Si la Procuraduría General de la República (PGR) hubiese demandado a la constructora brasileña Odebrecht el cumplimiento del acuerdo de cooperación firmado entre ambas, ya estaría en condiciones de formular un poderoso expediente acusatorio por lo menos sobre los responsables de haber recibido los 92 millones de dólares  que la empresa confesó haber pagado de sobornos en el país.

De haber habido intención de llegar a las últimas consecuencias sobre las implicaciones en el país  del mayúsculo escándalo transnacional, hasta se hubiese obtenido información específica de Odebrecht sobre las obras sobrevaluadas, y quién sabe si hasta detalles sobre los financiamientos de campañas electorales también confesados.

            Debe recordarse que en virtud del acuerdo la PGR se comprometió a  no iniciar ninguna acción judicial contra Odebrecht ni sus ejecutivos, a cambio de lo cual la empresa entregaría toda la información sobre sus operaciones ilegales en el país, con detalles y exactitudes y pagaría una multa equivalente al doble de los sobornos, en un cómodo plazo de 8 años.

También conviene actualizar que un párrafo del artículo 3 del documento establece que «El incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de las cuotas en la extensión y en los plazos convenidos en este acuerdo, facultará al MP a dar por terminado el presente acuerdo, a retener las sumas que hubiesen sido pagadas, y a reiniciar las persecuciones penales y civiles en su contra, como si el presente acuerdo nunca hubiese sido suscrito».

El compromiso de la sobornadora fue, «a título enunciativo y no limitativo, a suministrar toda documentación e información que posea, conozca y conserve de los hechos vinculados a la República Dominicana y toda información útil que obtenga en relación a los mismos, que permita al MP: i) Identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana, y toda la información que conduzca a determinar co-autores y cómplices; ii) Identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos pagados; iii) Identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; iv) Indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado para hacerlos llegar a los sobornados, intermediarios o personas interpósitas, debiendo suministrar en ese sentido las cuentas bancarias, registros contables y cualquier otra información relevante a tales fines». Eso entre otros enunciados.

Cumplidos ya diez meses del acuerdo, precipitado el 20 de enero, y siete de su homologación por un juez, el 19 de abril, todavía la PGR no ha reclamado su cumplimiento, y nadie cree que se haya avanzado en las investigaciones, faltando apenas diez semanas para el plazo de 8 meses en que debe fundamentar las imputaciones presentadas ante el juez instructor, que dictó medidas de coerción el 7 de junio.

Muchos piensan que si no se hubiese firmado tan generoso acuerdo o si se hubiese exigido su cumplimiento, la Odebrecht no estaría en condiciones de exigir otros 708 millones de dólares para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina, lo que mantiene en zozobra al gobierno de Danilo Medina, que hizo de esa obra su buque insignia de inversión y hasta corre el riesgo de no poder terminarla en su último período de gobierno.

La única explicación lógica para la precipitación en la firma del acuerdo con Odebrecht y que no se haya exigido su cumplimiento es un pacto implícito para que los ejecutivos de la constructora no dejaran escapar detalles que pudieran comprometer la actual gestión gubernamental, ya suficientemente salpicada por la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, convictos de la justicia brasileña por haber sido instrumento de Odebrech en financiamientos de campañas electorales, tanto en Brasil como en otros países.

Con el reclamo de los 7087 millones de dólares a adicionales para concluir las plantas eléctricas, Odebrecht le saca la lengua al gobierno de Danilo Medina.-

      Por Juan Bolívar Díaz

Si este país no fuera el paraíso de la impunidad y la malversación de los recursos públicos, no se estuviera cuestionando ahora las responsabilidades por el desastre de la inversión de casi 40 millones de dólares en la tecnología con que se pretendió la automatización del proceso electoral del año pasado, cosechando un rotundo fracaso.

Es que hubo otro escándalo peor, que involucró una suma mucho mayor, de 62.6 millones de dólares, firmado por la JCE antes de las elecciones del 2008 con el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO), revestido de graves irregularidades desde su licitación hasta su pago, y los equipos comprados en gran proporción terminaron abandonados en un almacén, El fracaso fue tan evidente que no pudieron procesar los datos biométricos de la ciudadanía. Y la indolencia es tan grande que todavía nadie en la JCE ha dado una explicación pública de por qué tuvimos los dominicanos que someternos de nuevo al registro biométrico antes de los comicios del 2016.Y peor aún, casi nadie la exigió.

El pleno de la JCE hizo lo correcto al remitir a la Cámara de Cuentas el informe de su Dirección de Informática que ratifica el tollo tecnológico en que concluyó el proceso electoral del año pasado con la alta inversión que pretendió la automatización del registro de concurrentes, el cómputo y la transmisión de los resultados de las elecciones. Ese  informe agrega dos novedades, la primera que el procesamiento de los resultados quedó en manos de la empresa suplidora, no del departamento informático de la JCE como es de ley, y segundo, que no recomienda volver a utilizar los equipos comprados.

Sin embargo, como en la actual JCE hay personas que conocen el desastre tecnológico anterior, debieron aprovechar para pedir una auditoría de las dos compras que en conjunto superan los 100 millones de dólares, casi 5 mil millones de pesos, pero podríamos quedar satisfechos si se investiga a fondo siquiera la última, si establecen responsabilidades y de ponen en marcha los procedimientos judiciales que correspondan.

Atrás queda también el manejo financiero irresponsable de la JCE que Roberto Rosario manipuló como llanero solitario, por encima del pleno, despilfarrando hasta dejar al 2016 una deuda de 2,400 millones de pesos, que gastó sin apropiación presupuestal, ni  autorización de la Contraloría General. Solo por eso debería ser procesado.

El tollo del año pasado fue advertido repetidas veces por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que en tres de sus seis informes de observación electoral reclamó transparencia y racionalidad en la aplicación de la automatización. Ya en febrero, tres meses antes de las elecciones solicitó formalmente a la JCE una auditoría de los equipos comprados, y que se realizara un conteo paralelo manual por muestreo. En su tercero y cuarto informe fue agregando detalles, incluyendo la tardía contratación de equipos a 6 semanas de los comicios y la falta de entrenamiento del personal. El quinto informe (del día de la votación) y el sexto y final documentan el tollo tecnológico que ahora reconoce la dirección de Informática de la propia JCE, el cual también registran los informes de las misiones internacionales de observación electoral.

El primer desastre tecnológico, propulsado por Roberto Rosario cuando presidía la Cámara Administrativa de la JCE, es una historia larga cuyos detalles no caben en este espacio. Las irregularidades, desde la licitación, fueron documentadas por dos auditorías, la primera de la Cámara de Cuentas en el 2006 y la otra de un consorcio de auditores privados, entre los cuales estaba Pellerano y Herrera en el 2008.

Entre las irregularidades documentadas se cuenta que se otorgó el contrato a una empresa cuya experiencia era en recogida de basura e instalación de semáforos, la cual se comprometió a gestionar un financiamiento que luego no aportó; que entre la licitación y la firma del contrato hubo un incremento de costo de 4 millones de dólares; que la JCE comprometió deuda externa sin aprobación congresual. Y finalmente los equipos fueron un fiasco. Todo eso y más lo denunció Participación Ciudadana, y fue lo que le generó la hostilidad de Roberto Rosario desde la JCE.

Ante la nueva denuncia, cabe preguntar, una vez más, quién le pone el cascabel al gato.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Los que durante más de un mes abogamos, por diversos medios de comunicación porque se estableciera el paradero del convicto por asesinato Pedro Alejandro Castillo Paniagua, mejor conocido como Quirinito, tenemos que celebrar que finalmente la Procuraduría General de la República  haya podido establecer lo que era de dominio público: que no estaba muerto, sino que anda de parranda.

La circunstancia es propicia para que, así como todos los medios llevan dos semana entretenidos con los múltiples detalles  de la espectacular desaparición de Quirinito, ahora concentren atención en demandar a la misma Procuraduría General que presente todos los detalles de la juerga policíaco-judicial del 24 de septiembre que costó la vida al teniente de la fuerza aérea George Alberto Mateo Aquino.

Lo de Quirinito está en vías de esclarecimiento, aunque eso no sea garantía de que la justicia castigará a todos los responsables de la parranda. Quedan aún muchas dudas sobre cómo fue posible un concierto tan amplio de voluntades judiciales para ayudar a un convicto de asesinato, condenado definitivamente a 30 años de prisión, si todo fue por dinero  o en cumplimiento de una voluntad superior, o en pago de una deuda familiar con el meritísimo tío conocido como Quirino, que dejó a la defensiva al expresidenteLeonel Fernández.  .

Lo establecido es que el atento juez de ejecución de la pena, de San Cristóbal, trasladó al convicto a una cárcel de San Francisco de Macorís, donde piadosos  procuradores fiscales  solicitaron que le dieran el prisión domiciliaria para que se tratara un cáncer. Otra jueza generosamente aceptó que la garante de la condicionalidad fuera la propia esposa del interesado. Ha trascendido que «se basó» en un certificado médico expedido diez días después. Y un médico legista «certificó la muerte» de Castillo Paniagua, no por el cáncer, sino a causa de un infarto. Aunque luego no se ha podido establecer dónde está la sepultura y se ignora si la esposa, abogada y «garante» está siendo procesada por complicidad. Hubo antes otro trato exquisito cuando al prisionero le permitieron salir de la cárcel para contraer un matrimonio que debió efectuarse en el recinto..

El asesinato del teniente Mateo Ogando no genera tanta morbosidad como la parranda de Quirinito, pero es igualmente escandaloso. Las connotaciones parecen indicar  que es otra tragedia derivada de la repartición de los terrenos de lo que fuera el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), como la que el 14 de febrero originó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en pleno trabajo en San Pedro de Macorís y el alegado «suicidio» del matador de aquellos, una víctima de estafa que perdió todo juicio.

Fue una juerga policíaco-judicial, o quién sabe si también política. Tiene que haber muchos intereses en juego, para que un contingente policial realizara un desalojo de decenas de viviendas, alrededor de las tres de la madrugada de un domingo, sin previa notificación ni disposición judicial, ni acompañamiento  judicial.

Pudiera estar vinculado a la plusvalía de los predios de Cerros de las Américas, por su proximidad al gigantesco proyecto Ciudad Juan Bosch. El teniente, como muchas otras personas, con más de una docena de años ocupando esos predios, se levantó sobresaltado cuando las maquinarias demolían sus viviendas y sus reclamos originaron una balacera que le costó la vida y heridas a varios.

Tres semanas después se ignora quién fue el responsable de ese asesinato. Ni el reclamante del terreno, ni ningún detalle legal justificativo. Se cree que pudiera ser una empresa a la que el CEA le «vendió»  en el 2001 más de 13 millones 696 mil 987 metros cuadrados por 821 millones de pesos, de los cuales sólo adelantaría 20 millones, y que pagaría el resto con las ventas de la urbanización «Ciudad Ecológica de las Américas», hasta ahora sólo soñada. Nadie se sorprenda si esos terrenos han sido revendidos o puestos en una nueva asociación lucrativa.

A ver si alguien se anima a exigir una explicación de esta sangrienta juerga, y si la Procuraduría General se adelanta esta vez al clamor de justicia, haciendo una pausa sobre sus investigaciones de la tragedia macorisana y la de Los Tres Brazos, para quedarnos sólo en terrenos del CEA.-

Por Juan Bolívar Díaz

«Yo sé que este voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, twitters alevosos, por iniciativa propia o por encargo, pero mal juez sería yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes, y conforme a mi conciencia, frente a una situación que considero vulnera derechos fundamentales. En mi ejercicio como juez tengo como prenda más preciosa un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña, y que no se lo cedo a nadie. Uno de mis dioses particulares dijo que el corazón humano es un campo de batalla donde se enfrentan la libertad y el miedo. Creo que para el juez la frontera más lejana debe ser la del miedo».

Aunque la he tratado desde que ingresó al servicio judicial, hace casi 4 décadas, y conozco su coraje, debo confesar que me conmovió la justificación del voto disidente razonado de la jueza presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, sobre la apelación a las medidas de coerción impuestas a los imputados por el escándalo Odebrecht. Fue una lección de dignidad, valentía, honradez y auto respeto, en una sociedad donde tantos se doblegan, se inhiben o se venden, ante las presiones del poder político y económico.

Ella, amante de la justicia, combatiente de la corrupción, con precedentes de importantes votos solitarios contra la impunidad, no desea que lo de Odebrecht se inscriba en ese derrotero, pero eso no le permite  inclinarse ante los designios ni el chanchullo político: «En la etapa actual de este proceso, y con lo aportado para las medidas de coerción, se aprecia una dificultad probatoria, que de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio a fondo, donde las pruebas deben ser tales que no dejen lugar a dudas razonables».

La majestad, la serenidad y seguridad de la exposición han llegado al alma y el cerebro de las personas honradas y muchos han entendido lo que es obvio desde que estalló el escándalo, que ni el sistema político, ni el gobierno, ni el sistema judicial quieren encontrarse con la verdad y que buscan ganar tiempo con imputaciones signadas como auténtico pasaporte a la impunidad.

Miriam Germán deja sentado «que a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso, le atormenta al aspecto probatorio», que no pueden sustentarse en la abundancia del yo creo, me parece, de la instancia de La Procuraduría General de la República (PGR), porque lo general indagado en Brasil habría que aterrizarlo aquí, dando seguimiento al curso de los 83 millones de dólares contenidos en las 102 transferencias plenamente documentadas de 5 empresas off shore de Odebrecht a 2 de Angel Rondón.

Se necesitaba la voz autorizada de una auténtica jueza para que muchos vieran lo que es obvio desde el principio, cuando la PGR sorprendió dando plazos para que les entregaran los documentos del delito, en vez de salir a buscarlos, esperando que desde Brasil les llegara una lista que era obvio que allí no iban a procurar, teniendo suficiente con los cientos de brasileños imputados y habida cuenta de que los delitos se multiplicaron en 12 países. Es aquí donde habría que buscarlos y se dijo que para ello se firmó un pacto de impunidad con Odebrecht. Pero luego se niegan a reclamar su cumplimiento.

Lo de la PGR ha sido más que un engaño y mentiras, hasta negar lo que testimonian los medios televisivos y digitales, que grabó y distribuyó los videos del espectáculo de los apresamientos, tratando de marear a una ciudadanía harta de impunidad. Nuestro análisis en HOY del 17 de junio recogió 20  errores y omisiones de Procuraduría.

La instancia de la PGR deja claro que el 75 por ciento del dinero de los sobornos de  Odebrecht ingresó en el gobierno del Procurador Jean Alain Rodríguez, el 40.6 por ciento sólo en el 2014, pero no hay imputados por estos. Porque aunque ha dicho que un senador y un diputado, por ningún lado aparecen identificados. Y esa es la explicación de una instancia que reparte responsabilidades, al grado de que hay tantos imputados entre quienes manejaron el 5 por ciento de lo contratado con Odebrecht, y antes que llegaran las transferencias, como entre  quienes manejaron después el 95 por ciento. El tufo de la impunidad se percibe hasta en la Fosa de Milwaukee y en el Canal del Viento de Jamaica.-

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