La difícil competitividad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Danilo Medina reunió por primera vez y juramentó el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, integrado por una gran representación del alto empresariado, debe esperarse que se implementarán en breve plazo, las políticas imprescindibles para que el país pueda colocare en el exigente escenario de competitividad global, donde sólo competimos con ventajas comerciales frente a Haití.

En esa dirección de inmediato se dieron a conocer dos decretos presidenciales, uno creando un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y otro que reglamenta el funcionamiento del Consejo, éste último con años de retraso, como tantos otros reglamentos pendientes de múltiples leyes de  los últimos años como, por ejemplo, el de la Comisión Nacional para Defensa de la Libre Competencia, de la ley de salarios del sector público o  la ley de la Policía Nacional.

Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dijera que se trabaja con el sector privado “para que haya empresas productivas, servicios públicos más eficientes y puestos de trabajo bien remunerados para todos”, aunque queden dudas por el hecho de que algunos no son demasiado amigos de la libre competencia. También es positiva la promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para simplificar los procesos para  la formación de empresas, aunque luce exagerado, y hasta podría ser conflictivo, que se le pretenda con capital cero, como se anunció.

Instituido en el 2006 como un órgano con participación del sector privado, el Consejo de Competitividad ha sido relegado, a pesar de las urgencias y reclamos nacionales, tanto como la Comisión para Defensa de la Libre Competencia, creada por otra ley dos años después.

En hora buena, pues, aunque se necesita muchísimo más que lo realizado, y que numerosos organismos de cogestión pública-privada no han pasado del papel o de las fotografías para publicitar una supuesta apertura, en gobernantes que se han caracterizado por tendencias autoritarias y por sólo disponer políticas oportunistas perseguidoras de popularidad o de votos. Aparecer rodeado del alto empresariado pudo ser una  pose repuesta del presidente Medina a la contundente crítica expresada recientemente por el encargo de negocios de la embajada de Estados Unidos, especialmente sobre la pobre competitividad nacional, la inseguridad y el hartazgo de la corrupción.

Por cierto que el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra ha entregado muy oportunamente un “Informe Especial: Instituciones y Competitividad”, que podría ser muy útil tanto para el gobierno como para su comité Consultor empresarial. Se trata de un análisis de 17 páginas que pondera la evolución del país en los últimos 11 informes del Indice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, comprendidos en el período 2007-17. Aunque casi todos incluyen más de 130 países, 137 el del 2017-18, esta evaluación incluye sólo a los 114 que han estado en todo el período, entre ellos RD.

El resumen es que RD ha perdido 5 escalones, “debido a males como la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas impositivas, una fuerza de trabajo inadecuada y la inseguridad provocada por crímenes y robos”, y que 87 de los 114 tuvieron mejor desempeño. En entorno institucional el país registra un descenso progresivo en los últimos 4 IGC, cuando 92 países han mejorado.

Merece particular atención la ponderación del pilar Etica y Corrupción, donde el país ha desmejorado también en los últimos 4 índices para ocupar el escalón 112 de esos 114 permanentes. Pero no se crea que ese alarmante nivel es sólo patrimonio del sector público, ya que en ética corporatiova o empresarial, quedamos con una pequeña diferencia de dos escalones, en el 110 de 114, el quinto peor.

Ojalá que tanto los funcionarios del Consejo como los consultores empresariales se animen a ponderar el coincidente aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.-

 

 

 

El acuerdo Procuraduría-Odebrecht

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            Si la Procuraduría General de la República (PGR) hubiese demandado a la constructora brasileña Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado entre ambas, ya estaría en condiciones de formular un poderoso expediente acusatorio por lo menos sobre los responsables de haber recibido los 92 millones de dólares  que la empresa confesó haber pagado de sobornos en el país.

De haber habido intención de llegar a las últimas consecuencias sobre las implicaciones en el país  del mayúsculo escándalo transnacional, hasta se hubiese obtenido información específica de Odebrecht sobre las obras sobrevaluadas, y quién sabe si hasta detalles sobre los financiamientos de campañas electorales también confesados.

            Debe recordarse que en virtud del acuerdo la PGR se comprometió a  no iniciar ninguna acción judicial contra Odebrecht ni sus ejecutivos, a cambio de lo cual la empresa entregaría toda la información sobre sus operaciones ilegales en el país, con detalles y exactitudes y pagaría una multa equivalente al doble de los sobornos, en un cómodo plazo de 8 años.

También conviene actualizar que un párrafo del artículo 3 del documento establece que “El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito”.

El compromiso de la sobornadora fue, “a título enunciativo y no limitativo, a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda información útil que obtenga en relación a los mismos, que permita al MP: i) Identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana, y toda la información que conduzca a determinar co-autores y cómplices; ii) Identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados; iii) Identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; iv) Indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otra información relevante a tales fines”. Eso entre otros enunciados.

Cumplidos ya diez meses del acuerdo, precipitado el 20 de enero, y siete de su homologación por un juez, el 19 de abril, todavía la PGR no ha reclamado su cumplimiento, y nadie cree que se haya avanzado en las investigaciones, faltando apenas diez semanas para el plazo de 8 meses en que debe fundamentar las imputaciones presentadas ante el juez instructor, que dictó medidas de coerción el 7 de junio.

Muchos piensan que si no se hubiese firmado tan generoso acuerdo o si se hubiese exigido su cumplimiento, la Odebrecht no estaría en condiciones de exigir otros 708 millones de dólares para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina, lo que mantiene en zozobra al gobierno de Danilo Medina, que hizo de esa obra su buque insignia de inversión y hasta corre el riesgo de no poder terminarla en su último período de gobierno.

La única explicación lógica para la precipitación en la firma del acuerdo con Odebrecht y que no se haya exigido su cumplimiento es un pacto implícito para que los ejecutivos de la constructora no dejaran escapar detalles que pudieran comprometer la actual gestión gubernamental, ya suficientemente salpicada por la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, convictos de la justicia brasileña por haber sido instrumento de Odebrech en financiamientos de campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países.

Con el reclamo de los 7087 millones de dólares a adicionales para concluir las plantas eléctricas, Odebrecht le saca la lengua al gobierno de Danilo Medina.-

 

 

Los desastres tecnológicos en la JCE

      Por Juan Bolívar Díaz

Si este país no fuera el paraíso de la impunidad y la malversación de los recursos públicos, no se estuviera cuestionando ahora las responsabilidades por el desastre de la inversión de casi 40 millones de dólares en la tecnología con que se pretendió la automatización del proceso electoral del año pasado, cosechando un rotundo fracaso.

Es que hubo otro escándalo peor, que involucró una suma mucho mayor, de 62.6 millones de dólares, firmado por la JCE antes de las elecciones del 2008 con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), revestido de graves irregularidades desde su licitación hasta su pago, y los equipos comprados en gran proporción terminaron abandonados en un almacén, El fracaso fue tan evidente que no pudieron procesar los datos biométricos de la ciudadanía. Y la indolencia es tan grande que todavía nadie en la JCE ha dado una explicación pública de por qué tuvimos los dominicanos que someternos de nuevo al registro biométrico antes de los comicios del 2016.Y peor aún, casi nadie la exigió.

El pleno de la JCE hizo lo correcto al remitir a la Cámara de Cuentas el informe de su Dirección de Informática que ratifica el tollo tecnológico en que concluyó el proceso electoral del año pasado con la alta inversión que pretendió la automatización del registro de concurrentes, el cómputo y la transmisión de los resultados de las elecciones. Ese  informe agrega dos novedades, la primera que el procesamiento de los resultados quedó en manos de la empresa suplidora, no del departamento informático de la JCE como es de ley, y segundo, que no recomienda volver a utilizar los equipos comprados.

Sin embargo, como en la actual JCE hay personas que conocen el desastre tecnológico anterior, debieron aprovechar para pedir una auditoría de las dos compras que en conjunto superan los 100 millones de dólares, casi 5 mil millones de pesos, pero podríamos quedar satisfechos si se investiga a fondo siquiera la última, si establecen responsabilidades y de ponen en marcha los procedimientos judiciales que correspondan.

Atrás queda también el manejo financiero irresponsable de la JCE que Roberto Rosario manipuló como llanero solitario, por encima del pleno, despilfarrando hasta dejar al 2016 una deuda de 2,400 millones de pesos, que gastó sin apropiación presupuestal, ni  autorización de la Contraloría General. Solo por eso debería ser procesado.

El tollo del año pasado fue advertido repetidas veces por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que en tres de sus seis informes de observación electoral reclamó transparencia y racionalidad en la aplicación de la automatización. Ya en febrero, tres meses antes de las elecciones solicitó formalmente a la JCE una auditoría de los equipos comprados, y que se realizara un conteo paralelo manual por muestreo. En su tercero y cuarto informe fue agregando detalles, incluyendo la tardía contratación de equipos a 6 semanas de los comicios y la falta de entrenamiento del personal. El quinto informe (del día de la votación) y el sexto y final documentan el tollo tecnológico que ahora reconoce la dirección de Informática de la propia JCE, el cual también registran los informes de las misiones internacionales de observación electoral.

El primer desastre tecnológico, propulsado por Roberto Rosario cuando presidía la Cámara Administrativa de la JCE, es una historia larga cuyos detalles no caben en este espacio. Las irregularidades, desde la licitación, fueron documentadas por dos auditorías, la primera de la Cámara de Cuentas en el 2006 y la otra de un consorcio de auditores privados, entre los cuales estaba Pellerano y Herrera en el 2008.

Entre las irregularidades documentadas se cuenta que se otorgó el contrato a una empresa cuya experiencia era en recogida de basura e instalación de semáforos, la cual se comprometió a gestionar un financiamiento que luego no aportó; que entre la licitación y la firma del contrato hubo un incremento de costo de 4 millones de dólares; que la JCE comprometió deuda externa sin aprobación congresual. Y finalmente los equipos fueron un fiasco. Todo eso y más lo denunció Participación Ciudadana, y fue lo que le generó la hostilidad de Roberto Rosario desde la JCE.

Ante la nueva denuncia, cabe preguntar, una vez más, quién le pone el cascabel al gato.-

 

Buen aporte al periodismo

A1    Por Juan Bolívar Díaz

El Análisis del Desarrollo Mediático en la República Dominicana publicado la semana pasada por el Colegio Dominicano de Periodistas, auspiciado por el Programa  Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la Unesco, constituye un importante aporte para la comprensión de los factores que degradan progresivamente el ejercicio del periodismo en el país.

Recogido en un libro de 200 páginas, se fundamenta en estudios anteriores, en una encuesta sectorial que abarcó a 331 periodistas, una encuesta nacional de credibilidad con una muestra de 1,200 hogares y entrevistas a ejecutivos, así como grupos focales, bajo la coordinación del reconocido periodista y profesor Adalberto Grullón, y con un amplio y representativo consejo consultivo.

Periodistas, propietarios, ejecutivos de los medios, académicos y dirigentes gremiales, deben echarle una mirada profunda a este estudio para tratar de entender las serias limitaciones con que se ejerce el periodismo en el país, derivadas básicamente de muy pobres condiciones salariales y laborales que han reducido el margen de independencia de los periodistas y generado su cooptación por los poderes públicos.

El problema comienza por lo que pareciera una ventaja, el enorme aparato mediático dominicano, desproporcionado para ser sustentado por la publicidad de un mercado de consumidores de 10 millones y medio de personas, la mitad de escaso  poder de compra. Son 8 periódicos diarios, 46 canales de televisión, 379  radioemisoras comerciales y 92 comunitarias y 90 compañías de televisión por cable, cada una de las cuales oferta decenas o cientos de canales nacionales e internacionales. Más cientos de periódicos y blocks digitales

El estudio no cuantifica la cantidad de programas de radio y televisión diarios o semanales producidos a nivel nacional, ni las revistas y otros impresos que también compiten por un pastel publicitario que se divide en miles de fragmentos, pero que se concentra en pocos medios, especialmente de la televisión, que capta el 70 por ciento, dejando a la mayoría cada vez más débil y expuesta a las manipulaciones y cooptaciones del poder político y económico, en detrimento de la hipoteca social del periodismo.

Directamente vinculado al minifundio mediático está el bajo salario promedio de los periodistas, de apenas 25 mil 730 pesos mensuales, estimado en apenas algo más del 50 por ciento del prevaleciente en América Latina y el Caribe. Consecuencia directa es que 53% de los periodistas tienen al menos dos empleos, de los cuales sólo el 23% en  otro medio de comunicación como segunda fuente de ingreso y se ven forzados a jornadas laborales muy extensas que degradan sus vidas y la calidad de su trabajo. El 27.8% al menos 10 horas, y el 27.4% entre 10 y 15 horas diarias. Resalta que todavía el 43% carece de estudios universitarios de comunicación, y 11 por ciento apenas completó la educación secundaria.

En esas circunstancias  los periodistas han sido presa fácil de los políticos y funcionarios que los ponen en nómina, una parte sin mayor compromiso de horario, con salarios que en promedio duplican los de las empresas periodísticas. Como una alta proporción vive de programas propios de radio y televisión y de publicaciones digitales, se convierten en vendedores de publicidad, en detrimento de su independencia, sobre todo porque también tienen que cobrarla. La confusión ética y la dependencia son innegables.

No es sorprendente entonces la baja valoración de la profesión por parte de la sociedad, registrada en el estudio. El 60% cree que el periodismo dominicano no se ejerce con independencia, el 69% que no guarda distancia de las fuentes informativas y el 70% que no está libre de la corrupción.

La situación del periodismo nacional es muy preocupante. El estudio formula recomendaciones, pero es obvio que no hay soluciones fáciles. Pero por lo menos debería obligar a reflexiones y debates en los gremios, las academias y las empresas.-

        

Gran oportunidad para el PRM

Por Juan Bolívar Díaz

Desde su fundación hace tres años sobre las ruinas del edificio político que durante décadas fuera el Partido Revolucionario Dominicano, se ha estado esperando que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se constituya en un nueva esperanza que impulse el rescate del partidarismo y la actividad política democrática en el país y represente una nueva opción de poder.

En las encuestas de los últimos años Los partidos políticos y el Congreso Nacional aparecen sistemáticamente como las instituciones de menor credibilidad, con 23 y 15 por ciento en el Latinobarómetro de este año, y en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial la confianza de los dominicanos en la política ocupa el escalón 136 entre 137 países del mundo, sólo peor en Brasil.

Lo más relevante es que nuestros partidos y dirigentes políticos siguen tratando de ignorar las señales que le viene dando la ciudadanía, sin dar los pasos precisos para contener el deterioro, como ha quedado mostrado durante casi un cuarto de siglo que se discute la necesidad de una profunda reforma electoral que revitalice el partidarismo y rescate la actividad política. En el debate sobre la ley de partidos ha quedado de manifiesto que el liderazgo político ni siquiera confía que tenga capacidad para presentar padrones de militantes, por lo que algunos quieren imponer a toda costa la votación universal de los ciudadanos en la elección de candidatos a todos los niveles.

El PRM figura entre las organizaciones que propugna porque sean los miembros de cada partido los que elijan sus candidatos en votaciones primarias democráticas y está culminando un proceso de empadronamiento para de inmediato renovar su dirección nacional el 26 del mes en curso. Después volverían a abrirlo para ampliar la membrecía antes de escoger candidaturas para los comicios del 2020.

Cuando corrían rumores sobre supuestos intentos por frenar el proceso, la dirección ejecutiva de ese partido reafirmó el cierre del plazo de inscripción en el país el 31 de octubre y en el exterior el 6 de noviembre. Ahora enfrentan el desafío de elegir democráticamente sus dirigentes, lo que no ocurre en los grandes partidos desde hace casi dos décadas.

Los perremeistas están obligados a dar ejemplo de responsabilidad, organización y democracia interna, si quieren realmente constituirse en una alternativa para amplios segmentos de una ciudadanía que ha perdido la fe en sus organizaciones políticas. Ellos constituyen la principal alternativa al desgastado partido gobernante, y el año pasado lograron un 35 por ciento de los votos presidenciales, cuando apenas se habían constituido y en desventajas competitivas descomunales.

Hay quienes critican que más de un dirigente aspire y luche por la candidatura presidencial, lo que debería ser visto como expresión de democracia, pero se constituye en un elemento de desconfianza  por el canibalismo y la falta de respeto a los procedimientos democráticos que ha caracterizado la política nacional de las últimas dos décadas.

´Sería un paso trascendente que el PRM tenga éxito en sus propósitos de empadronamiento y elección de dirigentes. Pero es preciso mucho más, por ejemplo, que ese partido y sus legisladores demuestren fehacientemente que quieren cambiar el salvajismo político. Ahora mismo tienen otra oportunidad si respaldan el establecimiento de un límite de 100 mil dólares para los automóviles que exoneran a los congresistas.

No es sólo el privilegio de la exoneración de impuestos, sino el negocio ilegal, corrupción, de vender las exoneraciones, de defender el derecho a lucrarse a costa del fisco, para que otros puedan importar Lamborghini Huracán de 206 mil dólares, casi 10 millones de pesos; Ford GT de 250 mil dólares; Porche de 599 mil dólares; o hasta un Ferrari Enzo de 3.2 millones de dólares, o 152 millones de pesos.

El partido que empiece a predicar con el ejemplo, comenzará el rescate de la política y se convertirá en una institución respetable. A ver si se animan los perremeístas.-

 

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De parrandas y juergas judiciales

Por Juan Bolívar Díaz

            Los que durante más de un mes abogamos, por diversos medios de comunicación porque se estableciera el paradero del convicto por asesinato Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, tenemos que celebrar que finalmente la Procuraduría General de la República  haya podido establecer lo que era de dominio público: que no estaba muerto, sino que anda de parranda.

La circunstancia es propicia para que, así como todos los medios llevan dos semana entretenidos con los múltiples detalles  de la espectacular desaparición de Quirinito, ahora concentren atención en demandar a la misma Procuraduría General que presente todos los detalles de la juerga policíaco-judicial del 24 de septiembre que costó la vida al teniente de la fuerza aérea George Alberto Mateo Aquino.

Lo de Quirinito está en vías de esclarecimiento, aunque eso no sea garantía de que la justicia castigará a todos los responsables de la parranda. Quedan aún muchas dudas sobre cómo fue posible un concierto tan amplio de voluntades judiciales para ayudar a un convicto de asesinato, condenado definitivamente a 30 años de prisión, si todo fue por dinero  o en cumplimiento de una voluntad superior, o en pago de una deuda familiar con el meritísimo tío conocido como Quirino, que dejó a la defensiva al expresidenteLeonel Fernández.  .

Lo establecido es que el atento juez de ejecución de la pena, de San Cristóbal, trasladó al convicto a una cárcel de San Francisco de Macorís, donde piadosos  procuradores fiscales  solicitaron que le dieran el prisión domiciliaria para que se tratara un cáncer. Otra jueza generosamente aceptó que la garante de la condicionalidad fuera la propia esposa del interesado. Ha trascendido que “se basó” en un certificado médico expedido diez días después. Y un médico legista “certificó la muerte” de Castillo Paniagua, no por el cáncer, sino a causa de un infarto. Aunque luego no se ha podido establecer dónde está la sepultura y se ignora si la esposa, abogada y “garante” está siendo procesada por complicidad. Hubo antes otro trato exquisito cuando al prisionero le permitieron salir de la cárcel para contraer un matrimonio que debió efectuarse en el recinto..

El asesinato del teniente Mateo Ogando no genera tanta morbosidad como la parranda de Quirinito, pero es igualmente escandaloso. Las connotaciones parecen indicar  que es otra tragedia derivada de la repartición de los terrenos de lo que fuera el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como la que el 14 de febrero originó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en pleno trabajo en San Pedro de Macorís y el alegado “suicidio” del matador de aquellos, una víctima de estafa que perdió todo juicio.

Fue una juerga policíaco-judicial, o quién sabe si también política. Tiene que haber muchos intereses en juego, para que un contingente policial realizara un desalojo de decenas de viviendas, alrededor de las tres de la madrugada de un domingo, sin previa notificación ni disposición judicial, ni acompañamiento  judicial.

Pudiera estar vinculado a la plusvalía de los predios de Cerros de las Américas, por su proximidad al gigantesco proyecto Ciudad Juan Bosch. El teniente, como muchas otras personas, con más de una docena de años ocupando esos predios, se levantó sobresaltado cuando las maquinarias demolían sus viviendas y sus reclamos originaron una balacera que le costó la vida y heridas a varios.

Tres semanas después se ignora quién fue el responsable de ese asesinato. Ni el reclamante del terreno, ni ningún detalle legal justificativo. Se cree que pudiera ser una empresa a la que el CEA le “vendió”  en el 2001 más de 13 millones 696 mil 987 metros cuadrados por 821 millones de pesos, de los cuales sólo adelantaría 20 millones, y que pagaría el resto con las ventas de la urbanización “Ciudad Ecológica de las Américas”, hasta ahora sólo soñada. Nadie se sorprenda si esos terrenos han sido revendidos o puestos en una nueva asociación lucrativa.

A ver si alguien se anima a exigir una explicación de esta sangrienta juerga, y si la Procuraduría General se adelanta esta vez al clamor de justicia, haciendo una pausa sobre sus investigaciones de la tragedia macorisana y la de Los Tres Brazos, para quedarnos sólo en terrenos del CEA.-

El indoblegable Randolfo Núñez

Por Juan Bolívar Díaz
2587Como a todos los heroicos soldados de la Revolución Constitucionalista, al coronel Randolfo Núñez Vargas la vida se le va agotando más de medio siglo después de esa gesta, sobreviviendo modestamente, pero con la dignidad y la honorabilidad que le han caracterizado en todas sus circunstancias. En las últimas semanas libra intensa batalla contra un mal renal que lo ha colocado a la defensiva y en retaguardia, vigilado estrechamente por Mariana Brito, su compañera de toda la vida.Lo conocí y aquilaté a partir de 1966 cuando llegó al México donde yo estudiaba, exiliado como agregado militar a la embajada dominicana, como ocurrió en diferentes países con Francisco Alberto Caamaño Deñó, Montes Arache, Peña Taveras, Héctor Lachapelle y otros de los más relevantes soldados que reivindicaron el honor de las Fuerzas Armadas con la restauración del orden constitucional y se jugaron la vida enfrentando la descomunal invasión militar norteamericana.

El entonces capitán Núñez Vargas se quedaría exiliado en México hasta 1973 y después otros dos años en Guatemala, y en ambos países fue ejemplo de decoro como militar y diplomático. Se vinculó a los dominicanos que cursábamos estudios de grado y postgrado en la capital azteca, a los que procuró ayudar en todo lo que podía, y más tarde a los exiliados que llegaron en los años 1969-71.

Randolfo fue para muchos una revelación. No concebíamos tanta integridad y generosidad en un oficial militar, ni tanto empeño en superarse, aún en circunstancias de adversidad. Como le gustaba la literatura y la escritura alguna vez intenté llevármelo para la escuela de periodismo donde yo fui docente al volver a México a finales de 1970, entonces yo también auto exiliado. Pero se transó por un diplomado en mercadeo.

En el apartamento de Randolfo y Mariana estudiantes y exiliados encontrábamos de todo, incluyendo el contacto con intelectuales y personalidades de diversos ámbitos, como la pareja de sociólogos haitianos Gerard Pierre-Charles y Susy Castor, catedráticos de la UNAM, que nos enseñarían a reivindicar la fraternidad en la isla.

Núñez Vargas era solo teniente del Ejército en abril de 1965, pero de servicio en el Palacio Nacional, lo que le permitió convertirse en clave para la captura de ese bastión fundamental y la destitución del espurio gobierno golpista horas después de la proclama constitucionalista. Sus doblegados superiores, salvados luego por la invasión extranjera, nunca le perdonaron y por eso lo marginaron y extrañaron del país al final de la contienda.

De retorno en 1975, evadió ser reintegrado a las fuerzas armadas al servicio del general Beauchamps Javier y de la Cruzada del Amor de doña Emma Balaguer. Y cuando el propio presidente Balaguer le manifestó su disposición de ayudarlo “en lo que quisiera”, el orgulloso militar respondió que todo lo que quería era su reintegración plena al Ejército en el que se había formado. El mandatario adujo que tenía enemigos que se oponían, aconsejándole: no sea terco capitán Núñez. Fue retirado con un sueldo de 278 pesos.

Tras la transición democrática fue designado en la Dirección General de Migración, donde sería subdirector con asiento en Santiago, director de Extranjería y fundador de una escuela donde se formaron más de un millar de agentes. Algunas veces me tocó asistir de expositor ante su alumnado. Hace algunos años se le revaluó su pensión con el grado de coronel y 21 mil pesos, mucho menor que la de cientos que nunca han servido al Estado, pero de lo que su dignidad no le permite quejarse.

En su natal Bonao lleva varios años retirado de funciones públicas, no así de sus otras grandes pasiones, el cultivo de seres humanos, de plantas frutales y florales, nacionales y exóticas, y la defensa del medioambiente. Allí Colombo y yo lo hemos sorprendido varias veces para recordar los años fraternales del México lindo y querido y para hacerle un “saludo militar” al grito de ¡salve soldado de la patria!

Sembrar cemento y cosechar inundaciones

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Por Juan Bolívar Díaz

            No podemos culpar a María de todas estas inundaciones, que han arrojado  26 mil damnificados, un millar de viviendas destruidas o averiadas, una treintena de comunidades incomunicadas, puentes y carreteras dañadas, 27 acueductos fuera de servicio con casi medio millón de personas sin agua potable ni electricidad y pérdidas multimillonarias en la producción agrícola. Después de todo ese monstruoso huracán evadió golpear de lleno el país, como hizo con Dominica y Puerto Rico, convertidos en ruinas.

Dos semanas antes también nos pasó de lado Irma, otro monstruo atmosférico, que acabó con Bermudas y San Martín y dejó graves daños en Cuba y La Florida,  resultado de las descomunales agresiones contra la naturaleza en que se ha empeñado esta civilización depredadora. Con el agravante de que las peores catástrofes afectan a los más pobres, a los países más vulnerables por su posición geográfica y sus condiciones de vida.

Aquí hace tiempo que ya  no precisamos de un huracán para ver los resultados de esta última semana. En octubre y noviembre del año pasado, sendas vaguadas causaron tanto daño como ahora, En años anteriores, tormentas fuera de la temporada ciclónica resultaron devastadoras, como las denominadas Olga y Noel en el 2007.

Y así seguirá ocurriendo, ya que hemos destruido los lechos de los ríos, extrayendo sus agregados para levantar las edificaciones que tanto enorgullecen a los dominicanos, como signo de progreso y modernidad. Buscar los agregados en las minas terrestres identificadas hace tiempo costaba mucho más porque están más distantes  y hay que triturarlos, y para qué si los ríos están ahí a orillas de nuestras grandes urbes. Hemos sembrado abundante cemento y estamos cosechando inundaciones.

Un dramático ejemplo de esas depredaciones son los ríos y arroyos de San Cristóbal, que aunque fundamentales para dar agua a más del 40 por ciento de la población dominicana, han sido sistemáticamente saqueados a la vista de todos. Durante años los grupos ecologistas y los expertos han venido advirtiendo de las consecuencias, pero ha podido más el poder de los traficantes y constructores.

Todavía el mes pasado se denunciaba que persistía el saqueo del hace tiempo degradado río Nigua. En marzo el senador Tommy Galán emplazó al Ministerio de Medio Ambiente a detener la depredación de esa importante fuente fluvial. Una y cien veces se anuncia que se terminó la explotación abusiva de los lechos fluviales, pero no hay manera de hacerlo cumplir.

Y así seguimos de tormenta en tormento, sin que podamos asistir a los damnificados. Menos de la mitad de los que perdieron sus viviendas o sufrieron graves daños en octubre-noviembre del año pasado, han recibido el auxilio gubernamental. De 41 mil millones de pesos en que fueron evaluados, sólo se les ha podido destinar 20 mil millones, según la versión más optimista.

Mientras tanto, el fulgor del cemento y la concentración de la riqueza siguen impulsando a los dominicanos a emigrar al borde de la modernidad, incentivados por las persistentes pérdidas en los pequeños cultivos, generadas por las inundaciones, para sobrevivir en condiciones extremas de vulnerabilidad. .

No culpemos de nuestras imprevisiones, inequidades e iniquidades a los huracanes Irma y María. Mejor será que nos vayamos preparando para la catástrofe a que nos conduce nuestra creciente vulnerabilidad, cuando nos toque un monstruo de la categoría de los que apenas nos han rozado en este mes. Entre 1930 y 1998 nos destrozaron 4 grandes huracanes, San Zenón, Inés, los gemelos David y Federico, y George, por lo menos uno cada 17 años, y del último ya han pasado 19. Nuestra pobreza y miseria no necesitan ser desnudadas, es que sus intimidades están a la vista de todos.-

 

 

 

Limpieza a fondo en Educación

Por Juan Bolivar Diaz
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La eterna tentación continuista en la agenda de Danilo Medina

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Aunque asoma el gusanillo de la reelección, las perspectivas dificultan otra reforma constitucional para posibilitarla, por lo que contemplan un relevo alternativo al “vengativo  Leonel Fernández”, más posible si eligen  candidato con padrón abierto.  

Por Juan Bolívar Díaz

Prosiguiendo la constante historia nacional, el presidente Danilo Medina acariciará mientras pueda la posibilidad de prolongarse en el poder, aunque sus perspectivas lucen desfavorables, por lo que el realismo político le está aconsejando buscarse alguna alternativa para evitar que pueda volver “un vengativo Leonel Fernández”.

Como advirtió esta semana el dirigente del PLD Monchy Rodríguez, para los suyos Medina sigue siendo el mejor activo de cara a las elecciones del 2020, pero el eficiente superministro Gustavo Montalvo adelantó hace un mes la opción alternativa: promover caras nuevas para el relevo, gente “comprometida con los cambios profundos en marcha”.

Una constante histórica

            Como ha sido constante en la historia nacional, todos los presidentes que concluyen siquiera un período, y Medina va agotando el segundo, se consideran imprescindibles y gobiernan con el interés primario de continuar en el poder. Las excepciones fueron los perredeístas Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, porque tenían como líder del partido a un antireeleccionista de la categoría de José F. Peña Gómez, y aún así el primero lo intentó. Desaparecido el carismático líder popular, otro perredeísta, Hipólito Mejía, no resistió la tentación de abandonar el “principio peñagomista” y modificó la Constitución, para inscribirse como el único que ha fracasado en el intento.

Heureaux, Trujillo y Balaguer han sido los mayores reeleccionistas de la historia dominicana, con elecciones controladas, y le sigue Leonel Fernández, quien logró tres períodos en la aún incipiente democracia. Sus seguidores los proclamaban regalo divino  imprescindible. Repercute el que “mientras Balaguer respire, que nadie aspire”, como predominó en su partido hasta su muerte en 2002, tras agotar seis períodos de gobierno , aunque fracasó buscando  el séptimo, a los 94 años, ciego y discapacitado físicamente.

La consigna balaguerista retumbó hace dos semanas cuando el director de Etica del gobierno, refiriéndose a Medina planteó: “aprovechemos a este hombre mientras Dios le tenga el aliento en el cuerpo”. Lidio Cadet aseguró luego que no estaba promoviendo la reelección, pero su recomendación quedó flotando en el viento. Otros, como Monchy Rodríguez, Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Lucía Medina, Radhamés Camacho y Domingo Contreras, han expresado  su preferencia por la continuidad de Danilo, pero con prudencia han advertido que “todavía no es tiempo para hablar de eso”.

Leonel no pudo en 2012

            Los que se aferran al determinismo histórico deberían tomar en cuenta que Leonel Fernández fracasó en el intento de buscar un tercer período consecutivo  para el 2012, aunque sus fervientes “ingenieros constitucionalistas”, sostenían que era posible recién proclamada  la Constitución del 2010, que modificó el dos períodos y nunca jamás para establecer la reelección sin límites pero alternada. De nada valieron los “dos millones de firmas” que entregaron en carretillas al presidente Fernández en el Palacio de los Deportes..

Entonces a Leonel no le faltaba liderazgo en su partido y apoyo popular y le seguía sobrando carisma y recursos económicos para comprar todo lo que fuere necesario, como en efecto hizo a lo largo de la campaña incurriendo en un histórico déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos para que en mayo del 2012 su compañero de partido Danilo Medina pudiera ganar las elecciones

De los más diversos sectores sociales, incluyendo a los conservadores y reverentes del poder, como los empresariales y eclesiales, se levantaron voces pidiendo  respeto a la recentina Constitución. Los reeleccionistas quedaron atrapados, pues no podían alegar que a Leonel no se le podía aplicar la nueva carta magna, del período alternativo, porque entonces le tocaba la anterior del nunca jamás.

Fernández lo entendió para optar por el continuismo partidista a través de Medina. Fue lo que no pudo hacer Antonio Guzmán, quien acarició la ilusión de la reelección sin contemplar a tiempo el continuismo a través de su vicepresidente Jacobo Majluta para los comicios de 1982. Cuando llegaron a apoyar  su precandidatura presidencial, resultó tarde para evitar el triunfo de su contrincante Jorge Blanco.

Muy difícil para Danilo

            Imposible no es en un país tan presidencialista y sin institucionalidad democrática, pero será muy difícil que Danilo Medina pueda repostularse en el 2020, sin un alto costo   en su propio partido y en el electorado, tanto que podría generar el relevo total, por cansancio de un peledeísmo que no respeta mínimamente ni sus propias normas. Son muchos los que en el PLD y en el mismo entorno del presidente lo entienden, razón por la que se contempla el continuismo indirecto, con un relevo grupal.

Danilo mismo es menos propenso a las decisiones bajo emotividad que Leonel. Y atravezará por el mismo reto de ignorar su propia Constitución, la que él reformó para posibilitar su reelección del 2016, bajo el argumento de que merecía una segunda oportunidad, la que se pactó a duras pruebas después del discurso de mayo del 2015 de Leonel Fernández donde advirtió el peligro de un Trujillo del siglo 21.

La división del PLD y la repostulación de Medina fue posible con el pacto de en el Comité Político para volver la Constitución a los dos períodos consecutivos y nunca jamás, con la adición de una disposición transitoria de que en caso de que el mandatario de turno se postulara y ganara la presidencia para el período 2016-20, no podría ser candidato para el siguiente ni nunca más, ni siquiera a la vicepresidencia.

Resultará muy riesgoso para la unidad partidaria proponerse otra reforma constitucional para desconocer lo pactado hace 4 años. En el ámbito nacional podría encontrarse tanta oposición, por la misma causa, como la que venció a Leonel en el 2011. El escenario ahora parece más difícil por la emergencia de la Marcha Verde, como  expresión de la generalizada indignación generada por la corrupción y la impunidad,  además de que el crecimiento económico empieza a reducirse aunque el endeudamiento del gobierno central haya alcanzado a 12 millones de dólares (571 millones de pesos) cada día entre abril del 2016 y abril del 2017,

La fórmula Montalvo

En el danilismo es difícil encontrar un funcionario más eficiente, frío y honesto que el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, pero también alguien más renuente al debate público. Por eso hay que tener en cuenta que el 12 de agosto declaró tajantemente, sin hablar de esperar tiempo ni circunstancias, que el presidente Medina sólo estará en el gobierno hasta el 16 de agosto del 2020  “y ni un día más”. Añadió que el próximo candidato del PLD “debe estar comprometido con los cambios profundos en marcha y ofrecer nuevas medidas para el progreso”, y abundó que “en mi humilde opinión, el PLD debe reciclarse y mostrar caras nuevas en el 2020”.

El planteamiento no podía ser más claro y apunta en la dirección de aquel danilista que el año pasado advirtió en privado que “en el 2020 no podemos permitir el retorno de un Leonel vengativo. Los leonelistas descifraron el mensaje y le salieron al paso, encabezados por Franklin Almeyda, quien llegaría a sostener que Montalvo y otros ministros relevantes de Danilo son “políticos análogos, porque no están al ritmo del desarrollo”, al tiempo que proclamó que quien está en la era digital es Leonel Fernández.

Quieren el padrón abierto

            La persistencia de los danilistas por establecer en la ley de partidos que las elecciones primarias deben ser con el padrón universal abierto, para que todo ciudadano pueda votar en la elección de candidatos, estaría relacionada con la línea de las caras nuevas. Parten de la convicción de que sin Danilo de candidato no asoma nadie que pueda vencer a Leonel si es sólo con el voto de los peledeístas. Descartan a Montalvo porque los adictos a la corrupción lo consideran peligroso; “no tiene seguidores”, dicen abiertamente. En el danilismo se señalan como alternativas a los ministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Andrés Navarro, pero se cree que quedarían muy cortos frente a Leonel.

Cualquiera de ellos, con el apoyo del presidente y del poder, tendría más posibilidades si el candidato se escoge con voto universal. Podría operar  la magia del control de las tarjetas de los programas sociales y otros incentivos para llevar gente a las primarias. Permitirían mayor margen de maniobras desde la infinitamente poderosa fuerza de la presidencia de la nación.

Todo eso podría estar sobre el tapete este fin de semana cuando el Comité Político del PLD tiene una cita para decidir si apoyan el padrón abierto en la Ley de Partidos.-

 

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De la Constitución del 2015

            Artículo 124: …”El Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Vigésima disposición transitoria: “En el caso de que el Presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ninguno otro período, así como tampoco a la Vicepresidencia de la República”

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Hace rato comenzaron a cultivar la ilusiónj de continuar, Recon0ocen que en las actuales circunstancias, con gobierno y Danilo a la defensiva por Odebrech. Catalna-Marcha Verde, no es tiempo apropiado.

Parece una consiugna que Monchy Rodríguez repitió, aunque acariciándola.

Pronunciamientos como el de Lidio Cadet.

Ni Danilo ni Leonel

Expectativas de la primaria con padrón universal abierto

Si no es Danjilo, nadie le gana a LF en el PLD.

Transferrir apoyo externo a un candidato emergente: Nvarro, Glonzalo Castillo, José Ramón Peralta…