El nuevo presidente de México proclama la cuarta transformación del país a partir del fin de la corrupción y la impunidad, con austeridad desde arriba, para rescatar a 50 millones de la pobreza y la extrema desigualdad y generar un nuevo Estado que supere la inseguridad 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) México se mueve entre la esperanza y el escepticismo, aquejado por extrema desigualdad con más de 50 millones de pobres lo que genera alta migración grave delincuencia, inseguridad y violencia, con un costo superior a las 150 mil vidas en el último sexenio de gobierno.

López Obrador inicia su gestión gubernamental convencido de que combatiendo la inmensa corrupción y la impunidad y bajo un programa de austeridad logrará generar una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la violencia y permita al país aprovechar sus riquezas y crear un nuevo modelo de desarrollo más justo y equitativo.

Esperanza y escepticismo

“Por fin, el poder: Entre la esperanza y el escepticismo”, titulaba la reconocida revista Proceso el 2 de diciembre, al día siguiente de la juramentación de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), investido presidente de México con una histórica votación del 53 por ciento compitiendo contra los poderes fácticos y tres partidos de 90, 80 y 40 años, en su tercer intento después de haber perdido en el 2006 por el 0.5 por ciento con flagrantes abusos del Estado.

Aunque pretende redimir los sectores sociales más pobres y excluidos, su impulso electoral  fundamental no fue de estos, victimas tradicionales de la manipulación política y la ignorancia, sino de las clases medias, activistas sociales y la intelectualidad, hastiados de la descomposición social y económica que hundió a México al compás de las políticas neoliberales y la gestión de la tecnocracia que predominó en los últimos seis sexenios de gobierno, a partir de Miguel de la Madrid en 1988, fruto de cuestionados comicios donde cerraron el paso a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico Lázaro Cárdenas que gobernó en pleno período post revolución, 1934-40.

Contrario a lo que sus contradictores pregonan, López Obrador no es un izquierdista radical ni un improvisado en la política, pues acumula casi cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Independiente (PRI), luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD y hace 6 años en su propia organización, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Fue el éxito de su gestión al frente de la capital (2000-05) que ya implicaba a 20 millones de mexicanos y con presupuesto superior al de República Dominicana, lo que le catapultó al liderazgo nacional que le ha permitido finalmente alcanzar la presidencia de México, con 123 millones de habitantes en un inmenso territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados,41 veces el dominicano, la segunda economía latinoamericana y la décimo quinta del mundo.

No tengo derecho a fallar

En su discurso de juramentación, AMLO contó que un ciclista que se apareó a su automóvil cuando se dirigía al Congreso, lo que se vio por televisión, le señaló con el dedo y le advirtió “tu no tienes derecho a fallarnos”. Consciente de la esperanza que representa, dijo a continuación que efectivamente “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México”, donde la pobreza alcanza tasa de 43 por ciento, afectando a más de 50 millones, con una de las mayores corrupciones del mundo y a la vez enorme desigualdad y estancamiento económico, acosado por el narcotráfico y la violencia que en el 2017 cobró entre 26 y 30 mil vidas, y que a mitad de este año llevaba un ritmo de 93 por día, con decenas de tumbas colectivas clandestinas y hasta furgones de cadáveres arrojados en carreteras.

La magnitud de los problemas mexicanos es lo que mantiene escepticismo sobre las posibilidades de ver materializadas las promesas de AMLO, pero al mismo tiempo obliga a gran proporción a aferrarse a esa tabla de salvación, convencidos de que “ya el país tocó fondo y no tenemos más alternativa que reflotar a cualquier precio”, como aprecia un veterano analista que no esconde algunos cuestionamientos al proyecto.

López Obrador alcanzó el poder enfrentando la hostilidad de los grandes intereses económicos, y gran parte de sus medios de comunicación, pero con habilidad suficiente para reducirla designando jefe de su gabinete a Alfonso Romo Garza, figura importante de familias del gran capital norteño y creando un consejo asesor empresarial, aunque proclama la separación de los poderes políticos y económicos. Poco después de su elección dirigió una carta al presidente Donald Trump, agradeciendo su congratulación, donde ratificó sus facultades políticas. En la segunda semana de gobierno ya ha logrado una promesa del gobierno de Trump de inversión conjunta para reducir las migraciones mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos.

La guerra a la corrupción

            El carismático AMLO dijo en su discurso inaugural que “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”, convencido de que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado en el influyentismo”. Que “el neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y la violencia que padece México, impulsando la economía informal, la migración y la delincuencia”.

López Obrador rechaza “un gobierno rico con pueblo pobre”, y está convencido de que dando ejemplo de austeridad y honestidad, como hizo en el gobierno capitalino, del que salió con lo mismo que entró y sin ningún familiar que se hiciera próspero empresario, tendrá moral para combatir la corrupción desde arriba hacia abajo, proscribiendo la impunidad, así como para crear una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad que se han expandido al ritmo de la descomposición social.

Postula un programa que le permitiría ahorros de hasta 26 mil millones de dólares anuales, suficientes para asistir a los más desposeídos, cortando privilegios y reduciendo altos salarios arriba, de hasta 600 mil pesos (30 mil dólares) para mejorar los salarios y las pensiones abajo, entre los más precarios de la región. Comenzó reduciéndose al 40 por ciento su propio salario, vendiendo tres aviones presidenciales, 58 jets y 112 helicópteros al servicio de funcionarios, suprimiendo una guardia presidencial de 8 mil 500 miembros, convirtiendo en museo y centro cultural la inmensa residencia del presidente y suprimiendo enormes pensiones de los expresidentes y de más de un centenar de servidores públicos al servicio de cada uno de ellos..

Metas muy ambiciosas

Son muchos los que dudan que su programa de reducción de gastos alcance las metas, y ya el poder judicial le congeló una ley que reduciría los sueldos del Poder Judicial, pero creen que tendría un gran efecto si lo logra siquiera en cincuenta por ciento. Sobre todo en la gran  corrupción en las contrataciones de obras y servicios, en el tráfico de influencia y en el soborno, o la mordida, que en México tiene tradición y traspasa todos los niveles del servicio público.

Pero AMLO proclama que controlar la corrupción es fundamental para recuperar la seguridad y regenerar el conjunto de la sociedad, y por demás entiende que le permitiría impulsar el desarrollo sin tener que elevar los impuestos ni continuar la carrera de endeudamiento de sus antecesores. En el discurso inaugural planteó que Vicente Fox dejó la deuda estatal en 1.7 billones de pesos en el 2006, que al 2012 Felipe calderón la triplicó a 5.2 billones, y que la recibe ahora de Peña Nieto en 10 billones de pesos.

Con el agravante de que el crecimiento, que en las décadas de los 50 a los 80 se situaba entre 5 y 6 por ciento del producto bruto, se ha reducido a menos de la mitad, y el aparato productivo estatal fue vendido o traspasado al sector privado, bajo promesas de inversión que no se materializaron.

Enfrenta a los neoliberales

El programa que enarbola AMLO es cuestionado por los mayores devotos del libre mercado, que lo consideran restaurador del estatismo y populista, pero él responde que “no es lícito ni jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras, y considerar una carga el bienestar de los más necesitados”.

Se queja de que el poder político y el económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus vivendi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación, refiriéndose a la privatización del ejido, las playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, minas, industria eléctrica y la petrolera.

“Hoy somos la nación que más importa maíz, grano originario de México, el salario se ha deteriorado en 60 por ciento, para ser de los más bajos del planeta, y durante el período neoliberal nos convirtió en el segundo país con mayor migración, 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos”, sostuvo López Obrador.

No hay la menor duda que el nuevo gobierno implica cambios trascendentes en México, hasta en el orden político, donde propone reformas para que los presidentes puedan ser procesados judicialmente y someterse a la posibilidad de revocación del mandato, con consulta a mitad de período. López Obrador proclama que México vivirá su cuarta gran transformación, después de la independencia, la reforma juarista y la revolución de la primera década del siglo pasado. Hay razones de sobra para desearle buena suerte, dado el nivel de sus dolencias de los últimos años.-

El adelanto de la elección presidencial al 8 de abril previendo mayor desguañangue económico, se constituye en círculo vicioso al bloquear la posibilidad de participación de la oposición, lo que profundizaría la crisis y el aislamiento de Venezuela  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El diálogo entre el gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.

Casi dos años de «diálogo»

            Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación  de los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.

En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien paree haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero  todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.

Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un «preacuerdo», porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.

A Dios rogando y golpeando

            La crisis política venezolana tomó un rumbo abismal a partir del 6 de diciembre del 2015, cuando la oposición, agrupada en la MUD ganó dos terceras partes de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, y de inmediato los líderes opositores anunciaron que apelarían al referendo revocatorio constitucional del mandato de seis años  que había ganado Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013, cuando obtuvo el 50.6 por ciento de la votación, contra 49.4 del opositor Henríque  Capriles de la MUD.

En marzo del 2016 se inició la mediación de Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante meses los órganos electorales controlados por el gobierno obstruyeron toda posibilidad del referéndum, y evadieron celebrar las elecciones de gobernadores y municipales que correspondían a fines de ese año, mientras la oposición optaba por la confrontación en las calles, que alcanzó su punto de ebullición a mediados del 2017, con más de 100 días de violencia callejera, con muertos, heridos y presos políticos, y posteriormente una hégira hacia el exterior de cientos de miles, impulsados por el deterioro económico y la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

El régimen de Maduro hizo patente el antiquísimo predicamento de «A Dios rogando y con el mazo dando», pues en medio de la confrontación violenta y sin ofrecer garantías mínimas de imparcialidad, y desconociendo el intento de diálogo, convocó a una elección de Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017, a la que no concurrieron los partidos opositores. El objetivo era reformular la Constitución, pero en la práctica sustituyó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya después de la segunda etapa del intento de diálogo, con el presidente Medina a la cabeza, el régimen celebró las elecciones de gobernadores y municipales sin concertación política, ha desconocido a los principales partidos de oposición, privando a la MUD del derecho a postular como coalición, y finalmente adelanta unilateralmente  la elección presidencial.

Una oposición sin rumbo

Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo,  alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente,  la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y éste logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.

Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.

La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres «acompañantes»  de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.

En un círculo vicioso

El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de descrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas  de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.

Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.

El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del «Grupo de Lima», que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur,  y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Y Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-

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La última de Maduro

 “Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, dijo ayer el presidente Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a la oposición y aludiendo al diálogo en Sano Domingo.

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