¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?

¡Ya es tiempo de gritar salud!

06_09_2018 HOY_JUEVES_060918_ Opinión12 A
Por Juan Bolívar Díaz

El orgullo triunfal con que el actual gobierno reivindica el haber empezado a cumplir el mandato de la Ley General de Educación de 1997 de destinar por lo menos el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) a la educación fundamental, tras quince años de presión social, debería determinar que hiciera lo mismo con la inversión en salud pública, que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debería alcanzar el 3.76 por ciento del gasto en el presupuesto del próximo año, al que se deben estar dando ahora los toques finales.

Eso implicaría duplicar el gasto en salud, para el que este año se presupuestó 79 mil 785 millones de pesos, apenas el 1.9 por ciento del PIB, llevándolo a 162 millones de pesos, como acaba de demandar la Alianza por del Derecho a la Salud (ADESA), que aglutina a varias decenas de organizaciones sociales y entidades vinculadas al sector.

Si es rigurosamente cierto que el país ha crecido en promedio de 4.6 por ciento del PIB entre el año 2000 y el 2017, constituye una verdadera vergüenza, demostrativa de una descomunal ausencia de prioridades, que en ese período el gasto en salud se redujera del 11.7 al 10.4 por ciento anual, y que estemos en los últimos escalones de gasto en salud pública entre las naciones latinoamericanas, solo por encima de Haití, de Guatemala y de la desmantelada Venezuela. Porque la salud es, junto a la educación, el centro de atención de los seres humanos bajo cualquier circunstancia o régimen de gobierno.

Ahí están los indicadores que acusan nuestra irresponsabilidad planificadora. Al bajo gasto público en salud tiene que atribuirse que lideremos el continente en muertes materno- infantiles, en embarazos de adolescentes, en muertes por accidentes automovilísticos, y que mantengamos altas tasas de mortalidad por enfermedades prevenibles.

Pero no sólo nos acusa la baja proporción destinada a salud pública, sino la pobre calidad del gasto. La ADESA advierte que “se invierte más en estructuras físicas que en las personas, se dedican más recursos a curar enfermedades que a prevenirlas. Y como si todo esto fuera poco para entender la inequidad del sistema público de salud, una parte significativa de la inversión estatal va a parar a manos privadas”. Realmente, el sector salud es un claro exponente del clientelismo, duplicación y dispersión, de la malversación y la corrupción que han disparado la alarma de la sociedad dominicana.

Por eso la alianza postula que “aumentar el presupuesto de salud no basta. También es necesario establecer prioridades de inversión, garantizar transparencia y honradez en el manejo de los fondos, erradicar la corrupción y la politiquería de las instituciones del sector salud, especialmente en los hospitales. La prioridad de inversión debe ser el primer y el segundo nivel de atención”.

La errática política del gasto queda de manifiesto en que las estructuras hospitalarias han ocupado la mayor atención, y en esa materia estamos por encima del promedio de la región, sin que haya sido suficiente para revertir los atrasos en calidad de los servicios, en equipos y medicamentos.

Parece que ha llegado la hora de gritar por la salud, con la esperanza de que los gobernantes no necesiten dos décadas para escuchar el clamor, como ocurrió con la educación, pendiente aún de generar una calidad que nos permita salir de los últimos escalones que también en esa materia ocupamos en el concierto latinoamericano.
Pero mientras tanto, hay que saludar el vigor con que ha nacido este año la ADESA y ofrecerle el mayor respaldo, uniendo gritos por el derecho a la salud, precario todavía para la mayor parte de la población que invierte más que el Estado en salubridad, a través del cada vez más ineficiente sistema de seguridad social.-

Violación de la Ley de Partidos

30_08_2018 HOY_JUEVES_300818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es realmente impresionante la presteza con que varios dirigentes políticos se han dispuesto a ignorar aspectos fundamentales de la recién aprobada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, en un aspecto capital y claramente definido como el período en que se puede realizar campaña por las candidaturas y es más relevante porque esa violación es la más explícita y contundentemente sancionada en la normativa.

Los artículos 40, 41, 43 y 44 de la Ley 33-18 ya han sido ignorados por varios de los aspirantes a cargos electivos del Partido de la Liberación Dominicana y por lo menos uno del Partido Revolucionario Moderno se apresta a hacerlo el próximo fin de semana, y si la Junta Central Electoral (JCE) no se apresura a imponer su autoridad, pronto la Ley de Partidos habrá quedado como otro manojo más de sugerencias o buenas intenciones, como tantas otras.

No es cierto que se precise ninguna reglamentación para que se cumplan los artículo 40-41, que definen el “Período de la campaña interna”, precisando que “será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. Un defecto de la ley es que ahí no precisa de qué julio se trata, aunque luego en el artículo 46 se establece que la escogencia de los candidatos será, mediante primarias a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral, y los partidos que escojan otras modalidades, tendrán que elegir a más tardar el último domingo del mismo mes y año.

El artículo 78 establece las penalidades correspondientes a las violaciones de la Ley 33-18, y llama la atención que la única que es taxativa y contundente, y sin que medie una sentencia judicial definitiva, es precisamente la violación del límite de campaña. Su numeral 8 dice que “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura. La Junta Central Electoral será responsable de hacer cumplir esta disposición”.

Vale tomar en cuenta que el 21 de agosto, ocho días después de promulgada la Ley de Partidos, la JCE emitió su Resolución 03/2018, relativa a los plazos legales para organizar las elecciones primarias de acuerdo con la Ley 33-18, en cuya letra c se ratifica “La Precampaña inicia el primer domingo de julio, 7 de julio del 2019 (artículo 41)”.

Más aún, el 20 de junio del 2018, antes de promulgarse la ley, el Pleno de la JCE otorgó  un plazo de 5 días para que cesaran todas las actividades de promoción de candidaturas, planteando que “trasgreden las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales”.

¿Cómo entender que después de promulgada la ley y las dos resoluciones de la JCE el señor Carlos Amarante Baret haya realizado un encuentro regional en Santiago con miles de partidarios de su precandidatura, y que el expresiente Leonel Fernández realizara otro acto con millares de seguidores el domingo último y que allí proclamara el inicio de su campaña por la candidatura de su partido, y adelantara que recorrerá los 158 municipios porque “es pa/lante que vamos”? ¿Cómo entender que el también expresidente Hipólito Mejía anuncie una actividad para dejar iniciada el próximo domingo la carrera por la candidatura presidencial de su partido y que su vocero anticipe que ahí comenzará un recorrido sin pausa por todo el país?

Varios precandidatos han mantenido vallas en vías públicas, desafiando la disposición del 20 de junio y el plazo de 5 días para retirarlas. Se transmiten los actos por radio y televisión, medios que están vedados hasta en el período mismo de la precampaña, como se establece en los artículos 43 y 44 de la ley.

Es obvio que la JCE tendrá que hacer muy pronto un máximo esfuerzo para que la ley de partidos no sea un simple pedazo de papel más. Lo ocurrido hasta ahora lacera el ánimo de la ciudadanía después de tantos años de reclamo de una ley de partidos, y siembra el mayor pesimismo sobre la vocación de gran parte del sistema partidista por la ley de la selva, o por vivir como el chivo sin ley, por el desorden y la prepotencia que lastran la institucionalidad democrática nacional.-

Preguntas al Presidente Medina

23_08_2018 HOY_JUEVES_230818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

El pasado 1 de julio se cumplieron 50 años de la rueda de prensa ofrecida por el presidente Joaquín Balaguer en ocasión del segundo aniversario de su gobierno, que desde su inicio se había caracterizado por la represión violenta y sangrienta contra los que habían participado en la revolución constitucionalista de 1965. Yo acababa de retornar de México graduado de periodista y representé allí a la cadena Radio Noticias, que ya dirigía.

Cuando me tocó el turno de preguntar, le recordé al presidente Balaguer que él había ganado las elecciones de 1966 en base a dos promesas fundamentales, que devolvería la paz al país y que reduciría el costo de la vida, indicándole que la persistencia de actos terroristas, “en perjuicio de civiles y militares, de diversas ideologías”, y el encarecimiento de los productos básicos, parecían indicar que no las había logrado. Entonces le pregunté si esperaba concretarlas en los dos años que le quedaban.

Aún en los tiempos más difíciles, y de mayor represión de su gobierno, Balaguer acostumbraba ofrecer ruedas de prensa, en los primeros años tras las reuniones del Consejo Nacional de Desarrollo, los miércoles, y luego en sus caminatas en el parque Mirador del Sur y hasta en la tumba de su madre. Pocas veces rehuía las preguntas y casi nunca perdía la paciencia, excepto ante mi cuestionamiento. René Fortunato recogió parte de mi pregunta y de la respuesta en su documental La Violencia del Poder, y alguien subió a youtube ese fragmento, que aún muchos siguen viéndolo y me lo refieren.

El incidente fue más extenso y duro de lo que quedó archivado en la televisora oficial, sintetizado aún más por Fortunato. Tal vez el presidente Balaguer se molestó más conmigo aquella noche, porque era una transmisión en vivo, conmemorativa de su segundo año en el poder, y porque hasta ese momento las preguntas eran bolas suaves para que él las bateara, lanzadas casi todas por periodistas extranjeros invitados de su gobierno. O quizás porque él no conocía a ese muchacho de 23 años, y quiso aplastarlo, pegando gritos y golpeando la mesa. Sin quererlo, me declaró novato del año en el periodismo, pues todavía al día siguiente muchos averiguaban “quién es el carajito que sacó de quicio al presidente”.

Al ver la entrevista que concedió el presidente Danilo Medina a la presentadora y productora de televisión Jatnna Tavarez, a la mitad de su segundo período gubernamental, lamenté que tantos años después fuera menos abierto que Balaguer, y no se sometiera a una libre rueda de prensa, como se acostumbra en las democracias. En esa materia es indiscutible que  él y su antecesor Leonel Fernández retrasaron el reloj democrático.

De haber habido otros entrevistadores, cuando Medina afirmó que ha reducido la pobreza al 25 por ciento y que ya la clase media es mayor, el 30 por ciento, alguno le habría preguntado donde dejaba al 45 por ciento restante. Cuando prometió decir en marzo, o a mediados del año próximo, si buscaría otra reelección, le habrían preguntado si no fue él mismo quien auspició, pactó y proclamó la reforma constitucional del 2015 que le prohíbe por siempre volver a ser candidato presidencial. O si ya olvidó el juramento que hizo el 30 de agosto del 2015, en discurso al país y poniendo a Dios por testigo, de que estaba asumiendo su última candidatura a la presidencia de la República.

Cuando negó el peso de la corrupción se le habría preguntado si no debería pedir perdón a la sociedad dominicana por haber tenido como asesor político, y despachando en el mismo Palacio Nacional, al delincuente confeso Joao Santana y su esposa Mónica Moura, hasta el día que la justicia brasileña los reclamó para recibirlos esposados.

Otra pregunta para Danilo: si su procurador general Jean Alain Rodríguez no le ha informado del expediente que se le entregó demostrativo de que su asesor político recibió entre 2013-14 diez y seis transferencias de empresas de Odebrecht en Lima por 4 millones 396 mil 796 dólares a su empresa Cine&Art 2013, una de las dos que a su vez obtuvieron contratos de asesoría a su gobierno por casi mil 400 millones de pesos.

Muchas otras preguntas de interés nacional podrían formulársele al presidente Medina, pero es obvio que él no está dispuesto a correr ese riesgo y prefiere mantener distancia, aunue tengamos que añorar la valentía del presidente Joaquín Balaguer.-

 

Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

Periodistas: nos cogió la noche

09_08_2018 HOY_JUEVES_090818_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

            Recientes publicaciones aseguran que el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) trata de lograr apoyo para una reforma que haga efectiva la protección de la profesión del periodismo asediada por la incursión de mercenarios y hasta sicarios de la palabra hablada y escrita y por la corrupción que circula por el sistema sanguíneo nacional en medio de un panorama caracterizado por la ausencia de ética de la comunicación.

Hay razones para temer que a los periodistas dominicanos se nos hizo un poco tarde para las legítimas regulaciones del ejercicio profesional, no para limitar la libertad de prensa como aún entienden algunos confundidos de buena fe y muchos que limitan a una absoluta libertad de empresa.

El debate es viejo y hasta desfasado. Es falso que la profesión de periodista no pudiera ser protegida sin lesionar la libertad de expresión, que es fundamental para todos los seres humanos y cuya defensa era el primer mandato de la Ley 148 del 30 de junio de 1983. Es tan irrenunciable el derecho a la libertad de prensa, como el derecho a la libre enseñanza. A nadie se le puede prohibir enseñar, pero para ejercer como maestro hoy día se requiere una carrera universitaria y hasta postgrados, tanto en las escuelas públicas como en las privadas.

Cuando en 1970 el Primer Congreso Nacional de la Prensa postuló la profesionalización del periodismo y la creación de un colegio profesional, con un código de ética y un instituto de protección social, lo que perseguíamos era fortalecer la libertad de prensa consustancial con el derecho de todos a la información. El único requisito para el acceso a la profesión era a futuro la formación universitaria, porque en lo inmediato se reconocía a todos los que la ejercían, puesto que no se buscaba excluir, sino promover el estudio de la comunicación social.

El colegio periodístico dominicano era casi simbólico, un simple registro de los profesionales, sin ninguna obligación de participación, en vez del exequátur que requerían otras profesiones, precisamente para evadir posibles controles estatales o políticos. El derecho a la libre opinión quedaba santificado en todos los medios de comunicación, en forma de artículos, comentarios o entrevistas. Los cargos ejecutivos eran libres. Lo esencial era elevar el ejercicio del periodismo al nivel de profesión para reducir sus vulnerabilidades.

Gente que disfrutaba del privilegio de utilizar las ondas radiofónicos y los canales televisivos, entregados por los gobiernos, con múltiples regulaciones para impedir que otros los utilizaran para la libre expresión, estigmatizaron a los que reclamábamos la formación universitaria para ejercer la profesión de periodista.

Hubo quienes vieron un peligro en la postulación de un código de ética y consideraron absurdo que se grabara con medio por ciento la facturación publicitaria de los medios informativos, que iría destinado a crear un fondo de pensiones para que los periodistas se garantizaran un retiro sin tener que alienar su independencia. Esa migaja se podía conceder con un simple incremento del 5 por ciento de las tarifas, y las empresas salían ganando.

La ley 148 fue desconocida unilateralmente por la mayoría de las empresas periodísticas, aunque su texto fue fruto de una concertación en la que participaron sus propietarios y directores. Los dos años que me tocó dirigir el CDP, 1989-91, los pasamos en los tribunales, teniendo de abogados honoríficos a los doctores Leonel Fernández Reyna y Abel Rodríguez del Orbe. Inmediatamente después, otros dirigentes se transaron por una legislación incolora, inodora e insípida, la Ley 10-91, de “cumplimiento voluntario”, al mejor estilo dominicano.

Mucho me temo que a los periodistas dominicanos no sólo se nos hizo tarde, para dignificar y proteger nuestra profesión, es que nos cogió la noche de la descomposición y la corrupción, de la ausencia de ética que confunde el periodismo con el servicio a los poderes públicos y privados. Hoy una alta proporción de los periodistas deriva la mayor parte de sus ingresos de las nóminas y los anuncios estatales. Para colmo, las nuevas tecnologías han hecho más vulnerables las empresas periodísticas, traduciéndose en una profunda crisis de la profesión.

Perdimos aquella batalla, y no es que de haberla ganado hubiésemos quedado inmunizados para lo que vendría, pero tal vez con algunos anti-virus. Las consecuencias las pagamos todos, profesionales, directores, propietarios periodísticos y la sociedad..-

 

 

Los jóvenes deben empoderarse

02_08_2018 HOY_JUEVES_020818_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La poca participación de la juventud dominicana en las actividades sociales y políticas es un elemento altamente preocupante  para el futuro de un país que como el nuestro precisa de tantas transformaciones y energías constructivas para superar sus atavismos primitivos, ofrecer mayores oportunidades a los sectores sociales mayoritarios de bajos niveles educativos y de vida, y para insertarse en un mundo cada vez más competitivo.

Las investigaciones sociales y las observaciones indican que los jóvenes dominicanos están cada vez más ausentes de las actividades comunitarias, de las asociaciones estudiantiles y sindicales, de las organizaciones no gubernamentales y de las iniciativas políticas, tal vez con la excepción del movimiento verde, donde han participado segmentos juveniles de clases medias, y no tanto de los segmentos populares.

Un estudio del que ha informado esta semana el periódico El Caribe, de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo ha mostrado que el 88 por ciento de los estudiantes dominicanos de 14  años, en una muestra de 3 mil 937 de 141 escuelas, muestran los niveles más bajos entre 24 países evaluados en conocimiento y comprensión sobre las instituciones, la democracia, ciudadanía e institucionalidad.

Resulta alarmante que sólo el 1 por ciento alcanzó el nivel A de la evaluación, el 11 por ciento el nivel B y el 30 el nivel C, y que hasta un 73 por ciento justica la dictadura si traen orden y seguridad, que el 56 por ciento justifica las prácticas clientelares y corruptivas y el 55 por ciento los gobiernos autoritarios.

Las franjas adultas se quejan frecuentemente de la ausencia de los jóvenes en las actividades sociales y políticas, sin buscar explicaciones, que en gran medida no son de su responsabilidad, sino del deterioro en que cayó la educación nacional con décadas de atraso, por el abandono de la educación cívica, la frustrante desintegración familiar y por el bombardeo consumista que han recibido por todos los medios de comunicación, incentivando la evasión y los botes salvavidas individuales.

La tercera parte de nuestros jóvenes no tienen acceso a un empleo y otro tercio apenas logra ingresos de sobrevivencia, la mitad abandona la educación escolar en el nivel secundario y casi una cuarta parte ni estudia ni trabaja, conformando una perspectiva de pobreza y de incremento de la delincuencia y la inseguridad.

Es indiscutible que ese panorama requiere cambios estructurales, políticos y sociales profundos, pero que serán imposibles si los jóvenes mismos no se empoderan y se fajan a unir esfuerzos por lograrlos. Ninguna sociedad se transforma ni alcanza  niveles importantes de bienestar integral sin la decidida participación de la juventud.

Las investigaciones sociales, como Barómetro de las Américas y Latinobarómetro arrojan datos extremadamente preocupantes sobre la escasa confianza de los jóvenes dominicanos en su porvenir, con tasas de hasta 60 por ciento en la franja de entre 18 y 25 años que sueñan con irse del país, y 48 por ciento en la de 26 a 35 años. Muchos de ellos deslumbrados por el mejoramiento de la calidad de vida de gran proporción del más del millón y medio que emigraron en las últimas seis décadas.

Esos sueños terminarán en pesadilla para una alta proporción, porque las fronteras migratorias se están cerrando progresivamente tanto en Estados Unidos como en Europa, donde fue a parar gran parte de nuestra diáspora. Y los nuevos destinos de Sudamérica no tienen mucha capacidad para absorber las demandas. Habrá que convencer a nuestros jóvenes que es aquí donde tendrán que guayar la yuca y que eso no será posible leyendo y enviando mensajitos por las redes sociales, ni mucho menos  en la evasión del colmadón, de las drogas y el alcohol.

La situación es para declararnos en emergencia. Urge que los adultos abran mayores espacios a la participación de los jóvenes  en todos los sectores, y que los exhortemos a empoderarse, a asumir las riendas de este pobre país tan precisado de nuevas energías.-

El predominio de la imposición

26_07_2018 HOY_JUEVES_260718_ Opinión10 A      

Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Masiva violación de derechos

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Por Juan Bolívar Díaz

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-