Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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Gobierno de Danilo contrató más de $1,300 millones con Joao y Mónica

5A_El País_13_1,p01Una certificación de la Contraloría General, obtenida por la diputada Faride Raful, revela 11 contrataciones y al menos 35 libramientos de pagos por $1,108 millones y 4.8 millones de dólares a dos empresas de Santana y Moura, que siguieron aún después de ser apresados  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la diputada Faride Raful, revela contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con dos empresas de Joao Santana y Mónica Moura los instrumentos políticos de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Del primer día hasta 2016

El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto del 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos, para producir la “campaña 100 días de gobierno”, y el último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y Planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre del 2016.

En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen 7 pagos a la empresa Cine&Art 2013 entre marzo del 2016 y enero del 2017 por un total de 72.5 millones de pesos, cuando ya los esposos Santana-Mouray había sido apresados y procesados, siendo condenados en enero del 2017 a 8 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrbras, tomándose en cuenta que hicieron “declaraciones premiadas”, por lo que cumplen la condena en domicilio privado.

Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por 1 millón 400 mil dólares, por 4 años, del 2013 al 2016, con una adenda estableciendo que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Itebis. El objeto   “asesoría en comunicación y planificación estratégica” es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi 5 millones de pesos a la tasa de ahora.

Pero los contratos más generosos fueron dos por 480 millones de pesos cada uno, firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes del 2016. Estos fueron con Cine&Art 2013 para “servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.

Más de $1,300 millones

El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a 4  millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos, más 1,109 millones de pesos para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.

Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de diez de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información dela Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”. Hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine&Art 2013 en noviembre del 2014 por 16 millones 198 mil pesos.

La CGR certificó 12 libramientos a Cine&Art 2013 por un total de    164 millones 455 mil pesos, y otros 23 en favor de Polis Caribe por 119 millones 593 mil pesos, todos entre el 2014 y 2017.

Las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de esta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine&Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura.

La magia de Cine&Art 2013

Como describimos en el artículo “Una ayudita al Procurador General”, en HOY, 20 de julio del 2017, la empresa Cine&Art 2013 fue constituida el 18 de junio del 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos, por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y éste luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica. Su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe.

Cine&Art 2013 saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos revelo que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.

En mayo del 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos depositaron una denuncia en la Procuraduría General que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine&Art 2013. La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.        

Una propuesta fallida

Armada con las certificaciones que obtuvo de la CGR amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una “Comisión Especial que fiscalice e investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2016 con las empresas vinculadas a Joao Cerqueira Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura: Cine&Art 2013 SRL y Polis Caribe SRL, por un monto aproximado a RD$1,400,000,000.00”.

La propuesta fue rechazada enfáticamente por voceros del Partido de la Liberación Dominicana, como el diputado Radhamés Camacho, que llegó a ofender a la proponente diciendo que se presenta como una flor pero tiene espinas de guasábara.

La propuesta dirigida al presidente de los diputados considera, en base a la documentación recibida de la CGR, que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal. También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.

La asesoría de Joao-Moura

Joao Santana y Mónica Moura asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina en el 2012 y 2016, y en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados. Pero luego los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de  campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora de Brasil.

La influencia de la pareja en la República Dominicana parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, exepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rouseauff. En Santo Domingo llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña. En principio se les atribuyó haber incluido a República Dominicana en el financiamiento de campañas por Odebrecht, pero luego la excluyeron. Y aquí les siguieron pagando sus contratos y hasta hace poco se afirmaba que seguían operando sus hijos.

En la instancia de los 4 diputados del PRM se resalta que tras su triunfo electoral del 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes del Partido de la liberación Dominicana a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Joao Santana se despidió el 22 de febrero del 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD.-

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CONTRATACIONES CON POLIS CARIBE, SRL

(Asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas)

Contratante                           Fecha                                                  Monto                                       

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-12 del 2012 al 3-12 del 2013     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2013 al 3-12 del 2014     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2014 al 3-12 del 2015     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2015 al 3-12 del 2016     US$ 1,200,000

Direc. Gral. Comunicaciones   Del 16-8 del 2012 al 24-11 del 2012  RD$ 18,815,100

Del 1-6 del 2013 al 30-8 del 2013       RD$ 48,720,757

Del 29-7 del 2013 al 297 del 2014      RD$ 24,190,944

CONTRATACIONES CON CINE&ART 2013, SRL

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-3 del 2014 al 3-3 del 2015                     RD$ 480,000,000

Del 3-3 del 2015 al 3-3 del 2016         RD$ 480,000,000

Del 1-1 del 2014 al 1-1 del 2015                     RD$   22,232,144

Del 14-12 del 2014 al 27-2 del 2015   RD$   35,762,850

Fuente: certificaciones de la Contraloría General de la República a la diputada Faride Raful

El fenómeno López Obrador liquida el partidismo tradicional en América Latina

Mexico's President-elect Andres Manuel Lopez Obrador gives a press conference in Mexico City, Thursday, July 5, 2018. Lopez Obrador is proposing former Mexico City Mayor Marcelo Ebrard to be the country's next top diplomat. (AP Photo/Moises Castillo) (AP Photo/Moises Castillo)

AMLO no es un izquierdista emocional y su MORENA sienta ejemplo e interpreta la agobiada sociedad mexicana para una barrida electoral, venciendo a dos partidos de 90 y 80 años de vigencia y a todos los poderes fácticos que durante 12 años le cerraron el paso

                                 Por Juan Bolívar Díaz

Con la inmensa victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lleva a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México caen los dos últimos vestigios del partidismo político latinoamericano, con 90 y 80 años de vigencia, en un laborioso proceso que superó el veto de los poderes fácticos tradicionales.

Aunque su partido tiene menos de cinco años, López Obrador no es un improvisado, sino un tenaz y vigoroso contendiente que rompe paradigmas y ensambla su poder desde la estructura municipal, comprometido con las mayorías, con un testimonio y discurso contra la corrupción y la descomposición social en acertada interpretación de las frustraciones mexicanas.

Vencen todos los poderes

La victoria de López Obrador y su MORENA ha sido tan contundente que sólo tiene parangón con las décadas de dominio absoluto del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sólo perdió en uno de los 32 estados de México, incluido el capitalino Distrito Federal,  alcanzando desde la oposición el 53 por ciento de los votos para ganar no sólo la presidencia de la nación, sino también mayoría en ambas cámaras legislativas, en muy diversa alianza con el Partido del Trabajo,  de izquierda, y el Partido Encuentro Social, de conservadores evangélicos.

Han desplazado a los dos partidos dominantes del último siglo mexicano, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), que el próximo año tendrán 90 y 80 años de fundados. De paso dejaron en la insignificancia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) creado en 1988 y que fue la plataforma de lanzamiento del liderazgo de AMLO. Esta vez el viejo PRI sólo ha ganado la gobernación del Estado de Yucatán, tropiezo histórico sin precedente.

Pero no sólo han sido vencidos los partidos tradicionales, López Obrador logró superar el veto de los poderes fácticos, especialmente del gran capital y sus medios de comunicación que, como Televisa y TV-Azteca lograron cerrarle el paso en 2006 y 2012, cuando perdió por escaso margen, especialmente en la primera cuando el panista Felipe Calderón fue proclamado presidente por una disputada diferencia de 0.56 por ciento, tras dos meses y 4 días de graves denuncias de fraude electoral.

Los esfuerzos por cerrar el paso a AMLO llegaron en mayo al extremo de que grandes empresarios reunieron a sus trabajadores para advertirles “los peligros” que representaba el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, pero esta vez la oposición de los poderes fácticos obró en sentido adverso, ya que en medio año pasó del 40  al 53 por ciento.

Un fenómeno llamado AMLO

No se debe simplificar el fenómeno llamado AMLO, que no es un improvisado en la política ni un izquierdista tradicional, como lo han presentado para arrinconarlo, y si algo lo define es la coherencia con que ha actuado desde que en los ochenta abandonó el PRI, junto a un grupo disidente generado por la represión de 1968 y la institucionalización de la corrupción. Entre los fundadores del PRD para los comicios de 1988, partió desde las bases para hacerse con la jefatura del Distrito Federal en las elecciones del 2000, y fue ahí donde sembró su poder político con una brillante gestión que mejoró notablemente la gran urbe mexicana, administrando un presupuesto entonces similar al de República Dominicana, sin que nadie le imputara actos de corrupción.

Otro factor del éxito ha sido su tenaz persistencia. La victoria de ahora no se puede entender sin el arrojo con que se enfrentó a los partidos dominantes en las dos elecciones anteriores, obligando a reformas políticas importantes que esta vez no le permitieron al presidente López Nieto meter al Estado en la campaña como hizo Vicente Fox en el 2006. Ni al duopolio televisivo repetir la campaña sucia, ni a sus contrincantes gastar miles de millones de pesos como en las ocasiones anteriores.

En el 2006 López Obrador y sus fieles ocuparon durante 50 días la principal plaza capitalina El Zócalo e instalaron campamentos en otras avenidas, denunciando fraude y manipulaciones. Sus recursos se extendieron los cinco meses de la larga transición mexicana y Felipe Calderón tuvo que celebrar el acto de juramentación en la residencia presidencial de Los Pinos, porque el Congreso estaba sitiado por los opositores.

Los cuatro años de Morena

Tras perder por segunda vez en el 2012, con mayor diferencia, de 8 puntos, López Obrador consideró que el PRD se había convertido en una carga y en enero del 2014 fundaba un nuevo partido, con un nombre que subrayaba su proyecto: Movimiento de Regeneración Nacional, y a eso se dedicó con un vigor admirable, captando dirigentes comunitarios de base para competir en comicios locales y crear ayuntamientos modelos, como el de Valladolid, en Yucatán, cuyo ejemplo se expandió.

AMLO acarreó gran proporción de los diputados del PRD, bajo una mística de renovación y regeneración en dimensión inversa al deterioro del país. El rigor contra la corrupción y las incoherencias implicaron varios centenares de medidas disciplinarias y sanciones impuestas por su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, presidida por el antropólogo dominico-mexicano Héctor Díaz Polanco. Las sanciones alcanzaron a dirigentes nacionales y diputados, como el caso de Eva Cadena, a quien en el 2017 grabaron un video recibiendo dinero. El mismo día de la denuncia quedó separada de la bancada y posteriormente despojada de una candidatura a alcaldesa en Veracruz.

La vida personal de López Obrador fue convertida en ejemplo de austeridad y modestia, mientras recorría el inmenso país de casi dos millones de kilómetros cuadrados, 40 veces el territorio dominicano, y de 123 millones de habitantes, alcanzando zonas como la norteña, donde antes tuvo poco apoyo. Si algo le faltaba lo suplió con alianzas hacia la derecha y la izquierda. Desarrolló suficientes iniciativas y energías para vencer la dominación política de casi un siglo y sus poderosos opositores, sin puritanismo, acogiendo grupos provenientes de todos los sectores.

No podía haber más miedo

Esta vez la campaña del miedo a López Obrador no dio resultado. Hace meses que quedó en evidencia, porque la sociedad mexicana ya está saturada de miedo, a la inseguridad ciudadana, a la extrema desigualdad y a la crispación social, traducida en violencia de todo género.

La descomposición social y el derrumbe de la seguridad agobian a los mexicanos, con cerca de 100 homicidios por día, 21 mil 726 desaparecidos en el período de gobierno (6 años) de Peña Nieto que concluye, fruto de las bandas de narcotraficantes y otros géneros, que han operado cementerios clandestinos en la mayoría de sus estados, con casos tan dramáticos como la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa. Guerrero, cuatro años después en la impunidad.

A pesar del potencial de su inmenso territorio y un mercado interior de 123 millones de personas, la mitad menores de 29 años, México ha acumulado más de 50 millones de personas viviendo en la pobreza, pero es al mismo tiempo un país de grandes fortunas, algunas de las más grandes del mundo.

AMLO ha interpretado las carencias y frustraciones de las mayorías mexicanas, convirtiéndose en una esperanza, bajo la promesa de hacer la cuarta gran transformación, después de la independencia de 1810, la reforma de mediados del siglo 19 y la revolución en la segunda década del veinte.

Caen los viejos partidos

La magnitud de la derrota del PRI y el PAN, que juntos apenas sumaron 38.63 por ciento de los votos, el 73 por ciento del 53.17 por ciento y 30.4 millones de votos alcanzados por AMLO, viene a sellar la caída de los partidos más antiguos de América Latina, tras el derrumbe del peronismo en Argentina, del Aprismo y Acción Popular en Perú, de Acción Democrática y Copey en Venezuela, de Liberación Nacional en Costa Rica, y por igual las catedrales políticas de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile, Guatemala, Panamá.

El desafío es inmenso para López Obrador y su partido, con los graves problemas que heredan. Ha proclamado que “no levito y no voy a cambiar nunca”, que se mantendrá cerca de la realidad, hasta el punto de anunciar que no se mudará a la residencia presidencial de Los Pinos.

Tendrá que incrementar las habilidades que le permitieron vencer  a todos los poderes fácticos mexicanos, incluyendo la de haber escogido como jefe de gabinete a uno de los grandes empresarios de Monterrey, Ricardo Romo, y de haber anunciado medio año antes un gabinete de lujo, en paridad de hombres y mujeres, y estas en secretarías o ministerios importantes, como Economía, Gobernación, Energía y en la de Función Pública, Irma Sandoval, cuya especialidad es la investigación de la corrupción.-

La continuidad de Maduro bloquea la solución de la crisis de Venezuela

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El adelanto de la elección presidencial al 8 de abril previendo mayor desguañangue económico, se constituye en círculo vicioso al bloquear la posibilidad de participación de la oposición, lo que profundizaría la crisis y el aislamiento de Venezuela  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El diálogo entre el gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.

Casi dos años de “diálogo”

            Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación  de los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.

En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien paree haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero  todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.

Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un “preacuerdo”, porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.

A Dios rogando y golpeando

            La crisis política venezolana tomó un rumbo abismal a partir del 6 de diciembre del 2015, cuando la oposición, agrupada en la MUD ganó dos terceras partes de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, y de inmediato los líderes opositores anunciaron que apelarían al referendo revocatorio constitucional del mandato de seis años  que había ganado Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013, cuando obtuvo el 50.6 por ciento de la votación, contra 49.4 del opositor Henríque  Capriles de la MUD.

En marzo del 2016 se inició la mediación de Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante meses los órganos electorales controlados por el gobierno obstruyeron toda posibilidad del referéndum, y evadieron celebrar las elecciones de gobernadores y municipales que correspondían a fines de ese año, mientras la oposición optaba por la confrontación en las calles, que alcanzó su punto de ebullición a mediados del 2017, con más de 100 días de violencia callejera, con muertos, heridos y presos políticos, y posteriormente una hégira hacia el exterior de cientos de miles, impulsados por el deterioro económico y la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

El régimen de Maduro hizo patente el antiquísimo predicamento de “A Dios rogando y con el mazo dando”, pues en medio de la confrontación violenta y sin ofrecer garantías mínimas de imparcialidad, y desconociendo el intento de diálogo, convocó a una elección de Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017, a la que no concurrieron los partidos opositores. El objetivo era reformular la Constitución, pero en la práctica sustituyó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya después de la segunda etapa del intento de diálogo, con el presidente Medina a la cabeza, el régimen celebró las elecciones de gobernadores y municipales sin concertación política, ha desconocido a los principales partidos de oposición, privando a la MUD del derecho a postular como coalición, y finalmente adelanta unilateralmente  la elección presidencial.

Una oposición sin rumbo

Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo,  alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente,  la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y éste logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.

Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.

La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres “acompañantes”  de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.

En un círculo vicioso

El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de descrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas  de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.

Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.

El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del “Grupo de Lima”, que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur,  y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Y Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-

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La última de Maduro

 “Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, dijo ayer el presidente Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a la oposición y aludiendo al diálogo en Sano Domingo.

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