Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, que inició el final del bloque socialista y de la confrontación que encabezó la Unión Soviética con los países capitalistas liderados por Estados Unidos, gran parte de la humanidad lo celebró como reivindicación de la libertad y se creyó que también marcaría un hito en el fortalecimiento de la democracia en todos los continentes.
Se temió que la etapa unipolar que se iniciaba conllevaría dificultades, como el fortalecimiento de lo que hasta los papas habían denominado como capitalismo salvaje. Es evidente que ese capitalismo tuvo que hacer múltiples concesiones en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, primero al interior de los países más desarrollados, y luego frente a un tercer mundo que se había constituido en campo de la batalla ideológica de la Guerra Fría.
El fortalecimiento de la social democracia y de la democracia cristiana como doctrinas o ideologías políticas alternativas al socialismo comunista, fue paralelo al desarrollo de un movimiento sindical que arrancaba reivindicaciones, y de emergencias estudiantiles que en los años sesenta y setenta llegaron a poner en jaque a sistemas políticos tan afianzados como el de Francia, Alemania o México. Fueron los años en que se consolidó el Estado de bienestar social, y el viejo proletariado escaló estamentos de clases medias para hacer el mundo un poco menos desigual.
Pero la alegría duró poco y en las últimas tres décadas el mundo va a la deriva, con un proceso de concentración de la riqueza que espanta, el gran sindicalismo y las ideologías se fueron a pique, y las universidades dejaron de ser campos de debate ideológico para convertirse en fábricas de emprendedores que reman frenéticamente montados en salvavidas individuales. La socialdemocracia y el socialcristianismo parecen sólo recuerdos, arrasados por el pragmatismo político del mundo unipolar que impuso la ley del mercado y el neoliberalismo económico.
Ese pragmatismo, que se nutre del salvajismo capitalista en muchos países, incluido el nuestro, ha derivado en el fortalecimiento de la cultura de lo mio, en la concepción de la política como escalera al ascenso personal y la incorporación a los negocios y las prácticas mercantilistas. La cuestión es más grave en naciones como la Dominicana, donde nunca se llegó a desarrollar una cultura auténticamente democrática, y los proyectos que más lo intentaron naufragaron una y otra vez desde sus orígenes. Los políticos y los empresarios se convierten en aliados, frecuentemente sin el menor escrúpulo.
Por eso con cada cambio de gobierno emerge una inmensa camada de gente que entiende llegado su momento, su oportunidad de tomar el ascensor económico. No sólo exhiben su precaria cultura democrática, sino también una enorme incoherencia que los lleva a negar rápidamente lo que antes se predicaba como fundamental. Dan la espalda no sólo a los principios, sino también a los que persisten en defenderlos. Y para no correr riesgos, dejan de responder llamadas o mensajes, cambian número de teléfono, de amigos y hasta de cónyuges. Se excusan en la infinita cantidad de personas que anan detrás de ellos buscando un pedazo del pastel estatal.
Una meteórica e infinita metamorfosis sobre la base de que ellos se fajaron para alcanzar esos peldaños. Se olvidan que la democracia es participación y representación, que los funcionarios están para servir y los legisladores para representar a la ciudadanía, que ésta es el centro de todo el quehacer político y que a ella se deben. Ahora reclaman que son absolutamente soberanos y, es más, que no permitirán que los presionen.
Algunos llegan tan lejos que ni siquiera quieren poner atención a las decisiones coyunturales de sus partidos y sus programas y son capaces de desafiar a sus líderes y hasta al mismo Presidente, buscando que la rueda gire una vez más al autoritarismo presidencialista, porque su pobre cultura democrática no da para más.
Ojalá que ese pragmatismo político no sacrifique una vez más, el proyecto de cambio democrático que se ofreció a la ciudadanía dominicana que este año votó ansiosa de dejar atrás el desorden, la corrupción, la impunidad y el continuismo que atropella los parámetros democráticos.-
Por ahí ruedan
voceros oficiales y oficiosos ofendidos
por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno
de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso
electoral en marcha se realice con las garantías de “libertad, transparencia, equidad y
objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la
República.
En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratam de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.
En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.
Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.
Se trata de posiciones hipócritas: justifican que el gobierno de Danilo Medina se haya asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.
La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.
Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.
En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien clareos al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.
Plantean
que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las
conciencias con el mismo espíritu de 1962, “dentro de un “contexto social y
político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas
similares, y fundamentalmente la
necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones
sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al
margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas
actividades por sus implicaciones para la sociedad”.
Los dos
planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el
que tenga capacidad para leer y escuchar.-
A un mes de las elecciones municipales y a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes
Por Juan Bolívar Díaz
El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano
Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.
La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.
Una
contundente advertencia
La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.
El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.
El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”
Refieren mensajes
anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los
propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea la
urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar
acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes
desafíos.
Un
ejercicio democrático
El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.
Más adelante
plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso
degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes
ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la
que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada
injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas
ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y
mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del
país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que
nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden
público”.
El punto 17
indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la
Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos,
sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral
transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y
que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de
cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome
acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus
delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de
preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.
Agenda
política episcopal
El documento
contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los
actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud,
de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra
sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se
promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto
al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos
sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.
Los obispos han
pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves
problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y
los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre
como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se
extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico
y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando
la educación.
Proponen “un
pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un
compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad
dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los
intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la
nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con
principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial
dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación
final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de
un contexto social y político diferente,
pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la
necesidad de unas elecciones libres”.
Contexto de la pastoral
La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.
La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.
La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas, un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.
El pacto
propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo
Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los
propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en
el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con
el Tribunal Superior Electoral.
Apoyo financiero y político de EU
La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.
Pero el anuncio
del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se
queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones
libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”.
Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.
Con tales
planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y
constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y
por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio
pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso
con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la
Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional
que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.
En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo
norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama,
y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su
significación.-
