Con Venezuela en el corazón

Por más vueltas que se le dé, no hay forma de justificar el silencio ante el rumbo ya abiertamente dictatorial del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y mucho menos para los dominicanos que tenemos una antigua deuda de gratitud y solidaridad con el pueblo venezolano, que se inicia con el exilio del fundador de la República Juan Pablo Duarte, y luego de muchos otros patriotas, especialmente durante la larga tiranía de Trujillo, cuando se llegó al extremo del atentado contra la vida del presidente Rómulo Betancourt, cuya firmeza fue determinante para el aislamiento y liquidación del trujillismo.

Catorce venezolanos, el mayor contingente no dominicano, ofrendaron sus vidas en las expediciones contra la tiranía en 1959. Venezuela fue solidaria cuando la invasión de Estados Unidos en 1965 y defendió la incipiente democracia dominicana ante el intento golpista del 1978. Fue solidario el Pacto de San José, del presidente Carlos Andrés Pérez, renovado y ampliado por el presidente Hugo Chávez. Más de cincuenta mil dominicanos encontraron acogida migratoria tras el apogeo petrolero iniciado en los setenta.

Obligados estamos a ser solidarios con miles de venezolanos que en los últimos años han llegado al país, expatriados por las calamidades políticas y económicas por las que ahora atraviesan. Pero también estamos en el deber de contribuir activamente a lograr una salida a la grave crisis institucional y política que puede derivar en una guerra civil.

La realidad insoslayable es que los venezolanos llevan dos meses de confrontación callejera, con un balance de 55 muertos y cientos de heridos y apresados, y que en los últimos años otros tantos han perdido la libertad o se han visto compelidos al exilio. La crisis alcanzó su máxima expresión cuando la Suprema Corte despojó a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales, con una sentencia tan insólita que tuvo que ser revocada de inmediato.

En medio de una creciente descomposición económica, con devaluación e inflación de tres dígitos, desabastecimiento, creciente desempleo y pobreza, y una de las más altas tasas de homicidio y delincuencia del continente, el régimen de Nicolás Maduro hace aguas, y en vez de conciliar con la oposición política, aumenta la represión y la agresividad.

No se puede ignorar que la crisis tiene raíces profundas, abonadas por sectores políticos y empresariales, ahora enfrentados al Gobierno de Maduro, que durante décadas fueron extractores y malversadores de la riqueza venezolana, cuya legendaria corrupción y desacierto determinó el colapso del sistema político y dejó a esa riquísima nación atada al modelo petrolero que se ha desplomado con la caída de los precios.

El chavismo fue una esperanza de rescate y en su primera fase implicó importantes reivindicaciones sociales, pero sin desatar el nudo petrolero, hasta aterrizar en el actual desastre económico, social y político. Hugo Chávez fue autoritario y caudillista, pero no se le puede negar su tremendo carisma, por lo cual ganó unas siete consultas populares, a hasta con dos tercios de los votos, en lo que residía su fuerza e invulnerabilidad.

Nicolás Maduro fue su heredero político y apenas superó en un punto porcentual al candidato de la oposición en las presidenciales del 2013, y dos años después ya perdió abrumadoramente el respaldo popular, cuando la oposición consiguió dos tercios de los escaños legislativos. Es lo que explica que el Gobierno, con el control de las cortes judiciales y del organismo electoral haya evadido las elecciones de alcaldes y gobernadores que debieron celebrarse al final del año pasado y el referéndum que reclamó la oposición.

El proyecto de una nueva asamblea constituyente, atando de antemano un tercio de sus integrantes, en medio de esta crisis, sin el mínimo intento de concertación con una oposición que las urnas certificaron mayoritaria, es un intento de distracción que solo conduce a la violencia y la disolución institucional. Desde fuera hay que contribuir a reencauzar el sistema político, abogando por el respeto a la institucionalidad democrática, y los dominicanos, incluyendo al Gobierno, tienen que abandonar el silencio y una neutralidad ya insostenible. Nadie que crea en los valores democráticos puede ignorar la realidad ni olvidar la solidaridad venezolana cuando los dominicanos la necesitaron.

Las reformas políticas necesarias

A1Por Juan Bolívar DíazFue satisfactorio dialogar el miércoles en Uno+Uno con el presidente de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional que pondera los proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, quien fue enfático en sostener que esta vez va en serio la reforma del sistema político electoral que se viene discutiendo durante dos décadas.El senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia María Trinidad Sánchez, Arístides Victoria Yeb, reconoce que es a los partidos a quien más conviene establecer normativas para garantizar su democracia interna y la institucionalidad democrática nacional, cuya crisis está siendo patentizada por el auge de las protestas sociales y políticas encarnadas principalmente en la Marcha Verde.

Aunque se ponderan por separado dos proyectos de leyes sometidos por la Junta Central Electoral, Victoria Yeb coincide con quienes creen que deberían ser unificados, ya que muchas de las normativas democráticas que se demandan se refieren tanto al régimen de partidos como al electoral. Eso implicaría reconocer que las reformas no se imponen solamente en el accionar del sistema partidista, sino también en las garantías para una plena democracia. Lo referente a los partidos seria sólo un capítulo del código electoral.

Los planteamientos de Arístides Victoria renuevan la esperanza de que por lo menos los legisladores comprendan la responsabilidad que les enfrenta a un vigoroso movimiento social exigiendo el fin a la corrupción y la impunidad, lo que implica reformas que rebasan el ámbito electoral y se internan en la institucionalidad general, particularmente en la independencia y operatividad de las cortes judiciales y los organismos de control.

La circunstancia de que el Consejo Nacional de la Magistratura se apresta a la renovación del Tribunal Superior Electoral y parcialmente la Suprema Corte de Justicia, programándose para fin de año la del Tribunal Constitucional, es una oportunidad para que los gobernantes den claras señalas de receptividad frente al inmenso clamor nacional.
Victoria Yeb desestima la “reforma posible”, enarbolada por los que plantean que el poder acumulado no se cede, y se inscribe entre los que hablan de la “reforma necesaria”.

Asumiendo la sinceridad de su planteamiento, habría que formular votos porque se extienda a los demás comisionados y a las cúpulas políticas aferradas al pragmatismo salvaje, que se imponen a un poder legislativo tan débil como el judicial.

En el Congreso, como en los partidos, son muchos los que entienden la necesidad de profundas reformas para garantizar la elección democrática de dirigentes y candidatos, la transparencia y rendición de cuentas de los partidos y a la instauración de mecanismos que garanticen la plena libertad ciudadana para elegir sus autoridades y representantes.

Saben de sobra que urge reducir el alto costo de la política en el país, con rígidas limitaciones al tiempo, el financiamiento y el gasto de campañas, para reducir la corrupción y el abuso de los bienes y recursos del Estado y de todo género de dinero ilegítimo, que los principios de equidad que pregona la Constitución obligan a prohibir y sancionar el abuso de los poderes estatales en las campañas electorales, con límites a la propaganda gubernamental, al tradicional desbordamiento del gasto fiscal, a los repartos clientelistas, a las inauguraciones de obras, a menudo sin terminar, y al incremento del empleo en los organismos estatales.

Una reforma no puede ser para restringir derechos adquiridos, como el del voto preferencial, sino para ampliarlos a fin de que el elector pueda escoger senador y diputados por separado, y por igual alcaldes y regidores, más aún cuando desde el 2020 las elecciones municipales antecederán por varias semanas las presidenciales y legislativas.

Las demandas son viejas, pero nunca como ahora la sociedad dominicana las había formulado con tanto vigor, esperando respuestas rápidas y efectivas.

RD: todas las posibilidades

Por Juan Bolívar Díaz

14_05_2017 HOY_DOMINGO_140517_ Opinión9 A

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.

 

De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

Graves desafíos ambientales

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ Opinión9 A

El diagnóstico presentado esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre el manejo de los residuos sólidos representa otro de los grandes desafíos para la sostenibilidad de un país que persiste en dar vuelta sobre sus problemas ancestrales, que dilata hasta lo infinito la aprobación de estrategias y normativas y que luego se hace de la vista gorda para no cumplirlas. Subyace una sensación de impotencia, como si no pudiéramos invertir los recursos y las energías que demandan nuestros graves problemas.

El ministro de Medio Ambiente y los principales ejecutivos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo más el director de Programas Especiales de la Presidencia coincidieron en que en disposición de los desechos sólidos el país vive en etapa primitiva, solo que ahora genera cada día 14 mil toneladas, con abundante material no degradable y contaminantes, y que apenas una ínfima parte se recicla en condiciones prehistóricas.

El cuadro presentado no podía ser más dramático: tenemos 358 vertederos de basura a cielo abierto, uno por cada 135 kilómetros cuadrados, sin ningún control, en una maraña de intereses, tráfico y corrupción, como ha quedado evidente una y otra vez en el de Duquesa, que recibe más de la mitad de los desechos sólidos del país, con un desorden tan grande que abarca hasta la propiedad de los predios donde se asienta. Y además la empresa que lo gestiona se dio el lujo de poner en jaque la mayor urbe del país, dejándola saturar de basura para buscarse un desproporcionado incremento de sus tarifas.

En múltiples casos la ubicación de esos vertederos contamina las aguas de ríos, arroyos. cañadas y costas, constituyéndose en otra calamidad para la salubridad pública en un país que tiene el turismo como su principal industria.

Ayuntamientos en mendicidad financiera frente a un Gobierno que le sustrae dos terceras partes del presupuesto que le asigna una ley, sin transparencia, mucho clientelismo y dispendio, confiesan su incapacidad para enfrentar el reto de los desechos sólidos. Gestores municipales se han aliado a buscadores de oportunidad para usufructuar contratos de simple recogida de basura, y aún esto con evidenciada y alarmante ineficiencia.

En muchos lugares del mundo, incluyendo a países con menor crecimiento económico, los desechos sólidos han sido convertidos en fuente de energía, con adecuadas clasificaciones y reciclaje, derivando de ellos riquezas en vez de fomentar la insalubridad y la suciedad.
Desde hace cuatro años cursa en el Congreso un proyecto de ley que constituiría el marco jurídico y gerencial para el manejo de los residuos sólidos y según el ministro Francisco Domínguez Brito falta poco para su aprobación. No parece mucho tiempo de ponderación, si se compara con el proyecto de ley de aguas, que lleva dos décadas de estudios técnicos y discusiones.

Por supuesto que la ley no será suficiente y después habrá que pasar años discutiendo su reglamentación y más tarde desarrollar jornadas de oración para que se acaten las normativas y aparezcan los recursos necesarios para las inversiones, con unos ingresos fiscales que apenas alcanzan ya para cubrir gastos corrientes, para pagar la creciente deuda, para el reparto y el enriquecimiento ilícito.

El próximo mes de junio hará un año que se proclamó la Estrategia Nacional de Saneamiento, derivada de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fruto del esfuerzo de la Comisión Nacional de Saneamiento y del patrocinio de la cooperación española. Pero los responsables de su implementación se empeñan en el silencio, aparentemente a la espera de los recursos que demanda.

Ojalá que los dominicanos podamos superar las intensas querellas y dolencias que nos paralizan y comencemos a enfrentar desafíos como los del saneamiento ambiental, dentro de los cuales resalta el manejo de los desechos sólidos.

 

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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Inmensa gratitud comprometida

Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ Opinión9 A
Permítaseme ocupar este espacio semanal para expresar inmensa gratitud por las verdaderamente innumerables muestras de reconocimiento y estímulo que hemos recibido en ocasión de la celebración del 30 aniversario del telediario Uno+Uno que fundáramos junto a Luis González Fabra y Luis Concepción el 17 de marzo de 1987, con el invaluable apoyo de Teleantillas y la familia Corripio, del que todavía disfrutamos.

 

Hasta hace poco esos reconocimientos se hubiesen limitado a algunas decenas de cartas y arreglos florales entregados por mensajería, y a un par de editoriales y artículos en los periódicos, pero ahora son miles las expresiones a través del correo electrónico y las redes sociales, por lo que resulta imposible responderlas y hacer saber cuánto nos comprometen a proseguir una profesión que marca 49 años, haciendo honor a los principios fundamentales de la comunicación, hacer común los sueños, aspiraciones, demandas y necesidades de los seres humanos, defender derechos y dar voz a los que no la tienen, enlazar la convivencia humana.

Aunque siempre hemos tratado de que los reconocimientos no produzcan arterioescrelosis cerebrales, también nos hemos negado a incurrir en la hipocresía muy común de que no los necesitamos ni los merecemos. Los necesitamos porque la pelea cotidiana por los derechos integrales de los seres humanos, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la convivencia, por la honestidad y la transparencia, es bien cuesta arriba, a menudo desgastante, y porque nos obliga a repetirnos y dar vueltas a la noria de nuestras debilidades. Y quizás también porque hay muchos que quisieran nuestro silencio, el que nada ha podido comprar.

Esos reconocimientos los merecemos por cuanto nuestro ejercicio profesional nunca ha sido fruto de un llanero solitario, sino de la conjunción de múltiples esfuerzos humanos, en la radio, en los periódicos y en la televisión, como en las aulas universitarias y en el gremialismo al que dedicamos dos tercios de nuestra vida profesional. Por eso en el reciente discurso de celebración repetimos que hubiésemos sido polvo pasajero de no habernos ligado siempre a una gran legión de compañeros y compañeras que comparten sueños y esperanzas. E incluso de no haber tenido la comprensión y el estímulo de muchos empresarios, de los medios donde laboramos y algunos muy relevantes del ámbito nacional, los que personifiqué en Pepín Corripio, Alejandro Grullón, José León y Rafael Perelló.

Entre todas las gratitudes que nos han comprometido en estos días no es posible pasar por alto la de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, quien tuvo la inmensa generosidad de dedicarnos su columna En Plural del domingo 26 en el Listín Diario. Ella, que fue atrevida llama iluminante de los que fuimos sus alumnos antes que cayera fulminado el tirano de 31 años, a quien en el 2001 definimos como “madre y maestra sin tregua ni plazos, merecedora en vida de los mayores reconocimientos como forjadora de hombres y mujeres libres, a través de un ministerio del nivel medio y universitario, por ser militante de la política límpida y trascendente y del gremialismo llamado a ennoblecer la vida y el trabajo de los maestros”.

La profesora Ivelisse, quien se mantiene impertérrita tras más de ocho décadas de luchas sin tregua, recordó un debate en su aula del Liceo nocturno Eugenio María de Hostos, con aquel alumnado tan variopinto, como ella indica, y nos atribuyó haberle dado una lección, a los 16 años. Fue un exceso de generosidad de ella, pero me impresionó que recordara detalles que no percibimos y apenas palpadean en nuestro disco duro. Ella, la hija de un presidente del Partido Dominicano de Trujillo, nos enseñó el camino de la libertad y lo ha transitado junto a sus alumnos por los años de los años.

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

Con los trabajadores cañeros

Por Juan Bolívar Díaz
19_03_2017 HOY_DOMINGO_190317_ Opinión9 A

Esta mañana sabatina del 18 de marzo he tenido que renovar mi compromiso con la suerte de los miles de afiliados de la Unión de Trabajadores Cañeros que me conminaron a aplazar la conclusión de mis artículos de HOY para asistir a un homenaje con motivo del trigésimo aniversario del telediario Uno+Uno, que dirijo desde su fundación.

Me extendí tratando de concluir el análisis semanal, considerando que la convocatoria para las 10 sería en realidad a las 11 como es casi normal en asambleas y actividades populares. Llegué a las 10:30 al auditorio de la Biblioteca Manuel del Cabral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ya el acto estaba comenzando, con cientos de trabajadores cañeros que ocuparon el millar de asientos.

Fue una increíble demostración de militancia organizada, con tambores y cornetas, repitiendo consignas con sus viejas reivindicaciones. No logro entender cómo no desfallecen estos seres humanos que llevan veinte años reclamando las pensiones para las que contribuyeron durante décadas de sudor al quebrado Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Aunque la muerte y las enfermedades dejan merman cada año a estos adalides de nuestra caña dulce y amarga.

Con admirable persistencia cada mes se han apersonado por centenares a las orillas del Palacio Nacional esperando la migaja de 5,117 pesos mensuales, que es el monto de las pensiones del 90 por ciento de los trabajadores del Estado.

Los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina han pensionado tres o cuatro mil con dos decretos, y ellos esperan un tercero y sin cuota, que los alcance a todos. Todo parece absurdo, pues muchos de los que han conseguido la pensión tienen que hacer maromas para cambiar el cheque al no disponer de un documento válido.

Allí escuchamos que el lunes 27 los cañeros van para la Junta Central Electoral a reclamar la cédula de residentes que les corresponde a la mayoría de los cañeros, los que llegaron desde Haití tras los desfiladeros de azúcar hace más de medio siglo. Se han cansado de peregrinar también ante la embajada de Haití para que les expidan las actas de nacimiento y pasaportes por los que en conjunto pagaron más de 4 millones de pesos, sustraídos a la miseria, cuando hace dos años los conminaron a la regularización como inmigrantes. Fue un despojo, porque los funcionarios del gobierno haitiano debían saber lo difícil que es encontrar las inscripciones de nacimiento de paupérrimos campesinos nacidos hace más de medio siglo, cuando la mayoría ni siquiera se registraba.

Si el Gobierno incorporó otras 200 mil personas al programa Solidaridad durante el año pasado, no debería ser tan difícil hacerle justicia a 6 o 7 mil viejos cañeros que sueñan con su pensión. Aunque sean 5,117 pesos para pelear contra las enfermedades y asegurar la caja del sueño eterno.

No puedo evadir el compromiso de seguir uniendo mi voz al reclamo de los cañeros, que me regresan a los cañaverales de donde partí hace más de seis décadas. Vuelvo a ver sus manos encallecidas por la rudeza de la caña y de la mocha, a los cañaverales con las cicatrices que magistralmente describió el poeta nacional Pedro Mir, al grito de son del ingenio. Y me reencuentro con Norberto James, cuya alma vaga por Boston, sin haber terminado de escribir la historia de las congojas de los atraídos por la danza del azúcar.

Observando fijamente la pobreza de estos viejos trabajadores cañeros, escuchando sus voces lastimeras coreando que “sin cañeros no hay azúcar” a cualquiera se le constriñe el alma y con René del Risco en el parque central de San Pedro vuelve a reencontrar al Tom retozón condenado a la eterna pobreza y el abandono mientras otros nos incorporábamos a la sociedad del consumo y la modernidad.

Se me escaparon las lágrimas cuando vi subir a la tribuna, con extremas dificultades, para implorar de nuevo justicia, a la viuda de Andrés Charles, a quien escribí el réquiem el 15 de agosto del 2015 en este mismo espacio de HOY, definiéndolo como “perdido enamorado de la caña y aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, en ofrenda de amor a los que sembraron los campos dominicanos.