El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ El País13 A

Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.

El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.

El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.

A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.

El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.

Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.

Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.

Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.

Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.

Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.

La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.

Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.

El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.

Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.

Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.

La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

PISA y muchas evaluaciones evidencian un pobre desarrollo

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

Nadie debería sorprenderse de que el país quedara en el último escalón en la evaluación PISA auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque ya eso estaba diagnosticado en otros índices como fruto de décadas en que los gobernantes no entendieron que la educación es el fundamento del desarrollo.

Pero no es solo en educación que la RD queda malparada en casi todas las evaluaciones internacionales, también en inversión en salud, desarrollo institucional, en corrupción, muertes por accidentes de tránsito, confianza en la Policía, los políticos, en ética empresarial, servicios de energía y otros indicadores de pobreza.

Ultimo entre 72 países. De cualquier forma causa impresión que se otorgue a RD el último escalón entre 72 países, en la primera ocasión que se ha sometido al Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), de la importante Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, que agrupa a las naciones más desarrolladas del mundo.

Aunque ya hace años que el país queda en los últimos lugares en la calidad educativa en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ocupando la posición 131 de 138 en matemáticas y ciencias. También en las dos últimas evaluaciones del Estudio Regional de la Calidad Educativa (SERCE), a nivel latinoamericano, la RD había quedado en el último lugar

Tanto en matemáticas como en ciencias los casi cinco mil estudiantes dominicanos que participaron quedaron en promedio en el último escalón. Solo en lectura mejoraron algo, quedando en la posición 68.

Las pruebas se aplican a los estudiantes de 15 años que están finalizando la educación secundaria, centrándose en las materias básicas de ciencias, matemáticas y comprensión de la lectura. El objetivo fundamental es que los resultados sirvan para aplicar correctas políticas y reformas educativas. Es relevante que participan alumnos tanto de las escuelas públicas como de colegios privados, muchos de los cuales hace tiempo cobran colegiaturas suficientes para invertir en la calidad de los docentes, en equipos e infraestructuras, lo que a su vez remite a problemas socio-culturales complejos, que incluyen la responsabilidad de la educación familiar, los medios de comunicación y las iglesias.

Calidad de la educación. Las notas de la PISA conocidas esta semana deberían tener como resultado positivo que se acabe de entender que no solo hay que seguir aumentando la inversión en educación, como prevé la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sino también que es imprescindible poner énfasis en los renglones que arrojan calidad, como la formación de maestros, reformas curriculares, investigación y educación preescolar que todavía alcanza a una fracción minoritaria, básicamente de los que pueden pagar colegios privados.

La evaluación del gasto en educación publicada en septiembre por la Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) demostró que la inversión del 4% del PIB en el sector está adoleciendo de la cultura del clientelismo, con un desmesurado aumento del 78% del personal administrativo, y solo 27% del magisterial, con elevación total de 148% del personal no docente en apenas 4 años, advirtiendo que esa tendencia lleva a la insostenibilidad financiera en tres o cuatro años.

Tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la Coalición por la Educación Digna, que encabezó la lucha por el cumplimiento de la cuota legal del 4% del PIB, reaccionaron correctamente apreciando que todavía no hay tiempo para que esa inversión haya transformado la calidad. Pero la coalición social advirtió que se ha concentrado excesivamente en la construcción, descuidando los factores que más inciden como la formación docente.

El experto fiscal José Rijo resalta que en formación docente apenas se invirtió el 1.9% del presupuesto del Ministerio de Educación en el período 2013-17, y el 1.3% en servicios técnicos pedagógicos, y también 1.3 % en educación inicial. En cambio en construcciones se fue el 16.4%, en transferencias al INABIE (alimentación escolar) 8.8%, con muy elevadas cuotas del 9.9% para gasto del despacho ministerial, y 7.2% para “administración de contribuciones especiales”.

El ejemplo de Costa Rica. De visita en el país esta semana, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla explicó en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio las razones por las que su país lidera, junto a Chile y Uruguay, los indicadores de desarrollo humano y social de la región, constituyéndose en una de las sociedades menos desiguales, que genera ya toda su energía en base al agua, sol, viento y biomasa.

Comenzó marcando que Costa Rica no tuvo petróleo, oro ni muchos indios que explotar, que contrario a la generalidad de los latinoamericanos donde hasta el siglo pasado muchos presidentes fueron generales, ellos se estrenaron poniendo un maestro de primer presidente, que no han tenido golpes de Estado ni guerras civiles, que suprimieron el ejército en 1948, ahorrándose un dinero en relación a otros, que no han construido palacios ni los presidentes pueden hacer lo que quieran. Y que cuando salió de la presidencia hace dos años tuvo que buscar un préstamo bancario para financiar la educación superior de su hijo.

Para no dejar dudas, la doctora Chinchilla dice que no se repostulará porque ser presidente de su país implica un gran sacrificio. Y resalta que hace 40 años ya dedicaban el 6% del PIB a la educación, y que ella lo llevó al 8%, en su gestión 2010-14, porcentaje que se mantiene firme. Y todavía cree que hay que educar mucho más para alcanzar el desarrollo.

Desafíos del bloque opositor frente al poder omnímodo

 

Por Juan Bolívar Díaz
27_11_2016 HOY_DOMINGO_271116_ El País13 A

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE). Pocos ven posibilidades de que esa mezcla […]

El mayor desafío para la docena de partidos políticos que han venido concertando la oposición al régimen del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es mantenerse unidos, sino para vencer el poder omnímodo, al menos para mediatizarlo, como lograron en la elección de la Junta Central Electoral (JCE).

Pocos ven posibilidades de que esa mezcla política de derecha, centro e izquierda, pueda mantenerse por mucho tiempo, sobre todo contando con las capacidades de manipulación pública y privada del partido gobernante, pero solo unidos y apelando a la sociedad podrían enfrentar el control político y social que ejerce el PLD.

La experiencia de la JCE. Al evaluar los resultados de la lucha por una JCE independiente del poder peledeísta, los opositores políticos podrían reivindicar que lograron mediatizar los impulsos primarios que pretendían reproducir el dominio absoluto del PLD sobre el organismo, desplazar a Roberto Rosario de su presidencia, y forzar la escogencia de una mayoría de titulares independientes, incluyendo al doctor Julio César Castaños como presidente.

Es indudable que el PLD impuso su mayoría aplastante para escoger los suplentes, pero tuvo que transar en los titulares, lo que no hubiera ocurrido sin la presión desatada por el bloque opositor. Fue importante también la participación de las organizaciones sociales que constituyen la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. Pero esta no hubiese podido desatar muchas fuerzas sin que hubiese partidos políticos en posición más radical. En otras palabras: la sociedad civil no puede hacer el papel de los partidos.

El aparato mediático peledeísta se ha empeñado en presentar a la oposición como vencida y desacertada, porque ha quedado ahora sin un Eddy Olivares entre los titulares, como si los valiosos aportes de este bajo el dominio de Roberto Rosario hubiesen podido impedir la manipulación política del órgano electoral. La oposición fue coherente en rechazar un reparto que la experiencia ha demostrado dañino, y dejó mal parados a los que pregonaban que por debajo los líderes de su mayor partido buscaban ventajas, alegato que pretendía dispersar el bloque opositor o dificultar su desempeño.

Cámara de Cuentas y TSE. En marcha el proceso para elegir los cinco integrantes de la Cámara de Cuentas (CC), por parte de los órganos legislativos, pareciera que el bloque opositor ha perdido vigor, como si hubiese salido derrotado en la JCE, como han pregonado los voceros y bocinas gubernamentales. Bastante lograron para su limitada representación política y dificultades para movilizar a una población anestesiada.

Claro que la CC no despierta el mismo interés partidista que la JCE, pero debería preocuparle desde la perspectiva institucional y de cara a la sociedad civil, que valora mucho el papel del organismo fiscalizador de las finanzas públicas, afectadas por alto nivel de dispendio, malversación y corrupción que ha colocado el país en los últimos escalones en las evaluaciones del Fondo Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

La Cámara de Diputados inició esta semana la evaluación de los 259 inscritos como aspirantes a integrar la CC, al igual que el Senado con la JCE, sin especificar una metodología que permita abrigar expectativas de que la capacidad e integridad predominarán sobre el interés político de mantener subordinado o mediatizado ese importante organismo del Estado. Aunque esta vez, al menos, las entrevistas son públicas.
Si los partidos opositores no mantienen la presión también para la elección de la CC habrán perdido el impulso cuando se convoque próximamente al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del importante Tribunal Superior Electoral, contribuyendo al reflujo de la sociedad civil, que a menudo desconfía de la capacidad del sistema político para auto regenerarse.

La diversidad del bloque. Son muchos los sorprendidos por la concertación opositora tras el resultado electoral de mayo, a la que concurrieron divididos como mansos corderos con siete candidaturas para enfrentar a un partido que utilizaba su fuerza acumulada más todas las ventajas del Estado. Se creía que la unidad sería muy efímera y no llegaría al inicio del nuevo período gubernamental en agosto.

Hace poco sumaron al Partido Revolucionario Social Demócrata, el único opositor que aparecía separado. Para muchos observadores, la diversidad de posiciones políticas determina un corto periodo de vigencia de la coalición. En la derecha podrían situarse los partidos Fuerza Nacional Progresista, Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Socialista Cristiano de Soraya Aquino. En el centro estaría la mayor fuerza, el Partido Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Dominicanos por el Cambio, el Humanista Dominicano y el Revolucionario Social Demócrata. El ala izquierda la conformarían el Frente Amplio, Alianza País, Opción Democrática y Alianza por la Democracia.

Esa diversidad implica dificultades para determinar tácticas y hasta para formular sus pronunciamientos. Hace poco pasaron el día y llegaron a la medianoche concertando un comunicado en la recta final de la elección de la JCE. De ahí podría haberse derivado su principal error táctico al no reintegrarse oportunamente a la mesa de diálogo de monseñor Agripino Núñez. El empeño en evitar desgajamientos determina un paso de elefantes frente a una mezcla de tigres y leones que defienden cada pulgada de poder. La circunstancia de que el bloque opositor no tenga un claro líder que lo unifique, y que tampoco lo presente su mayor integrante, el PRM, es un factor limitante en una adolescente cultura democrática.

El PLD: divide y vencerás. Un objetivo de mediano plazo para el PLD es la desarticulación del bloque opositor, intrigando para dividirlo, tarea en que la que ya hay comentaristas empeñados, o mediante repartos estatales que tanto han contribuido a la concentración del poder.

Sea que se configure el continuismo reeleccionista que ya hasta el dirigente del PLD y excolaborador cercano de Danilo Medina, Fernando Fernández denunciara esta semana, o que los vientos de Leonel Fernández vuelvan a soplar, dado que no emerge hasta ahora una tercera opción interna, para el PLD será fundamental desarticular el frente opositor. Más importante si buscan abrir paso a otra reforma constitucional para posibilitar la continuidad del presidente Medina, más difícil de justificar, tras la reforma del 2015 que devolvió el “dos períodos consecutivos y nunca más” y consignó un dispositivo transitorio que la prohíbe expresamente. Leonel de candidato podría atraer a partidos que se entendieron mejor con él que con Danilo, y fueron aliados, la FNP, el PRSC y el PQD.

El funcionamiento colegiado del bloque opositor, con voceros rotativos ha dificultado las tácticas para dividirlos, separando al PRM del resto, mientras se incentiva la lucha interna en este. El secretario general del PLD, Reinaldo Pared, llegó hasta declarar la preferencia del expresidente Hipólito Mejía como interlocutor, a quien hasta sus peores críticos lo presentan como relevo de Luis Abinader para la candidatura del 2020.

El estímulo de la confrontación por el liderazgo del PRM, sería un objetivo táctico fundamental del peledeísmo para reducir la incidencia del mayor partido del bloque opositor. Confían en que tarde o temprano los perremeístas reproducirán las feroces luchas internas que debilitaron “el buey blanco” del PRD, de donde provienen. No lo lograron antes ni después de la convención del PRM que eligió candidato presidencial a Abinader, superando ampliamente a Mejía, porque ambos fueron conscientes de que se necesitaban mutuamente la supervivencia política.

Una precipitada lucha por el liderazgo del PRM, le impediría consolidarse, reforzando su organización y democracia interna, y acreditarse como alternativa al dominio del PLD, y en lo inmediato incidiría en la dispersión del bloque opositor.

El PLD y su gobierno evaden la concertación político-social

  Por Juan Bolívar Díaz

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Desperdiciaron la oportunidad de iniciar una concertación político-social que mejoraría las perspectivas de los pendientes pactos fiscal y eléctrico, y de las reformas político-electorales aunque tuvieron que mediatizar su absoluto control de la JCE

           

Como para no dejar dudas, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) decidió la integración de la Junta Central Electoral (JCE), evadiendo el diálogo político social reclamado intensamente durante cuatro meses por los doce partidos de oposición y un amplio movimiento de la sociedad civil.

            Los que lucharon por ejecutivos con perfil ético y sin ataduras partidarias lograron mediatizar el control peledeísta sobre el organismo rector de elecciones y del registro civil,  pendientes ahora de la renovación de la Cámara de Cuentas (CC), por el Congreso Nacional, y del Tribunal Superior Electoral por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La transacción Castaños

            Tal como se advirtió en esta página el 6 de noviembre, el doctor Julio César Castaños Guzmán terminó electo presidente de la JCE como fórmula de transacción, que habría partido del gobierno del presidente Danilo Medina y terminó acogiendo el Comité Político del PLD, por los intensos reclamos del bloque de partidos de la oposición y de los sectores más activos de la sociedad civil organizada.

            Si bien tres de los cinco titulares del organismo no tienen vínculos con el partido de gobierno, la totalidad de sus suplentes son peledeístas, dos de ellos miembros del Comité Central del partido gobernante. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, que agrupa más de treinta organizaciones de la sociedad civil, acogió la designación de Castaños, además de Roberto Saladín y Carmen Imbert, por considerar que llenan el perfil adecuado de reputación profesional, ética e independencia. El bloque de 12 partidos de oposición sólo acogió a los dos primeros, y aunque a la doctora Imbert le reconoció integridad y profesionalidad, la descartaba por haber apoyado públicamente la reelección del presidente Danilo Medina.

            Castaños llegó con aval general por sus ocho años en la JCE, cuatro como presidente, y por su reconocido ejercicio profesional, público y privado, Roberto Saladín, quien demostró independencia siendo gobernador del Banco Central bajo el último gobierno de Joaquín Balaguer, y embajador de los gobiernos del PLD, también fue considerado apto, aunque algunos mantuvieron reservas por pasar de 80 años, ya que los jueces de las altas cortes se retiran a los 75. Carmen Imbert, se ha distinguido en cargos judiciales, como escritora, articulista y comentarista de radio y televisión.

Los vinculados políticos

            Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes completan la dirección de la JCE, recibieron objeciones políticas y sociales por sus vínculos partidarios y él, además, por  haber sido de los integrantes de la Cámara de Cuentas que tuvieron que renunciar en el 2008 en vísperas de un juicio en el Senado, tras ser acusados por la Cámara de Diputados de violación de la Constitución y varias leyes, de nepotismo y otros cargos, y por su vinculación al Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno.

            Las mismas objeciones que a Mejía, se hacían a Freddy Bolívar Almonte, un promotor político del presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez, quien apareció en la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD la semana anterior, y en esta fue sustituido por Rosario Graciano, única de los anteriores titulares del organismo que permanecerá en el cargo, al que llegó tras desempeñarse como subsecretaria de prensa del PLD y luego como vicecanciller.

            Los cinco suplentes electos tienen vínculos con el PLD, y varios se han desempeñado en diversos cargos administrativos. Luis García y Juan Bautista Cuevas aparecen en la matrícula de su Comité Central. El primero, que suple a Carmen Imbert, es periodista y asesor de prensa del presidente Medina; y el segundo, suplente de Henry Mejía, es un cercano colaborador de Reinaldo Pared. Al suplente de Castaños, Luis Minier Almonte, abogado de Santiago, se le relaciona con el expresidente Leonel Fernández y Monchy Fadul.  José Lino Martínez, suplente de Saladín, es un colaborador del senador por Monseñor Nouel Félix Nova; a Rafael Evangelista, suplente de Graciano, se le asocia al senador por Samaná, Prim Pujols.

Tuvieron que conceder

            Es obvio que la JCE mantiene un fuerte sello partidista, total en los suplentes, aunque distante del absoluto que los senadores peledeistas pretendían. En los titulares se operó una renovación  de cuatro quintas partes, dejando fuera al polémico presidente Roberto Rosario, quien había convertido el organismo en un feudo personal y lo arrastró al  sectarismo y al “tollo tecnológico”  del escrutinio en el proceso electoral de mayo pasado.

            La unidad de la oposición y el activismo de la sociedad civil, que movilizó a las jerarquías religiosas y empresariales, forzaron la transacción en la composición de la JCE, y mostraron que se requiere sumar muchas energías para contener los ímpetus absolutistas de un partido que controla todos los poderes públicos, y gran parte del aparato comunicativo y de las ausentes academias universitarias y organizaciones sindicales y profesionales.

            El proceso evidenció la manipulación partidista y el desprecio a las metodologías y búsqueda de consenso. Más de 200 candidatos a integrar la JCE resultaron conejillos de indias pues, más allá de formulárseles algunas preguntas en entrevistas de 15-20 minutos, no fueron objeto de una evaluación, previa metodología científica, que incluye capacidades, actitudes sicológicas y currículo, como ocurre en el mundo contemporáneo para cualquier cargo de mediana jerarquía y que demandaran las entidades sociales.

            En siete de los diez elegidos prevaleció el vínculo partidista y con los propios senadores electores. Aunque proclamaron muchas veces que la elección era patrimonio exclusivo del Senado, al final intervino el Comité Político peledeísta, que creó una comisión para cerrar acuerdos y se decidió sustituir a uno de los objetados por el escándalo de la CC en el 2008, otra concesión a la oposición y la sociedad civil.

Una oportunidad perdida

            Aunque transaron parcialmente frente a los reclamos políticos y sociales, el gobierno y el PLD desperdiciaron la oportunidad de mostrar interés en la búsqueda de los  consensos demandados por la sociedad para aprobar los grandes pactos pendientes, dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que en enero cumplirá cinco años, como el eléctrico y el fiscal, y para las leyes del sistema electoral y de partidos.

            El gobierno no ha logrado conseguir consenso para el pacto eléctrico, cuya concertación cumplirá dos años en enero. El pacto fiscal fue intentado al inicio del gobierno de Medina en el 2012, pero fue abandonado pocas semanas después, y no ha vuelto a estar en la agenda gubernamental, a pesar de las demandas públicas y las limitaciones  fiscales con que se maneja el Estado, con grandes deudas sociales en materia de pobreza, salubridad, agua potable, electricidad, salarios de servidores públicos,  transporte y otros.

            El problema radica en la escasa vocación concertadora que prevalece en el sistema político, acentuado entre los peledeístas. Después que la oposición política y la sociedad civil acogieron dos y tres de los cinco candidatos a la JCE que propuso el PLD, bien pudo escogerse los otros entre personalidades de consenso, y ser menos sectarios en la elección de los suplentes, Pudieron crear un mejor ambiente para las concertaciones necesarias.

La Cámara de Cuentas

            La atención pública se desplaza ahora hacia la CC, el máximo organismo de control y auditoría de los recursos públicos, cuyos cinco titulares también concluyeron su período constitucional el 16 de agosto pasado. De acuerdo al artículo 248 de la Constitución son elegidos por el Senado de ternas que presenta la Cámara de Diputados.

            Tanto la oposición política como la sociedad civil a través de su Iniciativa  por la Institucionalidad Democrática, y líderes de diversos ámbitos han extendido a la CC su demanda  de profesionales independientes de todos los poderes. La preocupación es generalizada por los altos niveles de corrupción y la impunidad prevalecientes en el país.

            Entre los actuales titulares de la CC también prevalecen los vinculados al partido de gobierno, aunque en general han guardado un perfil profesional y su presidenta Liselotte Marte de Barrios, proveniente del Partido Reformista Social Cristiano, es una profesional con perfil de independencia y de ejercicio público decoroso.

            El martes 15 la Cámara de Diputados publicó un listado de 259 aspirantes a integrar la CC, 5 más que la vez anterior,  y llamó a vistas públicas a partir de mañana lunes y hasta el 5 de diciembre, donde participarán los candidatos y cualquier ciudadano podrá presentar observaciones. Empero no se ha precisado la metodología de evaluación y elección.

            Otros con período vencido en agosto son los jueces del Tribunal Superior Electoral,  por  igual objetos de conflictos  políticos, pero aún no se convoca a su órgano elector, el Consejo Nacional de la Magistratura, también con mayoría del PLD.-     

Aunque con dificultades, avanza el diálogo político

Por Juan Bolívar Díaz

INFORME ESPECIAL

Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.

Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.

Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.

Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.

Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD “que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE”.

Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran “identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país”.
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.

Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.

Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.

Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de “un compromiso político”.

Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.

Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.

Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.

De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.

El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.

De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.

Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.

El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que “reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos”.

Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.

Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos “y que son inobjetables”.

Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.

El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.

Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.

Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.

La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.

Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de “un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.

Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.

Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.

Avanza el aterrizaje suave en la elección de la JCE

El gobierno parece inclinado al reclamo cada día más amplio de árbitros electorales independientes de los poderes  y trasciende que podría darse un consenso por lo menos en la figura de Julio César Castaños Guzmán para presidir la JCE

Por Juan Bolívar Díaz

            Las declaraciones de los ministros de la presidencia Gustavo Montalvo y José Ramón Peralta marcaron esta semana la opción del gobierno por el “aterrizaje suave” en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), frenando los ímpetus de senadores y dirigentes partidistas que pregonan la  simple imposición del poder político.

            Al caer la semana se daba por hecho en múltiples ámbitos políticos que el gobierno impulsaría un consenso para llevar al doctor Julio César Castaños Guzmán a la presidencia del organismo, acogiendo el reclamo de árbitros electorales independientes enarbolado por toda la oposición política y cada vez más amplios segmentos de la sociedad civil.

Lanzamiento de Montalvo

            Para el miércoles 2 estaba anunciada la decisión sobre la elección de los cinco nuevos titulares de la JCE en la Comisión Especial del Senado que en los últimos tres meses recibió y procesó los expedientes de 222 aspirantes a esos cargos, los cuales ya habrían sido reducidos a 60, y predominaba el discurso de que sólo los senadores tienen facultad para deliberar al respecto.

            Pero el martes 1 HOY desplegó la opinión del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien expresó: “confío que la nueva JCE se conforme con personas idóneas, que tengan el perfil adecuado, que sean personas que no estén atadas a ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni que respondan a partidos políticos o a grupos de presión”.

            La opinión cayó como bomba entre los más pugnaces del Senado y del partido de gobierno y en su inmensa legión de comunicadores, algunos con tantos ímpetus que dieron por hecho que la comisión propondría las ternas y se procedería de inmediato a la elección en la sesión previamente convocada para el miércoles, lo que no ocurrió, a lo que también contribuyó otra declaración, esta vez del ministro Administrativo de la Presidencia.

            José Ramón Peralta, quien hace semanas era parte de la línea dura de la imposición y llegó a descalificar hasta los reclamos de la sociedad civil, avaló de inmediato a Montalvo, indicando que “La ley dice que lo mejor es que sean jueces sin vinculación política, independientes, y que si no hubiese independientes, que sea una junta equilibrada. Es lo que dice la ley y yo me acojo a lo que diga la Constitución”.

Una decisión del gobierno

            Sólo los fanáticos intentaron desconocer las señales del gobierno. Gustavo Montalvo y  Peralta son los dos funcionarios principales del presidente Danilo Medina, y  el primero ha sido catalogado como un  primer ministro, quien por demás es el más renuente a dar opiniones a la prensa, pero que junto a su equipo técnico-jurídico y político ha asumido decisiones importantes en cuestiones conflictivas, como fue el caso de la ley para amortiguar la sentencia de la  desnacionalización, la observación al código penal en el asunto del aborto terapéutico o la rectificación sobre los terrenos de Bahía de las Aguilas.

            La realidad es que el presidente Medina no ha sido indiferente en ningún caso, sino que ha dejado que “el equipo de Montalvo” cargue el peso de las cuestiones más conflictivas, sobre todo cuando hay choque de intereses al interior de su partido. Por su parte, Peralta encabezó la pelea por reducir el poder del expresidente Leonel Fernández para lograr la reforma de la Constitución que permitió la reelección del actual mandatario.

            Sería un error creer que el presidente ha capitulado o asumido por completo los reclamos de la oposición política y de la sociedad civil organizada. Más bien estaría tratando de neutralizarlos, haciendo concesiones. Aunque desde el inicio del debate sobre la JCE tras el anárquico resultado en que devino el resultado de las elecciones de mayo, empañando su amplia victoria, Danilo Medina habría comenzado a buscar distancia de la línea que proclamaba la ratificación de los actuales titulares, y se le atribuyó apoyar personas con mayor legitimidad y menos conflictividad. Roberto Rosario estaba descalificado antes que Estados Unidos le quitara las visas.

Reclamo que gana terreno

            El gobierno no puede ignorar el terreno que ha ganado la demanda de una JCE consensuada, con profesionales de experiencia, eficiencia, integridad e independencia de cualquier otro poder, logrando el apoyo de la Conferencia del Episcopado, (incluyendo el escepticismo expresado por el arzobispo Ozoria), de altos empresarios y medios de comunicación, y del mediador Agripino Núñez.  A ello ha contribuido la integración en un bloque de toda la oposición política y la constitución de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) que agrupa a unas 40 instituciones sociales y consorcios de organizaciones, desde las empresariales, y religiosas hasta las sociales y comunitarias.

            Ha ayudado también la coherencia con que los demandantes han sostenido su planteamiento de árbitros imparciales, y tanto los 12 partidos de oposición como las organizaciones sociales han sostenido un firme rechazo al reparto de puestos en la JCE, fomentando la institucionalidad democrática, libre de conflictos de  intereses. La declinación del doctor Eddy Olivares a ser reelecto en la JCE, por estar vinculado al principal partido de oposición, el PRM,  y la decisión de éste partido de someter a juicio  disciplinario a dos dirigentes que presentaron candidaturas, fueron elementos impactantes.

            Varios documentos de esos partidos, incluyendo una carta esta semana al mediador Agripino Núñez Collado, constituyeron planteamientos de firme oposición y advertencias de dificultades de gobernabilidad en caso de que el PLD ratifique su control de los órganos arbitrales. Aunque desperdiciaron el escenario de mediación de Núñez Collado y no atendieron el llamado de la sociedad civil para mantenerlo.

La fórmula Castaños Guzmán   

            Desde  mediados de la semana en diversos ámbitos políticos se barajaba la transacción gubernamental que promueve para la presidencia de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán, portador de honorabilidad familiar, de espíritu conciliador y casi imposible de ser objetado por ningún sector político o social significativo. Actualmente primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y presidente de su Sala Civil y Comercial, fue miembro de la JCE del  2002 al 2010, y la presidió en el período 2006-10, sin generar antagonismos con ningún sector.

            Castaños no pasó por la evaluación de la comisión senatorial, pero con su récord  no la necesita y el pleno del Senado tiene facultad para escogerlo. Esta semana disertó sobre los desafíos de la democracia Ha sonado también para presidente, con auspicios del sector que lidera Leonel Fernández, el exfiscal y actual juez José M. Hernández Peguero, considerado parcial por haber sido precandidato del PLD. Se mencionó también a Jorge Subero, quien presidió brevemente la JCE, antes de ser electo presidente de la Suprema Corte, pero habría sido objetado por el sector leonelista.

            El “aterrizaje suave” del gobierno incluiría al doctor Santiago Sosa, quien fuera dirigente de Participación Ciudadana, y en los últimos años preside la Junta Electoral del Distrito Nacional. Suenan también Henry Mejía, vinculado al Partido Revolucionario Dominicano, el actual director del departamento de partidos políticos de la JCE, Guarino Cruz, la abogada y comunicadora Carmen Imbert Brugal, y los exmiembros de la JCE Luis Mora, Salvador Ramos y Rafaelina Peralta.

            De los actuales miembros, descartado Rosario y autoexcluido Eddy Olivares, se baraja a Rosario Graciano, quien llegó como dirigente del PLD, y al politólogo y abogado José Angel Aquino, el mejor técnico para dar continuidad, pero objetado por Roberto Rosario, quien lo llevó a la JCE pero no pudo doblegarlo. Rosario estaría promoviendo ante sus amigos del Senado a Mejía y a Ramos. Objeta a Graciano, quien en la evaluación lo habría acusado de personalizar la JCE, la que deja con déficit de mil millones de pesos.    

Urge concertación política

            Aunque no haya repartición en la JCE como plantea la oposición política y la sociedad civil, tendrá que mediar algún nivel de concertación, no sólo para la presidencia, sino también para los otros 4 titulares del organismo. La oposición señala el caso del Tribunal Superior Electoral donde llevaron de presidente a un honorable académico de la Universidad Madre y Maestra, Mariano Rodríguez, pero lo rodearon de jueces comprometidos políticamente que lo dejaron sin poder de decisión.

            La concertación político-social, planteada por la IDEM, tendría el beneficio adicional de abrir acuerdos para integrar el Tribunal Electoral y la Cámara de Cuentas, lo que también es inminente, y crearía un nuevo escenario donde podrían replantearse los pendientes pactos eléctrico y fiscal.

            Las perspectivas fiscales del gobierno, con un presupuesto altamente deficitario para el próximo año, y acabándosele la pista del endeudamiento, recomiendan transar en busca de gobernabilidad. Se cree que por lo menos un sector del gobierno lo entiende así, pero no  en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana.-

 

RD quemada en competitividad por debilidades institucionales

Por Juan Bolívar Díaz

Una vez más la República Dominicana ha quedado quemada en el Índice de Competencia Global (ICG) del Foro Económico Mundial (FEM) publicado esta semana, ocupando el escalón 92 entre 138 países evaluados, aunque con ligera mejoría de su puntuación, de 3.8 a 3.9 en relación al año pasado, cuando ocupaba la posición 98.

Las peores notas las recibe el país en el pilar “Instituciones”, donde ocupa el escalón 123, y la mejor en el entorno macroeconómico, donde está en el 26, primero en baja inflación, pero ratificado como el octavo más corrupto del mundo, y el quinto de América Latina y entre los peores en confianza en la policía, la justicia, la política y la educación.

Otra ligera mejoría. En el escalón 92 del ICG de este año del FEM, la RD ha mejorado ligeramente desde el 2013 cuando ocupaba el 105, aunque entonces con 148 países evaluados, ahora 138, razón por la cual es más objetivo atender a la puntuación, que desde entonces solo mejoró de 3.8 a 3.9 en una escala de 1 a 7.

El índice se compone de 12 pilares, y en la mitad de ellos el país está sobre el escalón 100. En los asuntos institucionales ocupa la posición 123, lo que implica que solo hay 15 países peor situados en esa materia fundamental entre los 138 evaluados y que registra una caída de 5 escalones en relación al 2015, cuando estaba en el 118. En “Innovación” ocupa el 114, en “Eficiencia del mercado laboral” el 109, en “Salud y educación primaria” 108, en “Eficiencia del mercado de bienes” 106, y 101 en “Infraestructura”.

En el pilar correspondiente al entorno macroeconómico RD tiene muy buena posición, la número 26, y en tamaño del mercado (67). Aceptable en sofisticación en negocios (77), apresto tecnológico (79) y en desarrollo del mercado financiero (87), En educación superior y capacitación está en el escalón 95.

Líder en baja inflación. Si algo se debe celebrar es que el país aparece en la posición 1 en “Inflación”, es decir el que registra menos elevación de precios en el último año. Muy buena es también la evaluación en balance del presupuesto gubernamental y deuda pública, en los escalones 16 y 31, pese a que en la opinión pública nacional persisten cuestionamientos al respecto.

En buena posición mundial aparece en baja incidencia de la malaria y su impacto en los negocios (posiciones 19 y 27), en la intensidad de la competencia local y la cantidad de proveedores locales (21 y 27), la extensión del mercado (37) y en el predominio de la inversión extranjera (41) y en solidez de los bancos (42). Si se le suma el bajo costo del terrorismo, escalón 36, se explica la muy buena evaluación en el pilar “Entorno macroeconómico”.

Otros renglones en los que RD queda bien parada son: “Transferencia tecnológica, calidad de la infraestructura portuaria, del transporte aéreo, de la disponibilidad de asientos en aviones, seguridad de las bolsas de valores, calidad de las carreteras, procedimientos aduanales y tasa de matrícula en la educación terciaria”, donde queda en las posiciones 41, 46, 50, 51, 53 57, 58 y 59. También en tasa de ahorro nacional, en la calificación del crédito del país y en disponibilidad telefónica, posiciones 68, 73 y 76.

Excepto en predominio de inversión extranjera, que baja de la posición 35 a la 41, en los demás 9 mejores renglones de la evaluación el país registra notables avances, varios de los cuales ya se les acreditan hace por lo menos 6 años.

Las instituciones y corrupción. Aparte de fortaleza de los reportes de auditoría y de la protección de las inversiones, posiciones 67 y 73, y en eficacia administrativa de las corporaciones (74), el país queda muy mal parado en casi todos los 21 renglones del ICG referentes al funcionamiento de las instituciones, ratificando una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil dominicana, incluyendo al empresariado, y por lo cual se reclama un pacto político-social por la institucionalidad democrática.

En 13 de los renglones de la institucionalidad, la RD queda situada por encima del escalón 100 entre los 138 evaluados de este año, especialmente en los referentes a la corrupción, que persistentemente se señala como uno de los más graves problemas nacionales. En desvío de fondos públicos, al igual que en confiabilidad de los de servicios policiales, el país queda en la posición 133, entre los ocho peores del mundo.

En otros renglones de corrupción como comportamiento ético empresarial y en extensión del dominio del mercado, el país está en escalón 130, lo que configura una cultura que no solo afecta las instituciones estatales como algunos creen. En favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos es el escalón 128, entre los diez peores del mundo evaluado. El 112 en pagos irregulares y sobornos, y 111 en despilfarro en el gasto gubernamental.

La independencia de la justicia dominicana queda también entre las peores del mundo, en el escalón 127 de los 138. En la misma posición está la eficiencia de la estructura legal para responder demandas. El costo del crimen y la violencia en las empresas (122), crimen organizado (111) y la consistencia de la regulación gubernamental está en el escalón 110.

Electricidad y educación. Otras pésimas evaluaciones de RD se encuentran en los renglones “Efectividad de las políticas anti-monopólicas” (132) “Confianza en los políticos” (130), “Calidad de las instituciones de investigación científica” (124), “Calidad de la electricidad” (123) y en “Disponibilidad de científicos e ingenieros” (108).

La calidad del sistema educativo sigue entre las peores del mundo con la posición 124, que alcanza al 131 en calidad de la enseñanza en ciencias y matemáticas. En tasa de matriculación en la educación primaria queda en el escalón 126, en entrenamiento de personal 106 y 101 en acceso al Internet en las escuelas. En los dos primeros renglones se registra una ligera mejoría de 2 y 7 escalones en relación al ICG del 2015, lo que significa que apenas comienza a surtir efecto la mayor inversión en educación que reclamó durante década la sociedad civil dominicana.

En prevalencia del VIH sida el país ocupa el escalón 104 y el 99 en mortalidad infantil, El impacto del VIH y de la tuberculosis en los negocios, quedan en las posiciones 94 y 92.

El informe del FEM registra los mayores problemas para hacer negocios en el país: las tasas impositivas con puntuación de 16, la corrupción 13.5, inadecuada educación laboral 12.4, ineficiente burocracia gubernamental 9.2 , acceso al crédito 8.4 y crimen y robo 7.3 puntos, entre otros factores.
Llamada de atención general

El ICG es un informe anual, que data de 1979 y goza de la credibilidad del Foro Económico Mundial, con sede en Davos, Suiza. Hasta allá se desplazó dos veces el presidente Leonel Fernández para asistir a sus foros anuales, y otra vez en el latinoamericano, celebrado en Brasil.

Las evaluaciones se realizan en 70 por ciento mediante encuestas a líderes empresariales mundiales y el 30 por ciento en base a las estadísticas de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o las agencias de las Naciones Unidas.

Los resultados de este año, disponibles en Internet, deberían reforzar la preocupación nacional por el mejoramiento de las instituciones, la independencia de la justicia, el imperio de la ley, el combate a la corrupción, y el rescate de la política como actividad llamada a generar bienestar común, no al simple enriquecimiento.

Deberían ser una guía para la acción gubernamental, y una llamada de atención a quienes no acaban de entender que la República Dominicana, a pesar de su crecimiento económico, favorecido por su inserción geográfica, tiene recursos para posicionarse mucho mejor en la escala del desarrollo humano y en la fundamental competitividad internacional, que todavía el país está entre el último tercio del conjunto de las naciones del continente.

El Presupuesto sigue el rumbo de la insostenibilidad financiera

Por Juan Bolívar Díaz
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El Presupuesto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros del Gobierno ratifica el rumbo del país a la insostenibilidad financiera, con otro déficit fiscal que rondaría los 100 mil millones de pesos, y endeudamiento público de por lo menos 2,700 millones de dólares, ya sobre el 50 por ciento del producto bruto interno.

El Gobierno incrementa el Presupuesto apenas en 7 por ciento, aún sobrevaluando las posibilidades de recaudación, evadiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el Pacto Fiscal, y asignando a los ayuntamientos la tercera parte de lo atribuido por ley, y al Poder Judicial menos del 50 por ciento, sin revaluar los bajos salarios.

Aplazado el Pacto Fiscal. Como se había advertido, con su proyecto de Presupuesto para el 2017, el presidente Danilo Medina mantuvo su decisión de evadir nuevamente el Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para no enfrentar los reclamos sociales de que ajuste el gasto gubernamental constriñendo el dispendio y las políticas clientelares que sustentan el poder político de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se ha dicho que el Pacto Fiscal sería abordado el próximo año, aunque es el quinto presupuesto del actual mandatario, después que en 2012 renunció a proseguir la concertación del pacto fiscal con sectores empresariales y sociales que persisten en reclamar la eliminación de múltiples organismos estatales inoperantes o redundantes, reducción de los repartos clientelistas, del dispendio y la corrupción, así como de la inequidad de salarios de cientos de miles de pesos, aunque el 20% de los empleados y el 90% de los pensionados del Estado reciben 5,117 pesos.

Con una nómina pública que se ha duplicado en los 12 años seguidos de gestión peledeísta, sobrepasando los 700 mil empleados, y un gasto corriente del 85 por ciento del presupuesto, el Gobierno apela cada año al déficit fiscal, con un endeudamiento que desde el 2000 se multiplicó más de ocho veces en el sector público no financiero y por cinco en el financiero cuyos intereses y amortización consumirían un tercio del Presupuesto del 2017.

En sus últimos 8 años de Gobierno, Leonel Fernández obtuvo financiamiento por 640 mil millones de pesos, y Medina 751 mil millones de pesos en sus primeros 4 años.

Presupuesto muy deficitario. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 28 otro proyecto de Presupuesto muy deficitario para el próximo año, por un monto de RD$711,399 millones, aunque los ingresos fiscales se proyectan en solo RD$ 537,886 millones, lo que implica un déficit de RD$ 173,513 millones, a ser cubierto parcialmente con un financiamiento en bonos de 2,700 millones de dólares, para un déficit fiscal de 84,894 millones de pesos.

El monto presupuestal se incrementa en el 7 por ciento que crecería el PBI este año, pero con un estimado de ingresos mayor en 13 por ciento al presupuestado para este año, que los expertos fiscales Eduardo Selman, Germania Montás y José Rijo estiman sobrevaluado. Los tres coinciden en que la meta recaudatoria de este año, que era de 486 mil millones de pesos, se quedará corta entre 15 y 20 mil millones de pesos, por lo que las recaudaciones adicionales de 50,901 millones de pesos proyectados para el año próximo, superarían lo realmente captado este año en unos 65-70 mil millones de pesos.

El 2016 sería el segundo año consecutivo en que las recaudaciones se quedan por debajo de lo presupuestado. En 2015 llegaron a 438 mil millones de pesos, aunque se proyectaron 450 mil millones, con un déficit de 12 mil millones. Sería al final de este año cuando se sobrepasaría la meta recaudatoria de 2015, según la proyección de José Rijo. En esa perspectiva sería difícil alcanzar el crecimiento recaudatorio proyectado para el 2017.

No satisface a nadie. El proyecto de Presupuesto, con ingresos que apenas cubren el gasto corriente, mantiene congeladas por quinto año consecutivo las asignaciones a casi todos los organismos del Estado, y a algunos de los que se les incrementa manifiestan insatisfacción, como el Poder Judicial, al que se le asignan RD$800 millones adicionales para totalizar RD$6,400 millones, equivalentes al 1.31% de los ingresos proyectados para el 2017.

Es menos de la mitad del 2.66 por ciento que le asigna la Ley 194-04 sobre “Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Poder Judicial”. Hasta el apacible presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, ha salido a protestar.

A los municipios solo se está destinando el 3.2 por ciento de los ingresos fiscales, aunque la Ley 166-03 le otorga el 10 por ciento. El presidente de la Federación de Distritos Municipales, Pedro Richardson, muestra su inconformidad, precisando que la proporción disminuye 0.52 por ciento. 500 millones de pesos más para la Universidad Autónoma es apenas una aspirina para sus dolencias financieras. Aparte de educación y salud, el mayor incremento, 5,100 millones de pesos, es para la Presidencia de la República.

Tampoco se puede remediar la desproporción salarial del Estado. Tres mil millones de pesos más solo permitirán “aumentos puntuales” a una parte de los 37 mil 606 policías, de los cuales 24,459, el 65 por ciento, ganan menos de 12,978 pesos que, según el Banco Central, era en agosto el costo de la canasta familiar del quintil más pobre. El “jefe” gana 81,785 pesos, un tercio del sueldo de regidores municipales. Pocos discuten que con esos salarios es imposible que la PN cumpla su rol en la seguridad ciudadana y sus miembros dejen de asociarse a la delincuencia para buscarse la vida.

En un círculo vicioso. Desde que en agosto fue removido el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, sustituido por Magín Díaz, se dijo que el Gobierno centraría esfuerzos en reducir la evasión fiscal, consciente de las dificultades de elevar impuestos y disminuir exenciones. El propósito es válido, y hasta justo, pero de lenta rentabilidad y alto costo, pues perjudica a vinculados al régimen que han jugado al rentismo político y “enrarecería” las buenas relaciones del

Gobierno con los más beneficiarios del crecimiento económico.
Se ha informado que el nuevo presupuesto conlleva un “plan de fortalecimiento tecnológico institucional y de intercambio de información orientado a combatir la elusión y la evasión fiscal”. Pero expertos fiscales advierten que con mucha eficiencia, tomaría más de un año para ver resultados apreciables.

Los renglones impositivos de consumo masivo y de fácil incremento ya están saturados: 16% del Itbis, 30% a las telecomunicaciones, los de los combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco. El Gobierno tendría que incrementar la imposición directa al patrimonio y la renta, pero tropieza con fuertes intereses, incluyendo exenciones bajo leyes y contrataciones, inmodificables sin aceptación de los afectados.

Un cuadro atribuido al Ministerio de Hacienda cuantifica en 212 mil millones de pesos el “gasto fiscal” del Estado, que es la suma de las exenciones impositivas. Pero casi la mitad, 103 mil millones de pesos, sería el monto del Itbis que no se cobra a alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua potable y servicios de educación y salud. A los primeros 33 mil pesos mensuales de salario se le exceptúan 66 mil millones de pesos, 37 mil a las zonas francas, 20 mil a los generadores eléctricos, 6.7 mil a minería, 5.8 mil al turismo.

La salida es el Pacto Fiscal. Solo los mezquinos niegan que el desarrollo nacional y la pobreza requieren mucho más contribuciones fiscales, pero también mucho mejor calidad del gasto, lo que es incompatible con el alto nivel que ha alcanzado el irritante clientelismo político. Esta semana, al inaugurar la feria Expo-Cibao, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Juan Manuel Ureña, renovó el reclamo general del Pacto Fiscal, aunque condicionándolo a que el Gobierno dé claras señales de eficiencia en el gasto. Se ha generalizado el criterio de que no se puede alimentar más el clientelismo y el dispendio.

Tal como dijo esta semana el nuevo ministro de Economía, Isidoro Santana, la presión fiscal dominicana sigue por debajo del promedio regional, en 14 por ciento del PIB, con la cual es imposible resolver importantes carencias sociales, pero reconoció las dificultades de elevarla sin convencer a la población de que se corrigen “asuntos como el de la corrupción y algunas irregularidades en el manejo de recursos”.

El reciente informe de Educa sobre la calidad del gasto en Educación demostró que el 4 por ciento del PIB al sector también ha sido instrumentado para el clientelismo y el derroche, en niveles escandalosos de incremento de 33,307 cargos administrativos, que elevaron esa nómina en 148% en tres años. Mientras Tania Molina recordó el miércoles 28 en Diario Libre que hay miles de obras inconclusas que datan de varios gobiernos, indicadoras de la pésima inversión pública.

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.