Por Juan Bolívar Díaz

La masacre de siete hombres en Paya, Baní, que esta semana ha conmovido el país pone de manifiesto el auge del narcotráfico que parece estar sobrepasando la capacidad contenciosa de las autoridades. La delincuencia en todas sus expresiones se reproduce en un clima de cultivo caracterizado por la búsqueda de riqueza rápida incentivada por la impunidad y una cultura de ostentación desproporcionada para los niveles de pobreza de la mayoría de los dominicanos y dominicanas.

Cada vez es más generalizada la convicción de que el país atraviesa por una crisis que requiere nuevas políticas que sinceren la realidad económico-social, ajustando los niveles de vida y consumo de los grupos privilegiados, especialmente del estamento político, imponiendo el imperio de la ley.

Auge del narcotráfico. La masacre de Baní no es la primera de esa magnitud que se registra en el país, ya que el 5 de septiembre del  2004 también siete hombres fueron asesinados en Navarrete, municipio de Santiago, en un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, lo que pocos han recordado en estos días.

Esas ocurrencias hacen temer que la violencia del narcotráfico pueda conducir el país a los críticos niveles que esa actividad criminal ha alcanzado en otras naciones de la región, como Colombia, Perú y México.

Sin que todavía se hayan podido esclarecer los orígenes y motivaciones de la masacre del lunes, las circunstancias en que se produjo, involucrando personeros de tres o cuatro países, evidencian la presencia en el territorio nacional de poderosas bandas criminales armadas con poder económico capaz de vulnerar altos estamentos militares, policiales y sociales. La presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz, tuvo que admitir el jueves que “hay descuido” en los organismos de inteligencia que no dan seguimiento a extranjeros vinculados al narcotráfico.

Versiones extraoficiales recogidas por los medios informativos señalan como detonante un cargamento de mil doscientos kilogramos de cocaína, cuyo valor sería de decenas de millones de dólares.

Las estadísticas de las incautaciones de drogas indican que definitivamente el país está siendo convertido en un puente para el tráfico del producto hacia el gran mercado consumidor de América del Norte y Europa.

Pero también muestran un extraordinario consumo en diversos sectores sociales dominicanos, incluidos los de baja capacidad económica.

Un informe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) publicado hace dos semanas indica que en 23 meses de la gestión del general Rafael Ramírez Ferreira frente al organismo se incautaron 11 toneladas de diversos narcóticos, entre ellas 9 mil 456 kilogramos de cocaína. Las detenidos sumaron 35 mil, el 52 por ciento de los últimos 8 años, y fueron desmantelados 30 mil 979 puntos de ventas de narcóticos. Este general del Ejército tiene un alto crédito como uno de los más diligentes que han ocupado la difícil posición

Autoridades cómplices. Desde hace muchos años religiosos que trabajan en los barrios y dirigentes comunitarios vienen denunciando la complicidad de autoridades policiales y de la DNCD con el narcotráfico, lo que fue reiterado el 23 de julio pasado en reportaje para HOY de Minerva Isa y Eladio Pichardo.

La captura de Quirino Ernesto Paulino, a fines del 2004, puso de manifiesto la complicidad en altos estamentos policíacos-militares, empresariales y políticos con el gran tráfico de drogas, hasta niveles aún pendientes de esclarecer, generalizando la convicción general de que muchas fortunas tienen vinculación con ese delito.

Los periódicos informan que la Playa de Sabana Uvero, en Baní, cerca del lugar de la masacre del lunes, es desde hace tiempo un “santuario del bombardeo de drogas”, lo que cuadra con la versión extraoficial de que junto a la casa donde vivían los masacrados se estaba construyendo un almacén de narcóticos.

Pero el senador por la Provincia Peravia, Wilton Guerrero, y el obispo emérito José Arnaiz no tuvieron temor de denunciar el miércoles que el poder económico del narcotráfico ha penetrado hasta los encargados de combatir el crimen, obligando al gobierno a encargar al secretario de las Fuerzas Armadas, al Jefe de la Policía Nacional y al Procurador General a investigar y rendir un informe.

El senador Guerrero fue contundente al denunciar que en los últimos años las dotaciones de la Policía Nacional, de la DNCD y el Ministerio Público han estado al servicio del narcotráfico en la provincia, que no hacen otra cosa que cobrar peaje, habiendo hecho de Baní una especie de “zona franca del narcotráfico”. En una reunión con altas autoridades el jueves, el legislador desafió al presidente de la DNCD a que dijera públicamente los nombres de los oficiales serios que han pasado por Baní en los últimos años.

El obispo Arnaiz no se quedó muy atrás al afirmar que al país le será difícil librarse del narcotráfico debido a los recursos millonarios que mueve y a “la seducción que ejerce en algunas autoridades encargadas de combatirlo”.

Estadísticas dramáticas. Las afirmaciones del senador Guerrero y el obispo Arnaiz causaron impacto, pero no parecen exageradas si se tiene en cuenta que el 25 de julio pasado el presidente de la DNCD, general Ramírez Ferreira, reveló que en su gestión de dos años en ese organismo ha cancelado a cerca de 5 mil agentes por vincularse a actividades ilícitas, especialmente al narcotráfico.

Aunque es un secreto el número de agentes de la DNCD fuentes vinculadas indican que no llegan a cinco mil, lo que revela una situación dramática. Las estadísticas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no difieren mucho. El 15 de febrero la secretaría de las Fuerzas Armadas informó que desde el 2004 han sido cancelados dos mil 300 militares, incluyendo 2 generales y 6 coronales, por robos, narcotráfico y otros delitos.

Esos datos con indicativos de que una proporción demasiado significativa de las personas que el Estado recluta para labores militares y policiales se vinculan a actividades ilegales, incluyendo relevantemente el narcotráfico.

Los bajos sueldos que se paga a militares y policías influyen en gran medida en su inclinación a las actividades ilícitas y el narcotráfico es el negocio más rentable del mundo. Esos salarios no atraen a los jóvenes más capacitados pero sí a los más aventureros y deseosos de acceder a altos niveles de vida que no conseguirían facialmente en los escasos empleos disponibles.

Eso significa que el Estado dota de armas y reviste de autoridad a muchas personas más inclinadas a la búsqueda de riqueza fácil que a la persecución de los delincuentes. A eso se suman los riesgos que corren aquellos que asumen su función con honestidad.

Disolución social. La anomia y disolución social que afecta a la sociedad dominicana es un caldo de cultivo para el auge de la delincuencia en todas sus expresiones y relevantemente del narcotráfico por su rentabilidad.

Otro incentivo es la ostentación de riquezas de que hacen galas funcionarios, políticos y empresarios. Una expresión dramática de esa anomia es que el Congreso Nacional, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral y otros organismos del Estado se han negado a acogerse al Sistema Dominicano de Seguridad Social creado para todos, sin la menor consecuencia.

Analistas de la conducta expresan alarma por lo que diagnostican como cultura de la ilegalidad y la burla de las normas, que tiene múltiples expresiones en la sociedad dominicana y que se fortalece por la impunidad prevaleciente, junto a la lenidad de las autoridades.

La semana pasada el Jefe de la Policía y el presidente de la Suprema Corte polemizaron públicamente por la responsabilidad en el auge de la delincuencia.

La anomia social tiene como espejo la anarquía en que se ha convertido la circulación vehicular, al grado que en un reciente reportaje publicado en un periódico norteamericano se decía que en el país no hay leyes de tránsito.

Pero eso no debería alarmar a nadie si se tiene en cuenta el sistemático robo de alambres eléctricos y telefónicos, cables de puentes, tapas de alcantarillas y las verjas y monumentos públicos que se convierten en cobre fundido y se exportan legalmente aunque se denuncian y  el país no produce ese metal.

El presidente Leonel Fernández ha denunciado varias veces que el robo de electricidad por parte de grandes consumidores es de los causantes de la crisis energética que obliga a destinarle en subsidio más recursos que a la educación. Pero un año después de promulgada una ley especial para penalizar ese delito, todavía no se aplica y pocos creen que se hará.

En la opinión pública se expresa un gran clamor por la contención de la delincuencia, pero en general con una visión superficial basada en una cultura autoritaria que empuja a las autoridades a la ejecución sumaria de delincuentes, sin profundizar en sus causas y en los mecanismos eficientes de contención.

Es obvio que frente a la creciente inseguridad urgen nuevas políticas que partan en primer lugar de una mayor inversión para mejorar la integración, la capacidad y los recursos de los organismos de seguridad, especialmente de los investigativos.

La pasada semana dirigentes empresariales se expresaron en ese sentido, avanzando en la conciencia de que con salarios de 7 y 8 mil pesos no será fácil reclutar tenientes policiales dispuestos a jugarse la vida en defensa de la seguridad de nadie. Pero por encima de todo será preciso contener la corrupción y la distribución del patrimonio público que privilegia a  políticos y funcionarios con salarios superiores a sus pares de naciones desarrolladas y con niveles de ostentación que incentivan a los de estamentos más bajos a buscársela a cualquier precio.