Por Juan Bolívar Díaz
De nuevo se plantea un aplazamiento, que sería el tercero, para la puesta en marcha del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, uno de los contenidos fundamentales de la ley 87-01, promulgada el 9 de mayo del 2001, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Según el artículo 7 de la ley, el Seguro de Salud Contributivo debió iniciarse el 1 de noviembre del 2002, a los 15 meses de la publicación de la ley, que ocurrió el 1 de agosto del 2001. pero luego se fijó para el 1 de mayo del 2003. El último aplazamiento lo remitió al 1 de junio, pero las asociaciones que representan a las administradoras de riesgos de salud, a las clínicas privadas y a los laboratorios privados, acaban de pedir un nuevo diferimiento, que sería el tercero.
Las prestadoras de servicios parecen coincidir con organizacions empresariales que también formulan diversos cuestionamientos y consideran que no se dan las condiciones para el arranque del seguro de salud como de otros contenidos del Sistema de Seguridad Social.
Aunque fundamentan su petición en diez motivos, incluyendo retrasos en la aprobación de algunos reglamentos, la motivación que reune mayor consenso parece ser el persistente diferendo en torno al artículo 165 de la ley, sobre el cual el sector gremial y profesional debió buscar una transacción hace tiempo.
La polémica por la interpretación de ese artículo comenzó poco después de la promulgación de la ley. El texo establece que “Durante un período de cinco años a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)conservará a todos los trabajadores privados que sesenta (60) dias antes de entrar en vigencia la presente ley, sólo estuviesen afiliados al régimen del seguro social, más sus familiares”.
Los gremios de la salud y los sindicatos, aferrados a posiciones anti-privatización y defendiendo al IDSS, interpretan al pie de la letra el artículo, en lo cual parecen tener razón. Pero ocurre que de ser así el artículo es un disparate, porque establece un límite mortal para dos meses antes de entrar en vigor la ley, es decir un efecto retroactivo. Equivale a no dar alternativa, a una imposición, que es como lo interpeta el sector empresarial. Un plazo muerto sobra, no tiene sentido en la ley.
Ocurre también que el asunto no sólo importa a los empresarios, sino también a esos trabajadores afiliados al IDSS, a quienes se les niega el derecho a escoger. Se les obliga por 5 años a mantenerse en un servicio, el del IDSS, del que pocos están satisfechos, precisamente una de las razones por la que se demandaba un nuevo sistema de asistencia de salud.
Los empresarios interpretaban, con sentido más lógico, que el plazo de sesenta días se refiere a la fecha que la ley señalaba para el arranque del Seguro Familiar de Salud, por lo que antes del 1 de noviembre dieron de baja a decenas de miles de trabajadores afiliados al IDSS para que ooptaran por los servicios privados. Ahora aducen que no pueden mantener la doble afiliación.
Según lo que explicó el director del IDSS, William Jana, cuando estalló el conflicto hace casi un año, esas desafiliaciones no pasaban del 20 por ciento de los 500 mil asegurados que tenía esa institución. La dejaría con 400 mil afiliados. Pero como ahora incluirá los padres, hijos o dependientes directos, con un promedio de dos por cotizante, los afiliados al IDSS pasarían a ser un millón 200 mil.
Ese cálculo sepulta el argumento de que se quiere liquidar el IDSS en beneficio del sector privado. Tal vez sea lo contrario, con la interpetación gremial y el mismo promedio de asegurado por afiliado, llegarían al millón 500 mil. Es decir el instituto tendría que mostrar la eficiencia que no ha tenido con la tercera parte. En el plazo de los cinco años para liberar esos trabajadores del yugo del IDSS la institución podría irse a pique si no opera con eficiencia.
En conclusión, en vez de perjudicar al IDSS, la reducción del 20 por ciento puede que sea una descarga liberadora. Y como los empresarios contribuyentes y prestadores de servicios lo consideran fundamental, lo conveniente es una transacción para no seguir sembrando la discordia y obstruyendo el nacimiento del sistema por un asunto secundario.
De todas formas, el proteccionismo para el IDSS se mantendrá frente al 80 por ciento de sus afiliados. Bastante si tomamos en cuenta las deficiencias que históricamente le han afectado. Todavía recientemente los médicos internistas de esa institución protagonizaron una semana de paralización, denunciando no solo sus condiciones laborales, sino también las de la atención de los pacientes.
Que se bajen ya los ímpetus luchistas y se aboquen todos los sectores a una transacción efectiva. Que no dilaten más la implementacción de la gran reivindicación que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social.-