El Presupuesto sigue el rumbo de la insostenibilidad financiera

Por Juan Bolívar Díaz
02_10_2016 HOY_DOMINGO_021016_ El País13 A

El Presupuesto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros del Gobierno ratifica el rumbo del país a la insostenibilidad financiera, con otro déficit fiscal que rondaría los 100 mil millones de pesos, y endeudamiento público de por lo menos 2,700 millones de dólares, ya sobre el 50 por ciento del producto bruto interno.

El Gobierno incrementa el Presupuesto apenas en 7 por ciento, aún sobrevaluando las posibilidades de recaudación, evadiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el Pacto Fiscal, y asignando a los ayuntamientos la tercera parte de lo atribuido por ley, y al Poder Judicial menos del 50 por ciento, sin revaluar los bajos salarios.

Aplazado el Pacto Fiscal. Como se había advertido, con su proyecto de Presupuesto para el 2017, el presidente Danilo Medina mantuvo su decisión de evadir nuevamente el Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para no enfrentar los reclamos sociales de que ajuste el gasto gubernamental constriñendo el dispendio y las políticas clientelares que sustentan el poder político de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se ha dicho que el Pacto Fiscal sería abordado el próximo año, aunque es el quinto presupuesto del actual mandatario, después que en 2012 renunció a proseguir la concertación del pacto fiscal con sectores empresariales y sociales que persisten en reclamar la eliminación de múltiples organismos estatales inoperantes o redundantes, reducción de los repartos clientelistas, del dispendio y la corrupción, así como de la inequidad de salarios de cientos de miles de pesos, aunque el 20% de los empleados y el 90% de los pensionados del Estado reciben 5,117 pesos.

Con una nómina pública que se ha duplicado en los 12 años seguidos de gestión peledeísta, sobrepasando los 700 mil empleados, y un gasto corriente del 85 por ciento del presupuesto, el Gobierno apela cada año al déficit fiscal, con un endeudamiento que desde el 2000 se multiplicó más de ocho veces en el sector público no financiero y por cinco en el financiero cuyos intereses y amortización consumirían un tercio del Presupuesto del 2017.

En sus últimos 8 años de Gobierno, Leonel Fernández obtuvo financiamiento por 640 mil millones de pesos, y Medina 751 mil millones de pesos en sus primeros 4 años.

Presupuesto muy deficitario. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 28 otro proyecto de Presupuesto muy deficitario para el próximo año, por un monto de RD$711,399 millones, aunque los ingresos fiscales se proyectan en solo RD$ 537,886 millones, lo que implica un déficit de RD$ 173,513 millones, a ser cubierto parcialmente con un financiamiento en bonos de 2,700 millones de dólares, para un déficit fiscal de 84,894 millones de pesos.

El monto presupuestal se incrementa en el 7 por ciento que crecería el PBI este año, pero con un estimado de ingresos mayor en 13 por ciento al presupuestado para este año, que los expertos fiscales Eduardo Selman, Germania Montás y José Rijo estiman sobrevaluado. Los tres coinciden en que la meta recaudatoria de este año, que era de 486 mil millones de pesos, se quedará corta entre 15 y 20 mil millones de pesos, por lo que las recaudaciones adicionales de 50,901 millones de pesos proyectados para el año próximo, superarían lo realmente captado este año en unos 65-70 mil millones de pesos.

El 2016 sería el segundo año consecutivo en que las recaudaciones se quedan por debajo de lo presupuestado. En 2015 llegaron a 438 mil millones de pesos, aunque se proyectaron 450 mil millones, con un déficit de 12 mil millones. Sería al final de este año cuando se sobrepasaría la meta recaudatoria de 2015, según la proyección de José Rijo. En esa perspectiva sería difícil alcanzar el crecimiento recaudatorio proyectado para el 2017.

No satisface a nadie. El proyecto de Presupuesto, con ingresos que apenas cubren el gasto corriente, mantiene congeladas por quinto año consecutivo las asignaciones a casi todos los organismos del Estado, y a algunos de los que se les incrementa manifiestan insatisfacción, como el Poder Judicial, al que se le asignan RD$800 millones adicionales para totalizar RD$6,400 millones, equivalentes al 1.31% de los ingresos proyectados para el 2017.

Es menos de la mitad del 2.66 por ciento que le asigna la Ley 194-04 sobre “Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Poder Judicial”. Hasta el apacible presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, ha salido a protestar.

A los municipios solo se está destinando el 3.2 por ciento de los ingresos fiscales, aunque la Ley 166-03 le otorga el 10 por ciento. El presidente de la Federación de Distritos Municipales, Pedro Richardson, muestra su inconformidad, precisando que la proporción disminuye 0.52 por ciento. 500 millones de pesos más para la Universidad Autónoma es apenas una aspirina para sus dolencias financieras. Aparte de educación y salud, el mayor incremento, 5,100 millones de pesos, es para la Presidencia de la República.

Tampoco se puede remediar la desproporción salarial del Estado. Tres mil millones de pesos más solo permitirán “aumentos puntuales” a una parte de los 37 mil 606 policías, de los cuales 24,459, el 65 por ciento, ganan menos de 12,978 pesos que, según el Banco Central, era en agosto el costo de la canasta familiar del quintil más pobre. El “jefe” gana 81,785 pesos, un tercio del sueldo de regidores municipales. Pocos discuten que con esos salarios es imposible que la PN cumpla su rol en la seguridad ciudadana y sus miembros dejen de asociarse a la delincuencia para buscarse la vida.

En un círculo vicioso. Desde que en agosto fue removido el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, sustituido por Magín Díaz, se dijo que el Gobierno centraría esfuerzos en reducir la evasión fiscal, consciente de las dificultades de elevar impuestos y disminuir exenciones. El propósito es válido, y hasta justo, pero de lenta rentabilidad y alto costo, pues perjudica a vinculados al régimen que han jugado al rentismo político y “enrarecería” las buenas relaciones del

Gobierno con los más beneficiarios del crecimiento económico.
Se ha informado que el nuevo presupuesto conlleva un “plan de fortalecimiento tecnológico institucional y de intercambio de información orientado a combatir la elusión y la evasión fiscal”. Pero expertos fiscales advierten que con mucha eficiencia, tomaría más de un año para ver resultados apreciables.

Los renglones impositivos de consumo masivo y de fácil incremento ya están saturados: 16% del Itbis, 30% a las telecomunicaciones, los de los combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco. El Gobierno tendría que incrementar la imposición directa al patrimonio y la renta, pero tropieza con fuertes intereses, incluyendo exenciones bajo leyes y contrataciones, inmodificables sin aceptación de los afectados.

Un cuadro atribuido al Ministerio de Hacienda cuantifica en 212 mil millones de pesos el “gasto fiscal” del Estado, que es la suma de las exenciones impositivas. Pero casi la mitad, 103 mil millones de pesos, sería el monto del Itbis que no se cobra a alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua potable y servicios de educación y salud. A los primeros 33 mil pesos mensuales de salario se le exceptúan 66 mil millones de pesos, 37 mil a las zonas francas, 20 mil a los generadores eléctricos, 6.7 mil a minería, 5.8 mil al turismo.

La salida es el Pacto Fiscal. Solo los mezquinos niegan que el desarrollo nacional y la pobreza requieren mucho más contribuciones fiscales, pero también mucho mejor calidad del gasto, lo que es incompatible con el alto nivel que ha alcanzado el irritante clientelismo político. Esta semana, al inaugurar la feria Expo-Cibao, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Juan Manuel Ureña, renovó el reclamo general del Pacto Fiscal, aunque condicionándolo a que el Gobierno dé claras señales de eficiencia en el gasto. Se ha generalizado el criterio de que no se puede alimentar más el clientelismo y el dispendio.

Tal como dijo esta semana el nuevo ministro de Economía, Isidoro Santana, la presión fiscal dominicana sigue por debajo del promedio regional, en 14 por ciento del PIB, con la cual es imposible resolver importantes carencias sociales, pero reconoció las dificultades de elevarla sin convencer a la población de que se corrigen “asuntos como el de la corrupción y algunas irregularidades en el manejo de recursos”.

El reciente informe de Educa sobre la calidad del gasto en Educación demostró que el 4 por ciento del PIB al sector también ha sido instrumentado para el clientelismo y el derroche, en niveles escandalosos de incremento de 33,307 cargos administrativos, que elevaron esa nómina en 148% en tres años. Mientras Tania Molina recordó el miércoles 28 en Diario Libre que hay miles de obras inconclusas que datan de varios gobiernos, indicadoras de la pésima inversión pública.

Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Leonel arroja leña al fuego nacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el expresidente Leonel Fernández trató de justificar el inmenso déficit fiscal en que terminó su Gobierno constituye una autoincriminación al revelar su desprecio por la Constitución de la República y todo el sistema normativo del manejo de las finanzas públicas.

La pieza fue inoportuna, ya que subestimó la inteligencia de los dominicanos y echó combustible sobre la indignación generada por el déficit estimado en 187 mil millones de pesos y el paquete fiscal que busca conjurarlo, contribuyendo a mantener un movimiento de protestas que afecta el inicio del Gobierno de Danilo Medina.

 Agita la indignación.  Si el doctor Leonel Fernández no subestimara la capacidad de razonar de la mayoría de los dominicanos se habría economizado el discurso que pronunció el martes 13, que solo operó como un balde de combustible sobre el fuego de la indignación nacional por el inmenso abuso de las finanzas públicas implicado en el déficit fiscal de 187 mil millones de pesos con que entregó el Gobierno.

Fue un discurso inoportuno en momento en que el presidente Danilo Medina salía del país y que solo serviría para incentivar un movimiento de protestas sin precedentes y un rechazo generalizado en todos los sectores sociales que el Gobierno ha manejado con discreción esperando que baje la marea que ha afectado su arranque.

Es que resulta imposible justificar un gasto  que superó más de ocho veces los RD$22,500 millones que el Congreso Nacional le había autorizado como déficit en la Ley de Presupuesto aprobada para el año en curso, criticado por los analistas económicos y políticos, el empresariado y los más variados sectores sociales, además de la dispersa y condicionada oposición política, y cuando su propio ministro de Economía durante ocho años, Temístocles Montás, había proclamado al presentar el ajuste que “las finanzas públicas se hacen insostenibles con estos niveles de déficit”.

Ni un solo economista, articulista o analista independiente, ni tampoco algún  dirigente empresarial o social  había avalado el discurso hasta ayer sábado,  aunque el doctor Fernández había obtenido el apoyo del Comité Político de su partido,  parte del Comité Central y de 105 diputados, mientras indignados manifestantes acosaban “como cuerpo del delito” su Fundación Global. Los reclamos de sanción por el déficit se extendieron en el país y en ciudades de Estados Unidos y Europa, atrayendo la atención de importantes medios de comunicación, resaltando la CNN que le ha dedicado horas, cuestionando los niveles de corrupción imperantes, citando el Foro Económico Mundial que le atribuye la peor evaluación entre 144 países.

Múltiples manipulaciones.  El discurso de Leonel Fernández estuvo fundado en múltiples manipulaciones de cifras y circunstancias, al extremo que  el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien lo fuera también en sus 12 años de Gobierno, hubo de precisar que no fueron 49 mil millones de pesos los que recibió esa institución este año para cubrir sus obligaciones financieras,  sino tan solo 11 mil millones, una diferencia de 38 mil millones. Aunque la Ley de Presupuesto le asignó 23 mil 783 millones de pesos.

   Pero la más grosera manipulación fue el tratar de equiparar el déficit fiscal incurrido por Fernández, sin prioridad, planificación ni transparencia y decidido por él solo, con los déficits fiscales de  Estados Unidos, Europa o Japón, que son planificados  y aprobados por el Congreso. Llegó al extremo de citar el riesgo del “abismo fiscal” que afrontaría el Gobierno norteamericano desde enero, justo cuando el presidente Obama negocia acuerdos con el Congreso, porque  él solo no puede pasarse con un dólar sin exponerse a un juicio político. En ningún país donde se respete el orden institucional se le ocurre a un Presidente pasarse ocho veces del déficit aprobado en una ley de presupuesto y menos porque necesite ganar una elección o sembrar para volver.

Por demás, Fernández pretende ignorar que los graves problemas económicos de España, Portugal, Grecia, Italia, son preponderantemente fruto de los déficits fiscales acumulados, los que en los últimos 6 años de su gobierno alcanzan 400 mil millones de pesos. Trató de justificar el déficit en la caída este año de las recaudaciones, cuando las mismas se han elevado en 15% en relación al año pasado, con un incremento de 42 mil millones de pesos, al pasar de 279 mil millones a unos 321 mil millones.  La reducción es en relación a un presupuesto que desde antes de su aprobación fue denunciado como sobrestimado en ese renglón y subestimado en el déficit del sector eléctrico, al que se destinó apenas US$270 millones, cuando en el 2011 pasó de US$900 millones y este año se proyecta en US$1,270 millones.

Leonel se auto incriminó.  El doctor Leonel Fernández se auto incriminó al admitir que incurrió en un déficit de 187 mil millones de pesos, cuando solo  tenía autorización legal para 22,500 millones. Como cuenta con la fidelidad del Ministerio Público y de las cortes judiciales,  se considera por encima de la Constitución y de todo el sistema legal que pauta la disposición y fiscalización de las finanzas públicas. Asume lo público como privado al plantear que “Cuando alguien compra ¨fiao¨ o con una tarjeta de crédito, de hecho está asumiendo un déficit que luego se financia con el pago de una deuda”

Participación Ciudadana recordó que el artículo 236 de la Constitución  establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviera autorizada por la ley”, y citó el artículo 123 del Código Penal que sanciona con prisión a los funcionarios públicos “que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes”.

Entre las leyes que pudieron ser violadas PC señala las Orgánica del Presupuesto,  de Contabilidad Gubernamental, del Sistema de Administración Financiera del Estado, la de Planificación de la Inversión Pública, de Tesorería, la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, la de la Contraloría General, de Crédito Público y las de los ministerios de Hacienda y de Economía. Además la de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios y la de Función Pública.

El argumento de que el déficit fue por la reducción del ingreso presupuestado (11 por ciento)  se cae cuando se cuantifica un incremento del gasto que según Bernardo Vega montaría a 144 mil millones de pesos, 43 por ciento más que en el 2011, y con 100 mil millones de pesos más de lo presupuestado más de la mitad en inversión para su gloria personal de inaugurar decenas de obras, muchas de las cuales todavía requieren recursos para ponerlas en operación, incluyendo emblemáticas como la segunda línea del Metro, el Merca Santo Domingo, o el Instituto Tecnológico Superior. Hasta agosto, el Ministerio de Obras Públicas ejecutó 145 por ciento de su presupuesto de todo el año, y el de la Presidencia 105 por ciento. La deuda pública se incrementó en 1,278.4 millones de dólares (7.3 por ciento) solo en el trimestre julio-septiembre pasado.

Con el agravante de la premeditación, ya que el doctor Fernández avisó en septiembre de 2011, en Nueva York, que se proponía gastar 40 mil millones de pesos para asegurar el triunfo electoral de su partido este año. Lo que no dijo es cuánto consumiría para volver a la presidencia en el 2016. Se ha documentado que el 60 por ciento del gasto excesivo ocurrió entre el 21 de mayo y el 16 de agosto. En el proceso quedó evidente que se desarrollaban dos campañas electorales del mismo partido de Gobierno.

Fue notable que Leonel Fernández no se refiriera a las acusaciones de malversación y corrupción.

Una penosa subestimación

Ya hace años el presidente Fernández había dicho que su oposición política carecía de capacidad para conceptualizar, pero con el tiempo parece haberlo extendido a la generalidad de los dominicanos, como puso de manifiesto en los siguientes aspectos:

1.- Pretendió justificar el paquete tributario en el consenso nacional de años  sobre la necesidad de una “reforma fiscal integral”, citando los reclamos del CONEP, cuando es precisamente por no reunir integralidad y por considerársele un nuevo parche fiscal, que el empresariado y todos los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) lo han rechazado.

2.- Equiparó el “pacto fiscal” dispuesto por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que, según la misma, debería lograrse por consenso en el desestimado CES, con la imposición al vapor de la mayoría congresual de su partido.

3.- Comparó la presión fiscal dominicana con la de los países desarrollados, donde el estado de bienestar ofrece servicios de calidad en agua potable, energía, educación, salud, pensiones y seguridad ciudadana que el Estado dominicano no ofrece y tienen  costo adicional para los usuarios. Citó el artículo 36 de la END tratando de justificar la celeridad del parche tributario, aunque el mismo indica que “en un plazo no mayor de tres años, se habrá iniciado un proceso orientado a elevar la presión tributaria”.

4.- Citó muy parcialmente las recomendaciones del FMI del 13 de diciembre del 2011 que incluían “medidas de ajuste equivalentes a 3.5 por ciento del PIB”, equiparándolo con mayores tributos, cuando puede ser también por vía de la reducción del dispendio y la corrupción como reclama la sociedad.

Algunos datos de gestión económica

• Los ingresos fiscales crecieron de 128 mil a 321 mil millones de pesos entre el 2004 y 2012, un 151 por ciento.

• Del 2006 al 2012 los ingresos crecieron 69 por ciento pero el gasto 150 por ciento.

• La deuda pública total casi se duplica de US$13,322 millones en  2005 a US$25,890 millones en  2012.

• Las exportaciones crecieron 40 por ciento de 2004 al 2011, pero las importaciones se incrementaron en 121 por ciento.

• Entre el 2003 y 2007 se acumuló un déficit fiscal de 18,284 millones de pesos, con promedio anual de 3,657 millones; del 2008 al 2012 fue de 394, 861 millones de pesos, promedio anual de 78,861 millones de pesos.

• La deuda del Banco Central pasó de 85 mil 600 millones de pesos en  2004 a 267 mil millones de pesos en  2012, creciendo en 181 mil 600 millones de pesos, un 212 por ciento.

Fuentes: Fernando Alvarez Bogaert, HOY, 14 de  Noviembre. El último dato es de la Comisión Económica del PRD.

 

¿Podrá Danilo librarse del hoyo de Leonel?

Por Juan Bolívar Díaz
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La precipitada aprobación de un nuevo parche tributario, a pesar de la avalancha de oposición de los distintos sectores sociales, dejará al Gobierno de Danilo Medina cada vez más dependiente y con menos posibilidades de diferenciarse de su antecesor y caudillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández.

Al pagar el costo político inmediato de frustrar el proyecto de pacto fiscal e imponer una reforma tributaria más que agravará las dificultades de amplios sectores sociales, y pendiente de recibir los beneficios económicos de los nuevos tributos, el Gobierno tendrá una mayor dependencia de los responsables del hoyo que busca tapar.

Extraña la precipitación. Muchos de los que han creído en la decisión del presidente Danilo Medina de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho” no logran entender sobre cuál estrategia se podrán alcanzar esos objetivos si el Gobierno escogió un camino que lo distancia abruptamente de los más diversos sectores sociales empeñados en superar el legado de clientelismo, malversación y corrupción que generó un hoyo fiscal sobre 185 mil millones de pesos este año y más de 400 mil en los últimos cinco.

No es solo que Medina centró su discurso electoral en la concertación de los tres pactos que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, fiscal, eléctrico y por la educación, sino que tan pronto se juramentó apeló al escenario constitucional para esos objetivos, representado en el Consejo Económico y Social (CES) y su decisión parecía firme cuando propuso a tres profesionales vinculados a las organizaciones sociales  como relatores del diálogo, Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

¿Qué provocó el cambio de dirección y la abrupta ruptura del diálogo con el CES? es una pregunta que busca respuesta. La dura posición de los sectores sociales al reclamar como cuestión previa la reducción del gasto y la malversación y el cambio de modelo político y económico no era nueva y se fortaleció enormemente cuando el Gobierno transparentó la magnitud del déficit y la indignación creció hasta reclamar sanciones para los responsables, tanto dentro del Consejo como en la opinión pública.

El sector social del CES, con mayor disposición a aceptar una mayor carga fiscal, se quedó petrificado esperando una contraoferta de los negociadores gubernamentales que reclamaban una aprobación inmediata, pretendiendo convertir el organismo en un simple sello gomígrafo, mientras voceros políticos, incluyendo algunos que habían justificado y defendido el desmadre,  hostigaban toda disensión.

Tanto el presidente Medina, como sus funcionarios de mayor credibilidad, que no tuvieron responsabilidad en el desmadre fiscal del último quinquenio, han insistido en que reducirían el gasto y el dispendio hasta en 50 mil millones de pesos. Lo incomprensible es que ante los reclamos y propuestas específicas, dieran la espalda sin  formular una contra propuesta identificando y cuantificando sus reducciones.

El pragmatismo político. Hay quienes creen que la estrategia inicial del Gobierno frente al CES sucumbió en el altar del pragmatismo político. Partieron de que la sociedad no pasará de unos días de protestas que las navidades se encargarán de dispersar y de la necesidad de mayores recursos a corto plazo para que el Gobierno no quedara “de brazos cruzados”. La precipitación tiene otra explicación: la urgencia de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abrir cauce a nuevas posibilidades de financiamiento, confiados en que proseguir el endeudamiento y el gasto, incluyendo otras cien mil tarjetas de ínfimos subsidios, les seguirá rentando política y socialmente.

El objetivo es comprensible, pero podría estar subestimando el estado de indignación y actitud de resistencia que hay en la sociedad, lanzándose contra una alianza casi sin precedente de los sectores sociales, empresariales y sindicales, más una oposición política, que si bien está dispersa y en parte bajo influjo de Leonel Fernández (parte de su éxito, al viejo estilo balaguerista), está obligada a participar en la resistencia.

Como creen domesticado al PRD, los voceros de esa estrategia ahora centran sus ataques contra el alto empresariado, lo que tiene un efecto intimidante, pero también alienta la conformación de un amplio frente. Fue relevante la publicación esta semana en el periódico Acento.com del “Credo tributario del empresario Juan Bautista Vicini Lluberes”, una de las cabezas del mayor grupo empresarial dominicano, quien tras expresar cálido y amplio reconocimiento al presidente Medina, concluye pidiendo al Congreso que “confíen en el mandatario y no le permitan cometer el error de pasar una reforma fiscal fuera del marco de un pacto y un compromiso colectivo, porque el déficit que enfrentamos no es tan solo el fiscal, estamos frente a un déficit estructural, comercial, energético y moral de los cuales solo se sale con demostraciones de credibilidad, generando la confianza de toda una población”.

El pánico como explicación. Pese a la avalancha de críticas y advertencias recibidas por la comisión bicameral que “estudia” el proyecto de reforma tributaria, prosiguiendo la precipitación, el viernes el Senado lo aprobó de urgencia, en dos sesiones consecutivas, tras algunas concesiones cosméticas que le reducirían otros mil millones de pesos sobre los 7 mil que le habían reducido al someterlo al Congreso, dejándolo para el primer año en unos RD$46 mil millones, 9,000 menos que el presentado al CES.

Ningún organismo de la sociedad le dio apoyo, pero eso no va a detener la determinación, que se repetirá cuanto antes en la Cámara de Diputados, dispuesta por el Comité Político del PLD. Algunos analistas la atribuyen al pánico que ocasionó en los ámbitos del expresidente Fernández el rechazo tan generalizado y enfático a la magnitud del déficit fiscal, pero sobre todo a la decisión adoptada por el CES de crear una comisión de expertos económicos y jurídicos para investigar las causas del déficit y determinar las leyes que se violaron y las consecuencias penales. En su quinta edición, del 10 de octubre, la revista “La Lupa sin Trabas” recogió las angustias en un reporte del reportero investigador Panky Corcino con  el elocuente título de “Vientos de Tormenta para Leonel Fernández”.

Hay versiones de que los leonelistas reaccionaron disgustados por la decisión de transparentar el déficit ante el CES, argumentando que dieron armas a la oposición y que harían muy largo el proceso de aprobación de cualquier parche, desgastarían el Gobierno y dejarían mal parado al partido. La vocación de unidad del Comité Político y lo que se ha denominado como el “tigueraje político” se impuso por encima de cualquier consideración. Ante los cuestionamientos externos al principio se chantajeaba a los danilistas, hasta en medios de comunicación, recordándole que si hubo déficit fue para que él fuera Presidente. Pero el argumento perdió fuerza en la medida en que se fue descubriendo que el déficit fue mayor después de las elecciones, en los tres meses de la transición, en aras de la glorificación del nuevo caudillo, en lo que ha sido señalado como inicio de su campaña por el retorno en el año 2016.

En brazos de Leonel

En la lucha interna por la candidatura presidencial, tanto dentro como fuera del PLD se apostaba a que Danilo Medina no sería candidato y hasta se creía que de serlo, no ganaría, simplemente porque el caudillo Fernández no lo quería ni lo permitiría. Una excelente estrategia permitió a Medina ampliar su base fuera del partido, ganar apoyo en todos los sectores y construir la imagen de que podría librar el país del nuevo caudillaje que ponía su grandeza y prolongación por encima de todas las políticas.

Danilo se acercó a múltiples sectores preocupados por la calidad de la democracia, lo que contribuyó a un amplio frente, sin formal concertación, en defensa de la Constitución y la institucionalidad democrática, que obligó a Leonel a aplazar su proyecto continuista, aunque sostuvo al anunciar su decisión que la Constitución le permitía repostularse. Las habilidades mostradas por Medina hasta crearon entusiasmo, mantuvieron la unidad partidaria, y superaron otros intentos de cerrarle el paso con la entonces primera dama Margarita Cedeño de Fernández, y con el vicepresidente Rafael Alburquerque. Y ya candidato, el leonelismo no tuvo alternativa que apoyarlo, ante el peligro que representaba “el loco” de Hipólito Mejía diciendo todos los días que “iban para la cárcel”.

Una “garganta profunda” asegura que desde antes de la juramentación de Medina, los activistas del leonelismo encabezados por Félix Bautista (vean la foto de satisfacción junto al presidente del Senado en la sesión que aprobó el paquete publicada ayer por Acento), juraron que esta vez los danilistas no les pasarían por encima. Asegura que la decisión del Procurador Francisco Domínguez Brito de defender la investigación de los negocios del senador por San Juan disparó las alarmas. Este habría  comenzado por reunir a la mitad de los senadores “para recordarles que ellos fueron electos en el 2010 con el dinero que él les aportó”.

Todo esto en medio de versiones sobre el descubrimiento de cuestiones que “de hacerse públicas dejarían chiquitos” los escándalos de las últimas semanas, de sueldos, liquidaciones, pensiones y auditorías explicativas de los déficits fiscales y reveladores de por qué el país es líder mundial en malversación y corrupción, según el Indice de competitividad del Foro Económico Mundial.

Si en ese panorama, con el caudillo y su gente a la defensiva, el Gobierno tuvo que salir huyendo del escenario del CES, si no pudo ni siquiera comprometerse a suprimir definitivamente la mitad de los 250 vicecónsules o que siquiera la difunta Corporación Dominicana de Empresas Estatales ya inexistente, menos que liquidaría barrilitos, cofrecitos y los “planes sociales” y repartos de casi todos los organismos del Estado, o que sancionaría alguna violación de la Constitución y las leyes, ahora de frente a toda la sociedad le resultará mucho más difícil librarse del hoyo de Leonel. Podría depender cada vez más de la unidad monolítica del PLD y los poderes que controla el líder cuyo objetivo fundamental es volver a la presidencia en el 2016. ¿Algún dominicano inteligente lo duda?

 

El peligroso costo de imponer la reforma

Por Juan Bolívar Díaz
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La firme posición de los sectores integrados en el Consejo Económico y Social (CES) de no discutir nuevos impuestos sin que antes se pactara una profunda revisión de la totalidad del gasto y la malversación de los recursos públicos y de la calidad de la inversión no constituyó sorpresa. La sociedad está indignada y exige rectificaciones.

Lo que sí sorprendió fue la celeridad con que el Gobierno rompió las conversaciones con los sectores sociales y su disposición a jugársela imponiendo un nuevo parche fiscal, sin transar más allá de una reducción del 14 por ciento en el paquete impositivo enviado al Congreso Nacional.

Una resistencia avisada.  Durante los últimos años, con mayor énfasis en la campaña electoral, y tras los comicios de mayo, los más diversos sectores sociales, relevantemente el empresarial y las organizaciones sociales comprometidas en la promoción del desarrollo y la pulcritud democrática, advirtieron sistemáticamente que no aceptarían nuevos parches tributarios en aras del dispendio, la corrupción, el clientelismo.

El reclamo de un pacto fiscal que incluyera una revisión del gasto y la exigencia de prioridades para el desarrollo y la competitividad aparecieron en todos los escenarios de concertación política y social y llegaron a la Constitución del 2010 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) discutida durante años y promulgada en enero pasado.

El Informe de la Comisión Internacional encabezada por Jacques Attalí por encargo del gobierno del doctor Leonel Fernández diagnosticó en noviembre del 2010, la distancia entre los poderes públicos y la sociedad y especificó como primera de siete grandes iniciativas la adopción de disposiciones “para devolver la confianza en las instituciones”, como requisito para lograr un pacto fiscal.

Desde la campaña electoral y en su discurso de juramentación, el presidente Danilo Medina se abanderó con los tres pactos fundamentales proclamados en la END comenzando con el fiscal. De inmediato anunció que convocaba al CES para buscarlo y este organismo, integrado por representantes de los sectores empresarial, sindical y social, no tuvo dificultad en consensuar  nueve “Principios Orientadores del Pacto Fiscal, resumidos en este espacio el 2 de septiembre.

Una y otra vez los dirigentes sociales insistieron en que esta vez no se dejarían engañar ni dividir de los políticos, como había ocurrido en seis reformas tributarias de la última década, que no aceptarían mayores gravámenes sin un pacto integral que  rectifique la calidad del gasto y de la inversión, en orden al desarrollo humano y productivo, con participación y contraloría social, con sostenibilidad fiscal y que supere la discrecionalidad, el despilfarro y la malversación.

 Rechazo a otro parche.  Cuando el 3 de octubre el Gobierno presentó al CES su proyecto para recaudar en el 2013 más de 55 mil millones de pesos adicionales, el mismo ministro de Economía advirtió que no encontraron forma de reducir significativamente el gasto “sin echar más leña al fuego”, sellándolo como estrictamente tributario, provocando rechazo general de los sectores sociales, la dispersa oposición y de los medios de comunicación.

En conocimiento de que el abuso inconstitucional e ilegal y la politiquería más descaradas habían llevado el déficit presupuestario de este año a un 8 por ciento del producto bruto, entre 183 mil y 187 mil millones de pesos y en medio de innumerables escándalos de liquidaciones y pensiones desorbitadas de altos funcionarios, los principios consensuados en el CES tomaron más fuerza.

De ahí el rechazo formal al paquete impositivo y la reiteración de la discusión de “un pacto fiscal integral como lo dispone el artículo 36 de la ley 1-12” (END). El CES con la asesoría de un amplio equipo de economistas y expertos fiscales planteó un “presupuesto de transición” para el 2013, pero no a partir del desorbitado de este año,  sino del año pasado, que “representa un 23 por ciento de incremento del gasto ejecutado en el 2011 sin la necesidad inmediata de establecer nuevos gravámenes”. Sería de 410 mil millones de pesos sin incluir las aplicaciones financieras. (Comunicado íntegro en HOY, 26 de octubre, página 3-A).

El planteamiento reclamaba al Gobierno identificar y cuantificar la reducción del gasto por vía de la corrupción, de la malversación, de los altos sueldos y pensiones, de la eliminación de organismos inoperantes reductos de clientelas políticas, de la fusión de otros de similares funciones, de revisión de onerosos contratos mineros y eléctricos, del achicamiento de la escandalosa nómina de vicecónsules y diplomáticos, de consejos directivos, de barrilitos y cofrecitos de repartos, no sólo del Congreso sino también de los ayuntamientos e innumerables instituciones estatales. Nada nuevo, lo que se venía reclamando por años, lo que el informe Attalí consignó como condición para el pacto fiscal: restaurar la confianza de la sociedad.

Lo que siempre se ha hecho.  Cuando se esperaba una contraoferta del Gobierno, asumiéndose que su propuesta original podría ser objeto de negociación, sus representantes precipitaron el rompimiento, apenas dos semanas después de iniciada la consulta y con más de dos meses para el nuevo año. El ministro de Economía Temístocles Montás había dicho el 14 de octubre que el presupuesto del 2013 estaría entre 430 y 350 mil millones de pesos por lo que la diferencia con la propuesta del CES oscilaba de 20 a 40 mil millones. Se rechazó la transacción que a la mitad hubiese conllevado entre ingresos y reducción de gastos de 10 a 20 mil millones de pesos.

El problema de fondo es que como dijo Montás al presentar el plan original “las finanzas públicas se hacen insostenibles con esos niveles del déficit” y ahora se depende más que nunca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reclama un saneamiento radical. La alternativa para el equilibrio sería cortar a fondo el clientelismo y la malversación, pero el sistema político no luce aún en capacidad para emprenderlo.

Contradiciendo el discurso y el compromiso del presidente Medina, su Gobierno optó por lo que siempre se ha hecho: pedirle a la población que siga financiando el dispendio, porque no es posible apretar los cinturones de los políticos. El decreto de austeridad del 22 de agosto fue un buen comienzo, pero no rebasa los de austeridad de Leonel Fernández, incluyendo la ley del 2007, que nunca se cumplieron, por lo que queda todavía en veremos.

Es obvio que la desconfianza de la población es muy grande, y está más que diagnosticada y justificada. El Gobierno perdió la oportunidad de “hacer lo que nunca se ha hecho”, cambió su propósito original y volvió a optar por el parche, desconociendo el mandato constitucional y la ley de END que crean el escenario del CES. Previamente ya habían comenzado a descalificar el organismo y un dirigente oficialista llegó al extremo de definirlo como “mezcla de macos y cacatas”.

Un camino muy costoso.  El proyecto sometido al Congreso implica una reducción del paquete tributario original de 7 mil 717 millones de pesos, equivalentes al 14 por ciento, al pasar de 55 mil 14 millones a 47 mil 297. Pero sigue siendo gravoso para todos los sectores sociales, en mayor o menor medida y en vez de promover productividad y competitividad, en lo inmediato implicaría serias dificultades, no sólo para los grandes intereses empresariales como vende la política, sino hasta para pequeñas y micros empresas. Por ejemplo, el cobro de 12 mil pesos anuales, ajustables a la inflación, a los detallistas de mercancías “que no tributen en el régimen ordinario”.

Parece obvio que se impuso la línea política leonelista que niega toda reducción de gasto y se sustenta en un clientelismo exacerbado y compra de conciencia arriba, en el medio y debajo de la sociedad, (se sacan dos pesos de cada galón de combustibles para los transportistas) y apela al pragmatismo político salvaje de simplemente utilizar el poder. Fernández no tuvo empacho en reunirse esta semana con sus senadores para que venzan escrúpulos y aprueben el paquete derivado de su descomunal déficit fiscal.  La decisión de imponer la reforma en un Congreso bajo su control y a cualquier precio, es alentada por la división del principal partido de oposición que Fernández ha  financiado y sostenido y el gobierno de Danilo Medina será cada vez más dependiente del camino viejo que prometió corregir. Rompe prematuramente su luna de miel con la población y se expone a graves problemas de gobernabilidad y hasta de legitimidad, sobre todo si aprueban la reforma sin las dos terceras partes de los votos, que no los tienen en la Cámara de Diputados. Ya el pragmático secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared, ha negado que sea una ley orgánica, aunque el experto constitucionalista Cristóbal Gómez y el diputado Hugo Tolentino han recordado que el artículo 112 de la Constitución incluye en esa categoría “el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública”.

Todavía en el Congreso tendrán que hacer concesiones, sobre todo si sirven para dividir a sectores empresariales y sindicales, pero parece que se impuso la decisión de marchar solos contra vientos y mareas sin importar lo que piense el resto de la sociedad, confiados en que vencerán las resistencias. Conlleva el riesgo de generar nuevos protagonismos y liderazgos sociales que sustituyan el desgaste de la oposición política y un estado de insubordinación que anule o reduzca lo que se pretende recaudar y derive en mayores confrontaciones. Los políticos no advierten el estado exacerbado de indignación y disposición a la resistencia que se refleja en todos los ambientes y en los medios de comunicación y las redes sociales.

 

El Presupuesto no debe festinar el pacto fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.

En la sociedad civil, incluidos el empresariado y  economistas, se espera un programa fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

En búsqueda del pacto fiscal.   Ante  la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación, Temístocles Montás.

El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.

En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.

A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.

Elevarían la presión fiscal.  En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.

La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”.  Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.

Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya  el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.

Arduas negociaciones.  El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES, esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.

 De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses  y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.

Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de  los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.

 Los dirigentes empresariales, sindicales  y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.

Con el Presupuesto del 2012

Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.

Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.

La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.-

 

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

El difícil trance del Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

Danilo abre vía hacia pacto fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, con su plan de austeridad y código de pautas éticas, el presidente Danilo Medina comenzó a abonar el terreno para un pacto fiscal que el próximo jueves 30 pondrá en manos del Consejo Económico Social que busca reactivar como instancia de concertación con los diversos sectores nacionales.

En las instancias de la sociedad civil se han acogido con esperanzas las  propuestas gubernamentales de austeridad, pero se espera que aborde otras medidas complementarias en orden a la transparencia, prioridad y calidad del gasto para viabilizar una efectiva concertación social.

Buen paso adelante.  Aunque con las reservas derivadas de planteamientos similares incumplidos por otros gobiernos, como los proclamados por Leonel Fernández en el 2004 y en la Ley de Austeridad para el 2007, el programa de restricción del gasto proclamado esta semana por el presidente Danilo Medina ha tenido buena acogida de  los diversos sectores sociales y la opinión pública, con énfasis en la esperanza de que esta vez se cumpla.

El decreto 499-12, presentado en el Consejo de Gobierno ampliado del miércoles 22, contiene muchas de las restricciones al derroche público que vienen siendo demandadas por años, incluyendo algunas de las contempladas en el proyecto de Ley de Regulación Salarial del Sector Público observado por el presidente Leonel Fernández en su última jornada como ejecutivo nacional, y que ya se había advertido que podían ser adoptadas administrativamente.

Las medidas de austeridad deberán ser aplicadas en todos los órganos de la administración central del Estado y de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, con la excepción de los bancos de Reservas, Agrícola y de la Vivienda, aunque un párrafo adicionado al artículo 1 indica que esas entidades “deberán adoptar medidas de austeridad que sean compatibles con las actividades que desarrollan”.  El decreto no fija temporalidad para sus restricciones, excepto en dos casos: para la adquisición de vehículos durante un año y para la remodelación de despachos y compra de mobiliario, por lo que resta del año.

La petición de adoptar la austeridad debió ser extendida también a los otros organismos y poderes del Estado, pues no se entiende por qué pueden seguir malversando recursos de los contribuyentes en fiestas, regalos, donaciones y contribuciones a relacionados, asignaciones sin límites de gastos de representación, de combustibles y dietas, en viajes o en uso de recursos y materiales para beneficio particular, prohibidos en el decreto presidencial. También deberían acogerse a la austeridad en los servicios de telecomunicaciones, energía y agua y en el uso de materiales lujosos en sus publicaciones y limitar la asignación de tarjetas de crédito.

Ratificación de parcelas.  El presidente Medina prosiguió esta semana designando los funcionarios de su Gobierno a un ritmo que de mantenerse le tomaría meses. Cuarenta y seis funcionarios fueron nombrados entre lunes y viernes, en su mayoría ratificados.

Faltan centenares, incluyendo gobernadores, miembros de las juntas directivas y diplomáticos. Tendrá que definir la situación de los más de 300 viceministros y casi 200 vicecónsules.

La participación femenina se mantiene lejos de la equidad de género, con 18 de 132 nombramientos registrados hasta la tarde del viernes, equivalentes al 13.6 por ciento. A las cuatro ministras se han agregado nueve directoras y cinco subdirectoras de organismos.

Es relevante que los dirigentes de los partidos aliados al Gobierno han sido ratificados todos en sus mismas posiciones, avalando la política de parcelación del poder implementada por el expresidente Fernández, lo que comenzó con Carlos Morales Troncoso en la Cancillería, donde se trató de llevar al exvicepresidente Rafael Alburquerque. Pero el presidente del Partido Reformista habría reclamado continuar en la parcela que usufructúa desde hace 8 años.

También fueron ratificados como directores en sus respectivas parcelas del Estado los dirigentes reformistas Federico Antún (BNV), Modesto Guzmán (IMPOSDOM) y Humberto Salazar (en la CERSS). También Luis Acosta Moreta, de la UDC en  la ODC; Rafael Peguero Méndez, del PPC, en INDESUR;  Vincho Castillo y José Ricardo Taveras, de la FNP, en la Dirección General de Etica y la Dirección General de Migración. Elías Wessin Chávez, del PQD, quedó en Bienes Nacionales; Pedro Corporán, del PUN,  en el IDECOOP; José Francisco Peña Tavárez, del BIS, seguirá dirigiendo la Lotería Nacional, y Miguel Mejía ministro sin cartera.

Ya viene el difícil pacto fiscal.  Para el próximo jueves 30 está programado un encuentro del presidente Medina con el Consejo Económico Social (CES), una instancia que reúne a representantes de los sectores empresariales, sindicales y sociales, bajo la presidencia de monseñor Agripino Núñez Collado. Se espera que allí sean presentados los lineamientos fundamentales de lo que sería el Pacto Fiscal que plantea el mandatario. De hecho ya los trabajos de concertación comenzaron el lunes 20 con una reunión de la Comisión Ejecutiva del CES con técnicos gubernamentales, al frente de los cuales está el influyente ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo. También integrarán la comisión gubernamental los ministros de Economía y de Hacienda, el gobernador del Banco Central y los directores de Impuestos Internos y de Presupuesto.

El Gobierno ofreció una demostración de apertura al proponer como coordinadores y relatores del diálogo social a tres economistas íntimamente vinculados a la sociedad civil, como lo son Isidoro Santana, Pavel Isa Contreras y Javier Cabreja.

Como punto de partida se espera que el Gobierno ponga en claro su situación fiscal y señale hasta dónde está dispuesto a llegar en el recorte del gasto público, más allá de lo que representa su decreto de austeridad. Si no lo hace, están dispuestos a plantearlo los sectores empresariales y sociales que desde hace años vienen reclamando mejorar la eficiencia recaudatoria y las prioridades y la calidad del gasto público en orden a la producción y la competitividad.

Sin pretender una reducción significativa de la nómina pública, los expertos de la sociedad civil creen que por lo menos hay que suprimir organismos inoperantes como la Corporación de Empresas Estatales y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, y refundir múltiples entidades con funciones similares, por ejemplo los de asistencialismo y de tránsito terrestre.

Se espera que para justificar nuevas cargas impositivas supriman las nominillas y “repartos sociales clientelares” que han proliferado hasta en entidades como la Dirección de Migración o la Superintendencia de Seguros. Lo mismo los barrilitos y cofrecitos sociales de los legisladores, los centenares de viceministros,  subdirectores y vicecónsules, y los 70 generales militares sin funciones y 20 de la Policía.

Los sectores sociales llegarán a la concertación con la convicción de que esta vez la reforma tiene que ser fiscal e integral, no como las resultantes de los intentos de esta década que concluyeron en seis parches tributarios. La del 2006 conllevó hasta una Ley de Austeridad, promulgada el 28 de diciembre de ese año (Día de los Inocentes) para no cumplirla en absoluto. Esta vez no nos cogerán de inocentes, advierte un dirigente de una importante entidad social.

Código de Pautas Éticas

Otro paso bien acogido fue el Código de Pautas Éticas con el que Danilo Medina compromete a los altos funcionarios a quienes puso a firmarlo, después de hacerlo él mismo, en demostración del énfasis que pone en promover la transparencia, la ética y la honradez en el manejo de la cosa pública para reducir niveles de malversación y  corrupción que han llevado al país a ocupar el último escalón en esa materia dentro del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre 142 naciones.

El código contiene 18 compromisos éticos, comenzando por someterse al imperio de la Constitución y la ley, lo que en otros países parecería redundante, pero incluye múltiples predicamentos encaminados a mejorar la transparencia de la gestión pública, y a reducir los márgenes por donde se cuelan la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

El punto 6 obliga a presentar la declaración jurada de bienes a más tardar 30 días después de asumir el cargo, con la novedad de que deberá “demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado mis funciones”. También  presentar anualmente informes fiscales y la constancia de los compromisos tributarios.

Otro planteamiento importante es velar por la integridad de los procesos de compras y contrataciones públicas, asegurando que “los costos finales sean actuales, integrales y precisos”, y que se ejecuten observando nueve principios, entre ellos de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y economía. También rechazar dádivas, regalos o incentivos particulares y todo tráfico de influencia y prácticas que comprometan la moralidad pública.

Lo que no tuvo igual acogida en las redes sociales, radio y televisión fue la designación del doctor Marino Vinicio (Vincho) Castillo al frente de la nueva Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental, que sustituye la inoperante Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción que él mismo presidió durante años. En el propio equipo de Medina hay relevantes figuras para ese cargo. Por demás Castillo polemizó con dos tercios de la sociedad en su defensa de los banqueros que quebraron el país en el 2003 y antes  en su esfuerzo por  desconocer la elección democrática de 1978.

 

Danilo en el discurso y el PLD en los decretos

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Danilo Medina constituye un esfuerzo  por poner sello propio a su gestión gubernamental, con importantes rectificaciones a la política de su antecesor y logró satisfacer a una ciudadanía que se aferra a las expectativas de cambios.

Pero los decretos que designan a los principales funcionarios expresan los compromisos que lo atan a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, cuya matrícula dirigencial ha sido ratificada en los principales cargos gubernamentales aunque con intercambios de funciones.

Convocará pactos sociales.  El nuevo mandatario ratificó su planteamiento de un triple pacto con la sociedad, por la educación, la electricidad y fiscal, definiendo ampliamente el primero como “nuevo nombre de la libertad” y ratificando su compromiso de cumplir la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria. Fue más parco en definir el pacto eléctrico pero lo declaró de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”.

Lo que definitivamente aplazó fue la identificación de las líneas maestras de su propuesta de Pacto Fiscal y, tal vez para no mencionar la soga delante del ahorcado, evadió toda referencia al grave déficit fiscal en que recibe el Gobierno y que lo obligará a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Medina subordinó el Pacto Fiscal a una próxima convocatoria a todos los sectores “para que juntos acordemos soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”. Planteó entonces “una reforma fiscal integral, que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En ese punto el nuevo presidente advirtió que no haría la convocatoria “sin antes dar ejemplos ante toda la sociedad”, lo que parece anunciar una batida al despilfarro y la malversación de recursos que caracterizó la pasada gestión y que llevó el país a los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre transparencia y corrupción. “Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos  firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, proclamó.

Logró impacto emocional. Un somero análisis cualitativo del discurso presidencial evidencia la presencia de múltiples elementos emocionales que sintonizaron con las expectativas nacionales  de cambios de paradigmas sociales, de transparencia, de seguridad pública e imperio de la ley, de sinceridad y sencillez, y en todo eso logró impactar el orador, alcanzando altos niveles de aprobación expresados en el liderazgo social y en las reacciones populares.

Más allá de toda consideración política, e incluso de las divisiones y lesiones dejadas por una elección con rasgos de imposición del poder, en diversos sectores se manifestó simpatía con los planteamientos. La gente parece aferrarse a la esperanza de que son posibles cambios, aún dentro de una misma comunidad dirigencial.

Obviamente hay muchos precavidos que conocen la distancia que hay entre el discurso y la acción política. Se recuerda el magnífico discurso con que el presidente Leonel Fernández retornó al poder hace 8 años, proclamando la sociedad del conocimiento y la hora de la escuela para luego empecinarse en relegar la inversión a que lo obligaba la ley y hasta su nueva Constitución. El discurso del 16 de agosto del 2008 está lleno de planteamientos éticos y de combate a la corrupción y el despilfarro y hasta prometió suprimir cargos innecesarios y reducir el gasto corriente en “por lo menos 20 por ciento”, pero la gestión gubernamental decidió lo contrario y  construir un metro y otras prioridades sacadas de una caja de sorpresas.

Un análisis cuantitativo del discurso hecho por el profesor de la materia Manuel Quiterio Cedeño indica que de 8,013 palabras del discurso, sin contar las protocolares, el 20.3 por ciento (1,627)  fueron de contenido motivacional. Le siguió el tema educación con 10.2 por ciento (814 palabras), salud con el 8 por ciento (648 palabras), casi lo mismo para la temática de la transparencia-ética-corrupción con 634 palabras, 6.4 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 5.9 por ciento a mujer y género, mientras la seguridad pública y la energía alcanzaron cada una el 5.2 por ciento de las palabras.

Emerge el realismo político.  Así como fue claro el entusiasmo por el discurso, se manifestaron decepciones en las redes sociales y en los comentarios en los medios electrónicos por las designaciones del gabinete y los demás altos cargos, dos tercios de los cuales correspondieron al máximo liderazgo del PLD y los partidos aliados, una parte ratificados en sus mismas funciones y otros intercambiados.

Medina podía tener un mayor deseo de renovación, pero no puede ignorar los compromisos adquiridos con quienes le llevaron al poder, y con los que “se fajaron” en la campaña electoral, hasta apelando a prácticas de dudosa legitimidad para mantenerse en el poder. Tampoco podría abrirse temprano un frente interno dejando en la vagancia a gente acostumbrada al disfrute del poder, teniendo desde ya al nuevo caudillo Leonel Fernández a la expectativa de retornar al poder en la próxima elección.

Hubo algunas claras dicotomías entre el discurso y los decretos. Por ejemplo, el énfasis puesto en la igualdad de género, pero en los tres decretos emitidos hasta la noche del viernes, de un total de 67 funcionarios civiles designados, sólo 9 (el 13 por ciento) eran mujeres, seis repitientes. Los 19 oficiales militares y el jefe de la Policía escogidos para altos cargos eran todos hombres.

Otro ejemplo es que se anunció una “reforma integral de la Policía Nacional” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía” y se ratifican los titulares de ambas entidades que no se han distinguido en la promoción de esa demanda general. Se anuncia una reestructuración de las relaciones exteriores y se ratifica al ministro que  ha encabezado el Ministerio en los últimos 8 años.

Aún el sector externo y el equipo técnico que dirigió la campaña y elaboró el programa de gobierno de Medina está poco representado en los altos cargos, aunque resaltan el coordinador Gustavo Montalvo y el joven empresario José Ramón Peralta, designados en los estratégicos ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. También Rubén Bichara, administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas y el joven José del Castillo Saviñón al frente del Ministerio de Industria y Comercio.

Sería precipitado sacar conclusiones sobre el rumbo del nuevo gobierno y lo más indicado y justo parece ser dar oportunidad a que Medina pueda empezar a traducir su magnífico discurso en acciones de gobierno. Tal vez comience con el ejemplo que prometió dar antes de convocar a los diversos sectores para buscar el pacto fiscal. Y eso no podrá dilatar dadas las precariedades financieras heredadas y la necesidad de preparar el presupuesto para el 2013 y pedir la asistencia del FMI.

 Un discurso esperanzador

Desde sus primeros acordes, el discurso de casi hora y media con que Danilo Medina inició su período de gobierno fue un intento bien concebido para forjarse su propia ruta y poner sello propio con una gestión más plural y participativa, situándose “en el camino de la justicia, del amor, de la humildad, de la compasión y del equilibrio”, mientras imploraba a Dios para que “nunca me deje llevar por la soberbia, el odio, la frialdad, la insensibilidad, la vanidad, la arrogancia y la prepotencia”.

Medina dejó claro que realizará “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público” para privilegiar la educación y la salud, orientándose a un nuevo modelo de desarrollo “colocando a las personas en el centro de todas las políticas”, al extremo de no haber mencionado una sola obra física, centrando su atención en convocar a la sociedad para una acción colectiva contra la pobreza y las exclusiones sociales.

Reivindicó la herencia del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, de quien se confesó discípulo y a quien proclamó como “paradigma de liderazgo ético y moral, luchador incansable por liberar a nuestra patria del atraso, la miseria y la desigualdad social”, haciendo a muchos recordar los valores que marcaron el peledeísmo antes de su ascenso al poder.

Medina fue reiterativo en responder los reclamos nacionales contra la corrupción al plantear “un país ético y transparente basado en la meritocracia y en el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad”, al definirse “implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios” y al reafirmarse como “intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro”, fortaleciendo la prevención, corrección y sanción. Luego se manifestó “decidido a ponerle fin a la impunidad”, luchando contra la criminalidad y la corrupción. Anunció que obligará a los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas” y casi al final proclamó  “no voy a negociar con los deshonestos”.