Al verificar el contenido de los periódicos dominicanos en las diez semanas transcurridas desde el cambio del gobierno, se puede comprobar que esta sociedad vive de disquisiciones en disquisiciones, dando vueltas a la noria, en discusiones banales e irracionalidades, como si no estuviéramos sumidos en la peor crisis de salud, económica y social de nuestra historia contemporánea y obligados a una etapa de absoluta austeridad y eficiencia en la administración pública.
El debate gira en torno a si gobierna o no el Partido Revolucionario Moderno, o los perremeístas han quedado relegados, si se suprime definitivamente la ignominia de los barrilitos y cofrecitos, si es conveniente designar profesionales sin ataduras partidarias para que arbitren los organismos de control, como Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o Defensoría del Pueblo, o quién constituye hoy la segunda mayoría en el Senado.
Lo primero se despacha fácilmente cuando se advierte que, además del presidente Luis Abinader, ocupan altos cargos los principales dirigentes del PRM, como su presidente, secretaria general, secretario nacional de organización, de Finanzas, los jefes de su campaña electoral, los directores de los departamentos claves, como el de economía y políticas públicas, de energía, electoral, y casi todos los 50 miembros de su Dirección Ejecutiva.
Hay quienes se quejan de la designación de reputados profesionales y técnicos en importantes cargos, incluyendo algunos cuadros de la militante sociedad civil, bajo la falsa premisa de que “fueron las bases las que se fajaron para ganaron las elecciones”, y que se debe sustituir a cada peledeísta por un perremeista para seguir la fiesta del dispendio, la malversación y la eficiencia que duplicaron la nómina estatal en los últimos 8 años. Quieren ignorar que el PRM pudo batir la enorme maquinaria del PLD porque sumó personalidades de todos los sectores, y se abanderó de las demandas sociales. Por supuesto que la militancia propia fue fundamental, pero no suficiente.
Parecida es la disquisición sobre si el reparto político de miles de cargos públicos, puede dejar una veintena para que personalidades sin ataduras partidistas arbitren los procesos electorales (JCE y TSE), fiscalicen el gasto público (Cámara de Cuentas) y encarnen la Defensoría del Pueblo. Como si la experiencia reciente no hubiese demostrado que el secuestro partidario de esos organismos ha sido terriblemente dañino. Por supuesto que hay muchos honorables con ataduras partidistas, pero no justifica impugnar que unos cuantos ciudadanos independientes asuman responsabilidades públicas.
Sobre los barrilitos y cofrecitos se ha demostrado hasta la saciedad que tenemos uno de los Congresos más numerosos y costrosos relativamente del mundo, que un senador dominicano tiene ingresos superiores a sus colegas de Estados Unidos y México, que los diputados españoles de mayores ingresos, los de fuera de Madrid, ganan 4 mil 894 euros por mes, sin nada agregado, equivalentes a 340 mil 867 pesos dominicanos. Los de aquí 364 mil más un promedio de otros 100 mil del “discreto” cofrecito, seguro de salud y de pensión privilegiada, y dos exoneraciones de vehículos, además de 4 empleados pagados.
La disquisición sobre la segunda mayoría en el Senado, por el derecho a designar un representante ante el Consejo de la Magistratura, es también banal. Parte del viejo debate sobre si los cargos son del partido o del ciudadano por el que se vota, más ahora cuando ya no hay arrastre y el voto es uninominal o preferencial. Para simplificarlo solo hay que pensar en el Presidente de la República. Si éste se separa del partido que lo postuló, o si lo expulsan en una división del mismo, ¿pierde el cargo a mano del partido?
Es evidente que el PLD y sus aliados sacaron más senadores en la elección de julio que la Fuerza del Pueblo y aliados. Como también que en varios casos, los electores sabían que sus escogidos tenían otras lealtades. La realidad es que ahora mismo los primeros sólo constituyen 4 votos y los otros son 8 en el Senado. Las circunstancias variaron el resultado de las urnas. La división de los partidos y las renuncias de los legisladores son absolutamente normales. A veces por simple transfuguismo, otras por razones políticas, ideológicas, de principio, o de lealtades a líderes y caudillos. Ojalá que superemos pronto esas disquisiciones y concentremos la atención en los problemas fundamentales de esta sociedad.-
La penosa triple crisis por la que atraviesa el país, de salud, económica y social, obliga al nuevo gobierno a llevar hasta las últimas consecuencias la austeridad y la reducción de la malversación y el festín de los escasos recursos de una nación que más allá de los eufemismos sigue siendo pobre. Si era irritante el nivel de dispendio, corrupción y reparto clientelista cuando la economía crecía hasta 6 y 7 por ciento anual, ahora es bochornoso, inmoral e inaceptable.
Como muchos políticos y legisladores no acaban de entender que cientos de miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus, será necesario que la población se lo estruje entre boca y nariz para que comprendan que tenemos que economizar cada peso, suprimiendo botellas, peluches, barrilitos, cofrecitos, mafias empresariales, subsidios absurdos y reducir el inmenso costo de la política.
El gobierno viene dando muestras de austeridad y ya ha suprimido varios miles de botellones, de subdirectores, subadministradores, vicecónsules, presuntos diplomáticos y simple activistas políticos, también ha encarado mafias como las que monopolizaban las ventas de asfalto, con sobreprecios estimados hasta 60 millones de dólares anuales.
Se anuncia el despido de 7 mil botellas y “peluches”, denominación de los hijos de políticos y funcionarios que no hacen vida militar y han abultado en términos alarmantes las nóminas de las fuerzas armadas, que dicho sea de paso, ya es tiempo de que sea transparentada por completo. Por ejemplo ya debería informarse cuántos generales y coroneles sin mando cobran en los institutos castrenses, están asignados a empresarios y políticos y los que se aprovechan de esos cargos para hacer todo género de negocios, lícitos e ilícitos.
Los niveles de abuso de lo público llegaron a proporciones irritantes. Ya el gobierno dispuso la reducción y unificación de los consejos del sector eléctrico que durante décadas ha consumido hasta mil millones de dólares anuales en subsidios. Al unificar media docena de consejos directivos, han quedado sólo 9 consejeros pagados, disminuyendo su costo de 103 a 37 millones de pesos mensuales.
Gerentes de las deficitarias distribuidoras de energía disfrutaban de tarjetas de crédito para gastos personales de hasta 250 mil pesos y 10 mil dólares. El nuevo director de la Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez, se dio el lujo de anunciar que le basta con un salario sobre los 500 mil pesos mensuales y renuncia a cobrar 50 mil pesos por asistencia a cada reunión administrativa del mismo organismo, así como a una tarjeta de gastos personales de hasta 150 mil pesos y 10 mil dólares.
En ese escenario merece total apoyo la propuesta del presidente Abinader de reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos el próximo año, lo que implicaría un ahorro de 630 millones de pesos. No puede despacharse esa propuesta calificándola de populista, cuando afectaría al propio partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que junto al Partido de la Liberación Dominicana, únicos que obtuvieron sobre el 5% de los votos en las elecciones de este año, estaría llamado a recibir el 80 por ciento de ese subsidio. A cada uno le quitarían 252 millones de pesos.
La reducción a los partidos es más justificada, porque a consecuencia de las fallidas elecciones municipales de febrero, celebradas luego en marzo y las presidenciales y congresuales de julio, el subsidio a la actividad política, que en principio fue pautada para 3 mil 13 millones de pesos, terminó sobre los 4 mil. Con el financiamiento a la Junta Central Electoral el costo de la política en este desventurado año sobrepasó los 7 mil millones de pesos. Es indignante el chantaje de que la reducción del financiamiento político dejaría a los partidos a merced de los narcotraficantes.
El gobierno tiene que avanzar todavía mucho más en la austeridad, en la supresión de botellones, de barrilitos y cofrecitos, en el control de la corrupción y de la malversación, en la fusión de organismos redundantes, prohibiendo las tarjetas de crédito y los gastos de representación, como los regalos, canastas navideñas, la repartición de hasta 15 y 16 salarios anuales en numerosas instituciones estatales, autónomas o no, en la contratación de seguros internacionales privilegiados, y en muchos otros capítulos ahora mismo bajo revisión.
Ojalá que los dirigentes políticos, todos los funcionarios, los empresarios sin escrúpulos y toda la ciudadanía registren que la hora demanda austeridad y sacrificios. Antes de que la población desesperada y los más conscientes se los hagan entender.-
Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados. Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.
Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.
Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada. Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza.
Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas. En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante.
En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados. Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino.
En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes. El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado. Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.
Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incúmbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de honestidad y valor civil.
Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.
Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos.
En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-
Entre los aspectos más relevantes del proceso electoral recién concluido vale relevar que no fue simplemente la derrota de un partido que gobernó el país durante los últimos 16 años, sino de uno que se había constituido en corporación para usufructuar, contra todas las normativas, desde las constitucionales a las legales, todo el poder del Estado para reproducirse y mantener un dominio casi absoluto.
Ayer se cumplió un año de que el presidente Danilo Medina tuvo que poner fin, en dramático discurso, a los intentos de comprar una segunda reforma constitucional para mantenerse en el poder abusando de todas sus prerrogativas, como ya había hecho en el 2016. Porque nadie que se precie de serio puede ignorar que el presupuesto nacional fue instrumentado en ambas ocasiones en aras del continuismo. Esta vez no pudieron comprar una treintena de diputados y la militarización del Congreso, en vez de intimidar como se pretendía, generó mayor resistencia.
Esta ha sido una de las mejores victorias de la historia nacional contra el absolutismo presidencialista y el abuso del Estado, que a duras penas pudo imponerse en las primarias de octubre, pero generando una profunda división del Partido-Corporación-Estado, que fue víctima de su propia maña, porque fue con el abuso del Estado que financiaron y ejecutaron la división del más antiguo y grande partido del intento democrático dominicano del último siglo, el PRD, y que absorbieron lo que Joaquín Balaguer legó como partido, el PRSC.
Son muchos los que analizan las victorias electorales del PLD como obra maestra de la orfebrería política, ignorando todos los ingredientes antidemocráticos y de corrupción que conllevaron. Ganó en el 1996, con auxilio del Balaguer, y obtuvo su más limpia victoria en el 2004, cuando no controlaba el Estado, pero a partir de ahí hay que entrecomillar sus victorias, si se aplican los parámetros democráticos.
En ese escenario no se puede ignorar que el PLD se apropió de todas las instituciones del Estado, y compró no sólo partidos, también órganos sindicales, sociales y hasta empresariales. Llevó sus dirigentes a controlar los órganos electorales, las altas cortes, la justicia y el ministerio público, la Cámara de Cuentas, y desde luego el Congreso Nacional. Creó una red de miles de comunicadores en todo el país, pagados por los dineros públicos, en nóminas y con generosa publicidad.
Mediante contratos de compras y asesorías, o directamente en las nóminas, recogió una parte importante de la inteligencia nacional en todas las áreas, para neutralizarlas y mediatizar la criticidad. Mientras programas de subsidios-migajas cooptaban una gran proporción de los más pobres, a los que se trataba de controlar en cada cita electoral.
Conformó una alianza de 14 partidos entregándole a cada uno un pedacito del Estado para que lo sobrecargaran con decenas de miles de militantes partidistas, desde ministerios como el de Relaciones Exteriores, hasta entidades poco funcionales como el Inespre, la ODC Procomunidad y otros. En las campañas electorales incorporaba como empleados temporeros en los órganos estatales a decenas de miles de activistas políticos.
Su poder corrosivo no tuvo límites y se exhibió hasta en la difusión de conversaciones telefónicas privadas, en la hostilidad a medios y comunicadores independientes y en símbolos nacionales como la jueza Miriam Germán,
Fue ese partido-corporación-Estado el que fue derrotado por la ciudadanía dominicana y por el PRM,y su candidato presidencial Luis Abinader, quienes lograron rescatar parte del débil patrimonio democrático dominicano y aliarse a los grupos sociales y personalidades independientes para rentabilizar la fatiga generada por la enorme corrupción, delincuencia e impunidad, el narcotráfico, la ineficiencia en el control fronterizo y la enorme desigualdad a pesar de un alto crecimiento económico, por cierto en gran medida fundado en el endeudamiento, duplicado en la última década.
La enorme fatiga generada por el PLD fue la mayor causa de su derrota, que incluyó esa barrida a 26 senadores, que con un par de excepciones se imponían también con extracciones del presupuesto nacional, como los barrilitos, algunos de los cuales llegaron a creer que habían heredado las curules.
Hay motivos de sobra para celebrar la barrida del 5 de julio, pero sobre todo para mantener firmes reclamos de reformas políticas e institucionales que impidan la repetición del partido-corporación-Estado. Lo saben los del PRM y no se debe permitir que lo olviden.-
Las expectativas en los comicios de mañana están centradas en si Luis Abinader, ampliamente favorito en casi todas las encuestas, podrá lograr la mitad de los votos necesarios para ser elegido presidente, o habrá segunda vuelta en tres semanas Por Juan Bolívar Díaz
La nación dominicana afronta mañana el reto de celebrar unas elecciones limpias con suficiente concurrencia a las urnas para elegir un gobierno con mucha legitimidad para que pueda afrontar no sólo la crisis de salubridad que sigue representando el coronavirus, sino también sus graves consecuencias económicas y sociales.
Una atípica campaña electoral concluyó antenoche con la expectativa fundamental de si el economista Luis Abinader, ampliamente favorecido en una multiplicidad de encuestas sin precedente, podrá alcanzar la mitad de los votos válidos en los comicios de mañana 5 de julio, o si habrá que recurrir a una segunda votación el próximo día 26,
Campaña del coronavirus
La campaña electoral del 2020 pasará a la historia por haber comenzado tres años antes, pero afectada en su último cuatrimestre por la pandemia del coronavirus que ha mantenido una curva ascendente en el país, a pesar de una cuarentena de tres meses, con un estado de excepción que limitó los derechos políticos hasta 48 horas antes de su final oficial.
Los partidos casi no realizaron actividades formales de campaña desde las elecciones municipales celebradas en marzo, tras un escandaloso fracaso un mes antes, y ni al final se produjo una manifestación nacional, conformándose en los últimos días con caravanas vehiculares locales. La noche final, el jueves, los candidatos opositores Luis Abinader y Leonel Fernández de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) dirigieron mensajes a la nación a través de programaciones televisivas, sin que lo hiciera Gonzalo Castillo, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entre las atipicidades de esta campaña se cuenta que el candidato oficialista fue mantenido a soga corta por sus obvias limitaciones expositivas, “para protegerlo”, según confesó su propulsor el propio presidente Danilo Medina el 20 de octubre cuando habló por él tras una cuestionada elección para encabezar la boleta peledeista, la cual generó la división de ese partido. Lo volvió a sustituir la semana pasada en una reunión del máximo organismo partidario. Castillo no participó en varios eventos donde se invitó a los candidatos presidenciales a exponer sus proyectos, y ante el gran empresariado lo hizo con la condición de que no difundieran grabación de su exposición.
También fue notoria la falta de regulaciones por una Junta Central Electoral débil que no pudo hacer cumplir importantes aspectos de la Ley de Partidos, promulgada en agosto del 2018, tras dos décadas de intentos, ni mandatos de la ley del Régimen Electoral, de febrero del 2019, que debieron limitar tiempo, contribuciones y gastos. Tampoco pudo alcanzar vigencia la instituida Procuraduría Especializada para Persecución de Delitos Electorales.
¿Habrá decisión mañana?
Muy pocos dudan que la candidatura presidencial del PRM y otros seis partidos aliados saldrá en primer lugar en los comicios de mañana, pero las expectativas están centradas en si podrá alcanzar más de la mitad de los votos válidos o será necesaria una segunda vuelta entre los dos punteros, que sería dentro de 3 semanas, el domingo 26.
El economista Luis Abinader apareció ganador en una cantidad de encuestas sin precedentes, en 41 de 47, de 23 firmas diferentes, publicadas desde que comenzó este año y en 17 de 20 durante el mes de junio, incluyendo tres las cuatro más acreditadas del mercado electoral, y la mayoría con más del 50%.
La ventaja del perremeista no fue afectada ni siquiera por haber quedado recluido por más de dos semanas del pasado mes al ser el único de los candidatos que fue alcanzado por el Covid-19, aunque se mantuvo activo desde su residencia, incluso dando entrevistas de prensa. Al reactivarse en la última semana no salió a manifestaciones callejeras, confiado en los balances de sus encuestas, incluyendo las propias.
Fue relevante que la única encuesta que el PLD publicó al final del límite, de CID Latinoamericana, dejaba un punto abajo su candidato, mientras los esfuerzos y hasta las declaraciones se deslizaban a la expectativa de que el opositor no gane en primera votación. E incluso en un vídeo de su discurso ante el Comité Central del PLD, se escuchó a Medina decir que “por lo menos el control del Senado debemos repetir”. Y el presidente salió a último momento en caravanas a hacer campaña en media docena de provincias, mientras los perremeístas aseguraban que conseguirán más de la mitad de los 32 senadores.
Los resultados de marzo
Eufórico, contando con el poder del Estado, antes de los comicios municipales que precedieron a estos presidenciales, el presidente Medina proclamó que el resultado de los primeros sería el anticipo de lo que ocurriría en los segundos. El PRM y aliados alcanzaron la victoria en 81 de los 158 municipios, incluyendo 26 de los 38 mayores y con más del 50% en una decena. Pero el PLD y sus aliados ganaron más distritos municipales, y muchos pequeños municipios, reduciendo la diferencia en número de votos, a alrededor de 4%, difícil de precisar por los cruces de alianzas locales.
El PRM emergió con fuerza en el DN y Santo Domingo Este, los dos más poblados del país, donde alcanzó 59 y 57% , y pasó de la mitad también en Santo Domingo Oeste, La Vega, Puerto Plata, San Francisco y otros de los mayores. Pero en esos municipios la votación fue más baja que en los medianos y pequeños. En los de Santo Domingo y en San Francisco no llegó al 40%, en el DN sólo 42%. En Santiago, donde ganó el PLD votó sólo 34%. En contraste la votación osciló entre 60 y70% en 55 municipios, y en 4 más del 70%.
La votación municipal quedó en el promedio de 50% que habían marcado las 4 elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales celebradas entre 1998 y 2010 En marzo votó el 49% de los empadronados, pero restándole los más de 595 mil empadronados en el exterior que no votan en las municipales, ascendió al 51%.
El gran desafío de mañana
Hay quienes creen que la baja votación de marzo en los grandes centros urbanos pudo haber sido influida por el anuncio la noche antes que cerraba el país por aire, mar y tierra a causa del coronavirus, que habría espantado a segmentos importantes de la clase media, que valoran más la vida y se arriesgan menos. Ahora, con el coronavirus expandido por todo el país y alcanzando casi al millar de contagiados por día, el gran desafío es lograr una votación mucho mayor, aunque no sea del 70% que promedia en las elecciones presidenciales de la “etapa democrática iniciada en 1978”. La mayor fue 85% en el fraude electoral de 1994, cuando en la provincia Espaillat votaron más de los que estaban empadronados. La menor, apenas 59% , fue en 1990, cuando en otras elecciones fraudulentas Balaguer se impuso con la baja puntuación de 35%, frente a 34 de Juan Bosch.
Múltiples sectores han centrado su preocupación en incentivar la población a que acuda a las urnas protegiéndose del virus, con mascarillas, guantes, desinfectantes de manos y guardando distancias. Se cree que una fuerte proporción acudirá, bajo la convicción de que debe ser menos riesgoso que subir a una carro público, a una voladora o al metro, o tanto como ir al supermercado, al colmado, al banco, a las plazas comerciales, o a consulta médica.
Se ha apelado a la conciencia ciudadana sobre la base de que ahora más que nunca se precisa de un gobierno fruto de una alta votación que le confiera suficiente legitimidad y fuerza para dar la batida que el actual no ha podido al Covid-19, pero sobre todo para emprender la reactivación económica que dejará decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en quiebra, que disparará el desempleo y la pobreza, y requerirá muchos recursos para financiar la recuperación. Los economistas concuerdan en que será el peor escenario para un nuevo gobierno, porque la caída de la economía no es sólo nacional y la colaboración externa estará más limitada que nunca.
Una sola doble vuelta
La exigencia de más de la mitad de los votos válidos para elegir presidente data en el país de la reforma constitucional realizada tras el trauma electoral de 1994 que le arrebató la elección presidencial a José Francisco Peña Gómez. Y sólo en la primera prueba en 1996 ha sido necesario acudir a una segunda ronda entre los dos más votados en la primera. Antes de la reforma se había consensuado la fórmula de elección de 45% o más de diez puntos de ventaja si el puntero pasaba de 40, pero al votarse en la asamblea nacional, una alianza del PLD con el entonces dominante Partido Reformista Social Cristiano, elevó el requerimiento a la mitad de los votos. Perjudicó al mismo Peña Gómez, que en primera vuelta en 1996 obtuvo 46% contra 39 de Leonel Fernández del PLD. En la segunda vuelta éste resultó electo 51 a 49% tras pactar formalmente con el PRSC de Joaquín Balaguer.
Desde entonces las siguientes cinco elecciones presidenciales se han decidido en primera vuelta, aunque en la del 2000 a Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano le faltaron unos pocos miles de votos para alcanzar la mitad. Se le computó el 49.87% de los válidos, quedando Danilo Medina y Joaquín Balaguer casi empatados, en segundo y tercer lugar, con 24.94 y 24.60%, respectivamente.
Formalmente estaba dispuesta la segunda vuelta, pero con Mejía duplicando a Medina parecía un absurdo y Balaguer le puso punto final cuando se negó a pactar con el peledeísta para algo que sólo habría servido para prolongar incertidumbres y mayores costos, porque debía asumirse que con aquellos números era virtualmente imposible cambiar el curso.
A partir del 2004, cuando Leonel Fernández volvió al poder con amplísima victoria en primera vuelta, 57 a 34% contra Hipólito Mejía que pretendió reelegirse en medio de la crisis generada por las quiebras bancarias en todos los casos ha ocurrido igual. El resultado más estrecho fue en el 2012, cuando Danilo Medina ascendió a la presidencia por primera vez, ganando 51 a 47% al ex presidente Hipólito Mejía que pretendía el retorno. En 2016 impuso su reelección con 61% a 35 que obtuvo Luis Abinader, entonces por un PRM recién constituido.-
Tengo que pedir disculpas a lectores y televidentes que pueden disentir de mi decisión de respaldar públicamente la candidatura de Luis Abinader Corona para presidente de la República a partir del 16 de agosto próximo. En 52 años de ejercicio periodístico me había abstenido de tomar posiciones o de exhortar a votar por alguna candidatura, pero esta vez, ya al final de mi carrera profesional he decidido manifestar pública preferencia, porque en privado siempre las he tenido, ya que jamás he sido indiferente al curso de la nación.
Hace tres años al celebrar 30 años del telediario que he dirigido desde su fundación, anuncié que me retiraría de la televisión cuando pasara este proceso electoral, pero debo confesar que me cansé de ser cronista de las desventuras de la enclenque democracia dominicana, o de ser observador desde mi butaca en Participación Ciudadana, y ya en los finales decidí salir al frente a promover una alternativa al secuestro político de las instituciones democráticas, al desastre institucional, al ahogante nivel de corrupción e impunidad, a la enorme desigualdad y al irresponsable endeudamiento que hipotecan el futuro de nuestro pueblo.
Me he contado entre los promotores de la Coalición Democrática por el Cambio que sustenta la candidatura presidencial de Abinader con la licenciada Raquel Peña para vicepresidente, junto a un notable grupo de responsables profesionales y dirigentes sociales. Después de largos meses de consenso social logramos la aprobación de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”. Después pasamos la prueba de concertar candidaturas entre 7 partidos políticos, con la deserción de otro, más difícil por la camisa de fuerza que impuso la nueva legislación electoral al limitar al 20 por ciento las candidaturas que pueden reservarse para alianzas.
Desde el principio contamos con el aliento de Abinader, como también del ex presidente Hipólito Mejía, cuando ambos competían por la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Establecido como candidato presidencial, el economista no dejó de promover una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales para un nuevo tipo de alianza y de gobierno.
Por algún tiempo muchos lo descartaban sobre la base de que “ no tiene carisma”, y le escuché decir que él no pretende convertirse en otro de los tantos que al alcanzar la presidencia se consideran seres providenciales, insustituibles enviados de Dios. Que mientras aparece el mesías que muchos buscan, aquí está él dispuesto a gobernar como un ser humano.
Lo hemos visto crecer y asumir un discurso de reformas y compromisos, cada vez con mayor vigor y poder de convicción, pero consciente de que no hay salvación sino es con todos, que no se logrará transformar nuestra sociedad sin concertaciones colectivas, que los líderes son conductores y deben tener humildad para reconocer que “un hombre solo, o una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada”, como poetizó Goytisolo.
Luis Abinader es más conservador de lo que yo preferiría, demasiado centrista, pero por eso mismo es que ascenderá a la presidencia el mes próximo y tendrá posibilidades de iniciar un rescate de los valores fundamentales y una nueva etapa de la República. Con sólo imponer el imperio de la ley haría una revolución.
Lo apoyo porque tiene sentido del equilibrio, porque profesa un sentido ético de la vida y los valores espirituales en que creo, porque no se deja doblar el brazo por los poderes establecidos, porque es heredero de don Rafael Abinader, uno de los políticos dominicanos que más ha honrado la función pública a lo largo de décadas.
Mantengo la esperanza de que las alturas del poder no carcoman los valores de que es portador este Abinader, que pueda resistir las lisonjas y mareos de los oportunistas y se erija como un gobernante que antepone el supremo interés nacional, y en el momento preciso sepa retirarse a disfrutar del aprecio de la comunidad.
Este país necesita un presidente que no se considere inmortal y gobierne consciente de que los seres humanos somos apenas un destello en la inconmensurable dimensión del universo. Espero que Abinader no lo olvide. Pero tengan seguridad de que si empieza a tambalearse, si todavía estoy aquí, tendré suficiente fortaleza moral para advertirle del precipicio.-
Desde el principio de la emergencia nacional impuesta por el coronavirus advertimos que el gobierno del presidente Danilo Medina tenía que aceptar las propuestas de los más diversos sectores de una concertación del liderazgo nacional para tener mayores posibilidades de éxito en la contención de la pandemia. Y que le convenía porque ante una amenaza tan grave era preferible compartir la responsabilidad, incluso con sus opositores políticos.
Lamentablemente desde el gobierno la pandemia fue vista como una oportunidad para reposicionar la valoración del presidente e impulsar sus candidaturas para los pendientes comicios presidenciales y congresuales después del grave tropiezo sufrido en los municipales, que según adelantó el mismo mandatario marcarían el destino del próximo gobierno.
Ni por cortesía el presidente Medina respondió los planteamientos de concertación provenientes de la oposición, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, las iglesias evangélicas, sectores empresariales, de las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Ni siquiera fueron capaces de concertar con el Colegio Médico Dominicano, las asociaciones de enfermería, ni con la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) que agrupa decenas de entidades vinculadas al sector. Y en grandes operativos barriales no auspiciaron la participación de los ayuntamientos ni de las organizaciones comunitarias.
El llanero solitario quiso convertir a su candidato presidencial en un Chapulín Colorado que en medio de la pandemia se desplazaba hasta a China para salvar a todos los dominicanos de la pandemia y rescatar a los varados. Le traspasó las responsabilidades que correspondía al Estado en procurar los primeros equipos, materiales y insumos para combatir el virus, con resultados pírricos iniciales que permitieron la expansión sin lograr en los primeros dos meses, los suministros necesarios. No respondió una oferta pública a principio de abril de la Cámara de Comercio Dominico China para apelar a acuerdos bilaterales y conseguir traer un avión carguero de insumos y equipos.
Creyeron haber encontrado una veta de oro político en la pandemia, manteniendo a la oposición en un corral sanitario, con un toque de queda que no regía para los suyos, repartiendo contratos de compras entre empresas vinculadas y cotizantes y confiando en la rentabilidad política del subsidio a cientos de miles de personas afectadas por la paralización.
Pero ahora, después de tres meses de medidas de excepción y emergencia, con el cuerpo social fatigado e incapaz de sostener las privaciones por mucho tiempo, el gobierno se ve preciso a detener la reactivación que había iniciado, y se toma dos semanas para anunciar como nuevo esfuerzo, que multarán al que salga a las calles sin mascarillas, sin poder explicar el mecanismo de cobro, o si serán detenidos los infractores de la disposición.
En realidad, el gobierno ha ido quedando preso de su propia trampa. Las encuestas más acreditadas indican que no han logrado la rentabilidad política esperada y que la fatigada sociedad sigue clamando por cambios políticos, económicos y sociales.
Y para completar la gravedad de su atrapamiento, a los tres meses ha comenzado a triplicar el número de las pruebas para detección del virus que se le reclamaron cuando la población soportaba el acuartelamiento. Como es lógico se incrementan alarmantemente los contagiados por efecto del mayor número de pruebas, sobre tres mil por día, cuando el promedio diario de los dos meses del cierre de actividades fue 903.
Sin haber podido revertir su infortunio político, desde que faltaban dos semanas para las elecciones, sectores gubernamentales emprenden el camino de la intimidación, hasta con una línea de difusión gráfica que incluye carabela y tumba, lo que conspira contra el éxito de las elecciones. Aunque ello implique la confesión de fracaso en el solitario combate de la pandemia. Porque una vez más queda patente que lo fundamental es mantenerse en el poder, a cualquier costo.
Es bien penoso que las fuerzas sociales nacionales no tengan el valor suficiente para reclamar el predominio del interés general. Porque si se sigue difundiendo el miedo y no se contiene la expansión del virus, los daños a la salud y económicos y sociales se multiplicarán hasta lo infinito. El próximo primero de julio debería comenzar la fase 4 de la reactivación, con vuelos y turismo incluidos, pero hemos quedado congelados en la segunda. Las estadísticas no cuadran y el atrapamiento parece dramático.-
El PLD obtuvo el 41% de las alcaldías y sólo pudo ganar en 10 de los 38 mayores municipios, mientras la abstención alcanzó el 51% pero en 56 pequeños municipios votó entre el 60 y el 81%, la proporción del voto total fue de 43% el PRM y 40% el PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Al concluir el cómputo
preliminar de las elecciones municipales del domingo, el Partido Revolucionario
moderno (PRM) quedó como la principal fuerza política del país, ganando 82
alcaldías, 52% del total, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
quedó desplazado de la primacía que ostentaba desde las elecciones generales
del 2004, quedando con el control de 64 alcaldías, el 41%.
El PRM y sus aliados fueron ganadores en la mayoría de los centros urbanos del país, consiguiendo la victoria en 26 de los 38 mayores municipios, el 68%, y contribuyendo a la victoria de sus aliados en San Juan de la Maguana e Higüey para completar 28, equivalentes al 74% de los mismos, mientras el PLD se imponía en mayor proporción en los pequeños y medianos.
43
a 40% en el voto total
Anoche la JCE, a petición de HOY, entregó un cuadro con la votación total por partidos, en la s elecciones municipales del domingo 15,donde el PRM y sus aliados aparecen encabezando con 43%, y el PLD 40%, con 1,503 mil 076 votos para el primero, y 1,415 mil 860 para el segundo. El PRSC y aliados aparecen con 210 mil 472, para un 6%. El PRD solo acumuló 55 mil 900 votos y con aliados 5,178. Fuerza del Pueblo no encabezó muchas alianzas, por las circunstancias de tiempo en que se forjó.
Según el informe, la votación general alcanzó a 3 millones 497 mil 193, un 49.12 del total de empadronados que era 7 millones 487 mil 40. Los votos nulos sumaron 179 mil 261, equivalentes a l 5.13%. Pero el cómputo final arroja una victoria del PRM y sus aliados, en 82 de los 158 municipios, para un 52%, mientras el PLD salía adelante en 64 para un 41% del total. Los partidos Revolucionario Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, que dominaron el escenario político de la segunda mitad del siglo pasado, quedaron relegados, logrando ganar sólo en 7 y 3 de los municipios, respectivamente, por sus alianzas. El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvieron los dos restantes.
El cómputo concluyó la noche del jueves, cuando pudieron procesar la totalidad de los colegios de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde los resultados fueron estrechos en favor del PRM y aliados. En el primero arrojó una diferencia de 512 sufragios, y menos del 1%, con 29.91 a 29.09, y allí se generaron tensiones que llevaron el miércoles a una renuncia del presidente de la Junta Electoral Municipal, que luego retiró. En San Cristóbal la diferencia fue de 1,042 votos, con porcentajes de 43.34 a 41.83%, de 1.51%.
En relación a los 106 alcaldes ganados en el 2016, el PLD retrocedió en 42, equivalentes al 42%, en tanto el PRM avanzó de 30 a 82, con ganancia neta de 52, que representan un incremento de 173%,
En
los grandes municipios
La victoria del PRM y sus aliados fue contundente en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, incluyendo el Distrito Nacional y las cabeceras de las 31 provincias. De los 38 municipios más poblados, se impuso en 26 para un 68%, que alcanza a 28 y al 74% cuando se le agregan los de San Juan de la Maguana e Higüey, donde contribuyó a las candidaturas del PRSC y al BIS, que personificaron alianzas locales. El PLD sólo pudo ganar en 10 de los grandes municipios, y en sus tres mayores, Santiago, Santo Domingo Norte y Moca, habría contado con el voto total de los peledeístas antes de la división que originó el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, que no postuló a nadie en los mismos. Los tres alcaldes electos allí son señalados como leonelistas.
La victoria del PMR fue arrolladora en el gran Santo Domingo, donde ganó en el DN y en 5 de los 7 municipios de la provincia más poblada, los de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra. En los dos mayores, DN y SDE con votación de 60 y 58%. El PLD sólo ganó Santo Domingo Norte, con 54% y Boca Chica, por 31 a 28% del PRM. Ahí el Partido Cívico Renovador alcanzó 18% y el PRD 12%, único caso en todo el país que hubo 4 partidos con más del 10%.
Fue notorio que el PLD ganó las alcaldías de una gran proporción de los pequeños y medianos municipios, especialmente en la franja fronteriza y en el sur profundo. Pero en esta región perdió en todos los grandes municipios, al igual que en la región oriental, ambas en las que dominó absolutamente el PRM.
La abstención fue el 51%
La JCE informó que los concurrentes a los comicios municipales fueron 3 millones 496 mil 882 ciudadanos, de los 7 millones 487 mil 040 empadronados, para un porcentaje del 49%, ligeramente por encima del 47% que promedió el voto en las cuatro elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales entre los años 1998 y 2010. Pero se quedó muy lejos del 70% que se dijo en actitud de votar en varias de las encuestas publicadas en este año. Se cree que el anuncio del aislamiento del país, por el coronavirus, apenas 12 horas antes de abrirse las urnas, incrementó los temores a contraer la enfermedad y redujo la participación.
Siempre ha sido mayor la participación en los pequeños y medianos municipios, pero esta vez se acentuaron las diferencias. En el DN sólo votó el 43%, y en los 3 grandes municipios de la provincia Santo Domingo apenas entre 37 y 39%. En Santiago 38, La Vega, Puerto Plata, Moca, San Cristóbal, por debajo del promedio. En cambio hubo pequeños como Cristóbal donde votó 81%, Jaquimeyes y la Ciénega 79%, Fundación 78% y El Peñón y Los Cacos 76%. En otros 55 municipios la votación osciló entre 60 y 70%.
Esas diferencias se reflejaron en que la distancia de votación total no fuera mayor entre el PLD y el PRM con sus aliados. Promedio de votación alta en los pequeños del PLD, y muy baja en los grandes que dominó el perremeísmo. Los peledeístas ganaron poco más de la mitad de los distritos municipales, muchos de ellos con entre 5 y 20 colegios electorales.
Hubo un factor adicional que contribuyó a reducir la diferencia entre los dos mayores bloques de partidos: En la mayoría de los grandes centros urbanos los votos nulos pasaron del 5% y en muchos del 7 y hasta 8%, mientras en la mayoría de los pequeños y medianos oscilaban entre 1 y 3%. Se puede atribuir al tamaño de las boletas y a que en las grandes ciudades las disputas logran anular más votos que en las pequeñas, donde la gente se conoce y hay menor tendencia a pedir anulación del voto. Aunque puede presumirse mayor nivel educativo en las urbes.
La
proyección para mayo
La interpretación de los resultados, consonantes con las encuestas independientes de enero y febrero, no permiten una proyección firme para la elección presidencial, aunque mantienen la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, como ya indicó la Greenberg-Diario libre. Más aún si aumenta la participación de los empadronados del 49% alcanzado ahora, al promedio del 70% en las presidenciales de las últimas cuatro décadas. Eso tomando en cuenta los altos porcentajes registrados por el PRM en los grandes municipios, donde ahora fue menor la proporción de concurrentes.
Es obvio que las elecciones de mayo estarán dependiendo del nivel que alcance el coronavirus en el país y el efecto disuasorio del voto que pueda provocar. Pero también podría acentuar el bipartidismo por cansancio de votaciones y deseo de la población de salir de la incertidumbre. Más aún cuando todas las encuestas independientes proyectan una victoria sobre el 60% para Luis Abinader en una eventual segunda vuelta.
Por demás, la dispersión del voto en las municipales es muy grande, porque las alianzas fueron múltiples y parciales, apenas en el 20% de las candidaturas, y lo mismo ocurrirá en las elecciones congresuales, pero en la presidencial los partidos aliados llevan un mismo candidato.
RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2020
CABECERAS DE PROVINCIAS Y PRINCIPALES CENTROS URBANOS
Durante los años 2017 y
2018, a raíz de la explosión del escándalo Odebrecht que embarró hasta el
tuétano los gobiernos de los últimos 16 años del Partido de la Liberación
Dominicana, se desarrolló en el país la mayor manifestación social de nuestra
historia. La Marcha Verde fue un primer grito multitudinario contra la
corrupción y la impunidad, que no fue escuchado en las alturas del poder.
Consideraron
que era cuestión de tiempo para que los ciudadanos y ciudadanas se cansaran de
marchar, y así ocurrió en efecto, aunque algunos advertimos que la coyuntura
electoral del 2020 iba a propiciar el resurgimiento de esas protestas, y de ahí
que surgieran iniciativas buscando capitalizar ese descontento, por ejemplo la
Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, emprendida por profesionales
y activistas sociales, que ha promovido la integración de una coalición de siete
partidos políticos y grupos cívicos en base a una veintena de objetivos para el
rescate de la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción, el fin
de la impunidad y las reformas económicas sociales que demanda la nación.
Gran
parte de los jóvenes que en las últimas semanas han protagonizado las protestas
por el asalto electoral del 16 de febrero, fueron protagonistas de la Marcha
Verde. Y están dando el segundo aviso, ya no sólo a los actuales gobernantes,
sino que, conscientes de que es un inminente un cambio de gobierno, están
adelantando una advertencia a los que
pueden llegar en agosto próximo, que ya no habrá indiferencia ni adormecimiento de la juventud
dominicana, que ellos van a tomar en sus manos el destino de la nación y van a
imponer orden sobre una clase política demasiada enfocada en el aprovechamiento
del poder para el enriquecimiento personal, envileciendo a diestra y siniestra
para justificarse y prolongarse.
La
corrupción y la impunidad ya aparecen entre las mayores preocupación de la
sociedad dominicana. En la encuesta Greenberg-Diario Libre de la semana pasada
alcanzó 45 por ciento, casi duplicando al desempleo y la inseguridad ciudadana.
Es que la corrupción de arriba y la impunidad repercuten en la delincuencia
abajo y por tanto no sólo sustraen los recursos de toda la sociedad, sino que
además incentivan la inseguridad ciudadana.
En el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, cuando estaba en su apogeo la Marcha Verde, el país quedó sub-campeón en los indicadores de corrupción, sólo superado por Brasil entre 137 evaluados. Nos dejaron en el escalón 136 en favoritismo de los funcionarios públicos, 135 en desvío de los fondos públicos, 133 en políticas antimonopólicas, 132 en ética empresarial, y 131 en eficiencia del gasto público.
Cualquiera
tiene la tentación de creer que nos lo hicieron de maldad. Y otros que eso
quedó atrás. Pero el retroceso se manifiesta también en el Indice de Percepción
de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en enero pasado.
Sacamos 28 de 100 puntos, quedando en el
escalón 137, entre 182 evaluados, peor que el 78 por ciento de los países del
continente, y en América Latina sólo mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Venezuela, todos sumidos en la pobreza, que para muchos se relaciona con la
corrupción.
En
esta evaluación, en el 2006 el país ocupaba la posición 99, y para el 2012, al
concluir el gobierno de Leonel Fernández, había descendido 19 escalones, a la
118, pero en los dos periodos de Danilo Medina prosiguió cayendo justo en otras
19 posiciones, para completar 38 en 14 años.
La
corrupción y la impunidad tienen un peso grande en el descalabro político que
se advierte para el partido gobernante. Es que si la malversación, el robo y el
despilfarro representan el 3.5% del PIB como estimó un estudio del BID, fueron unos
165 mil millones de pesos el año pasado, 20 veces los 7 mil millones de pesos
invertidos por año en las publicitadas “visitas sorpresas” del presidente
Medina. Con esa suma se hubiesen hecho en un año 40 proyectos de viviendas como
el de la Nueva Barquita.
La prioridad número uno del próximo gobierno será reducir drásticamente la malversación y rescatar la independencia y credibilidad de la justicia, del ministerio público y la policía, así como de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para poner un dique a la impunidad. y que el Congreso asuma su responsabilidad de fiscalizar en vez del reparto clientelista. En pocas palabras, rescatar la institucionalidad democrática.
Todos los dominicanos y
dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este
domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones
presidenciales y congresuales en virtud
de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con
responsabilidad y entusiasmo.
En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.
Acudir
a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo
y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia
dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por
la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10
por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.
Vale
recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del
año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los
ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la
proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera
parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por
ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó
a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año
pasado, sobrepasan los 230 mil millones.
Hay
otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de
iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado
de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los
gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y
adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.
Por
lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido
Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos
sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes,
proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública,
condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También
restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de
control, liberándolos del secuestro en que han
devenido.
Nadie
puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente
cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la
ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.
La
responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos
jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y
de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que
cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando
por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2
millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para que ahora se hayan convertido en una de las
principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil
50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos,
que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.
Acudir
a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña
electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio
público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores
víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e
inseguridad.
Las
urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción,
negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de
control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren
ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales
condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la
Constitución de la República y numerosas normativas legales.
Ojalá
que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una
nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten
electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo
próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del
imperio de la ley.-
