Aunque con dificultades, avanza el diálogo político

Por Juan Bolívar Díaz

INFORME ESPECIAL

Tras la voluntad expresada por el Gobierno, es obvio que se ha abierto un espacio de concertación para elegir la nueva Junta Central Electoral (JCE), lo que el bloque opositor debería responder retornando a la mesa de diálogo para formalizar la excelente reserva de candidatos inobjetables, sin reparto partidista, que ha señalado.

Tal como dijo la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) de la sociedad civil, que aprobó a tres y objetó dos de los candidatos de la planilla para titulares presentada por el partido de Gobierno, se ha avanzado en la concertación y todavía hay tiempo para crear un nuevo espacio de diálogo que se extienda a los pactos pendientes.

Un diálogo de altibajos. Aunque con altibajos, recriminaciones y dificultades, es obvio que ha habido diálogo entre la oposición y el Gobierno en el conflicto por la elección de la JCE, y como celebró la IDEM el viernes, se ha comenzado a producir consenso, ya por lo menos en dos de los cinco titulares a partir de los propuestos por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre los cuales hay dos con serias dificultades.

Es claro que las declaraciones del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del ministro administrativo, José Ramón Peralta, al comenzar el mes, marcaron la voluntad del Gobierno de dialogar en búsqueda de consenso y frenaron los ímpetus de la comisión senatorial, primero, y luego esta semana del Senado en pleno que volvió a aplazar la elección, dando tiempo a las negociaciones.

Una declaración escrita de monseñor Agripino Núñez confirma el diálogo indirecto en marcha. Aunque niega la versión del bloque opositor de que la planilla de cinco para titulares de la JCE que encabeza Julio César Castaños Guzmán fuera entregada por el presidente Danilo Medina, reconoce que el mandatario le pidió a él y al secretario general del PLD “que trataran de elaborar una propuesta consensuada para la integración de la nueva JCE”.

Y luego les dijo que prefería no involucrarse, por la separación de poderes, pero que intentaran “identificar eventuales candidatos que tuvieran aceptación ante el país”.
Núñez Collado precisó que la planilla de cinco le fue entregada por el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el presidente de la comisión senatorial evaluadora de candidatos, Dionis Sánchez.

Castaños Guzmán no estaba en los planes de la comisión senatorial, pues ni siquiera fue evaluado, y hay confidencias de que, por lo menos él, fue aporte del presidente Medina al consenso, por tratarse de alguien inobjetable.

Dos parecen inaceptables. De la planilla de cinco del PLD (Reinaldo-Dionis), el bloque opositor aceptó al candidato a presidente Castaños Guzmán y al abogado y economista Roberto Saladín, exgobernador del Banco Central y exembajador. Pero objetó a Henry Mejía, Freddy Bolívar Almonte y Carmen Imbert Brugal, los dos primeros por sus vinculaciones políticas y por haber estado envueltos en un escándalo en el 2008 en la Cámara de Cuentas y a ella por haber promovido la candidatura de Medina en los pasados comicios.

Mejía, suplente del titular de la JCE Eddy Olivares, está vinculado políticamente al Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente Miguel Vargas Maldonado, y se dice que su postulación es parte de “un compromiso político”.

Bolívar Almonte, peledeísta proveniente del Partido Reformista, fue de los ejecutivos de Reinaldo Pared en su persecución de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.

Además de sus vínculos políticos, Mejía y Almonte tienen en común haber sido de los renunciantes a la Cámara de Cuentas en el año 2008, después que la Cámara de Diputados aprobara a unanimidad someter a juicio político ante el Senado a todos los integrantes de ese organismo estatal, en medio de un escándalo nacional, bajo cargos de violar la Constitución y las leyes de la Cámara de Cuentas, de Función Pública, y de Contrataciones Públicas, de ineficiencia, nepotismo y sobornos. Solo Alcides Decena Lugo evadió renunciar y fue destituido por el Senado.

Por los mismos motivos la IDEM los descalificó a ambos para integrar la Junta Central Electoral, pero a Carmen Imbert le reconoció integridad y capacidad.

Las ternas de la comisión. Aunque evaluó a más de 200 aspirantes a integrar la JCE, la comisión senatorial presidida por Dionis Sánchez parece no haber encontrado muchos que pudieran ser objeto de consenso.

De los quince presentados esta semana para titulares y otros tantos para suplentes, una parte están vinculados al partido de Gobierno y diez son funcionarios de la JCE, encabezados por sus titulares Roberto Rosario y Rosario Graciano, ambos provenientes de la dirección del PLD.

El listado incluye al suplente de Rosario, Juan Isidro Gautreaux, al secretario general de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira, y su suplente Lourdes Teresa Salazar, al consultor jurídico Alexis Simeón Dicló, a los suplentes de titulares José Lino Martínez y Rafael Evangelista Alejo, así como a la directora del Registro Civil, Dolores Fernández Sánchez. Casi todos de la absoluta confianza de Roberto Rosario.

De la planilla de cinco candidatos presentados por el PLD para titulares de la nueva JCE, cuatro figuran en las ternas de la comisión, siendo la excepción Castaños Guzmán, el postulado a la presidencia.

Sugeridos por la oposición. Monseñor Agripino Núñez Collado no dijo que el bloque de partidos opositores hubiese presentado candidaturas, pero Reinaldo Pared aseguró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió una lista de 15 candidatos, a través del mediador, entre los que citó a Castaños Guzmán y Saladín. Además al expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero Isa, y su actual titular Miriam Germán, a los exmiembros de la JCE Luis Mora y Rafael Vallejo Santelises, a la jueza del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez, a la abogada y articulista Marisol Vicens, al comentarista radiofónico Ricardo Nieves y al pastor evangélico Braulio Portes.

El presidente del PRM, Andrés Bautista, reconoce que, no solo su partido, sino todo el bloque de oposición, respondió una petición de quiénes podrían ser miembros de consenso de la JCE y que ellos señalaron a esos diez, y otros cinco que no identificó Pared Pérez, como personas que “reúnen el perfil deseado, sin siquiera haber hablado con ellos”.

Los cinco adicionales fueron el exjuez de la Suprema Corte Julio Aníbal Suárez, el actual juez de corte de apelación Rafael Ciprián, la exprocuradora general Semíramis Olivo de Pichardo, y los abogados Juan Francisco Puello Herrera y Juan Manuel Rosario.

Bautista resaltó que ninguno de ellos tiene vinculación política, y que son abogados de largo ejercicio público, jueces y exjueces calificados por su independencia, que no se han visto envueltas en escándalos “y que son inobjetables”.

Escenario para negociación. El escenario parecería listo para lograr un consenso, para lo cual es necesario reducir los discursos de confrontación.

El bloque de oposición debería volver a la mesa del diálogo que media Núñez Collado y formalizar su excelente nómina.

Si aceptan a Carmen Imbert junto con Castaños y Saladín, de la planilla del PLD podrían demandar la escogencia de los dos restantes entre los quince que ellos señalaron, o por lo menos uno y que el PLD renuncie a sus vinculados políticos y señale otro que sea aceptable para todos. Lo mismo habría que hacer para escoger los cinco suplentes.

Aunque el presidente Medina insista en que no quiere interferir, la convicción general es que las declaraciones de Montalvo y Peralta reflejan su decisión de favorecer algún nivel de consenso.

La planilla presentada implica el reconocimiento de la necesidad de renovación de la JCE, como ha demandado el bloque opositor, la sociedad civil organizada, las iglesias, empresarios y medios de comunicación.

Tal como planteó la Iniciativa Democrática el viernes, todavía hay tiempo para materializar la demanda de “un diálogo político-social fructífero para renovar no solo la JCE, sino también el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, escogiendo personas sin ataduras a poder alguno, y así abrir espacio a la gran concertación que requiere esta sociedad para superar sus carencias institucionales, económicas, sociales y políticas”.

Sigue sin entenderse que el presidente Medina no sea el primero en disminuir la confrontación política promoviendo abiertamente la concertación para mejorar las perspectivas de los pendientes pactos eléctrico y fiscal, fundamentales para el éxito de este su segundo y último período de Gobierno, cuyo inicio está aletargado por inocultables estrecheces financieras.

Urge superar las confrontaciones y abrir nuevos surcos para que fructifiquen soluciones a los graves problemas nacionales, de equilibrio fiscal, de salubridad, agua potable, electricidad, de inseguridad, caos del transporte, medio ambientales y de corrupción y desprecio de la institucionalidad.

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Una democracia muy costosa

Por Juan Bolívar Díaz
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Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.

En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.

Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.

Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas  y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.

El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.

Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold.

De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto,  que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.

¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos?  ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?

Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.-

 

Los graves desafíos de Danilo medina

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo mandatario tendrá que imprimir su propio sello desde el discurso inaugural con planteamientos contundentes de austeridad y reducción del dispendio y la malversación para abrir perspectivas al establecimiento de pactos sociales por una reforma fiscal integral, calidad de la educación y la superación de la crisis energética.

Danilo: ser o no ser.  El primer desafío del economista Danilo Medina será mostrar suficiente audacia discursiva para dejar claro que no será un prisionero del liderazgo del presidente Leonel Fernández, cuyo comportamiento en la transición no ha dejado la menor duda que busca perpetuarse por encima de cualquier consideración partidaria o nacional.

Con la habilidad, astucia y paciencia que le condujeron a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego a la presidencia de la nación, Medina tiene el desafío de comenzar su Gobierno con sello y características propias buscando superar el desgaste y el cansancio de ocho años de gestión gubernamental y 12 de los últimos 16 años por parte del doctor Fernández, que redujeron la votación de su partido este año al 38 por ciento, habiendo dependido de aliados y un sector externo que aportaron un 13 por ciento que le otorgó el poder.

El primer problema a resolver es la conformación del equipo gubernamental con una renovación reclamada y esperada por la sociedad, dejando fuera a los funcionarios más cuestionados y desprestigiados del pasado, satisfaciendo su vigoroso sector externo y a peledeístas relegados, pero sin alienarse el apoyo de la nomenclatura partidista y sus aliados. No podrá ir tan lejos como desea la sociedad, pero tampoco quedar preso de quienes usufructuaron el poder político y generaron rechazo en los años recientes.

Fernández sale de la presidencia de la nación pero seguirá en la presidencia del PLD y con una fundación y múltiples asociados y beneficiarios  multimillonarios y contando con la fidelidad de sus legisladores y de los integrantes de las altas cortes y otros organismos estatales. Su programa de inauguración de obras, muchas sin terminar ni equipar, la abierta promoción de sus partidarios y su propio discurso reclamando agradecimiento, indican que padece el síndrome de abstinencia del mando con severas dificultades para pasar la descompresión del poder.

Una pesada herencia.  Ya el primero de agosto, al reiterar que cumplirá el programa que ofertó, Danilo Medina advirtió que “tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del Gobierno”. Fue un reconocimiento de los límites que le impone un déficit fiscal que el economista Fernando Alvarez Bogaert cifró en 80,500 millones de pesos al 31 de julio y que se proyecta para 122 mil millones de pesos en todo el año.

El nuevo Gobierno tendrá serias dificultades para arrancar con las arcas vacías y  pocas posibilidades de financiamiento inmediato, lo que obligará a paralizar pagos e inversiones, que a su vez incrementarían una recesión en cierne. Altos empresarios aseguran que las ventas de productos de consumo han disminuido hasta un 25 por ciento en las últimas semanas. Muchos proyectos esperan las señales del nuevo Gobierno.

Danilo Medina tiene la desventaja de que no podrá cargarle el dado al Gobierno anterior, como es costumbre, y menos por un déficit fiscal que en parte fue generado para que él pudiera ganar la presidencia. Pero tampoco puede ocultar la situación, ya que si no advierte las limitaciones en poco tiempo se le atribuirán a su gestión. Por ejemplo, él no tendrá recursos para culminar y equipar decenas de obras que Fernández ha inaugurado en los últimos meses sin estar concluidas. A la vuelta de la esquina le podrían reclamar a él que no estén en servicio.

El discurso de juramentación tiene que ser contundente en trazar un rumbo de reformas que le den nuevo aliento al Gobierno y le atraigan respaldo y legitimidad popular, con un estilo político diferente, porque Medina no dispondrá de mucho tiempo antes que la herencia de déficits fiscal, comercial  y de cuenta corriente en la balanza de pagos se le empiece a pegar a su Gobierno.

En solo seis semanas tendría que armar su presupuesto para el 2013, cuando 40 centavos de cada peso irán al pago de deudas.

Los pactos anunciados.  El Presidente electo ha adelantado que planteará al menos tres pactos con la sociedad, fundamentales para emprender una nueva y novedosa gestión: fiscal, por la educación y por la energía. El primero será el que demandará mayor esfuerzo inmediato, y lo reclamará para cumplir los otros dos, el compromiso de destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación y superar el eterno déficit energético. Debería  agregar otros cuatro pactos: por la seguridad, para la competitividad, para reducir la pobreza y combatir la corrupción.

Esta vez parece ineludible una auténtica reforma fiscal, que implica una reducción del galopante gasto corriente, una política de austeridad, verdadero combate a la corrupción, la malversación y el dispendio, racionalización y reorientación de la inversión y de las políticas sociales en orden a una reducción de la pobreza. No bastarán  promesas como las que llenaron el discurso inaugural de Fernández el 16 de agosto del 2004, que hasta incluyó “reducir el gasto del Estado en no menos del 20 por ciento”.

El equipo económico tendrá que abocarse de inmediato a concertar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento y mantener la confianza de los inversionistas, pero  para ello la primera condición pública y reiterada de ese organismo es una reducción considerable del déficit fiscal, eliminación de exenciones impositivas y elevación de la tarifa energética, elementos que podrían erosionar temprano la confianza en el Gobierno.

Para hacer viable esa carga sin perder en pocos meses el glamour, el nuevo Gobierno tendría que atender el clamor nacional contra el dispendio y la malversación, buscar novedosas compensaciones y atender los requerimientos de un nuevo modelo de desarrollo que potencie e incentive el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad, que desincentive las importaciones y promueva mayor equidad redistributiva del ingreso. Casi una revolución social.

Será duro sin pan ni circo.  El Gobierno de Medina necesitará prestigiarse ante lo mejor de la conciencia nacional y tendrá que ser ayudado, empezando por sus propios partidarios, que deben reconocer que no será posible prolongar el quinquenio de déficits y endeudamiento en el contexto nacional e internacional actual, sin que explote una bomba desestabilizadora. Ni habrá con qué mantener el ritmo de inversión sin un reordenamiento de las finanzas.

Existe el agravante de que el Gobierno no podrá proporcionar ni pan ni circo, los dos ingredientes que desde la antigüedad se citan como entretenimiento de las masas. No hay posibilidad inmediata de multiplicar el pan y menos cuando se están encareciendo los alimentos. Tampoco podrá montarse un circo, porque el blanco tendría que ser el líder del PLD y su claque beneficiaria de la corrupción y el dispendio, algo imposible por la fuerza que conservarán Fernández y sus fanáticos enviciados del poder.

El no tener un partido de oposición unificado para convertirlo en interlocutor y partícipe de los pactos, contrario a lo que algunos creen, podría ser un factor negativo que deje espacio a la reproducción de protestas sociales hasta con rasgos de anarquía. A Medina parece convenirle un reencuentro con el “PRD mayoritario” y no seguir incentivando al “PRD Institucional”, como lo ha hecho Fernández, cuya estrategia de retorno al poder partiría de que Danilo ni podrá reelegirse ni superar  su rendimiento, por lo que es fundamental dividir más profundamente  la alternativa de oposición.

Un circo de rentabilidad.  El gran circo que se puede esperar no será el de hacer pagar la corrupción siquiera a dos o tres grandes, ya que los peledeístas tienen un sentido demasiado fuerte de unidad –contrario a los perredeístas- y muy pocos estarían dispuestos a romper el consenso grupal. Tampoco podrá -ya lo ha descartado Medina- hacer una reducción masiva del desbordado empleo gubernamental.

La gran avenida para el encuentro con la sociedad está en una valiente eliminación de organismos infuncionales, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y la reformulación de otros como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios y la fusión de órganos múltiples como los del tránsito.

También tendría rentabilidad la supresión de cientos de viceministros y de generales, que sendos proyectos de leyes en vías de aprobación buscan limitar a seis y a 40 respectivamente, reduciendo a tres vicecónsules por consulado, y ministros y ministros consejeros en las embajadas, lo que se llevaría otros centenares.

Así mismo, la imposición de límites salariales, de beneficios complementarios  y de pensiones en todo el Estado, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados donde más se han desbordado, una política de reducción de gastos improductivos con auténtica austeridad y la supresión de nominillas, barrilitos y cofrecitos, permitirían a Danilo Medina comenzar de inmediato a cumplir su compromiso de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Medidas para reducir el gasto público

Suprimir la CORDE, la CREEP y el IDSS

 Refundir los ministerios de la Mujer y de la Juventud

 Unificar los organismos de similar función, como los de tránsito

Aplicar la ley de regulación salarial a todo el Estado, que suprime pagos múltiples, tarjetas de crédito y limita gastos de representación

Imponer la Ley 379, que limita las pensiones a 8 salarios mínimos

 Limitar a 13 salarios anuales a todos los organismos del Estado y las bonificaciones de las entidades rentables a tres salarios

Suprimir los pagos adicionales por cumpleaños, para útiles escolares, seguros    internacionales, celulares, matrimonios y nacimiento de hijos

 Reducir al mínimo el presupuesto del Despacho de la Primera Dama y que ella trabaje con los ministerios y organismos de servicios

Limitar a tres los viceministros por cada ministerio.

Limitar a tres los vicecónsules por consulado

 Limitar a tres los ministros y ministros consejeros por embajada

 Limitar a tres los subdirectores de todos los organismos

Reducir a 20 los generales de las FF.AA. y a 10 en la PN

Refundir en uno solo todos los organismos de asistencia social

Prohibir las nominillas y toda donación en los organismos estatales

Suprimir los barrilitos y cofrecitos de los legisladores

Limitar el financiamiento de vehículos

 Prohibir la compra de jepetas y vehículos de lujo y alto consumo

 Limitar la cantidad de policías y militares asignados a funcionarios  y

 prohibirlos a empresarios, políticos y periodistas

 Prohibir por dos años mínimo la remodelación de oficinas

 Limitar la publicidad a lo fundamental y necesario

 Reducir y limitar la publicación de memorias y revistas de lujo

Eliminar los intermediarios en compras de bienes y servicios

 Publicar salarios y otros ingresos de todos los funcionarios

Medidas para combatir la corrupción

Hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones

Publicar cada mes las erogaciones presupuestarias

Invertir la prueba del delito de enriquecimiento ilícito

Dar plena vigencia a la Ley de Libre Acceso a la Información

Aprobar una efectiva Ley de Declaración Jurada de Bienes

Sancionar todo reparto o malversación de recursos

 Investigar toda denuncia de malversación y corrupción e informar sus resultados

 Crear una unidad de recepción de denuncias anónimas de corrupción y que las investigue

 Mejorar los salarios del Ministerio Público y la Policía Nacional

Profunda reestructuración y reforma de la Policía Nacional

Sueños de un domingo de mayo

Por Juan Bolívar Díaz

Que tengamos elección presidencial este domingo 20 de mayo es un gran acontecimiento porque, aunque para muchos no diga nada, finalmente estamos abandonando la fecha fija del 16 de mayo que conmemoraba el día en que nuestro tirano mayor, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ascendió al poder en 1930.

En este domingo de mayo que se vaticina lluvioso, yo acumulo sueños que quiero compartir a riesgo de aparecer como impertinente para algunos, o utópico y soñador para otros. Pero como escribió don Pedro Calderón de la Barca hace 377 años “La vida es un Sueño y los sueños, sueños son”, aquí les dejo algunos de cara al futuro:

1.- Que no tengamos que encerrarnos en jornadas de oración para que la elección sea pacífica, cuenten debidamente los votos, se respete la voluntad popular y el nuevo Presidente no tenga que pregonar que es “de todos los dominicanos y dominicanas”.

2.- Que no haya que acuartelar a un ejército de 55 mil soldados, por si acaso la Policía no es suficiente para mantener el orden y el imperio de la ley.

3.- Que nadie tenga que ir a los supermercados a abastecerse por temor a que las elecciones deriven en una guerra civil.

4.- Que los árbitros electorales no sean jueces y parte y nadie tema que sus decisiones puedan estar marcadas por la obediencia a quien los designó.

5.-Que el Presidente de la República honre la majestad del cargo y como en toda democracia no abuse del mismo ni de los recursos de todos para inclinar la balanza caravaneando por todo el país, e iniciando obras no presupuestadas cuando ya sale del poder a costa de enormes déficits fiscales que luego hay que pagar.

6.- Que los altos funcionarios de la nación que quieran hacer campaña electoral tomen licencia o renuncien a sus cargos para evitar la confusión entre los recursos públicos y los partidistas.

7.- Que no se abuse de la pobreza ni se denigre a los más desposeídos tratando de comprar sus votos con subsidios, repartos de alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, a costa del Estado.

8.-  Que a nadie se le ocurra establecer un tráfico de cédulas para ganar votos o impedir que los gane otro, como se está haciendo desde hace varios días en los habitáculos de la pobreza. Mucho menos que líderes políticos exhorten a la población a obtener una copia de su cédula para que la vendan  “y así devaluar ese mercado”.

9.-  Que no haya que dar a los legisladores cientos de millones de pesos para que celebren por adelantado el Día de las Madres buscando o comprando votos.

10.- Que no necesitemos  miles de ciudadanos responsables se constituyan en una red nacional para vigilar el cumplimiento de las normas democráticas, y mucho menos que vengan del extranjero, ni que los embajadores tengan que hablar con el Presidente de la nación sobre transparencia, institucionalidad y equidad.

11.- Que no haya tan apabullante invasión de propaganda ni que los medios de comunicación sean maquinarias de imposición sobre la conciencia ciudadana y que los periodistas no se constituyan en jueces implacables para condenar o presionar a los que disientan del discurso oficial.

Tengo muchos otros sueños, que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: “También será posible que esa hermosa mañana/ ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver/ pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

 

 

 

Gallup otorga a Danilo una significativa ventaja

Por Juan Bolívar Díaz
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Los seis puntos de ventaja que registró la última encuesta Gallup-HOY publicada el viernes a favor del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, son bien significativos si se le agregan los amplios beneficios que da el control del poder del Estado  en la endeble democracia dominicana.

Algunos indicadores dejan dudas pero en cualquier caso el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, tendrá que desarrollar una muy exitosa campaña en las tres semanas que quedan para ganarse el favor del electorado y por lo menos provocar una segunda vuelta.

Resultado sorprendente.  El resultado de 50.6% a 44.6% registrado por la encuesta Gallup-HOY sorprendió a los observadores y analistas por cuanto se realizó entre el 14 y 18 de abril cuando la candidatura peledeísta aparecía sacudida por el escándalo de corrupción internacional derivado de la banca de financiamiento político documentada a su secretario de organización y senador Félix Bautista.

Sin haber podido desmentir las cuentas bancarias exhibidas por la periodista Nuria Piera ni revocar el escándalo en Haití por el otorgamiento de contratos grado a grado por 385 millones de dólares al influyente peledeísta, el partido morado apareció a la defensiva durante el último mes, pero eso no declinó las preferencias por su candidato presidencial que en las encuestas Gallup mantiene una curva ascendente desde noviembre cuando redujo a 5 puntos la desventaja de 14 que registró en agosto para encabezar en marzo por tres puntos porcentuales.

La Gallup junto con la Penn and Schoen (46 a 44 por ciento a favor de Medina en enero) son las encuestas más acreditadas del mercado electoral dominicano. En cambio la Greensberg, que por ser para el Diario Libre se le estima independiente, arrojó a fines de marzo 49 a 46 por ciento a favor de Mejía.

Además de su propio desempeño como candidato, viniendo de una clamorosa victoria en la lucha interna del PLD cuando la maquinaria del poder le era adversa, Danilo Medina cuenta ahora con todo el apoyo de ella, del partido y del presidente Leonel Fernández lanzado a la campaña electoral gastando sin regateos hasta acumular un déficit fiscal de 30 mil millones de pesos en el primer trimestre del año, e iniciando obras hasta de la magnitud de la carretera Cibao-Sur. Casi dos de cada tres encuestados (63 por ciento) considera que el Gobierno utiliza recursos públicos en la campaña.

El apoyo del Estado y una masiva propaganda que alcanza porcentajes del 70 y 80 por ciento del total invertido en vallas y afiches, en prensa, radio y televisión (documentada en la molestosa observación electoral de Participación  Ciudadana) y una inmensa red de medios de comunicación y comunicadores en toda la geografía nacional, podrían explicar el sistemático crecimiento de la candidatura peledeísta. Cualquier comparecencia de dirigente o funcionario es transmitida por una docena de canales de televisión.

 Extrema bipolarización.  Esta encuesta Gallup-HOY muestra una extrema bipolarización, al atribuir el 95.2 por ciento de las intenciones de voto a los candidatos de los dos partidos mayoritarios, proporción similar al inequitativo financiamiento estatal, con apenas 3.7 por ciento a los otros cuatro candidatos presidenciales, y un bajísimo 1.2 por ciento de indecisos, dejando poco margen para inversión de las preferencias.

Los candidatos alternativos siguen siendo víctimas de la bipolarización, de la inequidad de recursos propagandísticos, del clientelismo y de una cultura de exclusión que tiende a ignorarlos. Guillermo Moreno alcanza 2 por ciento de las preferencias, y Eduardo Estrella 1.4. Max Puig y Julián Serulle a la zaga con 0.2 y 0.1 por ciento.

Al no indicarse la proporción de los que no se han decidido a votar resulta difícil estimar la medida en que esa pudiera ser una fuente nutricia para una campaña de sensibilización del voto. Se establece que un 18 por ciento pudiera cambiar su preferencia electoral. El promedio de abstención es del 28 por ciento en las elecciones de la etapa democrática iniciada en 1978. En el 2008 alcanzó 29 por ciento.

Visto por los niveles socio-económicos, los más altos favorecen abrumadoramente a Medina 59 a 37 y los medios-medios por 10 puntos, 53 a 43. Se reduce a solo un punto en los medios bajos y muy bajos, donde el balance es de 48 a 47 por ciento. Pasa ligeramente del 50 por ciento tanto en las zonas urbanas como  rurales y saca mayor ventaja entre las mujeres, por 57 a 39. Hipólito gana entre los hombres por 52 a 44 por ciento.

Hipólito en cuesta arriba.  La candidatura de Hipólito Mejía está urgida de un golpe de suerte, primero que alguna otra encuesta más o menos independiente, como la Penn and Schoen o la Greenberg-Diario Libre, aparezcan pronto y le inviertan la desventaja o por lo menos se la reduzcan, antes que surta efecto el “voto oportunista” de los que se suman “al que va a ganar”.

El esfuerzo concertado y la puntería tendrían que ser afinados en función de los sectores insatisfechos con la gestión peledeísta que el discurso de Mejía no ha podido convencer de que es una alternativa válida. La misma encuesta indica dónde tendrán que concentrar su mayor ofensiva proselitista y cuáles son las mayores preocupaciones de la población: desempleo, inflación, inseguridad ciudadana, financiamiento a la educación, apagones, tráfico de drogas y corrupción.

Si los peledeístas tienen identificados los beneficiarios de las tarjetas de los programas sociales, los perredeístas pudieron haber conseguido lo mismo para tener acceso directo y llevar confianza a ese sector tan vulnerable por la pobreza en que viven. No es tan difícil en las pequeñas y medianas comunidades.

La campaña de radio y televisión del PRD ha estado limitada y con muy poca variación. Se creía que aumentaría considerablemente en la recta final, lo que no ha ocurrido y les queda poco tiempo para la innovación.

Tal vez ya sea un poco tarde, pero don Hipólito Mejía no debe darse el lujo de una sola frase altisonante más, como la de los “pelafustanes de la Suprema Corte” que sepultó el magnífico discurso que acababa de pronunciar en un evento de Finjus en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, donde formulaba un programa de austeridad y combate a la corrupción.

En un país donde casi todo se compra y se vende, y el financiamiento clandestino rebasa la frontera y cruza océanos, hasta las mejores encuestas pueden ser vulneradas, lo que no debe ser vulnerable es el candidato presidencial. A Hipólito Mejía se le ve cuesta arriba y necesitado de nuevas energías, por lo menos para ganar tiempo provocando una segunda ronda.

Los más pobres decidirían

Pero según Gallup-HOY la ventaja de Medina está determinada por las  enormes diferencias en las regiones Sur y Este, en la primera de 27 puntos (62.6 a 35.4) y de 16 puntos en la segunda (55.6 a 39.2). En la provincia de San Cristóbal, la cuarta en mayor acumulación de electores (después de Santo Domingo, DN y Santiago), se registra una diferencia desproporcionada entre los candidatos punteros con 64 a 34 por ciento a favor de Medina, sin algo que lo explique.

Llama la atención que en relación a marzo Mejía cayera entre los orientales de 52 a 39 por ciento, 13 puntos, y que Medina subiera 14, de 42 a 56 por ciento, justo después que el caudillo higüeyano Amable Aristy Castro respaldara al candidato perredeísta, dado el dominio que el reformista ha mantenido en la región, especialmente de la provincia Altagracia.

Entre las regiones metropolitana y Norte se produce un relativo equilibrio, pues el candidato del PLD sale adelante en la primera y el del PRD en la segunda, en ambos casos con diferencia de cinco puntos, 50 a 45 por ciento. Con una pequeña ventaja para el perredeísta ya que la región Norte aventaja 38 a 33 en el porcentaje del padrón electoral del 2010. Sorprende que en el Distrito Nacional ahora Mejía supere a Medina por 5 puntos, cuando antes era una de sus jurisdicciones adversas, y en cambio que en Santiago, que se le atribuía “absoluto dominio”, solo saque 0.7 de ventaja. En la provincia Santo Domingo, la mayor concentración de electores y reservorio de una alta proporción de la pobreza de la región metropolitana, la ventaja de Danilo es de 8.3 por ciento.

El cambio de las preferencias en Santiago podría relacionarse con la concentración en esa provincia de esfuerzos políticos y recursos estatales, lo mismo  que en las regiones Sur y Este, que son las más pobres del país, donde el millón 800 mil tarjetas de los diversos programas gubernamentales pudieran surtir más efectos, especialmente en las pequeñas y medianas comunidades donde todos se conocen. Al votar pudieran tener más seguridad del secreto que respondiendo a encuestadores.

 

Impunidad y cinismo en la campaña electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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La impúdica exposición de las pruebas del delito de espionaje telefónico de indudable intencionalidad política y con abierto apoyo de las autoridades nacionales, constituye un grave escándalo que sacudiría a cualquier nación siquiera de mediana intensidad democrática y obligaría a inmediatas reparaciones.

Pero como un escándalo sepulta  al anterior, las exposiciones de intercepciones telefónicas han logrado parcialmente el objetivo de desplazar del primer plano la transnacionalización de la corrupción nacional sintetizada en la banca de financiamiento  del senador y secretario de organización del partido oficialista, Félix Bautista.

Las pruebas del delito.  Hace décadas que los dominicanos han aceptado sin rubor la práctica del espionaje telefónico, que se inició en las dictaduras de Trujillo y Balaguer con clara intencionalidad política para luego extenderse a la competencia empresarial y luego a las relaciones íntimas de las personas para chantajearlas. Aparte de los “organismos de seguridad del Estado” han surgido varias prósperas empresas de espionaje y en ocasiones bancos han tenido sus propios “expertos” en la materia, hasta por razones de contraespionaje. De poco han servido los esporádicos escándalos, ya que una de las primeras visitas de los presidentes recién electos es la que se realiza al gran capo del espionaje telefónico que toda la sociedad reconoce.

Empresarios y líderes políticos y sociales de todos los sectores lo señalan por lo bajo, porque prefieren no atraerse sus miradas y escuchas.

Lo que nunca había ocurrido es que se realizaran dos ruedas de prensa de  indudable manufactura política donde se formularan acusaciones sin más fundamento que la grabación de conversaciones privadas que en sí mismas no pasan la más elemental prueba de un juez de instrucción.

La primera de ellas celebrada en el Palacio Nacional el 12 de abril, ante la presencia, entre otros, del procurador general de la República y su par haitiano y del ministro de Relaciones Exteriores dominicano.

Una semana después son cuatro diputados que también entregan copias de la grabación de otra conversación telefónica entre dos dirigentes de su propio partido, pretendiendo que sea aceptada como una prueba de que se trama el asesinato nada menos que del presidente del principal partido de oposición, aunque abiertamente opuesto a su candidato presidencial en clara expresión de la miseria institucional del sistema partidista dominicano.

En ambas “ruedas de prensa” no se permitieron preguntas de los reporteros convocados, obviamente para no tener que explicar el origen de la grabación.

Atropellos de campaña.  Ni la conversación grabada al excoronel Pepe Goico, uno de los encargados de la seguridad del candidato presidencial Hipólito Mejía, con un empresario haitiano, ni la del dirigente político Guido Gómez Mazara con un colega regional, demuestran en sí mismas la existencia de una trama, sino que más bien son expresiones comunes en conversaciones privadas.

No sería igual pronunciadas en la radio o la televisión, o en una tribuna pública. Por eso nadie, ni los ejecutivos judiciales las han tomado en serio en los dos países.

La imputación a Goico de tramar para desestabilizar el Gobierno de Haití contiene mayores dosis de irresponsabilidad por provenir de altas autoridades de los dos países, coaligadas en un interés común de aplacar un escándalo de corrupción que concierne a ambos gobiernos y sobre el cual ninguno muestra el menor interés en aclarar, pero que ha producido sacudimientos en la vecina nación, incluyendo la renuncia de su primer ministro.

La situación es tan delicada que el embajador dominicano en Haití, el reputado sociólogo Rubén Silié, llamó la atención de que se puedan destruir en la campaña electoral los esfuerzos de los últimos años por  mejorar las relaciones bilaterales, y de paso se desligó de la rueda de prensa donde se denunció la supuesta trama, indicando que él allí solo tuvo una “presencia circunstancial”.

Confesar que los “organismos de seguridad del Estado” graban las conversaciones de un encargado de seguridad del principal candidato opositor en medio de una campaña electoral constituye un escándalo político impropio de una democracia.

Eso no se hace pero menos se confiesa en la propia sede del Gobierno en ningún régimen de derechos y en presencia del Procurador General, quien está en el deber de perseguir todo género de delitos. En el caso de los cuatro diputados no se reveló la autoría de la intercepción telefónica, lo que podría implicarlos directamente en la ejecución del delito.

Claro objetivo político.  Ni aquí ni en Haití ha aparecido alguien que le confiera seriedad a la denuncia de trama contra el presidente haitiano, Michel Martelly,  y los medios informativos coinciden en señalarla como un intento por desplazar del debate público la denuncia documentada de que el mandatario recibió financiamiento por más de dos millones y medio de dólares de parte del senador Félix Bautista, hombre de confianza del presidente Leonel Fernández y secretario de organización de su partido.

En vez de una denuncia sin fundamento, ambos gobiernos pudieron liquidar el escándalo presentando los correspondientes certificados bancarios de que las cuentas identificadas por la periodista Nuria Piera no existen o fueron adulteradas. Martelly o Bautista pudieron haber conseguido esa certificación en cuestión de horas, pero han dejado pasar tres semanas sin hacerlo. Un periodista progubernamental implicado en la recepción de dinero de Bautista justificó sus pagos, con lo que avaló la fuente.

Mientras tanto, las denuncias han repercutido en los medios periodísticos no solo de República Dominicana y Haití, sino también de Estados Unidos y Francia, incluyendo a algunos tan influyentes como Le Monde de París y la revista norteamericana Time.

La denuncia del financiamiento a Martelly en su campaña electoral y después de ser electo presidente, tomó mayor dimensión por haber sido precedida del escándalo derivado del otorgamiento en Haití de contratos por unos 385 millones de dólares a empresas de Bautista y relacionados, cuya investigación derivó en la dimisión del primer ministro haitiano Garry Conille.

Los comentarios de prensa dudan que la denuncia de la supuesta trama contra el Presidente haitiano vaya siquiera a ser investigada.

Quedará como la indagatoria del jaqueo, que conllevó aparatosos allanamientos al periodista Guillermo Gómez y su periódico digital El Siglo 21 hace dos meses y 12 días, con tropas militares y helicópteros.

Pero por de pronto ha tendido una cortina de humo sobre la banca de financiamiento político del senador Bautista, cuyas operaciones se han extendido hasta el lejano Perú, donde ayudó a la campaña de Alejandro Toledo con un millón 200 mil dólares.

El Gobierno realizó una infeliz denuncia, pero logró éxito al poner en segundo plano las denuncias de corrupción transnacional que han sacudido la campaña electoral, mientras creaba un ambiente de confusión e intimidación con la esperanza de que Nuria Piera no siga sacando prendas del banco de información que le proporcionaron.

La preocupación no era solo por lo denunciado, sino por lo que aún falta sobre las operaciones nacionales e internacionales del banco de Bautista y sus beneficiarios, ya que ella dijo que lo revelado era apenas el 10 por ciento de lo que había recibido.

Inconstitucional e ilegal

Aunque en el país hace tiempo que la Constitución como las leyes son letra muerta, hay que recordar que la flamante Carta Magna de 2010 en su artículo 44 es abundante en la protección del derecho a la intimidad y que su numeral 3 indica que “Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad  competente de conformidad con la ley”. El numeral 4 precisa que las informaciones y datos que recaben las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito “solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley”.

En el caso de Goico ni siquiera se le ha interrogado, antes o después de la rueda de prensa, y menos se le ha iniciado un proceso judicial y nadie cree que ocurra porque la intercepción carece de fundamento. Luego se ha dicho que fue autorizada por un juez, sin identificarlo. Pero es que ningún juez puede autorizar la intervención telefónica de un ciudadano, menos de un actor político importante y en medio de una campaña electoral, sin que se lo justifiquen como parte de una investigación bajo previa presunción de delito, al objeto de recabar evidencias, como lo establece la ley 24-97.

Es también ridículo que el Procurador General haya encargado, con posterioridad a la denuncia, a la fiscal del Distrito Nacional indagar una supuesta trama telefónica de carácter transnacional, que rebasa con mucho su jurisdicción, lo que demandaba un encargo especial de su propio departamento, por ejemplo uno de sus mismos ayudantes. La lista e inteligente Yenny Berenice Reynoso no tardó en advertir que ella no actúa por razones políticas.

 

Crónica de un frustrado debate

Por Juan Bolívar Díaz
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Al comenzar enero me visitó el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Manuel Cabral,  buscando apoyo para un debate cara a cara entre los dos principales candidatos. Le respondí que desde hacía meses estábamos en el mismo propósito y en entrevistas por Teleantillas con los candidatos de los partidos mayoritarios habíamos recibido su “firme compromiso”  de participar.

Le dije al visitante que habíamos intentado ese debate varias veces con resultados infortunados, por lo que desde 1996 en cada elección presidencial hacíamos lo más parecido: “Las Propuestas de los Candidatos”, en presentaciones sucesivas para conocer sus principales planteamientos programáticos. Y que eso volveríamos a hacer si de nuevo fracasaba el “cara a cara”. Recordé que en 1998, conjuntamente con ANJE, habíamos auspiciado uno con los candidatos a síndico y a senador por el Distrito Nacional. Le propuse que uniéramos esfuerzo de nuevo, lo que fue aprobado.

Como ya nosotros habíamos programado fecha y establecido temática y procedimiento fue muy fácil agregar una carta para entregar el proyecto a los candidatos. Yo redacté el documento: “La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios y el Grupo de Comunicaciones Corripio auspician el Debate Electoral 2012”, con el compromiso de publicarlo después que lo entregáramos a los candidatos.

Poco después nos enteramos que unilateralmente habían llevado el proyecto al candidato Danilo Medina mientras en otros medios se informaba sobre el “debate de ANJE”, lo que se repetiría varias veces, pese a mis protestas de que se estaba violando el acuerdo bilateral. Evadí acompañarlos cuando lo entregaron a Hipólito Mejía.

Avanzado febrero se publicaron versiones de que algún peledeísta me objetaba como moderador, papel que había hecho decenas de veces en 25 años en Teleantillas y que preferían que lo hiciera la CNN, lo que se constituía en una ofensa a los periodistas dominicanos.  Me reuní con el amigo Danilo Medina, quien me aseguró que él no me había objetado, aunque expresó dudas de que fuera viable un debate con su principal competidor. Le aseguré, como lo hice varias veces con ANJE y ejecutivos del GCC, que yo no tenía que ser el moderador, que no me convertiría en obstáculo y me inhibiría si alguna de las partes me objetaba. Pero dejé claro que  correspondía al GCC proponer al moderador. Remitió a una comisión que él había designado, integrada por Francisco Javier, Temístocles Montás y Gustavo Montalvo. Solo éste respondería dos veces mis llamadas, prometiendo reunirnos con los demás, lo que nunca se produjo.

ANJE informó que también Mejía había creado una comisión coordinadora,  integrada por Héctor Guzmán, Fernando Durán e Irving Redondo. A la primera convocatoria en el local de la asociación solo asistió el último. El 15 de marzo en Teleantillas pudimos reunir a los comisionados perredeístas. Quien faltó entonces fue el presidente de ANJE, pero envió a su directora ejecutiva, Patricia Bobea. Los de Mejía exigían que participaran los seis candidatos y que fuera en abril, como era la propuesta original.

De contactos individuales con los comisionados peledeístas se supo que favorecían un debate entre dos, y la participación de la CNN en español, con dos moderadores, lo que avalaba ANJE y respaldó el GCC, que tiene contratos con aquella. Se acordó que la señal sería neutra para que la reprodujera todo el que  quisiera. Como el PRD, la CNN también condicionó su participación a que se incluyera a todos los candidatos, en mayo, porque no podían en abril.

En tales circunstancias terminamos de convencernos de que el debate cara a cara no era viable y que estábamos perdiendo el tiempo. Se propuso a la ANJE un comunicado conjunto, fechado 29 de marzo, anunciando el final del intento y que realizaríamos Las Propuestas de los Candidatos. Con fecha 30 de marzo se enviaban las invitaciones a los seis candidatos para el nuevo proyecto. ANJE insistió en seguir adelante sola. Se le dijo que si lo lograban participaríamos. Días después anunció que el 30 de marzo había recibido la confirmación escrita de Medina y que “el debate de ANJE” iría en mayo. El jueves 19 simplificó que no era posible por la falta de respuesta de uno de sus invitados.

Desde el martes 17, la fecha originalmente propuesta, el GCC presenta a todos los candidatos en programas de hasta dos horas para cada uno donde responden sobre sus propuestas. Sin la espectacularidad del cara a cara, pero algo es algo y puede hasta ser más eficiente que un debate de dos horas entre seis.

Los “Insatisfechos” decidirían elecciones

Por Juan Bolívar Díaz
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A cinco semanas de la elección presidencial prevalece la convicción de que la competencia está muy cerrada entre las candidaturas de los dos partidos mayoritarios, dejando un ínfimo espacio a las de los alternativos que una vez más podrían ser víctimas de la bipolarización que caracteriza los procesos electorales nacionales.

Entre analistas se baraja la hipótesis de que la clave para ganar la presidencia de la nación podría tenerla la pequeña franja crítica de la sociedad, sin compromiso e insatisfecha con el sistema partidista, y que se ubica  básicamente en la clase media y no será convencida por bandereos ni caravanas.

Cerrada competencia.  En los ambientes de los analistas sociales y entre los comentaristas más ponderados se afianza el criterio de que, a diferencia de lo ocurrido en las tres últimas elecciones presidenciales y las últimas cuatro congresuales y municipales, este mayo el resultado será bien estrecho, tanto como para generar temores, sobre todo si hay que ir a una segunda vuelta con diferencias pequeñas entre los dos punteros, y con el arbitraje electoral controlado por uno de ellos.

La percepción generalizada, incluyendo a estrategas de los dos partidos que protagonizan el proceso, es que en las últimas semanas se ha cerrado la competencia, lo que dramatiza progresivamente la campaña electoral y ya genera violencia como la registrada el pasado domingo en Moca.

Se percibe que por la dispersión del Partido Reformista Social Cristiano, cuya militancia se ha dividido en el apoyo a Danilo Medina e Hipólito Mejía, el resultado electoral será el más polarizado de la etapa democrática. Las encuestas indican que los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) acaparan hasta el 95 por ciento de las intenciones manifiestas de voto.

La dramática inequidad de la propaganda y del gasto de los partidos mayoritarios, especialmente del que gobierna, deja con poco aliento las candidaturas alternativas de Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig, aún tratándose de personalidades políticas de amplio crédito. Se estima que entre estos cuatro no recibirán más allá del cinco por ciento del financiamiento público, que en 80 por ciento va a los dos partidos dominantes más el reformista, aliado al PLD, y otro 15 por ciento a otros tantos aliados. Eso sin contar las recaudaciones privadas ni el uso de recursos estatales que también monopolizan los partidos dominantes.

La franja insatisfecha.  Los indecisos en esta campaña electoral parecen más reducidos de lo habitual, ya que la mayoría de las encuestas le otorgan hasta el 95 por ciento de las intenciones de voto a las dos candidaturas dominantes. Al referirse solo a los que dicen que votarán, las mediciones no están poniendo énfasis en dimensionar la proporción de abstencionistas, que promedia 28 por ciento en la etapa democrática nacional y subió al 29 en el 2008. Poco se diferencia en los que se muestran indecisos pero en actitud de sufragar.

Pero aún asumiendo que los indecisos sean un 5 por ciento, como algunos estiman, esa proporción pudiera ser suficiente para inclinar la balanza en una competencia cerrada. Para el sociólogo Wilfredo Lozano los indecisos integran la masa crítica de la sociedad dominicana, los insatisfechos con el sistema de partidos y su voracidad, corrupción y falta de respeto a la institucionalidad democrática, los jóvenes  desempleados y los frustrados por la falta de oportunidad para salir adelante y los horrorizados por el narcotráfico y la inseguridad creciente.

En esa franja tiende a predominar el rechazo a los que gobiernan, y de ella salió ahora el movimiento que resalta “los peligros de una dictadura constitucional” por la concentración sin precedente del poder en manos del PLD. Pero al mismo tiempo duda de las capacidades de un PRD donde predominan los intereses grupales y mezquindades sin precedentes, sobre el interés nacional y hasta el propiamente partidario, con tendencia a la garata anárquica. Hacia donde se incline esa franja podría irse la victoria electoral. Una parte optaría por las candidaturas alternativas, pero el miedo a la segunda vuelta y una extensión de la campaña en mes y medio, podría beneficiar a los partidos con posibilidades reales.

Apuros del PLD y del PRD.  Dentro de ese panorama de fuerte competencia, los estrategas de los partidos dominantes estarían afinando la puntería de su campaña para las cinco semanas restantes. Por de pronto, ya el caravaneo y el bandereo no serían fundamentales para ganar voto, porque los que se mueven en esas ondas parecen ya definidos.

Esos reductos primitivos de las campañas dominicanas ya solo pueden servir “de mantenimiento del dominio de las calles”, pero abusar de ellos se puede revertir por el cansancio de una campaña tan prolongada, por las molestias que ocasiona al transeúnte, sobre todo al de clase media que viaja en su propio vehículo y a quien los taponamientos causan costo en combustibles y trastorno en sus actividades. Una marcha de los candidatos del PLD la tarde del martes dislocó el tráfico vehicular en un amplio radio citadino, originando rechazos.

El PLD tiene que luchar por sacar de la agenda el tema de la corrupción, que como principal debilidad gubernamental, con toda la garantía de impunidad que conlleva, ha estado predominando y que se percibe como determinante de un reciente  retroceso en sus preferencias. Pero el sector gubernamental no reconoce el problema. Cada vez que el tema se está agotando, por sobreexplotación de sus contrincantes, ellos mismos lo reviven. Así fue a fines de marzo cuando el Comité Político asumió la defensa absoluta de su secretario de Organización Félix Bautista.

Se acaba de repetir el jueves cuando el Gobierno busca el auxilio de su par haitiano para un burdo intento de atribuir las documentadas denuncias contra Bautista a un supuesto interés por desestabilizar la nación vecina, con tanta torpeza que ponen hasta al Procurador General a avalar una acusación política originada en espionaje telefónico a un encargado de seguridad del principal candidato opositor.

Argumentaciones tan pobres solo sirven para reavivar las llamas de indignación por los niveles de corrupción que ya exportamos a Haití y Perú, vía financiamiento de Félix Bautista, y por el intercambio vía contratos del Gobierno haitiano. Si pudieran desmentir los documentos bastaría presentar certificación de dos bancos nacionales, incluyendo el del Estado, y uno haitiano, de que las cuentas denunciadas en facsímil no existen o han sido falseadas.

Por su parte el perredeísmo pretende que con solo resaltar la descomunal corrupción va a ganar las elecciones, sin dar expresiones contundentes de que un gobierno de ellos no proseguirá esa ruta, sin trabajar para disipar la convicción de la franja crítica de que “todos son iguales”. Tendrían que aterrizar muchas propuestas de forma convincente. Sobre ellos planea el criterio generalizado de que por dos o tres puntos no se le gana a quien tiene todo el poder. Al menos en este país donde “to e to y na e na”.

Las últimas encuestas

Por lo menos ocho encuestas han sido publicadas en las dos primeras semanas del mes en curso, cinco de las cuales han favorecido al candidato opositor y las tres restantes al gobiernista, lo que fundamenta la percepción de que Hipólito Mejía ha tenido un repunte en relación a la vertiginosa caída que registró en los dos primeros meses del año, cuando perdió la ventaja de 14 puntos de la Gallup-HOY de agosto.

La mayoría de esas encuestas son por encargo de los mismos partidos, lo que relativiza sus resultados, pero como quiera influyen en la opinión pública. A Mejía le favoreció que la única de las ocho que está auspiciada por un periódico, al que no se le supone inclinación a su favor, le registró una mejoría considerable. La Greenberg para el Diario Libre publicada al comenzar el mes tuvo un registro de 49 a 46 por ciento a favor del opositor. La anterior, en marzo, marcó un punto de ventaja (47 a 46 por ciento) para Medina, dentro del margen de error, pero con alza de 4 puntos para Mejía.

La prueba de que las diferencias se han acortado se encuentra en los resultados de las encuestas propias de los partidos, por ejemplo la del Centro Económico del Cibao y la de Ana María Acevedo para el PRD. Hasta diciembre, ambas otorgaban a su candidatura ventajas de entre 14 y 18 puntos. Ahora entre 7 y 8 puntos. La primera 51.6 a 44 y la otra 51.8 a 44.7. La norteamericana JZ Analytics, que en noviembre favorecía a Hipólito 56 a 40, marcó ahora 49 a 45 por ciento para una diferencia de solo 5 puntos.

Lo mismo se puede establecer con los resultados de la encuesta ASISA que trabaja para la candidatura de Medina, la que en noviembre le otorgaba 16 puntos de ventaja, y en diciembre 13, (53 a 40 por ciento) pero este mes la redujo a la mitad por 52.8 a 45. Esos 7.8 puntos de diferencia son similares, a la inversa, de las dos del PRD.

Llamó la atención el resultado tan amplio a favor de Mejía (51.4 a 39.7 por ciento) arrojado este mes por una encuestadora bien acreditada hasta a nivel presidencial en Estados Unidos, pero sin tradición en el país, la Bendixen y Amandi, y más con el desafío que lanzó su director, sosteniendo que las otras “están engañando”.

 

Las Propuestas de los Candidatos

Por Juan Bolívar Díaz
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El Grupo de Comunicaciones Corripio (GCC) inicia este martes 17 de abril una serie de programas televisivos con los seis candidatos que buscan la Presidencia de la República en las elecciones generales del 20 de mayo próximo, prosiguiendo una tradición que iniciamos en Teleantillas en 1996 y que desde entonces ha permitido debatir en vivo y directo las diversas propuestas programáticas.

Entre el martes y el viernes de esta semana se debatirán las propuestas de los candidatos Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig, en horario de 7.30 a 9.00 de la mañana. Para el martes 24 y el miércoles 25 se ha programado la presentación de los dos candidatos que encabezan las encuestas, Danilo Medina e Hipólito Mejía, estos de 8.00 a 10.00 de la noche.

Un panel de ejecutivos de los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, de los canales de Teleantillas y Telesistema Dominicano, y de la radioemisora La Nota Diferente cuestionará a los candidatos sobre sus propuestas económico-sociales e institucionales. Aunque serán transmitidos al menos por tres canales de televisión, no se trata de un espectáculo, sino de un escenario adecuado para ayudar a los electores a conocer las diversas propuestas programáticas.

La presentación en días sucesivos le resta el impacto que tienen los debates frente a frente que el GCC, en alianza con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, intentó realizar pero que tropezó con la desconfianza y el poco interés de los equipos designados al efecto por los candidatos de los dos partidos mayoritarios.

Luego de tres meses de gestión pareció obvio que no se daban las condiciones para el debate frente a frente. Aunque los candidatos que encabezan las encuestas proclamaron una y otra vez que estaban dispuestos al debate, referían a sendas comisiones de tres miembros de sus respectivos equipos. Pero estos dilataron o eludieron responder los requerimientos de los organizadores para formalizar acuerdos básicos. Desde enero habíamos propuesto las fechas del 17 y 24 de abril.

No es la primera vez que resulta imposible materializar la modalidad del debate frente a frente, que por cierto resulta poco productivo  con múltiples  candidatos y poco democrático si se limita a los que representan los dos partidos dominantes. Si el objetivo final es que los electores conozcan los diversos planteamientos programáticos, la modalidad a implementar por el GCC puede ser más efectiva, aunque obviamente menos espectacular. Cada candidato tendrá 90 o 120 minutos para exponer.

Las Propuestas de los Candidatos inició en Teleantillas en 1996, cuando José Francisco Peña Gómez, Leonel Fernández y Jacinto Peynado comparecieron durante cinco semanas en programas sucesivos de una hora  para responder sobre sus planteamientos. En el 2000 los candidatos Danilo Medina e Hipólito Mejía comparecieron en días sucesivos durante cuatro semanas consecutivas, del 1 al 22 de marzo. Joaquín Balaguer eludió participar. También por Teleantillas y hasta entonces con la conducción de Juan Bolívar Díaz.

A partir del 2004 Las Propuestas de los Candidatos se amplió a todo el grupo Corripio, y se agregó a Huchi Lora en la conducción,  con transmisión simultánea por Teleantillas, Telesistema y Coral 39, los periódicos Hoy, El Día y El Nacional, y dos radioemisoras. En la primera ocasión participaron los candidatos Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Eduardo Estrella, cada uno en dos fechas seguidas entre el 27 de abril y el 7 de mayo. La última vez, del 7 al 18 de abril del 2008, participaron en dos rondas los  candidatos Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Amable Aristy Castro. Y en una Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Pedro Candelier y Trajano Santana.