Pedro Franco, Rafael Abinader y José Rodríguez Soldevila. Después se agregaría Rafael Flores Estrella. Designan comisión para elaborar calendario y procedimiento.

            El día 25, tras el anuncio de la mayoría de los senadores de que inscribirían la precandidatura de HM, este reitera su rechazo a la repostulación y su preferencia por volver a la vida familiar.

            El día 26, en medio de proclamas del PPH de que inscribirían al presidente HM como precandidato, Emmanuel Esquea revela que en una nueva reunión el mandatario se comprometió a “disolver el proyecto reelecionista en dos o tres semanas”.

Abril

            El día 7 se produce lo que sería el último rechazo de HM a la reelección presidencial.

            El día 22, ante la fijación del límite del 30 de abril para inscribir precandidaturas, Eligio Jáquez anuncia que ya HM decidió repostularse. En una reunión y tras recibir una carta donde HM anuncia que activará en la convención y designa representantes suyos en el grupo a Vicente Sánchez Baret y César Sánchez, los precandidatos le piden precisar su posición.

            El día 23 Hatuey deCamps dice que para poder inscribir a HM como precandidato habría que modificar resoluciones convencionales que establecen el precepto antirreeleccionista en el PRD. HM desafía a de Camps a medir fuerzas.

            El domingo 27 de abril, en entrevista en el programa Una vez a la Semana, HM anuncia que acepta el reto de la repostulación presidencial, como respuesta a quienes “me quieren destruir y me dicen que soy un inútil, que no tengo a nadie…”-

El PRD agota El “séptimo de la suerte”

  Por Juan Bolívar Díaz

Las bases perredeístas podrían salvar la unidad de su partido votando contra el continuismo, pero la confusión es tan grande que casi nadie hace vaticinios                       

          En vísperas de la nueva votación nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para elegir candidato para los comicios presidenciales de mayo próximo, la confusión prevaleciente entre sus dirigentes y militantes es tan grande que pocos se atreven a vaticinar resultado.

           Ni siquiera los más entusiastas seguidores del presidente Hipólito Mejía se sienten seguros de que saldrán gananciosos, pese a las ventajas que conlleva el poder, mientras entre los tres precandidatos antireeleccionistas prevalece el optimismo, después que dos encuestas propias recientes les otorgaron “amplias posibilidades” de salir airosos.

           Si algo luce claro es que la militancia perredeista tiene una oportunidad de evitar la división de su partido y una casi segura pérdida del poder en mayo, votando contra el continuismo, ya que el triunfo de Hipólito Mejía sellaría la división marcada ya por la votación del pasado domingo que escogió a Hatuey de Camps candidato presidencial.

 La suerte está echada

            La segunda elección primaria de candidato presidencial perredeísta a una semana de la que escogió al licenciado Hatuey de Camps candidato presidencial, podría implicar una profunda división del partido blanco, sarandeado por el proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

            Hay confusión en el seno de la mayor organización política de la historia dominicana que este fin de semana se verá por primera vez con dos candidatos presidenciales electos en consultas a su militancia.

            Un millón 900 mil personas aparecen en el padrón del PRD, según informó el jueves la Comisión Organizadora de esta convención, convocada tras una reunión del Comité Ejecutivo Nacional, al margen del presidente de la organización. Corresponderá a la Junta Central Electoral determinar cuál de las dos candidaturas será la que ostentará el nombre y los símbolos del partido fundado en 1939, durante el exilio antitrujillista y vigente en el país desde 1961.

            El padrón anunciado es superior en 640 mil 471 inscritos al que rigió cuando fue electo candidato presidencial el presidente Mejía, el 20 de junio de 1999. En esa ocasión ascendía a un millón 259 mil 529. Para la votación que eligió los candidatos congresionales y municipales del 2002, sobrepasó el millón y medio. Según datos extraoficiales las cuatro precandidaturas participantes en este proceso habían inscrito unos 378 mil nuevos miembros.

            Pero la gran mayoría no acudirá a las urnas.           El boletín número 6 del escrutinio de 1999 computaba 534 mil 59 sufragios, con el 75 por ciento de los votos escrutados, cuando se dio ganador a Hipólito Mejía con el 74.35 por ciento. Aunque una fuente bien informada asegura que los sufragantes totalizaron sólo 338 mil.

            Nadie tiene idea de cuántos ejercerán el voto este domingo 14. Hay interrogantes sobre qué porcentaje de los que participaron en la votación del domingo 7 acudirán de nuevo a las urnas. Si están en el padrón podrán votar. Por lo menos uno, José Rafael Abinader, de los participantes de la primera convención, ya exhortó a los suyos a volver a las urnas apoyando a Rafael Suberví Bonilla. Lo mismo se esperaba que haría un segundo a favor de Milagros Ortiz Bosch. Se da por hecho que muchos votarán ottra vez aunque no los manden.

            Se atribuye a dirigentes medios haber planteado que “ya cumplimos con Hatuey y ahora vamos contra Hipólito”.

El poder y la tradición

            Partiendo de la tradición, la generalidad de los observadores considera que el poder presidencial terminará imponiéndose el domingo en las filas del PRD, por más que las encuestas, profesionales y partidistas, y la percepción general han registrado un rechazo mayoritario del proyecto continuista de Mejía, incluso en las bases perredeístas.

            La constante histórica es que los presidentes se han impuesto dentro del partido y en el electorado. Aunque hay quienes creen que las circunstancias actuales establecen algunas diferencias importantes.

            En primer lugar se trata de un partido de arraigada tradición anti-reeleccionista, donde los partidarios del presidente Antonio Guzmán fracasaron en el intento. Segundo, la elección es con voto universal de miembros, no por cientos de delegados como era la tradición y para ganar se requiere la mayoría absoluta. Y tercero, que probablemente ningún presidente se lanzó a la búsqueda de una reelección en medio de una crisis económica tan profunda como la actual.

            En las últimas semanas el Proyecto presidencial Hipólito (PPH) ha lanzado una gran ofensiva tendiente a ganar adeptos, regalando madera, zinc, empleos y hasta dinero, según afirman sus contradictores internos. Lograron inscribir 200 mil nuevos miembros en el padrón del partido, el doble de los 103 mil que captó la doctora Ortiz Bosch y el triple de los 66 mil que habría inscrito el grupo de Suberví Bonilla.

            Muchos de los nuevos perredeistas serían empleados de los organismos estatales y beneficiarios del poder. Pero con el sistema de boleta única y voto secreto, nada garantiza que aún se sientan obligados a votar por el presidente Mejía. Ellos también sufren las consecuencias de la terrible devaluación e inflación del último año.

            Los precandidatos anticontinuistas cuentan con que hasta los perredeistas empleados o favorecidos por el PPH hayan sido influidos por el rechazo que sufre la imagen presidencial en la población y actúen conscientes de que con la repostulación del mandatario pierden el empleo”, como estima Nelson Marte, cabeza del buró de comunicaciones de la vicepresidenta Ortiz Bosch.

            Marte tiene la convicción de que los perredeistas saben que “con Hipólito no se gana”, y que irían al suicidio; “lo han sabido por las encuestas, en las guaguas y en el colmado”.

La entrada de la suerte

            Un “teórico” perredeista, funcionario gubernamental, por lo que sólo habla bajo confidencialidad, estima que la votación de este domingo es como el séptimo episodio, o la tradicional “la entrada de la suerte” en el béisbol, cuando el equipo que está perdiendo claramente debe reaccionar sobre todo si batea su tanda fuerte.

            Las bases del partido blanco tienen la oportunidad de liquidar el proyecto continuista y salvar la unidad del partido. Con cualquier candidato que no sea Mejía queda abierta la posibilidad de reunificación con los que celebraron la otra convención.

            Al mismo tiempo rescatarían la tradición antireeleccionista del PRD y podrían intentar competir con la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, encarnada en el doctor Leonel Fernández, a quien las últimas encuestas sitúan con más del 50 por ciento de las preferencias electorales.

            Entre los anticontinuistas del PRD prevalece la esperanza de que sus bases no se dejarán influir por las dádivas gubernamentales y que seguirán la consigna de “vergüenza contra dinero” lanzada por el profesor Juan Bosch para los comicios de 1962, y rescatada por José Francisco Peña Gómez en los de 1978: “Si te dan dinero, cógelo, si te dan comida cógela. Pero a la hora de votar recuerda bien que el PRD es el buey que más hala y la luz que más alumbra”.

            Desde luego, debe contarse con que el PRD donde esa consigna surtió efecto era el de hace décadas, y que la política tenía entonces mucho de idealismo y convicciones que en los últimos años han sido sustituidos por el clientelismo, el rentismo y el ventajismo.

            Cualquier cosa puede pasar en la elección del domingo, a juicio de inteligentes dirigentes perredeístas. Cuando fue preguntado esta semana delante de varios periodistas, un influyente legislador del partido blanco respondió, a condición de que no lo citaran, diciendo: yo lo único que puedo decirles es que voy a votar por el presidente Mejía, porque tengo un compromiso con él, pero no les puedo vaticinar cuál será el resultado”.

            Y hasta Eligio Jáquez, el coordinador del PPH , reconoció en Teleantillas el jueves, que las circunstancias no son para el triunfalismo. Tal como indica una encuesta de una firma vinculada al gobierno, publicada esta semana, donde apenas le atribuyen al mandatario el 51 por ciento de los votos. Y Jáquez reconoció que ningún competidor dice por adelantado que va a perder, aunque él espera que las bases perredeistas sean generosas con el presidente Mejía.-

La alternativa: entre Milagros y Fello

            Las encuestas de las últimas semanas de Milagros Ortiz y Fello Suberví coinciden en darle la victoria a la sumatoria de votos pactada entre ellos y Emmanuel Esquea, ambas con más del 60 por ciento. Pero difieren en cuanto a quien quedará en primer lugar para ser el candidato o candidata. Cada quien hala para su lado.

            Un dirigente tan ponderado como el doctor Tirso Mejía Ricart estimaba que Suberví Bonilla podría tener una “ligera ventaja” sobre Milagros, por lo que él prefirió renunciar a la comisión organizadora para anunciar el miércoles su respaldo a la vicepresidenta, convencido de que ella es la que tiene mayores posibilidades de rescatar los principios del perredeismo y el voto perdido en la clase media, y sobre todo de competir frente a Leonel Fernández. Lo mismo aprecia Hugo Tolentino, quien también llamó a escoger a Milagros Ortiz Bosch.

            La doctora Ortiz Bosch aparece como la principal heredera del discurso socialdemócrata de Peña Gómez y tiene excelente acogida en la sociedad civil y en los segmentos de clase media periféricos al PRD, incluso en ámbitos cercanos al PLD. Acumula el mayor porcentaje personal de votos, cuando logró el 64 por ciento para ser electa senadora por el Distrito Nacional en 1994.

            La fuerza de Fello Suberví descansa mayormente en las bases populares del PRD. Practicante del clientelismo y un trabajador de la política sin tregua, se ha levantado desde abajo, y ha ejercido la secretaría de Turismo con éxitos, pero tiene severas dificultades de aceptación en las clases medias y altas. Tiene como ventaja que sería más aceptable para el PPH.-

El paro fue duro golpe al gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente Mejía habría vuelto a ponderar la posibilidad de abandonar el proyecto continuista para concentrarse en enfrentar la crisis económica

             La efectividad con que se materializó el paro nacional del martes 11 auspiciado por una espontánea conjunción de fuerzas sociales en rechazo a la política económica del gobierno podría haber marcado el inicio de un proceso para el retiro del proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía.

            La contundente demostración de rechazo a la política gubernamental causó impacto en altos funcionarios del gobierno y en su dirección política y en los dos días siguientes circularon insistentes versiones de que el primer mandatario habría tomado la decisión de no continuar en la búsqueda de la repostulación presidencial.

            A ello habría contribuido la convicción de que la rígida posición del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hatuey de Camps, y otros tres precandidatos hacen muy difícil la celebración de la convención perredeísta sin alguna fractura          que complique aún más el crítico panorama electoral.

Algo más que un paro

            Lo ocurrido el martes 11 de noviembre, tras un largo asueto por el Día de la Constitución, fue algo más que un paro de labores o una protesta social. Como por arte de magia se produjo una amplia conjunción de fuerzas sociales con el objetivo de “darle una lección al gobierno”, expresándole contundentemente la inconformidad de la población frente a la crisis económica y el prolongado apagón en que está sumido el país.

            Los convocantes eran lo de menos, lo mismo que su ampuloso pliego de demandas. Desde todos los sectores, incluso los empresariales y eclesiásticos, tradicionalmente refractarios a las protestas sociales, esta vez se levantaron voces para defender “el derecho del pueblo a la protesta”.

            Hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que tan despectivamente se expresó en el pasado de los convocantes a paros, hizo énfasis en el derecho a la protesta pacífica, lo mismo que editorialistas y comentaristas de diversos medios de comunicación.

            Y la paralización no pudo ser más efectiva. Industriales, comerciantes y empresarios de los más diversos sectores no mostraron la menor resistencia al paro y algunos no ocultaron su simpatía con la causa. Hasta los transportistas beneficiarios de la distribución de vehículos de este gobierno, optaron por poner sus unidades en remojo.

            Esta vez no hubo que quemar gomas ni obstruir las calles. El paro se produjo como por encanto. Había una población deseosa de enviar un mensaje al presidente Hipólito Mejía. No faltaron quienes lo consideraran asunto de dignidad o de verguenza nacional.                 Fue la primera paralización efectiva contra este gobierno perredeísta, y una de las más pacíficas de cuantas se han efectuado en el país. La mayor violencia la pusieron las fuerzas policiales que causaron 6 muertos y una veintena de heridos de balas y perdigones. Mientras manifestantes extremistas daban muerte a un humilde agente de la Policía.                 Tras el exitoso paro de labores, el comité de convocantes daba un plazo de 30 días al gobierno para que atienda el pliego de demandas, tan amplio y lejano de materializar como rechazar las negociaciones con el FMI, elevar en 100 por ciento el salario de los empleados del gobierno (civiles y militares), reducir el costo de los combustibles y los artículos de primera necesidad y acabar con los apagones.

            Pero lo que quedaba en el ambiente no era una negociación, ni siquiera si el gobierno atendería alguna de las demandas, sino en qué medida recibiría el presidente Mejía el mensaje y ponderaría la necesidad de concentrarse en la búsqueda de solución a los graves problemas nacionales.

Un reclamo persistente

            En las últimas semanas se ha extendido el reclamo al presidente Mejía para que abandone sus pretensiones continuistas y se concentre en afrontar la crisis económica nacional, habida cuenta de que luce casi imposible convalidar un nuevo mandato en las urnas en medio de un deterioro tan acentuado del nivel de vida de la población.

            La petición fue formulada este miércoles por el empresario Franklin Báez Brugal, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa privada, en el almuerzo de los medios de comunicación del grupo Corripio. “La simple retirada de la candidatura del Presidente le traería un gran respiro al país, y todos esos problemas, algunos relacionados con la tasa de cambio, etcétera, se verían en una menor dimensión”, apuntó.

            Pero quien llegó lejos fue el Cardenal López Rodríguez, cuando el jueves calificó situación de la economía como la más grave de la historia de la nación y planteó que el país necesita una mejor dirección y que el presidente Mejía debe apelar a su conciencia para que vea si debe repostularse, dada la situación de crisis desesperante que vive la gente a más de tres años de su gestión.

            Desde los predios perredeístas la demanda ha estado en boca de los precandidatos contendientes, pero también ha sido reivindicada por dirigentes tan ponderados como el doctor Hugo Tolentino Dipp, quien la reiteró esta semana enviando una carta al mandatario, al ser propuesto para integrar la comisión organizativa de la convención que elegiría el candidato presidencial.

            Entre funcionarios del gobierno y seguidores del presidente Mejía hay quienes esperan alguna oportunidad para “insinuarle” la conveniencia de concentrarse en gobernar ahora y privilegiar la integridad del partido, preservándose como factor de unidad.

            Partiendo de la convicción de que el proyecto reeleccionista no solo fractura el PRD, sino que hasta podría dispersarlo, una corriente perredeísta impulsada por precandidatos y mediadores favorece que el presidente Mejía se convierta en factor de unidad y preserve su liderazgo para una circunstancia más propicia frente al electorado.          En el pasado se llegó a ofertársele la presidencia del partido para él o uno de su PPH.

            Preocupado por las serias dificultades para consensuar fuentes que permitan taponar los huecos fiscales que afronta y paliar siquiera la crisis energética, y frente al declive que han arrojado las últimas encuestas, el presidente Mejía habría mostrado reservas en los últimos días. Hasta en altos círculos diplomáticos se han recibido informes indicativos de la disposición del agrónomo Mejía a reconsiderar la situación.

            En diversos ámbitos existe la convicción de que la declinación de la repostulación facilitaría la nueva ronda de negociaciones con el FMI, para lo cual llego el miércoles una nueva misión del organismo, que se teme será muy delicada. Se generaliza el criterio de que el programa de ajustes y las reformas fiscales que requiere urgentemente el país son irreconciliables con una repostulación presidencial de cara a unos comicios en 6 meses.

 

División a la puerta

            Para colmo de males, tras ponerse de acuerdo con tres de los precandidatos contradictores de su repostulación, el presidente Mejía se enfrenta al hecho de que Hatuey de Camps, con el aparato presidencial del partido, el senador Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella se han cruzado en medio del camino para que tengan pasarle un rodillo.

            Tan pronto Mejía, junto a Milagros Ortiz Bosch, Rafael Suberví Bonilla y Emmanuel Esquea Guerrero anunciaron una convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional para este sábado 15, Hatuey de Camps formuló un llamado paralelo.

            No hay dudas de que los primeros reúnen las firmas necesarias para validar su convocatoria, pero se inicia otro conflicto que tomaría semanas de discusiones hasta que pueda ser arbitrado por una Junta Central Electoral que despierta incertidumbres. Quedaba abierta la posibilidad de confluir todos en un mismo local, pero entonces serían mayores las posibilidades de choques grupales violentos.

            La situación es tan vulnerable que ni siquiera hay consenso en cuanto al número de integrantes del máximo organismo perredeísta, el cual no sesiona formalmente desde la proclamación de Hipólito Mejía como candidato presidencial en 1999. Mientras Emmanuel Esquea, quien entonces presidía el partido, cree que los integrantes del CEN son unos 700, Hatuey de Camps los cuantifica en 1,600.

            Por donde quiera que se le evalúa, las perspectivas perredeístas apuntan a confrontación y división, excepto en el escenario del retiro de la precandidatura del presidente Mejía, quien entonces quedaría con fuerzas para imponer un mínimo de orden y reducir la magnitud de cualquier fraccionamiento.

            Para la generalidad de los observadores la división está tocando las puertas del partido blanco y esta vez parece que no tendrá un líder carismático con capacidad para recomponer los diversos pedazos en que podría quedar desmembrado.

            Otro factor que estaría pesando en las consideraciones es que las perspectivas no alientan la esperanza de que un candidato presidencial esté electo y reconocido antes de mediados de enero, cuando sólo quedarán cuatro meses para los comicios.

            Por demás, el presidente Mejía habría ponderado el costo político y los riesgos para su gobierno de verse enfrentado a nuevas convulsiones intrapartidarias que pudieran degenerar hasta en violencia, en momentos tan delicados para la economía nacional.  Si el tomar distancia y codearse con otros mandatarios pudiera ayudar al presidente Mejía a comprender la magnitud de la situación, entonces justificaría haberse ausentado del país por cinco días en momentos tan difíciles, cuando el sistema energético está a punto del colapso, dejando a su equipo económico el encargo de buscar mil 750 millones de pesos adicionales para contener el apagón total.

            El viernes nadie sabía de dónde iba a salir esa suma de dinero, dados los déficits que ya se arrastran. Pero mientras tanto, la tasa cambiaria volvía a rondar los 40 pesos por dólar y el petróleo de referencia para el país estaba otra vez a 32 dólares el barril.-               

El presidente Mejía vive en otra galaxia

Por Juan Bolívar Díaz

El deterioro del valor del peso y sus efectos inflacionarios alcanza niveles alarmantes en una población agobiada por los apagones, la pobreza, la corrupción y la exclusión.                                                

El paso de los días parece reconfirmar la hipótesis de que el proyecto continuista del presidente Hipólito Mejía es contradictorio con los ajustes económicos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la superación de una de las peores crisis económicas de la historia del país.

Esa contradicción quedó de manifiesto en los primeros 30 días de la ejecución del acuerdo pactado con el FMI por 24 meses y persiste en momentos en que el gobierno espera una misión de ese organismo para iniciar lo que sería la tercera negociación con el organismo en cinco meses.

Mientras tanto en círculos de los profesionales de la economía como entre empresarios y otros dirigentes sociales, se generaliza el criterio de que tanto el primer mandatario como sus más estrechos colaboradores han perdido la percepción de la realidad, caracterizada por enormes decepciones, graves frustraciones y rabia contenida.

Panorama desalentador

El panorama nacional se ha tornado progresivamente desalentador, contrariando el optimismo de los principales funcionarios gubernamentales, con la tasa de cambio alcanzando el nivel de 40 pesos por dólar y repercutiendo en los precios de todos los artículos y servicios.

Los apagones seguían siendo un aguijón en el ánimo de la población, afectando gravemente las micro, pequeñas y medianas empresas y elevando los costos de producción de todas, así como arrasando con las actividades educativas, sociales y familiares.

A los apagones financieros se agregó esta semana una escasez de gas propano a causa del retraso gubernamental en pagar el subsidio a ese combustible. La deuda se estimaba en unos 500 millones de pesos.

La falta de recursos se manifestaba en precariedad en los hospitales públicos, en retraso en la asignación de subsidios y en endeudamiento. Prácticamente no se está pagando a nadie y muchos proveedores, incluso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, empiezan a mostrar nerviosismo.

Nadie sabe cuántas obras públicas tiene paralizadas el gobierno. Y resulta difícil establecerlo, dado el mutismo frente a la prensa del secretario de obras públicas, Manuel Vargas Maldonado, y el director de la oficina ejecutora de obras del Estado, Hernani Salazar.

Pero lo informado por el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados permite alguna aproximación. Roberto Rodríguez dijo la semana pasada en el telediario Uno más Uno que de unos 500 acueductos y alcantarillados en construcción, de muy diversas magnitudes, pero en su mayoría pequeños, sólo se está trabajando en unos doce, lo que quiere decir que más del 97 pro ciento están paralizados.

Dos últimos fracasos

La persistencia en términos dramáticos de la devaluación del peso y la crisis energética expresa los dos últimos fracasos de la política gubernamental que ha jugado a la aparición de milagros en la economía nacional.

Cuando en julio y agosto se negociaba el acuerdo con el FMI, el equipo económico gubernamental vendió la esperanza de que conllevaría el inicio de un proceso de recuperación económica. Se creía que la tasa cambiaria bajaría por debajo del 30 por uno. Se llegó a vender la ilusión de que se estabilizaría en 25 por uno.

Al entrar en vigencia el acuerdo, el primero de septiembre, se produjo una reducción significativa en la tasa cambiaria y se llegaron a realizar operaciones al 28 por uno, y se creía que terminaría estabilizada en unos 30 pesos por dólar.

Pero la reducción duró tan poco como la felicidad en casa del pobre y no dio tiempo a que los precios se ajustaran hacia abajo, a no ser de los combustibles, que alcanzaron caídas récords.

No satisfechos con ese “palo económico-político” que como por arte de magia abriría las puertas al continuismo en el poder, las autoridades se embarcaron en lo que se llegó a denominar como una aventura política: la compra de las acciones de las dos mayores distribuidoras de energía, en manos de la empresa española Unión Fenosa.

La adquisición implicó nuevos compromisos de pagos y abultamiento del déficit fiscal del gobierno en proporción que violentaba los topes establecidos en el acuerdo con el FMI, decretando casi automáticamente la suspensión del pacto y de los desembolsos de ese organismo y sus socios el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se corrió el riesgo sobre el supuesto de que el gobierno demostraría vigor resolviendo el problema energético, lo que daría aliento a la posición política del presidente Mejía. El tiro volvió a salir por la culata. Al suspenderse la ejecución del acuerdo con el FMI, se dispararon de nuevo la desconfianza y la incertidumbre que incentivan la desestabilización de la economía. Mientras por otro lado, la crisis energética alcanzaba niveles dramáticos.

Cinco semanas después que el gobierno asumiera el control de las dos distribuidoras de energía, prosiguen los apagones financieros, y el gobierno carece de dinero para pagar las deudas a los generadores, que ya se estima alrededor de 300 millones de dólares. Ni siquiera para cubrir el subsidio a la energía eléctrica de los barrios, por cuyo concepto se acumulan unos 1,700 millones de pesos por pagar.

Ni contigo ni sin ti…

El gobierno está atrapado en un tremendo dilema que recuerda el viejo estribillo popular que reza “ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, contigo porque me matas, y sin ti porque yo me muero”.

La política gubernamental ha vivido al salto de la pulga pero en un círculo vicioso. Compraron el pollo a Unión Fenosa, pero parece que nadie contó con el mosquillo. No calcularon que las deudas eran superiores a las fuerzas del gobierno y que sin pagarlas no podrían restablecer el servicio energético. Peor aún: los numeritos no cuadraban para el futuro, a no ser que se aplicara una elevación de tarifa del 50 por ciento que sería mortal, o que se identificaran ingresos para elevar y ampliar el subsidio.

De golpe los funcionarios recordaron que entre los proyectos condicionados al ajuste económico por el FMI estaba uno del Banco Mundial por 200 millones de dólares, precisamente para pagar deudas viejas con los generadores de electricidad.

El jueves se anunció que este lunes vuelve una misión del FMI para discutir un nuevo acuerdo, que será el tercero en cinco meses. El primero comenzaría con el mes de agosto, pero después de acordados los términos de la “carta de intención”, hubo que agotar una segunda negociación tras la emisión de 14 mil 800 millones de pesos por el descalabro del Banco Nacional de Crédito.

El gobierno vuelve a negociar y ahora en peores condiciones, porque en la medida en que prosigue la devaluación, también se amplía la brecha del déficit fiscal, y ya no será para lo que falta de este año, sino especialmente para el 2004. Además, hay quienes creen que el FMI fue flexible en las dos primeras negociaciones, pero tras el tropiezo vendrá más rígido.

Lo primero que se apuesta es al tiempo que tomará la nueva negociación y de antemano economistas bien informados temen que no estará concluida y aprobada por el directorio del FMI antes de finales de diciembre. Es decir que regirá con el nuevo año.

Entrampamiento político       

Por más vueltas que se le dé al cuadro, como quiera sale un entrampamiento político del presidente Mejía a causa de la crisis financiera y económica. Un nuevo acuerdo con el FMI a regir desde enero pondrá un candado a los recursos públicos para la campaña electoral, dejará paralizadas millares de obras y obligará a una real política de austeridad.

Es que, calculaban esta semana los economistas Miguel Ceara Hatton, Eduardo Tejera y Rolando Reyes, el gobierno tendrá que identificar fuentes para recaudar por lo menos 50 mil millones de pesos más que los 76 mil millones con que cerrará este año. Y sólo para pagar deuda externa e interna.

Con razón, los técnicos de las Secretarías Técnica y de Finanzas, y de las oficinas de Presupuesto y de Planificación, andaban “deshilvanándose los sesos”, porque en la “proyección preliminar del presupuesto del 2004” tienen un hueco de casi 46 mil millones de pesos, como publicó este diario HOY.

El gobierno está totalmente a la defensiva, buscando convencer al sector empresarial de que haga mayores aportes, sin decidirse a poner en práctica una rigurosa austeridad, aunque ya con el gasto reducido por efecto del déficit fiscal y la devaluación, lo que se refleja en disminución de calidad de los servicios y en paralización de obras públicas.

La situación económica es realmente dramática. Todo lo que el gobierno puede prometer es más impuestos. Ceara Hatton denunció este viernes por Teleantillas que el financiamiento del Banco Central anda ya por 89 mil millones de pesos, 83 mil en poco más de un año, y todos los precios siguen en ascenso y el desempleo campea por todas partes. El Centro de Investigación Económica de las Antillas estima que más de 120 mil personas han perdido su empleo en la actual crisis.

Para los economistas Ceara, Tejera y Reyes, que estuvieron el miércoles en el almuerzo semana de los medios de comunicación Corripio, al igual que para Pedro Silverio, y hace varios meses para Bernardo Vega, los términos de la crisis económica no dejan espacio a la reelección.

Más aún, consideran un despropósito que el primer mandatario ande haciendo campaña a oscuras y en medio de una crisis económica tan dramática. Llegan a estimar que el primer mandatario está viviendo en otra galaxia económico-social y que alguien debería despertarlo a la realidad.

Se generaliza la convicción de que ese absurdo enciende el círculo vicioso de la desconfianza-incertidumbre-devaluación-inflación. Por eso Vega estimó desde mediados de año que la cancelación del proyecto continuista baja varios pesos al costo del dólar.-

 

 

La JCE de nuevo en la picota partidista

Por Juan Bolívar Díaz

El cambio de los principales funcionarios ejecutivos de la JCE a seis meses y medio de las elecciones podría ser difícil y peligroso                                              

            Aunque se pueda entender la suspicacia de los partidos de oposición frente a la actual configuración de la Junta Central Electoral (JCE), el cambio de los cuatro principales funcionarios ejecutivos del organismo podría ser una tarea muy difícil y peligrosa a sólo seis meses y medio de las elecciones presidenciales.

            Los diversos actores políticos deberían hacer los máximos esfuerzos para evitar una nueva crisis en el organismo rector de las elecciones, sobre todo si no pueden presentar razones objetivas para justificar un desmembramiento del aparato ejecutivo del sistema, y menos aún si carecen de fuerza para variar substantivamente su composición.

            Es indiscutible que el fantasma del continuismo ronda el sistema democrático, pero para nada fortalece la JCE maximizar la desconfianza en los jueces, a quienes hay que darle el beneficio de la honorabilidad hasta prueba en contrario, y ayudarlos a cumplir su misión, a través de las instancias de la sociedad civil ya configuradas.

Divergencias a la vista

            La delegación política ante la JCE del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha presentado una instancia demandando la sustitución del Director General de Elecciones, Gilberto Cruz Herasme, del director de Informática, Franklin Frías, de la directora del Registro Electoral, Mayra Goris, y el director de la Cédula de Identidad y Electoral, Juan Carlos Sánchez.

            Por su parte el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, en comunicación del 3 de octubre pasado pidió el relevo del director de Informática y de la directora del Registro Electoral, sin referirse a los otros dos ejecutivos.

            Fue sintomático que esta semana dos de los jueces electorales propuestos por esos mismos partidos, los doctores Roberto Rosario y Luis Nelson Pantaleón, demandaran públicamente que el plenario de la JCE se aboque cuanto antes a conocer de las instancias, sugiriendo que se le está dando largas al asunto.

Mientras el presidente del pleno de la JCE, doctor Luis Arias, y el presidente de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, ambos propuestos por la mayoría senatorial perredeísta, respondían que no debatirán las demandas hasta que la totalidad de los partidos reconocidos hayan emitido su opinión.

Versiones extraoficiales indican que hay diferencias entre los jueces y que la mayoría no favorece la sustitución de los funcionarios ejecutivos a tan corto plazo para los comicios, considerando que podría resultar peligroso para el proceso organizativo en marcha.

La JCE otorgó un plazo, que ya venció, para que los partidos reconocidos se pronuncien sobre las instancias de sustitución, cosa que no ha hecho el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y varios de los minoritarios o emergentes.

            Es obvio que la JCE no puede esperar eternamente la opinión de ningún partido, pero tampoco sería la primera vez que se extienden los plazos en espera de ello. La dilación del PRD no se debe acreditar a intentos de manipulación, sino más bien a sus divergencias internas. Más aún cuando su delegación política, encabezada por Henry Mejía, ocupaba su tiempo en la realización del plebiscito realizado por los precandidatos de ese partido opuestos a la reelección del presidente Hipólito Mejía.

En ese contexto hubiese sido una precipitación que la JCE ignorara la situación y opinión del partido de gobierno, aunque parece razonable que le otorgue un nuevo plazo para abocarse a la mayor brevedad a eliminar lo que ya es un nuevo motivo de confrontaciones internas.

Es necesario que los jueces tomen en cuenta el criterio de los partidos, como lo establece la Ley Electoral, pero ésta no los obliga a acoger sus peticiones, especialmente si no están objetivamente fundamentadas y pudieran afectar el proceso organizativo de unos comicios.

Lo más deplorable para la institución es que los propios jueces se pongan a nivel de los delegados políticos y debatan sus diferencias en los medios de comunicación, lo que desmerita su imagen y tiende a afianzar la desconfianza en el organismo rector de las elecciones.

Una demanda peligrosa

            El PRSC ha fundamentado su demanda de sustitución de la señora Mayra Goris, Directora Interina del Registro Electoral, en que “aparece registrada en el padrón electoral como afiliada del PRD”, algo que pudiera ser comprobable, mientras al ingeniero Frías, director de Informática, lo acusan de deficiencias en sus funciones, llegando a responsabilizarlo de los “palitos” fraudulentos que fueron comprobados en la última votación en Santiago, pero que difícilmente se le pueda atribuir objetivamente a dicho funcionario, quien ejerció el cargo también en los comicios presidenciales del 2000, sin que se registraran irregularidades significativas.

            La posición del PLD parece más radical. Sobre todo por aspirar a un relevo total de los funcionarios ejecutivos de la JCE, incluyendo al clave Director General de Elecciones, el ingeniero Cruz Herasme, a quien se le reconoce alta capacidad, ponderación y honestidad.

            El argumento básico del PLD que responsabiliza a los ejecutivos electorales del “dislocamiento” de más de 900 mil electores, carece de fundamento, lo que reconocen hasta dirigentes del propio partido.

            El delegado electoral peledeísta, doctor Franklin Almeida, está convencido de que esos supuestos dislocados, que no son más que los reubicados por saturación de colegios y locales de votación, no pudieron votar en las elecciones del año pasado.

            Pero en realidad, a tales ciudadanos, ahora reducidos a 771 mil 388, se les notificó por diversos medios su reubicación y se pudo comprobar que en gran mayoría pudieron encontrar sus mesas de votación y ejercer el sufragio.

            Las objeciones y temores sobre esas reubicaciones fueron motivo de denuncias ante de los últimos comicios, razón por la cual tanto los observadores electorales, nacionales y extranjeros, como los medios informativos, pusieron atención al respecto y hubo coincidencia en que no se pudo comprobar tal dislocación y que eso no afectó las elecciones.

            Ese fue el principal elemento de la observación del movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyo informe final de los comicios del 2002 indica que de una muestra nacional de 2 mil 433 electores, sólo el 0.62 por ciento dijo que no pudo encontrar su colegio de votación. Proyectado al total de los entonces empadronados serían 26 mil 358.

            La JCE ha entregado los listados de los reubicados a los partidos políticos y ninguno presentó un patrón demostrativo de que la reubicación tuviera un matiz fraudulento. Por demás han pedido la colaboración de los partidos, y llamado a los reubicados para consignar en sus cédulas sus nuevos colegios electorales, aunque los que votaron el año pasado ya saben donde les toca el sufragio.

Hay que ayudar a esa Junta

            En la opinión pública predomina el criterio de que la actual composición de la JCE presenta debilidades, pero que cada día serán más difícil de revertir, sobre todo en base a confrontaciones, entre ellas el haber sido fruto de una mayoría senatorial de un solo partido, sin consenso, y los parches que sufrió para satisfacer demandas de los partidos de oposición.

            La división en tres instancias, un plenario y dos cámaras dentro de un mismo organismo, no favorece la cohesión. Lo aconsejable era crear dos organismos totalmente separados, una Junta o Comisión Electoral, y un tribunal contencioso, como se ha instituido en otros países, como México y Perú.

Para ello era necesaria una reforma constitucional que todos los sectores consideraron improcedente en las circunstancias de finales del 2002, cuando se pactó la reforma, apenas un centenar de días después de la última y conflictiva modificación de la carta magna.

            Insistir en una confrontación por la sustitución de los cuatro ejecutivos de la JCE podría ser contraproducente por varias razones. Primero porque pudiera debilitarse más aún el organismo rector. También porque al fin de cuenta los tres integrantes de la Cámara Administrativa son jueces nuevos, sin experiencia en la organización de elecciones, y podría resultar peligroso removerles los ejecutivos experimentados en la recta final del proceso electoral, sobre todo al Director General de Elecciones y el Director de Informática.

            Pero además habría que tomar en consideración lo difícil que es encontrar sustitutos eficientes y de consenso general para una labor tan conflictiva y apremiante, en medio de suspicacias políticas. Encontrar los candidatos y lograr consenso podría consumir otra parte significativa del tiempo restante.

            Para entonces ya tendrá menos relevancia el director de la cédula y hasta el director del Registro, puesto que el plazo para recibir solicitudes de empadronamiento para los próximos comicios vence el 16 de diciembre próximo, es decir en mes y medio. Ya luego es poco lo que pudieran decidir esos funcionarios, con un padrón en el internet y en manos de los partidos.

            Con todo, lo justo sería que si se presentaran razones objetivas, la JCE acordara el relevo de los objetados. En cualquier caso lo aconsejable es que de un nuevo plazo conminatorio a los partidos para opinar al respecto y decidir cuanto antes.

            Queda para transacción el mecanismo de la Comisión de Seguimiento a la JCE establecida por el Diálogo Político, que ha acordado colaboración con los jueces. Ellos podrían recomendar, como ocurrió para las elecciones del 2000, la constitución de un equipo de asesores para la dirección de Informática, que sí es clave hasta el final del proceso, sobre todo para el cómputo de la votación.

            A ese título es más fácil conseguir personal especializado, que como hace dos años, pudiera ser prestado por empresas o instituciones.

            Lo que de ninguna forma ayudará al proceso electoral y sólo serviría para agudizar las contradicciones e incertidumbres nacionales, es sumir a la JCE en una nueva división interna. A quienes menos conviene es a los partidos de oposición, carentes de fuerza legal para cambiar la configuración del organismo, los que también pueden reclamar mayor presencia de sus delegados técnicos.-

 

Hipólito y el PRD de mal en peor

  Por Juan Bolívar Díaz

Las encuestas publicadas esta semana ratifican la tendencia del último año que otorga al PLD amplias posibilidades de retornar al poder en el 2004

            Las encuestas publicadas esta semana indican que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y particularmente el presidente Hipólito Mejía van de mal en peor en las preferencias del electorado con miras a las elecciones presidenciales de mayo próximo y las perspectivas económicas no auguran nada mejor para los meses por venir.

            Es particularmente relevante el resultado de la encuesta Penn Schoen & Berland que otorga una cómoda posición al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, con un 58 por ciento de las preferencias para la primera vuelta de los comicios y 62 por ciento para la segunda, los más altos índices registrados en la historia de esas mediciones en el país.

            Con la percepción generalizada de que se ha terminado el tiempo para las garatas entre los líderes perredeístas, lo menos que estos podrían hacer es buscar un rápido acuerdo que necesariamente pasa por el abandono del proyecto continuista y lograr una nueva cohesión que deje definitivamente atrás las confrontaciones de los últimos meses.

Resultados apabullantes

               Los balances arrojados por las encuestas de Penn Schoen & Bertland y la Corporación CID Latinoamericana, no podrían ser más apabullantes para el PRD y su gobierno, superando las percepciones generalizadas de que el PLD se encamina a pasos firmes a recuperar el poder en las elecciones presidenciales del año próximo.

            En ambas investigaciones del mercado electoral el doctor Leonel Fernández registra intenciones de voto más que suficientes para ganar en la primera vuelta. En la Penn Schoen casi triplica las atribuidas al presidente Hipólito Mejía, a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y al doctor Rafael Suberví Bonilla, los tres perredeístas que mayores simpatías registran en las encuestas de los últimos años.

            Sin importar cuál de los tres sea el candidato presidencial del PRD, el peledeísta consigue el 58 por ciento. En sus respectivos escenarios, Ortiz Bosch y Suberví alcanzan 22 por ciento y el presidente Mejía sólo 20. Eduardo Estrella, el candidato del Partido Reformista Social Cristiano, apenas logra el 15 por ciento frente a la vicepresidenta, y el 14 por ciento si Mejía o Suberví fueran los nominados por el partido blanco.

            En la intención de votos por partido, el PLD pierde un punto para seguir dominando con 57 por ciento, mientras el PRD aumenta al 26 por ciento y el PRSC permanece en el 14 por ciento.

            En la encuesta de la Corporación CID, Fernández pasa también en la primera vuelta, en cualquiera de tres escenarios. Aquí aparece Hatuey de Camps en vez de Milagros Ortiz, con 12 por ciento, Suberví 15 y el presidente Mejía baja al 18 por ciento, mientras Eduardo Estrella obtiene 13, 14 y 15 por ciento.

            Cuando preguntaron la pertenencia o preferencia por partido, el PLD casi duplica al PRD, que consigue lo que podría ser su más bajo porcentaje desde la división de 1990, con un 22 por ciento, el reformista queda lejos con 10 por ciento, y un significativo 25 por ciento no sabe, no responde o dice que ninguno.

            Si quedara alguna ilusión para la segunda vuelta, la investigación de Penn Schoen la liquida, pues otorga un 64 por ciento al PLD, que casi vuelve a triplicar al PRD, que registra 23 por ciento, y 12 por ciento afirma que no votaría por ninguno.

            La CID Latinoamericana podrá merecer poco crédito, por cuanto es una firma de Costa Rica desconocida aquí, pero no así la Penn Schoen & Bertland, que es la más antigua de las empresas que realizan encuestas políticas en el país. Comenzó justamente en la campaña de 1982 cuando las hizo por encargo del sector externo que apoyaba la candidatura del doctor Salvador Jorge Blanco. Posteriormente las hizo para el PLD y en los últimos años para el diario El Siglo y luego para El Caribe.

            Esta vez la investigación de Penn Schoen fue ofrecida en rueda de prensa a todos los medios de comunicación, sin que se informara el contratante. Empero sus mediciones gozan de buena reputación porque en todos los casos se han aproximado a los resultados arrojados por las urnas.

Reafirman las tendencias    

            Estas dos encuestas reafirman las tendencias registradas por todas las conocidas en el último año, nada más que acentuando notablemente las ventajas que las anteriores y la percepción pública otorgan al PLD y reduciendo drásticamente las posibildiades del perredeísmo y el reformismo.

            Estas tendencias comenzaron a definirse desde septiembre del año pasado, apenas tres meses después que el PRD barriera en los comicios congresionales y municipales. El PLD apareció por primera vez en primer lugar en la encuesta de Penn Schoen publicada por El Caribe a mediados de septiembre del 2002, con registro de 33 por ciento frente a 28 del PRD. En marzo del 2002 la de Penn había favorecido al PRD 37 a 27 por ciento sobre el PLD, mientras el PRSC cosechaba un 24 por ciento.

            En la encuesta Hamilton para HOY publicada en febrero pasado, las preferencias del PRD cayeron del 40 al 29 por ciento, en relación a la anterior de esa firma de agosto del 2002. Mientras las del PLD ascienden del 24 al 34 por ciento.

            En marzo del 2003 la encuesta Gallup para Omnimedia mantuvo a Leonel Fernández como preferido por el 33.5 por ciento de los participantes. Entonces el segundo lugar lo ocupó Eduardo Estrella con 12.5 por ciento. Apenas el 6.8 por ciento dijo que votaría por Hipólito Mejía y el 6.3 por Milagros Ortiz Bosch.

            La última investigación de esa firma, en julio pasado, ya arrojó a Leonel Fernández como ganador en la primera vuelta con el 51 por ciento, casi el doble de lo que acumularon todos los precandidatos perredeístas. El presidente Mejía registró el 9 por ciento, Ortiz Bosch el 8, Subervi Bonilla 7 y Hatuey de Camps 3 por ciento. Eduardo Estrella apareció en segundo lugar con el 13 por ciento.

            Como se advierte, las preferencias del PLD y Leonel Fernández han estado en sistemático aumento, mientras las del PRD descienden vertiginosamente. En las dos últimas se reducen las posibilidades del candidato reformista.

No avanza el continuismo

            La encuesta de la Corporación CID registró apenas un 15 por ciento a favor de la continuidad del presidente Mejía en el poder, mientras 81 por ciento favorecía un cambio. Los resultados de Penn entregados esta semana no indican que se indagara específicamente sobre el continuismo, aunque sí implícitamente.

            Ya en la Gallup de julio el mismo 81 por ciento había opinado que el agrónomo Mejía no debía mantener su decisión de repostularse, y el 76.9 consideró que no tiene posibilidad de ganar las elecciones del 2004.

            Similares proporciones se han registrado en las encuestas auspiciadas por los precandidatos perredeístas y en otras no publicadas realizadas por encargo de partidos políticos.

            Todavía faltan más de 6 meses para los comicios y nadie puede asegurar que esas tendencias se mantengan, aunque se muestran firmes y las perspectivas económicas no favorecen la recuperación del PRD y menos la de quien encabeza ela ctual gobierno.

            A lo largo del año que declina los voceros gubernamentales han confiado en golpes de efecto que revertirían el declive, pero hasta el momento todo ha quedado en ilusiones. En algún momento se esperaba que la guerra de Irak y el envío de tropas dominicanas darían un gran respaldo de Estados Unidos y hasta se especuló sobre condonación de deuda.

            Después las esperanzas fueron cifradas en el éxito de los Juegos Panamericanos, más tarde en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional aliviaría considerablemente la crisis económica, y el mismo permanece ahora en suspenso, mientras el peso ha vuelto al más de 35 por dólar. La última expectativa estuvo puesta en el “palo” de la compra de las distribuidoras de energía, pero prosigue impertérrita la crisis energética.

            Todo lo que ofrece ahora mismo el gobierno es mayores impuestos para tratar de cubrir el déficit fiscal de este año y el próximo, y eso en ninguna parte del mundo agrega simpatías electorales.

Y el rancho perredeista ardiendo

            Los devastadores resultados de las encuestas no pueden estar ajenos a la crisis que sacude el partido de gobierno, prolongada al menos por seis meses y aún sin perspectiva de un acuerdo para elegir candidato presidencial.

            Las encuestas de esta semana han causado impacto en dirigentes y precandidatos perredeístas, algunos de los cuales ya hace tiempo que dudan que tengan alguna posibilidad de recuperarse para revalidar el poder en mayo, cualquiera que sea el candidato.

            Pero cada día es más generalizado el criterio de que la peor inversión es la repostulación del presidente Mejía, por encarnar el gobierno al que se responsabiliza aún más de lo razonable de la profunda crisis financiera que ha desatado la devaluación e inflación que degradan la vida de la población.

            Todavía hay quienes creen que en algún momento el presidente y su grupo político intrapartidario quedarán convencidos de sus pocas posibilidades. Pero cada día que pasa es tiempo irrecuperable para levantar otra opción que por lo menos ponga en competencia al legendario partido blanco.

              Las contradicciones han llegado a un punto que sólo una declinación del proyecto continuista puede evitar una división del PRD que alejaría aún más sus remotas posibilidades para el 2004. En ese caso y asumiendo el presidente Mejía el papel de árbitro podrían comenzar a revertir el derrotero en que están sumidos.

             El gobierno sigue atrapado en el círculo vicioso de contener el gasto y seguir la disciplina del FMI, o afrontar mayores niveles de devaluación e inflación, lo que reduce al mínimo la magia del poder gubernamental con el que algunos han soñado.

             La tendencia de las encuestas indica que el tiempo se agota para el perredeísmo y que mantener la lucha interna y seguir esperando milagros sería un aventurerismo suicida.-

El gobierno se abre otro frente con la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Genera rechazo el proyecto de ley del Ejecutivo para normar las entidades sin fines de lucro que contradice otro de consenso entre funcionarios públicos y dirigentes sociales

             El proyecto de modificación a la ley 520, sobre instituciones sin fines de lucro, sometido al Senado por el Presidente Hipólito Mejía abre un nuevo enfrentamiento con las entidades más activas de la sociedad civil que promueven otro más completo y de consenso con numerosos organismos gubernamentales en un escenario creado hace 2 años por decreto del mismo mandatario.

            La decisión del Poder Ejecutivo ha causado sorpresa hasta en funcionarios gubernamentales mientras líderes sociales consideran que se trata de una nueva burla a un organismo de participación creado por el actual gobierno, como lo es el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

            Lo peor es que el proyecto peca de superficialidad e improvisación y cae en desaguisados como el de autorizar la disolución de cualquier institución sin fines de lucro por simple mayoría de socios, que podrán repartirse su patrimonio como si se tratara de una empresa comercial, lo que reduciría la cooperación internacional con estas organizaciones.

Un proyecto peligroso

               No es solo que el Poder Ejecutivo haya dejado de lado el consenso gobierno-sociedad civil para reintroducir otro proyecto de ley que nadie discutió previamente. Es que además, la versión que reposa en el Senado contiene disposiciones que podrían causar graves prejuicios a las instituciones sociales que reciben financiamiento de organismos internacionales.

            El más fuerte reparo a la pieza legislativa se refiere al artículo 12 donde se plantea que “una asociación incorporada puede disolverse por voluntad expresa de la mayoría de los socios” mediante solicitud dirigida al Juez del Tribunal de Comercio correspondiente, quien nombrará dos o tres liquidadores para vender en pública subasta los bienes de la misma “y las sumas obtenidas serán divididas entre los socios a quienes coreresponda este derecho según los estatutos”.

            Más fácil aún; en un segundo párrafo del artículo indicado se establece que el tribunal puede prescindir de la subasta “en caso de que todos los socios convinieren en el reparto de la propiedad”.

            A diversos dirigentes sociales ha resultado extraña esta homologación de las entidades sin fines de lucro con las empresas. Se advierte que este artículo podría dar pie a la formación de entidades que el objeto de perseguir financiamiento y donaciones para luego liquidarla y repartirse fondos destinados no a socios ni accionistas, sino a específicos proyectos sociales.

            Se estima que una buena proporción de las más de 10 mil entidades sin fines de lucro que existen, son de una persona o grupo familiar, o de varios amigos. Muchas de ellas, incluídas las de legisladores y políticos, deben su patrimonio al financiamiento estatal. Permitir su reparto por liquidación de la entidad es autorizar un desvío de los recursos públicos.

            De aprobarse tal “facilidad”, muchas instituciones internacionales serían más exigentes y renuentes a financiar proyectos sociales dominicanos, por temor a que sus recursos vayan a parar a manos de vividores, lo que reduciría una fuente importante de ingreso que ha hecho posible el trabajo de instituciones como Profamilia, la Asociación de Rehabilitación o la fundación Dominicana de Desarrollo, para solo citar tres.

            Dirigentes de las entidades sociales involucradas en la promoción de la reforma a la ley 520 salieron la semana pasada a los programas de radio y televisión a denunciar el proyecto. Objetan también el artículo 13 que faculta al Procurador General de la República a disolver cualquier entidad social que “se dedique a un fin ilícito o no realice el fin para el cual fue instituida”.

            Este precepto podría ser utilizado para desmembrar entidades sociales contestatarias de las autoridades. El proyecto tiene disposiciones retroactivas como la de que todas las sociedades actualmente organizadas tendrán que obtener una resolución de incorporación de la Procuraduría General. En otras palabras que se anulan todas las incorporaciones ya dictadas por el Poder Ejecutivo.

Importantes diferencias

            El anteproyecto consensuado contiene numerosos aspectos que son pasados por alto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El primero es un compendio abarcador de 54 artículos, el segundo de 18. Este mantiene aspectos primitivos que podrían regir en 1920 cuando bajo la ocupación norteamericana se promulgó la ley 520 que rige las instituciones sociales. Como los sistemas de registro y cuentas, ahora casi todos computarizados.

            El proyecto oficial, a diferencia del otro, no clasifica la diversidad de asociaciones sin fines de lucro, que las hay gremiales y profesionales, de servicios y técnicas, de beneficio público o beneficio mutuo y mixtas, así como interasociativas y territoriales, religiosas, deportivas o clubísticas.

            Tampoco instituye un organismo para dar seguimiento y fomentar las actividades sociales, ni establece beneficios fiscales, ni se refiere a políticas públicas, habilitación y acreditación de ese tipo de entidades. No promueve la democracia participativa ni fomenta la transparencia en las asignaciones de recursos del presupuesto como hace el proyecto original.

               Ambos proyectos derivan hacia la Procuraduría General de la República la facultad para incorporar entidades sin fines de lucro, pero el consensuado lo extiende a las procuradurías generales de las cortes de apelación, para descentralizarla y facilitar las gestiones de incorporación a los residentes en el interior del país.

               Para la elaboración del proyecto consensuado se tomaron en cuenta y las normativas establecidas en otras naciones. Así mismo se partió de 5 propuestas que ya antes habían sido formuladas, incluyendo una del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Otra de la Alianza ONG y hasta el proyecto de código de ordenamiento de mercado de la Secretaría de Industria y Comercio. También el proyecto de ley al respecto del diputado Pelegrín Castillo y la propuesta de ley marco para las entidades sociales, elaborada por la doctora Tirsis Quezada.

Ruptura de otro consenso

            Dirigentes del Instituto Tecnológico Dominicano, del Centro Juan Montalvo, Colectiva Mujer y Salud, la Fundación Solidaridad y el Foro ciudadano, que han promovido el proyecto de consenso, todavía mantienen esperanzas de que sea éste el aprobado y de que el Poder Ejecutivo retire el otro.

            Al respecto realizaban gestiones ante los legisladores y buscaban la movilización de los representantes de los organismos del Estado que participaron en la elaboración del anteproyecto de ley consensuado.

            Pero mientras tanto el paso del Poder Ejecutivo implica el desconocimiento de otra instancia creada por decreto del mismo presidente Mejía, en este caso el 407-01 que constituyó el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones Sin Fines de Lucro.

            Recuerda la suerte corrida por el proyecto de reforma constitucional ordenado también por decreto presidencial del 2001 y que fue objeto de un amplio consenso entre organizaciones políticas, estatales y de la sociedad civil, para luego quedar como simple material de referencia.

            El Anteproyecto de Ley para el Establecimiento del Marco Legal de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la RD tuvo origen en diversas consultorías realizadas por el Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo en los últimos cuatro años.

            El proceso de su elaboración se inició en el año 1999. Se celebraron encuentros regionales e intersectoriales para determinar sus alcances. Desde el primer borrador se han producido numerosas modificaciones por sugerencias de líderes sociales y legisladores, después de múltiples encuentros de concertación.

            Fue sometido al Congreso Nacional por primera vez en el año 2000. Enviado a una comisión especial de la Cámara de Diputados, nunca se evacuó el informe correspondiente y allí perimió. No tuvo mejor suerte cuando fue reintroducido en el 2002 por la misma presidenta de la cámara Rafaela Alburquerque y Pelegrín Castillo. En una tercera ocasión, el mismo año, correspondió reintroducirlo a la diputada Licelot Marte de Barrios. Una legislatura extraordinaria volvió a liquidarlo.

            Los promotores recuerdan que en marzo del 2001 hicieron una presentación formal del anteproyecto al presidente Mejía, lo que originó el decreto que creó el Consejo Nacional de Seguimiento de Asociaciones sin Fines de Lucro.

            En diciembre del 2002, durante un encuentro convocado por el nuevo organismo se conoció el proyecto de ley. Más tarde, en marzo del 2003, otra reunión convocada por el presidente del Consejo, Rafael Calderón, volvió a avalar el proyecto, y se pidió a los organismos del Estado que tuvieran propuestas de modificación que las remitieran para proceder a solicitar al Presidente su reintroducción al Congreso Nacional.

            En el proceso participaron además, de la secretaría Técnica de la Presidencia, la Oficina Nacional de Planificación, la Procuraduría General, Tesorería Nacional, Dirección General de Presupuesto y otros organismos públicos.

|           Como no se conocieron objeciones, todos creían que había un amplio consenso sobre la validez del anteproyecto, hasta que el Poder Ejecutivo, sin previo aviso ni cesantía, remitió su improvisado proyecto al Senado en Septiembre pasado. Y una vez más las promesas de “gobierno compartido” y participación social parecen quedar en los papeles del recuerdo.-

 

El PRD camina a perder su larga preponderancia

Por Juan Bolívar Díaz

Los perredeistas han abandonado el discurso democrático y redentor con el cual ganaron el respaldo de amplios sectores medios y populares  

            El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está en peligro de una división que podría poner fin a la preponderancia que ha mantenido en la política dominicana por más de cuatro décadas, tras llegar del exilio encarnando las expectativas de libertad y democracia de las clases medias y populares.

            Cada semana que transcurre en medio de un profundo enfrentamiento interno motivado por el abandono de los principios redentoristas y antirreeleccionistas que había enarbolado desde su fundación se alejan más las posibilidades de que el perredeísmo pueda unificarse en torno a una candidatura que pueda repetir el triunfo electoral del 2000.

            La ausencia de un liderazgo como los del profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez le hará muy difícil mantener la unidad tras una derrota electoral fruto del descalabro económico en que ha caído el país en el último año, especialmente si el presidente Hipólito Mejía se inmola en las urnas el 16 de mayo próximo.

 

Efectos de la crisis económica

            Hace ya trece meses que se inició la corrida que ha devaluado en cien por ciento el peso y llevado la inflación sobre el 30 por ciento y el descalabro financiero impulsado por desaciertos gubernamentales y la quiebra de tres bancos, configurando una de las peores crisis económicas de la historia de la nación.

            Paralelamente comenzó el desplome del PRD y su gobierno en las preferencias de los electores, como ha quedado evidente en las encuestas Penn & Schoen, Hamilton y Gallup publicadas desde entonces y en otras auspiciadas por partidos políticos.

            Esa caída es perceptible a simple vista para cualquier observador del proceso, y parece indetenible en la medida en que se sienten con más fuerza los efectos de la crisis que ha dejado sin empleo a decenas de miles de personas y afectado a otras tantas que viven de las micro empresas, a golpes de devaluación, inflación y apagones.

            En las clases medias, donde el perredeísmo afianzó sus preferencias durante varias décadas, la crisis económica está produciendo efectos demoledores, pues al ser consumidoras de productos importados, su capacidad adquisitiva se ha reducido en más de un por ciento y muy pocos han podido revaluar sus ingresos. Como secuela se percibe en diversos ambientes y en la opinión pública una desesperanza tan acentuada que pasa al nivel del derrotismo y la frustración.

            La circunstancia de que en medio de un cuadro tan adverso el presidente Hipólito Mejía se mantenga en activa campaña para buscar una reelección “al precio que sea”, determina un mayor rechazo a su gobierno en las clases medias y alta, hasta niveles irracionales.

Un largo enfrentamiento

            El PRD lleva más de 6 meses inmerso en un profundo enfrentamiento interno por la nominación presidencial, sin poder reunir sus organismos directivos, por la convicción general de que detonarían una división.

            La opinión pública ya muestra cansancio de la enconada lucha partidaria motivada básicamente por ambiciones y aspiraciones individuales. Apenas en dos o tres de los 8 precandidatos declarados se sienten vestigios del discurso redentorista del profesor Bosch o de los planteamientos socialdemócratas de Peña Gómez.

            Embullados y ensoberbecidos en el disfrute del poder, muchos de los altos dirigentes del partido blanco no han podido registrar el nivel de deterioro en que están sumidos. Aunque hay quienes se muestran conscientes de que les espera lo peor.

            Uno de los más altos dirigentes del PRD, que no es precandidato, compartió en estos días su convicción de que a ese partido ya le resultará muy difícil ganar la elección presidencial de mayo próximo, aún manteniendo la unidad y cualquiera que sea el candidato.

            “Sólo un milagro nos salva”, expresaba otro dirigente que todavía mantiene esperanzas de que el presidente Mejía abandone sus aspiraciones continuistas, aludiendo a la posibilidad de que escogieran a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, que junto al secretario de Turismo, Rafael Suberví Bonilla, encabeza las preferencias de los perredeístas, de acuerdo a las encuestas.

            La doctora Ortiz Bosch parece ser, entre todos los precandidatos, la que mayores posibilidades tiene de recuperar parte del voto perdido por el perredeísmo entre sectores que creían en los discursos de Bosch y Peña Gómez sobre los cuales se sustentó la fortaleza del PRD.

            Cuando se analizan esas posibilidades se argumenta en contra su condición de mujer, lo que, sin embargo, podría constituirse en factor positivo en las actuales circunstancias, dado el descrédito de la política dominicana, dominada por los hombres. Ella es de los perredeístas que mantienen el discurso socialdemócratas, y cuya imagen es pulcra en términos éticos y de transparencia en su gestión pública. La última vez que se sometió al veredicto de las urnas en 1998, fue electa senadora del Distrito Nacional con el 62 por ciento de los votos.

¿Cuál del grupo de los siete?

               Las dificultades entre los perredeístas no se limitan a las derivadas del continuismo, ya que en el grupo de los 7 precandidatos opuestos a la reelección, tampoco se registra suficiente solidez institucional, espíritu de sacrificio y fortaleza democrática.

            La mejor prueba es que no han podido ponerse de acuerdo para elegir uno entre ellos que enfrente la candidatura de Mejía, aunque al firmar un pacto el 9 de septiembre prometieron que en diez días presentarían un mecanismo al efecto.

            No hay explicación para que no hayan aprovechado las dos encuestas que han auspiciado sobre la reelección presidencial, para determinar cuál de ellos es el preferido del electorado y de los perredeístas como alternativa al continuismo. Es incongruente que crean en las encuestas para una cosa y no para la otra.

            Desde hace varias semanas se registran tensiones al interior de ese bloque y en días pasados se rumoreaba la inminencia de la separación del doctor Suberví, quien todavía guardaría expectativas de ser respaldado para la nominación presidencial por el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

            Meses atrás en sectores del PPH se llegó a considerar la posibilidad de que Hipólito Mejía declinara la candidatura y se discutía a quién apoyar. Unos se iban con Milagros y otros con Fello Suberbí. Es obvio que este les sería más manejable pero también los llevaría más directamente al fracaso por sus evidentes dificultades para sumar votos fuera de la militancia netamente perredeísta, especialmente en las clases medias y altas, donde están los mayores rechazos.

.           Para la generalidad de los observadores, es difícil que el presidente Mejía no termine imponiéndose aunque sea por estrecho margen en la convención que elegiría el candidato perredeísta, habida cuenta del poder que implica la presidencia de la nación. Si no alcanza una proporción muy superior a la mitad de los votos, la división o por lo menos la inhibición, sería muy probable.

Si el grupo de los 7 lograra derrotarlo se haría inminente la división, de la que el PRD sólo se libraría definitivamente ganando las elecciones presidenciales. Si Mejía auspiciara otro candidato o candidata y se da el milagro del triunfo, él quedaría como líder del partido. Si en tal circunstancia pierden, podría aspirar a serlo. Pero si él es el candidato derrotado, los enconos serán mucho mayores, sus capacidades de maniobra menores y la división inevitable. No habría quien unificara. En ese escenario Hatuey de Camps podría emerger con más fuerza interna, pero sin posibilidad de entenderse ya con el PPH.

Adios a la mística y el mito.

            La mística perredeísta vino del exilio antitrujillista, por haber sido el grupo más numeroso y con más personalidades políticas. Cuando llegó al país el 5 de julio de 1961 ya tenía dos décadas de fundado y su principal dirigente, Juan Bosch, ya acumulaba dimensión de líder político.

            El PRD tuvo el mérito de haber roto el miedo e iniciado las luchas abiertas contra el trujillismo, apenas cinco semanas después del ajusticiamiento del tirano. De inmediato Bosch encarnó en las masas populares y echó raíces en los sectores de clase media inscritos en el liberalismo democrático y las reformas sociales, lo que generó la victoria electoral del 20 de diciembre de 1962 con el 59 por ciento de los votos.

            El alevoso derrocamiento del gobierno constitucional, cuando apenas llevaba 7 meses, originó el mito. Aquel había sido un régimen democrático, tolerante de la disensión, y el profesor Bosch salió del poder sin la menor arruga moral.

            El mito y la mística crecieron a consecuencia de la ocupación militar norteamericana que impidió la restauración del gobierno perredeísta, tras la hazaña de la revolución constitucionalista.

            Todo el antibalaguerismo, el nacionalismo y las energías revolucionarias sintonizaron con el perredeísmo en los 12 años del régimen de Balaguer, cuando la fuerza del partido blanco impidió la restauración de la dictadura, lo que alimentó el mito y la mística.

            Ese partido fue tan fructífero en el discurso y sus promesas de redención nacional y en la pluralidad democática, que cuando Bosch lo abandona en 1973, ya Peña Gómez encarnaba un nuevo liderazgo, que ligado con la Internacional Socialista le preservaría la mística y sus preferencias en el electorado.

            Haber desplazado el poder balaguerista en 1978 e iniciado profundas reformas políticas, llevó el poderío perredeísta a la cima, pero pronto empezó a quedar corto en las políticas de redención social y económica. Al final de su segundo período consecutivo, llegó el primer descalabro y una profunda división.

            Sólo la fuerza del liderazgo de Peña Gómez y su elaborado discurso social y político lograron rescatarlo. El despojo electoral de 1994 y el frente conservador que le cerró las puertas en 1996 realimentaron el mito y la mística que sobrevivieron a la temprana desaparición de Peña Gómez, para explicar las victorias electorales de 1998 y el 2000.

            Con el control del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y de casi todos los municipios, el perredeísmo ha vuelto a mostrarse incapaz de responder las expectativas, no sólo en términos económicos y sociales, sino hasta en lo político. La mejor evidencia fue como limitaron el programa de reformas constitucionales para renegar de su historia y restablecer el reeleccionismo que ellos mismos habían hecho prohibir apenas 8 años antes.-