Corrupción, impunidad y complicidad

 

Por Juan Bolívar Díaz

           Razones le sobraron al obispo de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, cuando encaramado en el santuario de las Mercedes el pasado 24 de septiembre proclamó que “la corrupción, la impunidad y la complicidad están carcomiendo a la sociedad dominicana”.  El grito se expandió por todo el valle del Cibao y en todas las direcciones del país, aunque para muchos careció de trascendencia porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro.

Al mismo tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaba un informe dando cuenta de que la malversación cuesta a América Latina y el Caribe 220 mil millones de dólares por año, una cifra suficiente para eliminar de un tiro la pobreza extrema y hacer mella en la pobreza nominal o para mejorar significativamente la inversión en los servicios de los que carecen las mayorías empobrecidas de la región.

La generalidad de los medios informativos ignoró el informe, o por lo menos lo referente a la República Dominicana, donde según el BID el dinero malgastado por el Estado implica anualmente el 3.8 por ciento del producto interno bruto. Como cada punto del PIB dominicano equivale a 43 mil millones de pesos, estamos hablando de la friolera de 163 mil millones de pesos cada año.

Si esa cifra no le dice nada, calcule que representa el 24 por ciento de los ingresos fiscales proyectados en el proyecto de presupuesto para el próximo 2019. Más gráfico aún, con esos 163 mil millones de pesos, se podrían realizar cada año 40 proyectos como el de La Nueva Barquita, del que con tanta razón se ufana el gobierno del presidente Danilo Medina, que no cesa de promoverlo, más de dos años después de su conclusión y a más de cinco de su inicio.

Vale recordar que La Nueva Barquita incluyó mil 800 apartamentos que dignificaron la vida de más de ocho mil personas, con adecuados servicios de educación, salud, agua potable, tres plantas de saneamiento de aguas residuales, áreas de recreación y comercio. Todo un éxito urbanístico, que lamentablemente queda como un proyecto piloto, ave de un solo vuelo, muestra de lo que podría haber sido si la malversación no distrajera la cuarta parte de nuestros ingresos.

A la corrupción y su correlativa impunidad, el obispo vegano agrega la complicidad, y eso es lo que explica que para muchos ya no represente nada que un organismo tan insospechado de arbitrariedad, parcialidad o exageración como el BID, supere tan ampliamente los estimados de la malversación que habían hecho una institución privada como Oxfam, que la cifró en 96 mil millones de pesos para este año, y un partido de oposición como el Revolucionario Moderno.

Nadie ha pedido una investigación, y mucho menos consecuencias, a la presentación por parte de la periodista Alicia Ortega de una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el epígrafe de “Personal Contratado”, con 227 salarios por un monto de 18 millones 160 mil pesos mensuales, o 217 millones 920 mil pesos anuales. Esa es sólo una muestra del costo que cobra el Partido Revolucionario Dominicano que preside el canciller Miguel Vargas Maldonado, por su apoyo electoral al gobierno de Medina.

Descubrimos que la cancillería ya tiene encargados provinciales, seccionales y regionales, hasta en el exterior, que no son otra cosa que activistas y dirigentes políticos pagados con extrema generosidad, a un promedio de 80 mil pesos mensuales, cuando todavía el salario mínimo público es de 5 mil 117 pesos, suma que también recibe el 90 por ciento de los pensionados del Estado.

Pagamos muy cara la política, con absoluta ignorancia de los principios más elementales de la administración, contando con la impunidad que garantiza el pleno control de los organismos de fiscalización, comenzando por el Congreso, pasando por la Cámara de Cuentas y aterrizando en la justicia.

Todo ello contando con la complicidad o la indiferencia de gran parte de la población que se resigna ante la depredación de lo que corresponde a toda la sociedad, especialmente a los más necesitados de una inversión pública que hace tiempo está por debajo del 20 por ciento del presupuesto de gastos públicos.

 

 

Caminante, se hace camino al andar

16_08_2018 HOY_JUEVES_160818_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

“Yo he andado muchos caminos/he abierto muchas veredas/he navegado en cien mares/y atracado en cien riberas…”

Lo más emocionante de la inolvidable marcha verde del domingo 12 fue el entusiasmo con que la inmensa multitud de caminantes cogió velocidad cuando un aguacero hizo acto de  presencia y fue recibido bajo el grito “que llueva, que llueva, contra la corrupción”. En la memoria de los mayores flotaron caminatas, como aquellas de 1964-65 desde la Universidad contra el gobierno golpista, que se equivocaba lanzando chorros de agua desde carros bombas diseñados para otros climas, pretendiendo dispersar estudiantes bajo los ardorosos rayos del sol caribeño. Cuando asomaban empezábamos a danzar bajo la consigna “que la tiren, que la tiren”.

Agua fresca para aplacar la insolencia del sol a media mañana de julio y la firmeza de una multitud que se ensanchaba en cada esquina, con la determinación y la convicción de quienes “no conocen la priesa/ ni aún en los días de fiesta/ donde hay vino, beben vino/donde no hay vino, agua fresca”, asumiendo que hay que marchar sin cansancio, porque no hay avance social ni conquista que no cueste desgarrones del alma, que para obligar a un sistema político a reducir la corrupción y escuchar el clamor popular, se requiere mucho coraje, enorme determinación, persistencia infinita, multitudes que presionen y hagan entrar en pánico a los protagonistas del robo y la malversación.

Es bien reciente la experiencia de la lucha por el 4 por ciento para la educación. Al frente de la Marcha Verde caminan los mismos protagonistas de aquellas jornadas. Comenzamos a exigir priorizar la inversión en educación a finales de los ochenta, cuando los maestros eran mendigos y en las escuelas no había ni tizas ni borradores y el atraso sentó su imperio sobre nuestros niños y jóvenes. Vino el primer Plan Decenal en el 92 y seguíamos sin recursos. Aprobamos la Ley de Educación en el 97 instituyendo el anhelado 4 por ciento, y tuvimos que marchar durante 15 años más, entonces bajo paraguas amarillos, integrados hasta a las escenografías televisivas.

En la campaña electoral del 2012 el empoderamiento ciudadano obligó a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de cumplir la ley, hasta el del mismo partido que durante tres períodos de gobierno había ignorado tan justa demanda. Gracias a todo eso ahora enarbolan como máxima realización la construcción de miles de aulas, estancias infantiles, jornada escolar extendida, desayuno y almuerzo en las escuelas y dignificación de la condición de los docentes.

Era mucho más fácil convencer de lo que ya se había generalizado en el mundo, y en América Latina, donde el promedio destinado a educación era del 5.5 por ciento del PIB. Eso no quiere decir que necesitemos otros 15 años de marcha, porque ahora el empoderamiento ciudadano es muchas veces superior. La mayor marcha por el 4% congregó en el 2011 apenas 10 mil personas, la del domingo la superó más de veinte veces.

Hay que seguir marchando sin detenernos, mantener la salud física y mental y vencer la resistencia de quienes llegan al extremo de coger nuestro dinero para intentar tapar las portadas de todos los diarios en un vano intento de ocultar las imágenes que las redes sociales y la televisión habían mandado a millones de dominicanos y dominicanas y a todas partes del mundo.

La próxima coyuntura electoral será para el movimiento verde lo que fue la del 2012 para el 4 por ciento, si no nos cansamos de marchar, cada mes en alguna ciudad, que en Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Moca, San Pedro, Azua, Cotuí, reproduzcan las multitudinarias marchas del año pasado. Si seguimos sumando miles de todos los sectores y condiciones sociales, como el domingo, alguien tendrá que demostrar un firme compromiso contra la corrupción y la impunidad para conseguir legitimidad de gobierno.

No venceremos con las armas ni el disturbio, ni podremos tumbar el gobierno, pero sí obligar a un cambio de curso para ahorrarnos los 96 mil millones de pesos que Oxfam documentó como costo para este año de la corrupción, la malversación y el clientelismo. Luchar sin desesperación, pero con firmeza por rescatar las instituciones judiciales, el ministerio público, y los organismos de control y fiscalización secuestrados por la política del enriquecimiento infinito y la perpetuidad del dominio político.

Marchemos cantando a Antonio Machado: “Son buenas gentes que viven/
laboran, pasan y sueñan/y en un día como tantos/descansan bajo la tierra”., convencidos de que “caminante, no hay camino/se hace camino al andar/ que son tus huellas el camino y nada más/caminante no hay camino, sino estelas en la mar…”.

El predominio de la imposición

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Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Un genio llamado Tommy

A2Por Juan Bolívar Díaz

            A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), logró durante por lo menos diez años que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.

Fueron contrataciones por más de cinco mil millones de dólares, que implicaron una treintena de adendas para elevar hasta tres veces los costos originales contratados, en una fina labor, sin dejar huellas. El solito sobornado por Odebrecht, como un verdadero mago del ritmo, lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencias, cuantos contratos  y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Desde luego, hubo una excepción en su currículum, las plantas de Punta Catalina, obra emblemática del presidente Danilo Medina, para la cual no fue necesaria su convincente eficacia, aunque involucraba poco más de dos mil millones de dólares. Como era muy extenso el contrato de 3 mil páginas, más de 700 sin traducir del inglés, fue exonerado de lectura y aprobado, aunque el poder presidencial a un tal Rubén Jiménez Bichara, para firmar tal contrato, fue emitido el 16 de mayo del 2014, un mes después de ser suscrito el 14 de abril.

Con apellido de Galán, Tommy Alberto se comportaba sin mayores ostentaciones, a diferencia de otros legisladores y dirigentes de su partido, pero detrás de esa carita engalanada de yo no fui, se ocultaba un verdadero genio de la manipulación política, generador de un lodazal que obligó al Rey de la selva a vivir de salto en salto para no enlodarse, como hubo de confesar cuando comenzó el drama hace un año.

Su trabajo fue tan fenomenal que rebasó los límites senatoriales para abarcar a la Cámara de Diputados, donde él había estado en el periodo 2002-06, y allí tuvo que emplearse a fondo, porque eran cinco veces más que los senadores, para que aprobaran todos los contratos y adendas, aunque en esa cámara había cierta proporción de opositores, entre ellos algunos tan extraños como los Tolentino, Arnauld  y Paliza, o tan díscolas como las Minou y Guadalupe. A los diputados no hubo que sobornarlos , o fueron más geniales aún que Galán y no han sido localizados ni por los nuevos Sherlock Holmes.

Para atrapar a Tommy tuvieron  que caerle atrás “más de 50 personas dedicadas por más de un año” del tremendo Alain con todo y la lámpara de Aladino, en una minuciosa labor contabilizada en “más de 130 mil horas, que examinaron más de 800 mil transacciones y operaciones financieras, que resultaron en más de mil páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas”, como parte de una investigación que “contiene mil 711 pruebas” contra él y otros seis acusados.

Pero por su genialidad, Tommy tiene que tener bien ocultos gran parte de los 83.2 millones de dólares que Odebrecht le mandó para sobornos a su Angel repartidor entre el 2007 y el 2015, cuando el senador era el único sobornado en el Congreso Nacional, para contratar y aprobar contratos por más de 4 mil millones de dólares. Porque  Alain sólo logra documentarle un inmueble de 4 milloncitos de pesos, una parcela de 6 mil metros cuadrados en Jarabacoa, que debió costarle 2 millones de pesos,  y acciones sin cuantificar en la empresa Galán, Grullón y Montás.

Fue genial este Tommy, pues engañó a dos presidentes de la República y embaucó a todos sus compañeros senadores y a todo el liderazgo del PLD, tanto que todavía ni siquiera le han reprobado ni suspendido como miembro de su Comité Central. Hay que erigirle un monumento por sus geniales capacidades para bañarse y guardar las ropas, lo que aparentemente no supo hacer su compañero el tesorero del partido, tampoco descalificado por la exitosa y gloriosa institución política.-

Otro desafío a la Procuraduría

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¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

El valor de los pactos y palabras

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Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que tantos incentivan al presidente Danilo Medina, para que prosiga la senda del viejo camino continuista prolongador de miserias institucionales, como si algún mandatario lo necesitara,  y cuando muchos otros dan por irremediable que el poder es una droga que no se cede ni abandona, conviene apelar al valor de los pactos y las palabras empeñadas con cara seria y discursos ante el pueblo dominicano.

Se que estos párrafos apenas lograrán una sonrisa de conmiseración de aquellos que los considerarán sueños de idealistas o necio reclamo de opositores impenitentes, pero prefiero correr ese riesgo y aferrarme al Danilo Medina que traté en los años 2007-12, cuando luchó valientemente contra el viejo camino lacerante  de la institucionalidad democrática que encarnaba entonces su compañero Leonel Fernández, sobre todo después que en el 2008 proclamó “me venció el Estado”. Lo sentí tan humilde que me permití darle consejos estimulantes de la perseverancia y la racionalidad que lo llevó al poder en el 2012.

Creo que ha llegado el momento de apelar al compromiso que contrajo a nivel personal y nacional de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Si Danilo concluye su obra gubernamental dentro de dos años, como es su compromiso institucional, podría reivindicar el valor de su palabra y terminar con algunos logros importantes, sobre todo su inversión en educación, aunque con serias deficiencias institucionales, pocas soluciones estructurales, en corrupción y profundización del clientelismo.

Pero desconocer los pactos y las palabras que lo atan a este último período gubernamental conllevaría un alto costo de ruptura democrática institucional, comenzando por su propio partido, de una mayor corrupción política, de imposición, con riesgos de desatar fuerzas adormecidas y cosechar un tropiezo como el de Joaquín Balaguer en 1978 o el de Hipólito Mejía en el 2004.

Desconocer su propia Constitución, la del 2015 que él auspició para buscarse un segundo y último período de gobierno, degradará a Medina al nivel de los más ambiciosos de nuestra historia, dejando su palabra profundamente devaluada. Ya el 17 de junio de ese año, en un discurso a la nación, aceptó que estaba cambiando su posición, pero bajo el compromiso de que si era reelecto en el 2016, “no podré ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República”.

Así quedó consignado en la vigésima disposición transitoria de su Constitución: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período  constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”, Reiteró ese compromiso en la campaña electoral y al comienzo del actual período.

Me cuento entre quienes mantienen la esperanza de que Danilo Medina no renegará otra vez de las convicciones que expresó reiteradamente entre el 2007 y el 2015,  y que no pretende desconocer el gran pacto nacional de la Constitución, ni el que suscribió en el Comité Político de su partido. No puede desconocer su propia Constitución ni volver a modificarla con los mismos actores y para exclusivo beneficio personal.

Si alguna duda tenía el ciudadano Danilo Medina debe quedar edificado con el resultado de la acreditada encuesta Gallup-Hoy publicada esta semana, donde dos tercios de la población, el 67 por ciento,  manifiesta oposición a que modifique la Constitución para seguir reeligiéndose. Vale recordarle que la misma encuesta recogió un 61 por ciento favorable a la reforma que se ejecuto hace tres años, como apareció en HOY del 9 de febrero del 2015.

Si es cuestión de honor cumplir la palabra repetidas veces empeñada, hay que recordarle al ciudadano Medina que es mil veces superior la obligación de acatar los supremos mandatos de la Constitución, y en este caso la suya. Si ningún pretexto.

Y que me perdonen los pragmáticos y realistas.-

 

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El cinismo del ministro Fadul

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Por Juan Bolívar Díaz

            Como en este caso no se le puede atribuir ignorancia habría que convenir en que el Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ha roto los parámetros del cinismo al anunciar que enviará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que violen el código laboral en la limitación al 20 por ciento en el empleo de extranjeros.

Hay tres razones fundamentales para estimar como cínica tal propuesta: que todavía no han aplicado las sanciones que él considera benignas, que habría que comenzar por su mismo gobierno y que hace tiempo que se hizo tarde para conseguir que los dominicanos integren siquiera el cincuenta por ciento de la mano de obra en la agropecuaria y la industria de la construcción, dos de los mayores empleadores.

El planteamiento del también miembro del Comité Político del partido gobernante es otra expresión de la hipocresía y la ineficiencia con que se afronta el desorden inmigratorio, responsabilidad de quienes han gestionado el Estado durante el último siglo, y en especial en lo que va de este cuando alcanzó dimensiones irritantes y conflictivas.

Para fundamentar su proyecto, Fadul debió informarle al país cuántos empresarios, grandes, medianos o pequeños, han sido procesados y condenados por violar el límite del 20 por ciento en la contratación de extranjeros, y si alguno ha pagado sanción económica. Si hubo algún caso, se trató de una discriminación, porque hace muchos años que los productores agropecuarios reconocen que dependen en más de un 70 por ciento del trabajo de los haitianos, y los de la Construcción en más de un 60 por ciento. En muchos renglones y casos la proporción es inversa: 80 por ciento extranjeros y 20 dominicanos.

Fadul sabe que el primero y uno de los mayores empleadores de haitianos, sin ningún límite, ha sido y sigue siendo el Estado. No sólo cuando concentraba la mayor parte de la producción de azúcar, sino para todas las obras públicas, fueren tan grandes como el acueducto y el metro capitalino, o los proyectos modelos de viviendas de La Nueva Barquita y Boca de Cachón, este último construido por el gobierno de Danilo Medina  con 90 por ciento de mano de obra haitiana.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Vivienda, Susi Gatón, ha dicho responsablemente que si se pone en vigencia la amenaza de Fadul se paralizará la industria de la construcción, porque depende de la mano de obra haitiana. Y precisó que no sólo la privada, sino también la pública y la mixta, poniendo de ejemplo la tan manoseada “Ciudad Juan Bosch” en construcción.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández fue igual y cuando se publicó que eran haitianos los que ampliaban las edificaciones de la cancillería de la República,  Diandino Peña dijo que si la querían concluir no había alternativa. En otra ocasión declaró con admirable sinceridad que sin el trabajo de los haitianos no habría metro.

Antes que Fadul pierda su tiempo apelando al Congreso, como es el ministro de Trabajo, lo que debe hacer es una prueba aplicando las actuales sanciones benignas, sometiendo a la justicia a todos los violadores del límite del 20  por ciento. Pero sin discriminación, lo que implica a las obras públicas o donde haya incentivos estatales.

Pero él sólo trata de calmar  las tribunas alarmadas por la incontrolada inmigración haitiana. Y sabe que el problema es complejo, porque miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, constructores, y operadores de redes de vendedores ambulantes y ciudadanos prefieren, hasta en el trabajo doméstico, una mano de obra excedentaria, sin capacidad para reclamar, generalmente con menores salarios, sin pagársele la seguridad social ni dejarle  acumular prestaciones, sin límites de horarios ni días laborables.

Hace muchos años que ya debimos controlar la inmigración, pero sin hipocresía ni engaños, comenzando por el negociazo del tráfico humano en la frontera y aplicando sin algarabía, sin odio ni abusos, todo el régimen legal que nos hemos dado.-

¿Por qué nos evalúan tan mal?

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Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.