Deuda con la niñez dominicana

A1Por Juan Bolívar Díaz

            Las penalidades de la crisis política e institucional originada en las revelaciones del escándalo Odebrecht, que aún no cesan a más de siete meses de su estallido,  no deben impedir que se ponga atención al Informe sobre la Niñez en el Mundo del 2017 publicado la semana pasada por la reconocida organización internacional Save the Children, dadas las fuertes implicaciones que contiene para la sociedad dominicana.

Save the Children es una prestigiosa organización no gubernamental fundada en Londres en 1919, hace casi un siglo, para ayudar a la niñez víctima de la Primera Guerra Mundial, extendida ahora a 120 países. Tuvo el mérito de elaborar en 1924 la primera declaración sobre los derechos de la niñez, precursora de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 65 años después por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El informe de este año bajo el título “En deuda con la niñez”, revela que  por lo menos 700 millones de niños, la décima parte de la población mundial, han dejado de disfrutar de su niñez demasiado temprano, debido a diversas causas, como enfermedades, conflictos, violencia extrema, matrimonio prematuro, maternidad precoz, malnutrición, exclusión de la educación y el trabajo infantil.

Constriñe el espíritu saber que 8 millones de niños y niñas mueren al año por esas causas, tres cuartas partes antes de los 5 años de edad, y que más de 75 mil fueron asesinados tan sólo en el 2015, mientras el mundo gastaba 1,750,000 millones de dólares en armamento, la tercera parte sólo por la superpotencia dominante, y que hasta en los países pobres crece la inversión en armamentismo.

Para los dominicanos debe ser profundamente doloroso que esta nación aparezca en el escalón 120 de 172 evaluadas en el informe sobre las condiciones de la niñez, y entre las seis  peores del continente americano, apenas por encima de Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala, curiosamente todas de la región centroamericana y de esta isla.

Entre los peores indicadores hay dos que debieron ser superados con campañas educativas que no requieren alta inversión económica, como son el matrimonio infantil y el embarazo de adolescentes. El 27.5 por ciento de las niñas contraen matrimonio o tienen pareja antes de los 19 años, casi 5 por ciento por encima de la tasa regional promedio. Y lideramos el continente, junto con Haití, en natalidad de adolescentes, con 97.3 por cada mil niñas de entre 15 y 19 años.

Más complejas de superar son las rémoras de nuestras altas tasas de muerte y trabajo infantil. Todavía registramos 30.9 muertes antes de los cinco años por cada mil nacidos vivos, y 13 por ciento de nuestros niños, más de 300 mil, tienen que trabajar para subsistir, aún con 15 por ciento que no asisten a la escuela, la mitad cuando llegan a la educación secundaria. Y todavía hay más vergüenza, pues figuramos entre los 10 países del continente con las más altas tasas de homicidios infantiles.

No existe la menor justificación para estos datos vergonzosos en un país que según las estadísticas oficiales lleva 6 décadas de crecimiento económico, en los últimos años entre los más altos del continente, con una “modernización” que para algunos remite al Nueva York chiquito o al Miami o el Mónaco caribeño.

Sólo la mayor inequidad y la concentración de la riqueza, la corrupción y la malversación pueden explicar esas iniquidades que deberían obligar a una profunda revisión. Eso seguirá ocurriendo mientras cualquier político  o funcionario pueda disponer de los bienes públicos a su antojo y conveniencia sin la menor consecuencia. Como acaba de documentar el periodista santiagués Esteban Rosario, al dar cuenta de que el presidente de la Cámara de Diputados en el periodo 2010-16, Abel Martínez, gastó 7  mil 380 millones de pesos en donaciones sociales, bonos navideños y publicidad. Con esa suma se habrían hecho dos proyectos habitacionales modelos como La Nueva Barquita.-

           

Tremenda lección de dignidad

Por Juan Bolívar Díaz

A1

Yo sé que este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, twitters alevosos, por iniciativa propia o por encargo, pero mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes, y conforme a mi conciencia, frente a una situación que considero vulnera derechos fundamentales. En mi ejercicio como juez tengo como prenda más preciosa un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña, y que no se lo cedo a nadie. Uno de mis dioses particulares dijo que el corazón humano es un campo de batalla donde se enfrentan la libertad y el miedo. Creo que para el juez la frontera más lejana debe ser la del miedo”.

Aunque la he tratado desde que ingresó al servicio judicial, hace casi 4 décadas, y conozco su coraje, debo confesar que me conmovió la justificación del voto disidente razonado de la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, sobre la apelación a las medidas de coerción impuestas a los imputados por el escándalo Odebrecht. Fue una lección de dignidad, valentía, honradez y auto respeto, en una sociedad donde tantos se doblegan, se inhiben o se venden, ante las presiones del poder político y económico.

Ella, amante de la justicia, combatiente de la corrupción, con precedentes de importantes votos solitarios contra la impunidad, no desea que lo de Odebrecht se inscriba en ese derrotero, pero eso no le permite  inclinarse ante los designios ni el chanchullo político: “En la etapa actual de este proceso, y con lo aportado para las medidas de coerción, se aprecia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio a fondo, donde las pruebas deben ser tales que no dejen lugar a dudas razonables”.

La majestad, la serenidad y seguridad de la exposición han llegado al alma y el cerebro de las personas honradas y muchos han entendido lo que es obvio desde que estalló el escándalo, que ni el sistema político, ni el gobierno, ni el sistema judicial quieren encontrarse con la verdad y que buscan ganar tiempo con imputaciones signadas como auténtico pasaporte a la impunidad.

Miriam Germán deja sentado “que a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso, le atormenta al aspecto probatorio”, que no pueden sustentarse en la abundancia del yo creo, me parece, de la instancia de La Procuraduría General de la República (PGR), porque lo general indagado en Brasil habría que aterrizarlo aquí, dando seguimiento al curso de los 83 millones de dólares contenidos en las 102 transferencias plenamente documentadas de 5 empresas off shore de Odebrecht a 2 de Angel Rondón.

Se necesitaba la voz autorizada de una auténtica jueza para que muchos vieran lo que es obvio desde el principio, cuando la PGR sorprendió dando plazos para que les entregaran los documentos del delito, en vez de salir a buscarlos, esperando que desde Brasil les llegara una lista que era obvio que allí no iban a procurar, teniendo suficiente con los cientos de brasileños imputados y habida cuenta de que los delitos se multiplicaron en 12 países. Es aquí donde habría que buscarlos y se dijo que para ello se firmó un pacto de impunidad con Odebrecht. Pero luego se niegan a reclamar su cumplimiento.

Lo de la PGR ha sido más que un engaño y mentiras, hasta negar lo que testimonian los medios televisivos y digitales, que grabó y distribuyó los videos del espectáculo de los apresamientos, tratando de marear a una ciudadanía harta de impunidad. Nuestro análisis en HOY del 17 de junio recogió 20  errores y omisiones de Procuraduría.

La instancia de la PGR deja claro que el 75 por ciento del dinero de los sobornos de  Odebrecht ingresó en el gobierno del Procurador Jean Alain Rodríguez, el 40.6 por ciento sólo en el 2014, pero no hay imputados por estos. Porque aunque ha dicho que un senador y un diputado, por ningún lado aparecen identificados. Y esa es la explicación de una instancia que reparte responsabilidades, al grado de que hay tantos imputados entre quienes manejaron el 5 por ciento de lo contratado con Odebrecht, y antes que llegaran las transferencias, como entre  quienes manejaron después el 95 por ciento. El tufo de la impunidad se percibe hasta en la Fosa de Milwaukee y en el Canal del Viento de Jamaica.-

 

 

 

 

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RD: todas las posibilidades

Por Juan Bolívar Díaz

14_05_2017 HOY_DOMINGO_140517_ Opinión9 A

Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.

Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.

No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario administrativo de la Presidencia, luego secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el Metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.

El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “El Métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.

Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.

Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que solo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.

Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.

Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.

Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de Gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vinculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el Metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.

Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.

 

De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

¡Ahora o nunca, dominicanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

En amplios sectores de la sociedad dominicana existe hoy la convicción de que los niveles de anomia social, con burla sistemática de la Constitución y las leyes, de corrupción y descarada impunidad han tocado fondo, agrietando gravemente el funcionamiento institucional de la nación y reproduciéndose en la delincuencia general que amenaza la seguridad de la inmensa mayoría honrada y trabajadora.

A ese despertar de la por tanto tiempo adormecida conciencia ciudadana se atribuye el éxito del espontáneo movimiento social que proclama el fin de la impunidad, que reúne multitudes y logró en tres semanas el aval de más de 312 mil dominicanos, con muy limitados recursos financieros, sin pagar un peso ni prometer empleos o subsidios.

El grito generalizado es ¡ahora o nunca dominicanos!: nos levantamos de la indiferencia, la tibieza y la complicidad pasiva o nos sorprenderá una grave crisis de insostenibilidad financiera y el imperio de las bandas de traficantes de todo género, de delincuentes trajeados y barriales que impondrán un estado en el que no habrá seguridad para nadie.

Debemos empoderarnos definitivamente y romper los silencios de las academias, de los intelectuales, de los militantes políticos responsables, del liderazgo empresarial y religioso, convencidos de que este es el único lugar donde no somos extranjeros y de que las puertas de la migración se están cerrando. Que no podremos enviar otros casi dos millones de dominicanos hacia el exterior, como en el último medio siglo para que nos sostengan sus remesas.

¡Ahora o nunca! detener el robo público para financiar campañas millonarias de años hasta para ser regidor y que entrega parcelas del Estado a los grupos de traficantes políticos, y para que las decisiones gubernamentales dejen de estar determinadas por el rentismo empresarial y el clientelismo populista. Para que las leyes dejen de ser simples sugerencias, para que establecer la separación de poderes.

¡Ahora o Nunca! para que no tengamos decenas de vicecónsules en cada país, 12 embajadores en la ONU o 36 subdirectores en Bienes Nacionales, ni cuatro mil botellas en el CEA y dos mil en algo llamado INESPRE.

¡Ahora o nunca! para que las auditorías de la Cámara de Cuentas, la mayoría con documentación de la corrupción, se traduzcan en acciones judiciales. Para que los terrenos estatales no se repartan o vendan a precio de vaca muerta. Para que ningún funcionario pueda auto multiplicarse sus ingresos ni gastar más de lo que se presupuesta.

¡Ahora o nunca! para que obliguemos a aprobar una ley de partidos que llevamos 25 años discutiendo, no “la posible” que se nos quiere imponer, sino la que garantice la democracia interna y transparente el origen y el uso de los recursos, con sanciones operativas para el latrocinio y el abuso de lo público.

¡Ahora o nunca! para que sanciones la sobrevaluación, que ya llega hasta el 100% en las compras y contrataciones, para que no haya que pagar comisiones por obtener contratos y luego para cobrar, para que no vendan por cheles los terrenos, los parques ni los barrios ni las minas, y para que los políticos no se puedan convertir de la noche a la mañana en grandes empresarios que nos estrujan impúdicamente el fruto del robo público.

¡Ahora o nunca! para que no se roben la electricidad, ni los cables eléctricos y telefónicos, ni las barandillas de puentes y verjas, ni los féretros recién sepultados, ni vendan las áreas protegidas. Y para que el dinero no logre absoluciones ni determine decenas de reenvíos judiciales o lleve grandes delincuentes a vivir en las clínicas.

¿Ahora o nunca! para que la anomia y la corrupción generalizada no sigan incentivando la delincuencia que mata a una niña para robarle u celular, o a un platanero para quitarle el beneficio de la jornada. Para que podamos restablecer la seguridad.

¡Ahora o nunca! no para deponer a ninguna autoridad, sino para que cumplan su responsabilidad o se vayan si no pueden. Es ahora o nunca, dominicanos!

Tres víctimas de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_02_2017 HOY_DOMINGO_190217_ Opinión9 A

El asesinato de dos acreditados periodistas comentaristas en pleno ejercicio en una estación radiofónica en una plaza comercial de San Pedro de Macorís, a media mañana del día de San Valentín, se ha constituido en una inmensa tragedia que conmociona a la sociedad dominicana y afecta el ejercicio del periodismo en el país, con repercusión internacional.

Más trágica aún es la versión de que la irracional y arbitraria muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina tuvo origen en otro escándalo de corrupción estatal y de la ya intolerable impunidad que campea en la sociedad dominicana, porque habría sido la impotencia ante una vulgar estafa lo que disparó el arrebato del victimario José Rodríguez, quien a su vez también ha perdido la vida.

Las sombras que proyecta esta tragedia son tan ominosas que el Poder Ejecutivo designó el viernes una comisión, para que en el plazo de una semana rinda un informe sobre la venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que la habrían originado, de acuerdo a testimonios que circulan en San Pedro desde el mismo día de la ocurrencia. Los comisionados son los mismos que hicieron un trabajo honesto en el escándalo de Los Tres Brazos, por lo que debe esperarse un informe sin contemplaciones. Aunque en ese caso se adoptaron algunas recomendaciones, aún prevalece la impunidad.

El CEA ya confirmó que vendió una parcela a José Rodríguez, en agosto del 2015, con un adelanto de 119, 500 pesos, el 35 por ciento, y que le devolvió esa suma el mes pasado, tras su reclamo de meses, porque no le habían entregado el terreno contratado. Pero Rodríguez quería que le devolvieran “todos sus cuartos”, lo que implica que habría pagado el peaje que hace años, es secreto a voces, engrosa fortunas por la venta a precio de vaca muerta de las tierras de lo que fuera la próspera industria azucarera estatal, la cual llegó a disponer de 2,200 kilómetros cuadrados, el 4.5 por ciento del territorio nacional.

Según los testimonios, Rodríguez había llegado a amenazar con hacerse justicia violentamente si no le devolvían todos sus cuartos, lo que originó una intervención mediadora de los dos periodistas victimados. Cuando el día 14 Leo Martínez le habría dicho que ya no podía hacer más para que le devolvieran todo su dinero, Rodríguez, definido como un caso de bipolaridad, con tendencia a la violencia y drogadicto, tuvo el arrebato contra los mediadores y de paso contra la secretaria Dayanina García, gravemente herida. Requiere explicación la versión de que el mismo terreno había sido vendido o asignado a un hijo de Martínez, lo que sería otro ingrediente de la tragedia.

Todos los indicios son de que esta es una de las centenares o miles de operaciones mafiosas que se han realizado con los terrenos del CEA, algunas tan monumentales como la venta en el 2010 a “Cleopatra Caro Cruz”! de un millón 593,257 metros cuadrados por 10 millones 134 mil pesos, es decir a 6 pesos el metro. O el arrendamiento de grandes extensiones del ingenio Porvenir a una empresa española en el 2011, que también fueron asignadas a dominicanos, lo que llegó a originar incidentes, dos muertes violentas y protestas de la embajada de España.

La masacre de San Valentín en Macorís debe abonar la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Es un nuevo grave desafío para el Gobierno, que no solo deberá poner punto final a estas operaciones mafiosas y disolver ya el CEA, como hizo con la CORDE por Los Tres Brazos, sino también las consiguientes acciones judiciales. Tal vez tras este escándalo la comisión creada por el decreto 268-16 de septiembre pasado, agilice su encomienda de inventariar y auditar todas las operaciones con los terrenos del CEA, desde el 2000, aunque hay mínimas expectativas de que no se incline ante la impunidad.

Hay que deplorar que José Rodríguez se suicidara o lo suicidaran, como es creencia generalizada, abonada porque la Policía no dejó que sus familiares abrieran su ataúd ni que los periodistas se acercaran al mismo. Si solo tenía un disparo suicida, debieron mostrarlo para no dejar las dudas acostumbradas. Su testimonio en estos momentos hubiese sido muy importante. De todas formas recuerda el suicidio del arquitecto David Rodríguez, víctima de la mafia de la OISOE hace 17 meses, aún en la impunidad.