2021: renovación de la esperanza

Por Juan Bolívar Díaz

            Toda la humanidad debe ser convocada a una renovación de la esperanza, con firmes propósitos de enmiendas, en la aurora del 2021, después de un año terrible que nos deja sumidos en la peor crisis de salubridad, con repercusiones económicas y sociales que aún no podemos predecir en toda su magnitud, pero que requerirá de varios años de esfuerzos infinitos para alanzar la recuperación.

            Las perspectivas lucen más aciagas para países como el nuestro, con marcados atavismos en la salubridad y la asistencia, con una estructura tan desigual y atrapado por el galopante endeudamiento de la última década, en el que se fundó un crecimiento económico con pies de barro. Ya este año, para ofrecer precaria asistencia a cientos de miles de desempleados y amortiguar el galopante empobrecimiento, hubo que incrementar el endeudamiento, y lo mismo se proyecta para el nuevo año, en términos que obligarán a profundas reformas para hacerle frente a partir del 2022. Hay quienes creen que ese nivel de subsidio, ya extendido al primer trimestre, no podrá sostenerse por más tiempo. 

            Es comprensible y hasta ponderable que las autoridades se hayan empeñado en proyectar optimismo para incentivar la reanudación de actividades económicas y nuevas inversiones que contribuyan a paliar el creciente desempleo. Pero lo que nos espera en los próximos meses es ciertamente una ingente tarea de concertación, con los máximos niveles de austeridad, comenzando por el gasto público, pero también el privado en todas sus dimensiones.

            El desafío no es sólo al gobierno central, sino a todas las instituciones del Estado, las autónomas y descentralizadas, donde los gastos de representación, las dietas, los altos salarios y compensaciones alcanzan a menudo niveles de privilegios irritantes. Incluye también a los demás poderes del Estado, especialmente al Legislativo, donde se impone la supresión de barrilitos y cofrecitos clientelistas y de ventajismo político.

            Los dominicanos y dominicanas podemos superarnos, y de hecho en el año que concluye, por encima de la pandemia que nos asola, la sociedad recogió energías suficientes para lograr lo que para muchos parecía imposible, imponer un proceso electoral donde prevaleciera la voluntad popular por encima de la inmensa maquinaria de poder que se había impuesto avasallando las instituciones y reduciendo la calidad de la democracia.

            Al pasar balance no podemos olvidar que una gran proporción de la ciudadanía se movilizó clamando por poner límites a la corrupción y a la impunidad que le ha sido consustancial en dimensiones vergonzantes mostradas en todas las evaluaciones internacionales. A la sociedad dominicana se le arrebató inmensas partidas del erario que debieron contribuir a superar pobreza y generar riqueza colectiva.

            El año termina con una renovación de la esperanza de que es posible un Estado mejor organizado, más transparente y con instituciones que operen por encima de los intereses políticos grupales y de las minorías privilegiadas, para beneficio de toda la sociedad. 

            Pero todos debemos ser conscientes de que la cultura política de la apropiación de lo público está muy arraigada, que tiene incentivos de sectores políticos y privados, y en cualquier momento reaparecerá. Por esa razón hay que seguir avivando la llama de las transformaciones, y mantener la cuerda tensa en defensa de un Ministerio Público independiente y de un sistema judicial que requiere transformaciones. Lo primero a vencer es la impunidad, si queremos poner límites a la corrupción, más difícil de eliminar por completo.

            Recuperemos la vieja consigna de año nuevo, vida nueva, con seres humanos renovados. Urge que todo el mundo asimile la lección que ns ha dado la naturaleza con la pandemia del Covid 19, y se fortalezcan los programas de preservación del medio ambiente y se combata con eficacia y determinación las grandes fuentes de contaminación. 

            Será preciso también que aparezcan nuevos liderazgos internacionales en defensa del planeta y se reactiven las confrontaciones ideológicas, y no las de las armas ni el terror, para generar chispazos que permitan reducir la extrema concentración de la riqueza que amenaza la convivencia humana. Es tarea es más perentoria a la luz de las repercusiones que nos deja la pandemia cuando apenas asoma una esperanza de contención.-    

Nostalgias y saudades en Navidad

                                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Esta es, sin la menor duda, la Navidad más penosa de nuestro tiempo, con un virus que ha enfermado a más de 77 millones de personas en el mundo, cobrando la vida de un millón 800 mil y proyectando un inconmensurable océano de pobreza y agravamiento de las exclusiones y precariedades en que sobrevive una alta proporción de la humanidad.

            El coronavirus sigue su arrolladora expansión, cuando con esperanza asoman las vacunas que podrían contenerlo en el próximo año, pero deja una secuela de lecciones y advertencias a una civilización que viene matando la tierra, con gases y deshechos contaminantes que rebasan el suelo y apestan las aguas fluviales y marítimas y a la voracidad por la acumulación y apropiación sin límites ni sensibilidad.

            En  este contexto nos encuentra la Navidad del inolvidable 20-20, que pasará a la historia como la más triste, con gran parte de las diversiones, conciertos, lugares de música, baile, bares cerrados, con deportes sin espectadores presenciales y en muchísimos lugares hasta con restricciones para la movilización y la reunión familiar. Por todas partes se respiran aires de fastidio, porque si algo queda dramáticamente comprobado en esta crisis es que los seres humanos no estamos hechos para el individualismo, el aislamiento y la coerción.

            Esa rebeldía debería sacudir las conciencias de quienes  quieren acaparar los bienes de la tierra, suprimir libertades y atropellar derechos a nombre de ideologías o credos religiosos fundamentalistas y fortalecer la vocación libertaria de hombres y mujeres para romper todas las cadenas que atan a inmensas comunidades.

            El panorama nacional está también altamente  contagiado, con cientos de miles de personas dependiendo de subsidios que no alcanzan ni la mitad del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, establecido sobre 17 mil pesos. 

            En estas navidades nos atrapan nostalgias y nos llenamos de saudades, evocando familiares y amigos y el ayer festivo, y soñando un mañana más armónico. Tendremos que contener los impulsos gregarios para evitar el agravamiento de la salubridad general, que el interés general se imponga sobre toda vanidad, exhibicionismo y prepotencia.

Entre las ausencias de esta Navidad están el bullicio de los aeropuertos y la saturación de los espacios de entretenimiento por los cientos de miles de dominicanos que en esta temporada vienen a reencontrarse con los suyos. Porque viven en los continentes pero sobrecargados de nostalgias isleñas, aferrados a los retazos de suelo, ternuras y cultura recibidos del terruño colocado en el mismo trayecto del sol.

Reverenciemos a la diáspora dominicana que pese a las precariedades universales ha remesado este año un promedio mensual de 668 millones de dólares, según las estadísticas del Banco Central, las cuales totalizaron hasta noviembre. 7 mil 347 millones de dólares, proyectándose sobre 8 mil millones al final de este mes, superando en más de 900 millones los 7,087 millones de dólares remitidos en el 2019. El aporte del año sería de 465 mil millones de pesos, cerca de todas las recaudaciones fiscales del período.  El promedio de incremento anual de la década ronda el 10 por ciento, que en la segunda mitad del año, después de dos meses negativos por la parálisis total, ha alcanzado tazas de hasta 36 y 37%, indicativas del valor de las aportes de los visitantes, porque al haberse reducido drásticamente los viajes este año, crecieron los envíos por los canales bancarios.   

Las remesas de la década 2010 aportaron al país 51 mil 315 millones de dólares a través del sistema bancario, y si le adicionamos los que traen personalmente los cientos de miles de residentes en el exterior, se aproximarían a los 60 mil millones de dólares, una cifra que cuestiona seriamente nuestro modelo económico y nos obliga a apreciar mucho más el trabajo de nuestros emigrantes. 

Las circunstancias invitan más que nunca a reencontrarnos  con el auténtico espíritu de la Navidad, que es la solidaridad, la fraternidad y el amor contenidos en la doctrina del más grande los profetas de la humanidad, que dividió la historia y por cuya recuerdo y principios celebramos estas festividades.       

Todos los días contra la corrupción

Por Juan Bolívar Díaz

El Día Internacional contra la Corrupción nos encontró ayer en el mejor momento en décadas de requerimientos sociales y esfuerzos para poner límites a la depredación y la apropiación del patrimonio público que han generado infinidad de riquezas en detrimento de la sociedad, especialmente de los más pobres y excluidos que requieren mucha inversión para mejorar sus condiciones de vida. 

El mérito no es sólo del gobierno que nos rige desde agosto, y de los fiscales que responden a la independencia que se les ha reiterado para sancionar todo abuso de los bienes comunes, sin miramientos políticos o sociales, sino especialmente de la ciudadanía que en los últimos años dio contundentes demostraciones de su hastío e indignación no sólo por la rampante corrupción y por la impunidad que la fomenta.

Durante casi dos décadas la celebración estuvo relegada a las organizaciones sociales, especialmente Participación Ciudadana (PC) que, desde la proclamación de la efeméride mundial, declaró como su prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad e instituyó un reconocimiento anual a las personalidades empeñadas en esa trascendente tarea. Pero anoche se  celebró con un acto en el Palacio Nacional en el cual el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la coherencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 58/4 decidió que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción».​

A propósito de la conmemoración de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, proclamó que “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”. Así ocurrió en el país, cuando a nombre del combate a la pandemia se produjeron graves escándalos de corrupción.

El presidente Abinader ha sido coherente con sus planteamientos programáticos, designando personalidades independientes y de méritos acumulados como Miriam German Brito y Yenise Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y de Carlos Pimentel para asumir la Dirección General de Contrataciones Públicas, una de las fuentes fundamentales del tráfico de influencia y la corrupción. Y además encargó la Dirección de Etica y Transparencia del Estado a dos símbolos de la honestidad y la lucha por el fortalecimiento institucional, como son la doctora Milagros Ortiz Bosch y el exsacerdote Mario Serrano.

El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas, pese a cientos de denuncias fundamentadas, como ha documentado PC en dos investigaciones.

Estamos sólo en el comienzo, porque todos sabemos que hay escándalos mayores bajo investigación y la sociedad no estará satisfecha hasta que las sanciones no sean excepción, casi siempre con pequeños. Es notable que los actuales gestores públicos están empeñados en cumplir la debida transparencia, pero nadie debe bajar la guardia porque hay una cultura política bastante generalizada de aprovechamiento político y personal de los bienes públicos, y es posible que  algunos estén esperando que baje la marea para aprovechar “su oportunidad”. 

Afortunadamente, el Presidente de la República parece el más consciente de que la barrida electoral de su partido fue consecuencia de la consciencia ciudadana sobre el inconmensurable costo económico, social e institucional de la corrupción que nos ahogaba. Luis Abinader está empeñado en iniciar una nueva historia en la gestión gubernamental, con el aliento de la Marcha Verde, de las ocupaciones de las plazas públicas aquí y por la diáspora dominicana, y de la larga lucha de instituciones sociales, personalidades y comunicadores. ¡Todos los días contra la corrupción!.-             

Jorge Cela y Dionisio Soldevila

Por Juan Bolívar Díaz

¡Caramba querido Jorge! Pero ¿cómo es que te has ido así sin decir adiós? Si hace apenas cuatro sábados en un extenso almuerzo celebramos tu vida, aquí en la que siempre fue tu casa, junto a Adita y nuestro querido José Luis Sáez, con la también grata compañía de Segundo Imbert y Cecilia García, y quedamos de volver a vernos pronto por aquí o en La Habana, donde decidiste vivir tus últimos años. Celebramos que acababas de saber que  era falso el diagnóstico de cáncer que te trajo al país.

Tu partida paralizó a tantos que te queríamos. Alguien quiso consolarnos con ese poema canción de Rubén Blades: “Todos vuelven a la tierra en que nacieron/ Al embrujo incomparable de su sol/ Todos vuelven al rincón de donde salieron/ Donde acaso floreció más de un amor”…

Aunque nació en Cuba hace 79 años, Jorge Cela era más que nada dominicano. Aquí vivió más de la mitad de su existencia, después de culminar sus estudios sacerdotales y una maestría en antropología social en universidades de España y Estados Unidos. Con nosotros se insertó en la Universidad Autónoma a comienzo de los setenta, donde una generación de cientistas sociales se nutriría de su sabiduría, de su profunda interpretación de los fenómenos sociales, de la antropología de la pobreza y la desigualdad, lo que combinaba con la docencia en el Seminario Santo Tomás, en el filosofado de los jesuitas y en el Centro Social Juan Montalvo.

Fue un sacerdote de alma, tiempo, y cuerpo completos, absolutamente coherente con el evangelio de Jesús. Por eso, junto a los también aguerridos jesuitas, Tomás Marrero y Pepe Olmos fundó parroquia en Guachupita y Los Guandules y allí vivieron con los pobres, promoviendo las comunidades eclesiales de base. 

A Cela se le recuerda entre los fundadores de Ciudad Alternativa y del Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que no sólo defendieron a los pobres que eran echados de la ciudad, sino que propusieron alternativas respetuosas de la dignidad humana. Estuvo en  iniciativas democráticas, como Foro Ciudadano y  Participación Ciudadana.

Maestro de la antropología y militante del cristianismo, Jorge Cela sufrió incomprensiones y estuvo en la mirilla de poderosos, pero nunca perdió el equilibrio, aferrado a una fe y unos valores que repartía en aliento a su alrededor. Catedrático universitario y al mismo tiempo líder de la barriada que escribía artículos y dictaba conferencia y una vez acuñó la frase “más de lo mismo” refiriéndose a un gobierno que nació con promesas de liberación. 

Su orden lo reconoció en vida. Fue director nacional del proyecto educativo popular Fe y Alegría, del que llegó a ser coordinador internacional, y en el período 2012-17 presidió la Conferencia Provincial de los Jesuitas en América Latina, primero con sede en Brasil y luego en Perú, donde tuve oportunidad de renovar los afectos.

Jorge, nos dicen que te marchaste tranquilamente, el corazón te traicionó y quedaste reclinado en tu asiento. Echaremos de menos tu buen humor y esas carcajadas y el recuerdo de las múltiples veces que me tocaba llevarte a Guachupita tarde de la noche tras largos intercambios de energías creativas, en los ámbitos universitarios, en Los Parlanchines o en nuestra casa. Pero sobre todo nos dejaste tu testimonio sacerdotal que mantiene viva la fe en el ideario de Jesús de Nazaret. 

Otra pérdida sensible de estos días ha sido la del doctor Dionisio Soldevila,  maestro de la medicina, investigador científico, gemialista y ser humano excepcional, comprometido con su tiempo. Fundador director de una revista científica que sustentó por una década. Dedicó gran parte de su vida a la lucha por la superación profesional y las reivindicaciones de los médicos, presidiendo varias veces la Agrupación Médica del Seguro Social y la Asociación Médica Dominicana. 

Nos legó dos notables periodistas María Isabel y Dionisio Soldevila, Además de Armando y le sobrevive su esposa, la doctora María Brea. Lo  recuerdo especialmente por una lección de humanidad cuando llegó a México en 1966 y me dejó dos invidentes víctimas de la guerra, para ser rehabilitados en una institución especializada. A Rafael Acosta y Basilio Alcántara tuve que enseñarles a trasladarse y vivir en la inmensa ciudad y apelar a la solidaridad de la pequeña colonia dominicana para sacarlos los fines de semana. Fue una de mis primeras grandes lecciones, que agradezco al doctor Dionisio Soldevila.- 

Ante una grosera manipulación

Por Juan Bolívar Díaz

            Es muy penoso que haya grupos y personas que desde que se menciona Haití o los inmigrantes haitianos reaccionan airados y son capaces de las más groseras manipulaciones para estigmatizar, promover exclusiones y atizar odios entre los dos pueblos que habitarán por siempre el espacio insular de 72 mil kilómetros cuadrados,  y por tanto condenados a entenderse.

            Es lo ocurrido con nuestro análisis publicado en HOY el 14 de noviembre, “Parece necesario renovar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE)”, donde se plantea la disyuntiva del nuevo gobierno con los 196 mil 471 inmigrantes, casi todos haitianos, que se acogieron al mismo desde el 2014 y cuyos carnets provisionales han vencido en el período 2019-20. Sin ningún fundamento algunos difundieron que se pedía la regularización de 500 mil haitianos y en las redes sociales lo equipararon hasta con la nacionalidad dominicana.

            En base a esas falsedades han renovado sus viejos reclamos de linchamiento por “traición a la patria”, y han convocado una “Gran marcha nacional contra la nueva regularización de 500 mil haitianos que propone Juan Bolívar Díaz”. Unos cuantos fanáticos colocaron en las redes decenas de mensajes de odio. Uno tuvo la osadía de escribir a mi correo electrónico bajo el seudónimo de ruddy.rom :“Traición a la patria. Jamás el pueblo te va perdonar por querer que el gobierno legalice a los haitianos ilegales, tu eres un hijo de puta! Tu vida no vale nada por traidor espero que un buen patriota te de pa,bajo”.

            La pretendida traición fue plantear que el PNRE ejecutado a partir del decreto 327-13 de Danilo Medina,  tras ser dispuesto por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado en un limbo. Con base en un documento oficial de la Dirección General de Migración se indica que en principio 288,481 se acogieron al llamado a regularización, de los cuales 28,508 no calificaron por falta de documento de identidad, pero 259, 973 fueron acogidos provisionalmente. Que de estos sólo 7,831 llenaron todos los requisitos y recibieron permisos de residencia temporal ordinaria, mientras 252,142 obtuvieron permiso temporal de No residentes, para que pudieran completaros.

            Entre 2016 y 2018 los carnets provisionales fueron renovados dos veces, se redujeron  porque muchos se fueron del país, pero quedaron 196,471 cuyos carnets ya quedaron vencidos, 12,779 en el 2019, y 183.701 a noviembre del 2020. Después de 6 años de esfuerzos e inversión de cientos de millones de pesos del erario nacional, sólo 14,763 tienen en la actualidad permiso para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5,916 como residentes temporales.

            Ante esas estadísticas oficiales, el análisis planteaba que “el nuevo gobierno tiene dos opciones, volver a renovar la provisionalidad vencida, o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus definitivo”. Planteaba  más complejidad para los 301 mil haitianos que según la Encuesta de Inmigración 2017 están en el país sin haberse acogido al PNRE,  y concluía que “lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares”. 

            Hasta personas racionales han creído la manipulación de la regularización de los 500 mil haitianos que según la ENI-17 vivían en el país, y llegan al extremo de condenar toda regularización, ignorantes de que el objetivo es controlar el desorden migratorio Desconocen  el decreto de Balaguer que en 1990 declaró de alto interés nacional un plan de regularización de extranjeros, la ley de Migración del 2004 cuyo artículo 151 lo dispone, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) del 2012 que lo reitera y hasta la polémica sentencia del TC 168-13 que lo ordena. 

            Para algunos fanáticos, defender el proceso de regularización es traición a la patria. Ignoran el artículo 23 de la Ley de END, que en su numeral 2.3.7 dispone “Ordenar los flujos migratorios conforme a las necesidades del desarrollo nacional”, asumiendo que los inmigrantes haitianos representan más del 75% de la mano de obra agropecuaria y del 60% en  la construcción, y que la buscan hasta para porteros de casas y edificios de apartamentos.            La END reclama el registro y control de los inmigrantes, atendiendo a la demanda del desarrollo nacional, pidiendo sanción a la trata de personas y al tráfico ilícito de inmigrantes, alinear los órganos del orden público con el marco jurídico y hasta “asegurar el respeto a los derechos humanos de la población inmigrante”. ¿Es o no una ley, consensuada tras diez años de consultas y debates?                    

Signos indiscutibles de pobreza

Por Juan Bolívar Díaz

            En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en  los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

            Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

            Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales. Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

            Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana. Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

            Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.  

            Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas, 11,500, y de  hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos. 

            Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma. 

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza. 

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor. Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!                   

Aún no podemos bajar la guardia

Por Juan Bolívar Díaz

            Los boletines del Ministerio de Salud Pública y los reportes de los medios de comunicación muestran un avance significativo en el control del coronavirus en el país, pero la experiencia a nivel internacional indica que aún no es tiempo de bajar la guardia, y que, por el contrario. debemos incrementar las previsiones para llegar al 2021 en mejores perspectivas, no sólo de salud, sino también económicas y sociales.

            Gran parte de la población nacional no está plenamente consciente de la gravedad de las repercusiones económico-sociales de la pandemia que asola el mundo, y pone patas arriba hasta las economías dominantes. El loable esfuerzo de las autoridades por insuflar optimismo conlleva la debilidad de que muchos no alcanzan a captar las dimensiones de la crisis y su daño en el cuerpo social dominicano.

            Una comparación de los boletines cada 30 días entre julio y noviembre, no deja duda de los avances que ha logrado el pueblo dominicano en el control del Covid-19, desmintiendo la persistente difusión pesimista de que somos lo peor del mundo, los más indisciplinados, especialmente cargando contra los sectores populares, que en un 99 por ciento han observado los rigores del toque de queda, como también demuestran las estadísticas. Es cierto que en algunos barrios se han verificado fiestas y francachelas, pero lo mismo en los segmentos de clases medias y altas, sólo que en estas últimas se realizan en sus amplios espacios interiores. 

Junio y Julio registraron una situación extremadamente crítica. El boletín 115, del 11 de julio mostró 1,418 contagios, pasando estos de 44,332 a 81,094, un mes después,  en el boletín 145 del 10 de agosto, con un incremento promedio diario de 1,218. Entre el 8 de octubre, boletín 205, y el 9 de noviembre, boletín 235, los contagios crecieron en 12,589, con una reducción promedio diario a la tercera parte, 420.

Por igual entre julio y agosto los decesos pasaron de 897 a 1,346, incremento de 449, con promedio diario de 15. Entre octubre y noviembre, los fallecimientos se incrementaron en 100, de 2,167 a 2,267 promediando diariamente sólo 3.3.

Cuando se verifica la tasa de positividad, es decir la proporción de contagiados por pruebas realizadas, en julio registró de 26.11 por ciento, que subió en agosto alarmantemente a 33.5, para caer en septiembre a 18.21, en octubre a 12.07, y descendiendo a 9.97% el 10 de noviembre. Por igual ha caído la tasa de letalidad, es decir la proporción de fallecidos en relación al número de contagiados, de 2.01 en julio a 1.66 en agosto, volvió a 1.89 en septiembre, a 1.84 en octubre y registró 1.74 por ciento en noviembre.

En otras palabras que la curva ascendente de contagios y fallecimientos se ha  inclinado hacia abajo. Pero eso no permite cantar victoria, porque todavía falta mucho para hablar de control y porque en otros países se llegó a progresar mucho más que aquí, y al relajarse las previsiones, hizo aparición una segunda ola, en algunos casos tan masiva y letal como la primera.

Es comprensible que gran parte de la población esté cansada de las restricciones y aspire a recuperar la libertad, pues si algo ha quedado absolutamente claro en este pandémico y terrible 2020, es que los seres humanos no están programados para el aislamiento ni el enclaustramiento. No es cuestión de educación, sino de naturaleza humana. Porque lo mismo se ha visto en Londres que en París, Madrid, Roma, Nueva York o Miami. Al menor descenso de las restricciones, las personas se lanzan a las calles desafiando el peligro persistente. En los regímenes más autoritarios el control es más eficaz.

El gobierno dominicano acaba de extender el toque de queda hasta comienzo de diciembre, y la prudencia recomendaría no  levantarlo ni para las festividades navideñas, porque es demasiado lo que arriesgaremos de cara a la recuperación de la salud, de la economía y de sus repercusiones en el empleo formal como informal. Sobre todo por la importante fuente que es el turismo. Un ingenioso joven sugirió que como compensación, declaren no laborables el 24 y el 31 de diciembre para facilitar el desplazamiento de personas en el día, reduciendo las aglomeraciones, pero manteniendo las restricciones nocturnas para reducir los riesgos de masificación y contagios durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. 

Aquí cabe más que nunca la máxima popular de que es preferible precaver a tener que remediar. Más vale en la recta final, cuando estamos dejando atrás el tramo más penoso. Aún no estamos para bajar la guardia.-   

De cultura democrática y coherencia

Por Juan Bolívar Díaz

            Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, que inició el final del bloque socialista y de la confrontación que encabezó la Unión Soviética con los países capitalistas liderados por Estados Unidos, gran parte de la humanidad lo celebró como reivindicación de la libertad y se creyó que también marcaría un hito en el fortalecimiento de la democracia en todos los continentes.

            Se temió que la etapa unipolar que se iniciaba conllevaría dificultades, como el fortalecimiento de lo que hasta los papas habían denominado como capitalismo salvaje. Es evidente que  ese capitalismo tuvo que hacer múltiples concesiones en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, primero al interior de los países más desarrollados, y luego frente a un tercer mundo que se había constituido en campo de la batalla ideológica de  la Guerra Fría. 

            El fortalecimiento de la social democracia y de la democracia cristiana como doctrinas o ideologías políticas alternativas al socialismo comunista, fue paralelo al desarrollo de un movimiento sindical que arrancaba reivindicaciones, y de emergencias estudiantiles que en los años sesenta y setenta llegaron a poner en jaque a sistemas políticos tan afianzados como el de Francia, Alemania o México. Fueron los años en que se consolidó el Estado de bienestar social, y el viejo proletariado escaló estamentos de clases medias para hacer el mundo un poco menos desigual. 

            Pero la alegría duró poco y en las últimas tres décadas el mundo va a la deriva, con un proceso de concentración de la riqueza que espanta, el gran sindicalismo y las ideologías se fueron a pique, y las universidades dejaron de ser campos de debate ideológico para convertirse en fábricas de emprendedores que reman frenéticamente montados en salvavidas individuales. La socialdemocracia y el socialcristianismo parecen sólo recuerdos, arrasados por el pragmatismo político del mundo unipolar que impuso la ley del mercado y el neoliberalismo económico. 

            Ese pragmatismo, que se nutre del salvajismo capitalista en muchos países, incluido el nuestro, ha derivado en el fortalecimiento de la cultura de lo mio, en la concepción de la política como escalera al ascenso personal y la incorporación a los negocios y las prácticas mercantilistas. La cuestión es más grave en naciones como la Dominicana, donde nunca se llegó a desarrollar una cultura auténticamente democrática, y los proyectos que más lo intentaron naufragaron una y otra vez desde sus orígenes. Los políticos y los empresarios se convierten en aliados, frecuentemente sin el menor escrúpulo. 

            Por eso con cada cambio de gobierno emerge una inmensa camada de gente que entiende llegado su momento, su oportunidad de tomar el ascensor económico. No sólo exhiben su precaria cultura democrática, sino también una enorme incoherencia que los lleva a negar rápidamente lo que antes se predicaba como fundamental. Dan la espalda no sólo a los principios, sino también a los que persisten en defenderlos. Y para no correr riesgos, dejan de responder llamadas o mensajes, cambian número de teléfono, de amigos y hasta de cónyuges. Se excusan en la infinita cantidad de personas que anan detrás de ellos buscando un pedazo del pastel estatal.

Una meteórica e infinita metamorfosis sobre la base de que ellos se fajaron para alcanzar esos peldaños. Se olvidan que la democracia es participación y representación, que los funcionarios están para servir y los legisladores para representar a la ciudadanía, que ésta es el centro de todo el quehacer político y que a ella se deben. Ahora reclaman que son absolutamente soberanos y, es más, que no permitirán que los presionen.

Algunos llegan tan lejos que   ni siquiera quieren poner atención a las decisiones coyunturales  de sus partidos y sus programas y son capaces de desafiar a sus líderes y hasta al mismo Presidente, buscando que la rueda gire una vez más al autoritarismo presidencialista, porque su pobre cultura democrática no da para más.

Ojalá que ese pragmatismo político no sacrifique una vez más, el proyecto de cambio democrático que se ofreció a la ciudadanía dominicana que este año votó ansiosa de dejar atrás el desorden, la corrupción, la impunidad y el continuismo que atropella los parámetros democráticos.-                        

Disquisiciones sobre disquisiciones

            Por Juan Bolívar Díaz

Al verificar el contenido de los periódicos dominicanos en las diez semanas transcurridas desde el cambio del gobierno, se puede comprobar que esta sociedad vive de disquisiciones en disquisiciones, dando vueltas a la noria, en discusiones banales e irracionalidades, como si no estuviéramos sumidos en la peor crisis de salud, económica y social de nuestra historia contemporánea y obligados a una etapa de absoluta austeridad y eficiencia en la administración pública. 

            El debate gira en torno a si gobierna o no el Partido Revolucionario Moderno, o los perremeístas han quedado relegados, si se suprime definitivamente la ignominia de los barrilitos y cofrecitos, si es conveniente designar profesionales sin ataduras partidarias para que arbitren los organismos de control, como Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o Defensoría del Pueblo, o quién constituye hoy la segunda mayoría en el Senado.

            Lo primero se despacha fácilmente cuando se advierte que, además del presidente Luis Abinader, ocupan altos cargos los principales dirigentes del PRM, como su presidente, secretaria general, secretario nacional de organización, de Finanzas, los jefes de su campaña electoral, los directores de los departamentos claves, como el de economía y políticas públicas, de energía, electoral, y casi todos los 50 miembros de su Dirección Ejecutiva. 

            Hay quienes se quejan de la designación de reputados profesionales y técnicos en importantes cargos, incluyendo algunos cuadros de la militante sociedad civil, bajo la falsa premisa de que “fueron las bases las que se fajaron para ganaron las elecciones”, y que se debe sustituir a cada peledeísta por un perremeista para seguir la fiesta del dispendio, la malversación y la eficiencia que duplicaron la nómina estatal en los últimos 8 años. Quieren ignorar que el PRM pudo batir la enorme maquinaria del PLD porque sumó personalidades de todos los sectores, y se abanderó de las demandas sociales. Por supuesto que la militancia propia fue fundamental, pero no suficiente. 

            Parecida es la disquisición sobre si el reparto político de miles de cargos públicos, puede dejar una veintena para que personalidades sin ataduras partidistas arbitren los procesos electorales (JCE y TSE), fiscalicen el gasto público (Cámara de Cuentas) y encarnen la Defensoría del Pueblo. Como si la experiencia reciente no hubiese demostrado que el secuestro partidario de esos organismos ha sido terriblemente dañino. Por supuesto que hay muchos honorables con ataduras partidistas, pero no justifica impugnar que unos cuantos  ciudadanos independientes asuman responsabilidades públicas.

            Sobre los barrilitos y cofrecitos se ha demostrado hasta la saciedad que tenemos uno de los Congresos más numerosos y costrosos relativamente del mundo, que un senador dominicano tiene ingresos superiores a sus colegas de Estados Unidos y  México, que los  diputados españoles de mayores ingresos, los de fuera de Madrid, ganan 4 mil 894 euros por mes, sin nada agregado, equivalentes a 340 mil 867 pesos dominicanos. Los de aquí 364 mil más un promedio de otros 100 mil del “discreto” cofrecito, seguro de salud y de pensión privilegiada, y dos exoneraciones de vehículos, además de 4 empleados pagados. 

            La disquisición sobre la segunda mayoría en el Senado, por el derecho a designar un representante ante el Consejo de la Magistratura, es también banal. Parte del viejo debate sobre si los cargos son del partido o del ciudadano por el que se vota, más ahora cuando ya no hay arrastre y el voto es uninominal o preferencial. Para simplificarlo solo hay que pensar en el Presidente de la República. Si éste se separa del partido que lo postuló, o si lo expulsan en una división del mismo, ¿pierde el cargo a mano del partido?

            Es evidente que el PLD y sus aliados sacaron más senadores en la elección de julio que la Fuerza del Pueblo y aliados. Como también que en varios casos, los electores sabían que sus escogidos tenían otras lealtades. La realidad es que ahora mismo los primeros sólo constituyen 4 votos y los otros son 8 en el Senado. Las circunstancias variaron el resultado de las urnas. La división de los partidos y las renuncias de los legisladores son absolutamente normales. A veces por simple transfuguismo, otras por razones políticas, ideológicas, de principio, o de lealtades a líderes y caudillos.             Ojalá que superemos pronto esas disquisiciones y concentremos la atención en los problemas fundamentales de esta sociedad.-        

Austeridad y nada de malversación

     Por Juan Bolívar Díaz

La penosa triple crisis por la que atraviesa el país, de salud, económica y social, obliga al nuevo gobierno a llevar hasta las últimas consecuencias la austeridad y la reducción de la malversación y el festín de los escasos recursos de una nación que más allá de los eufemismos sigue siendo pobre. Si era irritante el nivel de dispendio, corrupción y reparto clientelista cuando la economía crecía hasta 6 y 7 por ciento anual, ahora es bochornoso, inmoral e inaceptable.  

Como muchos políticos y legisladores no acaban de entender que cientos de miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus, será necesario que la población se lo estruje entre boca y nariz para que comprendan que tenemos que economizar cada peso, suprimiendo botellas, peluches, barrilitos, cofrecitos, mafias empresariales, subsidios absurdos y reducir el inmenso costo de la política.

El gobierno viene dando muestras de austeridad y ya ha suprimido varios miles de botellones, de subdirectores, subadministradores, vicecónsules, presuntos diplomáticos y simple activistas políticos, también ha encarado mafias como las que monopolizaban las ventas de asfalto, con sobreprecios estimados hasta 60 millones de dólares anuales. 

Se anuncia el despido de 7 mil botellas y “peluches”, denominación de  los hijos de políticos y funcionarios que no hacen vida  militar y han abultado en términos alarmantes las nóminas de las fuerzas armadas, que dicho sea de paso, ya es tiempo de que sea transparentada por completo. Por ejemplo ya debería informarse cuántos generales y coroneles sin mando cobran en los institutos castrenses, están asignados a empresarios y políticos y los que se aprovechan de esos cargos para hacer todo género de negocios, lícitos e ilícitos. 

Los niveles de abuso de lo público llegaron a proporciones irritantes. Ya el gobierno dispuso la reducción y unificación de los consejos del sector eléctrico que durante décadas ha consumido hasta mil millones de dólares anuales en subsidios. Al unificar media docena de consejos directivos, han quedado sólo 9 consejeros  pagados, disminuyendo su costo de  103 a 37 millones de pesos mensuales. 

Gerentes de las deficitarias distribuidoras de energía disfrutaban de tarjetas de crédito para gastos personales de hasta 250 mil pesos y 10 mil dólares. El nuevo director de la Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez,  se dio el lujo de anunciar que le basta con un salario sobre los 500 mil pesos mensuales y renuncia a cobrar 50 mil pesos por asistencia a cada reunión administrativa del mismo organismo, así como a una tarjeta de gastos personales de hasta 150 mil pesos y 10 mil dólares.

En ese escenario merece total apoyo la propuesta del presidente Abinader de reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos el próximo año, lo que implicaría un ahorro de 630 millones de pesos. No puede despacharse esa propuesta calificándola de populista,  cuando afectaría al propio partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que junto al Partido de la Liberación Dominicana, únicos que obtuvieron sobre el 5% de los votos en las elecciones de este año, estaría llamado a recibir el 80 por ciento de ese subsidio. A cada uno le quitarían 252 millones de pesos.

La reducción a los partidos es más justificada,  porque a consecuencia de las fallidas  elecciones municipales de febrero, celebradas luego en marzo y las presidenciales y congresuales de julio, el subsidio a la actividad política, que en principio fue pautada para 3 mil 13 millones de pesos, terminó sobre los 4 mil. Con el financiamiento a la Junta Central Electoral el costo de la política en este desventurado año sobrepasó los 7 mil millones de pesos. Es indignante el chantaje de que la reducción del financiamiento político dejaría a los partidos a merced de los narcotraficantes. 

El gobierno tiene que avanzar todavía mucho más en la austeridad, en la supresión de  botellones, de barrilitos y cofrecitos, en el control de la corrupción y de la malversación, en la fusión de organismos redundantes, prohibiendo las tarjetas de crédito y los gastos de representación, como los regalos, canastas navideñas, la repartición de hasta 15 y 16 salarios anuales en  numerosas instituciones estatales, autónomas o no, en la contratación de seguros internacionales privilegiados, y en muchos otros capítulos ahora mismo bajo revisión.

Ojalá que los dirigentes políticos, todos los funcionarios, los empresarios sin escrúpulos y toda la ciudadanía registren que la hora demanda austeridad y sacrificios. Antes de que la población desesperada y los más conscientes se los hagan entender.-