Aunque con dificultades, avanza el diálogo político

Por Juan Bolívar Díaz

INFORME ESPECIAL

Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.

Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.

Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.

Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.

Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD “que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE”.

Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran “identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país”.
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.

Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.

Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.

Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de “un compromiso político”.

Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.

Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.

Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.

De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.

El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.

De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.

Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.

El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que “reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos”.

Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.

Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos “y que son inobjetables”.

Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.

El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.

Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.

Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.

La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.

Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de “un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.

Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.

Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

Por Juan Bolívar Díaz

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La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

 

Leonel resiste y encarece el costo de la reelección

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres semanas después que su Comité Político (CP) dispusiera una reforma constitucional para posibilitar la repostulación del presidente Danilo Medina, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atraviesa por su peor crisis en sus 41 años, con niveles de encono y confrontación que hacen temer una división.

Muchos observadores estiman que como siempre en la historia nacional se impondrá el poder presidencial, sin importar el costo institucional y económico, pero los leonelistas resisten y proponen que los dos períodos presidenciales y nunca más rijan a partir del 2020, cuando Medina podría repostularse y aspirar a 8 años más de gobierno.

Confrontación al rojo vivo. A tres semanas hoy de la decisión de buscar la reforma constitucional en post de la reelección del presidente Medina, la confrontación ha alcanzado niveles críticos en el PLD, tanto que dirigentes y legisladores empiezan a temer que pueda terminar en división o en un desgarramiento que los lleve a perder el poder en las elecciones del 2016, partiendo de las posibilidades de que se conforme un frente de oposición.

La división entre danilistas y leonelistas se expande por todas partes, y en algunos casos casi a la mitad, en los organismos de dirección, entre los legisladores, articulistas y comentaristas de los medios de comunicación, partidos aliados y entidades vinculadas, y ya separa al presidente Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño, quien esta semana se pronunció en defensa de la Constitución y de la institucionalidad democrática.

Ya pasó una semana desde que el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, lanzó la toalla tras su estrepitoso fracaso en convencer a la mayoría de los senadores y diputados de que acataran la decisión del CP, al declarar que sólo una reunión entre Leonel y Danilo podría resolver el conflicto, mientras se teme que se profundice la confrontación.

Indicadores de la crisis son la virtual desintegración de la comisión que encabezó Pared Pérez y que aunque el proyecto de convocatoria de la Asamblea Nacional para la reforma constitucional tiene 10 días en el Senado, y allí se anunció una “comisión especial” para estudiarlo. Luego se identificó a cinco de los nueve que la integrarán: Reinaldo Pared Pérez, Adriano Sánchez Roa, Félix Vásquez, Amable Aristy Castro y Julio César Valentín. También por denuncias de intentos de soborno llevadas hasta un tribunal y por el debate provocado por quienes advierten que la ley de convocatoria requiere dos tercios de los votos al considerarla orgánica, además de un referéndum aprobatorio.

Debieron ir al Comité Central. Dadas las dificultades por las que atraviesa el proyecto de reforma, hay quienes creen que los estrategas del reeleccionismo se precipitaron pretendiendo que bastaba la aprobación del CP, cuando era aconsejable buscar la ratificación del máximo órgano de dirección del partido, después de su Congreso, que es el Comité Central (CC), lo que la hubiese revestido de mayor legitimidad a la luz del estatuto del partido.

La razón para evadir el CC pudo haber sido que los danilistas no tienen allí la clara mayoría de 25 a 10 de que disponen en el CP. Estarían más o menos a la mitad, pero con el ilimitado poder presidencial les resultaba más fácil conquistar la diferencia en un organismo de 630 personas que entre 32 senadores y un centenar de diputados.

Melanio Pared, un dirigente fundador del PLD al margen de la confrontación, dijo el miércoles por Teleantillas que el CP “actuó con irresponsabilidad”, porque es un órgano ejecutivo del CC que es a quien corresponde una decisión de esa naturaleza. Calificó la resolución que dispone la reforma constitucional como “popularmente tentadora, políticamente conflictiva y legalmente tortuosa”. Estima que como los legisladores son parte del CC, hubiesen quedado obligados a acatar su decisión, sin poder alegar que no se les permitió opinar en una materia fundamental de su oficio.

Es cierto que tradicionalmente las decisiones del CP han sido acatadas por los legisladores, pero siempre se tomaban por consenso, por lo que nadie las podía cuestionar, y nunca para algo tan fundamental como reformar la Constitución.

La fórmula leonelista. Aunque reconocen que han perdido el apoyo de dos o tres de los 17 senadores que juraban lealtad al expresidente y de una decena de diputados, los leonelistas aseguran que aún mantienen la mitad de los legisladores del PLD, “y aún cuando nos conquisten algunos más”, serán suficientes para impedir la reforma constitucional. Pero se cree que el poder presidencial y los intereses personales y partidistas determinarían que Leonel se quede con muy pocos. Aún con todos tendrían que buscarse una veintena en la oposición para los dos tercios de la Asamblea Revisora.

El temor a la división pudiera forzar a los dos líderes peledeístas a un acuerdo para apoyar un tercero como candidato presidencial unificador, pero en la medida en que la oposición tiende a recomponerse con la emergencia de Luis Abinader, se preguntan quién pudiera encarnar el “ni tu ni yo”, dado que los demás precandidatos no pasan de un dígito en las encuestas, aunque se dice que más de uno estaría esperando ser el afortunado en ese tentativo escenario. Margarita Cedeño, tercera en las encuestas tendría un veto por esposa de Leonel, a la inversa Francisco Domínguez Brito, por el expediente contra Félix Bautista.

Los leonelistas barajan su “fórmula mágica”: no hacer quedar mal a Danilo, que aún no dice públicamente que quiere buscar la reelección, y aprobar la reforma constitucional, pero para que entre en vigor a partir del 2020; que con la alta popularidad con que Danilo terminaría, sea quien sea el que gane en el 2016, que no podrá reelegirse, tendría la seguridad de la siguiente candidatura del PLD y un casi seguro triunfo. Entonces, al entrar en vigencia el dos períodos y nunca más, podría aspirar a la reelección en el 2024.

Otra vez “la maldita reelección”. La reelección ha sido una constante desde la primera constitución dominicana en 1844 cuando Pedro Santana forzó a los constituyentes a abrirle un espacio para dos períodos y ha sido la causa principal de 38 reformas constitucionales. Por ella 7 presidentes han gobernado dos tercios de la historia republicana. Casi todos, incluyendo a los de mayor dominio, Trujillo y Balaguer, comenzaron abominando del continuismo para terminar aceptando “el clamor popular”

Parece que Danilo Medina no será una excepción. Circula en la internet el vídeo de la entrevista con el Grupo Corripio en la campaña del 2012, cuando enfatizó que gobernaría cuatro años y ni un día más y se explayó en argumentos sobre los inconvenientes de la reelección para la institucionalidad democrática, lo que repitió al comienzo de su gestión.

Hipólito Mejía estableció récord al jurar más de 20 veces que no aceptaría “la maldita reelección” siendo el único en la historia nacional que fracasó en lograrla en el primer y único intento y dividió su partido. Balaguer la perdió en el 1978, pero luego de tres períodos consecutivos. Ningún presidente que buscó la repostulación ha fracasado, pero ninguno la persiguió abiertamente sin tener el control absoluto de su propio partido. Con frecuencia ha separado al vicepresidente del presidente, como a Velásquez de Horacio y Lora de Balaguer, y podría ocurrir ahora con Cedeño de Danilo.

La reelección siempre ha condicionado la gestión gubernamental y el gasto público, y ha implicado corrupción y compra de conciencia, lo que ya se está denunciando ahora, lo cual podría implicar un costo económico e institucional para la sociedad dominicana, y también costo moral para la imagen y popularidad del presidente Medina, quien ya parece inclinado a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana.-

Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD

Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ El País13 A

Aunque el horno peledeísta tiende a calentarse con una soterrada lucha entre quienes promueven la reelección de Danilo Medina y los que auspician la candidatura de Leonel Fernández, un cierto “empate técnico” y el temor a romper el consenso grupal los conduce a un pacto de alternabilidad. Los danilistas confían en que el incremento del rechazo al retorno de Fernández al poder y su mejor correlación de fuerzas en el CP permitan abrir espacio a la reforma constitucional para viabilizar la reelección, con la desventaja de que Medina no se decide a una lucha frontal para detener la repostulación del expresidente.

En el amagar y no dar. La lucha por el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la candidatura presidencial para el año próximo se incrementa soterradamente entre el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero ambos parecen mantener una posición de amagar y no dar, conscientes de la importancia de la unidad para preservar el poder que han acumulado en las dos últimas décadas y especialmente en las últimas cinco elecciones con tres gobiernos consecutivos.

Aunque sectores de oposición esperan que la lucha entre los peledeístas se desmadre como ha ocurrido tradicionalmente en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), una de las prendas con que el profesor Juan Bosch adornó su último partido es un sentimiento grupal que le dificulta romper el consenso, y ese es uno de los legados al que no han renunciado pese al abandono de los principios fundamentales del boschismo.

Hay hostilidades entre danilistas y leonelistas, pero siguen cuidándose las formas y el presidente Medina sigue sin dar señales de que aspirará a una nueva postulación, consciente de las dificultades de reformar la constitución, lo que es imposible sin un acuerdo con Fernández, quien a su vez impulsa el lanzamiento oficial de su precandidatura, aunque hay quienes creen que esperaría una no objeción del mandatario.

En su último discurso, en un almuerzo con dirigentes peledeístas de la región sur, celebrado en Baní el 21 de diciembre pasado, Leonel proclamó que “el gran desafío del PLD es preservar la unidad para seguir obteniendo triunfos electorales”. Con los niveles de rechazo que le registran las encuestas para él sería un suicidio una ruptura con el poder que representa Medina y lo mismo para éste culminar su período de gobierno sin una fractura en el partido.

Ofensiva reeleccionista. Pero con o sin respaldo del presidente Medina, entre sus seguidores crece la expectativa de abrir campo a la reforma constitucional, convenciendo a la mayoría de los dirigentes peledeístas de los riesgos de perder el poder si desaprovechan los niveles de apoyo que sigue teniendo Danilo, con hasta 70 por ciento de la población favoreciendo su repostulación en las encuestas, para irse con una candidatura de Leonel, quien afronta un alto nivel de rechazo, también en las encuestas, aunque sigue siendo un fuerte contendiente.

Se dice que cada vez son más los dirigentes que se inclinan por el “camino seguro”, incluyendo una mayoría del CP que es donde tendría que decidirse si se auspicia una nueva reforma constitucional. De sus actuales 35 miembros, los danilistas contarían con el “voto duró de una veintena”, y en cambio los leonelistas no pasarían de la decena, mientras los demás oscilarían. “Pero todos quieren seguir en el poder”.

En este sector la estrategia busca ganar tiempo para ver si Danilo se decide, impulsado por el incremento de las “dificultades de Leonel”, incluyendo la posibilidad de que le caiga un rayo procedente del exterior, con otros escándalos internacionales como el de los aviones Tucanos destapado en septiembre por el periódico Wall Street Journal. Se cita una investigación sobre venta de tecnologías para el metro, investigaciones sobre tráfico de drogas, derivaciones del caso Quirino en manos de autoridades norteamericanas y suspensión de visas a allegados del expresidente. Esperan también mayores consecuencias de los pesados expedientes contra las “alcancías de Leonel”, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, aún reconociendo que la agradecida Suprema Corte de Justicia dictará no ha lugar para procesamiento.

Los más decididos. Entre los más abiertos promotores de la repostulación figuran el director del Indotel, Gedeón Santos, quien ha formado equipo y oficina, y los miembros de la CP Felucho Jiménez y Ramón Ventura Camejo. Este ha pedido públicamente la convocatoria de ese organismo para que se discuta la reforma constitucional. También la han favorecido ministros como el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el asesor presidencial, no peledeísta. Tony Isa Conde.

Se afirma que “la Otán”, como se denomina al grupo más tradicional del PLD, encabezado por Euclides Gutiérrez, Monchy Fadul y Francisco Javier, se inclinaría por Danilo, si éste da una señal. Se cuenta con que si se decide en el CP los legisladores tendrían que acatarlo, pero ahí comienzan los riesgos de fractura, porque Leonel cuenta con apoyo de la mitad de los senadores y de los diputados. Y leonelistas creen que, según el artículo 19 de sus estatutos, el CP es sólo el “órgano ejecutivo del Comité Central”, por lo que una decisión de esa naturaleza tendría que decidirse en el organismo superior.

Aún consiguiendo la unanimidad de votos de los peledeístas y sus aliados, habría que buscar unos 7 en los dos sectores en que se ha dividido el perredeísmo, lo que no parece imposible, por votación o ausentismo. En la elección del 2010 ellos acumularon 102 diputados, de los que han perdido a Minou Tavárez Mirabal y Guadalupe Valdez, y 31 senadores, por lo que ahora totalizan 131 votos, que suben a 141 si logran los diputados y el senador del Partido Reformista. La asamblea para una reforma constitucional la integran 190 diputados y 32 senadores, totalizando 222 votos. Dos terceras partes son 148, en el caso de que asistan todos.

Pacto de alternabilidad. Hay quienes creen que la vocación de poder del peledeísmo terminará imponiendo un pacto de alternabilidad entre Danilo y Leonel, partiendo de que ningún partido amenaza su predominio, como camino más seguro para mantener la unidad y para que el actual mandatario pueda concluir su período sin mayores confrontaciones internas y sin tener que apelar a modificar la Constitución que ellos mismos aprobaron en el 2010.

Se ve al presidente Medina empeñado en mantener su alta aprobación, con temor a los conflictos, pretendiendo ganar el partido con canastos de tres, sin arruga, y sin dar codazos bajo el aro para coger los rebotes y rematar. Por eso los leonelistas se plantean salir adelante oficializando la precandidatura de su líder, quien no es ningún improvisado y tiene la gratitud de gran proporción de su partido por el poder y la prosperidad acumulada.

Con Leonel Fernández proclamado precandidato y en campaña, las maniobras en su contra serán más difíciles y los temores a la división forzarían el pacto de alternabilidad, en el que Danilo recibiría una gran cuota de legisladores que le obligue a apoyar sin reservas la campaña del partido y le garantice la vuelta al poder en el 2020, por la popularidad en que terminaría. Desde luego, contando con la dispersión de la oposición y salvo errores u omisiones. Al fin de cuenta Fernández ha planteado que reinarán hasta el 2044.

La decisión de Leonel

Nadie duda que Leonel tiene una firme decisión de buscar la candidatura presidencial, aunque mantiene suficiente racionalidad para advertir sus dificultades. Pero él cuenta con que la oposición no amenaza al PLD para deshacer el argumento de que tienen que irse con Medina por ser el más seguro en la coyuntura. Le favorece la lucha interna que comienza en el nuevo Partido Revolucionario Moderno, entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, por la candidatura presidencial. Plantean que ganaría Hipólito, al que ven como presa más fácil por sus presuntas debilidades y las capacidades de Fernández.

Los leonelistas no parecen resignados a dejarse vencer por los danilistas, razón por la cual adelantan gestiones y amarres, ayudados por la indecisión del mandatario y por la convicción general de no lanzarse contra alguien que puede volver a ser candidato presidencial y presidente de la nación. Esto incluye a peledeístas y sectores externos, aún de los que temen lo que significaría un Leonel reivindicado por los votos después del desastre fiscal en que dejó el país y los destapes de la gran corrupción y dispendio de su gobierno.

Expresión de que los leonelistas no están durmiendo podría ser la manipulación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de las observaciones presidenciales al Código Penal, que modificó e hizo aprobar al vapor, enviándola directamente al Presidente, quien promulgó una ley cuya modificación no pasó por el Senado. Se consultó previamente al mandatario, pero fue una iniciativa que le impusieron en desconocimiento de sus planteamientos sobre el aborto terapéutico y por violación.

En círculos políticos se preguntaban esta semana si la inasistencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño al acto protocolar de saludos de año nuevo, pretextando “compromisos familiares”, no sería un mensaje de su esposo Leonel Fernández, de que hay que tomarlos en cuenta para que no se ponga difícil la jugada.

 

País de increíbles absurdos

Por Juan Bolívar Díaz

Apenas se había apagado el ruido creado por la apropiación por los diputados de decenas de millones de pesos para financiar habichuelas con dulce en Semana Santa, cuando estalla el escándalo del Día de las Madres: se atribuyeron 176.9 millones de pesos para repartir electrodomésticos, a través de empresas vinculadas, en su mayoría creadas en los últimos años para traficar ventas al Estado, sin locales ni almacenes ni mucho menos récord comercial significativo. Con órdenes de compra sin especificaciones fundamentales.

Traficando con la pobreza, alimentando clientelas a costa del erario público, al igual que los senadores que se han apropiado de 1,839 millones de pesos en ocho años que lleva el denominado barrilito, iniciado en agosto del 2006, aparte de sus sueldos, gastos de representación, dietas y pago de alojamiento, y de dos oficinas con una docena de empleados cada uno también pagados por el Estado. Ya en HOY, 4 de agosto del 2007, denunciamos esa iniquidad bajo el título “El barrilito carece de fundamento”.

No hay resquicio constitucional o legal para justificar esas apropiaciones del patrimonio público, ni para convertir la función legislativa en actividad de asistencia social en beneficio de partidarios, familiares y otros relacionados. Y peor cuando la mayoría de los 32 senadores se repostulen en los comicios del 2016, acumularán una ventaja enorme sobre otros competidores, incluso compañeros de partidos, convirtiendo la democracia en una cínica caricatura. Los senadores de las mayores jurisdicciones nacionales que reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, habrán repartido cada uno 64 millones de pesos en este período de seis años.

Mientras se informaba del último reparto de los diputados, en medio de una epidemia que afecta a decenas de miles de personas, el Colegio Médico y gerentes hospitalarios denunciaban el virtual colapso de múltiples hospitales públicos, declarándolos en emergencia porque escasean medicamentos y materiales básicos, con equipos fuera de servicio. En el hospital de San Cristóbal áreas de emergencia sin electricidad, en el Luis Aybar de esta capital celebraban que les había llegado agua. En el infantil Roberto Reid tenían que partir en dos las paletas para el examen bucal de los niños o utilizaban para eso partes de las geringillas desechables.

Se ha informado que los atrasos en la entrega de fondos reponibles de los hospitales por parte del Ministerio de Salud alcanzan ya los tres mil millones de pesos, con el Seguro Nacional de Salud al borde de la quiebra. Cientos de becarios en el exterior pasan trabajo porque el Ministerio de Educación Superior se atrasa.

Cuesta trabajo entender el reparto dispendioso de los legisladores mientras el presidente Danilo Medina y el Ministro Administrativo de la Presidencia se quejan de que el Estado apenas dispone para gastos fijos y para pagar su deuda externa como interna, que ya alcanza al 50 por ciento del producto bruto interno y al 46 por ciento de los ingresos tributarios ordinarios.

El primer mandatario advierte lo que vienen denunciando economistas y dirigentes políticos y sociales, que la economía dominicana es insostenible con el nivel de endeudamiento que acumula, ya sobre 30 mil millones de dólares, incluyendo el sector financiero. Con el Gobierno arrastrando un déficit sobre 600 mil millones de pesos en los últimos 6 años. Según la Cámara de Cuentas, la deuda del Estado creció un 28 por ciento en el 2013. En los primeros cuatro meses de este año el gasto público totaliza 190 mil millones de pesos, de los cuales apenas el 4 por ciento ha ido a obras públicas y el 1 por ciento a bienes muebles e inmuebles, mientras el 34 por ciento se destinó al pago de deuda e intereses.

Se configura desestabilidad, ya que la pista del endeudamiento se está acabando. Aunque las quejas de los altos funcionarios pueden ser el inicio del camino para otro parche fiscal. Con esto habría de tenerse cuidado, porque la ciudadanía empieza a mostrar cansancio del cínico abuso de los recursos públicos que sacrifica inversiones y servicios prioritarios.

 

En vez de regulación van a subir los sueldos

Por Juan Bolívar Díaz

Comisión senatorial desguañanga proyecto de ley de regulación de los salarios del Estado convirtiéndolo en aumento a los altos funcionarios y eliminando la corrección de incompatibilidades  entre funciones  y las  sanciones a violaciones  éticas.

El proyecto de regulación de los salarios públicos elaborado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) fue desguañangado por la comisión senatorial que lo estudió, por lo que podría concluir en una ley de incremento de los altos sueldos estatales, acentuando las inequidades que se pretendía corregir.

Una fuente bien informada puso en duda que Danilo Medina acepte iniciar su gestión elevando los salarios de los altos funcionarios por encima del promedio latinoamericano, justo cuando necesitará dar demostraciones efectivas de austeridad para justificar un incremento de las contribuciones fiscales.

Auténtico desguañangue.  La comisión del Senado que estudió el proyecto de Ley de Regulación Salarial para el Sector Público terminó convirtiéndolo en un  desproporcionado incremento de los sueldos de los altos funcionarios, cuando se reclama austeridad y reducción del gasto corriente para contener el cada vez más alto y preocupante déficit fiscal.

El incremento de sueldos sería general y de altas proporciones a corto plazo, ya que en su artículo 31 el nuevo proyecto “prohíbe las situaciones de inequidad” y otorga un plazo de tres meses para realizar “un levantamiento de personal y sus retribuciones reales… a los fines de establecer mecanismos que garanticen la equidad salarial institucional y por tanto en el Estado”.

La comisión presidida por el senador José María Sosa Vásquez echó por la borda el trabajo de varios años del MAP, que incluyó consultorías internacionales, seminarios y consultas, y reformuló ampliamente el proyecto, estableciendo tarifas para altos funcionarios y dejando a las entidades autónomas y descentralizadas en libertad para darse su propia escala salarial.

El proyecto original aprobado por la Cámara de Diputados exceptuaba de la regulación solo a las entidades financieras y empresas del Estado, pero la comisión senatorial complació a decenas de otras instituciones que también reclamaron su exclusión. En teoría, el artículo 4 incluye en la regulación a todas las instituciones estatales, pero en la práctica el 12 la limita a las dependientes del Poder Ejecutivo,  porque el 12 deja al Legislativo, Judicial y a las entidades autónomas y descentralizadas en facultad de fijar su propia escala salarial mediante resolución de su “autoridad competente, según el régimen propio establecido en la Constitución, ley o reglamento que lo rige”.

El nuevo proyecto elimina por completo el capítulo IX del original que señalaba dos principios de incompatibilidades y conflictos de intereses y ocho prohibiciones de carácter ético, entre ellas que los funcionarios no podrían recibir ninguna otra remuneración pública distinta a la propia de su cargo, la que les prohibía el nepotismo y participar en empresas que tengan negocios o convenios con el Estado.

Se ampliaría la inequidad.  Cualquier análisis, como el del consultor París o el efectuado recientemente por Participación Ciudadana diagnostica una enorme brecha de inequidad salarial en el sector público dominicano y por eso se aboga por una ley marco que evite que altos funcionarios ganen hasta 900 mil pesos mensuales de salario, sin contar gastos de representación, pagos de combustibles, bonificaciones y otras compensaciones, mientras un médico gana entre 30 y 40 mil pesos, un maestro entre 8 y 12 mil pesos por tanda, un teniente de 10 a 12 mil pesos y con un salario mínimo de 5 mil 750 pesos en el gobierno central.

Con la escala que plantea el proyecto de la comisión senatorial se ampliaría la inequidad en el sector regulado y se permitiría que los autónomos y descentralizados, donde están los mayores salarios, la siguieran aumentando.

Al fijar el sueldo de los ministros en 350 mil pesos se le cuadruplica a los 7 que ganan 75 mil y se aumenta 75 por ciento a los otros 7 que ganan 200 mil y en 16 por ciento a los 3 que reciben 300 mil pesos.

Los ministros dominicanos ganarían 92 mil 721 pesos más que sus pares españoles, cuyo salario fue reducido este mes a 5,338 euros mensuales, equivalentes a 257,279 pesos.

El incremento del gasto salarial sería monumental si se aplica la equidad salarial ordenada en el artículo 31 del proyecto senatorial, porque implicaría también altísimas proporciones de aumento para los viceministros, directores generales y departamentales de toda la administración pública, así como para el resto de los empleados, sobre todos los de salario mínimo, lo cual no es solo incosteable sino contradictorio con la situación de las finanzas públicas y el reclamo generalizado de austeridad en el gasto gubernamental.

Los altos salarios públicos dominicanos se han venido justificando en la necesidad de pagar bien para reducir la posibilidad de soborno del sector privado, pero no se aplica, por ejemplo a los policías responsables de perseguir a los narcotraficantes y si es por capacidad y especialidad, no se hace justicia a los médicos cirujanos.

Congelarían el proyecto.  Un alto funcionario público, cercano al debate salarial expresó su convicción de que el equipo económico del presidente electo Danilo Medina no dará su aprobación a la escala salarial propuesta por la comisión senatorial, considerando que contradice los esfuerzos por plantear una real política de austeridad y reducción de gastos para abrir perspectivas a un incremento tributario dentro de una concepción de reforma fiscal.

La razón por la que se urgía la aprobación del proyecto elaborado por el Ministerio de Administración Pública y aprobado por los diputados era para ayudar al nuevo Gobierno, ya que se le concebía como regulador, no elevador, de salarios, e incluso que forzaría una reducción en varios cientos situados muy por encima del tope salarial racional que se asignaría al máximo responsable del Estado, que es el Presidente de la República.

Concluida la legislatura, y aún si se convoca una extraordinaria, sería difícil aprobar y promulgar el proyecto senatorial, que ya tiene contradictores hasta entre los mismos senadores, en los 14 días laborables que restan para que se instale el nuevo Gobierno, y menos aún en sus primeros meses. Todo parece indicar que la regulación salarial en la que el MAP invirtió tantos recursos quedará congelada por un buen tiempo.

El especialista fiscal Nelson Suárez evaluó esta semana que solo en el Gobierno central el pago de sueldos y salarios se elevó de 29,812 millones de pesos en el 2004, a 80,182 millones en el 2011.

Para relevar la inequidad, apuntó que el año pasado el Ministerio de Educación, con nómina de 114 mil empleados, gastó en servicios personales 25,183 millones de pesos, un promedio individual de 220,903 pesos anuales y 16,992 mensuales, mientras seis entidades con total de solo 10,749 empleados pagaron 14,514 millones de pesos, es decir un promedio de un millón 350 mil 293 pesos por persona al año y de 103,868 pesos mensuales.

La diferencia salarial por persona entre los dos grupos fue de 6.11 veces.

De un extremo al otro

 Sin indicar fundamentos valorativos de puestos, dedicación o responsabilidad, la comisión fija salarios iguales de hasta 500 mil pesos para el Presidente de la República y los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte, de 400 mil para el vicepresidente y el presidente del Tribunal Constitucional. La debilidad es obvia cuando asigna 375 mil pesos para el presidente del Tribunal Superior Electoral, más que los 350 mil que ganaría el presidente de la Junta Central Electoral, aunque el primero tendría trabajo eventual y no manejaría más que unas decenas de empleados  en un solo local, mientras el segundo es responsable de la organización electoral y todo lo concerniente al registro civil y cedulación, con varios miles de empleados y más de doscientos locales en todo el país. También se fijan los sueldos de los ministros y del Procurador General, que ganarían 350 mil pesos.

El objetivo inicial era que el salario tope del sector público fuera el del Presidente de la nación, ahora se extendió a otros tres funcionarios y se fijó en 100 mil pesos más que los 400 mil que se barajó la semana pasada. Así pasaría de ser el cuarto de menor paga al quinto mayor entre 20 países latinoamericanos, de acuerdo a una tabla del consultor del MAP Enrique París, quien en base al producto interno bruto per cápita ajustado por paridad de poder de compra, estimó que el sueldo presidencial dominicano debería ser 9,655 dólares (377 mil 510 pesos), en el promedio latinoamericano bajo ese criterio.

Con 500 mil pesos, equivalentes a 12,788 dólares, el sueldo del Presidente dominicano (y los de los otros poderes del Estado) se eleva en un 281 por ciento sobre los 3,354 dólares que gana actualmente para quedar entre los cinco mejor pagados, después  de Guatemala, Chile, Brasil y México. Eso sería 4,515 dólares por encima del promedio real latinoamericano de 8,273 dólares. Superaría el sueldo del Presidente de España, que este año equivale a 291,610 pesos, en un 71 por ciento. En proporción a los salarios públicos mínimos de los países latinoamericanos, el sueldo del Presidente dominicano sería el segundo, al superarlo 87 veces. El de México es 155 veces, y el de Guatemala 85, Brasil 51 y Chile 43. Todos los demás superan el salario mínimo oficial menos de 30 veces.

 

El proyecto continuista va cobrando su costo

Por Juan Bolívar Díaz

Con el arrodillamiento de las tres cuartas partes del Senado oficialista y con una mayoría de sus diputados esperando turno, el proyecto que impulsa la continuidad en el poder del presidente Leonel Fernández a pesar de la restricción constitucional, empieza a cobrar el costo institucional que esa práctica ha tenido en la historia nacional.

 Sin embargo, entre analistas políticos predomina el criterio de que aunque el mandatario aliente el plan al final terminará declinándolo por los graves obstáculos que enfrentará tanto al interior de su partido como en una sociedad cada vez más temerosa del costo institucional y económico que conlleva.

La bestia embiste duro.  La bestia del continuismo en el poder, que ha carcomido la institucionalidad democrática a lo largo de la historia de la República Dominicana, ha comenzado a mostrar todas sus garras a favor del doctor Leonel Fernández, contrariando la prohibición de la repostulación  presidencial de su propia y flamante Constitución.

El acontecimiento político de la semana fue el comunicado suscrito por 24 de los 32 senadores, en el cual se postran en disposición incondicional frente a la decisión que el doctor Fernández adopte en relación a las elecciones presidenciales del 2012, entregado a un satisfecho mandatario, en ceremonia  en el Palacio Nacional, el martes 9.

Dos días antes, en un acto público, el segundo líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), víctima de intrigas políticas por atreverse a aspirar a la candidatura presidencial, se vio precisado a anunciar que limitará sus actividades para dejar espacios a los actos políticos del Presidente, proclamando que no quiere confrontarlo.

 El ambiente es tan tenso en los círculos gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, que los senadores peledeístas por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo tuvieron que explicar por qué no firmaron el comunicado. Los cuestionamientos al primero, Reinaldo Pared, son más fuertes por tratarse a la vez del presidente del Senado y secretario general del partido gobernante.

 Otros dos senadores que no suscriben el documento, el de Monte Plata, Charlie Mariotti, y el de Peravia, Wilton Guerrero, lucen los más resueltos disidentes del proyecto continuista, particularmente el primero, quien llegó a considerarlo “un hecho lamentable y un golpe a la Constitución y a la institucionalidad, que debilita al Senado”. Los senadores de Azua, Rafael Calderón, y el de Santiago Rodríguez, Antonio Cruz, tampoco firmaron, lo mismo que el de Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, quien dijo que su candidato presidencial sería el ingeniero Carlos Morales Troncoso, presidente de su Partido Reformista Social Cristiano, aunque también canciller del gobierno. Amable Aristy aún no se había juramentado como senador por La Altagracia.

Se ha adelantado que se recolectan firmas entre los diputados para ampliar la adhesión incondicional suscrita por los senadores. Incluso se afirma que cuentan con unos 74 diputados que serían también las tres cuartas partes de la bancada peledeísta en la cámara baja. Y luego vendrán los síndicos, gobernadores y secretarios de Estado para reeditar la práctica horacista, trujillista y balaguerista del siglo pasado.

Fuerte impacto emocional.  Llamó la atención de los observadores la satisfacción con que el Presidente recibió la incondicionalidad del apoyo de los senadores que, aunque algunos quisieron disfrazar, no deja duda de sus alcances. Articulistas y comentaristas equipararon sus términos a las peticiones que se formularon a Horacio Vásquez, Rafael Trujillo y a Joaquín Balaguer en el siglo pasado.

Como aquellos, Leonel Fernández emerge como imprescindible para que “bajo su égida” la nación enfrente “las urgencias de largo plazo”, tareas “que requieren de un liderazgo firme, experimentado y con la visión necesaria para continuar recorriendo el camino del progreso”, ante incertidumbres internacionales que impactarán sobre el país, “por lo menos durante las próximas dos décadas”.

Los 24 senadores se manifiestan “testigos del debate que se suscita en los medios en torno a la reelección y los fieros ataques que se dirigen contra el gobierno”, por lo que le expresan apoyo y defensa “y sobre todo para seguir tras sus pasos, en cualquier circunstancia que la vida le depare”.

Más expresivos todavía, le dicen que él “merece tener la oportunidad de decidir el rumbo a seguir”, y se manifiestan prestos a acompañarle en la senda del progreso, ya que su figura es la que expresa la mayor posibilidad de armonizar un movimiento que sintetice las aspiraciones mayoritarias. Para añadir que “En la histórica y trascendente coyuntura que estaremos atravesando en mayo del 2012 su decisión final pesará mucho, y en ese tránsito ahí estaremos para acompañarle”, listos para “correr la suerte que usted corra en el porvenir”.

Ese discurso dista mucho de un partido democrático de la modernidad y choca con la Constitución que muchos de los firmantes aprobaron hace un año, proclamada en enero pasado por el propio presidente Fernández, la que, en su artículo 124, prohíbe la reelección presidencial consecutiva, lo que en ese aspecto fue fruto de un pacto del líder peledeísta con el ahora presidente del  principal partido opositor, Miguel Vargas Maldonado.

La paciencia de Danilo.  Danilo Medina se ha venido consolidando como la primera opción del PLD para suceder al presidente Fernández, manteniendo la lealtad de gran parte de los que le acompañaron en la lucha por la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando compitió en desventaja con el mandatario. Tras año y medio de bajo perfil, el que fuera segundo hombre en los dos primeros gobiernos de Fernández se ha movido con sagacidad, recabando respaldo en diversos sectores sociales, incluidos  importantes empresarios. Su equipo afirma que han conformado 290 movimientos o grupos de apoyo.

Pero el domingo 7, Medina tuvo que dar un paso atrás buscando reducir las intrigas que lo responsabilizaban del “limitado éxito” del acto político de San Francisco de Macorís encabezado una semana antes por el presidente Fernández, el primero de una serie programada hasta enero “para juramentar nuevos peledeístas”. No sólo Medina estuvo ausente, sino también el secretario general Reinaldo Pared y la mayoría de los 25 miembros del Comité Político convocante, muchos de ellos adscritos al “danilismo”.

Al hablar en un acto público, Danilo Medina proclamó que no caerá en las intrigas del pasado y que evadirá la confrontación que algunos quieren, por lo que suspenderá sus actividades cuando el Presidente encabece algún acto, para que todos los suyos puedan participar. Enfatizó que quiere ser presidente de la República, pero por todo el PLD y sus partidos aliados y por los movimientos externos que lo apoyan. Describió la coyuntura diciendo  que “estamos pasando en este momento por una especie de turbulencia, pero en cuanto pasen los nubarrones el avión se va a estabilizar, y cuando se estabilice estará claro que Danilo Medina será el candidato del PLD”.

Desoyendo a seguidores y a críticos externos que plantean que ha debido ser más agresivo, Medina se ha manejado con paciencia y prudencia, pero amarrando dentro y fuera de su partido. La agresividad le hubiese conllevado mayores dificultades a sus seguidores frente al poder presidencialista y el caudillismo tradicional. Uno de sus asesores dijo que están tranquilos, conscientes de que hay lealtades muy fuertes ante el Presidente, pero seguros de que las resistencias se irán desvaneciendo.

Que corra la pelota

No hay dudas de que el presidente Fernández está dejando correr la pelota del continuismo con la esperanza de que se convierta en una avalancha partidaria y luego nacional, pero las circunstancias lucen tan desfavorables como las que enfrentó el presidente Hipólito Mejía, quien fracasó en el intento de reelegirse en el 2004.

Aunque muchos de los promotores del continuismo aducen que Fernández puede repostularse “porque la Constitución no tiene efecto retroactivo”, el mandatario posee luces suficientes para saber que sería un acto de ilegitimidad que sacudiría la institucionalidad democrática. Es por ello que ya adelantan su oposición sectores tan influyentes como los obispos católicos, que lo han expresado más contundentemente que nunca, y discretamente amplios sectores empresariales, temerosos de los costos no sólo institucionales sino también en estabilidad económica. Un empresario  recordó que el presidente Obama le advirtió a principios de año al colombiano Álvaro Uribe, cuando  le visitaba en Washington, que un tercer período de gobierno no era beneficioso para la democracia. Leonel buscaría un cuarto.

El único camino que daría alguna legitimidad a la continuidad de Fernández es una nueva reforma constitucional, pero de difícil ejecución, pues  conllevaría rupturas internas y externas, ya que tendría que comprar no sólo a todos los reformistas y a decenas de danilistas, sino también a por lo menos tres perredeístas, para alcanzar los dos tercios de votos de la asamblea nacional, necesarios para validarla. 32 senadores y 183 diputados suman 215. Dos tercios son 143. Y entre peledeístas y reformistas suman 140, y los perredeístas son 75.

Aún si lograra “conquistar” los dos tercios, los riesgos de rechazo serían altos, comenzando por la unidad del propio partido de gobierno, donde cada vez hay más tensiones, mientras el asombro y la incertidumbre ganan terreno en la sociedad dominicana. El continuismo ha comenzado a cobrar su costo.

 

La primera reivindicación

Por Juan Bolívar Díaz

Si se da crédito a lo dicho por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, la primera reivindicación de los senadores que toman posesión mañana, 31 de ellos  de su mismo partido y el restante un aliado devoto que está consultando a la Virgen de La Altagracia si se juramenta en el cargo, podría ser elevarse el salario para corregir una distorsión.

Según lo dicho  por el presidente del Senado a la estelar periodista Esperanza Ceballos, los senadores sufren una grave injusticia que debe ser corregida, al ganar 50 mil pesos menos que los diputados. Trascendió que algunos querían corregirla al concluir la reciente legislatura.

Tal vez porque alguno advirtió el texto del artículo 140 de la flamante Constitución proclamada el 26 de enero pasado, el cual dice: “Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

Como se puede observar, ese texto no deja duda y seguro será invocado por algunos que, como Pared Pérez, fueron de los arquitectos de la flamante Constitución, y evitarían que se convierta en otro “simple pedazo de papel”, como las 37 precedentes. Aunque es extraño que el reputado abogado no se haya referido a ese “imprudente artículo”.

Así pues hasta prueba en contrario los legisladores no podrán aumentarse sus remuneraciones sin violar la Carta Magna. Aunque no se descarta que encuentren alguna forma de interpretarla, como que todavía no se ha aprobado la ley que sancione esa inobservancia.

Otra podría ser una indexación de la inflación de los últimos años, que según el léxico fiscal de actualidad no es un aumento. O simplemente aplicarlo a los beneficios adicionales de los senadores.

Parece cierto que en el sueldo formal los diputados reciben más que los senadores, 175 mil a 125 mil mensuales. Pero hay “reivindicaciones” que no disfrutan los primeros. Los senadores reciben además 50 mil como gasto de representación, 25 mil por viáticos, 25 mil para hospedaje, y con asistir a 8 sesiones y a 5 reuniones de comisiones cada mes redondearían otros 40 mil pesos. Y no es tan difícil, fíjense que sería 2 jornadas de trabajo al mes, sin horario fijo.

Así las cosas, los senadores tienen un ingreso nominal de 265 mil pesos al mes, aparte de las asignaciones de 289 mil pesos para pagar personal en su oficina central, 142,500 para empleados en su oficina provincial y 190 mil para pago de servicios. Todos esos renglones totalizan 886 mil 500 pesos mensuales.

Si se le suman los “fondos para asistencia social”, (Barrilito), que promedian 598 mil 750, en proporción a la población representada (el mínimo de 420 mil y máximo 900 mil pesos por mes), el senador promedio sale a un millón 785 mil 250 mensuales.

Pero todavía habría que sumarle lo que cuestan los choferes y personal policial y militar que sirve a cada uno de ellos, pagados también por el Senado, lo mismo que gastos de teléfonos, pasajes al exterior y una exoneración impositiva de un   vehículo cada dos años que la mayoría vende por cientos de miles de pesos.

Como los senadores quieren igualarse sus sueldos nominales con los diputados, podría ser justo que éstos a su vez quieran igualarse los demás ingresos, por ejemplo cambiar sus “cofrecitos sociales” de 50 mil por un barrilito promedio de 598 mil.

Todo eso en un país donde el 88 por ciento de los empleados formales ganan menos de 25 mil pesos al mes, sin ninguna otra compensación, y el 60 por ciento menos de 10 mil pesos.

Donde el salario de más de la mitad de los servidores públicos, incluyendo los municipales,  está en 5 mil pesos o menos. Donde hace dos años el presidente Fernández dispuso que las pensiones del Estado fueran elevadas a un mínimo de 5 mil pesos, que es lo que reciben millares de maestros, enfermeras y otros que sirvieron al país durante tres y cuatro décadas.

No hay dudas, los nuevos “representantes del pueblo” tienen una buena agenda para iniciar sus labores con reivindicaciones salariales. ¡Manos a la obra carajo!

 

Aquella barrida electoral del PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.