Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-

 

 

Otras graves paradojas

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Cualquiera que se ponga a hurgar en la cotidianidad nacional tropezará con una inmensa cantidad de paradojas, mucha de ellas tan graves que obligan a rememorar al escritor y político Juan Isidro Jiménez Grullón y su planteamiento de que la República Dominicana es una ficción.

La más relevante de los últimos tiempos es que mientras por todo el continente la Odebrecht está a la defensiva, cancelados sus contratos y demandada por los Estados víctimas de sus maquinaciones, no sólo de sobornos, sino también de sobrevaluaciones de obras, aquí es al revés: la constructora ha demandado al Estado a un arbitraje internacional en Nueva York para que se le pague 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina.

Cuando nueve de cada diez dominicanos ya estaba convencidos de que en la contratación original de las plantas por 2,040 millones de dólares, ya había una gran sobrevaluación, un informe técnico recogido por la comisión presidencial que evaluó la contratación concluyó en que más bien estaban subvaluadas. Odebrecht se lo tomó en serio y quiere llevar el costo de las plantas sobre los 2 mil 700 millones de dólares, otro escándalo internacional. No deja de ser paradójico que aquí estemos construyendo plantas de carbón, cuando las existentes se están desmontand0o en gran parte del mundo.

Otra paradoja relacionada con Odebrecht es que el Procurador General Jean Alain Rodríguez ha pedido cuatro meses adicionales para reunir las pruebas de los sobornos de esa empresa, cuando se acerca al año el acuerdo que relevó de toda responsabilidad penal a la constructora a cambio de que entregara toda la documentación e información que posea sobre sus actividades delictivas en el país, en un plazo de 60 días

Se enumeraba concretamente que Odebrecht identificaría a los funcionarios sobornados, coautores y cómplices, las obras adjudicadas mediante sobornos, las personas o entidades que facilitaron los sobornos, los montos entregados y mecanismos financieros, incluyendo las cuentas bancarias, registros contables…Odebrecht demanda al Estado, pero la Procuraduría no anula el acuerdo, como estaba previsto en caso de incumplimiento.

En lo político sobran también las paradojas: el PRD y medio PLD que pretenden imponer el padrón abierto para elección primaria simultánea todos los candidatos  de todos los partidos, a cargo de la Junta Central Electoral, pero quieren quitar el voto preferencial para el nivel municipal por considerar que sería imposible de materializar al tratarse de 3,900 cargos. Aunque en la elección nacional habría que contarle sus votos a un candidato por cargo y partido, en la primaria serían el triple.

Una paradoja más: con todos los déficits en la distribución de la energía, que han implicado miles de millones de dólares de subsidio durante los últimos 15 años, en ese mismo período la estatal Edesur ha pagado 300 mil dólares mensuales, equivalentes a 3.6 millones anuales y a 54 millones de dólares en ese lapso por el alquiler de un edificio. Se ha renovado tres veces el contrato original, cuando desde el principio se debió tomar un préstamo -ese sí justificado- para construir las oficinas. Con esa suma las tres distribuidoras estatales de energía tendrían edificio propio. Ahora siguen pagando.

Y la final: Con casi tres décadas de discurso anti haitiano, rebosante de odio y discriminación, con tanto canto soberanista, se sigue denunciando el incremento de la inmigración de los vecinos. Aunque la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 demostró que el mayor flujo se produjo en los cinco años anteriores, cuando los adalides del ultra nacionalismo controlaban la dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras.

Más paradójico todavía es que se sigue proclamando que esos haitianos “despojan” a los dominicanos de los empleos, como si ellos mismos se auto contrataran, para no encarar la responsabilidad de los gobiernos, los empresarios y hasta las personas individuales que prefieren que hayan muchos disponibles, para sobreexplotarlos, con bajos salarios, sin seguridad social ni prestaciones laborales.-

                                               

Alianza por el derecho a la salud

A1

Por Juan Bolívar Díaz

Resulta positivo que una treintena de organizaciones sociales y personalidades públicas hayan constituido una Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), respondiendo a los persistentes problemas de la salubridad nacional, que durante el año recién concluido registró un vergonzoso incremento de las muertes maternas e infantiles, en las que el país ya ocupaba el cuarto y segundo lugar, respectivamente en América Latina y el Caribe.

Esa preocupación debe conectar con el anuncio de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, de que a mediados del año estará listo un Plan Decenal de Salud y con el llamado del director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA, Víctor Terrero, a una jornada nacional permanente contra la mortalidad materna, que a su juicio debe incluir no sólo a los organismos estatales y los gremios sectoriales, sino también a las organizaciones sociales.

Las estadísticas indican que el año pasado el esfuerzo oficial logró reducir significativamente la incidencia de enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, malaria y chikungunya, no así la leptospirosis, pero es relevante que no pudieran combatir eficazmente las muertes materno-.infantiles, aunque fue propósito anunciado por el ministerio de Salud al comienzo del 2017.

A mediados del año pasado, un informe de Unicef colocó al país como el segundo en mortalidad neonatal, y desde años anteriores es el cuarto en mortalidad materna en la Latinoamérica. Las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud, muestran que el año pasado hubo un crecimiento sobre el 10 por ciento en  muertes maternas e infantiles, Algo que debería avergonzarnos a todos en pleno siglo 21.

No hay manera de desligar esa ocurrencia del hecho de  que mil 400 médicos y 2 mil 500 enfermeras fueran pensionados sin que se hayan designado sus sustitutos, y de que cerca de medio centenar de hospitales de todo el país permanecen severamente afectados por la reconstrucción a que fueron sometidos al mismo tiempo hace al menos cinco años. Entre ellos los dos principales hospitales de maternidad del gran Santo Domingo y los dos mayores de Santiago, incluyendo al materno-infantil. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación y el reparto alegre de obras, sin contar con los recursos necesarios. T en casi todos los costos contratados originalmente han sido superados con creces.

Hay que aferrarse a la esperanza de que esta vez, a diferencia del anterior, el Plan Decenal de Salud en proceso de elaboración, resulte lo que fueron programas similares puestos en vigencia para la educción, en cuanto crearon las condiciones que propiciaron el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación de 1997 que dispuso una inversión mínima del 4 por ciento del PIB para ese sector. Todos sabemos que en Salud Pública todavía estamos a menos de la mitad del 5-6 por ciento del PIB que recomiendan para el sector los organismos internacionales especializados y que en esa materia también nos encontramos en la cola regional.

Mientras tanto  se impone que el gobierno cumpla lo antes posible la promesa formulada por el presidente Danilo Medina en su informe del 27 de febrero pasado, de que concluirían las remodelaciones de 56 hospitales. Parece que apenas pudieron terminar unos ocho, y  que en muchos se avanzó muy poco. El gobierno se mostró satisfecho del aumento en las personas incorporadas al Servicio Nacional de Salud, pero de nada vale una tarjeta plástica, sino mejoran los servicios hospitalarios y se evitan los conflictos con los gremios generan frecuentes paralizaciones por asuntos como los salariales, sobre los que ahora se anuncian acuerdos.

Por todo eso resulta positiva la emergencia de la ADESA que el próximo domingo realizará una caminata en plena capital para reclamar los recursos que son urgentes para enfrentar lo que se ha considerado como colapso de los servicios hospitalarios de salud.-