El Presupuesto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros del Gobierno ratifica el rumbo del país a la insostenibilidad financiera, con otro déficit fiscal que rondaría los 100 mil millones de pesos, y endeudamiento público de por lo menos 2,700 millones de dólares, ya sobre el 50 por ciento del producto bruto interno.

El Gobierno incrementa el Presupuesto apenas en 7 por ciento, aún sobrevaluando las posibilidades de recaudación, evadiendo la Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el Pacto Fiscal, y asignando a los ayuntamientos la tercera parte de lo atribuido por ley, y al Poder Judicial menos del 50 por ciento, sin revaluar los bajos salarios.

Aplazado el Pacto Fiscal. Como se había advertido, con su proyecto de Presupuesto para el 2017, el presidente Danilo Medina mantuvo su decisión de evadir nuevamente el Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para no enfrentar los reclamos sociales de que ajuste el gasto gubernamental constriñendo el dispendio y las políticas clientelares que sustentan el poder político de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Se ha dicho que el Pacto Fiscal sería abordado el próximo año, aunque es el quinto presupuesto del actual mandatario, después que en 2012 renunció a proseguir la concertación del pacto fiscal con sectores empresariales y sociales que persisten en reclamar la eliminación de múltiples organismos estatales inoperantes o redundantes, reducción de los repartos clientelistas, del dispendio y la corrupción, así como de la inequidad de salarios de cientos de miles de pesos, aunque el 20% de los empleados y el 90% de los pensionados del Estado reciben 5,117 pesos.

Con una nómina pública que se ha duplicado en los 12 años seguidos de gestión peledeísta, sobrepasando los 700 mil empleados, y un gasto corriente del 85 por ciento del presupuesto, el Gobierno apela cada año al déficit fiscal, con un endeudamiento que desde el 2000 se multiplicó más de ocho veces en el sector público no financiero y por cinco en el financiero cuyos intereses y amortización consumirían un tercio del Presupuesto del 2017.

En sus últimos 8 años de Gobierno, Leonel Fernández obtuvo financiamiento por 640 mil millones de pesos, y Medina 751 mil millones de pesos en sus primeros 4 años.

Presupuesto muy deficitario. El Consejo de Ministros aprobó el miércoles 28 otro proyecto de Presupuesto muy deficitario para el próximo año, por un monto de RD$711,399 millones, aunque los ingresos fiscales se proyectan en solo RD$ 537,886 millones, lo que implica un déficit de RD$ 173,513 millones, a ser cubierto parcialmente con un financiamiento en bonos de 2,700 millones de dólares, para un déficit fiscal de 84,894 millones de pesos.

El monto presupuestal se incrementa en el 7 por ciento que crecería el PBI este año, pero con un estimado de ingresos mayor en 13 por ciento al presupuestado para este año, que los expertos fiscales Eduardo Selman, Germania Montás y José Rijo estiman sobrevaluado. Los tres coinciden en que la meta recaudatoria de este año, que era de 486 mil millones de pesos, se quedará corta entre 15 y 20 mil millones de pesos, por lo que las recaudaciones adicionales de 50,901 millones de pesos proyectados para el año próximo, superarían lo realmente captado este año en unos 65-70 mil millones de pesos.

El 2016 sería el segundo año consecutivo en que las recaudaciones se quedan por debajo de lo presupuestado. En 2015 llegaron a 438 mil millones de pesos, aunque se proyectaron 450 mil millones, con un déficit de 12 mil millones. Sería al final de este año cuando se sobrepasaría la meta recaudatoria de 2015, según la proyección de José Rijo. En esa perspectiva sería difícil alcanzar el crecimiento recaudatorio proyectado para el 2017.

No satisface a nadie. El proyecto de Presupuesto, con ingresos que apenas cubren el gasto corriente, mantiene congeladas por quinto año consecutivo las asignaciones a casi todos los organismos del Estado, y a algunos de los que se les incrementa manifiestan insatisfacción, como el Poder Judicial, al que se le asignan RD$800 millones adicionales para totalizar RD$6,400 millones, equivalentes al 1.31% de los ingresos proyectados para el 2017.

Es menos de la mitad del 2.66 por ciento que le asigna la Ley 194-04 sobre “Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Poder Judicial”. Hasta el apacible presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, ha salido a protestar.

A los municipios solo se está destinando el 3.2 por ciento de los ingresos fiscales, aunque la Ley 166-03 le otorga el 10 por ciento. El presidente de la Federación de Distritos Municipales, Pedro Richardson, muestra su inconformidad, precisando que la proporción disminuye 0.52 por ciento. 500 millones de pesos más para la Universidad Autónoma es apenas una aspirina para sus dolencias financieras. Aparte de educación y salud, el mayor incremento, 5,100 millones de pesos, es para la Presidencia de la República.

Tampoco se puede remediar la desproporción salarial del Estado. Tres mil millones de pesos más solo permitirán “aumentos puntuales” a una parte de los 37 mil 606 policías, de los cuales 24,459, el 65 por ciento, ganan menos de 12,978 pesos que, según el Banco Central, era en agosto el costo de la canasta familiar del quintil más pobre. El “jefe” gana 81,785 pesos, un tercio del sueldo de regidores municipales. Pocos discuten que con esos salarios es imposible que la PN cumpla su rol en la seguridad ciudadana y sus miembros dejen de asociarse a la delincuencia para buscarse la vida.

En un círculo vicioso. Desde que en agosto fue removido el director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, sustituido por Magín Díaz, se dijo que el Gobierno centraría esfuerzos en reducir la evasión fiscal, consciente de las dificultades de elevar impuestos y disminuir exenciones. El propósito es válido, y hasta justo, pero de lenta rentabilidad y alto costo, pues perjudica a vinculados al régimen que han jugado al rentismo político y “enrarecería” las buenas relaciones del

Gobierno con los más beneficiarios del crecimiento económico.
Se ha informado que el nuevo presupuesto conlleva un “plan de fortalecimiento tecnológico institucional y de intercambio de información orientado a combatir la elusión y la evasión fiscal”. Pero expertos fiscales advierten que con mucha eficiencia, tomaría más de un año para ver resultados apreciables.

Los renglones impositivos de consumo masivo y de fácil incremento ya están saturados: 16% del Itbis, 30% a las telecomunicaciones, los de los combustibles, bebidas alcohólicas y tabaco. El Gobierno tendría que incrementar la imposición directa al patrimonio y la renta, pero tropieza con fuertes intereses, incluyendo exenciones bajo leyes y contrataciones, inmodificables sin aceptación de los afectados.

Un cuadro atribuido al Ministerio de Hacienda cuantifica en 212 mil millones de pesos el “gasto fiscal” del Estado, que es la suma de las exenciones impositivas. Pero casi la mitad, 103 mil millones de pesos, sería el monto del Itbis que no se cobra a alimentos, medicinas, energía eléctrica, agua potable y servicios de educación y salud. A los primeros 33 mil pesos mensuales de salario se le exceptúan 66 mil millones de pesos, 37 mil a las zonas francas, 20 mil a los generadores eléctricos, 6.7 mil a minería, 5.8 mil al turismo.

La salida es el Pacto Fiscal. Solo los mezquinos niegan que el desarrollo nacional y la pobreza requieren mucho más contribuciones fiscales, pero también mucho mejor calidad del gasto, lo que es incompatible con el alto nivel que ha alcanzado el irritante clientelismo político. Esta semana, al inaugurar la feria Expo-Cibao, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Juan Manuel Ureña, renovó el reclamo general del Pacto Fiscal, aunque condicionándolo a que el Gobierno dé claras señales de eficiencia en el gasto. Se ha generalizado el criterio de que no se puede alimentar más el clientelismo y el dispendio.

Tal como dijo esta semana el nuevo ministro de Economía, Isidoro Santana, la presión fiscal dominicana sigue por debajo del promedio regional, en 14 por ciento del PIB, con la cual es imposible resolver importantes carencias sociales, pero reconoció las dificultades de elevarla sin convencer a la población de que se corrigen “asuntos como el de la corrupción y algunas irregularidades en el manejo de recursos”.

El reciente informe de Educa sobre la calidad del gasto en Educación demostró que el 4 por ciento del PIB al sector también ha sido instrumentado para el clientelismo y el derroche, en niveles escandalosos de incremento de 33,307 cargos administrativos, que elevaron esa nómina en 148% en tres años. Mientras Tania Molina recordó el miércoles 28 en Diario Libre que hay miles de obras inconclusas que datan de varios gobiernos, indicadoras de la pésima inversión pública.