Tenemos que afinar la puntería

22_11_2018 HOY_JUEVES_221118_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró anteayer un interesante foro sobre el derecho ciudadano a la participación, concentrando la atención en el derecho a la iniciativa popular y el referendo aprobatorio, instituidos en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010.

La recién electa directiva de la ANJE, presidida por Guillermo Julián, siguió una ya larga  contribución de la entidad al debate de los temas de interés, no sólo empresarial, sino integralmente social, que en muchas ocasiones ha pasado de lo retórico académico a la concertación y movilización junto a otras organizaciones de la sociedad civil para alcanzar avances significativos.

Junto a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, Educa y otras organizaciones ha estado a la cabeza en la promoción de jornadas como la que originó en 1997 la Suprema Corte de Justicia más independiente de nuestra historia, la lucha por la sanción de los fraudes bancarios del 2003, por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la Educación, y en la promoción de las reformas políticas e institucionales. Es justo consignar que en ocasiones han participado otras importantes instituciones empresariales.

Tal como argumenté, invitado al foro del martes, la preocupación por la vigencia de las iniciativas constitucionales de participación ciudadana es válida, pero tropieza con la escasa voluntad de aplicarlas por parte de quienes han ensamblado una estructura de dominación casi completa del Estado y muchas entidades sociales. Pareciera que las pusieron en la carta magna como adorno para bautizarla como la máxima expresión del Estado Democrático de Derecho, de la era de la Información y del conocimiento, de la postmodernidad y otros orgasmos discursivos.

De hecho, la iniciativa legislativa popular establecida en el artículo 97 de la Constitución, fue natimuerta al establecer el requisito del 2 por ciento del padrón electoral para una simple introducción al Congreso, sin ninguna garantía de que siquiera sería considerada. Con el padrón actual que la Junta Central Electoral proyecta sobre 8.1 millones para el 2020, habría que reunir unas 160 mil firmas, lo que desaliente hasta las mejores iniciativas.

Ahí están también el artículo 203, que establece el Referendo, Plebiscito e Iniciativa Normativa Municipal, “con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”, el 210 sobre Referendos, o consultas populares, y el 272 que condiciona la reforma constitucional en aspectos fundamentales a un referendo aprobatorio. Todos tienen en común el no haber sido objeto de las leyes orgánicas o reglamentarias correspondientes, y nadie ha apelado a ellos, aunque se intentó con la reforma constitucional del 2015, para posibilitar la reelección de su promotor Danilo Medina, pero se sostuvo que no caía en la categoría. Aunque si algo debería ser dificultado en la Constitución dominicana es la reforma sobre la reelección presidencial por cuanto han motivado la mayoría de sus 139 modificaciones.

Como estamos viviendo los prolegómenos de la reforma 140, en vez de ocuparnos de unas iniciativas populares que precisarán leyes que las hagan viables, cuando haya voluntad política, la sociedad dominicana debe concentrar su atención en rechazar firme y decididamente una tercera reforma reeleccionista en 9 años, que sería realizada por casi todos los mismos legisladores, de la misma corporación político-empresarial dominante, lo que constituiría un récord mundial.

Con hasta 71 por ciento de los ciudadanos opuestos a otra reforma reeleccionista, con el 40 por ciento de los legisladores de su propio partido rechazándola, además de los de la oposición, sólo el abuso del poder del Estado, y la reedición de un impúdico mercado de compra y corrupción de legisladores y políticos podría hacerlo posible, como de hecho ocurrió en el 2015 cuando, según denuncias nunca investigadas, recibió hasta financiamiento de la Odebrecht.

El otro foco de atención que señalé en el foro de ANJE es la reforma del Régimen Electoral también imperativo por la Constitución del 2010. Nos encaminamos a unas cuartas elecciones consecutivas sin haber adaptado las normativas electorales a los mandatos de la “Constitución del siglo 21” cuyo artículo 208 consagra el voto “personal, libre, directo y secreto”, el 211 dispone “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el 212 sujeta las campañas electorales “a los principios de libertad y equidad”.

Todo el esfuerzo de la sociedad debe encaminarse ahora a la reforma del régimen electoral,  antes que una crisis termine por reventar el anacrónico y vulnerable sistema donde los gobernantes hacen irrumpir todo el poder del Estado para prolongarse. Hay que afinar la puntería.

Un país realmente inverosímil

15_11_2018 HOY_JUEVES_151118_ Opinión12 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Hace más de seis décadas que el poeta nacional Pedro Mir escribió el más preciado de todos los poemas dominicanos, “Hay un País en el Mundo”, quejándose de que “este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura…país inverosímil donde la tierra brota, cruje y se derrama como una vena rota, donde alcanza la estatura del vértigo”…

            Tanto tiempo ha transcurrido y los dominicanos seguimos siendo un amasijo humano que no sale de una garata, incapaces de aceptar el imperio de la Constitución y de cumplir el ordenamiento legal que nos damos una y otra vez, renegadores de los compromisos y pactos, desconocedores de consensos y propósitos, saltipanquis impostores de la ley de la conveniencia, cínicos desvergonzados.

Los mismos que después de dos años de incontables consultas aprobaron la Constitución de la postmodernidad para el siglo 21, empezaron de inmediato a renegarla, y que poco después compraron una modificación para auspiciar una reelección bajo el juramento de nunca jamás, ya están empeñados en convencernos de que tal predicamento es discriminatorio, buscando una cuadragésima reforma constitucional en aras del continuismo en el poder.

En esa Constitución del Estado de Derechos instituimos que a partir del 2020 la elección de las autoridades municipales estaría separada por tres meses de las congresuales y presidenciales. Pero antes de la primera prueba ya sus mismos propulsores se empeñan en  reunificarlas, bajo el argumento de que serían complicadas. Se trata de un pretexto para abrir la posibilidad de colar otras reformas constitucionales acomodaticias.

Todas las mediciones, nacionales o internacionales, revelan el descrédito de la democracia dominicana, que en la muy reciente de Latinobarómetro, cayó del 60 al 44 por ciento en sólo dos años. Pero el liderazgo político sigue convencido de que la sociedad dominicana le otorga un gran aval para continuar por la senda del despeñadero.

Nos pasamos año y medio discutiendo sobre cómo elegir los candidatos hasta imponer por mandato presidencial que pudiera ser con padrón abierto o cerrado, indistintamente para todos los partidos, simultáneamente y bajo organización y escrutinio de la Junta Central Electoral. Nos hemos negado a reconocer que estamos abriendo una caja de pandora, porque si antes fue tres veces imposible contar, ni en dos semanas, los votos preferenciales para 190 diputados, con un candidato por partido, ahora imponemos contar los votos individuales para 10 o 12 mil precandidatos por partido, unos con padrón universal y otros con el propio, no se sabe con cuántas urnas. Ya dos partidos decidieron que van con el padrón abierto y un tercero con el propio o cerrado.

Pero apenas promulgada la ley 33-18, llamada a producir un pandemónium político si no revalidamos un voto electrónico que ni a medias pudimos implementar hace dos años, estamos descubriendo que no se puede cumplir otra ley, la 157-13, que instituye el voto preferencial en la elección de las autoridades municipales, porque el escrutinio sería complejo, aunque en esta sólo serían 3 mil 800 candidatos por partido.

Después de años de discusión de la Ley de Partidos parimos un adefesio con claros indicios de inconstitucionalidades, pero seguimos dando largas a la más importante Ley del Régimen Electoral que debería auspiciar una real competencia, con la equidad, transparencia y justicia que manda el ordenamiento constitucional. No se encuentra explicación a que no se discutiera una reforma integral del sistema político-electoral.

En vez de auspiciar más democracia, separando el arrastre en la elección de los diputados y el senador y de los regidores y el alcalde, pretendemos dar un salto hacia atrás eliminando el voto preferencial.

Oh Dios! Por qué nos diste un país tan inverosímil, tan reiterativo en sus miserias institucionales y en manipulaciones.-

Compasión por los emigrantes

08_11_2018 HOY_JUEVES_081118_ Opinión10 APor Juan Bolivar Diaz

Constriñe el alma y mueven a compasión y solidaridad esas inmensas multitudes humanas que se desplazan en caminatas de miles de kilómetros o se juegan la vida en frágiles embarcaciones tratando de llegar a países donde podrían mejorar sus expectativas de vida, aunque lo hagan desafiando el derecho que estos tienen a establecer límites de acogida.

Es sobrecogedor que miles de centroamericanos estén marchando por más de dos mil kilómetros, en condiciones infrahumanas, empeñados en llegar a territorio de los Estados Unidos.  Como también los muchos más que siguen jugándose la vida cruzando el mar Mediterráneo convertido en inmenso cementerio, para tocar las puertas de Europa.

No están haciendo otra cosa que repetir la historia de la humanidad, desde sus orígenes, trashumantes somos y sobre cordilleras, desiertos y océanos seguiremos la marcha, agobiados por la pobreza, las persecuciones políticas o religiosas, sin importar el costo a pagar por la sobrevivencia y la imperiosa necesidad de crear nuevas expectativas de vida para nuestros descendientes.

Las caravanas de emigrantes que han partido de Honduras y Guatemala han conmovido al mundo en los últimos días, pero no son muy diferentes a las que en los últimos años han protagonizado una invasión de Europa, por cientos de miles. Aunque este año han disminuido, hasta el 15 de septiembre último eran 82 mil los que se la jugaron en el Mediterráneo, logrando llegar a la tierra de promisión, mientras 1,719 perdieron la vida.

En muchos casos se trata de una migración en dirección inversa a lo que ocurrió durante siglos, cuando los europeos invadieron inmensos territorios africanos, americanos y asiáticos, quedándose unos para siempre, y otros extrayendo inmensas riquezas y explotando tantos recursos naturales que destruyeron sistemas ecológicos y sembraron la miseria y el hambre.

Muchos de los países emisores de migrantes han sido víctimas durante décadas y siglos de la más cruel explotación de sus recursos y riquezas, o víctimas de las guerras cada vez más exterminadoras y degradadoras como consecuencia de las armas enviadas o traficadas por los más desarrollados que recurrieron hasta a la esclavitud.

Durante demasiado tiempo las naciones dominantes desataron o auspiciaron guerras., tiranías y dictaduras acordes con sus intereses que socavaron culturas y promovieron servidumbre, mientras los invadían de predicadores que pedían resignación bajo la promesa de mejor vida en el paraíso más allá de la vida conocida.

Ciertamente que el mundo se reordena, pero con una concentración tan espantosa de la riqueza, está creando condiciones insostenibles que seguirán compeliendo a inmensas masas humanas a forzar las puertas de la migración. Pero más allá del legítimo derecho de las naciones en ordenar su propia casa y limitar los ingresos, queda la compasión y la solidaridad con los migrantes que el Papa Francisco ha predicado con tesonera sistematicidad. Es lo que está haciendo en estos días el pueblo de México, que comparte su pobreza con los caravaneros que pretenden llegar a Estados Unidos.

Lo que no corresponde son las estigmatizaciones, los insultos, y las amenazas hasta de responder a balazos con que los enfrenta el presidente Donald Trump, ignorando la responsabilidad que ha tenido su país que por más de un siglo impuso sus dominios políticos, económicos y militares sobre la región. Los europeos no han respondido con balazos y han rescatados del naufragio a decenas de miles, asumiendo la responsabilidad de absorberlos. Sólo a las costas españolas habían llegado 43,467 entre enero y septiembre. Mientras la Unión Europea invierte recursos en los países de emisión y tránsito, tratando de disuadir las corrientes migratorias, Trump los amenaza con suprimir programas de ayuda y financiamiento.

Los dominicanos deberíamos tener más sensibilidad para entender los problemas migratorios, ya que más de dos millones de los nuestros llegaron y se quedaron irregularmente en múltiples naciones en poco más del último medio siglo. No sólo en países ricos, sino hasta en pequeñas islas caribeña donde alcanzamos cotas tan altas como la quinta parte de la población local. Y nunca sabremos cuántos miles perdieron la vida en el mar Caribe en la aventura migratoria.

Duras contradicciones dominicanas

01_11_2018 HOY_JUEVES_011118_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

Con más de una década de un crecimiento económico promedio alrededor del 6 por ciento, sin duda entre los más altos del mundo, pocos pueden entender que la República Dominicana siga resultando quemada en casi todas las evaluaciones internacionales, como se ha repetido recientemente con el Indice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, y en informes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y de la revista The Economist.

La incidencia ha sido tan reiterada que ya se acabaron las impugnaciones basadas en una supuesta campaña internacional de descrédito o en manipulaciones de los competidores. Los defensores del “enorme progreso” nacional han tenido que apelar a manipulaciones, ignorando hasta cambios de metodologías, para argumentar avances significativos. Los más profesionales reconocen que tenemos rémoras institucionales y retrasos tan arraigados que requieren mucho tiempo para ser superados.

En el caso del ICG 2018-19 queda de manifiesto que el fardo más pesado se encuentra en los indicadores de institucionalidad, donde quedamos ahora en el escalón 97, con puntuación de 48.5, aunque en el índice global estamos en la 82 con puntuación de 57.4, entre 140 países evaluados, con apenas mínimos avances `sobre los anteriores.

Cuando se busca por renglones, se encuentran explicaciones, por ejemplo en “incidencia de la corrupción”, posición 113, lo que implica que apenas hay 27 peores en todo el mundo. Como la corrupción tiende a carcomerlo todo, se explica que en confianza en la policía tengamos la posición 131, en tasa de homicidios la 127, en independencia judicial 125, y en otros ocho renglones sobre el escalón 100.

Que el crecimiento económico no se traduce en desarrollo y eficiencia es la mayor contradicción y remite a la calidad del gasto, a la malversación y la ineficiencia, que en reciente estudio publicado por el BID se calcula en el equivalente al 3.8 por ciento del PIB, es decir unos 163 mil millones de pesos anuales. En gasto de inversión y desarrollo el ICG nos deja en el escalón 138, con 0.3, es decir en el antepenúltimo lugar.

También la semana pasada se publicó el Indice de Capital Humano  del Banco Mundial, en el cual la RD ocupa el mismo antepenúltimo lugar, junto a Honduras, y apenas por encima de Guatemala y Haití entre los países latinoamericanos. En el contexto mundial se nos otorga el escalón 101 de 157 naciones evaluadas. Ese pobre resultado se relaciona con la pobre inversión en salud y todavía en educación, y la enorme desigualdad salarial.

El BID diagnostica que seguimos el patrón predominante en la región de una alta brecha en los salarios del sector público, con funcionarios que reciben hasta 20 mil dólares mensuales. Contrasta con el salario mínimo que  prevalece en el Estado de 5 mil 117 pesos, misma suma que recibe más del 80 por ciento de sus cien mil pensionados.

Por su parte, el prestigioso grupo The Economist coloca al país en la posición 71 de 84 evaluados en su reciente Indice del Entorno Global del Comercio Ilícito, señalando un incremento del comercio ilícito impulsado por una “deficiente gobernanza e instituciones débiles”, con altos niveles de informalidad y corrupción en las fuerzas militares y de seguridad.

Estas recientes evaluaciones son una reiteración  de las múltiples de los últimos años, donde nos queman en calidad de la educación, en los servicios sanitarios, en feminicidios, embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes de tránsito y materno-infantiles, y trabajo infantil, en apatridia, descrédito del Congreso y los partidos, en transparencia, ética empresarial y en déficit democrático.

No se trata de ninguna conspiración, sino de evidencias contundentes de que la mayor pobreza de la nación es la calidad de su gestión, que durante gran parte de nuestra historia hemos malversado un fuerte potencial, muy mal administrado por el predominio del más salvaje pragmatismo político.-

 

Las nueve vidas de Bill Wipfler

11_10_2018 HOY_JUEVES_111018_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de partir hacia la región infinita de los seres superiores el reverendo William L. Wipfler, un sacerdote episcopal que empezó su ministerio en la República Dominicana en plena Era de Trujillo y quedó atado a nosotros para siempre, pero cuyos méritos traspasan el inmenso territorio de Estados Unidos, y recorren todo el continente, hasta la Tierra del Fuego, donde no hubo dolor humano que no hiciera propio.

            Por toda América hay gente que celebra en estos días la vida de este inmenso personaje que encarnó como pocos las virtudes y los mandamientos cristianos de buscar a Dios a través del amor al prójimo. Y tanto amó que no es posible llorarlo, sino celebrar sus nueve vidas, como le contaron hace justo tres años, en un homenaje que le rindieran en el Seminario de Nueva York donde fue ordenado en 1955.

Bill Wipfler llegó como misionero de la Iglesia Episcopal a La Romana en 1955, y allí nutrió su espíritu cristiano en la solidaridad con los trabajadores, generando tensiones con la tiranía trujillista, junto a su compañero de ministerio Phill Wheaton, Ambos sobrevivieron a la tiranía que ya había cobrado la vida de otro episcopal, el reverendo Charles Raymond Barnes. Luego se convertirían en dos personajes de las iglesias norteamericanas. En 1967 Wipfler comenzó a dirigir el Departamento para América Latina del poderoso Concilio Nacional de Iglesias, el organismo cúpula de las iglesias protestantes de Estados Unidos. Desde 1977 y hasta el 88, dirigió el Departamento de Derechos Humanos del concilio.

Ecumenista de primera línea no aceptaba límites ni horizonte, su campo visual era el universo de los seres humanos. Estuvo en primera línea en la lucha por los derechos civiles de los norteamericanos, contra la guerra de Vietnam y fue un crítico del dominio de las empresas transnacionales. Se vinculó a la teología de la liberación que blandieron las vanguardias católicas latinoamericanas hace 50 años, tras la Conferencia del Episcopado en Medellín.

Wipfler se multiplicaba y se ganaba declaraciones de no grato por los dictadores de Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Nos contó que fue el último en recibir la comunión de manos del arzobispo Romero en la víspera de que éste fuera asesinado en plena misa el 24 de marzo de 1980, y hace un par de años se apersonó a su beatificación en San Salvador.

Conocí a Wipfler en 1971 en Nueva York, cuando me tocó trabajar en el área de comunicaciones del Departamento para América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Con él y Wheaton he estado desde entonces en comunión humana. Fueron denunciantes de la intervención militar norteamericana a República Dominicana en 1965 y apoyaron política y financieramente al Comité Dominicano de Derechos que desde Nueva York denunció los asesinatos, cárceles y exilios políticos de la cuasi dictadura de Balaguer. En 1979 su influencia sobre accionistas de la Gulf & Western ayudó a presionar para conseguir que esa empresa devolviera al país 38 millones de dólares que nos correspondían por ventas futuras de azúcar del CEA. Tras una campaña de denuncias desde el diario El Sol la Gulf entregó esa suma a un patronato creado para obras en la región oriental.

Wipfler quiso entrañablemente a nuestro país y sus gentes y vino de visita repetidas veces. Le entrevistamos en Uno+Uno y en Jornada Extra y disfrutamos de sus afectos aquí y en Nueva York. Tuvo otro vínculo importante con el país al haber escrito su tesis doctoral sobre la Iglesia dominicana. Cepae la publicó como libro en 1980: “Poder, Influencia e Impotencia; La Iglesia como Factor Socio-Político en la República Dominicana”.

Amó tanto el país que ya cerca de los 90 años quería venir a despedirse, y a principio de este año me llamó para coordinar su visita y para poner en circulación una reedición de su libro en abril, pidiéndome que hiciera la presentación. Pero su cardiólogo no le autorizó tomar avión y le sugirió que lo dejara para fin del año. La semana pasada viajó al infinito. Todo lo que nos queda es celebrar las nueve vidas que el reverendo John Collins le atribuyó el 10 de octubre del 2015, cuando se despidió del ministerio activo en el seminario de Nueva York de donde partió hace 63 años para dar testimonio de inmenso pastor cristiano.-

 

                                                                                          

Corrupción, impunidad y complicidad

 

Por Juan Bolívar Díaz

           Razones le sobraron al obispo de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, cuando encaramado en el santuario de las Mercedes el pasado 24 de septiembre proclamó que “la corrupción, la impunidad y la complicidad están carcomiendo a la sociedad dominicana”.  El grito se expandió por todo el valle del Cibao y en todas las direcciones del país, aunque para muchos careció de trascendencia porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro.

Al mismo tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaba un informe dando cuenta de que la malversación cuesta a América Latina y el Caribe 220 mil millones de dólares por año, una cifra suficiente para eliminar de un tiro la pobreza extrema y hacer mella en la pobreza nominal o para mejorar significativamente la inversión en los servicios de los que carecen las mayorías empobrecidas de la región.

La generalidad de los medios informativos ignoró el informe, o por lo menos lo referente a la República Dominicana, donde según el BID el dinero malgastado por el Estado implica anualmente el 3.8 por ciento del producto interno bruto. Como cada punto del PIB dominicano equivale a 43 mil millones de pesos, estamos hablando de la friolera de 163 mil millones de pesos cada año.

Si esa cifra no le dice nada, calcule que representa el 24 por ciento de los ingresos fiscales proyectados en el proyecto de presupuesto para el próximo 2019. Más gráfico aún, con esos 163 mil millones de pesos, se podrían realizar cada año 40 proyectos como el de La Nueva Barquita, del que con tanta razón se ufana el gobierno del presidente Danilo Medina, que no cesa de promoverlo, más de dos años después de su conclusión y a más de cinco de su inicio.

Vale recordar que La Nueva Barquita incluyó mil 800 apartamentos que dignificaron la vida de más de ocho mil personas, con adecuados servicios de educación, salud, agua potable, tres plantas de saneamiento de aguas residuales, áreas de recreación y comercio. Todo un éxito urbanístico, que lamentablemente queda como un proyecto piloto, ave de un solo vuelo, muestra de lo que podría haber sido si la malversación no distrajera la cuarta parte de nuestros ingresos.

A la corrupción y su correlativa impunidad, el obispo vegano agrega la complicidad, y eso es lo que explica que para muchos ya no represente nada que un organismo tan insospechado de arbitrariedad, parcialidad o exageración como el BID, supere tan ampliamente los estimados de la malversación que habían hecho una institución privada como Oxfam, que la cifró en 96 mil millones de pesos para este año, y un partido de oposición como el Revolucionario Moderno.

Nadie ha pedido una investigación, y mucho menos consecuencias, a la presentación por parte de la periodista Alicia Ortega de una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el epígrafe de “Personal Contratado”, con 227 salarios por un monto de 18 millones 160 mil pesos mensuales, o 217 millones 920 mil pesos anuales. Esa es sólo una muestra del costo que cobra el Partido Revolucionario Dominicano que preside el canciller Miguel Vargas Maldonado, por su apoyo electoral al gobierno de Medina.

Descubrimos que la cancillería ya tiene encargados provinciales, seccionales y regionales, hasta en el exterior, que no son otra cosa que activistas y dirigentes políticos pagados con extrema generosidad, a un promedio de 80 mil pesos mensuales, cuando todavía el salario mínimo público es de 5 mil 117 pesos, suma que también recibe el 90 por ciento de los pensionados del Estado.

Pagamos muy cara la política, con absoluta ignorancia de los principios más elementales de la administración, contando con la impunidad que garantiza el pleno control de los organismos de fiscalización, comenzando por el Congreso, pasando por la Cámara de Cuentas y aterrizando en la justicia.

Todo ello contando con la complicidad o la indiferencia de gran parte de la población que se resigna ante la depredación de lo que corresponde a toda la sociedad, especialmente a los más necesitados de una inversión pública que hace tiempo está por debajo del 20 por ciento del presupuesto de gastos públicos.

 

 

¿Ya me lanzo para presidente?

27_09_2018 HOY_JUEVES_270918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

            A pesar de que he transcurrido gran parte de mi vida bordeando la política sin haberme procurado militancia partidista, todavía es muy frecuente que me pregunten cuándo me voy a lanzar a la búsqueda de la presidencia de la República, por la tendencia a creer que tener alguna relevancia pública es suficiente para enfrentar y vencer a los políticos profesionales en un país donde una considerable proporción de la población vive o espera de ellos.

A esa pregunta suelo responder que no caeré nunca en el gancho a que fueron empujados notables y meritorios ciudadanos que a lo largo de las últimas décadas de procesos electorales crearon un partido para postularse a la presidencia, para no alcanzar siquiera el uno por ciento de la votación, con la excepción del doctor Guillermo Moreno, un extraordinario jurista, excelente ciudadano, de probidad y ética a toda prueba, de magnífico discurso hablado y escrito, a quien le ha costado tres torneos electorales aproximare al 2 por ciento.

Sólo la quiebra del sistema político, que ha ocurrido ya en muchos países, permite la emergencia de candidatos triunfantes sin haber hecho carrera política ni estar cimentados en un partido de real alcance nacional, y aquí eso no ha ocurrido. Está en vías del descalabro, pero todavía esta sociedad es muy conservadora y se aferra a la falsa estabilidad que brinda.

En el caso dominicano aún la alternabilidad política es difícil por el entramado de dominación social que ha impuesto el partido gobernante, utilizando sin el menor escrúpulo el presupuesto nacional para comprar arriba, en el medio y abajo, a todo el que esté en disposición de venderse. Y no se ha salvado el mismo sistema partidista, porque los aliados ya han sobrepasado la docena, más incontables grupos informales. Tampoco se han salvado muchos de los sindicalistas, de los profesionales -incluyendo los periodistas-, de los intelectuales, de los empresarios, y de los religiosos.

En los estratos sociales bajos se han repartido dos millones de tarjetas en programas contra la pobreza que sólo sirven para estabilizarla, pero sus posesionarios son objeto de seguimiento y manipulación electoral, por barrios y colegios electorales. Entre unos y otros, por lo menos la cuarta parte de los electores reciben sueldos y subsidios del Estado. Y muchos lo agradecen como privilegio o como si saliera del bolsillo del político que se lo otorgó.

Todo el sistema electoral está concebido como embudo para mantener la dominación de los que controlan e integran en grado significativo los poderes del Estado, precisándose de una profunda reforma política para cambiarlo, no para ratificarlo como ha ocurrido recientemente con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Mientras eso no ocurra, la competencia será cuesta arriba para todos los que no dispongan de fortuna, ni del patrocinio de los poderes económicos, y que se rijan por preceptos éticos, hasta en los niveles municipales y congresuales, y ni hablar de la presidencia de la nación.

Pero si por algún lado debe comenzarse es en los gobiernos locales y las candidaturas legislativas, aun luchando contra baulitos y cofrecitos, contra los abusos de los recursos estatales, incluyendo los municipales, y contra el monopolio del financiamiento público. Pero esa tarea es casi imposible en la dispersión en que se encuentra la oposición, dividida en una docena de partidos y numerosos grupos y proyectos. Ni siquiera han podido concertar candidaturas aquellos que tienen posiciones políticas similares. Los presidencialismos y personalismos están por encima de toda racionalidad.

La próxima coyuntura electoral volverá a desafiar la inteligencia y capacidad de toda la oposición, llamada a una gran concertación política y social que todos reconocen como imprescindible para por lo menos empezar a romper el monopolio del poder. Eso sólo será posible bajo un programa fundamental de un gobierno de transición democrática que siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

Esa concertación tiene que comenzar por importantizar los gobiernos locales y los cargos congresuales desde los cuales se puedan garantizar los cambios políticos e institucionales que requiere la restauración democrática. Sólo entonces se justificarán los alegres lanzamientos de múltiples candidaturas presidenciales.-

Un incierto régimen electoral

20_09_2018 HOY_JUEVES_200918_ Opinión10 A

 

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la Junta Central  Electoral (JCE) hizo público el calendario de actividades encaminadas a la organización de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales, en febrero y mayo del 2020, un manto de incertidumbre planea sobre el proceso, por las impugnaciones a la Ley de Partidos y las dificultades de lograr consenso para la imprescindible democratización del Régimen Electoral.

En el Congreso se anuncian avances en los aspectos elementales hace tiempo establecidos en la legislación, pero todos saben que las dificultades comenzarán cuando se aborden las previsiones para evitar  los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, para que no se repitan las inequidades e iniquidades que se vieron en los últimos comicios.

Para democratizar las elecciones será imprescindible impedir que los altos funcionarios públicos sean a la vez directores de campañas  que involucran inevitablemente el uso de empleados, vehículos, dietas, combustibles, secretarias y servicios de telecomunicaciones del Estado. También evitar que se designen decenas de miles de activistas partidarios como empleados temporeros, que se duplique la publicidad gubernamental y se conviertan las inauguraciones de obras públicas en actos partidistas durante las campañas. En el 2016 el candidato a la reelección “puso en servicio” la segunda línea del metro, con un enorme séquito político social, lo que vino a ocurrir en realidad dos años y cuatro meses después, dejando al descubierto una grosera manipulación.

Obviamente que la pendiente Ley del Régimen Electoral es más trascendente que la de Partidos y Agrupaciones Políticas para los fines democráticos e institucionales, razones por las que debió ser abordada con anticipación y en una sola negociación.  En cualquier caso hay que desearle mayor ponderación para evitar contradicciones como las aprobadas en la Ley de Partidos, que establece primarias con padrón abierto, es decir participación de toda la ciudadanía en la elección de candidatos, pero al mismo tiempo restringe la propaganda sólo al interior de los partidos, en locales cerrados; y que niega a los residentes en el exterior su facultad de elegir candidatos a representarlos en la Cámara de Diputados, establecidos en la Constitución. Su artículo 2 establece como ámbito de aplicación “todo el territorio nacional”.

Las contradicciones y nebulosidades de ley de partidos son significativas, y son varios los aspectos que están siendo impugnados ante el Tribunal Constitucional, comenzando por las primarias simultáneas con padrón abierto, ya declaradas inconstitucionales cuando se establecieron en una ley del 2004.  El párrafo II del artículo 26 establece los estatutos como “la norma fundamental de los partidos”, y luego el párrafo III del 45 faculta a los comités cúpulas para decidir el tipo de primarias. Ni hablar de la sanción con cárcel a quien difunda información que afecte a un candidato, que no se establece para los fraudes ni el uso de dinero sucio.

Se impugna la imposición de la condición de un tiempo de militancia en un partido para ser postulado a cargos electivos, contradictoria con la posibilidad de que los no miembros elijan los candidatos. También la prohibición a los nuevos partidos de la posibilidad de aliarse a otros en su primera participación electoral, pues se trata de una discriminación en relación a otros que llevan décadas sobreviviendo adheridos a las organizaciones dominantes. Es casi abusivo cuando la ley da plazo a la JCE hasta cuatro meses antes de los comicios para responder las solicitudes de reconocimientos.

Y lo peor es que el proyecto de reglamento de aplicación de la JCE crea una figura no contemplada en la Ley de Partidos, el llamado “Período Previo de Precampaña”, con extensión de un año, el doble del tiempo de precampaña y campaña electoral, abriendo de par en par las puertas a que persista el dispendio y encarecimiento de las campañas electorales contra el que tanto ha clamado la sociedad.

Es deprimente que después de dos décadas de debate persistan tantas incertidumbres en la institucionalidad democrática y electoral.-

¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?

¡Ya es tiempo de gritar salud!

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Por Juan Bolívar Díaz

El orgullo triunfal con que el actual gobierno reivindica el haber empezado a cumplir el mandato de la Ley General de Educación de 1997 de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) a la educación fundamental, tras quince años de presión social, debería determinar que hiciera lo mismo con la inversión en salud pública, que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debería alcanzar el 3.76 por ciento del gasto en el presupuesto del próximo año, al que se deben estar dando ahora los toques finales.

Eso implicaría duplicar el gasto en salud, para el que este año se presupuestó 79 mil 785 millones de pesos, apenas el 1.9 por ciento del PIB, llevándolo a 162 millones de pesos, como acaba de demandar la Alianza por del Derecho a la Salud (ADESA), que aglutina a varias decenas de organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.

Si es rigurosamente cierto que el país ha crecido en promedio de 4.6 por ciento del PIB entre el año 2000 y el 2017, constituye una verdadera vergüenza, demostrativa de una descomunal ausencia de prioridades, que en ese período el gasto en salud se redujera del 11.7 al 10.4 por ciento anual, y que estemos en los últimos escalones de gasto en salud pública entre las naciones latinoamericanas, solo por encima de Haití, de Guatemala y de la desmantelada Venezuela. Porque la salud es, junto a la educación, el centro de atención de los seres humanos bajo cualquier circunstancia o régimen de gobierno.

Ahí están los indicadores que acusan nuestra irresponsabilidad planificadora. Al bajo gasto público en salud tiene que atribuirse que lideremos el continente en muertes materno- infantiles, en embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes automovilísticos, y que mantengamos altas tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles.

Pero no sólo nos acusa la baja proporción destinada a salud pública, sino la pobre calidad del gasto. La ADESA advierte que “se invierte más en estructuras físicas que en las personas, se dedican más recursos a curar enfermedades que a prevenirlas. Y como si todo esto fuera poco para entender la inequidad del sistema público de salud, una parte significativa de la inversión estatal va a parar a manos privadas”. Realmente, el sector salud es un claro exponente del clientelismo, duplicación y dispersión, de la malversación y la corrupción que han disparado la alarma de la sociedad dominicana.

Por eso la alianza postula que “aumentar el presupuesto de salud no basta. También es necesario establecer prioridades de inversión, garantizar transparencia y honradez en el manejo de los fondos, erradicar la corrupción y la politiquería de las instituciones del sector salud, especialmente en los hospitales. La prioridad de inversión debe ser el primer y el segundo nivel de atención”.

La errática política del gasto queda de manifiesto en que las estructuras hospitalarias han ocupado la mayor atención, y en esa materia estamos por encima del promedio de la región, sin que haya sido suficiente para revertir los atrasos en calidad de los servicios, en equipos y medicamentos.

Parece que ha llegado la hora de gritar por la salud, con la esperanza de que los gobernantes no necesiten dos décadas para escuchar el clamor, como ocurrió con la educación, pendiente aún de generar una calidad que nos permita salir de los últimos escalones que también en esa materia ocupamos en el concierto latinoamericano.
Pero mientras tanto, hay que saludar el vigor con que ha nacido este año la ADESA y ofrecerle el mayor respaldo, uniendo gritos por el derecho a la salud, precario todavía para la mayor parte de la población que invierte más que el Estado en salubridad, a través del cada vez más ineficiente sistema de seguridad social.-