Otro desafío a la Procuraduría
Tag Archives: Cámara de Cuentas
Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.
No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación
La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.
La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.
La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total
En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.
Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.
El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.
Suave aterrizaje en la JCE
La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.
Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.
Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.
Salvar la gobernabilidad
Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.
Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.
Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.
Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido
Por Juan Bolívar Díaz
La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.
Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.
$10,941 millones en 18 años.
Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.
En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.
Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.
Tremenda desigualdad.
Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.
Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.
Burlan Constitución y leyes.
Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.
Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.
Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.
Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.
Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.
Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.
La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.
Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-
advierte deterioro del estado de derecho
Por Juan Bolívar Díaz
Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.
Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.
Ley de la conveniencia. Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.
Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.
Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.
Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.
El Constitucional y la JCE. Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.
Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.
Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.
Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.
Del régimen electoral. El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.
Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.
Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.
Las pobres cuentas municipales
Por Juan Bolívar Díaz
Ningún impacto en la opinión pública tuvo la revelación esta semana de un estudio de la Cámara de Cuentas de la República sobre la administración de los recursos nacionales en los 155 municipios y 230 distritos municipales en los que se ha mini fragmentado el territorio nacional para que el reparto de lo público alcance a un mayor número de clientes, aunque sea con un pedacito del pastel.
Las violaciones a la ley 176-07 que debe regir las entidades municipales, y a las más elementales normas de administración y control de ingresos y gastos son como para que se dispusiera la intervención de una alta proporción de los cabildos. Pero aparentemente no hay autoridad preocupada por sancionar la malversación de los fondos públicos. Al fin y al cabo a los ayuntamientos y distritos municipales sólo llegó el 4.7 por ciento del total del gasto gubernamental en el esplendoroso año 2012, aunque la ley establece que deberían recibir el 10 por ciento.
No faltarán algunos cínicos que pretendan justificar el arrebato de la mitad de lo que corresponde a los municipios, bajo el argumento de que ellos no llevan cuentas claras de ingresos y mucho menos de los gastos. Pero entonces la ciudadanía debería negarse a pagar impuestos, habida cuenta que el país encabeza las 144 naciones incluidas en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial en malversación de los fondos y en favoritismo de los funcionarios públicos, lo que se expresa en gran medida en el gobierno central y la mayoría de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado.
Ante todo hay que resaltar la fragmentación territorial y poblacional patente en el estudio. Menos de la tercera parte de los municipios, cuarentiocho, cumplen el requisito legal de tener más de 15 mil habitantes y de generar ingresos propios de al menos el 10 por ciento de su asignación del presupuesto nacional. De los distritos municipales apenas 11cumplen con el requisito de más de 10 mil habitantes y generar ingresos propios del 10 por ciento, y de los 230 sólo 47, el 20 por ciento, alcanzan la población mínima legal.
Los ayuntamientos administraron el año pasado 19 mil 165 millones de pesos y los distritos 16 mil 174 millones, la mayoría sin cumplir las normas de los registros contables y financieros y los procedimientos de control de gastos, compras y pagos, lo que, según el informe de la Cámara de Cuentas, imposibilita el debido monitoreo. Desde luego, como se trata de parcelas del Estado que se utilizan para mantener maquinarias políticas clientelistas y familiares, se detectan serias discrepancias en sus nóminas de empleados y las registradas por la Contraloría General de la República. Hasta en distritos municipales con ínfimos presupuestos se pueden encontrar nominillas paralelas. Y la cantidad de empleados no guarda relación con los servicios municipales.
Según el estudio, el 85 por ciento de las entidades municipales no cumplen el mandato legal que limita el gasto de personal al 25 por ciento de los ingresos y en el 98 por ciento se gasta menos del 40 por ciento que según la ley deberían destinar a obras de infraestructura.
El presupuesto participativo que hace unos años creó tantas ilusiones ha venido en retroceso y sólo 53 municipios y 36 distritos municipales lo mantienen, sin que la investigación arrojara evidencias de que se le da seguimiento a los compromisos contraídos con la comunidad.
Lo que refleja el estudio de la Cámara de Cuentas es que las entidades municipales se administran a la conveniencia de sus autoridades, que se han afiliado al pragmatismo político de las nominillas, del nepotismo, y de la malversación sin escrúpulos de los fondos públicos. Todo ello al amparo de la impunidad prevaleciente en el país, donde no se sancionan ni los peores escándalos.
Lo peor es que la conciencia nacional parece anestesiada con tantas irregularidades y violaciones de las leyes fundamentales. Por eso llamó poco la atención el informe de la Cámara de Cuentas. No se ve razón alguna para que no prosiga la fiesta nacional de la malversación.-
Dos inversiones escandalosas
Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno ha inaugurado recientemente dos obras construidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con costos verdaderamente escandalosos, que ameritan una auditoría de la Cámara de Cuentas, y explicaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) que en el pasado tanto se ocupaba de la pulcritud en las construcciones públicas.
A principios de mayo pasado fue inaugurada una cárcel construida en Higüey con inversión de mil 200 millones de pesos, cinco veces los 242 millones de pesos que costó una similar que edificó la Procuraduría General de la República en Moca, puesta en servicio a fines del 2009. El segundo escándalo lo constituye el edificio de estacionamiento de vehículos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inaugurado el primero de junio con un costo de mil millones de pesos, que según constructores privados debe estar sobrevaluado en cien por ciento.
Ambas edificaciones tienen en común un largo período de construcción. La cárcel de Higüey fue iniciada en el 2005, después que unos 140 presos hacinados en una ergástula murieron quemados. El estacionamiento de la UASD fue de la decena de obras contratadas en el 2006, que serían construidas en 18 meses con los famosos pagarés por 130 millones de dólares que el gobierno puso en manos de la Sun Land. Entonces apenas se removió tierra para las edificaciones contratadas por la OISOE, porque como debemos recordar, aquello fue una verdadera estafa nunca esclarecida ni sancionada.
Las dos cárceles son recintos modernos, amplios, con todas las áreas que demanda un centro de rehabilitación, como los que viene auspiciando la Procuraduría General de la República, en un nuevo modelo penitenciario iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que se ha desarrollado durante la gestión de Leonel Fernández, con el entusiasmo del doctor Radhamés Jiménez Peña y su extraordinario equipo.
Las dos edificaciones son bastante similares e incluso la de Moca tiene una capacidad ligeramente mayor, ya que puede albergar mil 200 internos, mientras la de Higüey albergaría mil 152, es decir 48 menos, aunque mucho más espaciosa, con mayor extensión en áreas recreativas y deportivas, y un sistema electrónico de seguridad.
Pero no hay explicación ni justificación para que el recinto de Higüey haya costado cinco veces más, a no ser que la Procuraduría es un modelo de austeridad y la OISOE por lo menos de dispendio. Por cierto que mientras la del costo escandaloso tomó seis años, la de Moca se hizo en el tiempo récord de diez meses.
El parqueo de la UASD tiene que ser uno de los más costosos en su género en cualquier parte del mundo. Baste considerar que con capacidad para estacionar mil 248 vehículos costó mil millones de pesos, lo que significa 801 mil 282 pesos por cada estacionamiento, motivo de escándalo entre ingenieros constructores consultados. El costo de construcción ha salido a 35 mil 975 pesos por metro cuadrado, lo que casi duplica el de una torre de Gazcue o Naco, que anda por los 20 mil pesos, sin contar costo del terreno ni impuestos, como tampoco lo hubo en el parqueo de la UASD.
Desde luego, hay que tomar en cuenta que las torres están divididas en apartamentos con terminación de mármol o granito, con puertas y ventanas de maderas preciosas, entre tres y cuatro sanitarios por apartamento, balcones, piscina, jardines, áreas de entretenimiento y plantas eléctricas. El estacionamiento de los mil millones es cemento pulido y pintado, en siete galpones superpuestos y ascensores.
No hay manera de asimilar que se haya invertido mil millones de pesos en un edificio de estacionamiento en una universidad donde faltan pupitres, escritorios para maestros, aulas ventiladas, laboratorios y hasta sanitarios. Si esto no es malversación, hay que inventarle algún calificativo más adecuado, mientras discutimos el nuevo paquete impositivo.
Sólo Leonel ganó; el 44% no eligió
Por Juan Bolívar Díaz
Tal como se temía, el balance de las elecciones congresionales y municipales es devastador para la institucionalidad democrática nacional, al concentrar todos los poderes del Estado en manos del presidente Leonel Fernández, quien utilizó todos los recursos públicos a su alcance para afianzar un proyecto de larga dominación política.
El resultado electoral deja mal parada a una ineficiente oposición encarnada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), prosigue la liquidación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) afianzando el bipartidismo y deja con escasa representación a los restantes 23 partidos políticos.
Un solo ganador: Leonel. Por más vueltas que se dé al resultado de los comicios del domingo 16, sólo se encuentra un ganador, el presidente Leonel Fernández, quien se lanzó con todo el poder del Estado a la campaña electoral hasta lograr su anhelada barrida en el Senado de la República, concentrando 31 de sus 32 escaños, con el otro en manos de un aliado y dejando fuera a la oposición perredeísta.
Con 105 de los 183 diputados, la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Congreso será durante seis años de 136 curules. Si le suman los 4 de su aliado PRSC, totalizan 140, faltándole 4 para las dos terceras partes necesarias para decisiones importantes como modificar la Constitución de la República, si lo creen necesario para que el presidente Fernández pueda optar por otra reelección en el 2012, como se reclamó durante la reciente campaña electoral cuando él recorría pueblos y carreteras.
Esos 4 votos son insignificantes para cualquier gobierno dominicano. En 1998 el PLD sólo tenía un senador y 14 diputados y pretendió modificar la Constitución para poder reelegirse. Falló por un puñado de legisladores que no pudieron convencer. En el 2002, el Gobierno de Hipólito Mejía lo logró conquistando el apoyo de 12 peledeístas, que terminaron expulsados, y de las tres cuartas partes de 36 perredeístas que se habían opuesto.
Las mayorías congresionales de ahora permitirán al presidente Fernández conformar a su imagen y semejanza los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, y tener el control total del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que le garantiza también imponerse en la pendiente reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.
También podrán modificar unilateralmente decenas de leyes que deben ser adecuadas al nuevo marco constitucional, además de que se garantiza proseguir la carrera de endeudamiento interno y externo y las reformas tributarias que precisará el Gobierno para cubrir su déficit fiscal. En resumen: el poder total.
Un nuevo mago político. Para todos los analistas es claro que tal resultado fue posible por el uso y abuso de los recursos del Estado, sin la menor inhibición ni recato, pero merece crédito la eficiencia con que el Gobierno y el PLD planificaron y ejecutaron su barrida electoral, con una aplastante e inequitativa propaganda que incluyó el monopolio de decenas de emisoras de radio y TV al concluir la campaña electoral. La inversión y el gasto público fueron subordinados desde comienzo del año al interés político, lo mismo que los planes sociales del Gobierno, y se manipuló a gran parte del millón y medio de los beneficiarios de los subsidios estatales, los que en muchos casos eran llevados a votar, listados en mano con asombrosa rigurosidad.
Hasta los observadores internacionales preguntaron insistentemente las razones por las que el presidente Fernández se lanzó a las calles con todo el Gobierno, cuando se trataba de una elección de legisladores y munícipes. La única explicación es que el país asistía a la consagración definitiva de un nuevo mago político. El mensaje es obvio para todos los peledeístas: que no pueden desperdiciar su principal activo político, capaz de lograr una barrida electoral total pese al desfavorable escenario económico internacional.
Fernández queda no sólo como líder indiscutible del PLD, sino también de otros 13 partidos aliados electorales. Es cierto que su partido vio reducido el porcentaje de votos, del 46.35% en 2006, al 44.94 en 2008 y ahora al 40.82%. Pero sus aliados le aportaron 455,891 sufragios, el 25% del millón 804,727 votos que acumuló junto a sus aliados, para un 54.62%, en ascenso en relación al 52.31 de 2006 y al 53.83% de 2008. El escenario que se montó en Villa Juana para que el doctor Fernández votara fue simbólico del nacimiento de un nuevo líder providencial.
Creció abstención. Es relevante que sólo el 54.02% de los empadronados participó en la elección de los legisladores, 2 puntos menos que el 56.23% de 2006. El 2.37% fueron anulados, muchos por haberse abstenido votando por ninguno o dejando la boleta sin marcar. Los votos válidos sumaron 3,304,224. Hace 4 años representaron 56.23%.
En otras palabras, el 46% de la población no hizo valer su voto, 44% ni siquiera asistió, 2 puntos más que en 2006. En los tres grandes conglomerados urbanos del país, Santo Domingo, DN y Santiago, los abstencionistas pasaron del 50 por ciento, pero hubo provincias como Independencia, Ocoa, Dajabón, Azua y Santiago Rodríguez donde los concurrentes pasaron del 70%.
El mapa de la abstención sugiere que los sectores de bajos ingresos tuvieron alta proporción de participación, estimulados por las dádivas que caracterizaron la campaña electoral hasta la jornada misma de votación, así como por el temor a perder los subsidios estatales. La participación fue menor en las provincias de fuertes clases medias, incluyendo a San Pedro, Monseñor Nouel, La Romana, La Vega y Peravia. El resultado electoral fue devastador para los partidos minoritarios que en su mayoría quedan reconocidos sólo por haberse aliado a los dos grandes. Ninguno de los 5 que concurrieron solos logró alcanzar el 1% para obtener alguno de los 5 diputados por acumulación nacional de votos.
Tampoco serán atribuidos a los otros 19 pequeños, porque sus aliados, PLD y PRD, obtuvieron representación, pero contradictoriamente se les suman a éstos, gracias a la vocación acaparadora, excluyente y contradictoria que determinó la ley que los rige. Como consecuencia de la mayor concentración del voto en el bipartidismo, organizaciones políticas alternativas y candidatos de nuevo perfil vieron frustradas sus expectativas de representación en el Congreso, siendo relegados a las regidurías y a los cargos de los distritos municipales.
(Todos los resultados son exclusivamente en base a la boleta congresual).
El PRD no logró avanzar Es obvio que de cara a la alianza que encarna el PLD bajo el liderazgo de Leonel Fernández el PRD no logró avanzar en el 2010 para triunfar en el 2012, como se propuso. En la votación para el Congreso obtuvo 38.45%, casi similar al 38.57 de las presidenciales del 2008. Con el voto de sus aliados, que le aportaron 113, 789 votos, mejoró más de un punto, al pasar de 40.48 en el 2008 a 41.89% ahora.
Pero el haber quedado sin representación en el Senado por primera vez en su larga historia, configura un fuerte revés para el perredeísmo, que en consecuencia pierde escenario en el Congreso y verá reducida su influencia en el Consejo Nacional de la Magistratura con sólo uno de sus 8 integrantes.
En ese marco no se puede hablar de avance por haber incrementado sus diputados de 60 a 75, y las alcaldías de 52 a 57, incluyendo muchas importantes, si su principal contrincante también creció significativamente, de 24 a 31 senadores, de 96 a 105 diputados y de 67 a 92 alcaldes. Ambos partidos se nutrieron del PRSC que prosiguió su proceso de reducción, asimilado por el peledeísmo.
Es generalizado el criterio de que el nuevo PRD sufrió un serio tropiezo al no haber podido capitalizar el desgaste del Gobierno, por una ineficiente oposición determinada por el pacto de Miguel Vargas Maldonado con el presidente Leonel Fernández, que sólo benefició a éste. No lograron atraerse el voto de los insatisfechos, y lo peor parece haber sido la designación de dedo de gran proporción de sus candidatos, especialmente de los 32 para senadores fracasados. Es significativo que fueran derrotados su secretario general, Orlando Jorge Mera, en Santiago, y su secretaria de Organización, Geanilda Vásquez, para diputada en el DN. Los reformistas vieron reducida una vez más su cosecha electoral al obtener el 6% del sufragio, poquito más de la mitad del 10.96% de hace 4 años, aunque con incremento del 1.5% en relación a las presidenciales de 2008. Sólo consiguieron un senador, 3 diputados y 4 alcaldes en su propia boleta, y según estimados una docena más en la alianza con el PLD, aunque varios a medias.